Residentes que se organizaban para oponerse a un proyecto inmobiliario recolectaron testimonios de antiguos vecinos del sector, los que aseguran que en ese lugar se habrían realizado ejecuciones y entierros de detenidos después del golpe de Estado. En ese terreno funcionaba la discoteca Luxor y la parrillada Donde la Cuca. Los antecedentes fueron presentados por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia a la ministra en visita Paola Plaza, quien confirmó a CIPER que está en curso una investigación penal.

A fines de junio pasado, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia informó a la ministra en visita Paola Plaza que había recibido testimonios de vecinos de Lomas de Macul que relataban hechos sucedidos en ese sector en la época de la dictadura. Los antecedentes apuntan a que allí, en un terreno donde funcionó la discoteca Luxor y donde se emplaza el restorán Donde la Cuca, podría haber restos de detenidos desaparecidos. La magistrada Plaza confirmó a CIPER que ya se inició una investigación penal. Si se detectan evidencias, la indagatoria podría afectar a un proyecto inmobiliario aledaño, en el que se planifica la construcción de nueve edificios de departamentos.

El escrito entregado a la ministra Plaza, quien ve exclusivamente causas por violaciones de derechos humanos, indica: “Ha llegado a conocimiento de esta repartición por relatos (…) que en los terrenos donde se ubicaban la antigua discoteque Luxor y el restaurant de parrilladas Donde la Cuca, (ambos de propiedad de Gladys González Núñez) localizado en avenida Departamental N°4.400, comuna de Macul, se podrían encontrar restos de detenidos desaparecidos”. El texto está firmado por la abogada Paulina Zamorano Valenzuela, jefa subrogante del programa.

Los testimonios adjuntos al escrito apuntan a que a esa altura de Departamental -al llegar a Américo Vespucio-, se habían escuchado y visto fusilamientos y entierros de cuerpos de detenidos luego del golpe de Estado de 1973. En esa época esta zona de la comuna de Macul aún formaba parte del municipio de Ñuñoa.

La presentación de la abogada del Ministerio de Justicia informó a la ministra Plaza que los vecinos se enteraron de que en ese sector se pretende construir un proyecto inmobiliario (ver recuadro). Por eso, ante la eventualidad de que la construcción ponga en riesgo evidencia que permita identificar a personas desaparecidas, los residentes se juntaron y decidieron denunciar que “habrían visto en distintas ocasiones la muerte y el ocultamiento de los cuerpos de personas fallecidas a manos de militares, situación que los llevó a unirse y buscar en esta dependencia oídos a sus denuncias”.

La ministra Plaza confirmó a CIPER que la Policía de Investigaciones fue instruida para “constituirse en el lugar, hacer empadronamiento de la gente que vive en el sector, si es que todavía hay de la época”. También se pidió al Servicio Aéreo Fotogramétrico (SAF) de la Fuerza Aérea imágenes de esa zona en la década del 70, con el objetivo de ver si los detalles contenidos en los relatos de los denunciantes coinciden con las características que tenía el terreno en esa época.

LA INVESTIGACIÓN
Los testimonios que el programa del Ministerio de Justicia puso a disposición de la ministra Plaza afirman que antes del golpe de Estado de 1973 este enorme sitio se ocupaba para la extracción de áridos y que, en los albores de la dictadura, se utilizó como vertedero. Al menos dos relatos señalan que en ese predio, tras la caída del gobierno de la Unidad Popular, se escucharon disparos de ametralladoras. También hay un par de testimonios que aseguran haber visto maquinaria, tipo bulldozer, removiendo residuos para tapar cuerpos.

El escrito del Programa de Derechos Humanos indica que aquellos testimonios llegaron a sus oficinas a través de personas que trabajan en “sitios de memoria” y por medio de vecinos de Lomas de Macul. La presentación añade que algunos residentes se organizaron para oponerse al proyecto inmobiliario que se planea construir y que al interior de ese movimiento se supo de estos testimonios de vecinos que ya vivían en la zona en la época de los hechos denunciados.

Carlos Reyes, gerente técnico de Inmobiliaria Departamental, empresa que planifica construir los nueve edificios, dijo a CIPER que se enteraron de la investigación penal a principios de agosto. Agregó que se reunieron con la ministra Plaza durante una visita que ella realizó en terreno el 22 de agosto.

Respecto a la disponibilidad de la empresa para hacer excavaciones destinadas a confirmar o descartar los testimonios de vecinos, Reyes señaló: “Tenemos la intención de iniciar las faenas de excavación de nuestro proyecto el primer semestre del 2023 y, en esa instancia, no habría inconveniente de que se efectúen inspecciones visuales, si fuese necesario”.

La ministra Plaza explicó a CIPER los primeros pasos de la investigación: “(Debemos) hacer concordar los relatos que nos hicieron llegar con (…) las declaraciones de los testigos empadronados (por la PDI), más las fotografías del lugar. Porque a lo mejor nos dicen que era un sitio que solamente se usaba, por ejemplo, como extracción de áridos, pero las fotografías de la época demuestran que no había ni extracción de áridos ni nada, que había terrenos agrícolas (…). Entonces, tenemos que hacer una reconstrucción histórica para ver qué es lo que había”.

Por ahora, la ministra ha solicitado diligencias a la Brigada Investigadora de Derechos Humanos y a la Brigada de Inteligencia Policial, ambas de la PDI. El trabajo en terreno de estos equipos generará un informe con los resultados de las entrevistas policiales que se hicieron a los vecinos. A partir de ese material, la ministra decidirá la nómina de personas a las que tomará declaración judicial.

Ximena Guajardo, parte del grupo de residentes que entregó los relatos al programa del Ministerio de Justicia, señaló a CIPER que ya vieron a personal de la PDI en el barrio: “Estuvieron haciendo el rastreo de la información con los vecinos”. También señaló que no han tenido reuniones con Inmobiliaria Departamental ni con la familia de la empresaria Gladys González, dueña de la exdiscoteca Luxor y de las parrilladas Donde la Cuca. La familia González adquirió -a partir de 1997- distintos paños que componen el terreno. En 2019 vendió una parte a la inmobiliaria.

CIPER intentó contactar a Gladys González o a representantes de sus negocios, pero un sobrino que trabaja con ella indicó que no darían declaraciones.

En la Municipalidad de Macul, en tanto, indicaron que las denuncias de derechos humanos son “un tema sensible para la administración”. En este caso en particular, dijeron, “el municipio ha manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de cooperar con los vecinos y las investigaciones que se lleven a cabo. Se está a la espera de lo que resuelva la justicia al respecto”.

UN PROYECTO DE 2.478 DEPARTAMENTOS

Inmobiliaria Departamental tiene la intención de construir 2.478 departamentos, distribuidos en nueve edificios, los que se levantarán en los predios que en 2019 le fueron vendidos por la familia de la empresaria Gladys González y otros privados, en una operación que superó los US$56 millones, según quedó registrado en el Conservador de Bienes Raíces.

Algunos residentes, como Ricardo Rojas, rechazan la iniciativa porque se produciría un aumento drástico de habitantes en el sector: “No tenemos colegios donde llevar a nuestros niños, no tenemos Cesfam de primera necesidad, no tenemos calles para todos los vehículos. A casas de más de 60 años de antigüedad no les va a llegar el sol”.

El gerente técnico de la inmobiliaria, Carlos Reyes, indicó que “estamos tramitando la Resolución de Calificación Ambiental de Edificación y, en el marco de esta, ha existido un proceso de PAC (Participación Ciudadana) para atender las consultas ciudadanas”. La inmobiliaria ya tiene una resolución favorable del Servicio de Evaluación Ambiental para recuperar el terreno que antes se utilizaba como “botadero de residuos sólidos”.

En julio de 2018, el programa de TVN Informe Especial emitió un reportaje sobre las inversiones de Gladys González. Ahí se expuso la adquisición, hecha a partir de 1997, de los terrenos en Macul. En ese tiempo el uso de suelo permitido era “deportivo y recreacional”. Cinco años después, en 2002, una modificación permitió el uso residencial y de equipamiento mixto, lo que elevó el valor de los predios. Posteriormente, en 2004, se promulgó el primer Plan Regulador Comunal (PRC) de Macul, el que mantuvo esas condiciones.

A partir de 2016, indicaron en el municipio, la actual administración “ha realizado dos modificaciones al plan regulador con el objetivo de proteger los barrios, disminuyendo las alturas y densidades, excepto en esa zona, donde las comunidades se manifestaron a favor de continuar el PRC existente en ese momento, lo que quedó demostrado en un censo de participación ciudadana realizado por el municipio”.

por Nicolás Massai D

Hace dos semanas, el Plan Nacional de Búsqueda envió este documento a la magistrada Paola Plaza, quien investiga este caso desde 2022. La presunción se basa en testimonios de policías en retiro, testigos civiles y antecedentes de otras causas judiciales ya concluidas. Según este reporte, las víctimas habrían sido enterradas entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en un terreno que entonces pertenecía a la Municipalidad de Ñuñoa, el que era utilizado como vertedero. Entre las personas que podrían estar en esa zona figuran tres miembros del GAP, un militante comunista, tres ciudadanos uruguayos, un brasileño, un niño de 11 años y otras víctimas sin filiación política. El texto incluye una propuesta técnica de excavación, que debiera ser ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los cuerpos de hasta 30 detenidos desaparecidos podrían estar en un sitio eriazo ubicado en Departamental con Macul, el que antes operaba como un vertedero, según advierte un informe de 33 páginas elaborado por el Plan Nacional de Búsqueda (PNB). El escrito fue entregado a fines de febrero a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien investiga los hechos desde 2022.

El reporte consideró testimonios de carabineros en retiro y de civiles, registros del Servicio Médico Legal e imágenes aéreas de la zona tomadas por la FACH en las décadas de 1960, 1970 y 1980, además de investigaciones judiciales ya concluidas, entre otros antecedentes revisados por CIPER.

Para confeccionar el listado de posibles víctimas inhumadas en este terreno, el Plan Nacional de Búsqueda sólo consideró casos de personas detenidas entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en la Región Metropolitana y de las cuales no hay ningún antecedente judicial de su destino final.

El informe concluye que los antecedentes recopilados son “múltiples, convergentes y consistentes”, por lo que permiten comprobar “la ocurrencia de acciones represivas protagonizadas por funcionarios de Carabineros de Chile y el Ejército de Chile al interior del vertedero con posterioridad al golpe militar”, así como “la existencia de maquinaria en el vertedero, capaz de remover material, utilizado para inhumar ilegalmente un gran número de cadáveres”.

Uno de los relatos clave que apoya la tesis de este informe es el de Marcelo Bustamante, quien señaló ante la Justicia que entre octubre y noviembre de 1973 vio como comenzaron a llegar al vertedero “varios camiones militares junto a su personal uniformado, quienes con posterioridad comenzaron a descargar una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo”, dijo.

Los antecedentes que él aportó no son los únicos. El informe del PNB recuerda que “tanto la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (en adelante “CNVR”) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (en adelante “CNR”) recibieron denuncias a comienzos de los años 90 sobre el uso del sector como un sitio de abandono de cadáveres”.

“En 1995 -detalla el reporte- el equipo de Destino Final de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (…) recibió el testimonio de Fernando Morales, quien indicó que uno de sus trabajadores, que vivía frente al exvertedero de Macul al momento del Golpe de Estado de 1973, le habría confesado que había visto cuerpos que eran arrojados por camiones”.

Aunque hoy es un sitio eriazo en la mitad de una zona urbana, este terreno era en la década de 1970 un vertedero emplazado en una zona semi rural, con presencia de parcelaciones, casas y campamentos como Lomas de Macul, Unidad Popular (hoy Población Los Copihues) y Nueva La Habana (hoy población Nuevo Amanecer), donde residían algunos de los testigos de la causa. Frente a este sitio, por el lado sur de Departamental, estaba la fábrica textil Cotesa, en un predio donde hoy funciona la Clínica Bupa (vea el reportaje: Justicia investiga denuncias de ejecución y entierro de víctimas de la dictadura en el terreno donde funcionó la discoteca Luxor).

LOS TESTIMONIOS

En el expediente de la causa, aparecen testimonios de 11 personas que vivían en los costados del vertedero entre 1973 y 1974, quienes coinciden en señalar que presenciaron de forma directa inhumaciones ilegales cometidas por militares y policías.

Por ejemplo, José Obreque señaló ante la justicia que él se encontró con cadáveres al caminar con amigos desde su casa al colegio, pasando por Departamental y Macul. “(Vimos) que dos o tres militares tomaban todos los cuerpos que estaban botados en dichas avenidas y los subían al interior de un camión militar, el que posteriormente ingresó al vertedero”.

Una versión aún más gráfica es la que entregó Víctor Flores, quien tenía 16 años en la época de los hechos. “Unos doce a quince cuerpos se encontraban al interior del vertedero de Macul (…) los cuerpos que más recuerdo son tres y correspondía a dos hombres y una adolescente que era de mi edad aproximadamente y a quienes pude ver a una distancia de un metro”. 

Por su parte, Marcelo Bustamante, quien siempre ha vivido en el sector de Lomas de Macul, señaló a la Justicia que, entre octubre y noviembre de 1973, fue a jugar con un amigo al vertedero. “Vimos que comenzaron a llegar varios camiones militares junto a su personal uniformado, quienes con posterioridad comenzaron a descargar una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo, quienes presentaban diversos impactos de fusil, sin mantener rastros de sangre a la vista (…). Dichos cadáveres se encontraban completamente desnudos y de esa misma forma fueron arrojados en el vertedero”, dijo.

Este último testimonio coincide también con el de Ramón Benítez, quien, en septiembre de 1973, vivía en la toma Unidad Popular, actual población Los Copihues. “Con mis amigos, (…) quienes eran mis compañeros de colegio y actualmente se encuentran fallecidos, fuimos durante un mes al vertedero a buscar comida”, recordó.

“En dos ocasiones –prosiguió– vimos que por la entrada al vertedero (…) ingresó un jeep militar con tres militares, y después un camión militar con seis militares aproximadamente, desde el cual empezaron a arrojar cuerpos desnudos al vertedero, de los cuales solo uno estaba amarrado. Si bien estaba oscuro y no había luz, nosotros pudimos ver esa situación por la luz que se proyectaba de los focos del camión. En estas dos ocasiones vimos un total de ocho cuerpos aproximadamente, los que después fueron tapados por una retroexcavadora (sic)”.

El informe del Plan Nacional de Búsqueda también cita una declaración contenida en otra investigación judicial y brindada por el cabo de Carabineros en retiro, Juan Antonio Pérez, en la causa rol N°61-2010, conocida como el caso La Bandera. 

“[A fines de 1973] llegó el capitán Héctor Osses Yáñez [condenado a 140 años de prisión por 18 asesinados cometidos en dictadura] y me preguntó por el auto que yo tenía en ese momento, que eran de color amarillo, tipo Jeep argentino, que había prestado una dependencia del Ministerio de Agricultura, conocido como ‘La Platina’, y me dijo ‘que ese vehículo era muy bueno para salir a eliminar gente, pues los vehículos de colores institucionales eran muy vistosos, que me fuera enseguida a la Subcomisaría La Granja, sacara cuatro personas de los calabozos, los eliminara y los dejara tirados por los alrededores de Avenida Departamental”, dijo.

LAS POSIBLES VÍCTIMAS DEL EXVERTEDERO 

Aunque los borradores iniciales a los que tuvo acceso CIPER listaron más nombres, el reporte final en manos de la magistrada sostiene que los cuerpos de hasta 30 personas podrían estar enterrados ilegalmente en los terrenos del otrora vertedero.

Entre ellos figuran tres miembros del GAP, un militante del Partido Comunista, tres ciudadanos uruguayos, una persona de nacionalidad brasileña, un niño de 11 años y, en su mayoría, otras víctimas sin filiación política, como obreros o comerciantes ambulantes del sector sur de la capital.

En todos estos casos, se trata de causas que fueron o que están siendo investigadas por la justicia y donde los cuerpos de las víctimas no han podido ser encontradas o no existe evidencia de dónde fueron ultimados y enterrados. También son personas que fueron detenidas, en específico, entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en la Región Metropolitana

OTROS ANTECEDENTES

El informe también subraya que en otras seis causas judiciales fueron encontradas víctimas de la dictadura en las cercanías del exvertedero. El reporte agrega que los registros del entonces Instituto Médico Legal de Santiago (hoy Servicio Médico Legal) indican que entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre de 1973, “fueron encontrados al menos dieciocho cadáveres en la vía pública en el sector”.

Según el escrito, la información disponible ya en los registros de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1990, permite además aseverar  que “la mayoría de las personas cuyos cuerpos fueron hallados en la vía pública en el sector de Avenida Departamental con Avenida Macul habían sido detenidas por Carabineros de la zona centro-sur de la capital (Santiago Centro, la Duodécima Comisaría de Carabineros de San Miguel, la Tenencia San Joaquín y la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago) así como por efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea”.

“De esta manera -concluye el reporte-  los antecedentes que se han expuesto son múltiples, convergentes y consistentes en cuanto a: i) las características del terreno y su evolución, en relación con las actividades que se realizaban en el sitio objeto de nuestro análisis, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973; ii) la ocurrencia de acciones represivas protagonizadas por funcionarios de Carabineros de Chile y el Ejército de Chile al interior del vertedero con posterioridad al golpe militar ; iii) la entrada y salida habitual de camionetas y camiones de las Fuerzas Armadas y de Orden al lugar de interés, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973; y, iv) la existencia de maquinaria en el vertedero, capaz de remover material, utilizado para inhumar ilegalmente un gran número de cadáveres”.

LA ZONA PRIORITARIA DE INTERÉS

Para el Plan Nacional de Búsqueda, no todo el predio tiene el mismo interés forense. En su análisis, “el sector con mayor priorización se encuentra a unos 100 metros en dirección norponiente de [donde funcionaba] la discoteca Luxor”, un terreno que en la actualidad es propiedad de Tanner Leasing. “Esta priorización no se limita al área señalada, sino que corresponde a una primera etapa de búsqueda planificada”, advierte el reporte.

“El área conjunta de priorización Muy Alta y Alta es de 0.75 hectáreas, abarcando profundidades que van desde los 25 metros hasta los 10 metros en el sector norte del vertedero”, precisa el documento.

CÓMO OPERABAN LAS CAJSI

En enero de este año, las agrupaciones de derechos humanos entregaron al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) un expediente técnico de 127 páginas, solicitando que el exvertedero sea declarado monumento nacional, un paso esencial para convertirlo luego en un sitio de memoria como el Parque de la Paz Villa Grimaldi.

Este documento, elaborado por el académico Pablo Seguel y que aún no está en poder de la ministra Paola Plaza, detalla en especial cómo operaban las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI), el dispositivo de seguridad que posibilitó el desarrollo de la represión política en los primeros meses de la dictadura. De hecho, según este informe, la función principal de la CAJSI en la zona sur de la capital fue desarticular las redes sociales construidas por los pobladores en asentamientos como los que rodeaban el vertedero. 

Este reporte incluye también testimonios de vecinos que aseguran que el otrora vertedero fue un punto de ocultamiento de cuerpos de ejecutados, pero además considera relatos de mujeres sobrevivientes de los centros de tortura Venda Sexy y Villa Grimaldi, quienes -según ellas- fueron llevadas a un terreno baldío de Avenida Departamental, antes de ser enviadas al centro de torturas de Cuatro Álamos.

A modo de ejemplo, Zabrina Pérez señala: “Cuando me llevan entremedio de los matorrales, me sacan la venda, y uno de ellos me queda mirando a los ojos.  Se devolvió, discutió con el chofer del jeep y cuando se devuelve hacia mí, me agarra del brazo y me llevan de vuelta al jeep. Allí reconozco que es la av. Departamental. De allí, me llevaron a Cuatro Álamos, donde quedo detenida”. 

Beatriz Bataszew también asegura: “El 17 de diciembre de 1974 salimos y en un momento detienen el vehículo en un lugar descampado y nos sacan las vendas. Vi que ese lugar era Departamental, a unos cien metros de Vicuña Mackenna. Después nos llevan al campo de concentración Cuatro Álamos.”

LAS GESTIONES PREVIAS

La inhumación ilegal de personas durante la dictadura en el exvertedero de Departamental ha sido relatada y denunciada desde hace décadas por los vecinos del sector, quienes incluso publicaron un libro titulado Militantes de un sueño.

Pero, fue recién en febrero de 2022 cuando estas versiones derivaron en una investigación judicial. Ese año distintas asambleas ciudadanas de Macul se unieron para crear la “Coordinadora No al Mega Proyecto Departamental – Por la Memoria pasada, presente y futura”; una iniciativa destinada a evitar la creación de un proyecto inmobiliario de nueve edificios a construirse sobre el exvertedero. 

En una de sus primeras acciones, la coordinadora recogió y suscribió ante notario los testimonios de vecinos que aseguraban haber presenciado el fusilamiento de personas y/o el entierro de cuerpos desnudos en el vertedero de Macul. Estos relatos fueron entregados en mayo de 2022 a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. 

Ese mismo mes, miembros de la coordinadora se constituyeron como una organización con personalidad jurídica, creando la Agrupación de DD.HH. y Sitios de Memoria de Macul. El trámite era necesario para poder ingresar, en junio de 2022, una querella destinada a esclarecer lo ocurrido. 

Esta acción legal dio inicio a la investigación judicial que sustancia la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. En ese contexto, inmobiliaria Departamental, la empresa que buscaba construir los edificios en el terreno, terminó desistiendo del proyecto. 

Sin embargo, la presión de la agrupación por avanzar en una investigación no disminuyó, realizando decenas de actividades informativas y de memoria, además de sostener múltiples reuniones técnico-políticas con organismos del Estado y autoridades políticas.

La Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria de Macul elaboró actas de cada una de las actividades en que participó. Sólo en los últimos dos años, según se puede leer en esos documentos que revisó CIPER, organizaron 33 actividades de distinto tipo, orientadas a visibilizar lo ocurrido en el exvertedero. También participaron en más de una docena de reuniones, pericias y solicitudes formales a autoridades y organismos del Estado, vinculadas al avance de la investigación.

Ahora, con la elaboración del informe redactado por el Plan Nacional de Búsqueda, la decisión de iniciar la excavación queda en las manos de la ministra Paola Plaza.