La condena fue dictada por el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís Montiel a raíz de una querella interpuesta, entre otros, por el Colegio Médico de Chile.

A 10 años y un día fue condenado el coronel (r) del Ejército Pablo Opitz García por el homicidio calificado del médico Héctor Victoriano García García, ocurrido el 13 de agosto de 1974 en San Bernardo.

La condena fue dictada por el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís Montiel a raíz de una querella interpuesta, entre otros, por el Colegio Médico de Chile.

Igualmente el magistrado rechazó la demanda de indemnización presentada por los familiares de la víctima.

Según la página memoriaviva.cl, el 13 de agosto de 1974 fueron muertos Héctor Victoriano García García y Jorge Rubén Lamich Vidal, médico y obrero respectivamente. Ellos fueron detenidos ese mismo día en Buin, donde vivían, por un grupo de civiles y militares.

Lamich fue detenido en su casa en la madrugada y García lo fue en horas de la mañana, en el Hospital de Buin, del cual era médico. A ambos se les acusó de intentar envenenar el agua y el pan de la ciudad. Fueron conducidos al Regimiento Chena de San Bernardo, en donde, según testimonios, fueron golpeados y se les aplicó corriente eléctrica. Posteriormente fueron ejecutados en presencia de la tropa.

El régimen militar informó en la época a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Lamich había sido muerto, al igual que otras tres personas, en diferentes fechas y circunstancias, como resultado de enfrentamientos con "policías o agente de seguridad", atribuyéndoles a dichas personas "actividades delictuales, subversivas o de sabotaje". En tanto nada se dijo oficialmente sobre las causas de la muerte del Dr. García.

La ministra de fuero María Estela Elgarrista sometió a proceso a un militar en retiro vinculado a fusilamientos ocurridos en la comuna de Buin. La magistrado dictó el encausamiento del brigadier ( r) Germán Jorge Barriga Muñoz por el delito de homicidio calificado de Jorge Rubén Lamich (PC) y del médico Héctor  Victoriano García (PS), en un hecho acontecido el 13 de agosto de 1974.

Fuentes judiciales indicaron a agencia UPI que ambos eran figuras reconocidas en la zona, ya que Lamich era presidente del sindicato de la construcción y ex candidato a regidor, mientras García atendía en el hospital local.

Los dos fueron arrestados por patrullas militares y trasladados hasta el cuartel Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En el expediente se consigna que de acuerdo al protocolo de autopsia, las víctimas fueron sometidas a brutales golpizas, fusilados delante de la tropa y derivados a la morgue.

El oficial Barriga Muñoz, asimismo, está procesado en otras causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos que se le imputan a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

En las fojas del proceso se da cuenta que Lamich y García fueron acusados de envenenar el agua y el pan que se consumía en Buin.

El gobierno de la época informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Lamich había sido muerto, al igual que otras tres personas, en diferentes fechas y circunstancias, como resultado de enfrentamientos con "policías o agente de seguridad", atribuyéndoles a dichas personas "actividades delictuales, subversivas o de sabotaje". Nada se dijo oficialmente sobre las causas de la muerte del doctor García.

La Comisión Rettig, a base de testimonios presenciales, determinó que ambos fueron ejecutados por personal del Ejército, sin que haya existido enfrentamiento alguno en que estuviesen comprometidos

El abogado querellante, Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, calificó el fallo como “una muy buena sentencia”, toda vez  que “reafirma la gran batalla que los familiares de las víctimas han dado contra la impunidad por casi medio siglo. Se trata de un crimen que conmovió a la comuna de Buin, y que motiva conmemoraciones anuales”, sostuvo. 

Tres exmilitares fueron condenados a penas de prisión por el secuestro calificado de Jorge Rubén Lamich Vidal, obrero de la construcción y militante comunista; y de Héctor Victoriano García García, médico cirujano y militante socialista. Ilícito ocurrido en agosto de 1974, en la comuna de Buin.

En concreto, la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó sentencia de primera instancia sobre el conocido caso ‘Cerro Chena‘ y  condenó al Suboficial (r) del Ejército Juan Enrique Ruiz Salazar y al entonces conscripto Luis Antonio Arévalo Céspedes, a las penas efectivas de 15 años de presidio mayor en su grado medio, en calidad de autores de los secuestros calificados de Lamich Vidal y García García. Mientras que Pablo Gabriel Opitz Arancibia, Coronel (r) del Ejército,  fue condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, como coautor del secuestro calificado de Lamich Vidal.

Sin embargo, durante el proceso fueron sobreseídos por fallecimiento Germán Jorge Barriga Muñoz, Iván de la Fuente Séez, Pedro Montalva Calvo y Pedro Cubillos, Torres, todos oficiales del Ejército; y Jorge Connell Alarcón, soldado.

El abogado querellante, Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, calificó el fallo de la magistrada como “una muy buena sentencia”, toda vez  que “reafirma la gran batalla que los familiares de las víctimas han dado contra la impunidad por casi medio siglo. Se trata de un crimen que conmovió a la comuna de Buin, y que motiva conmemoraciones anuales”, sostuvo. 

“Ha sido un triunfo de la justicia que reafirma claramente que no puede haber impunidad por crímenes de lesa humanidad, cualquiera sea el tiempo transcurrido. Los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar proporcionalmente estos ilícitos; y en ese sentido, defenderemos las condenas ante tribunales superiores”, enfatizó el jurista.

Penas de prisión por crímenes de obrero y médico 

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecidos los siguientes hechos con respecto a los crímenes cometidos contra el obrero y el médico:

“-En relación a Jorge Rubén Lamich Vidal 

1° Que el día 13 de agosto de 1974, alrededor de las 04:00 horas, en el inmueble de calle Errázuriz N° 126 de la comuna de Buin, un grupo de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, bajo el mando del subteniente Pablo Gabriel Opitz Arancibia, acompañados de funcionarios de Carabineros de Chile, detuvo, sin derecho, a Jorge Rubén Lamich Vidal, obrero de la construcción y militante del Partido Comunista.

2° Que, acto seguido, Jorge Lamich Vidal fue trasladado al Cuartel N° 2 de la Escuela de Infantería de San Bernardo, ubicado al interior del cerro Chena, lugar en que se le mantuvo encerrado sin derecho.

3° Que, en ese sitio, Lamich Vidal fue interrogado y sometido a malos tratos físicos.

4° Que, en lugar de ser puesto a disposición del tribunal competente, estando bajo la custodia de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Jorge Lamich Vidal fue ejecutado mediante un disparo en la cabeza por el soldado conscripto Luis Antonio Arévalo Céspedes.

“5° Que, en esa época, la Compañía de Morteros se encontraba a cargo del capitán Germán Barriga Muñoz y formaba parte del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandado por el teniente coronel Pedro Óscar Cubillos Torres, quien se encontraba, a su vez, bajo el mando del director de dicha institución, coronel Pedro Montalba Calvo y del subdirector, teniente coronel Iván de la Fuente Sáez.

-En relación a Héctor Victoriano García García 

1° Que el día 13 de agosto de 1974, alrededor de las 05:00 horas, una patrulla de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a cargo del subteniente Pablo Gabriel Opitz Arancibia, acompañada de funcionarios de Carabineros, se presentó en el domicilio de Héctor Victoriano García García, médico cirujano y militante del Partido Socialista, ubicado en calle Villaseca N° 407 de la comuna de Buin, con el fin de interrogarlo, retirándose luego del lugar.

2° Que, ese mismo día, alrededor de las 09:00 horas, en el Hospital San Luis de Buin, una patrulla de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, bajo el mando del Subteniente Pablo Gabriel Opitz Arancibia, detuvo, sin derecho, a Héctor Victoriano García García.

3° Que, acto seguido, Héctor García García fue trasladado a la oficina del capitán Germán Barriga Muñoz, comandante de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al interior del cerro Chena, lugar en que fue interrogado y sometido a apremios ilegítimos por el citado oficial, el subteniente Pablo Gabriel Opitz Arancibia, el sargento 1° Francisco Nibaldo Cáceres López y el cabo 1° Juan Enrique Ruiz Salazar.

4° Que, al mediodía, en lugar de ser puesto a disposición del tribunal competente, estando bajo la custodia de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Héctor Victoriano García García fue ejecutado, mediante disparos con arma de fuego en la cabeza y tórax, efectuados por el soldado conscripto Jorge Ernesto Connell Alarcón.

5° Que, en esa época, la Compañía de Morteros se encontraba a cargo del capitán Germán Barriga Muñoz y formaba parte del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandado por el teniente coronel Pedro Óscar Cubillos Torres, quien se encontraba, a su vez, bajo el mando del director de dicha institución, coronel Pedro Montalba Calvo y del subdirector, teniente coronel Iván de la Fuente Sáez”.

Una escultura y una placa ubicadas en el SEMDA Central son el testimonio de las y los estudiantes, académicos y funcionarios de las carreras de la salud que fueron ejecutados o hechos desaparecer por razones políticas durante la dictadura civil-militar, liderada por Augusto Pinochet a partir de 1973.

Con la presencia de familiares, amigos, representantes de colegios profesionales, autoridades y miembros de la comunidad universitaria, este jueves 21 de diciembre se inauguró el memorial que recuerda a todas las personas ligadas al Campus Norte de la Universidad que hoy se encuentran desaparecidas o fueron asesinadas por la dictadura.

En total son veintiocho personas, entre estudiantes, académicos y funcionarios de las unidades de la salud que perdieron la vida por acción de organismos del Estado entre 1973 y 1990, empezando por el mismo Salvador Allende, quien falleciera en el Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre.

El sitio de memoria consta de una escultura hecha por el artista Miguel Lecaros, además de una placa con los nombres de las víctimas, que pudo levantarse gracias a un trabajo conjunto entre la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el colectivo Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, y el Área Proyectos, Memoriales y Gestión Institucional, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

La ceremonia, que fue conducida por la actriz Malucha Pinto y contó con la presentación de la cantautora Elizabeth Morris, se inició con las palabras que la Presidenta Michelle Bachelet envió con motivo de este acto. En ella destacó el homenaje a las víctimas de nuestro plantel: “Me honra saber que la Universidad de Chile, su Casa de Estudios, su refugio, su hogar, hoy honra su memoria con esta obra y, a través de ésta, también honra la persistencia y la valentía de sus familiares, sus amigos y compañeros, porque es gracias a todos ellos que nuestros ejecutados y detenidos no han muerto nunca, porque viven como un ejemplo en la memoria de cada uno de nosotros que reconocemos en sus historias de vida, testimonios de convicciones y tesón”.

Luego, a nombre de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, María Soledad Silva, coordinadora del Área de proyectos y memoriales, leyó un saludo en el cual se destacó al memorial en el marco de la promoción de una sociedad en la cual prime el diálogo y la paz: “Proyectos como éstos contribuyen a integrar a la sociedad civil y las nuevas generaciones, creando conciencia acerca de la importancia que los derechos humanos tienen para cada una de las personas y la sociedad en su conjunto”.

En la actividad estuvieron también presentes, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Kukuljan, la directora de la Escuela de Salud Pública, Patricia Frenz, el coordinador accademico de la Catedra de DDHH de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Claudio Nash, y los ex directores de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano y Óscar Arteaga, entre otras autoridades y ex autoridades de nuestro plantel.

Rescatar los valores de lo público, la verdad y la justicia

El Rector Ennio Vivaldi intervino en la jornada señalando la necesidad de un cambio cultural que prevenga a la sociedad de volver a caer en los atropellos cometidos durante el régimen militar, y también destacó todo lo que se perdió junto con las personas que fueron víctimas: “Cada una de estas personas representa lo mejor que Chile tuvo para ofrecer, los valores trascendentes que nuestro país tenía, y que nosotros pudimos conocer”, indicó.

Esos valores, señaló, se pueden traer al presente para analizar cómo se enfrenta, por ejemplo, la coyuntura educacional: “Hoy podemos ver cuán tergiversado está un concepto tan esencial como ‘lo público’ en su sentido de bien común, de algo que nos pertenece a todos y nos hace sentirnos solidarios. Es impresionante cómo se pierden esos conceptos a la par que se perdieron las personas que fueron perseguidas”.

Por último, a nombre de los familiares de las víctimas, se dirigió al público Jaime Lorca, hermano del médico desaparecido Carlos Lorca Tobar, quien destacó la fortaleza de los cercanos a las víctimas, así como las instituciones y organizaciones que los acogieron, para no olvidar lo sucedido y levantar la causa de los Derechos Humanos. “Así hemos logrado que no se de vuelta la página, y también un poco de justicia bastante insuficiente aún”, señaló.

“No exigimos verdad y justicia sólo porque sea importante en términos personales o familiares, sino que lo hacemos pensando en el futuro, en las próximas generaciones y en el Chile que estamos construyendo día a día, para que estos hechos nunca puedan acaecer de nuevo”, finalizó Lorca.

Posterior a las intervenciones, se dio paso al descubrimiento de la placa con los nombres de las y los homenajeados en el Memorial, cuyos nombres son los siguientes:

Salvador Guillermo Allende Gossens 11.9.1973

Pablo Ramón Aranda Schmied 17.9.1973

Óscar Eduardo Avello Avello 24.6.1976

Jorge Ávila Pizarro 18.9.1973

Gabriel Castillo Cerna 11.10.1976

Sara de Lourdes Donoso Palacios 15.7.1975

Héctor Victoriano García García 13.8.1974

Carlos Enrique Godoy Lagarrigue 4.8.1976

Eduardo Alberto González Galeno 10.9.1973

Ramiro Carlos Gonzáles Gonzáles 15.9.1973

Claudio Enrique González Núñez 9.12.1974

Iván Sergio Insunza Bascuñán 4.8.1976

Jorge Mario Jordan Domic 16.10.1973

Georges Klein Pipper 11.9.1973

Carlos Enrique Lorca Tobar 25.6.1975

Jorge Eduardo Ortiz Moraga 12.12.1974

Juan Antonio Eduardo Paredes Barrientos 11.9.1973

Egidio Enrique Paris Roa 11.9.1973

Reinalda del Carmen Pereira Plaza 15.12.1976

Héctor Ricardo Pincheira Núñez 11.9.1973

Hernán Sarmiento Sabater 28.7.1974

Renato Alejandro Sepúlveda Guajardo 12.12.1974

Samuel Eduardo Silva Contreras 25.3.1974

Ricardo Cristián Silva Soto 16.6.1987

Rosa Elvira Soliz Poveda 7.7.1975

Claudio Rómulo Tognola Ríos 16.9.1973

Álvaro Modesto Vallejos Villagrán 20.5.1974

Absalón del Carmen Wegner Millas 13.12.1973

Desde un grupo de dirigentes y dirigentas de la Junta de Vecinos del Nuevo Buin, nace la necesidad de contar con salud más cerca, comenzando así las gestiones para el actual CECOSF Dr. Héctor García, el cual fue el primero de este tipo en la comuna. Un trabajo arduo que la comunidad sacó adelante, colaborando para contar con este derecho en una población que iba en aumento. Fueron muchas actividades y reuniones con las autoridades para poder conformar el proyecto, como por ejemplo “Un ladrillo por vecino” para la construcción y ampliación del centro, iniciativa la cual fue todo un éxito, recibiendo aporte de todos los residentes. Así, desde el año 2003 aproximadamente, comenzó poco a poco a volverse una realidad, agregándose prestaciones, atenciones y ampliaciones. En este centro, todo nació desde la comunidad, contando hoy con más de 5.000 inscritos pertenecientes a las 6 etapas de la Población Nuevo Buin y la villa Salvador Allende. Además, con falta de espacio en el CECOSF, en octubre de 2019 el Concejo Municipal aprobó el comodato del terreno aledaño al centro, con el objetivo de que este sea en un futuro cercano un CESFAM para el Nuevo Buin.

«Mi mamá es española, ella vivió la guerra civil9 . Su padre, mi abuelo, era republicano, peleó contra Franco, fue detenido y enviado a un campo de prisioneros en Francia. Fue embarcado en el barco Winnipeg que gestionó Pablo Neruda10 y que llegó a Chile. Unos años después, él pudo traerse a su esposa, mi abuela, y a sus hijos. Primero se asentó en Alhué y luego en Santiago, hasta radicarse en Buin.

Mi madre no militó nunca en un partido político, pero siempre estuvo afectada por su historia familiar. O sea, la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial, además de la dictadura de Franco que duró cuarenta y cuatro años y les impidió volver a recuperar sus propiedades. Claramente, su vida fue afectada por hitos históricos. Por lo tanto, siempre tuvo una postura frente al fascismo de España, de Italia. Ellos quedaron sin nada producto de la Guerra Civil, porque mi abuelo tuvo que irse a Francia. Y en España había racionamiento. Te daban un cuarto de azúcar para un mes, por persona. Por lo tanto, desarrollaron estrategias de sobrevivencia que nosotros aquí ni siquiera imaginamos. Todos trabajaron desde pequeños y tuvieron que dejar los estudios, Siempre fue una vida de mucho esfuerzo.

Mi abuelo era comerciante y se instaló con una panadería, donde trabajaron mi mamá y sus hermanos. Pero a medida que fueron creciendo y casándose, cada uno siguió con su propio negocio. Mi mamá tenía almacén en Buin y hasta allá llegó a trabajar mi papá como médico. Él era viudo y tenía una hija. Mi mamá, al conocerlo, ya tenía a mi hermana mayor. Se casaron y nacimos María Emilia, yo y Cecilia, que es la menor. Siempre vivimos en Buin, íbamos al colegio allá. Todo se desarrolló en ese sector. Mi papá como te comentaba enviudó, se quedó con mi hermana mayor, conoció a mi mamá y luego se casaron. Él trabajó en el hospital de Buin como radiólogo. Era médico de la Cruz Roja, de la Casa Don Orione, de Alto Jahuel, atendía los consultorios rurales de Viluco y Valdivia de Paine. Era muy conocido. Era militante del Partido Socialista y fue regidor11 en dos períodos, además de candidato a diputado por lo que en esa época era la circunscripción de San Antonio, Melipilla y Buin.

Hasta el día de hoy, cuando la gente me ve un Buin, sabe que soy la hija del doctor García. ‘Su papá atendió a mi mamá, atendió a mi hermano y nunca nos cobró’, me dicen». Mi nombre es Andrea García, tengo cincuenta y un años y dos hijos12.