Los días 11 y 12 de agosto de l983 se llevó a cabo la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.  En ese marco se produjeron veinticinco muertes.  Tres ocurrieron en Regiones y las restantes en la capital.

                        En esta ocasión, según informaciones oficiales 18.000 soldados se hicieron cargo del orden público en toda la capital, junto a Carabineros e Investigaciones.  Hubo toque de queda desde las 18:30 horas del día 11.  Los testimonios recibidos con carácter general dan cuenta de la forma de actuar de los militares, los que hicieron uso de armas de fuego en forma frecuente.  Los efectivos militares se excedieron con a menudo en el uso de la fuerza, al enfrentar los desórdenes exclusivamente con armas de fuego y sin contar con la experiencia policial en el control del orden público.  Este exceso se reflejó en la cantidad de víctimas. 

Marcela Angélica MARCHANT VIVAR, de 8 años de edad, era estudiante de enseñanza básica. 

                        El 11 por la noche se produjo un intenso ruido de cacerolas al interior de una población de la comuna de La Granja (Santiago).  Civiles que se hicieron presentes en el lugar dispararon armas de fuego; la menor fue impactada en la cara por una bala que penetró en el interior de su domicilio, falleciendo instantáneamente.

                        Testigos verosímiles señalan haber visto civiles armados, que llevaban brazaletes y walkie talkies.

                        Analizados los antecedentes del hecho a esta Comisión le asiste la convicción que Marcela Angélica VIVAR murió víctima de violación a su derecho a la vida de responsabilidad de particulares, presumiblemente vinculados al Estado o a sus agentes, que actuaban bajo pretexto político.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.