Testimonio de Orlando Letelier

(ex Embajador en los EEUU de NA, ex ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa Nacional del Gobierno del Presidente Salvador Allende)

Derrocamiento del gobierno constitucional por la fuerza

Señores miembros de la Comisión Internacional, de la Junta Investigadora de los Crimenes de la Junta Militar en Chile - Ciudad de mexico 1975

Señores miembros de la Comisión, es probable que mañana la prensa que ahora exite en Chile, naturalmente controlada por la Junta militar y por los intereses que ésta sirve, diga que he venido a este lugar para atacar a mi patria.

La Junta, que por la fuerza de las armas detenta el poder, llega en su cinismo hasta la la insólita situación de señalar como ofensores de Chile a todos aquellos que levantamos nuestra voz para dar a conocer a la opinión pública internacional la tragedia que vive nuestra patria a la constante violación de los derechos humanos que pretende la anulación de Chile y, especialmente, de su clase trabajadora.  Paradojalmente aquellos que han violado la Constitución, que han masacrado al pueblo chileno, que han llenado al país de campos de concentración y que pisotean sistemáticamente los más elementales derechos de los chilenos, tienen la osadía moral de pretender descalificar a quines cumplimos con el deber de decir la verdad.

Por ser suficiente conocido, no creo necesario referirme, en este momento, al clima de tensión que sufrió Chile durante los primeros días de septembre de 1973, creado por las acciones de violencia y terrorismo desatadas por elementos reaccionadas que buscaban a cualquier precio quebrar el régimen constitucional chileno, especialmente después de un importante avance electoral alcanzado por la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

Como es sabido, en esas elecciones parlamentarias la Unidad Popular logró significativos progresos.  Como se recordará, esa elección parlamentaria no le dio a la oposición el número de votos que al Congreso le podría haber permitido la única vía constitucional para deponer al Presidente.  Dentro del sistema constitucional chileno es posible llevar adelante una acusación constitucional destinada a la remoción del Presidente.  La oposición no logró ésto frente al avance electoral de los partidos populares y entonces desencadenó en el país todo un sistema de terror, de atentados, que son lo suficientemente conocidos.

Lo que sí estimo útil, señores miembros de la Comisión, es indicar que el Presidente Allende tenía respeto por las Fuerzas Armadas y que confiaba en el espíritu nacionalista de los jefes de las tres ramas de nuestros institutos armados, los que habían recibido del propio Presidente Allende sus designaciones como tales y quienes habían jurado cumplir con la responsabilidad superior de respetar y defender la Constitución y las leyes.

Me correspondió ser Ministro de Defensa los trece días anteriores al golpe militar.  Durante los primeros días de setiembre conversé en varias ocasiones con el Presidente Allende y él siempre tuvo palabras de consideración hacia estas personas.

El día lunes 10 de setiembre tuve varias reuniones de trabajo, dentro del Ministro de Defensa, con mis principales colaboradores.  Debo añadir, señor Presidente, que en este Ministerio el único civil era el Ministro, puesto que tanto todas las dependencias, como todos los cargos de las Fuerzas Armada.  En la mañana del día 10 de septiembre, recibí por más de dos horas en mi oficina al Comandante Jefe del Ejército, General Augosto Pinochet.

En esa oportunidad nos reuníamos para examinar programas de las misiones del Ejército en distintos lugares del mundo.  En un momento hablamosde la situación existente el el país, y una vez más el general Pinochet hizo alarde de sus condiciones democráticas, de sus sentimientos de admiración y lealtad al Presidente Allende y de su decisión de cumplir con su juramento de soldado de defender hasta las últimas consecuencias la Constitución y la persona del Presidente de la República.  El propio general Pinochet ha declarado posteriormente que, 48 horas antes, había discutido un documento con representantes de la Armada y de la Fuerza Aérea, mediante el cual se comprometía a participar en la conjura destinada a quebrar la Constitución, a asaltar el poder y ocupar Chile por las armas.

Realmente muchas veces cuando se ve al general Pinochet haciendo declaraciones, uno tiene serias dudas de su capacidad intelectual.  Lo que yo sí puedo decirles es que es un genio de la traición.

El lunes 10 de septiembre hubo un Consejo de Gabinete a la 1.30 de la tarde.  En ese Consejo de Gabinete participaron, como era natural, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que eran integrantes del último ministerio del Presidente Allende.  Dos de esos oficiales son ahora, hoy día, de la Junta Militar.  En esa reunión el Presidente Allende repitó lo que nos había dicho en conversaciones anteriores a algunos colaboradores más cercanos: “Soy el Presidente constitucional de Chile y si el fascismo pretende violentar la decisión del pueblo, yo sabré cumplir con mi deber.  De este lugar me tendrán que sacar a mí primero.  Mientras viva, ni la fuerza ni la traición me harán claudicar la dignidad del cargo de Presidente de la República de Chile ni al compromiso con el pueblo”.

En ese mismo momento los grupos más reaccionarios y antipopulares de dentro y de fuera de Chile, se valían de la pequeñez moral, de la traición y de la codicia de poder de unos cuantos generales y almirantes para dar los últimos arreglos preparatorios de la más violenta masacre y represión de la historia de América Latina, para la ocupación militar de Chile.

En la noche del 10 de septiembre me reuní con el Presidente Allende alrededor de las nueve.  Estaban allí también Carlos Briones, que era entonces Ministro del Interior y dos asesores.  El Presidente los había citado para que colaboraran con él en la preparación de un discurso que debía pronunciar al día 11.  En este discurso el Presidente anunciaría al país su decisión de llamar a un referéndum para que el pueblo de Chile, por la vía democrática de la consulta popular, se pronunciara sobre las divergencias existentes entre el Gobierno y la oposición.

Los oficiales conjurados supieron de esta decisión del Presidente Allende, y para evitar que se conociera el llamado del Presidente al pronunciamiento democrático del pueblo, adelantaron su asalto al poder programado, según ellos mismos posteriormente lo han declarado, para el día 14 de septiembre.

Poco después de la 1.30 de la madrugada, una vez que el Presidente terminó el trabajo de preparación de su discurso, abandoné su casa acompañado del Ministro del Interior.

En las horas siguentes tuve oportunidad de conversar varias veces por teléfono con varios de los altos oficiales que estaban en la conjura, y en cada una de esas conversaciones se apreciaba la cobardía moal que hemos podido seguir viendo en sus actos popsteriores a la traición.  Nunca se atreven a da r la cara, cuando no tienen sus armas en la mano tiemblan cuando uno habla con ellos.  Cuando uno los habla en la cara no pueden resistir.

Hablé con varios oficiales.  Como decía, la cobadía moral que vivían en esos instantes a través de las palabras dichas, sólo es comparable con la crueldad con que han tratado de arrasar al movimiento popular.

Tal vez no es esta oportunidad para relatar en detalle mi experiencia personal a partir del momento, en que después de conversar con el Presidente Allende en la mañana del día 11, ingresé al Ministerio de Defensa donde fui hecho prisionero.  Otras personas comparecerán ante la Comisión para dar cuenta de la inhumana situación que se vive en los campos de concentración, las cárceles, los centros de interrogación.

Fui traslado en primer lugar a una unidad militar de Santiago; después a la Escuela Militar ubicada también en Santiago.  El 15 de septiembre, junto con el grupo de 35 dirigentes de la Unidad Popular – Ministros, Rectores de Universidad, Parlamentarios y jefes de servicio -, fuimos traslados a un campo de concentración en la isla Dawson, situada sobre Estrecho de Magallanes.

En mayo de 1974 se me llevó, como se nos llevó a todos, a Santiago, maniatados y encapuchados, sometidos a todo tipo de vejámenes y de aprensiones fisicas y allí, en Santiago, se nos sometió a distintos métodos de interrogatorio.

A mí me llevó a un centro de interrogatorios que funciona en la Academia de la Fuerza Aérea.  Estuve allí hasta el 20 de junio, día en que fui traslado a otro de los campos de concentración en la zona central de Chile, campo de concentración denominado Ritoque.

El 9 de septiembre de 1974, practicamente un año después del golpe , fui entregado a las autoridades del gobierno venezolano y expulsado de Chile.  Durante ese año fui sometido a simulacros de fusilamiento, a toda clase de interrogatorios.

Al llegar a Dawson se nos notificó por el jefe de la isla que éramos prisioneros de guerra y que por lo tanto se nos iba a aplicar normas propias de la Convención de Ginebra.  Más allá de lo irracional de esta calificación de prisioneros de guerra, en una situación en la que había sólo un ejército que asolaba a un pueblo desarmado, debo decir, señores miembros de la Comisión, que las normas de la Convención de Ginebra aplicables a los prisioneros de guerra, nunca fueron aplicadas a nosotros; que fuimos sometidos en todo momento a un trato brutal, a un sistema de trabajo forzoso, apremios físicos y apremios sicológicos, a simulacros de ataques armados al campo de concentración en que estábamos.  La muerte, la tortura, la violencia brutal, la irracionalidad absoluta estuvieron presente durante ese año en que el terror nos rodeaba, destinado a producir el aniquilamiento físico y que el quiebre sicológico de quienes éramos parte del Gobierno de la Unidad Popular.  Se nos mantuvo alejados de nuestras familias, sin abogados, en condiciones de subalimentación, bajo la violencia más despiciadada.

En Dawson, mientras se nos obligaba a correr con sacos llenos de piedras, bajo la lluvia, veíamos llegar a los prisioneros de la provincia de Magallanes que también estaban en un campo de Río Chico, en Dawson, que eran llevadaos periódicamente a interrogatorios a la ciudad de Punta Arenas.

Nunca conicí en ese campo de concentración a un prisionero de la ciudad de Punta Arenas que no hubiera sido torturado; nunca conocí a ningún prisionero que no hubiera sido torturado.  Allí había más de 280 prisioneros de la provincia de Magallanes, muchachos de 16 años como Luis España, me recuerdo, que como consecuencia de las torturas tuvo un quiebre sicológico total, y con quien yo compartí durante algunos días en una pieza en el hospital de Punta Arenas.  Jóvenes como los hermanos García de 17 y 18 años de edad que fueron condenados a 13 y 20 años de presidio por un Consejo de Guerra ante el cual no tuvieron defensa legal alguna, y en virtud de declaraciones que fueron obligados a firmar mientras ellos tenían los ojos vendados y después de haber sido, naturalmente, torturados.

Bueno, tantos otros con los que conviví en los distintos lugares en que estuve detenido.  Creo que podría hablar de centafres de ellos.

Existen, señor Presidente, tantas vivencias recogidas en este sentido, que por ello tal vez no es necesario que you me refiera más a esta materia.  Creo preferible que llame la atención de la Comisión, sobre otro tipo de violaciones a los derechos humanos que ha venido cometido permanentamente la Junta militar chilena.

Para justificar o intentar legitimar la masacre y la traición, se inventó primero el llamado “plan zeta”.  Según declaraciones oficiales de la Junta, consistía en el asesinato masivo de oficiales de las Fuerzas Armadas el día en que en Santiago se esperaba llevar a cabo la Revista Militar Preparatoria de 1973, que antecede a la llamada Parada Militar, que efectúa en Chile el día 19 de septiembre.  Esa revista preparatoria es efectuada por el Ministro de Defensa acompañado en el mismo vehículo por los jefes de las Fuerzas Armadas, de manera que si existiera el propósito de asesinar a estos jefes de las Fuerzas Armadas, como lo ha declarado oficialmente la Junta, resultaba imposible dejar de matar al Ministro de Defensa que iba a ir en el mismo vehículo y que era yo.

Nunca, no obstante las campañas publicitarias que la Junta hacía a través de todos los medios de información que controla, y a pesar de los numerosos interrogatorios a que fui sometido, nunca se atrevieron a preguntarme si yo sabía algo siquiera del plan zeta; si existía este plan zeta mediante el cual se pretendía asesinar a los oficiales de las Fuerzas Armadas; si yo era agente de esta acción.

¿Cómo era posible que no se me preguntara?; ¡pero cómo se me iba a preguntar, si yo le había encargado al general Pinochet, como Ministro de Defensa, después de una reunión con los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, que fuera él quien se encargara de todos los arreglos administrativos y de toda clase relativos a la Revista preparatoria!

Nunca a ninguno de los dirigentes que estuvimos prisioneros en Dawson y a los cuales permanentamente la prensa de alguna manera u otra trataba de implicarnos en el llamado plan zeta, nustros interrogadores ni siquiera nos consultaron sobre esto; a mí ni siquiera se me preguntó si conocía este plan.  Sin embargo, con el argumento del plan zeta y de la propaganda desplegada contra la opinión pública se pretendió, en los primeros meses siguentes al golpe,legitimar y justificar el asalto al poder y la muerte de miles de chilenos.

El plan zeta también fue utilizado para enardecer a los suboficiales y al personal de tropa.  En todos los regimietos, unidades militares y campos de concentración se pusieron afiches en los que se decía a los soldados que si estaban cansados de las guardias extraordinarias que tenían que cumplir por la custodia de prisioneros, no olvidaran que, de acuerdo con el plan zeta, en el mes de septiembre de 1973 debían haber sido asesinados.

Pero, es curioso, después de cierto tiempo ya se dejó de usar este medio de engaño de la opinión pública chilena, de la opinión pública mundial, que era el plan zeta.  El propio general Pinochet en septiembre de 1974, dio a conocer publicaciones indicando que a principios de 1972 , él había ordenado a las dependencias del Estado Mayor del Ejército la preparación de un plan de order interior ofensivo o preventivo, de manera que el sistema de fuerza quedara organizado para actuar en forma anticipada a cualquier hecho.

Al principio se decía que la represión y el crimen era la actitud de defensa asumida por las Fuerzas Armadas frente a este plan de sectores populares mediate el cual se pretendía eliminarlos.  Después se olvidaban del plan zeta y como había la pugna entre los miembros de la Junta para demostrar quién había tenido mayor participación en estos asesinatos, el general Pinochet señalaba: “No, yo fui el primero; desde 1972 yo ya tenía organizado este golpe militar”, y en ese instante, naturalmente, se olvidaba del plan zeta del que había estado hablando todos esos meses a la opinión pública mundial y del cual había hecho un libro llamado el “Libro Blanco” que todos conocen.

Pero no ha sido sólo eso lo que se ha utilizado para intentar legitimar el golpe de estado, llos asesinatos y la represión.  Ha habido una permanente campaña destinada a destituir moralmente a los dirigentes de la Unidad Popular.  Esto se intentó hacer inicialmente con la memoria del Presidente Allende, pero frente a la imposibilidad de rozar siquiera su figura inmortal, empezaron a dirigir su acción contra los dirigentes y miembros de los partidos populares.

De la manera más ignominiosa, representantes de la Junta Militar han declarado que todos los detenidos políticos en Chile son delincuentes comunes.

A nosotros, mintras estábamos en Dawson, se nos hizo escuchar una exposición que hizo por radio en la ciudad de Punta Arenas el “eficiente criminólogo del 73”, el general Pinochet, en una visita efectuada a la provincia de Magallanes.  Y allí el gerneral Pinochet decía que todos los que estábamos detenidos en Chile eramos delicuentes comunes.

Sistemáticamente la prensa controlada por la Junta se encarga de enlodar a los dirigentes del pueblo mediante las calumnias más arteras, ante la indefensión total de aquellos contra quienes van dirigidas estas campañas, porque, o se encuentran prisioneros o, naturalmente, no pueden tener acceso a los medios de información que hoy existen en Chile.

Esta violación de los derechos humanos cargada del “noble propósito” de destruir moralmente a todos aquellos que se oponen a la Junta, es una demostración más del nivel moral de quienes por la fuerza de las armas hoy ejercen el poder en Chile.  No obstante el pago a la delación, la calumnia permanente, y el hecho que ciertos sectores del poder judicial chileno no tienen gran tendencia a desobedecer las instrucciones que les imparte la Junta, después de un año y cinco meses del golpe militar y de campañas sistemáticas de calumnias y difamación, no se ha podido condenar a un solo dirigente de los partidos populares chilenos por un delito común.

Señores miembros de la Comisión, estas campañas son de tal dimensión que a mí, por ejemplo, según informaciones emanadas de la cadena dde diarios de “El Mercurio”, en la primera página se me trató permanentemente de traficante de armas, a través de la forma más ignominiosa; del compañero Edgardo Enríquez, que fuera Ministro de Educación y que estuviera con nosotros en Dawson, que era antes Rector de la Universidad de Concepción y uno de los compañeros más nobles y abnegados que he conocido, de una manera cobarde, en este mismo diario, se dice que fue detenido cuando trataba de huir con treinta mil dólares.

Durante mucho tiempo se dijo que el Presidente del Banco Central había hecho construir unos túneles para robarse el dinero; se hizo circular una lista en la que se hablaba que había un millón de muertos, que nosotros habíamos previsto asesinar.  En ella se ponía a algunos dirigentes políticos de los partidos de oposición y a los presidentes de las distintas grandes empresas y corporaciones privadas y, naturalmente, a otros sectores de la población chilena.  Se circuló esta lista diciendo que había sido sorprendida; se señaló que el plan zeta había sido encontrado en la oficina de Daniel Vergara, que era Subsecretario del Interior.

Recién producido el golpe y con gran despliegue publicitario, se dijo que la esposa del compañero Almeyda estaba envuelta en un desfalco, porque había sido sorprendido dinero en la caja de fondos del casino que ella tenía a su cargo en el edificio que nosotros llamáramos Gabriela Mistral, y se hizo un gran despliegue de ello.  Esos dineros correspondían al funcionamiento normal del casino y fue sólo debido a una gran presión que ejercieron algunos amigos, finalmente la Junta se vió en la obligación de hacer cambiar la declaración.

Se dijo que nosotros habíamos previsto cambiar la bandera nacional.  Se nos interrogó sobre la entrega de secretos militares a otros países, tratando de ponernos a nosotros enel papel de traidores.  Se hicieron campañas destinadas a convencer a los oficiales y al personal de tropa que los dirigentes de la Unidad Popular llevaban una vida escandalosa e inmoral.  Permanentemente, en los campos de concentración, los suboficiales y soldados preguntaban de aquello,porque eramos sometidos a conferencias en torno a esto con el fin de descalificarnos moralmente.

A pesar de los intentos desesperados por enlodar la imagen de los dirigentes de la Unidad Popular, toda esta campaña de inigualada ruindad moral ha caído bajo el peso de su propia inconsistencia y ha dejado al descubierto los procedimientos que utilizan los usurpadores enel vano intento de legitimar sus crimenes.

Así mienten, así engañan.  Así han tratado de ocultar el horror en que han sumido a nustro pueblo.

Pero, la opinión pública internacional sabe a qué atenerse y estoy cierto que las deliberaciones de esta Tercera Sesión contribuirán eficazmente a restablecer la verdad sobre Chile y constituirán un nuevo llamado de alerta a la conciencia civilizada de la humanidad.

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