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JUAN AURELIO VILLARROEL ZARATE

 

Rut       : 1.735.775-8

F.Nacim. : 19-06-21, 55 años a la fecha de su desaparición

Domicilio : General Gambino 4584, Población Arquitecto Oherens, Conchalí

E.Civil  : Casado, 6 hijos

Actividad : Fotograbador

C.Repres. : Partido Comunista; dirigente sindical de la Imprenta Horizonte

F.Detenc. : 13 de agosto de 1976

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Juan Aurelio del Carmen Villarroel Zárate, casado, seis hijos, fotograbador, dirigente sindical, militante comunista, fue detenido el 13 de agosto de 1976, alrededor del mediodía, en la vía pública y sin testigos, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los que lo condujeron a Villa Grimaldi, recinto secreto de detención y tortura de la DINA, donde fue visto por otro detenido y desde donde desapareció.

            Juan Aurelio Villarroel salió ese día de su casa como a las 11:30 de la mañana para dirigirse hasta el domicilio de una tía enferma que vivía en Cerrillos. Junto a una vecina, tomó el bus Nº 78 y se bajó en las cercanías de la Estación Mapocho, con el fin de tomar locomoción hasta la casa de su pariente. No llegó al domicilio de su tía y su familia no volvió a verlo.

            Pedro Rolando Jara Alegría -quien también a la fecha se encontraba en Villa Grimaldi- frente a una serie de fotografías reconoció inequívocamente la de Juan Aurelio Villarroel, aunque no pudo precisar las circunstancias en que lo vio.

            Eliana Villarroel Vera -hija del afectado- declaró ante el Tribunal que su padre siempre había pertenecido al Partido Comunista y que, durante 30 años, trabajó en la Imprenta Horizonte ( de propiedad del Partido Comunista) Después del 11 de septiembre de 1973, el hogar fue allanado en dos oportunidades por Militares del Regimiento "Buin". En esa época el afectado se encontraba en La Serena trabajando en construcción y sólo retornó a Santiago en 1975, sin tener problemas hasta la fecha de su desaparición. Posteriormente, en febrero y en septiembre de 1977, llegaron agentes hasta la casa de la familia, inquiriendo información relativa a la víctima. En septiembre de ese año, cuatro civiles, movilizados en un FIAT-600, se presentaron en el domicilio requiriendo antecedentes relacionados con gestiones que estaba realizando la familia: nombre del abogado que hacía los trámites, si habían firmado una carta dirigida al Presidente de la República...

            La detención y posterior desaparición de Juan Aurelio Villarroel, se inscribió en una batida de los Servicios de Seguridad en contra de los militantes del Partido Comunista vinculados con la actividad tipográfica. Entre otros fueron detenidos por la DINA José Vicente Toloza (15 de julio de 1976), linotipista y dirigente gráfico; Guillermo Albino Martínez (21 de julio), tipógrafo y dirigente sindical; Juan Luis Quiñones (23 de julio) linotipista; Guillermo Gálvez (28 de julio), periodista y dirigente sindical. Posteriormente, y en los primeros días del mes de agosto, fueron detenidos 5 miembros de una familia en que tres de ellos habían trabajado en la Imprenta Horizonte: Hugo Vivanco, Alicia Herrera, Oscar Ramos y su hijo Oscar Ramos Vivanco y Nicolás Vivanco Herrera. Todos ellos, incluyendo al afectado, permanecen en calidad de detenidos-desaparecidos y muchos fueron vistos en Villa Grimaldi.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 17 de agosto de 1976, se interpuso un recurso de amparo por el afectado en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº766-76. Se consultó a las autoridades respectivas, las que negaron la detención de la víctima. El Ministerio del Interior respondió en tres oportunidades que el afectado no se encontraba detenido. Sólo en virtud de estos informes se rechazó el amparo. Se apeló de la resolución, teniendo como fundamento el hecho de que la Corte resolvió el recurso sólo sobre la base de lo informado por el Ministerio del Interior y omitió oficiar a la DINA. La Corte Suprema, sin nuevas diligencias, confirmó el fallo el 27 de septiembre de 1976.

            El 7 de octubre de 1976 se interpuso una denuncia de presunta desgracia en el 3º Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el Nº 122.580. En la presentación, Eliana Villarroel señalaba que la circunstancia de haber sido su padre trabajador en la Imprenta Horizonte, la hacía "presumir que fue objeto de una detención ilegal por parte de organismos de seguridad del Gobierno". En un escrito posterior, la recurrente agregaba que "han transcurrido tres meses de la detención de mi padre sin que hasta el momento haya podido saber dónde se encuentra". Entre otras diligencias se solicitaba oficiar a la DINA, al SENDET (Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos) y al Ministerio de Defensa Nacional. Por su parte, Investigaciones, en respuesta a una orden de investigar, afirmó que diligencias efectuadas en postas, hospitales, Instituto Médico Legal y centros de detención (Cárcel Pública y Penitenciaría), con el fin de dar con el paradero del afectado, habían resultado infructuosas, (27 de octubre de 1976).

            Mientras Enrique Montero Marx, Ministro del Interior Subrogante, respondía al Tribunal, el 11 de febrero de 1977, que dicha Secretaría de Estado no registraba antecedentes relativos a la víctima, el 15 de febrero del mismo año, llegaron hasta el domicilio del afectado dos civiles que no se identificaron y que preguntaron insistentemente por la persona que hacía los trámites ante la justicia. A la vez, se consignó en el proceso la respuesta del Departamento de Policía Internacional, en la que se señalaba que Juan Aurelio Villarroel no registraba viajes al extranjero (11 de mayo de 1977).

            En julio de 1977, Eliana Villarroel decía al Tribunal que a pesar de que las investigaciones no habían tenido como resultado la ubicación del paradero de su padre, se había avanzado en cuanto a descartar distintas hipótesis. "Se ha podido constatar -decía- que a mi padre no le ha ocurrido una presunta desgracia, pues de ser así, sus restos o su paradero ya habrían sido ubicados". Agregaba que, de acuerdo al Oficio de Policía Internacional, tampoco había hecho abandono del país. Además, el Tribunal se constituyó en el Gabinete Central de Identificación a fin de recabar cualquier antecedente que permitiera establecer si el afectado se encontraba vivo o fallecido. La diligencia se cumplió el 28 de febrero de 1978, investigándose tanto lo relativo al afectado como a casos de otros detenidos-desaparecidos. Indagada la mecánica del procedimiento, se procedió a ordenar la remisión de los extractos de filiación de los desaparecidos, incluyendo el de la víctima.

            El 14 de diciembre de 1977, la prensa dio a conocer que la Secretaría General de Gobierno había informado oficial y públicamente que habían sido "ubicados 1200 presuntos desaparecidos". La información oficial decía que las denuncias por desaparecimiento habían alcanzado los 1700 casos, de los cuales se aclaraban 1200, y 500 continuaban siendo investigados "confidencialmente por los Tribunales de Justicia". Sólo se entregó a la opinión pública una nómina de 276 nombres, de los cuales ninguno nunca había sido denunciado como desaparecido. En relación a este hecho, la parte querellante solicitó al Tribunal que recabara información a la Secretaría General de Gobierno con el fin de saber si el nombre del afectado se encontraba incluido en dicha nómina. El 20 de febrero de 1978, el General de Brigada René Vidal Basauri, Ministro Secretario General de Gobierno, devolvió al Oficio, limitándose a señalar que esa materia "no es de competencia de esta Secretaría General".

            Posteriormente, al saberse que Máximo Omar Vásquez había permanecido con el afectado en la misma celda de Villa Grimaldi, Eliana Villarroel solicitó que se oficiara al Ministerio del Interior y a la Central Nacional de Informaciones (CNI), para que informaran sobre dicho recinto. El Juez no dio lugar a las diligencias. En vez de enviar los Oficios, se tuvo a la vista la constitución de la Tercera Fiscalía Militar en Villa Grimaldi durante la tramitación del proceso por desaparecimiento de José Ramón Ascencio, el 23 de mayo de 1978. En el transcurso de este trámite, se constató que no se encontraba ninguna persona detenida, así como también que no existían registros, libros y otra documentación, en que se pudiera constatar el ingreso de detenidos.

            El 25 de mayo de 1979, los antecedentes comenzaron a ser conocidos por el Ministro en Visita Servando Jordán López, designado en calidad de tal por la Corte Suprema para conocer los casos de detenidos-desaparecidos denunciados en la jurisdicción de Santiago (marzo de 1979). Ante él declaró Máximo Omar Vásquez, cuya detención fue confirmada por Sergio Fernández, Ministro del Interior, en un Oficio enviado al Ministro Jordán, el 4 de junio de 1979. Por su parte, el ahora Teniente General y Ministro de Defensa Nacional, Raúl Benavides Escobar, informó al Ministro Visitador, el 6 de julio del mismo año, que Villa Grimaldi nunca fue un campamento de detenidos y que "no existe documento alguno en que conste el nombre de las personas que tuvieron a su cargo la citada propiedad". Se agregaba que la CNI recibió dicho recinto desocupado y sin personal a cargo.

            El 3 de diciembre de 1979 se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa. La resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones el 23 de enero de 1980.

            Además, la familia realizó gestiones administrativas tendientes a ubicar el paradero del afectado. Entre otras, se envió una carta al Presidente de los Estados Unidos, se denunció el hecho ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, OEA, a la Comisión Internacional de Juristas y a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

           

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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