Ofelia Rebeca VILLARROEL LATIN

El 23 de septiembre 1973, fueron detenidos junto a una veintena de trabajadores, en la empresa textil SUMAR, industria perteneciente al llamado "Cordón Vicuña Mackenna",

-                     Ofelia Rebeca VILLARROEL LATIN, 29 años, secretaria de la sección Comercio Exterior, encargada del Departamento Femenino del Sindicato de Empleados, militante comunista.

                        -            Donato QUISPE CHOQUE, obrero, de nacionalidad boliviana.

-                     Adrián del Carmen SEPULVEDA FARIAS, 27 años, obrero de la sección Hilandería, delegado del personal, simpatizante de izquierda. 

                                      Esta industria había sido allanada previamente el día 12 de septiembre por efectivos del Ejército, quienes tomaron el control de la empresa.  El día 23 de Septiembre, se presentaron la mayoría de los operarios a su lugar de trabajo, obedeciendo a un llamado de las nuevas autoridades.  En la medida que los trabajadores iban llegando a la empresa, eran formados y separados aquellos que se consideraban como los más peligrosos de acuerdo a listas que los militares consultaban.

                                    Testimonios múltiples y concordantes de obreros y empleados que se encontraban en el interior de la empresa señalan que las víctimas fueron detenidas allí, por funcionarios del Ejército, y luego separadas de los otros trabajadores que también habían sido detenidos, siendo esta la última vez que se les ve con vida.

                                    Los cadáveres de los afectados fueron encontrados en la vía pública, en la carretera General San Martín, lugar desde donde fueron remitidos hasta el Instituto Médico Legal.  Las correspondientes autopsias revelaron que la data de las muertes fue el mismo día de la detención.

                                    Los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala, además de que todos tenían vendas en los ojos, señal de haber sido ejecutados. 

                                    En razón de los antecedentes reunidos, especialmente los testimonios que acreditan fehacientemente la detención y el procedimiento de ella, más la circunstancia de la data de las muertes y la causa de las mismas, llevan a esta Comisión a la convicción que Ofelia Rebeca Villarroel Latín, Donato Quispe Choque y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías fueron ejecutados y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos producto de la acción de agentes del Estado.

Desde el 11 de septiembre de 1973, la dictadura de Pinochet inició una brutal persecución contra las dirigencias sindicales, quienes fueron perseguidas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer por agentes del Estado. Además, restringió los derechos laborales y sindicales, terminado con el código del trabajo e instaurando el Plan Laboral, que desmantela los derechos colectivos al punto de volverlos impracticables; restringe la huelga, desarticula y quita fuerza a los sindicatos.

Si bien hasta el día de hoy no se tiene claridad respecto al número de dirigentas y dirigentes sindicales asesinados y desaparecidos durante los 17 años de dictadura, el informe Rettig reconoce a 87 dirigentas y dirigentes ejecutados políticos y desaparecidos en este periodo.

Como una forma de traerlos a la memoria nuevamente, compartimos el listado de estas víctimas. Junto a cada nombre, se indica la edad al momento de su detención, ciudad de origen, gremio al que pertenecían, condición -Detenido Desaparecido (DD) o Ejecutado político (EP)- y, en caso de tener, su militancia política.

Como medio de la Vicaría de Pastoral Social Caritas, heredera de la Vicaría de la Solidaridad y de la Vicaría Pastoral Obrera, nos sumamos a las reflexiones aportadas por los Obispos de Chile en su declaración  «“Felices los que trabajan por la paz”: a 50 años del Golpe de Estado»:

“Una herida abierta. Queremos expresar, una vez ma´s, una palabra de solidaridad a todos quienes han sufrido y sufren a causa de la violencia y el atropello a sus derechos humanos. Nos duelen las la´grimas de todos estos an~os, especialmente las de aquellas familias que no han podido dar una digna sepultura a sus seres queridos. Imploramos nuevamente a quienes tengan informacio´n sobre el paradero de personas detenidas desaparecidas, a que la entreguen debidamente, si no lo han hecho hasta ahora. Nuestro servicio como obispos y sacerdotes siempre esta´ disponible como un camino para concretar esta entrega. Todavi´a es posible contribuir a reparar el dolor causado”.

Para que nunca más en Chile, debemos reconocer y recordar el inmenso daño que la dictadura hizo a nuestro país y que aún se mantiene; está presente en las leyes que nos rigen y en la ausencia de verdad, justicia y reparación a las víctimas y familiares.

Por cortesía de Periférica, publicamos un fragmento de Sumar, la más reciente novela de la escritora chilena Diamela Eltit, quien acaba de ser galardonada con el premio Carlos Fuentes 2020.

Por Diamela Eltit

Santiago, 15 de octubre de 1973

Santiago Villarroel Cepeda, casado, chileno, radicado en El Cobre, expone y solicita al Jefe de la Guarnicio´n Militar, Segunda Divisio´n del Eje´rcito, con el ma´s profundo dolor de padre de Ofelia Rebeca Villarroel Lati´n, que fue arrestada en la industria Sumar el di´a 20 del mes pro´ximo pasado y conducida al Estadio Nacional, sin saber ma´s de ella hasta el 5 del presente, pese a las incontables bu´squedas y averiguaciones, al comprobar la muerte de mi hija y lo que es peor, la sepultacio´n de ella en esa misma fecha, ignorando hasta hoy los motivos de tan dra´stica medida. Fue adema´s sepultada como la ma´s vulgar indigente, bajo el protocolo 2843, Sepultura N° 2719 en el patio N° 29 en un cajo´n con otra persona del sexo masculino.

Como chileno creo que me asiste el mi´nimo derecho de reclamar los restos de ella, lo que solicito en este momento con el dolor que Ud. comprendera´.

El Mostrador publicó el 3 de febrero de 2014 un artículo que dio cuento que «entre gallos y medianoche» algunos condenados a cadena perpetua por ese caso obtuvieron salida diaria de Punta Peuco.

El coronel (r) Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo y el sargento segundo de Carabineros José Florentino Fuentes Castro, ambos detenidos en el penal Punta Peuco por crímenes relacionados con violaciones a los derechos humanos, recibieron el beneficio de libertad otorgada por la Tercera Sala de la Corte Suprema

El primero participó de un operativo ocurrido el 12 de septiembre de 1973 en la empresa textil “Sumar” del denominado “Cordón Vicuña Mackenna”. En la ocasión, fueron asesinados Ofelia Villarroel Latín, militante comunista; Donato Quispe Choque, de nacionalidad boliviana; y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, simpatizante de la izquierda.

A favor de ratificar lo que previamente había determinado la Corte de Apelaciones y conceder la libertad condicional votaron los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama.

En contra se pronunció Carlos Aránguiz, quien precisó que este tipo de determinaciones debería ser tomada por la Comisión de Libertad Condicional.

En tanto, en el llamado «caso Degollados», el máximo tribunal del país revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones y concedió la libertad condicional a José Florentino Fuentes Castro.

El ex uniformado, quien fue sargento segundo de Carabineros y perteneció a la Dirección de Comunicaciones (DICOMCAR), se encontraba condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros y homicidios de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino el 30 de marzo de 1985 en Santiago.

Además se considera autor del secuestro de otras 5 personas.

A favor de la medida votaron Pierry, Sandoval y Jaime Rodríguez. En contra, Rosa Egnem y Carlos Aránguiz.

El Mostrador publicó el 3 de febrero de 2014 un artículo que dio cuento que «entre gallos y medianoche» algunos condenados a cadena perpetua por ese caso obtuvieron salida diaria de Punta Peuco:

El jueves 20 de junio de 2013, Javiera Parada Ortiz y Manuel Guerrero Antequera protestaban frente al Palacio de Tribunales junto a familiares, abogados y políticos luego de que la Corte Suprema confirmara el otorgamiento del beneficio intrapenitenciario de salida dominical de dos condenados por el secuestro y asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Conocido como el Caso Degollados, sus hijos veían con impotencia cómo el coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro, mantendrían el beneficio penitenciario autorizado por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses.

González y Fuentes son ex carabineros y agentes de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), y fueron dos de los seis implicados en el homicidio perpetrado el 29 de marzo de 1985 contra los militantes comunistas José Manuel Parada –entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad–, el pintor y publicista Santiago Nattino, y el dirigente gremial de los profesores Manuel Guerrero.

Sus asesinatos fueron un claro mensaje de la dictadura para infundir terror en la población, que –tras la fuerte crisis económica– se había tomado las calles para manifestarse contra el régimen.

Los tres cuerpos degollados de Parada, Nattino y Guerrero remecieron al país. Así como el llamado de la viuda de José Manuel Parada afuera del Servicio Médico Legal, tras ser notificada de que su marido había sido identificado.

“Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, y Antonio que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes, no les quepa duda… hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuando siguen dialogando con los asesinos! (…) ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!”.

La justicia llegó. En 1995 cinco de los seis implicados fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita.

Pero hoy, y desde hace siete meses, González y Fuentes ya no pasan sus días en Punta Peuco. Y es que la salida dominical obtenida por ambos en septiembre de 2012, se había ampliado en enero de 2013 al fin de semana, lo que los familiares de los militantes comunistas asesinados ignoraban cuando protestaron.

No sólo eso: cuatro días después de la manifestación frente a tribunales, el sargento (r) José Fuentes Castro y el coronel (r) Guillermo González Betancourt accedían al más importante beneficio intrapenitenciario: la salida diaria.

Es así como, desde el 24 de junio del año pasado, los asesinos de los militantes comunistas fueron beneficiados con “la salida controlada al medio libre”, que –según señala el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios–, les da la libertad de salir del recinto penitenciario hasta 15 horas diarias, con el objeto de “concurrir a establecimientos laborales, de capacitación, justicia laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación personal, con el fin de buscar o desempeñar trabajos”.

Todo, el mismo año en que se cumplían 40 años del Golpe Militar y en que el Presidente Sebastián Piñera cerraba el Penal Cordillera.

Consultados sobre la medida, desde Gendarmería señalan que “de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad Condicional”.

En el caso de los dos ex carabineros, ese tiempo se cumplió en mayo de 2012.

“Al tenor de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, un año antes de cumplirse el tiempo para postular a la Libertad Condicional, los internos pueden postular a los beneficios intrapenitenciarios”, señalan desde la institución liderada por el coronel Marco Fuentes. De esta forma, González podía postular a beneficios a partir de febrero de 2011 y Fuentes desde mayo de ese mismo año.

Hasta la publicación de esta nota, los familiares no tenían noticias del nuevo beneficio obtenido por los verdugos de los militantes comunistas.
Indignación

Para Manuel Guerrero hijo “resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes”.

Y agrega que “con Javiera le demostramos a la ministra de Justicia, junto al abogado del área de DDHH del Gobierno, con quienes nos entrevistamos, que los beneficios fueron entregados de forma irregular porque su hoja de vida no está limpia y uno de los requisitos que se necesitan es que no se tenga ningún tipo de falta al reglamento interno (…) es vergonzante y muy doloroso. Estamos indignados de saber que andan prácticamente libres y constituyen un peligro para la sociedad”.

El abogado Fernando Leal, que interpuso el recurso de protección que intentó impedir la salida dominical de los ex carabineros, considera la decisión de darles salida diaria como “impresentable y repudiable. Una muestra más de que en Chile hay algunos que gozan de privilegios que no todos tienen (…) Esto habla muy mal del gobierno de Piñera y del sector justicia”.

Leal explica que, luego del fallo de la Corte Suprema, se reunieron con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. Además, detalla, “Javiera Parada y Manuel Guerrero se reunieron con la ministra de Justicia (Patricia Pérez) que ofreció impulsar un proyecto para que no se entreguen más beneficios a gente que ha cometido delitos contra los Derechos Humanos, lo que no se ha concretado”.

En palabras del abogado, “me parece lamentable que la ministra se haya reunido con hijos de las víctimas mientras el servicio dependiente de su cartera seguía dando más beneficios a estos mismos asesinos”.
Acciones legales

Uno de los requisitos para que los internos obtengan este tipo de beneficios carcelarios es que tienen que haber tenido una conducta sin sanciones.

“Durante los alegatos presenté artículos de prensa que daban cuenta de que habían tenido una pésima conducta penitenciaria. Incluso, que Gendarmería presentó una denuncia contra Fuentes Castro al Ministerio Público por amenazar de muerte a otro interno”, asegura Leal. Dicha situación, le costó una sanción de cuatro días de internación en celda solitaria. “González Betancourt también estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener beneficios”.

Pero “cuando terminé mi alegato en la Corte, empieza a alegar el abogado de Gendarmería y dijo que habían cumplido con todo. Al final, y porque el juez lo exigió, reconoció que tenían sanciones. Así que pensé que el fallo lo iban a acoger. Pero si bien en el fallo dejaron constancia que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados, se podía dar por establecido que Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, no fue tomado en cuenta porque nosotros no habíamos acreditado cómo eso había dañado la integridad física de los afectados. O sea, querían que les llevara un psiquiatra que dijera que a los hijos les afecta que anden libres los asesinos de sus padres”.

En su opinión, “lo delicado era que la Corte Suprema estaba validando beneficios sobre la base de una mentira: Gendarmería y el Ministerio de Justicia dijeron que cumplían requisitos cuando no los cumplían. Así que hice una presentación a Contraloría, pidiendo iniciara sumario administrativo en contra de Gendarmería y el Ministerio».

Pero el órgano contralor se abstuvo de pronunciarse sobre el tema.

Luego de esto, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, el que dio a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI orden de investigar .

Hace 10 días, Leal presentó una querella criminal por falsificación ideológica –que se aplica cuando un funcionario público falta a la verdad en hechos sustanciales– en representación de una hija de Guerrero que vive en Suecia, América Guerrero. Fue declarada admisible.

Según detalla el abogado, “estamos pidiendo que sea citado el ex director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, el jefe de gabinete del director, coronel Cristian Alveal, y también el funcionario del Ministerio de Justicia que informó a la Corte”.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos trasladó hoy los restos de cinco opositores al régimen de Augusto Pinochet, ejecutados entre 1973 y 1986, hasta el Memorial a las víctimas del Cementerio General de Santiago.

En el lugar se realizó una ceremonia en la que participaron músicos y poetas y en la que se rindió homenaje a las víctimas, cuyos restos habían sido enterrados por sus familiares durante el gobierno de Pinochet.

Se trata de Federico Alvarez, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) detenido el 14 de agosto de 1979 y quien murió a causa de las torturas; María Verónica Cienfuegos, acribillada en 1981, y Fernando Vergara, también del MIR, asesinado por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1984.

También se sepultó en el lugar a Ofelia Villarroel, militante comunista ejecutada en una carretera el 23 de septiembre de 1973, y Rodrigo Rojas Denegri, joven fotógrafo de 19 años, quemado vivo el 2 de julio de 1986 por una patrulla militar durante una jornada de protesta nacional contra el gobiermo pinochetista.

En la ceremonia, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos rechazó la propuesta de derechos humanos entregada por el Gobierno el pasado día 12, y los asistentes apoyaron a los hijos de víctimas que mantienen desde el lunes una huelga de hambre en protesta por la iniciativa.

Las críticas apuntan a que el proyecto, dado a conocer por el Presidente Ricardo Lagos, establece la posibilidad de inmunidad para los militares que entreguen información sobre los desaparecidos que dejó el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los jóvenes, en huelga de hambre desde el lunes, se encuentran delicados de salud, informó hoy uno de los médicos que les asiste. La secretaria general del Partido Comunista (PC), Gladys Marín, y dirigentes universitarios los visitaron hoy y apoyaron su protesta.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Isabel Allende, hija de Salvador Allende, les visitó el viernes y se solidarizó con ellos pero les instó a deponer la huelga.

La diputada socialista dijo que, en general, la iniciativa del Gobierno es un aporte a la reconciliación nacional, aunque precisó que no comparte dar inmunidad o rebajar penas a quienes aporten información sobre violaciones a los derechos humanos.

Fahra Nehgme, Pablo Villagra y Alberto Rodríguez cumplen su ayuno en la sede de la Izquierda Cristiana, a pocas manzanas de la sede de Gobierno.