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Jorge Octavio Vargas Bories 

(agente CNI)

 

Foto: Cortesia de Julio oliva

Este agente que usaba el alias de Jorge Polanco, miembro del Comando 11 de Septiembre, participó en el secuestro y posterior muerte del periodista José Carrasco y del publicista Abraham Muskablit en Septiembre de 1986.

Polanco o Vargas Bories, participo en la “Matanza de Corpus Cristi” U Operación Albania, donde 12 miembros del FPMR fueron ejecutados,

También esta comprobada su participación en la ejecución del dirigente del MIR Jecar Neghme.

Agosto de 1979, participó en la aplicación de tortura que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez.

Los médicos que atendieron señalaron a Federico Alvarez en la Asistencia Publica, declararon que su cuerpo presentaba contusiones múltiples, quemaduras con cigarrillos, quemaduras eléctricas, fracturas costales y contusión pulmonar.

En Diciembre de 1990 Vargas Bories, siendo parte de la DINE, fue detenido y encargado reo por la muerte de José Carrasco y de Abraham Muskablit.

Este agente también era procesado por estafa y giro doloso de cheques, por sus acciones en la empresa de Transporte Santa Bárbara, donde participaba como socio del ex CNI, Álvaro Corbalan.

 

Viernes 5 de Abril  2002 Tercera
Operación Albania: acusados 18 ex agentes de la CNI El ex director del organismo,
general (r) Hugo Salas Wenzel, es sindicado como el autor intelectual de la ejecución de doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El ministro en visita Hugo Dolmestch acusó a 18 ex agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) por su participación en el asesinato de 12 jóvenes el 15 y 16 de junio de 1987, caso conocido como "Operación Albania".
El magistrado determinó que el ex director del organismo de inteligencia, general (r) Hugo Salas Wenzel, es el responsable intelectual del homicidio de los opositores al régimen militar.
De esta forma, Dolmestch pone fin a quince años de investigación e inicia la etapa previa a la dictación de condenas de primera instancia.
Como coautores del delito de homicidio por están acusados: el general (r) Hugo Salas Wenzel, el mayor (r) Alvaro Corbalán, el comandante (r) Iván Quiroz, el comandante (r) Krantz Power Donoso, el mayor Rodrigo Pérez Martínez y el oficial de Ejército
Jorge Vargas Bories.
Estas acusaciones en contra de los uniformados antes mencionados se refieren a la muerte de Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Julio Guerra, Juan Henríquez y Wilson
Henríquez.
Otros implicados
Además, son acusados del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Ester Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi y Ricardo Silva, ejecutadas en el inmueble de Pedro Donoso 582, de la comuna de Conchalí.
En calidad de cómplice, el magistrado acusó al capitán (r) del Ejército Arturo Sanhueza Ross, por el homicidio de Julio Guerra y el secuestro seguido de homicidio de Ester Cabrera.
En tanto, el ex detective Hugo Guzmán esta acusado en calidad de cómplices por el delito de secuestro con homicidio de Patricia Quiroz. Su colega Gonzalo Maass del Valle, en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de Ricardo Rivera.
Los oficiales (r) René Valdovinos Morales, César Luis Acuña Luengo y Manuel Morales Acevedo fueron acusados de autores del homicidio de Ignacio Valenzuela Pohorezcky y como cómplices de secuestro seguido de homicidio de las víctimas de Pedro Donoso 582.
La matanza de Corpus Christi
En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.
Según las versiones oficiales del gobierno militar, los jóvenes murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso.
La acción se produjo apenas cuatro días después que la Octava Sala de Corte de Apelaciones de Santiago declarara al FPMR como una "asociación ilícita terrorista", cuyos miembros debían ir a la cárcel y ser reprimidos, resolución que legitimó todo
tipo de acción violenta contra el grupo de izquierda.
Cabe recordar, que el dictamen fue resuelto por el tribunal de alzada a petición del Ministerio del Interior del régimen militar  por un requerimiento presentado por un grupo de frentistas acusados de varios delitos.
Operativo de la CNI
Para llevar a cabo la operación, la Central Nacional de Informaciones efectuó un gigantesco operativo de inteligencia, que significó movilizar a decenas de agentes y realizar numerosas detenciones y allanamientos, con el objetivo final de
reprimir a los frentistas.
La acción de la CNI fue acompañada de un gran despliegue de publicidad oficialista, que reprodujo sin dudas ni cuestionamientos la versión oficial de "enfrentamiento".
La primera víctima, Ignacio Valenzuela Pohrecky, uno de los fundadores del FPMR, murió baleado en calle Alhué, comuna de Las Condes, el 15 de junio de 1987, a las 12 horas. A las 18 horas, los agentes de la CNI dieron muerte a Ricardo Acosta Castro, en calle Varas Mena, frente al número 630. Pocas horas después, cerca de la medianoche, en la misma calle Varas Mena, en el inmueble signado con el número 417, fueron muertos Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos.
A la misma hora de ocurrir estas muertes, tuvo lugar la de Julio Guerra Olivares, en la Villa Olímpica.
Posteriormente, cerca de las 5 de la mañana del 16 de junio de 1987, en la casa de Pedro Donoso 582, comuna de Recoleta, fueron acribillados siete frentistas. Ellos fueron Ricardo Silva Soto, José Valenzuela Levy, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricio Quiroz Nilo, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa y Ricardo Rivera Silva

 

11 de Julio 2003 La Nacion

Aparición de ex CNI en TVN desata polémica

La aparición del ex agente de la CNI, Jorge Vargas Bories, como un padre de familia ejemplar que le desea a su hija suerte y templanza en la fase final del concurso “Tocando las Estrellas” de TVN encendió ayer la polémica ya que el ex capitán está procesado nada menos que por el asesinato del periodista José Carrasco, del publicista Abraham Muskablit y de participar en la fatídica Operación Albania. Vargas Bories está en libertad condicional mientras se dictan las condenas.

En los primeras emisiones del programa había trascendido el vínculo familiar de la participante y actual finalista de este espacio, Mariana Vargas, con este ex agente, pero la estación televisiva había aclarado entonces que “los hijos no son responsables de los actos de sus padres”.

En las imágenes, el ex agente lucía tranquilo junto a su esposa, en un video con marcado acento familiar en el living de la casa. “Pase lo que pase, tómalo con mucha dignidad y con mucho respeto a tus compañeros”, le recomendó a Mariana el ex agente. Momentos antes, la cámara había recorrido el departamento mostrando una foto de Augusto Pinochet, junto a las cucharas de plata y otros objetos de valor exhibidos sobre la mesa de centro.

La aparición en pantalla de Vargas Bories, en un programa que fue transmitido también por la señal internacional de TVN, resultó ofensiva para los familiares de las víctimas, e incluso para el Colegio de Periodistas y algunos miembros del directorio del canal público que cuestionaron abiertamente el criterio de la emisión.

En TVN, aunque en un primer momento se resistieron a entregar una declaración oficial, el Departamento de Relaciones Públicas aclaró que se había utilizado el mismo criterio aplicado a los otros concursantes, a quienes “se les brindó la oportunidad de ver a sus familias una semana antes de la final”.

Pero el hecho fue interpretado de inmediato por el representante de los trabajadores en el directorio de Televisión Nacional, Cristóbal Valenzuela como “una falta de prolijidad con los familiares de las personas que se vieron afectadas por la acción criminal de Vargas Bories”, por el representante de los trabajadores en el directorio de Televisión Nacional, Cristóbal Valenzuela.

Nelson Caucoto, abogado querellante en la causa de José Carrasco tuvo sin embargo una opinión menos tajante: “La concursante (Mariana Vargas) no tiene culpa alguna, tiene derecho a realizar su propia vida y desarrollarse plenamente como persona. No podemos hacer trascender a sus hijos los errores de sus padres”.

A Nissim Sharim, otro integrante de esta instancia directiva, también le sorprendió que se haya realizado esta entrevista y fue enfático en señalar tajantemente que “no debe dársele ningún tipo de tribuna a la gente que cometió horrores durante la dictadura”.

Aún más molestia causó el programa en el Colegio de Periodistas. Su presidente, Guillermo Torres, anticipó que va a denunciar esta ofensa hoy durante el Congreso de la organización que se realiza en La Serena y anticipó que le exigirá a TVN que “tenga en consideraciones esenciales de un hecho tan grave que conmovió a todo un país”.

El living de la casa de Vargas.

Más próxima al entorno familiar, la periodista María Eugenia Camus, ex compañera de trabajo de José Carrasco en la revista Análisis, sostuvo que “es inaceptable que la pantalla de la televisión publica se use para este tipo de sujetos que habla del „cariño de la familia“. Sentí una enorme rabia y pena, acordándome del hijo de José Carrasco, Luciano, que se suicidó justamente porque ese sujeto segó para siempre la vida de su familia”.

Entretelones de la emisión

A TVN no le ha resultado fácil lidiar con este programa. Desde un comienzo se encargó su casting y desarrollo a una empresa externa, la productora Roos Films, que no sólo exhibió graves falencias técnicas en los primeros capítulos, obligando a reforzar el presupuesto y la intervención en el espacio de ejecutivos del canal, sino que fue la responsable de este nuevo y cuestionado capítulo.

Fuentes del programa explican que es esta productora la que confecciona las pautas del programa y los responsables de la estación sólo supervisan los contenidos, mecanismo que en este caso no habría surtido el efecto esperado.

De hecho, una fuente de esta productora reconoció a La Nación que “fue un error y jamás deberíamos haber mostrado a este caballero (Vargas Bories). Sin embargo, debíamos tratar a la Mariana como al resto de los participantes, aunque se pudo haber evitado este bochorno”.

Hoja de ruta

Jorge Vargas Bories (alias Jorge Polanco) está acusado de diversos crímenes cometidos durante la dictadura militar. El capitán (r) operó como integrante de la Unidad Antisubversiva de la CNI y está procesado por el secuestro y asesinato del periodista José Carrasco y del publicista Abraham Muskablit, hechos ocurridos en septiembre de 1986, poco después del atentado contra Augusto Pinochet. También está acusado de ser uno de los agentes que perpetró la “Matanza de Corpus Christi”, también conocida como Operación Albania, en junio de 1987, donde doce miembros del FPMR fueron ejecutados. Además, ha sido implicado en la ejecución del dirigente del MIR, Jecar Neghme, ocurrida en septiembre de 1987.

Vargas, quien luego de su paso por el organismo represor integró la DINE, también enfrentó a la justicia cuando fue encausado por estafa y giro doloso de cheques en la empresa de Transportes Santa Bárbara, donde fue socio del ex director de la CNI, Alvaro Corbalán.

Respecto a su “perfil”, es revelador el testimonio que entregó el diario electrónico El Mostrador en 2001. Un testigo secreto del caso José Carrasco confesó que, un día después del crimen del periodista, Vargas llegó hasta su casa para pedirle que alterara el estriado de los cañones de las armas usadas en el asesinato. ‘’Anoche fileteamos unos huevones y hay que ‘pajear’ los fierros’’, habrían sido las palabras del hombre que el miércoles apareció como un amante padre de familia en las pantallas de TVN

17 de Julio 2003 La Nacion

Periodistas “funan” a TVN por ex CNI en reality show

Un numeroso grupo de periodistas pertenecientes al Colegio de la orden, realiza una “Funa” fuera de los estudios de Televisión Nacional de Chile (TVN), producto de la aparición del ex agente de la CNI, Jorge Vargas Bories, en el reality show “Tocando las Estrellas”, espacio televisivo que finaliza hoy, y que tiene entre los finalistas a la hija del ex agente represor.

La aparición del ex agente de la CNI como un padre de familia ejemplar que le desea a su hija suerte y templanza en la fase final del concurso de TVN, encendió la polémica ya que el capitán en retiro está procesado por el asesinato del periodista José Carrasco, del publicista Abraham Muskablit y de participar en la fatídica Operación Albania.

Vargas Bories está en libertad provisional mientras se dictan las condenas.

El gremio considera inaceptable que por las pantallas del canal estatal aparezca un inculpado por graves violaciones a los Derechos Humanos, como un inocente padre de familia.

 “Nos parece que se ha producido una omisión culposa de TVN al presentar a este personaje, sin decir exactamente quién es y qué representó en la violación de los DD:HH en Chile”, señaló el Presidente del Colegio de periodistas, Guillermo Torres.

 “El Colegio, los ex trabajadores de Revista Análisis, amigos y compañeros de José Carrasco, estamos acá para expresar nuestra enérgica protesta ante esta insólita actitud de Televisión Nacional, que al presentar a un inculpado por graves violaciones a DD.HH como un ejemplar padre dedicado al cuidado de su familia, no sólo ofende la memoria de Carrasco y de las demás víctimas, sino que a los periodistas de nuestro país y a todos los chilenos que creen en principios y valores fundamentales de la dignidad humana”, sostuvo Torres.

En estos momentos unas cincuenta personas están apostadas en el frontis de la cadena estatal con pancartas y letreros alusivos a la demanda. El Colegio también señaló a través de una declaración pública que “TVN debe asumir su responsabilidad en el hecho, en su calidad de Televisión Pública, porque la pluralidad de la que hoy goza, es fruto de la lucha de gente como Carrasco que entregó su vida por la recuperación de la democracia en Chile, responsabilidad superior que no puede ser transada por mayor audiencia”.

 

15 de Abril 2004 El Mostrador

Procesado por homicidio continuó como escolta de Pinochet

Los dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que ayer prestaron testimonio en el marco de la etapa probatoria en que se encuentra el caso Albania, coincidieron en que los días 15 y 16 de junio de 1987 participaron de la operación que terminó con la muerte de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por miedo a las represalias de la institución en caso de negarse.

El primero en comparecer ante el ministro Hugo Dolmestch, quién lleva todos los caso de crímenes cometidos por la CNI, fue el mayor (R) Rodrigo Pérez Martínez, quien en esa fecha era el capitán a cargo de la Unidad Antiterrorista (UAT) y que de acuerdo con los documentos revelados por El Mostrador.cl el año 2000, no podía actuar sin la anuencia del Presidente de la República de la época.

Pérez se encuentra procesado como uno de los autores de los homicidios cometidos en calle Alhué, Varas Mena y Villa Olímpica y por el secuestro seguido de homicidio de los miembros del frente ejecutados en calle Pedro Donoso.

Temor a consecuencias fatales

El ex oficial fue consultado por el momento en que recibe la orden del comandante (R) Iván Bellarmino Quiroz de eliminar a uno de los frentistas detenidos en el cuartel Borgoño. Según Pérez y ante la evidencia de estar ante un acto “delictual”, le consulta de dónde viene la orden. Quiroz responde que del “escalón superior”, ante lo cual no tiene otra opción que acceder, considerando además que el comandante (R) tenía mayor antigüedad y rango que él.

A la vez señaló que el subalterno que lo acompañaba en esa oportunidad y también miembro de la UAT, Eric Silva, también le pareció impropia la orden, según le manifestó días después al montaje de la operación. Por este motivo, Silva, procesado por su participación en el secuestro y posterior homicidio de Ester Cabrera, solicitó su traslado de la unidad. Según recuerda Pérez, al mes o mes y medio después, Eric Silva pasó a integrar la escolta presidencial.

Al ser requerido por uno de los abogados querellantes, si este hecho puede ser considerado como un ascenso o un premio a su actuación en los hechos, el ex jefe de la UAT dijo que en ningún caso, a pesar de la alta connotación y confianza que requiere un cargo de este tipo.

Su preocupación por la orden de “tipo delictual”, nunca la hizo presente los días posteriores a ningún superior, ni siquiera en el asado de camaradería realizado en calle Rondizonni, presidido por el general Salas Wenzel, quien aprovechó la oportunidad para “felicitar” a todos los efectivos que participaron de la “neutralización” de los frentistas.

El ex jefe de la UAT, señaló al magistrado que “no podía obviar la orden que recibió porque podría traer consecuencias fatales para su familia y para él”. Su temor lo ejemplificó con lo que le sucedió al ex químico Eugenio Berríos, muerto en Uruguay a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y a Armando Fernández Larios, quien fue acusado de traición a la patria por su colaboración con la justicia estadounidense en el caso Letelier.

De esta forma Pérez siguió la misma línea que el comandante (R) Iván Bellarmino Quiróz, quien declaró el año 2000 que una orden superior “no se podía discutir a menos de exponerse a situaciones gravísimas en relación a nuestra integridad física y de nuestro grupo familiar”. Este ex oficial y subalterno de Alvaro Corbalán Castilla en el cuartel Borgoño de la CNI, se encuentra en procesado por los mismo delitos que Pérez.

Pérez Martínez debió explicar, además, la relación que existió entre la UAT y el cuartel Borgoño desde donde se coordinaron todas las acciones de la también llamada “Matanza de Corpus Christi”.

Indicó que su unidad recibió en calidad de “comisión de servicio indefinido” a 12 ó 13 funcionarios de Borgoño para capacitarlos en las “tácticas militares” como lucha antiguerrilla y rescate de rehenes, dado que los integrantes de la UAT estaba conformado por comandos y paracaidistas. Parte de los cuales después se facilitaron al cuartel para labores de seguimiento.

El oficial relató que se puso a disposición de Corbalán, la mañana del día 15 luego de un llamado telefónico que hiciera éste a las dependencias de la UAT en calle Simón Bolívar en la comuna de la Reina, entre las 08.00 y 09.00 horas. En esa oportunidad y a pesar que normalmente las ordenes las recibían primero del director de la CNI, accedió a la petición de Corbalán porque éste le dijo que existía la autorización de más arriba. En dicho momento no preguntó por qué y para qué los necesitaban específicamente. Agregó que él perdió el mando de su unidad, dado que sus hombres fueron destinados a distintos equipos.

Terror a ser ajusticiado

Luego correspondió el turno del ex detective Gonzalo Mass del Valle sobre quien pesa la solicitud del CDE de condenarlo a presidio perpetuo simple por su participación en los homicidios de los frentistas. El ex oficial y miembro de la “brigada verde” que operaba en el cuartel Borgoño comandado por Corbalán, ratificó su presencia en Pedro Donoso, luego que se le ordenara asistir para realizar un allanamiento. Una vez en el lugar no recuerda quién le dio la orden de entrar a una de las piezas: “solamente me dijeron tú ahí”.

El ex detective de 29 años en esa fecha, dijo que sintió “terror” en esos momentos al darse cuenta que podía ser ajusticiado por sus propios compañeros para justificar bajas, ya que era evidente que los frentistas “secuestrados” en Borgoño habían sido trasladados a calle Pedro Donoso para simular un falso enfrentamiento. Precisó que en el instante que estuvo en la pieza fue tanto el temor que “me oriné y defequé”.

Señaló además que “el estar de paso en la CNI”, en su calidad de policía civil, donde los que dominaban eran los oficiales de Ejército, lo convertía en una potencial víctima para ser ajusticiada. El ex agente recuerdó que antes de entrar a la CNI, escuchó comentarios “que el mundo de la inteligencia era sucio”, por lo que no le extrañaba ser ejecutado en esa u otra operación.

Consultado sobre si tuvo ánimo de matar, dijo que “en ningún momento”, “no maté a nadie”, lo que posteriormente le valió ser discriminado al interior de la institución.

Por otra parte y en lo que respecta al teniente (R) Jorge Vargas Bories, a la fecha integrante de la Unidad Especial de la CNI que operaba en el cuartel Borgoño y quien ha negado su participación en los hechos de sangre de esos días, reconoció que vio a este agente en Varas Mena y en Pedro Donoso. Vargas dice que a los dos lugares llegó cuando los sucesos habían concluido. Sin embargo, el ex detective precisó lo contrario y agregó que le consta la participación de la Unidad Especial en los operativos por la presencia de su “jeep blanco con metralleta” que operó en ambos puntos.

Vargas Bories para quien el CDE pidió 20 años de cárcel, concurrió ayer a firmar su declaración del día martes y aprovechó la oportunidad para quedarse en la sala y escuchar a Pérez y Mass.

Lo mismo hizo otro procesado el teniente coronel (R) Kranz Bauer Donoso miembro de la “brigada azul” que operaba en Borgoño y procesado por los mismos hechos que Vargas. La presencia de ambos causó profunda molestia en las familias de las víctimas de “Corpus Christi”, lo que se lo hicieron saber a la abogada María Elena Horvitz del CDE.

Horvitz les explicó que no hay nada ilegal en el hecho y que están en su derecho. Además ya habían prestado su testimonio y no podían ser sacados de la sala. De todas formas, la abogada del fisco solicitó al ministro Dolmestch que tomara algún tipo de medida para tranquilizar a las familias y para que los declarantes no se sintieran presionados por las miradas de sus ex colegas. El incidente que se produjo al término de la declaración del ex jefe de la UAT, motivó a que el magistrado le indicara a Mass que todas las respuestas debería darlas mirándolo a él y no al abogado que hace las preguntas, como es la norma, con el objetivo de no sentir ningún tipo de intimidación al momento de responder.

 

9 de Agosto 2004 La Nacion

Ex CNI del caso Albania gozan de pensiones “post guerra”

Una realidad previsional muy distinta a su situación judicial viven varios de los ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) procesados como autores de los homicidios calificados de 12 frentistas en la denominada Operación Albania, ocurrida el 15 y 16 de junio de 1987.

Hoy se encuentran a la espera del dictamen del ministro en visita Hugo Dolmestch, quien tiene “para fallo” la investigación de los crímenes.

Sin embargo, otra es su situación previsional debido a que, bajo una denominación genérica de “estrés post guerra”, los ex agentes han obtenido pensiones de invalidez de segunda categoría, según lo acredita la Honorable Comisión de Salud del Ejército. Esto significa en la práctica obtener casi el doble de su jubilación mensual por ser víctimas de padecimientos en “actos de servicios” que los incapacitan para desarrollar una labor normal.

El grupo se encuentra encabezado por el jefe del llamado “procedimiento antisubversivo”, el teniente coronel (R) Krantz Bauer Donoso, ex jefe de la Brigada Verde de la CNI, quien figura como causal de retiro un diagnóstico de “TEC abierto, síndrome post TEC, otorragia izquierda, fractura peñasco temporal izquierdo y hemorragia sub aracnoidea”.

A él lo secunda, el teniente y empleado civil de Ejército (R), agente JorgeVargas Bories, coautor de ilegítima privación de libertad y de los homicidios ocurridos en calle Pedro Donoso, quien obtuvo su pensión de invalidez por actos del servicio al acreditar una “psicosis maníaco depresiva”.

También goza de este beneficio, extensivo a su grupo familiar y que mantiene en grado de “activos” su salario, es decir su pensión se reajustan al par de los sueldos de los oficiales que están en servicio, el fallecido teniente coronel Iván Cifuentes Martínez y ex jefe del Comando Cobra de la ex CNI, quien justificó una “psicosis maníaco depresiva”.

Cabe recordar que fue este oficial quien a sabiendas de una eventual cadena perpetua en su contra solicitó una “salida política” a sus casos, esto después de señalar que “en el fondo, la CNI cumplió la ‘pega’ que el Estado le encomendó (...) desde el punto de vista judicial, los superiores de la CNI quedaron como encubridores o cómplices, pero solamente quienes éramos capitanes estamos asumiendo la condición de autores directos y materiales”.

Asimismo el ex CNI, mayor (R) de Ejército, Emilio Enrique Neira Donoso, encausado como cómplice del homicidio de Recaredo Valenzuela y de los secuestros seguidos de homicidio de calle Pedro Donoso, recibe una pensión producto de una “psicosis afectiva”.

Por su parte, César Luis Acuña Luengo, empleado civil de Ejército (R), procesado como el autor del homicidio de Recaredo Valenzuela y cómplice de ilegítima privación de libertad de calle Pedro Donoso, también acreditó sufrir una “psicosis afectiva”.

Álvaro Corbalán

Pese a que el abogado Hugo Gutiérrez, (situación que avaló después su colega Héctor Salazar) señaló a La Nación que el ex jefe operativo de la CNI, teniente coronel (R) Álvaro Corbalán Castilla, goza de una pensión por “estrés post guerra”, precisando que “me encuentro seguro en un ciento por ciento, porque lo vi publicado en el Boletín del Ejército”; la Dirección de Comunicaciones del Ejército desmintió tal versión.

Sin embargo, indicaron que efectivamente el ex oficial, actualmente recluido a cadena perpetua simple en el penal de Punta Peuco por su responsabilidad en el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, solicitó su invalidez de segunda categoría. “Pero le fue negada porque fue presentada fuera de plazo”, señaló la institución.

Respecto a las mencionadas adjudicaciones de pensiones a estos ex agentes, la misma vocería sostuvo que se apegan a la legalidad vigente, pues se acreditaron de manera médica las dolencias, recalcando que tienen un carácter de “irrevocable”.

A estos nombres se pueden sumar otros de esta institución, de la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones, que también mantienen ex funcionarios procesados por su responsabilidad en la Operación Albania.

Caucoto

Consultado el abogado querellante del caso Albania, Nelson Caucoto, señaló que “me parece extraño este beneficio a personas que no padecen ninguna invalidez o incapacidad generada por actos del servicio, que los mantenga inutilizados para el trabajo, situación que sólo se presta para que tengan el doble de sus pensiones”.

Añadió que “sin duda estamos frente a una situación que debe ser investigada, pues perfectamente se podría configurar el ilícito de fraude al Fisco”.

Caso quemados

Condenado preliminarmente a una condena de 600 días de presidio sin remisión, por su participación en el denominado caso quemados, situación luego cambiada por la Corte Marcial al acreditar que su accionar sólo fue negligente, el capitán (R) de Ejército Pedro Fernández Dittus también se suma al grupo de pensiones de invalidez “post guerra”.

Efectivamente, el jefe de la patrulla militar que golpeó y roció con combustible a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, logró acreditar ante la Comisión Médica del Ejército una “psicopatía orgánica”. Cabe recordar que a causas de las quemaduras, hecho ocurrido el 2 de julio de 1986, falleció Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana quedó con heridas en el 60 por ciento de su cuerpo.

 

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