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Fernando Eduardo Lauriani Maturana

Coronel de Ejercito

Agente DINA

Curso En La Escuela de las Américas en febrero de 1971

Alias: Teniente Pablito 

C.I.: 5.523.768-9

Domicilio: Manquehue Norte 444, Depto. 1803, Las Condes, Santiago

 

Fernando Lauriani Maturana, era conocido por guardias y prisioneros de Villa Grimaldi, como "teniente Pablito". Fue comandante de una agrupación operativa de la DINA. Extraditable

Teniente del Ejército, quien dirigió la Agrupación Vampiro (compuesta de seis agentes) dentro de la Brigada "Caupolicán" de la DINA. Acusado de la desaparición de los hermanos Andrónico Antequera.

Lauriani Maturana también dirigió las operaciones de traslado de presos políticos a Colonia Dignidad donde muchos de ellos fueron hechos desaparecer.

Fernando Lauriani Maturana gozaba de desprestigio entre sus subordinados. Lo caracterizaban como torpe y de escasa inteligencia, pero también de una profunda crueldad. En la Escuela Militar fue compañero de Claudio Thauby, militante socialista a quien personalmente detuvo al reconocerlo en la calle y quien hasta hoy está desaparecido. Luz Arce, agente de la DINA, cuenta que con su bayoneta le rasgó el pecho y la espalda haciendo sangrantes figuras. Era un protegido de Marcelo Morén, quien lo cambiaba de funciones de acuerdo a lo que más le acomodara. En 1991, con el grado de teniente coronel cumplía destinación en la Tercera División, en Temuco. 

En la actualidad se encuentra recluido en el Penal Punta Peuco 

Fuentes: El Siglo; Primera Línea; La Tercera; El Mostrador; La Nación; El Mercurio; The Clinic, Archivo Memoriaviva


El País, 7 de Agosto 2001

Un ex agente de la DINA revela que se hizo desaparecer a presos en 'Colonia Dignidad'

Esta declaración es el primer reconocimiento directo de un ex agente de alto nivel en cuanto a que en la colonia alemana se hizo desaparecer a prisioneros políticos

Romo, responsable de torturas y desapariciones de presos políticos durante la dictadura, también ha señalado que los dirigentes políticos izquierdistas de alto nivel no formaban parte de la "cuota de detenidos" que sufrieron ese fatal destino en el enclave alemán.

Dichas declaraciones constituyen el primer reconocimiento directo de un ex agente de alto nivel operativo de la policía secreta del régimen militar, en cuanto a que en Colonia Dignidad se hizo desaparecer a prisioneros políticos, lo que hasta ahora había sido negado sistemáticamente.

La plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los jefes de brigadas y grupos de ese organismo que han sido interrogados en decenas de procesos, sólo han admitido que hasta Colonia Dignidad se llevaron detenidos.
Romo ha dicho que la operación en Colonia Dignidad estuvo dirigida en un principio por el retirado coronel de Ejército Fernando Gómez Segovia y luego por el teniente y hoy coronel en retiro Fernando Laureani Maturana.

Gómez Segovia, ex jefe de la Brigada de Inteligencia Sur de la DINA, es investigado por el juez Juan Guzmán (que instruye más de 270 querellas contra Pinochet) por la desaparición desde Colonia Dignidad del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alvaro Vallejos Villagrán.

El coronel en retiro aunque negó ante Guzmán haber conducido prisioneros hasta la colonia admitió haber mantenido estrechas relaciones con el prófugo Paul Schaeffer, líder del enclave y acusado de abusos sexuales a menores de edad.

La misteriosa Colonia Dignidad se instaló en 1961 como sociedad benefactora y en ella viven alrededor de 200 ciudadanos alemanes.

La también llamada Villa Baviera, cuya personalidad jurídica fue cancelada en 1991, se ha visto involucrada desde 1968 en varios escándalos, fraudes aduaneros, fugas y ha sido reiteradamente acusada de haber sido un centro de torturas de opositores al régimen militar.

Antiguo dirigente socialista

Con sus declaraciones Romo ha confirmado que los alemanes de Colonia Dignidad fueron colaboradores activos en las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El ex agente (quien además ha entregado una detallada información acerca de la estructura operativa de la DINA) hizo y firmó sus extensas declaraciones el 14 de junio pasado ante el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard.

El juez instruye la investigación por un exhorto enviado a la justicia chilena por el magistrado francés Roger Le Loire por la desaparición en Chile y Argentina de cinco ciudadanos de nacionalidad francesa durante la llamada Operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur en las décadas del 70 y 80 para exterminar a los opositores.

Específicamente Romo ha declarado respecto de la desaparición en Santiago del miembro del MIR Alfonso Chanfreau, cuyo traslado a Colonia Dignidad descartó por su calidad de dirigente.

Romo Mena, que fue dirigente y militante de una fracción socialista antes del golpe de Estado, fue reclutado como agente de la DINA tras ser capturado por el organismo y está vinculado a un centenar de desapariciones y crímenes atribuidos a la policía política.

El 29 de julio de 1992 Osvaldo Romo fue localizado con identidad falsa en Brasil, y tras ser detenido fue deportado a Chile el 16 de noviembre de ese mismo año.

El ex agente llegó a tener pendientes ocho procesos judiciales en los tribunales chilenos por violaciones a los derechos humanos, pero seis de ellos ya han sido sobreseídos y el 6 de octubre pasado fue dejado en libertad por decisión de la Fiscalía Militar.

En la actualidad se encuentra procesado por el juez Juan Guzmán, junto a la cúpula de la DINA, en el juicio por 12 desapariciones en Villa Grimaldi, el peor centro de torturas y reclusión del régimen militar.


Primera Línea, 21 de Junio 2002

Corte de Apelaciones rebaja procesamiento de ex agente DINA

De presunto autor del secuestro calificado a encubridor fue rebajado el procesamiento contra el ex oficial de Ejército Fernando Lauriani Maturana, en el caso de la desaparición del mirista Miguel Angel Sandoval Rodríguez, en 1975.

La decisión de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modifició el anterior dictamen de la jueza con dedicación exclusiva, María Inés Collin.

Sandoval Rodríguez, casado, sastre, militante del MIR, fue detenido el 7 de enero de 1975 por agentes de seguridad, en la vía pública. Pasó por Villa Grimaldi, centro de detención donde cumplía funciones Lauriani, conocido por guardias y prisioneros como "teniente Pablito".

El oficial (R) dirigió la Agrupación Vampiro, dentro de la Brigada Caupolicán de la DINA. Además del caso de Sandoval Rodríguez, está acusado por la desaparición de los hermanos Andrónico Antequera, según el portal memoriaviva.com


El Mostrador, 15 de Mayo 2003

Justicia chilena procesa por primera vez en Caso Llidó

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó.

El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón.

Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.

Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes.

El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.


La Nación, 04 Agosto 2003 -

Amnistía y prescripción en los alegatos por la primera condena contra la ex DINA

Es como si todo hubiese quedado a la espera de que en los próximos días el gobierno dé a conocer su propuesta en materia de violaciones de los derechos humanos. Incluso en esa senda parece anotarse el excesivo retraso de la vista de la apelación por la primera sentencia del país que condenó a altas penas de prisión a parte de la cúpula de la ex DINA.

Su debate en una sala de Corte de Apelaciones de Santiago podrá ser tan decidor, como resolver el corazón mismo de la discusión de fondo en este asunto trascendente: la aplicación o no de la ley de amnistía y la prescripción del delito.

La materialización de tal discusión debiera repletar los asientos de la corte cuando ella finalmente se verifique. Será en ese momento cuando, por fin, se llegará al instante en que, por primera vez en la historia de los procesos instruidos por la pasada represión militar, se conocerá una posición oficial de una corte acerca de la resistida ley de amnistía y la figura de la prescripción del delito, tan alegada por las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la inmensa mayoría de civiles que sustentaron la pasada dictadura militar.

De acuerdo a los abogados querellantes y defensores en las causas, ése es el centro del conflicto jurídico en materia de derechos humanos. El resto pertenece a otras esferas de la discusión.

Será en ese momento, entendiendo que luego le tocará decir su palabra a la Sala Penal de la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, cuando se sabrá cuánto quedarán conformes o decepcionados los familiares de las víctimas, las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente el Ejército, el gobierno, y todos quienes tienen intereses y/o opinión en esta cuestión.

Esa es, ni más ni menos, la relevancia de esa audiencia que continúa postergándose, sin apreciarse muy claramente por qué el retraso, entendiendo que “hay reos presos”, como se nombra en la jerga de tribunales. Ello apura normalmente la vista de estas apelaciones.

En este proceso, el 14 de abril de 2003 el ministro Alejandro Solís condenó a 15 años de presidio al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda; a 15 años de la misma pena al ex jefe de varios recintos clandestinos de la DINA, coronel (R) Marcelo Moren Brito; y a 10 años de presidio al también ex jefe de algunos de estos centros de tortura y exterminio, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, quien no hace mucho se atribuyó públicamente el cartel de “analista” y “entrevistador” de la ex DINA.

Todos fueron sentenciados por el juez Solís como autores del secuestro calificado y desaparición del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval Rodríguez.

También fueron sentenciados a 5 años de presidio en calidad de cómplices del mismo delito los ex agentes de la DINA, brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana, conocido como el “teniente Pablito” y uno de los más crueles represores de la ex DINA, y el teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy García, alias “El cachete chico”.

Será respecto de estas “estrellas” de la ex DINA, donde se producirán los relevantes alegatos acerca de la amnistía y la prescripción del delito que están por venir.

En su sentencia condenatoria el ministro Alejandro Solís rechazó aplicar la amnistía y la prescripción del delito a favor de los ex agentes, esgrimiendo el argumento que hasta ahora aparece como insalvable en contra de los militares: que mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, el secuestro es un ilícito de carácter permanente que se sigue cometiendo cada día, y por tanto excede ampliamente el período cubierto por la ley de amnistía que se extiende hasta el 10 de marzo de 1978.


La Nación, 28 de enero 2005

Juez Solís ordena detención de Manuel Contreras
En su casa, en un condominio militar de La Reina, se encuentra el general en retiro y ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Manuel Contreras, a pesar de que a las ocho de la mañana debía presentarse en el Palacio de Tribunales, para notificarse de su condena a 12 de cárcel por el secuestro del mirista desaparecido Miguel Angel Sandoval Rodríguez. Hasta el recinto "Club de Campo Norte", ubicado en el número 316 de la calle Alvaro Casanova, llegaron, cerca de las nueve de la mañana, seis vehículos de la Policía Civil que esperan el arribo de oficiales de esa institución con la orden de detención del ex jefe de la policía política de la primera etapa de de la dictadura. A las diez con 25 minutos arribaron al lugar otros tres automóviles con efectivos civiles.

El acceso principal al condominio del sector alto de Santiago está restringido por personal de Carabineros quienes sólo han permitido el ingreso a los equipos policiales y a familiares del retirado general. El hecho se asemeja a la situación de 1995, cuando Contreras atrincheró en un fundo de la Décima Región ante la notificación de su condena por el crimen del ex canciller Orlando Leterier. Sus colaboradores ya van a la cárcel A las 8 de la mañana, y tal como estaba señalado, habían llegado hasta la sede de justicia los otros cuatro condenados en la histórica sentencia, dictada por el juez Alejandro Solís y luego ratificada en forma unánime por la Segunda Sala en lo Penal de la Corte Suprema, que desplazó a la ley de amnistía al considerar el secuestro como un delito permanente. Además de Contreras, comienzan a cumplir hoy su pena, el ex jefe del Grupo Halcón de la DINA, brigadier (r) Miguel Krassnoff, 10 años de cárcel; el ex jefe de Villa Grimaldi, brigadiero (r) Marcelo Moren Brito (11 años); el ex jefe del Grupo Vampiro, coronel (r) Fernando Laureani (5 años); y el ex agente Gerardo Godoy (5 años).

Fuertemente custodiados por gendarmes y protegidos por un cerco de Carabineros que mantenía a distancia a casi 200 familiares de víctimas de la dictadura, que gritaban en contra de los ex agentes, Krassnoff, Moren Brito y Laureani, fueron subidos a dos vehículos de Gendarmería para ser trasladados hasta el penal "Cordillera", en la comuna de Peñalolén; mientras que Godoy, el único Carabinero de la lista, fue llevado, en otro carro celular, al penal de Punta Peuco al norte de la capital. La Segunda Sala en lo Penal, en un dictamen considerado histórico al sentar jurisprudencia en la tramitación de causas referidas a violaciones a los derechos humanos, mantuvo en noviembre del año pasado la sentencia del juez Solís y de la
Corte de Apelaciones, en que se acusó a los cinco del crimen de Sandoval Rodríguez. El Decreto Ley de Amnistía de 1978, que fue dictado bajo el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), plantea la exoneración de responsabilidades penales de todos aquellos agentes del Estado involucrados en atropellos a las garantías constitucionales perpetradas entre el 11 de septiembre de 1973 yel 11 marzo de 1978.

UN SASTRE DEL MIR
Miguel Angel Sandoval Rodríguez, un sastre de 26 años y que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 7 de enero de 1975 en Santiago. Sus familiares informaron que el afectado salió de su casa al mediodía y que les señaló que regresaría a las tres de la tarde. Sin embargo nunca volvió. Según testimonios de personas que estuvieron detenidas en Villa Grimaldi, fue visto por última vez en este lugar de reclusión secreto en muy malas condiciones.Quince días después de su detención, a las 02:30 de la madrugada, civiles armados allanaron su casa, llevándose documentación.  Luego, Sandoval apareció en la lista de 60 chilenos que habrían muerto en diversos países que fue publicada por la revista argentina Lea en julio de 1975. Este medio no tuvo más ediciones y en ella no se identificaron redactores ni editores. Teolinda Sandoval, hermana del desaparecido, el 18 de febrero de 1975 presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones, solicitando que se oficiara a los ministerios del Interior, Defensa y a la DINA para que informen sobre la detención de Miguel Angel Sandoval. La petición nunca tuvo respuesta. El coronel de Ejército Hernán Ramírez, por orden de la jefatura de zona en estado de sitio, respondió que a “esta persona no se le instruye causa en el II Juzgado Militar ni se encuentra detenida”. Raúl Flores Castillo, detenido también el 7 de enero de 1975 y que estuvo 14 días en Villa Grimaldi, relató que entre el día 10 u 11 de enero llevan a mi celda a Miguel Angel Sandoval Rodríguez, actualmente desaparecido. Estaba mal físicamente, lo habían golpeado mucho. Me decía que ojalá pudiéramos salir pronto de esto”.


www.24horas.cl, 28 de Enero 2005

Encarcelan a Cupula de la DINA

En un día considerado histórico la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) comenzó a cumplir condena de presidio por el secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Ángel Sandoval, hecho ocurrido en 1975.

La jornada estuvo marcada por la resistencia del ex director del organismo de represión del régimen militar, el general (r) Manuel Contreras, quien se negó a ser notificado de su condena y retrasó en tres horas su traslado al Penal Cordillera de Peñalolén, la segunda cárcel especial para militares después de Punta Peuco.

24 Horas de TVN captó en exclusiva el momento en que Contreras opone resistencia a su arresto por parte de personal de la Policía de Investigaciones en su casa de Peñalolén. En medio del forcejeo, el oficial retirado intentó defenderse con su arma de fuego según consta en un parte de la policía civil.

Finalmente, Contreras ingresó al recinto penitenciario en horas de la tarde, hasta donde habían sido trasladados momentos antes otros tres condenados por este delito.

La cúpula de la DINA condenada por la desaparición de Sandoval son el general (r) de Ejército Manuel Contreras, condenado a 12 años y un día; el brigadier (r) Miguel Krassnoff, condenado a 10 años y un día; el coronel (r) Marcelo Moren Brito, condenado a 11 años y un día; el brigadier (r) Fernando Laureani, condenado a 5 años y un día; y el coronel (r) de Carabineros, Gerardo Godoy, condenado a 5 años y un día (encarcelado en Punta Peuco).


La Nación, 21 de Junio 2005

Procesan por torturas a plana mayor de la DINA

Como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, el mayor (R) Miguel Krassnoff, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima.

A todos ellos Solís los responsabilizó de haber torturado a una veintena de presos políticos que estuvieron ilegalmente detenidos en Villa Grimaldi, -cárcel clandestina emplazada en la comuna de Peñalolén, de la que desaparecieron unos 400 presos políticos- durante los años 1974 y 1975.

En el auto de procesamiento, de 50 páginas, se señala que en ese lugar “operaba un grupo de agentes de la DINA (que) aplicaban tormentos (para) recabar información sobre el paradero de otros opositores” a Pinochet.

La mayoría de los procesados actualmente están recluidos en el penal Cordillera, instalado al interior de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, donde cumplen sentencia por otros casos de violaciones de los derechos humanos


La Nación, 1 de Marzo 2006

Ministro Solís procesó a 12 ex agentes de la DINA

El ministro de fuero Alejandro Solís procesó por los delitos de secuestro y homicidio a 12 ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), incluido su ex jefe, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda. Los encausamientos fueron dictados por el secuestro y desaparición de ocho personas y la ejecución de otras seis, cuyos cuerpos fueron posteriormente entregados a sus familiares o abandonados en la vía pública.

Además de Contreras, los otros procesados son el ex segundo jefe de la DINA, Pedro Espinoza; el ex jefe de grupos operativos de ese organismo, Miguel Krassnoff; el ex jefe de algunos recintos de la DINA, oficial (R) de Carabineros, Ciro Torré; el ex jefe del departamento exterior de DINA, Christoph Willikie; el ex agente de la DINA y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Francisco Ferrer; el ex jefe del recinto de Villa Grimaldi y ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, Marcelo Moren Brito; el ex integrante del grupo Halcón de la DINA, Basclay Zapata; el ex jefe del grupo Vampiro de la DINA, Fernando Lauriani; el ex agente civil Osvaldo Romo; el ex jefe del recinto de Cuatro Álamos y oficial (R) de Gendarmería, Orlando Manzo Durán, y el oficial (R) de Carabineros e integrante de grupos operativos de la DINA, Gerardo Godoy.

Los ex agentes fueron procesados por la responsabilidad que les cabe en el destino final de las siguientes víctimas: Sergio Pérez Molina, Iván Olivares Coronel, Jaime Ossa Galdames, Gustavo Ramírez Calderón, Julio Flores Pérez, Herbit Ríos Soto, Iván Monti Cordero, y Sergio Lagos Marín, todos ellos fueron secuestrados y hechos desaparecer, sin que hasta ahora se sepa que ocurrió exactamente con sus cuerpos.

Embajada de Italia

Además, los encausamientos fueron dictados por los homicidios calificados de Lumi Videla Moya, Pedro Labra Saure, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Ganga Torres.

La situación represiva sufrida por Lumi Videla, militante del MIR, fue conocida por la opinión pública porque el 4 de octubre de 1974 su cadáver fue arrojado por sobre la pared al interior de la Embajada de Italia. Aunque la prensa de la época atribuyó la muerte a rivalidades entre los asilados en el recinto diplomático, la verdad es que Lumi Videla había muerto el día anterior por efecto de las torturas a que fue sometida en la cárcel clandestina de la calle José Domingo Cañas en Ñuñoa.

Asimismo Alberto y Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Luis Ganga, fueron hechos aparecer como muertos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad supuestamente ocurrido en Rinconada de Maipú al mediodía del 19 de noviembre de 1975. Pero la investigación judicial de los últimos años estableció que fueron asesinados por agentes de la DINA, y sus cuerpos trasladados al lugar donde fueron encontrados.

El ex agente de la DINA Amador Fuentes Salas, de chapa “Hernán Galleguillos” entrevistado por La Nación en 2003, declaró que estas personas fueron sacadas ya muertos desde Villa Grimaldi, y que el falso enfrentamiento fue grabado en exclusiva para Televisión Nacional por el periodista Julio López Blanco.

La resolución del ministro Alejandro Solís deberá ser ahora revisada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que las respectivas defensas de los ex agentes apelen de los encausamientos.

Varios de los procesados, entre ellos Contreras, Moren, Krassnoff y Ferrer, se encuentran ya cumpliendo condenas de presidio por su responsabilidad en la muerte o desaparición de otras víctimas. 


El Mostrador, 2 de Diciembre 2006

Por caso de dos detenidos desaparecidos Solís condena a cúpula DINA tras interrogar a ex ministros de Pinochet

De manera reservada, el ministro Alejandro Solís interrogó a una serie de otrora integrantes del gabinete de la dictadura, en el marco de una diligencia solicitada por el propio Manuel Contreras, ex jefe del desaparecido organismo represivo. Tras las diligencias, el magistrado estimó que sus dichos ''no alteran los razonamientos anteriores'', y le aplicó la décima condena por violaciones a los derechos humanos.

Pese a que el ministro Alejandro Solís acogió la petición interpuesta por la defensa del ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras, referida a que las ex autoridades civiles del régimen de Augusto Pinochet avalaron que las detenciones realizadas por el disuelto organismo eran legales, el magistrado decidió finalmente mantener la tipificación de secuestro calificado y dictar una nueva condena en su contra.

Los abogados Fidel Reyes y Javier Gómez, quienes representan al ex uniformado, pretendían -mediante estos testimonios- lograr establecer que los militantes del MIR Eugenio Montti y Carmen Díaz, al igual que los otros detenidos desaparecidos, ya no se encuentran secuestrados y que sus aprehensiones fueron legales, en virtud de los decretos exentos firmados por las autoridades administrativas.

La decisión del juez Solís, en cuanto a tomar estas declaraciones en la fase probatoria de estos casos, había sido interpretada como un "triunfo" por parte de la defensa del militar en retiro, ya que hace un año atrás habían solicitado que se realizarán estas indagatorias, lo cual fue rechazado por este magistrado, así como también por los ministros Juan Eduardo Fuentes y Joaquín Billard, quienes también sustancian investigaciones en contra del organismo encabezado por Contreras.

No obstante, Solís no varió su apreciación de los hechos e igualmente dictó la décima condena por violaciones a los derechos humanos en contra del ex jefe de la DINA, como autor del secuestro calificado en contra de estos dos opositores a la dictadura, sancionándolo con 15 años y un día de presidio.

En tanto, también en calidad de autores, condenó a los ex agentes Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth, por ambos casos, mientras que a Osvaldo Romo le aplicó una sanción de cinco años y un día por el secuestro calificado de Montti.

Asimismo, Solís castigó con cinco años y un día a Miguel Krasnoff y Basclay Zapata, en calidad de cómplices, mientras que a Fernando Laureani y Gerardo Godoy los absolvió por falta de participación en los hechos.

Eugenio Iván Montti Cordero egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica del Estado y militante del MIR, fue detenido por agentes de la DINA el

13 de febrero de 1975, junto a su hijo Iván Montti Araya, de 5 años, y Carmen Díaz Darricarrere, en el domicilio ubicado en Los Illanes Nº95, Las Condes. (Fuente: memoriaviva.com).

Según los antecedentes recopilados en el proceso judicial, los dos adultos estuvieron detenidos en el recinto de detención clandestino Villa Grimaldi, lugar desde el cual se perdió su rastro.

Declaraciones de ex autoridades

Durante el pasado mes de noviembre, declararon ante Solís los ex jefes de gabinete de Pinochet Ricardo García, Sergio Fernández y Sergio Onofre Jarpa, el general (r) César Benavides y Carlos Cáceres. Asimismo, declaró el otrora subsecretario del Interior general (r) Enrique Montero Marx.

También fueron interrogados los ex directores de la desaparecida CNI, generales (r) Odlanier Mena, Gustavo Abarzúa y Hugo Salas Wenzel, además del ex agente del Comando Conjunto Otto Trujillo.

Detenciones y muertes

Como se explicó a este medio, los objetivos que buscó la defensa de Contreras apuntaron a establecer que las detenciones llevadas a cabo por la ex DINA eran legales en la medida que existió un decreto ley que proscribió a los partidos políticos y las actividades proselitistas tras el golpe militar de 1973.

En esa medida, los abogados del ex uniformado -quien actualmente cumple dos condenas a firme: de 12 años y un día por el secuestro calificado del sastre Miguel Ángel Sandoval y otra de 10 años y un día por el caso de la estudiante de periodismo Diana Arón- buscaban establecer que las aprehensiones realizadas por el ex organismo de seguridad fueron lícitas.

Por otra parte, también persiguieron acreditar mediante estos testimonios que en Chile no existió un estado de guerra, con lo cual impugnarían la aplicación de la Convención de Viena sobre crímenes de lesa humanidad, como también que no habría existido una política institucional para ordenar secuestros de personas.

Otro de los fines a que apuntó esta estrategia fue acreditar que las víctimas no se encuentran apresadas hasta ahora, con el fin de desvirtuar la aplicación de la figura de secuestro permanente, logrando imponer el delito de homicidio calificado, el cual a su juicio estaría prescrito en virtud de la legislación penal chilena.

De hecho, al igual que en estos dos casos, la defensa del "Mamo" pedirá que en todos los casos en que está involucrado su cliente (alrededor de 150) se incluyan estos testimonios. Así también, por medio de ellos interpondrán recursos de revisión ante la Corte Suprema para intentar modificar las condenas "a firme" que existen en contra del ex uniformado.

Párrafos escogidos

- Ricardo García, ex ministro del Interior (1985-1987): "Aquellas detenciones asociadas a los estados de excepción, que eran efectuadas con decreto exentos y que se ajustaban a las normas constitucionales y legales vigentes, debe concluirse que no adolecían de ilicitud".

"En cuanto al arresto transitorio de personas, podían ejercerse mediante Decreto Supremo exento de toma de razón, firmado por el Ministro del Interior “por Orden del Presidente de la República”. Las situaciones de detención en estados de excepción, así como por decreto exento en la forma expresada, según mis recuerdos, eran planteadas por Investigaciones".

"Nunca tuve conocimiento que existiera una política institucional que contemplara secuestros. Tampoco tuve conocimiento de que la hubiera habido antes de mi ingreso a mi Secretaría de Estado".

- Sergio Fernández, ex ministro del Interior (abril de 1978 a abril de 1982 - julio de 1987 a octubre de 1988": "Durante los períodos que ejercí como Ministro del Interior, no había estado de sitio en el país, y conforme a la legislación vigente a la época las órdenes de arresto debían ser firmadas por el Ministro del Interior, bajo la fórmula por Orden del Presidente de la República".

"La CNI se vinculaba con el Gobierno para efectos administrativos a través del Ministerio del Interior. Este Ministerio no tenía ni tuición ni mando respecto de dicha Central, ni tampoco conocía ni se le informaba de sus operaciones.

Tampoco intervenía en el nombramiento de su personal. Era un ente militar autónomo y especializado".

- Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior (1983 - 1985): "En mi época como Ministro del Interior nunca hubo secuestrados".

- Enrique Montero Marx, ex subsecretario del Interior (septiembre de 1973 hasta abril de 1982): "El Ministro del Interior, en relación con las detenciones que se practicaban en virtud del estado de sitio, se limitaba exclusivamente a dictar un decreto exento que las autorizaba, señalando el nombre completo del detenido, el lugar donde permanecía y la constancia que quedaba sujeto a vigilancia y control del Jefe de la respectiva Guarnición Militar o de la autoridad de las Fuerzas Armadas o de Carabineros en que delegaren esa facultad".

- Odlanier Mena, ex director de la CNI: "No se recibieron como personas secuestradas de la DINA, a las presuntas víctimas de estos autos, Iván Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Darricarrere".

"Durante el desempeño de mi cargo como Director de la CNI no hubo personas secuestradas en las instalaciones de este organismo, en consecuencia no se dispuso la liberación de ellos".

- Otto Trujillo, ex agente del Comando Conjunto: "Sólo en dos oportunidades, en allanamientos que se hicieron en los cuales yo participé, el Oficial coordinador, ya sea (Roberto) Fuentes Morrison o (Edgard) Ceballos, ingresaban a las casas y se hacían pasar por DINA, finales de 1975".

"Me acuerdo que ocurrió en dos oportunidades una en La Granja, después que se completa el allanamiento se llamó a Marcelo Moren Brito, en ese lugar se encontró un barretín, con armamento, creo que eran metralletas AKA. Moren llegó en un auto Ford, color salmón, ellos siguieron buscando y encontraron otro barretín más grande aún. Y el segundo fue en la población Los Cóndores de Plata, en este caso también se identificaron como agentes de la DINA".


La Nación, 20 de Diciembre 2006

Derechos humanos: Juez condena a Contreras a 10 años de cárcel

El ministro Juan Eduardo Fuentes dictó ayer una nueva condena contra el general (r) Manuel Contreras, como autor del secuestro calificado de los militantes del MIR Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, detenidos en Santiago el 2 de octubre de 1974.

Por el mismo delito, el juez dictó igual pena contra el ex agente civil de la DINA Osvaldo Romo; y condenó a cuatro años sin beneficios a los ex oficiales Francisco Ferrer Lima, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani.

El único ex DINA que obtuvo la libertad vigilada fue Orlando Manzo, quien recibió una pena de 3 años como cómplice.

En tanto, en un fallo dividido la Sexta Sala de la Corte condenó a nueve ex miembros del Comando Conjunto por "asociación ilícita genocida", por haberse organizado para perseguir y exterminar a personas que pudieren "sustentar ideología marxista", a quienes recluyeron en la Academia de Guerra Aérea.

El tribunal procesó, además, a tres miembros del organismo en calidad de coautores del delito de ilegítima privación de libertad del dirigente de la CUT, José Luis Baeza Cruces.


El Mostrador, 30 de Marzo 2007

Juez condena hasta quince años de cárcel a cúpula de la ex DINA

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó una nueva condena de hasta quince años y un día contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro calificado de Herbit Guillermo Ríos Soto, registrado el 3 enero de 1975.

Las máximas sentencias dictadas por el magistrado recayeron en contra del general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, otrora director del organismo represivo, y el brigadier retirado Miguel Krassnoff Martchenko.

En tanto, a diez años y un día de prisión fueron condenados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, el teniente (R) Fernando Lauriani Maturana, el coronel (R) Marcelo Morén Brito, el mayor (R) Rolf Wenderoth Pozo, el suboficial (R) Basclay Zapata Reyes, y el agente civil Osvaldo Romo Mena.

Solís también condenó a cinco años de cárcel al teniente coronel retirado Francisco Maximiliano Ferrer Lima, y absolvió al carabinero en retiro Orlando Manzo Durán.

Ríos Soto, estudiante de pedagogía en Historia y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 3 de enero de 1975 en el domicilio de un compañero, tras lo cual fue trasladado al centro de detención de Villa Grimaldi.

La Nación, 27 de mayo de 2008 

Juez Montiglio procesó a 98 ex agentes por víctimas de la Operación Colombo - El golpe más grande a la represión

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub); Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub)

Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando

Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana


El Mostrador, 27 de diciembre de 2008  

Suprema dicta condena a cúpula de la DINA por secuestros calificados

La Corte Suprema dictó condena en la investigación por los secuestros calificados de Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Daricarrere, ocurridos a partir el 13 de febrero de 1975 en la Región Metropolitana.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal acogieron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 21 de enero de 2008.

El tribunal máximo sentenció al ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, a 7 años de presidio efectivo; y a Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth Pozo, a 4 años de presidio, como autores de dos secuestros calificados. Se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En tanto, Miguel Krassnoff Martchentko y Basclay Zapata Reyes fueron condenados a 541 días de presidio como cómplices de dos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Fernando Lauriani Maturana y Gerardo Godoy García fueron absueltos por falta de participación.

Asimismo, se ratificó la decisión de rechazar la demanda de indemnización de perjuicios presentados por los familiares de las víctimas en contra del Estado de Chile.

En el aspecto penal, la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal y determinar la absolución de todos los procesados.

En tanto, en el aspecto civil la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes sostienen que este tipo de delitos son imprescriptibles, tanto en el aspecto penal como en el civil, por lo que eran partidarios de conceder indemnización por el daño causado.

Con este fallo se completan 15 sentencias por este tipo de procesos dictadas por la Corte Suprema en este año, y 43 desde 2005.

Historia de su desaparción

Carmen Díaz Darricarrere y Eugenio Montti, quienes tenían 24 y 29 años, respectivamente, fueron aprehendios por agentes de la DINA a escasos metros de su domicilio junto al hijo de este último, de cinco años. Junto a otros detenidos -Alan Bruce Catalán y Sergio Vásquez Sáenz- fueron llevados ese mismo día a Villa Grimaldi, en donde fueron interrogados y sometidos a tortura.

Ambos jóvenes y los otros detenidos desaparecieron desde ese recinto clandestino la última semana de febrero de 1975, mientras que el niño, quien también fuera llevado a Villa Grimaldi, fue trasladado a un hogar de menores donde fue encontrado fortuitamente por sus familiares.


La Nación, 30 de diciembre de 2008       

Juez dicta condenas por desaparición de dos socialistas en 1974

El ministro Alejandro Solís sentenció a siete ex agentes de la DINA que secuestraron a Jaime Robotham y Claudio Thauby justo la víspera del Año Nuevo de 1975. Las pistas de los estudiantes de Sociología se pierden tras su paso por Villa Grimaldi.

Un capítulo doloroso de la reciente historia comenzó ayer a cerrarse luego que el ministro de fuero Alejandro Solís dictara sentencia por el secuestro calificado de los dos militantes del Partido Socialista Jaime Robotham y Claudio Thauby, detenidos por organismos represores durante la víspera del año nuevo de 1975.

El magistrado condenó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, a 15 años de presidio efectivo y la misma pena impuso al líder de la denominada "Brigada Vampiro", Fernando Lauriani quien -según el relato de testigos- se habría ensañado con las torturas a Thauby, ya que lo conocía de la Escuela Militar, donde el joven socialista había pasado un tiempo antes de decidirse a estudiar Sociología en la Universidad de Chile.

Este hecho habría molestado a Lauriani quien lo consideraba un traidor a las Fuerzas Armadas por sus ideales socialistas, situación que quedó plasmada en declaraciones efectuadas a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990.

Asimismo, el juez tras investigar este caso halló responsabilidad en los demás agentes represores Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Miguel Krassnoff; todos sentenciados a 10 años de cárcel y sin ningún beneficio. En tanto, el ex policía Daniel Cancino quien fue destinado a la DINA durante esos años fue condenado a 5 años y un día.

Esto último por prestar colaboración para el esclarecimiento de los hechos. El policía, en una de sus declaraciones, reconoció que integró el "Grupo Vampiro" y aclaró que Lauriani estuvo al mando del grupo que detuvo a Robotham y Thauby.

"Cuando se hizo cargo del grupo Laureani me pareció que era una persona que no tenía manejo de mando, tenía menos grado que yo en equivalencia y era tonto, por lo que me molestó mucho estar bajo sus órdenes ( ) (le decíamos) "Pablito". Se le decía así como diminutivo por lo tonto que era. No tenía ninguna preparación. Era un ignorante total en todo aspecto" declaró Cancino.

Asimismo, el ministro Solís acogió la demanda indemnizatoria presentada por las familias de las víctimas. Es así como todos los condenados deberán cancelar $250 millones a la familia de Thauby y la misma suma a la de Robotham.

Ambos jóvenes caminaban por calle Miguel Claro el 31 de diciembre de 1974, cuando agentes de la DINA los intimidaron con armas obligándolos a subirse a un automóvil para luego trasladarlos a Villa Grimaldi.

En ese lugar, Robotham durante su estadía era identificado porque su cabeza sangraba debido a que una alergia le impedía cicatrizar un golpe recibido de parte de uno de los agentes cuando quiso escapar de la detención.

En tanto, Thauby recibió una tortura tan violenta con electricidad que afectó su oído medio y su equilibrio. Una cara amoratada y su incapacidad para mantenerse de pie son las características que recuerdan ex prisioneros de Villa Grimaldi que le perdieron la pista en ese recinto.


 

La Nación, 14 de marzo de 2009   

Enésima condena contra “el Mamo”: Por las desapariciones de dos miristas

El enésimo fallo contra el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, alias “el Mamo”, dictó la Corte de Apelaciones de Santiago, esta vez por los secuestros calificados de Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, ocurridos a partir del 2 de octubre de 1974 en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

Contreras Sepúlveda, ex director de la DINA, fue condenado a 10 años y un día por las detenciones y posteriores desapariciones de Bojanic y Oyarzún, militantes del MIR. La mujer, al momento de su detención, presentaba un embarazo de cinco meses.

Otros cuatro integrantes de la ex DINA, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Lauriani Maturana y Francisco Ferrer Lima, fueron sentenciados a 4 años de presidio cada uno.


La Nación, 4 de septiembre de 2009   

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.

Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro.

También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.

Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.

De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.

Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).

A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia.

La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.

En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén

Lista de oficiales (R)

1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército)

2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros)

3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.)

4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.)

5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.)

6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.)

7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.)

8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.)

9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.)

10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.)

11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.)

12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería)

13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.)

14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.)

15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.)

16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.)

17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.)

18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.)

19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.)

20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.)

21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)


La Nación, 15 de octubre de 2009         

Penas de hasta 7 años por crimen de sacerdote Llidó

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en caso de secuestro de sacerdote Antonio Llidó Mengual, ocurrido a partir de fines de septiembre o comienzos de octubre de 1973 en Santiago.

La Tercera Sala del tribunal de alzada, conformada por los ministros Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chaimovich ratificaron el fallo de primera instancia del ministro Jorge Zepeda Arancibia, que estableció las siguientes sanciones:

Manuel Contreras Sepúlveda. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.

Marcelo Moren Brito. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.

Miguel Krassnoff Martchenko. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.

Basclay Zapata Reyes. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.

Francisco Ferrer Lima. Absuelto.

Fernando Lauriani Maturana. Absuelto.

Orlando Manzo Durán. Absuelto.

En el caso de Manzo Durán la decisión se adoptó con el voto en contra de la abogada integrante Chaimovich quien estuvo por condenar a este oficial.

En la arista civil del caso se ratificó la condena al Fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a la hermana del sacerdote Josefina Llidó Mengual


Lanacion.cl, 25 de noviembre de 2009 

Contreras suma otros 5 años de condena

Por su responsabilidad en el secuestro calificado de Sergio Alejandro Riffo Ramos, ocurrido a partir del 27 de noviembre de 1974, fue condenado el director de la desaparecido DINA, Manuel Contreras, así como el resto de la cúpula del organismo represivo de la dictadura.

En fallo de segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago fijó de manera unánime las siguientes penas:

-Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Pedro Espinoza Bravo: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Marcelo Moren Brito: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Miguel Krassnoff Martchentko: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Fernando Lauriani Maturana: absuelto por falta de participación.

En el aspecto civil del proceso los jueces Cornelio Villarroel Ramírez, Mauricio Silva Cancino y el abogado integrante Bernardo Lara Berríos estuvieron por mantener el dictamen anterior y ordenar el pago de una indemnización solidaria de 20 millones de pesos por parte de Contreras y Moren a Blanca Ramos Aranda, cónyuge de la víctima


Radio Bio Bio, 18 de Junio 2010
Corte de Apelaciones de Santiago y Concepción dictan resoluciones en causas de Derechos Humanos

Dos ministros en visita que investigan procesos por violaciones a los derechos humanos dictaron resoluciones en las causas que instruyen en las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Concepción y la de Santiago, respectivamente.
En primer lugar el ministro Carlos Aldana, del tribunal de alzada penquista, dictó condena de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Adán Valdebenito Olavarría, ocurrido a partir del 24 de septiembre de 1974 en la ciudad de Lota.
El magistrado sentenció a Manuel Contreras Sepúlveda a la pena de 541 días y a Orlando Manzo Durán a la pena de 61 días de presidio remitido por su responsabilidad como autor y cómplice del delito de secuestro calificado. En el caso de Contreras Sepúlveda se dio por cumplida por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva.
En tanto, el ministro Alejandro Solís, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Ramón Martínez González, ocurrido el 13 de enero de 1975, en Santiago.
El magistrado procesó a Manuel Contreras Sepúlveda, Mario Jahn Barrera, Marcelo Moren Brito, Fernando Lauriani Maturana y Miguel Krassnoff Martchenko por su responsabilidad como autores de delito mencionado.
Respecto de los procesados Contreras Sepúlveda, Moren Brito y Krassnoff Martchenko se ordena la prisión preventiva anexa a las condenas que cumplen. En cuanto al procesado Lauiriani Maturana se mantiene el beneficio de la libertad provisional y en cuanto al procesado Jahn Barrera se ordenó su ingreso a prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad.


El Mostrador, 31 de julio de 2010

Por desaparición de ocho opositores

Nueva condena a la cúpula de la DINA

El ex jefe de la Dina fue sentenciado a 15 años y un día de cárcel por la desaparición de ocho opositores al gobierno de Augusto Pinochet, por lo que acumula más de 200 años por diversas violaciones a los derechos humanos. Además, se suman el ex brigadier Miguel Krasnoff, y los ex coroneles del Ejército Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo y Daniel Cancino Varas, el oficial en retiro de Gendarmería Orlando Manzo Durán, el ex oficial del Ejército Rubén Fiedler Alvarado y Pedro Herrera Henríquez, el suboficial en retiro de Carabineros Pedro Alfaro Fernández y el ex teniente coronel del Ejército Fernando Lauriani Maturana.

Una nueva condena, esta vez por 15 años y un día de presidio, recibió el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, por el secuestro calificado (desaparición) de ocho opositores al régimen militar en 1975.

La sentencia ocurre a días de las polémicas declaraciones que Contreras hizo a Chilevisión, en donde dijo sentirse “orgulloso” de lo que la DINA hizo bajo su mando y negó tener las manos manchadas con sangre.

La condena fue dictada por el juez Alejandro Solís, quien también condenó a otros militares miembros del desaparecido organismo represor por el mismo delito.

A Contreras, quien acumula condenas a prisión por más de 200 años por diversas violaciones a los derechos humanos, se le suman el ex brigadier Miguel Krasnoff, y los ex coroneles del Ejército Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo y Daniel Cancino Varas, quienes fueron sentenciados a diez años y un día de prisión.

Además, se les suma a los anteriores el oficial en retiro de Gendarmería Orlando Manzo Durán, el ex oficial del Ejército Rubén Fiedler Alvarado y a Pedro Herrera Henríquez, quienes recibieron una pena de cinco años y un día de presidio.

A su vez, el suboficial en retiro de Carabineros Pedro Alfaro Fernández y el ex teniente coronel del Ejército Fernando Lauriani Maturana fueron condenados a tres años de prisión.

Los ex uniformados fueron procesados y condenados por su participación en el secuestro y desaparición de ocho opositores a la dictadura en 1975 en Valparaíso.

Según precisan los antecedentes de la sentencia, el 17 de enero de 1975 fueron detenidos en Viña del Mar la pareja conformada por Sonia Ríos Pacheco y Fabián Ibarra Córdova. Un día después se detuvo a Carlos Rioseco Espinoza y Alfredo García Vega.

En tanto, el 21 de enero de 1975 se detuvo a Horacio Carabantes Olivares en la misma ciudad; el 24 de enero, en Quilpué, a María Isabel Gutiérrez Martínez; el 25 de enero, a Abel Vilches Figueroa, también en Viña del Mar, y el 27 de enero de 1975, en Valparaíso, a Elías Villar Quijón.

Todo fueron trasladados al Regimiento Maipú y, el 28 de enero de 1975, y luego fueron trasladados a Villa Grimaldi, desde donde se les perdió el rastro.

ZonaImpacto.cl, 27 de Septiembre 2010
Escandalosa rebaja de penas a los autores del secuestro y desaparición del Padre Llidó

En libertad cumplirán sus penas los autores del secuestro calificado, homicidio y desaparición de los restos del sacerdote español Antonio Llidó, quien cumplió una fructífera misión pastoral, social y política en Quillota.
El cura valenciano, querido y recordado en esta ciudad, fue detenido y hecho desaparecer por agentes de la dictadura a fines de septiembre de 1974 en la Región Metropolitana, donde se había refugiado después del golpe militar. Hay múltiples testimonios de que se le mantuvo detenido en centros clandestinos de reclusión, donde fue cruelmente torturado hasta provocar su muerte y luego los represores hicieron desaparecer su cadáver.
En septiembre de 2008, el ministro en visita Jorge Zepeda determinó penas de 7 años de presidio, sin beneficios, para los autores del crimen: Manuel Contreras, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Basclay Zapata.
Pero ahora, en fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva. Los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller condenaron a cinco años de presidio a los ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Contreras Sepúlveda, Moren Brito, Krassnoff Martchentko y Zapata Reyes rebajando sus penas a cinco años, pero concediéndoles el beneficio de la libertad vigilada; es decir, en sus casas o para que caminen libres por las calles aunque todos están encarcelados (en prisiones vip, por supuesto) por otros crímenes de lesa humanidad.
En su resolución, los ministros -además- absolvieron por falta de participación a los ex agentes Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Durán.
De igual forma, y demostrando un desprecio absoluto por el sufrimiento que la familia arrastra por 36 años, la Suprema rechazó la demanda de indemnización de perjuicios contra el Estado de Chile interpuesta por la hermana de la víctima, Josefa "Pepa" Llidó, a quien se había concedido una indemnización. El máximo tribunal acogió la excepción de incompetencia absoluta del tribunal de primera instancia y la dejó sin efecto.
En su fallo, la Corte Suprema aplicó la atenuante de la "media prescripción" o "prescripción incompleta" -que otros ministros han rechazado- , con los votos favorables de los ministros Segura, Ballesteros y Dolmestch, y con la opinión contraria de los magistrados Rodríguez y Künsemüller.
Decisión escandalosa
El fallo definitivo de la Segunda Sala de la Corte Suprema es percibido por familiares y amigos del Padre Llidó como una determinación verdaderamente escandalosa, pues deja de manifiesto la indolencia de la justicia chilena frente a un caso tan cruel como emblemático de violación contra los derechos humanos.
Consta en el proceso que durante las décadas de investigación, ninguno de los autores intelectuales o materiales del secuestro, las torturas, el homicidio y la desaparición de los restos del Cura Toño -como lo conocimos en Quillota- colaboró con las indagaciones. Por décadas negaron no sólo su participación, sino engañaron a los jueces con datos falsos, tergiversaron los hechos, ocultaron antecedentes y actuaron ante los tribunales con repugnante cinismo.
El esclarecimiento parcial de lo sucedido con el Padre Llidó sólo fue posible gracias a la tenacidad y profesionalismo de magistrados como el ministro Zepeda, que no se rindió hasta acercarse a la verdad...
...Solamente acercarse, porque siguen ocultando la verdad total. Las confesiones sólo se lograron porque fueron cayendo en absurdas contradicciones. Pero nunca han querido revelar por qué lo secuestraron y torturaron con tanta crueldad, quién le dio muerte, qué hicieron con sus restos o dónde los ocultaron hasta ahora.
Escasas repercusiones locales
La escandalosa rebaja de penas y la negativa a indemnizar a la todavía acongojada familia ha tenido escasa repercusión en los medios nacionales. Sólo el diario La Tercera entregó una información relativamente amplia, de 278 palabras. También emisoras como Cooperativa, Bio Bio y Universidad de Chile le dedicaron algún espacio, sin mayor trascendencia. "El Observador" de Quillota -que antes de 1973 fue gran crítico de las actividades del Cura Toño- publicó una crónica de 291 palabras.
Al cerrar esta nota (noche del miércoles 22), descubrimos una nota publicada por El Mercurio, de 261 palabras, informando sobre el hecho.
En cambio, a nivel internacional el vergonzoso fallo tuvo gran repercusión.
El buscador Google da cuenta de publicaciones en medios escritos como El País, El Periódico, El Diario de Levante y El Diario Vasco de España, La Jornada de México, Agencia Ansa Latina, China.Org.cn y Agencia Xinhua de China, entre muchos otros.
El abogado
El abogado de la familia Llidó en Chile, Héctor Salazar, criticó la resolución del máximo tribunal estimando que es "demasiado blanda la mano para un delito de esta naturaleza, en un caso donde incluso todos quienes aparecen involucrados y condenados jamás aportaron información, ni siquiera para saber dónde quedaron los restos del padre Llidó".
Además, el abogado Salazar lamentó el rechazo de la indemnización fijada en un primer momento para los familiares del ciudadano español, porque "deja al Estado chileno, desde el punto de vista de sus compromisos internacionales, en un mal pie", pues no resolvió la "reparación que va envuelta en esta clase de delitos".Valenzuela, Luis Valenzuela González y Anatolio Zárate Oyarzún.


24HORAS.CL, 1 de agosto de 2012

Nueva condena contra Manuel Contreras por caso de DD.HH.

Sentencia de 15 años por el secuestro calificado de un militante del MIR en 1975.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís dictó sentencia de primera instancia en la investigación por secuestro calificado deClaudio Contreras Hernández, ocurrido a partir del 7 de enero de 1975 en la Región Metropolitana.

El magistrado responsabilizó por el ilícito a cinco agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dictando las siguientes penas en contra de:

-Manuel Contreras Sepúlveda: 15 de años de presidio. Sin beneficios.

-Marcelo Moren Brito: 15 años de presidio. Sin beneficios.

-Rolf Wenderoth Pozo: 15 años de presidio. Sin beneficios.

-Gerardo Godoy García: 15 años de presidio. Sin beneficios.

-Fernando Lauriani Maturana: 15 años de presidio. Sin beneficios.

La investigación determinó que el 7 de enero de 1975, aproximadamente a las 13 horas, el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) Claudio Enrique Contreras Hernández -de nombre político “Omar”-, de 27 años de edad, "salió de su casa a realizar diligencias en el sector de la Estación Central y aproximadamente a las 19:00 horas fue detenido en la vía pública por agentes de la DINA, al mando de Eduardo Lauriani Maturana y Gerardo Godoy García, quienes llevaban consigo, para que lo reconocieran, a Herbit Ríos Soto y Hugo Salinas Farfán; a los tres los trasladaron hasta "Villa Grimaldi", lugar en que a Contreras se le torturó diariamente y se le sometió a numerosos careos".

La resolución agrega que en "Villa Grimaldi", Contreras Hernández "fue visto por testigos quienes expusieron que presentaba signos de apremios físicos y tenía uno de sus brazos luxado. Aproximadamente el 25 de enero de 1975 fue sacado del recinto, junto a otros detenidos y desde ese día se pierde todo rastro de su paradero hasta la fecha, sin que el privado de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos de Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción. Este hecho se enmarca dentro de un patrón similar a otros ocurridos durante aquella época que se iniciaban mediante el seguimiento y vigilancia de las víctimas hasta terminar con su secuestro”


Diario Uchile, 28 junio, 2013

Dictan procesamientos por torturas en Villa Grimaldi

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos dictó dos procesamientos en causa por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, por delitos de torturas y secuestros calificados.

En el primer caso el magistrado determinó dictar procesamientos por el delito de torturas reiteradas a las siguientes víctimas: Rosa Lizama Leiva, Gladys Díaz Armijo, Clara Tamblay Flores, Marcia Scantlebury Elizalde, Isabel Matamala Vivaldi, Alicia Alvarado Vistoso, Carlos Requena Rueda, Roberto Gajardo Gutiérrez, María Dabancens Gándara, Delia Veraguas Segura, Mariluz Pérez Allende, Ofelia Nistal Nistal, Lautaro Videla Moya y María Alicia Salinas Farfán.

Como autores del delito antes señalado se sometió a proceso a los 11 integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchentko, Basclay Zapata Reyes, Fernando Lauriani Maturana, Rolf Wenderoth Pozo, Gerardo Godoy García, Orlando Manzo Durán, Ricardo Lawrence Mire, Francisco Maximiliano Ferrer Lima.

De acuerdo a los antecedentes reunidos hasta ahora en el proceso se estableció que “los antecedentes precedentemente reseñados por reunir los requisitos del Art. 488 del Código Penal de Procedimiento Penal, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que permiten tener por justificados lo siguiente: Que, los hechos investigados en este proceso ocurrieron en el centro clandestino de detención conocido como “Cuartel Terranova” o “Villa Grimaldi”, ubicado en Avenida José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana, que fue el centro secreto de detención y tortura más grande de Santiago y Cuatro Alamos.

En Villa Grimaldi operaba un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes con conocimiento e instigación del Director del Organismo, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, y ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas. Dentro de estos grupos se encontraban los siguientes: 1)Brigada “Caupolicán”, al mando del Mayor de Ejército Marcelo Moren Brito; compuesto entre otros por los a)Grupo “Vampiro” al mando del teniente de Ejército Fernando Lauriani Maturana, b)Agrupación “Halcón”, al mando del teniente de Ejército Miguel Krassnoff Martchenkoy c) Grupo “Tucán” al mando del teniente de Carabineros Gerardo Godoy García d) Aguila.

Si bien los primeros detenidos llegaron a mediados del año 1974, fue en enero de 1975 que “Villa Grimaldi” pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que ejercía la función de represión interna en Santiago. Se les mantenía todo el tiempo vendados, con deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento, el que no recibían durante los primeros tres días. Los lugares más característicos donde se mantenía a los detenidos eran los siguientes; a)“La Torre”. b)“Casas Chile”, c)“Casas Corvi”, dice la resolución.

Además el magistrado, en otra resolución, dictó procesamiento por los secuestros calificados de Raúl Cornejo Campos y Mario Maureira Vásquez, ocurridos a partir del 16 de junio y 8 de agostos de 1976, respectivamente.


The Clinic, 11 de  Septiembre 2013

Alejandra Holzapfel: Yo sobreviví a Venda Sexy

Alejandra tenía 19 años cuando fue tomada prisionera por la DINA. Desde 1974 a 1975 estuvo detenida en Villa Grimaldi, Venda Sexy, Tres Álamos y Cuatro Álamos. Fue violada por el guatón Romo y violentada sexualmente con un perro pastor alemán al que los agentes de la dictadura llamaban Volodia. Pese a todo, no lograron doblegarla: “Pasamos atrocidades, pero somos capaces de ser felices porque somos personas dignas. Nuestros torturadores, no”, declara.

Primavera de 1976: Alejandra Holzapfel Picarte (21) entra corriendo -los puños apretados, la respiración entrecortada, los ojos enrojecidos- a su departamento en el block Karl Marx 34 en Potsdam, Alemania, donde vive su exilio desde 1975. Casi rompe su polera y pantalón mientras, llorando, se desnuda. Tropieza al empujar la puerta del baño y, aún sin recuperar el equilibrio, entra a la ducha y abre la llave del agua. Toma una esponja y comienza a refregarse el cuerpo con tanta vehemencia que se le irrita la piel, pero sigue tratando de quitarse la suciedad imaginaria. De golpe, llegan los recuerdos: ella vendada, sin ropa, sobre un camastro, violada por Osvaldo Romo; ella en el suelo, sujetada por agentes de la DINA, mientras una mayor de carabineros dirige a un perro amaestrado para ultrajarla. Sale a su dormitorio, aún estilando, cubierta sólo por una toalla. Se sienta en la cama frente a un espejo y se observa.

Ese día, por vez primera desde su paso por los centros de tortura pinochetista, Alejandra tuvo un contacto romántico con un hombre y fue un desastre. Su amigo Pepe Fuica -un militante socialista a quien conoce hace un par de meses, cuando la convenció de entregar su testimonio como torturada política a Naciones Unidas-, la besó de improviso mientras caminaban por su barrio en Am Stern. Para él, se trató de un arrebato amoroso. Para ella, el que la tomara por sorpresa fue arrastrarla, otra vez, a los días en que fue violentada sexualmente: cayó al suelo, lo golpeó una y otra vez, y luego huyó.

Encerrada en su habitación, Alejandra ya ni siquiera llora. Sólo mira, en silencio, su reflejo. Afuera de su edificio, Fuica termina de fumar un cigarrillo y enciende de inmediato otro con las manos temblorosas. Está descolocado y se cree responsable de la reacción de Holzapfel, por lo que decide quedarse un par de horas ahí, a la espera de que ella salga de su guarida. Como ello no ocurre, se marcha a Berlín y un mes después le envía una carta, disculpándose. Ella le contesta y le sugiere encontrarse y conversar: He decidido, le dice, vivir la vida que soñaba antes del Golpe de Estado.

“Recuperar la alegría era también una decisión política, una forma de ganarle a la dictadura”, explica hoy, a sus 60 años, Alejandra.

Esta convicción la lleva a casarse con Fuica, a ser madre con él y a volver a sonreír pese a haber sido brutalmente torturada por más de tres meses desde que fue tomada prisionera a fines de 1974.

LA CAÍDA

El 11 de diciembre de 1974, en las horas previas al inicio de su calvario por los centros de tortura, Alejandra, estudiante de Veterinaria, recibió en su departamento en Santiago Centro a una de sus amigas más cercanas, Beatriz Bataszew, quien, como ella, militaba el en MIR.

Bataszew estaba siendo buscada por los organismos represivos. La información que se manejaba entre los miristas es que todas las casas de seguridad de la organización habían sido allanadas o estaban bajo vigilancia y que algunos de sus compañeros estaban presos. De otros, nada se sabía. Necesitaba esconderse por unos días.

En silencio, ambas cenaron esa noche y luego durmieron a sobresaltos. A las cinco de la madrugada, un fuerte ruido las despertó. Aún no amanecía. La oscuridad era casi absoluta y en la puerta un hombre exigía que le abriera. Las dos sabían lo que eso significaba. O creían saberlo. La magnitud de la crueldad de los organismos de represión no era conocida hasta eses entonces.

Mientras la mamá de Alejandra se levantaba a atender, Beatriz advirtió que portaba un documento estratégico que no podía caer en manos del Régimen. Entre las dos, rompieron los papeles y los masticaron mientras tomaban agua para no atorarse. Una tía abuela de Holzapfel, que también vivía con ellas, estaba inquieta con el inusual movimiento. Tan tarde o tan temprano no es hora de llegar a los hogares decentes, decía.

En la puerta de entrada, la mamá de Alejandra intentaba convencer al joven oficial Fernando Lauriani Maturana, a cargo del operativo, de que esa noche sólo ella estaba en casa. La misión no le era difícil. Aunque se haría conocido como uno de los criminales más crueles del Régimen, Lauriani no era precisamente una lumbrera. El militar estaba decidido a retirarse, pero Alejandra no lo sabía y, temiendo que pudieran arrestar a su madre, se asomó al living justo cuando Lauriani se estaba yendo. La alcanzó a ver.

- ¡Esta es la señorita que buscamos!, exclamó el agente.

Entonces allanó la casa y encontró a Beatriz.

- ¿Y esta rucia suelta quién es?

- Es compañera de Universidad, estábamos estudiando.

Lauriani se esforzó en corroborar que le estaban diciendo la verdad, exigiéndole a Beatriz que le diera un número de teléfono para verificar la información. La joven alumna de Agronomía le dio el de sus padres. Al otro lado de la línea, ellos le dijeron al agente que la niña se encontraba preparando un examen donde una amiga. Esa noche, Bataszew se salvó.

Holzapfel, en cambio, quedó detenida por la delación de Humberto Menantaux, uno de los integrante del Comité Central del MIR que había caído en las garras de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en noviembre de ese año y que fue asesinado en 1975 después de haber sido obligado a entregar toda la información que poseía y a dar, junto a otros tres integrantes de la organización, una conferencia de prensa en que llamó a sus compañeros a deponer las armas tras leer la nómina de muertos del MIR. Hoy figura en la lista de desaparecidos.

ESE MUERTO NO LO CARGO YO

- “Le traigo a la niña a las 8.30. Le vamos a hacer un par de preguntitas nomás. Téngale desayuno”, vociferó Lauriani antes de partir.

La mamá de Alejandra no volvió a dormir. Preparó la mesa confiada en la palabra del militar.

Afuera de su hogar en Valentín Letelier, a pasos de La Moneda, Holzapfel fue subida, con los ojos vendados, a un vehículo conducido por Basclay Zapata. Cerca de las seis de la madrugada, sus captores la ingresaron a Villa Grimaldi, en medio de murmullos, y llamaron a dos mujeres de la DINA, que precedieron a escudriñarla en búsqueda de algún texto secreto o microfilme. Tras tocarle hasta la vagina, la dejaron sentada con los ojos aún cubiertos.

Entonces oyó una voz.

- ¿Quién eres?

Sin saber quién preguntaba, decidió responder:

- Soy Alejandra Holzapfel.

- ¡Coneja, estás acá!

En ese minuto, reconoció la voz de Laura Ramsay y luego, cuando se deslizó la venda, pudo ver a Carmen Bueno.

A las ocho de la mañana Lauriani le hizo una breve visita.

- Que se levante inmediatamente la que está sin la venda.

- Soy yo-, respondió Alejandra.

Lauriani había hecho uso varias veces de la misma táctica para burlarse de las recién detenidas. Se acercó a Alejandra y la abofeteó tan fuerte que ella cayó al suelo.

- ¡Te dije que no te sacaras la venda! ¡Aprende a obedecer, huevona!

Alejandra recuerda que aún no se le había quitado el ardor en la cara cuando comenzó a sonar una cumbia: “A ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató”.

En ese minuto, la llevaron a otro cuarto, la desnudaron, la mojaron y le aplicaron electricidad sobre un catre metálico. Le pidieron nombres de otros dirigentes del MIR. “Tarde o temprano todos hablan”, le aseguraron. Ella calló. Luego, Osvaldo Romo, viéndola débil por la tortura, se bajó el pantalón y la violó por primera vez. Ella siguió en silencio.

- ¿Tu chapa es Mauro?

- No.

- ¿Quién es Mauro?

- No sé.

- ¿Qué sabes?

- Nada.

Los torturadores se pusieron a hacer comentarios sobre el calor de diciembre y lo lindas que eran las comunistas recién llegadas. La volvieron a poner sobre la parrilla y el Guatón Romo la violó otra vez.

- ¿Tu chapa es Mauro?

- No.

El mismo ritual se repitió por cinco días.

“Sentí que mi dignidad dependía de no hablar, por lo mismo me costó mucho perdonar a quienes se quebraron. Con los años, he aprendido que existen distintos tipos de delación, que es diferente quien se vuelve colaborador a quien, ante una situación que no puede soportar, delata. Hoy si ponen frente a mí a uno de mis nietos, tal vez entrego todo lo que sé. Uno de verdad no sabe qué puede o no aguantar. A mí me hicieron cosas terribles, y callé, pero he conocido a gente maravillosa que entregó a un compañero que es detenido desaparecido y sufre hasta hoy por eso”.

LA BESTIALIDAD DE VENDA SEXY

El 16 de diciembre de 1974, luego de cinco días en Villa Grimaldi, Holzapfel fue trasladada a un casa de dos pisos en calle Irán 3037, en Macul. Allí se reencontró con Beatriz, maltrecha y herida. Bataszew había caído el 12 de diciembre, un día después que Alejandra, interceptada en un fallido encuentro con otro militante, Mario Peña, y fue llevada de inmediato a Venda Sexy. La fantasía de burlar a la DINA sólo fue eso: una ilusión. Su novio, Dagoberto San Martín, también perseguido, fue cazado por la represión el 17 de diciembre. Hasta hoy se desconoce su paradero.

Alejandra intuyó, al ver a Beatriz, que le esperaban otros espantos. La residencia estaba llena de miristas, algunos con heridas visibles y la mayoría en extremo delgados.

“Estaba también Laura Ramsay, que había sido sacada hace unos días de Villa Grimaldi. Me extrañó no ver a Carmen Bueno, porque no había vuelto a saber de ella. Después me enteré que ella, que era cineasta, fue asesinada bajo el cargo de haberle regalado una mascota a Miguel Enríquez”.

La cumbia que atormentaba a Alejandra en Villa Grimaldi, fue reemplazada en la Discoteque por música anglo que sonaba durante todo el día para esconder los gritos de quienes eran torturados en el subterráneo. Quienes llegaron ahí fueron vulnerados sexualmente de forma continúa. La brutalidad llegó al extremo de que la mayor de Carabineros Ingrid Olderock entrenó a un pastor alemán ovejero, a quien llamó “Volodia”, para violar a los prisioneros.

- Contra todo lo que se pueda creer ella le había enseñado a violar. Estaba completamente amaestrado por ella, que le daba las órdenes.

¿Es cierta la historia del “perro Volodia”?

-Es cierta, a mí me tocó ser violada así, con ese animal, por eso te lo puedo decir. Es una de las historias más terribles y dolorosas que yo sólo he podido enfrentar hace muy pocos años. Por mucho tiempo no pude sacarlo, me daba una vergüenza terrible.

Ingrid dirigía al animal, mientras los otros torturadores obligaban a los detenidos a adoptar posiciones que facilitaran el abuso. Hombres y mujeres que pasaron por Venda Sexy fueron víctimas de esta atrocidad. Nadie hablaba del tema en la casona, pero tras las sesiones de tortura, las compañeras recibían a sus amigas con más ternura que de costumbre y las acurrucaban para que durmieran un rato. Con los días, se dieron cuenta de que quienes estaban a cargo del centro de detención disminuían las violaciones cuando las prisioneras estaban menstruando, así es que idearon un plan: Las que estaban con el periodo o con una herida sangrante dejaban un paño manchado en el baño, así la que ingresaba se lo ponía. La estrategia irritó a los agentes:

- ¡Otra vez están todas estas huevonas con la regla, hasta cuándo!, se quejaba el general en retiro, Raúl Iturriaga Neumann, que actualmente cumple condena en Punta Peuco.

La resistencia consistía en eso: en no rendirse en medio de la miseria.

“Uno pierde noción del tiempo con la tortura, del día de la noche, de si comíamos o no. Recuerdo que una vez comí una sopa de huesos de pollo y que otra vez nos dieron lentejas con caca y una compañera dijo fuerte: ‘Nos están dando lentejas con caca. Nos las vamos a comer igual, pero ni crean que no lo sabemos’. Era una forma de hacerles saber que no nos estaban engañando. El Venda Sexy fue terrible. Varios compañeros desaparecieron desde ahí también”.

De la Discoteque, Alejandra pasó a Cuatro Álamos, recinto que los militares usaban para que a los detenidos se les borraran las huellas visibles de la tortura. “Desde ahí también desaparecieron gente, pero las condiciones eran menos duras: tuvimos acceso a duchas, por ejemplo”.

Luego de unas semanas, fue llevada a Tres Álamos, donde Nieves Ayress, quien también había sufrido todos los horrores del aparato represivo pinochetista, le dio un sentido al dolor.

- Había un grupo de detenidas que daba como la bienvenida. Me encuentro con Nieves Ayress, que es hermana de la Rosita, mi actual socia en la productora, y dice “Oh, la Holzapfel, ¡chiquillas, llegó otra del Liceo 1” y empiezan a cantar, “Eleceí, ceí, ceí”. Y yo pienso “qué está pasando aquí, están todas las locas”. Después entendí la importancia del temple de esas mujeres. Nieves vive ahora en Nueva York, y estoy demasiado agradecida de ella, porque con ella al lado uno no puede caerse. En Cuatro Álamos me llevó a su celda. La llamó “la cueva mágica”, hacía dibujos, siempre nos dibujaba sonriendo. Nos obligaba a conversar sobre lo que nos había pasado. “Ah, a ti también te violaron”. Al final, era raro porque ella lo entendía todo. Y nos hacía hacer obras de teatro, sociabilizar el dolor. Yo, que me sentía sucia, logré ver que a todas nos pasaba eso. Estoy convencida de que ella me enseñó a sobrevivir.

Estando en Tres Álamos, Holzapfel pudo recibir visitas. Su primer encuentro fue con su madre, a quien no había visto en tres meses.

- Mamá, necesito que me traigas antibióticos. Es muy importante.

- ¿Estás enferma?

- Es que…me violaron.

Al escuchar por vez primera esta confesión, su madre se puso pálida, pero entre gemidos, le aseguró a su pequeña de 19 años que todo estaría bien porque que estaban vivas y eso era lo único importante. También le comunicó que pronto podría partir al exilio en Alemania y terminar sus estudios de veterinaria, profesión que, tras las aberraciones sexuales que le infringió Olderock con el perro Volodia, Alejandra nunca más quiso ejercer:

- Debes seguir tus estudios de veterinaria.

- No quiero.

- Ale, debes hacerlo. Es lo que amas y te faltan dos años nomás.

Alejandra la miró sin sacar la voz. Ahora odiaba el contacto con los animales, pero no se atrevió a decírselo. ¿Qué podría haberle dicho sobre lo que vivió en Venda Sexy si no quería ni siquiera recordarlo?

El EXILIO
A mediados de 1975, Alejandra fue enviada a la RDA. El arribo fue difícil. Eran tiempos de sospechas. No hablaba el idioma y Berlín estaba lleno de militantes del PC y el PS. Ella era del MIR y el rumor era que los militantes del MIR eran agentes de la CIA que habían propiciado el Golpe.

“Fue súper doloroso. Llegó un momento en que le dije al alemán a cargo que me mandara de vuelta a Tres Álamos. El tipo se espantó y al día siguiente aclaró la situación con todos los chilenos y les dijo ‘Alejandra es una persona de confianza, entonces ella puede hacer lo que quiera’. Ese fue el espaldarazo que necesitaba. Ahí me enviaron a vivir a Potsdam”.

En Potsdam, Holzapfel llegó al edificio en el residían Ángela Jeria -viuda del general Alberto Bachelet- y su hija Michelle. Por más de un año fue vecina de piso de ambas. Ángela la acogió y la acompañó. Fue la dulzura que Alejandra requería para recuperarse y una de las personas que la instó a aceptar los cortejos de Pepe Fuica, con quien se casó y a quien abandonó en 1979 luego de que él frustrara su plan de regresar a combatir al país.

- Me metí en la política de retorno del MIR y él consideraba que era un suicidio. Quise volver el ’79, me estaba preparando para eso, y él fue al consulado de Chile a entregar esta información para impedir que yo retornara.

Alejandra no pudo soportar la traición. Falsificó los pasaportes de sus hijos, con ayuda de una amiga alemana, y huyó con ellos desde Leipzig, donde estaba residiendo desde que había contraído matrimonio. Tomó el tren y llegó hasta la casa de Carlos Liberona en Frankfurt, quien la derivó con Cristián Schmidt, quien sólo le pidió, a cambio de estar en su hogar seis meses con los niños, que le enseñara a manejar.

Recién en 1987, pudo volver con sus hijos al país. Fuica, en tanto, murió en un accidente de tránsito en Alemania sin haber logrado el perdón de Alejandra.

Cuando Holzapfel llegó a Chile comenzó a colaborar con la justicia en los procesos contra quienes la violentaron estando en prisión. Se ha careado con Basclay Zapata, Miguel Krassnoff Martchenko, Lauriani Maturana y Osvaldo Romo.

Ninguno, nunca, le ha pedido perdón.

- Lauriani quiso darme lástima. ‘Tengo familia’, me dijo. Krassnoff fue más prepotente. El guatón Romo se hizo pipí, literalmente. Olderock no pasó un día en la cárcel. Murió en libertad, pero por azar un día, creo que el 88 o el 89, entró a comprar a un minimarket que yo tenía en Valentín Letelier. Afortunadamente no estaba sola y pude echarla y decirle lo que pensaba. Es sanador decirle a alguien ‘aquí estoy, aunque me hiciste esto o lo otro’. Aún así, tengo una gran frustración de saber que los torturadores no reciben el castigo merecido por cada persona a la que hicieron sufrir, que hay que acumular condenas para que pasen tiempo en la cárcel y sobre todo me duele no saber qué pasó con los compañeros que están detenidos desaparecidos. Que aún hoy, a cuarenta años, nos nieguen la verdad es una nueva forma de torturarnos.

Pese a todo, Alejandra sabe que le dobló la mano a la dictadura. Hoy tiene un par de nietos “maravillosos, preciosos y todos los adjetivos lindos que se te puedan ocurrir” y la dignidad, que la DINA trató de quebrantar, intacta.

- Aquí instalaron una política de destrucción de nosotros como seres humanos, y aún así no pudieron conseguirlo. Entonces, cuando somos capaces de reír, de disfrutar la vida, demostramos que no pudieron destruirnos. Pasamos atrocidades, pero somos capaces de ser felices porque somos personas dignas. Nuestros torturadores, no.


Le Monde Diplomatique, Septiembre 2013

Para Reparar lo Irreparable: El Caso Robotham-Thauby y el derecho a justicia plena

“Caballito blanco llévame de aquí…” cantaba y jugaba Mariana, competiendo para ser el foco de la atención mientras conversaba su padre con una visita. A sus cuatro años, Mariana ya es mayor de la edad que tenía su padre Yury Thauby la última vez que vio a su propio padre. El abuelo que Mariana sólo conocerá por medio de fotos y los relatos de otros, Claudio Thauby le fue arrebatada por los efectivos de la DINA el 31 de diciembre del 1974 cuando caminaba con su amigo Jaime Robotham, detenido junto con él. Yuri Thauby observa con ternura su pequeña y vivaz hija y comenta, “Todos los hombres aprendemos a ser padre mirando al nuestro. Yo no tuve eso y me siento penalizado. Tengo que aprender a ser padre cada día. No tengo un padrón o modelo interno de cómo ser padre porque se me quitaron el mío.” (1)

El sufrimiento que significó esa carencia fue reconocido por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís cuando, en diciembre del 2008 dictó sentencias carcelarias para siete jerarcas de la DINA y reparación económica para las familias Thauby y Robotham. En su fallo de primera instancia, el Ministro Solís señaló “el inmenso daño moral que ha provocado a estas familias al someterlos al dolor, al sufrimiento y a la angustia por la pérdida de su hermano, un padre, una pareja.”

En junio del 2010 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación de los demandantes en todas sus partes y ordenó al Fisco a pagar daños reparatorios.

Pero el 23 de junio 2011 la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema empleó el concepto de media prescripción, considerado por tratados internacionales inadmisible en procesos por violaciones a los derechos humanos, para rebajar las penas de todos los militares a cinco años de prisión. Además, les concedió libertad vigilada. No obstante, ninguno saldrá libre, dado que han sido condenados en múltiples otros juicios por violaciones a los derechos humanos. En lo civil, la Corte Suprema acogió las demandas de los familiares, y ordenó al Fisco pagar 50 millones de pesos a los demandantes.

Fabiola Letelier, abogada para ambas familias desde 2000 cuando el Ministro Solís fue designado a la causa, señala, “En el fallo de la Corte Suprema hay tres “Considerando” que están copiado exactamente de los planteamientos que nosotros hicimos en materia de lo civil. Los actos que dan lugar a la demanda civil están basados en los mismos actos que originen el proceso penal. Eso es bien contradictorio”.

Los casos por las violaciones a los derechos humanos –ejecuciones sumarias, secuestros agravados, abusos e indignidades infligidos por el Estado a ciudadanos chilenos– pasan por el reconocimiento oficial de la verdad de los hechos, la justicia y, rara veces, por la reparación.

En este caso, la verdad fue establecida por diecisiete sobrevivientes de Villa Grimaldi quienes declararon en Chile y en los consulados de distintos países haber visto a Jaime Robotham y Claudio Thauby gravemente heridos en ese recinto secreto de detención y exterminio que formó el cuartel de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA en esos primeros años de dictadura. Fue también un ex preso, dejado en libertad, quien acudió a la casa de la familia Robotham para informarles por primera vez que Jaime estaba detenido en Villa Grimaldi.

La abogada Fabiola Letelier afirma ”Es un proceso de una actividad jurídica procesal enorme que va mostrando la verdad, hasta completarla con un trabajo de investigación extraordinario que hace el Ministro Solís”.

Lo que durante muchos años era la verdad sólo para un conjunto de testigos y los familiares de los víctimas directas fue avalado por el peso del fallo que redactó el Ministro Solís. “Después de 34 años, se ha conseguido que el Estado de Chile, a través del Poder Judicial, determine con cierta certeza que Claudio se encuentra secuestrado por organismos del mismo Estado”, escribió Solís en su fallo, y repitió la frase en relación a Jaime Robotham.

Por lo tanto, los familiares presentes en la audiencia ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema por recurso de casación que se efectuó el 2 de marzo 2011, estaban atentos a cada palabra de la defensa que distorsionara esa verdad. Cuando el abogado defensor de Pedro Espinoza Bravo alegó que su cliente estuvo de vacaciones y ni siquiera estuvo presente en Villa Grimaldi en la fecha de la detención, Jorge Robotham, hermano de la víctima, inmediatamente sacó lápiz pasta y señaló en una nota que pasó a los demás oyentes: la fecha de detención citada por el defensor es equivocada! Luego, escucharon a la defensa de Fernando Laureani Maturana alegar que el teniente coronel era un inferior jerárquico que no tuvo otra opción que obedecer ordenes de mandos mayores.

La descripción de Laureani como mero funcionario que sólo obedecía ordenes -que Yuri Thauby llama una “mentira descarada”- fue refutada por la abogada del Programa de Derechos Humanos, Magdalena Garcés. Señaló la abogada que el proceso ha acreditado que seis agentes conformaban la Brigada Vampiro, y el Informe Rettig indica que Laureani estuvo a cargo de esta agrupación represiva que efectuaba detenciones y participaba directamente en la tortura de sus cautivos.

Más aún, Laureani personalmente detuvo a Thauby, quien fue cadete de la Escuela Militar, y le propinó a Robotham una golpiza brutal a la cabeza cuando intentó eludir su detención. En Villa Grimaldi, los ex presos constataron como Laureani se ensañó con Thauby, por considerarlo traidor por abandonar la carrera militar y entrar al Partido Socialista. No quedándose satisfecho con el portafolio de técnicas rutinarias que disponían los verdugos de la DINA para causar dolor, Laureani recurrió a su creatividad sádica para someter Thauby a tratos de extrema crueldad. Posteriormente, en Febrero de 1975, Thauby y Robotham fueron sacados de Villa Grimaldi y nunca más se los volvió a ver.

A pesar de esa hoja de vida, la Sala Penal de la Corte Suprema fundamentó la rebaja de las condenas y beneficio de libertad vigilada por “irreprochable conducta anterior.” Yury Thauby comenta, “Esos militares intachables llevaban por lo menos 2 años al momento de la detención de mi padre coludidos, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Llevan desde la creación de la DINA y en algunos casos desde antes del 11 de septiembre ya dedicados a preparar una represión de carácter de crimen de lesa humanidad fuera de cualquier marco legal”.

Los casos de Jaime Robotham y de Claudio Thauby han transitado por la maraña judicial desde la época cuando la complicidad del poder judicial tuvo como consecuencia el rechazo sistemático de los recursos de amparo, en este caso, interpuestos en enero 1975. De allí, los familiares enfrentaron el sobreseimiento de la querella cuando la Justicia Militar aplicó el decreto ley de Amnistía. Luego se reabrió el proceso en 2000, dando fruto con la sentencia condenatoria del 2008, para seguir con las apelaciones, recurso de casación hasta la palabra definitiva de la Corte Suprema.

A lo largo de esta trayectoria judicial, compartida con variantes en incontables números de casos más, los familiares experimentan un sube y baja emocional a medida que elevan sus esperanzas para obtener justicia, para luego aplastarlas por las reiteradas negativas de los tribunales.

En el caso de Jaime Robotham, en los primeros seis meses posteriores a la detención, su madre y hermanos enviaron decenas de cartas al Presidente de la Junta Militar Augusto Pinochet, a su esposa Lucia Hiriart, al Jefe de Estado Mayor General Sergio Arellano, al Ministro del Interior, a la Cruz Roja, al Vaticano y a muchos destinatarios mas pidiendo que intervinieran para liberar a Jaime. Las cartas, señala el fallo de primera instancia, muestran el sufrimiento y dolor padecido por la familia.

El entonces Ministro del Interior General Cesar Benavides contestó a la familia con el mismo refrán que miles de otros familiares recibieran: ”no se encuentra detenido por orden de autoridad administrativa.” Incluso se intentó hacerles creer que Jaime había sido muerto calcinado en El Pilar, Argentina por la siniestra orquestación de inteligencia conocida como Operación Colombo el 12 de julio de 1975.

Señala Jorge Robotham, hermano de Jaime, “Creo que lo más desgastante en este largo camino ha sido el tiempo desde la sentencia del Ministro Solís hasta llegar a la última audiencia con la Corte Suprema. Ahí se suman esperanzas y deseos, y mucha impotencia, de tener que someterse a la forma de proceder de la defensa de los inculpados, y las reglas del Poder Judicial.”

El derecho a reparación económica para víctimas de crímenes de lesa humanidad está plenamente reconocido en tratados internacionales como la Convención Inter Americana de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en Chile, la corte más alta del país es reacia de reconocer este derecho y el Consejo de Estado lo niega de manera sistemática. Por eso, resulta sorprendente que en este caso sí concede la reparación económica pero deja al lado el castigo a los culpables.

En el 1997, el abogado Nelson Caucoto presentó lo que fuera tal vez la primera demanda civil de parte de familiares de victimas de violaciones a los derechos humanos. En esa época, todavía existía la percepción de parte de muchos familiares que presentar una demanda civil equivalía a cambiar plata por sus seres queridos, o que implicaba renunciar la acción penal. Luego hubo una maduración en su pensamiento al respecto, para llegar a comprender que es un derecho innegable, y resultó en una escalada de demandas civiles. Pero de las numerosas demandas civiles que Caucoto ha presentado, la mayoría las pierde en la Corte Suprema. Esto le motivó a alegar para la reparación ante la Corte Inter Americana de Derechos Humanos y se espera su decisión pronto.

Señala Caucoto: “La reparación en Chile se ha tratado como la pariente pobre de la lucha por los derechos humanos, en circunstancias que en otros países tiene la misma altura, la misma importancia, que la sanción penal, que la verdad. Son tres patitas de la misma mesa que tienes que conjugar conjuntamente para lograr lo que se llama justicia. Si tu logras verdad, sanción penal pero no reparación, no lograste justicia. Si tu logras reparación sin verdad, sin sanción penal, tampoco hay justicia. Van emparejadas las tres partes de un mismo concepto.”

Entre la primera instancia de Solís y la segunda de la Corte de Apelaciones, a los familiares de Claudio Thauby y Jaime Robotham se les habían restaurado estos tres derechos. Sin embargo, en la opinión de Yury Thauby, “El fallo de la Corte Suprema echa por tierra eso”.

Jorge Robotham no aguardaba ilusiones que el final del largo proceso judicial le despejara todas las dudas que ha cargado durante más de tres décadas. “Quedan demasiadas preguntas sin respuesta. Y queda la mayor interrogante: el destino final. ¿Qué pasó con Jaime y Claudio, que fueron torturados hasta perder la vida? ¿Quiénes fueron sus asesinos?¿Dónde ocultaron y qué hicieron con sus cuerpos? El sistema judicial chileno deja mucho que desear”.

La abogada Fabiola Letelier, señala, “No puede haber prescripción en crímenes de lesa humanidad. […] Este fallo nos obliga a recurrir a la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos con la esperanza que dé una solución por la forma que se ha violado los tratados internacionales. Entonces, esta historia va seguir”.

Yuri Thauby busca las palabras que expresasen lo que significa para él la justicia. “Este proceso judicial debe ser el principio de nuestra sanación. La ausencia me va acompañar hasta la muerte, pero [la justicia] me va permitir mirarle a los ojos a mi padre o su fantasma sin sentir que le debo algo. (…) Para la sociedad, es tener los elementos innegables de una verdad histórica: crímenes de lesa humanidad documentados, investigados, condenados. Es absolutamente una necesidad social para que no se vuelva a repetir. No podemos construir una mejor sociedad sin justicia.”


Cambio21, 12 de mayo de 2014

Justicia sigue sumando condenas contra la DINA: Manuel Contreras tiene otros 15 años de prisión por caso de los "ocho de Valparaíso"

Además, el Fisco deberá pagar una millonaria suma a los familiares de las víctimas de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la represión de la dictadura militar en 1975.

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó un fallo de primera instancia y acogió una demanda para condenar al Fisco a pagar 220 millones de pesos para todos los familiares del denominado caso de los "Ocho de Valparaíso", opositores a la dictadura que en enero de 1975 fueron detenidos por agentes de la DINA, llevados al regimiento Maipú y luego desaparecidos desde el centro de torturas de Villa Grimaldi desde donde se les perdió el rastro.


Las víctimas de este caso fueron Horacio Carabantes Olivares, Alfredo García Vega, María Isabel Gutiérrez Martínez, Fabián Ibarra Córdova, Sonia Ríos Pacheco, Carlos Rioseco Espinoza, Abel Vilches Figueroa y Elías Villar Guijón.


La corte impuso la acción civil contra los ex agentes del Estado y el Fisco y condenó a 15 años y un día de presidio al ex director de la DINA, Manuel Contreras. Y a otros nueve ex agentes se les aplicaron las penas que había determinado el ya jubilado ministro en visita Alejandro Solís.


A diez años y un día fueron condenados Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Daniel Cancino Varas; a cinco años y un día, Orlando Manzo Durán, Rubén Fiedler Alvarado y Pedro Herrera Henríquez; y a tres años y un día, Pedro Alfaro Fernández y Fernando Lauriani Maturana.


En cuanto a las indemnizaciones, se decretó que por cada una de las víctimas se pagarán 30 millones de pesos a las madres y cónyuges, 20 millones de pesos a los hijos y 10 millones de pesos a los hermanos.


El Clarin 06 de enero de 2015

Acusan a agentes de la DINA por el secuestro calificado de joven del MIR

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago designado para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Mario Carroza, dictó acusación por el delito de secuestro calificado de Luis Humberto Piñones Vega,  quién fue  detenido el 8 de enero de 1975,  en la ciudad de Santiago.

El ministro Carroza acusó a Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, RolfWenderoth Pozo, Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y María Gabriela Órdenes Montecinos de ser coautores del delito de secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, se logró determinar los siguientes hechos:

a) "Luis Humberto Piñones Vega, de 21 años de edad,  se encontraba viviendo en la clandestinidad luego de haber sido allanado el domicilio de sus padres con ocasión de la publicación de su nombre en un periódico dónde se ponía en evidencia su militancia política y se catalogaba como prófugo. En estas circunstancias fue detenido el día 8 de enero de 1975 en un punto que debía efectuar con otro militante, en la vía pública en un sector próximo a la Universidad de Santiago, por agentes pertenecientes a la DINA, sin que existiera orden emanada de autoridad legítima y competente que la justificase,  quienes lo condujeron hasta el recinto clandestino de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, donde fue visto y reconocido por otros detenidos que lograron su libertad y entregaron su versión. Piñones Vega, continuó privado de libertad en dicho centro hasta el día 25 de enero de 1975, fecha en que se pierde su rastro, coincidentemente con la ausencia de otros detenidos, todos quienes fueron sacados en un vehículo, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido tanto física como psíquicamente, sin que se haya tenido noticias de él, ni que se registre salida  o entrada al país, y sin que conste su defunción."

b) Que en Villa Grimaldi "operaban dos agrupaciones de la DINA, llamadas Purén y Caupolicán, cada una de ellas con objetivos de trabajo y represión perfectamente identificables."

c) "Encargada de las operaciones de la DINA en la región metropolitana estaba la Brigada de Inteligencia, BIM, a cargo de un alto oficial del ejército, y quién contaba con una plana mayor que lo asesoraba en labores de inteligencia. De este jefe dependían brigadas, entre las que se encuentran Caupolicán, cuyo objeto a la fecha de ocurrencia de estos hechos, apuntaba al combate y represión del Movimiento de Izquierda Revolucionario, al que pertenecía la víctima de esta investigación".

Con esta acusación, la causa se eleva al estado de plenario.

 


 

El Mostrador, 16 de enero de 2015

Condenan a ex agentes DINA por aplicación de torturas a 37 víctimas de Villa Grimaldi

El ministro en visita Leopoldo Llanos condenó a los ex integrantes del grupo represor Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires, a penas únicas y efectivas de 7 años de presidio; en tanto, Basclay Humberto Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán deberán purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Leopoldo Llanos Sagristá, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por la aplicación de tormentos (tortura) a 37 víctimas del caso caratulado como: “Villa Grimaldi”, episodio “María Cristina Chacaltana y otros”, detenidos y trasladados al recinto de clandestino en 1975.

En la resolución, dictada el lunes 12 de enero recién pasado, el ministro Llanos condenó en calidad de autores a los ex agentes de la DINA: Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff  Martchenko, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires, a penas únicas y efectivas de 7 años de presidio; en tanto, Basclay Humberto Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán deberán purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios.

En el aspecto civil, el ministro Leopoldo Llanos acogió, “con costas, las demandas interpuestas por 36 de los actores en contra del fisco de Chile, condenándolo a pagar a cada uno de ellos una indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral, ascendente a la suma de 50 millones de pesos“.

Asimismo, condenó a “Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y Marcelo Luis Manuel Moren Brito al pago solidario, con el fisco, de 50 millones de pesos a cada uno de los  23 de los demandantes que la solicitaron; y a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Humberto Zapata Reyes, Fernando Eduardo Lauriani Maturana,Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Orlando Manzo Durán y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo yFrancisco Ferrer al pago del mismo monto respecto de 21 actores”.

La Nación, 23 de enero de 2015

Condenan a 3 años de cárcel a Moren Brito y Laureani por secuestro en 1975

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el delito de secuestro de Patricio Santana Boza, militante del MIR detenido en enero de 1975 en Viña del Mar, que permaneció recluido en el regimiento Maipo del Ejército y el cuartel Silva Palma de la Armada.

En fallo divido, la Segunda Sala del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlo Künsemüller, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Carlos Cerda- condenó a los miembros en retiro del Ejército Marcelo Moren Brito y Fernando Lauriani Maturana (también ex miembros de la DINA) a cumplir penas de 3 años de presidio por su responsabilidad en el delito.

La sentencia del máximo tribunal -adoptada con el voto en contra del ministro Cerda- acogió el recurso de casación, determinando que Santana Boza permaneció privado de libertad ilegalmente en los recintos militares y no en la Cárcel Pública del Valparaíso, donde fue trasladado con posterioridad.

En el aspecto civil, la Sala Penal determinó que el fisco debe pagar $10.000.000 a la víctima por concepto de daño moral. Decisión que adoptó con el voto en contra de la ministra Muñoz, quien estuvo por acoger la figura de la prescripción de la acción civil planteada por el fisco.


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