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Articulo

JORGE HERNAN MULLER SILVA

 

Rut       : 5.520.349, Santiago

F.Nacim. : 10-01-47, 27 años a la fecha de detención

Domicilio : Alejandro Valdés Riesco 25,70, Providencia, Stgo.

E.Civil  : Soltero

Actividad : Cineasta, Camarógrafo de Chile Films

C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR

F.Detenc. : 29 de noviembre de 1974

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Nombre : CARMEN CECILIA BUENO CIFUENTES

Rut       : 5.196.451, Santiago

F.Nacim. : 16-07-50, 24 años a la fecha de detención

Domicilio : José Miguel de la Barra 430, Dpto.432, Santiago

E.Civil  : Soltera, separada

Actividad : Cineasta

C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR

F.Detenc. : 29 de noviembre de 1974

 

SITUACION REPRESIVA

            Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, cineasta, militante del MIR, fue detenida junto a su novio, Jorge Hernán Müller Silva, cineasta, militante del MIR, el día 29 de noviembre de 1974, alrededor de las 9:30-10:00 horas, en la vía pública, calle Bilbao con Los Leones, por civiles que se movilizaban en una camioneta. La noche anterior, ambos habían concurrido al cine Las Condes, al estreno de la película "A la sombra del Sol", en cuya producción habían participado. Al finalizar la cinta, se dirigieron junto a otros miembros del equipo de filmación a una recepción en la casa de uno de ellos, donde permanecieron toda la noche. En la mañana siguiente salieron con la intención de dirigirse primero al domicilio de Müller y luego a su lugar de trabajo, Chile Films, sin embargo, no llegaron a ninguno de los dos lugares. Pocos días después, el padre de Jorge recibió una llamada telefónica anónima en la que le informaban que su hijo había sido arrestado junto a Carmen Bueno por efectivos de la DINA.

            La pareja detenida fue conducida de inmediato al recinto secreto de la DINA conocido como Villa Grimaldi, ubicado en la Avenida José Arrieta 8200, sector de Peñalolén, donde fueron ubicados en piezas distintas. En este lugar fueron objeto de torturas, y algunas detenidas señalan haber escuchado los gritos de Carmen cuando era apremiada. La joven era acusada de haber comprado un perro al máximo líder del MIR, Miguel Enríquez, el que un mes antes había muerto en un enfrentamiento con efectivos de la DINA.

            Hay numerosos testigos de la permanencia de Jorge Müller y Carmen Bueno en este centro de la DINA, todos ellos ex prisioneros que lograron sobrevivir a las torturas, desaparición o muerte. Entre ellos se encuentra Iris Guzmán Uribe y su hija Marcela García de sólo 16 años de edad, ambas detenidas el 20 de noviembre de 1974 junto a otro hijo también menor de edad, Iván Guzmán y a Humberto Menanteaux. Este último fue dejado en libertad luego de haber sido obligado a participar en una conferencia de prensa reconociendo que el MIR estaba acabado. Pero fue vuelto a detener y días después apareció muerto en los cerros de Buin, con huellas de haber sido flagelado. Madre e hija fueron torturadas sistemáticamente en Villa Grimaldi, a tal punto que Iris Guzmán debió ser internada en la Clínica Santa Lucía, centro asistencial que la DINA poseía, ubicado en la calle del mismo nombre, y donde años más tarde funcionaron las oficinas particulares del ya retirado ex Director de ese organismo, General Manuel Contreras Sepúlveda. En una ocasión fue torturada en presencia de sus hijos y luego la obligaron a presenciar los apremios a ellos. Marcela García señala que en una ocasión fue sacada junto a Carmen Bueno en una camioneta por los agentes con el objeto que reconocieran a personas.

            Otra prisionera que estuvo con Carmen fue Fátima Mohor, quien llegó a Villa Grimaldi el día 2 de diciembre de 1974 y estuvo cuatro días en un calabozo junto a la afectada, durante los cuales le contó que había sido detenida junto a Jorge Müller. Señala que Carmen se veía bien anímicamente, pero no lo estaba tanto físicamente, ya que se quejaba de dolores en la vagina y en las manos, producto de los castigos a los que había sido sometida.

            En la misma pieza de Villa Grimaldi se encontraba también María Antonieta Castro Ramírez, detenida junto a su madre Julieta Ramírez y a su cónyuge Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, ambos desaparecidos. Nuevamente estuvo con Carmen Bueno en el Campamento de Incomunicados Cuatro Alamos, en diciembre de ese año, pero no juntas. María Antonieta fue sacada unos días y volvió a fines de ese mes, siendo instalada en la celda donde había estado Carmen, la que había sido sacada en el intertanto, sin embargo, pudo leer su nombre escrito en un muro y seis rayas, indicando al parecer los días que ella había permanecido allí.

            Jorge Müller en tanto, estuvo en Villa Grimaldi en la misma celda que Víctor Zúñiga, el que señala que tenía muestras evidentes de haber sido golpeado. Zúñiga conversó con él y fueron trasladados -con algunos días de diferencia- en la misma época a Cuatro Alamos, no quedando juntos en esta ocasión.

            En el recinto de Cuatro Alamos, donde llegaron alrededor del 12 de diciembre, fueron vistos por varios otros detenidos, entre ellos, Nelson Aramburu Soto, Manuel Padilla Ballesteros y Miguel Squella Espina.

            Los testigos coinciden en manifestar que Jorge y Cecilia se comunicaban en este recinto por señas, cuando las mujeres eran llevadas al baño. Alrededor del día 17 de diciembre, fueron sorprendidos en estas comunicaciones por un agente al que llamaban "Dum Dum" y Müller fue conducido a la oficina del Jefe del recinto, Orlando Manzo Durán, el que lo amonestó y le dijo que sería castigado. Al día siguiente de este incidente, la pareja fue sacada de Cuatro Alamos por tres efectivos de la DINA que trasladaban detenidos, fecha desde la cual no volvieron a ser vistos en ningún otro lugar. Cuando lo sacaron de su celda, él pensaba que se iría en libre plática a Tres Alamos, pero, al llegar a la oficina de Manzo, uno de los agentes le habló algo que los demás detenidos no lograron escuchar, pero vieron que Müller llevaba sus manos a la cara y luego se apoyó en la pared. En seguida, Carmen salió de la oficina y ambos fueron llevados fuera. La noticia que no pasaban a libre plática les fue confirmada después por un vigilante de Cuatro Alamos apodado "Mauro".

            Entre los guardias de Cuatro Alamos que los prisioneros recuerdan, se encuentra el mencionado Dum-Dum, carabinero retirado de unos 40 años que solía pasearse con un fierro golpeando los muros y a los detenidos. Otro también ya mencionado, Mauro, resultó ser Carlos Carrasco Matus, el que fue a su vez arrestado y se encuentra también desaparecido. Había también un conscripto del Ejército de 19 años, apodado "El Mono chacarero", proveniente del sur. Otro de los que recuerdan es un Suboficial de Ejército de alrededor de 25 años al que llamaban "El Bigote". Al Director de Cuatro Alamos le decían "Dayán", pues llevaba un parche en el ojo.

            En los mismos días que fueron detenidos Jorge y Carmen, también lo fueron otras personas vinculadas al cine, entre los cuales estaba el Director argentino Carlos Piaggio y su mujer Francisca Valdés. Piaggio trabajaba en Chile Films, al igual que Müller y en Cuatro Alamos estuvieron juntos.

            Por otro lado, en un informe de Investigaciones al Ministro en Visita Servando Jordán, que investigaba las desapariciones de personas detenidas por los servicios de seguridad, se señala entre otros datos que Jorge Müller, con fecha 3 de febrero de 1972, colaboró en una producción dirigida por Dunan Kuzmanovich Salinas, titulada "Amanece el día", en la que se tomaron secuencias de una población próxima a calle Bilbao, por lo que se hicieron las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que próximo a calle Bilbao en el sector entre Antonio Varas y Pedro de Valdivia se encuentran poblaciones militares, el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército y la Escuela de Carabineros. Frente a esta última se encuentran viviendas de Oficiales de esa fuerza pública.

            Jorge Müller también formó parte del equipo de filmación de la Celebración del Año Santo chileno, evento que se realizó días antes de su arresto en el Templo Votivo Maipú y fue organizado por la Conferencia Episcopal de Chile.

            Días después del arresto, varias veces concurrieron personas de civil y Carabineros al domicilio de Carmen Bueno, el que compartía con una hermana. Estas personas, sin identificarse, interrogaron al conserje del edificio, preguntando si allí vivía la familia Bueno.

            El 16 de enero de 1975, civiles que no se identificaron llegaron hasta el domicilio de los padres de la joven, ubicado en Hernando de Magallanes, comuna de Las Condes. Fueron atendidos por su madre la que les exigió identificarse, pero ellos restaron importancia a la visita, señalando que eran amigos de Carmen y que iban a retirar unos "documentos políticos" que había mandado guardar allí "un señor Müller". Finalmente, los civiles se retiraron.

            En la misma época, personal también de civil llegó hasta las oficinas de la sucursal Estación del Banco del Estado, donde trabajaba una hermana de Carmen. Se identificaron como agentes de seguridad ante su jefe y solicitaron todos los datos de identificación de ella.

            En julio de 1975, Carmen Bueno apareció en una nómina de chilenos muertos en Argentina, unos en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad de ese país y otros entre ellos mismos, producto de "rencillas internas". Esta falsedad fue publicada por dos medios de prensa que aparecieron sólo ese día, sin duda con el objetivo único de dar a conocer esta noticia. Uno fue el Diario "O'Dia" de Curitiba, Brasil, y el otro fue la revista argentina LEA, ambos absolutamente desconocidos en sus países. Esta información fue negada por las autoridades argentinas y también brasileñas, las que manifestaron no tener conocimiento de estos hechos. El Gobierno militar chileno, ante esta evidencia, tuvo que reconocer que no había constancia alguna de estas supuestas muertes de chilenos en el extranjero. Los integrantes de esta nómina corresponden a personas detenidas por efectivos de seguridad chilenos, las que eran negadas por las autoridades. Todos ellos se encuentran desaparecidos desde entonces.

            Posteriormente, en mayo de 1976, la prensa publicó cables provenientes de Argentina en los que se hacía referencia a un supuesto comunicado de una Junta Coordinadora Revolucionaria del Cono Sur, denunciando la muerte de cinco chilenos en manos de grupos extremistas de ultra derecha en Argentina. Entre ellos aparece mencionada "María Bueno Cifuentes", la que podría haberse tratado de la hermana de la víctima, María Olimpia, pero ella se encontraba radicada en Suecia, con sus papeles en orden, lo que quedó establecido oficialmente por autoridades ese país. Por tanto, la información debía necesariamente referirse a Carmen Bueno, la que ya había sido dada por muerta en la triste nómina de "los 119".

            En noviembre de 1975, el delegado chileno ante las Naciones Unidas, Sergio Diez Palma, entregó un Informe del gobierno militar que él representaba a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En esta exposición, el Embajador Diez intentó demostrar que las denuncias de desaparición de prisioneros y las violaciones a los derechos humanos en Chile eran falsas y mal intencionadas. Entre otras cosas, entregó un listado de setenta personas que habían sido denunciadas como desaparecidas, las cuales no tendrían existencia legal; entre estos nombres figuraba el de Jorge Müller Silva. Sin embargo, como él tenía además nacionalidad alemana, ya que su padre es alemán, la Embajada de la R.F.A. pidió explicaciones al gobierno militar, el que respondió a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que la inclusión de Müller en este Informe se debió "a un lamentable error, cuyas causas se investigan". El resultado de esta supuesta investigación nunca se conoció.

            Jorge Müller Silva y Carmen Bueno Cifuentes se encuentran desaparecidos después que fueran sacados juntos desde Cuatro Alamos, el 18 de diciembre de 1974 por efectivos de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Su detención fue siempre negada por las autoridades del gobierno militar, a pesar de las evidencias relatadas.

           

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 7 de diciembre de 1974 se interpuso un recurso de amparo en favor de Carmen Bueno ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1534-74, el que fue declarado sin lugar el 23 de enero de 1975 por el Tribunal luego de recibir informes negativos del Ministerio del Interior sobre su detención y de las autoridades militares respecto de algún proceso en su contra. La Corte ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, para que se investigaran los hechos denunciados.

            De esta forma se dio inicio el 27 de enero de 1975 a la causa rol 91.149 en el 6° Juzgado del Crimen de Santiago, a la cual se acumuló en mayo del mismo año una denuncia presentada ante el mismo Tribunal por presunta desgracia de Jorge Müller.

            Las autoridades respondieron reiteradamente de manera negativa respecto de la detención de ambas víctimas, tanto a través del Ministerio del Interior como de SENDET. El Director de la DINA respondió por su parte en junio de 1975 que el Tribunal debía dirigirse al Ministerio del Interior o SENDET, reparticiones que tenían como misión informar acerca de este tipo de informaciones. Igual mensaje recibió el Juez años después, en octubre de 1978 de parte de la Central Nacional de Informaciones, CNI, sucesora legal de la DINA.

            En noviembre de 1975 declararon ante el Tribunal testigos de la reclusión de las víctimas, Fátima Mohor y María Antonieta Castro, las que se encontraban en esos momentos prisioneras en el Campamento para mujeres San Juan de Pirque, ubicado en el Cajón del Maipo. Luego de sus testimonios el Tribunal ofició nuevamente a SENDET consultando por los afectados, pero la respuesta fue, una vez más, negativa.

            El 16 de diciembre de 1975 se cerró el sumario y se dictó sobreseimiento temporal, por no encontrarse acreditado el delito. Esta resolución fue aprobada por la Corte el 30 de marzo de 1976.

            El 14 de mayo de 1976, el padre de Carmen Bueno vuelve a interponer un recurso de amparo en favor de la joven ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 400-76, con el mérito de los testimonios de las detenidas Fátima Mohor y María Antonieta Castro. Sin embargo, una vez más también, la Corte rechazó el recurso, luego de recibir respuesta negativa del Ministerio del Interior y de revisar el proceso sobreseído. Esta resolución fue apelada y el 26 de junio del mismo año, la 2a. Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones que no daba a lugar el amparo.

            Poco antes, en enero de 1976 se solicitó la reapertura de la causa 91.149 y se acompañaron nuevos testimonios de personas que estuvieron recluidos junto a ellos en Villa Grimaldi y Cuatro Alamos. Pero las respuestas de las autoridades siguieron siendo negativas. La CNI indicó además que estas informaciones no sólo eran materia de consulta al Ministro del Interior, sino que le estaba prohibido proporcionar directamente a los Tribunales de Justicia cualquier requerimiento que no hubiese sido canalizado a través de ese Ministerio.

            En mayo de 1979, la investigación prosigue en la Visita del Ministro Servando Jordán, designado para investigar las causas por desaparición de personas detenidas por la DINA.

            El Ministro Jordán acumuló a este proceso otra causa por presunta desgracia de Jorge Müller seguida en el 8° Juzgado del Crimen, rol 11.899, iniciada en diciembre de 1974 por una denuncia presentada por la madre a Investigaciones, repartición que entregó los antecedentes al Tribunal. Luego de recibir informes negativos del Ministerio del Interior y SENDET, el Juez cerró el Sumario y dictó sobreseimiento temporal por no encontrarse acreditado el delito, a los diez días de haberse abierto el sumario. La Corte revocó esta resolución por encontrarse incompleta la investigación.

            En septiembre de 1976, el titular del 8° Juzgado ordenó la Ministerio de Interior llevar ante el Tribunal al detenido Víctor Zúñiga Arellano, testigo de reclusión de Müller. Dos meses después, el Ministro del Interior respondió que el detenido había sido dejado en libertad. La verdad es que la liberación de Zúñiga sólo se llevó a cabo días antes que el Secretario de Estado enviara su respuesta al Tribunal. Zúñiga declaró años después ante el Ministro en Visita entregando su testimonio.

            El 3 de mayo de 1978, el Juez resolvió cerrar el sumario y dictar sobreseimiento definitivo, por resultar inoficioso continuar la investigación debido a la reciente dictación del Decreto Ley de Amnistía 2191. La Corte sin embargo revocó este fallo y repuso la causa al estado de sumario, por no encontrarse acreditado al delito ni agotada la investigación.

            En ambas causas de origen se interpuso querella por secuestro, incomunicación prolongada, rigor innecesario y malos tratos y detención arbitraria en lugares no contemplados por la Ley, de Carmen Bueno y Jorge Müller, en contra de los agentes de seguridad que resulten responsables.

            Continuando la investigación, el Ministro Jordán se constituyó en el recinto de Cuatro Alamos, ahora transformado en dependencias del Centro de Rehabilitación de Menores. Sin embargo, no se encontraron datos muy precisos debido a que las dependencias habían sido refaccionadas y con pinturas nuevas. Por esta razón, no se pudo constatar las marcas dejadas por los recluidos, entre las que se contaban las hechas por Carmen Bueno en la celda N°5.

            Ante el Ministro declaró varias veces el Comandante de este recinto, Orlando José Manzo Durán, funcionario de Gendarmería que estuvo en Comisión de Servicio en la DINA desde abril de 1974 hasta marzo de 1977, fecha en que fue cerrado este recinto.

            Manzo indica que Cuatro Alamos dependía de la DINA, pero se encontraba en el interior del área del Campamento Tres Alamos que estaba a cargo de Carabineros y dependía del SENDET. Agrega que había un Libro de Registros de entradas y salidas de detenidos que manejaba él personalmente. Este consistía en un archivador en que se hacía una ficha de cada persona. Señala que había tres tipos de salidas del lugar: una era cuando los presos quedaban en libertad, según Decretos del Ministerio del Interior; la segunda por enfermedad o dolencia del detenido y que no pudiera tratarse en el campamento y la tercera cuando "confesaban que estaban de acuerdo con miembros de la Unidad Popular, con los cuales debían contactarse", para que los efectivos de DINA aprehendieran a estos otros o también para reconocer lugares donde podrían haber armas o documentación. Estas salidas eran transitorias, lo mismo que las por razones de salud, en que un 99,9% de los casos volvía. Todos en Cuatro Alamos estaban incomunicados con el exterior.

            Manifiesta que allí no se flageló a nadie porque "no había medio para ello, en atención a que la instalación estaba formando parte prácticamente de Tres Alamos, donde los detenidos estaban en libre plática y recibían visitas del exterior".

            Otra de las cosas que señala es que los detenidos por DINA llegaban al Campamento muchas veces sin Oficio y a veces llegaban con ficha abierta por los aprehensores, pero igualmente se le hacía una en el Campamento.

            El Comandante Manzo no recuerda a ningún detenido de los que se encuentra desaparecido, no obstante, sí recuerda a otros, todos ellos en libertad, algunos de los cuales sólo estuvieron unos pocos días en ese recinto. Tampoco los identifica por las fotografías que el Tribunal le exhibe "ya que por las condiciones de trato en que llegaban los detenidos", éstos venían "barbones, sucios, demacrados...".

            Declara también que no está "autorizado por el Gobierno" para interiorizarse de quienes están desaparecidos, "porque probablemente caería en entredichos" si se pusiera a investigar donde estaban.

            Señala finalmente que los registros originales de los detenidos se los llevaba la DINA y él se quedaba con la copia y que estos pasaron todos a esa Dirección de Inteligencia cuando se cerró Cuatro Alamos.

            El Ministro del Interior, Sergio Fernández, respondió sin embargo al Ministro Jordán que en la documentación de la CNI, sucesora de la DINA, no se registraba la detención de Carmen Bueno. Además, según información entregada por la CNI, los Libros de Cuatro Alamos habían sido incinerados "por medida de seguridad".

            No se implementó igual "medida de seguridad" con los Libros de Tres Alamos, 13 de los cuales fueron puestos a disposición de la Visita por parte de Carabineros. No figuraban en estas nóminas las víctimas desaparecidas. En todo caso, los anteriores a agosto de 1976 fueron también incinerados, conforme a la reglamentación de documentos de esa Institución.

            En la tramitación de la Visita se acompañaron nuevos testimonios de personas que estuvieron recluidos junto con Jorge Müller y Carmen Bueno tanto en Villa Grimaldi como en Cuatro Alamos. Uno de ellos, Nelson Aramburu, fue careado con Orlando Manzo el que insistió en que no recordaba a Jorge ni a Carmen ni otras situaciones que señala Aramburu, como la comunicación entre los detenidos. Aunque expresa que pudieron haber estado con identidades falsas, ya que a veces eran detenidos con documentación falsa.

            El Viceministro de Relaciones Exteriores, Teniente Coronel Ernesto Videla Cifuentes, informó el 18 de enero de 1980 al Tribunal, que no se había solicitado ninguna investigación sobre la existencia legal de Jorge Müller. No fue ésta la respuesta dada por ese mismo Ministerio el 3 de febrero de 1976 al gobierno alemán, nacionalidad que también tenía Müller por ser su padre ciudadano de ese país. En esa ocasión se explicó que la inclusión del afectado en la nómina de personas sin existencia legal contenida en el Informe presentado por el embajador Sergio Diez a las Naciones Unidas se debió a "un lamentable error" cuyas causas se investigaban.

            El 1° de agosto de 1978 familiares de setenta detenidos desaparecidos, interpusieron una querella por secuestro ante el 10° Juzgado del Crimen de Santiago, en contra del ex Director de la DINA General Manuel Contreras Sepúlveda y otros Oficiales de ese Servicio de Seguridad.

            Este Tribunal se declaró incompetente y remitió los antecedentes al Juzgado Militar de Santiago, donde se abrió la causa 553-78, en la 2a. Fiscalía Militar.

            (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras, verlos en el caso de Eduardo Alarcón Jara.)

            El 28 de abril de 1980, luego de tener a la vista esta querella, el Ministro Jordán se declaró incompetente para continuar la investigación por desaparición de Carmen Bueno y Jorge Müller y remitió los antecedentes a la 2a. Fiscalía Militar.

            El 27 de agosto del mismo año, la 4a. Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esta resolución, la que había sido apelada.

            El 2 de septiembre se recurrió de queja ante la Corte Suprema en contra de los Ministros que no dieron lugar a la apelación, pero el 22 de diciembre de 1980 el Máximo Tribunal no dio lugar a este recurso. Se solicitó la reposición de esta resolución, lo que tampoco fue acogido.

            La causa 553-78 de la 2a. Fiscalía Militar tuvo a la vista los antecedentes que acumuló el Ministro en Visita por casos de detenidos desaparecidos Servando Jordán. En 1983 el fiscal dictó sobreseimiento de la causa, resolución que luego fue revocada.

            Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército, Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

            Otras gestiones realizadas de manera particular por los familiares ante las autoridades tampoco tuvieron mejor suerte.

            En abril de 1976, el Ministro del Interior General Raúl Benavides, junto con manifestarle a la madre de Jorge Müller que esa Secretaría de Estado no registraba antecedentes de su hijo, le expresa que la presunta desaparición de su familiar "no excluye la posibilidad de haber abandonado subrepticiamente el territorio nacional con falsa documentación o doble identidad".

            Esta constituye una de las respuestas que acostumbraba a dar el gobierno militar a las consultas realizadas por los familiares de las víctimas. En mayo del mismo año 1976, el Gobierno responde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que "Se presume que estas personas se han ocultado voluntariamente para realizar actividades subversivas clandestinas por cuanto otras personas, aparentemente desaparecidas..., últimamente se han visto involucradas en actividades delictuales y algunas de ellas han solicitado asilo en Embajadas extranjeras". Agrega que estas denuncias corresponden a una "campaña en contra del Gobierno, organizada por elementos marxistas".

            Por otro lado, en octubre de 1977, el Juez Militar de Santiago General Enrique Morel en una entrevista a la Revista HOY, señaló en relación al caso de "los 119" que ya estaba solucionado, pues "muchos han sido ubicados vivos y algunos fueron muertos por las fuerzas armadas argentinas. El hecho ha sido comprobado por la documentación que portaban cuando combatieron". Pero, al ser consultado por el Ministro Jordán, el General Morel señaló que en la Revista lo habían tergiversado y él sólo sabía lo que habían publicado los medios de prensa respecto de la situación de los "119".

            La Iglesia chilena tampoco quedó conforme con las respuestas entregadas por el gobierno militar, las que consideró "insatisfactorias", en una Declaración pública del Comité Permanente del Episcopado en noviembre de 1978. Dicen los Obispos que han llegado a la conclusión de que el Gobierno no realizaría una investigación que estableciera la verdad de cada caso y las correspondientes responsabilidades. El Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, había asegurado a las autoridades eclesiásticas que se realizaría una investigación para aclarar los casos denunciados.

            La madre de Jorge Müller enfermó de un cáncer que le provocó la muerte el año 1990, sin que pudiera encontrar a su hijo ni conocer toda la verdad de lo que le sucedió.

           

 


4 de Enero 2004 La Nacion
Juez Guzmán volvió a golpear a la DINA
 

En uno de los procesamientos que terminó por echar abajo uno de los principales montajes de la pasada dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo.

Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos.

Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena.

Las nuevas ocho víctimas de Colombo son: Aldo Pérez Vargas, Roberto Aranda Romero, Jorge Müller Silva, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Pérez Vargas, Carmen Bueno Cifuentes, Rodrigo Ugas Morales y Carlos Gajardo Wolf. Los cinco últimos figuran en la lista de los 119 desaparecidos por este operativo, no así los tres primeros.

El montaje

La llamada Operación Colombo nació en los primeros meses de 1975, cuando la DINA y el propio ex dictador Augusto Pinochet, así como otros de sus ministros militares, comenzaron a difundir informaciones de que el MIR preparaba “guerrilleros” en distintas ciudades argentinas para hacerlos entrar clandestinamente a Chile por pasos fronterizos a combatir el régimen militar. Los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda fueron los encargados de publicarlas.

La cúspide del montaje ocurrió entre los días 17 y 19 de julio de 1975, cuando primeramente el diario brasileño O Dia, de breve tiempo de circulación, informó

El retirado general Manuel Contreras ha sumado otro enjuiciamiento a su expediente en los tribunales chilenos.

 que 59 chilenos habían sido ejecutados en Argentina por sus propios compañeros de izquierda, atribuyendo las muertes a “ajustes de cuentas” políticas. El día 19, la revista argentina Lea, publicó en su único número que lo mismo había ocurrido con otros 60 chilenos, la mayoría del MIR.

En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”. Se dijo que era el detenido desaparecido comunista David Silberman. Sin embargo, no era él. El 12 de julio de 1975 aparecieron en Buenos Aires otros dos cuerpos baleados y quemados con una leyenda similar. La dictadura informó que se trataba de quienes habían sido dado por desaparecidos en Chile, Jaime Robotham Bravo y Luis Guendelman Wisnik. Lo que también resultó falso.

El 24 de julio de 1975, La Segunda publicó en portada tal vez el titular más representativo del invento: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

Objetivo y origen de la acción

El objetivo de la Operación Colombo fue hacer creer que decenas de personas, que en Chile sus familiares, abogados y las iglesias daban por detenidos desaparecidos, en realidad habían salido clandestinamente a Argentina a prepararse en guerrillas para regresar a Chile a combatir. Y que en el intertanto afuera se habían ajustado cuentas políticas matándose entre ellos o cayendo abatidos por operativos militares en Argentina, país que vivía la convulsión política y militar en los últimos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976.

En cuanto al origen del nombre Operación Colombo, éste se remite a declaraciones del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien admitió en Buenos Aires en 1978 -acusado de “espionaje”- que en 1975 llegó a esa capital el agente Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (ex jefe del Departamento Exterior DINA y actual general retirado) para hacer aparecer muerto en Argentina a un “subversivo chileno” de nombre “Simelman o algo parecido”. Se trataba de Silberman. Según Arancibia Clavel, Iturriaga le dijo que se trataba de la Operación Colombo en la cual se contó con la colaboración, entre otros, del civil argentino y miembro de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) Martín Ciga Correa.

30 de Marzo 2007 El Mostrador

Corte condena a Estado a pagar $ 100 millones a familiares de desaparecido

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 100 millones al padre y la hermana del cineasta Jorge Müller Silva, detenido y desaparecido desde noviembre de 1974 y una de las denominadas víctimas de la denominada "Operación Colombo".

En un fallo dividido, el tribunal de alzada capitalino por primera vez se hace cargo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sentenció al Estado de Chile por la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978, para acceder al pago de una compensación a víctimas de la represión militar.

En ese sentido, determinó que el Fisco tiene responsabilidades que son imprescriptibles en los casos de política represiva. En primera instancia, en agosto de 2001, el 29º Juzgado Civil de Santiago había negado pagar la compensación, pero los integrantes de la Tercera Sala del tribunal revirtieron esa medida ordenando el pago antes mencionado.

La opinión de mayoría, respaldada por el ministro Mario Rojas y el abogado integrante Hugo Llanos, afirma que “esta Corte considera que la preparación y ejecución de la detención y posterior tortura y desaparición de las víctimas no habrían podido perpetrarse sin las órdenes superiores de las jefaturas de policía, y agentes del Estado o sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en diversas acciones realizadas en forma coordinada y concatenada de miembros de las policías, y de los servicios de inteligencia".

"Estos no sólo faltaron gravemente a sus deberes de prevención y protección de los derechos de las presuntas víctimas, consagrados en el artículo 1.1 de la Convención Americana, sino que utilizaron la investidura oficial y recursos otorgados por el Estado para cometer violaciones (...) el Estado se constituyó en factor principal de los graves crímenes cometidos, configurándose una clara situación de terrorismo de Estado”, agrega la resolución.

Además, el dictamen sostiene que “la cuestión de la prescripción de la acción no puede ser resuelta desde las normas del Derecho privado, porque éstas atienden fines diferentes. De aceptarse esta tesis, ciertamente se vulneraría no sólo la Convención Americana de Derechos Humanos, (...), sino que además el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece para los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que ha de situarse el de indemnización que ha sido invocado en estos autos”.

El fallo además hace un extenso análisis de las resoluciones en que la CIDH ha condenado a distintos estados por casos de violaciones a los derechos humanos, para respaldar el pago de una indemnización reparatoria de los familiares de las víctimas.

En el voto de minoría, la ministra Gloria Ana Chevesich, sostiene que los hechos se encuentran prescritos, ya que la demanda indemnizatoria fue interpuesta recién en 2000, a 26 años de ocurridos los hechos.

El cineasta y su pareja

Jorge Müller Silva era un joven cineasta de 27 años a la fecha de su detención y fue capturado junto a su pareja, la también militante del MIR Carmen Bueno Cifuentes (24) en la esquina de las avenidas Francisco Bilbao y Los Leones, el

29 de noviembre de 1974.

Ambos jóvenes habían participado en la noche anterior en el estreno de la película “A la Sombra del Sol” en el cine Las Condes, ya que formaron parte del equipo de filmación de la cinta.

Müller era, además, uno de los más destacados camarógrafos de su época y había participado en la grabación del documental “La Batalla de Chile”, de Patricio Guzmán, que retrataba el Chile de la Unidad Popular y la campaña presidencial de Salvador Allende, y que se ha convertido en uno de los trabajos del cine más premiados a nivel internacional.

Al momento de su detención, la pareja estaba trabajando en la filmación del "Año Santo chileno", evento que se realizó días antes de su arresto en el Templo Votivo Maipú y que había sido organizado por la Conferencia Episcopal de Chile.

La pareja fue conducida al centro de Villa Grimaldi, donde permanecieron detenidos y sometidos a intensas torturas de parte de los agentes de Estado, los que fueron particularmente duros con Bueno, ya que se le acusaba de haber regalado un perro al entonces líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez.

Luego fueron trasladados al recinto de Cuatro Alamos, donde fueron vistos por varios testigos que coinciden en manifestar que ambos se comunicaban a través de señas, cuando las mujeres eran llevadas al baño. Sus comunicaciones fueron descubiertas por agentes de la DINA y al día siguiente se les perdió el rastro.

 

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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