Caso AGA: SML confirma daño sicológico como consecuencia de las torturas

por Mercedes Castro

Fuente:...PrimeraLínea - Viernes, 8 de Marzo de 2002

En un paso mayor dentro de las investigaciones de derechos humanos, el Servicio Médico Legal (SML) determinó que los apremios ilegítimos aplicados a un grupo de detenidos en la Academia de Guerra Aérea (AGA) dejaron una secuela sicológica imborrable que los acompañará siempre y que condicionará su vida.

El concluyente informe que sale a luz, luego de la querella interpuesta por el Codepu en representación de 21 sobrevivientes de las torturas de la AGA, fue tomado a la gran mayoría de los ex prisioneros y en la totalidad de los casos determina "que se originó daño sicológico" producto de la violencia que enfrentaron durante su cautiverio.

Los análisis del SML abren una nueva fase dentro de las investigaciones de derechos humanos ya que permiten por vez primera impulsar los procesos de víctimas que pudieron vivir luego de los apremios recibidos.

Anteriores antecedentes de esta comprobación médica constituye el caso de Carmen Gloria Quintana, quien luego de un largo juicio fue indemnizada por el perjuicio sicológico sufrido al ser quemada viva, ello junto a la sanción al oficial involucrado en el delito que fue visto por la justicia criminal.

Cobra además mayor relevancia el informe considerando que las evaluaciones médicas se efectuaron a fines del año pasado, luego de ser presentada la querella criminal que tramita la jueza con dedicación exclusiva Raquel Lermanda, titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago.

Con estos antecedentes en mano, sendos careos en los que los acusados han negado cualquier hecho y en que las víctimas han reiterado que las vejaciones sufridas y una serie de interrogatorios a todos los involucrados en el proceso, los querellantes afinan los detalles para solicitar el auto de procesamiento.

Auto de procesamiento

De hecho, la próxima semana el escrito llegará a manos de la magistrada, quien deberá determinar sí el general Edgar Ceballos Jones, Juan Luis Fernando López López y Leonardo Schneider, formaron una asociación ilícita y aplicaron tormentos contra 21 personas.

Aunque originalmente la presentación del Codepu abarcó a toda la cúpula del desaparecido Comando Conjunto, los antecedentes recabados hasta el momento -según fuentes ligadas a la causa- inculpan más a estas tres personas que al resto.

Leonardo Schneider era conocido como el Barba y era un ex integrante del MIR que decidió comenzar a colaborar con Ceballos. Este último, se encuentra encargado reo por la misma jueza Lermanda por un caso de un detenido desaparecido y un ejecutado político. Bajo los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio calificado, Ceballos enfrenta a los tribunales por su actuación mientras se desempeñaba como coronel de la Fach a cargo primero de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, y luego de la sucesora de esta la SIFA.

En cuanto a López López se valía de la chapa de Pantera y es un ex funcionario de la FACH.

Adicionalmente los querellantes indagan la responsabilidad en estos ilícitos de los oficiales en retiro Sergio Leigh Guzmán; Fernando Zuñiga, alias el Chirola; Eduardo Cartagena; el soldado (r) Guillermo Bratti Cornejo; los detectives Jorge Arnaldo Barraza Riveros, alias Zambra o el Negro; Manuel Salvatierra Rojas, alias Negro; Marcos Cortés alias Yoyopulus y Werther Contreras.

Además, se investiga la participación de César Luis Palma Ramírez, que utilizaba la chapa de Fifo; Juan Chávez Samdoval, alias Peque; Roberto Flores Cisterna, alias Huaso; y Robinson Suazo, alias Jonathan.

Los querellantes afirman que un nuevo antecedente vital a la investigación se producirá la próxima semana cuando sea careado con cinco sobrevivientes López López. Claro que esta diligencia, como todas las pendientes de los jueces exclusivos, dependerá del Pleno de ministros de la Corte Suprema.

En la reunión habitual de los viernes los magistrados deberán evaluar el informe del juez exclusivo y del ministro visitador de cada tribunal para determinar si corresponde seguir adelante con su misión. También jugará en este nuevo aplazamiento el número de procesos que revise cada juez, algunos de los cuales han disminuido o aumentado sus causas en los últimos meses a petición de la Corte de Apelaciones correspondiente a su jurisdicción.

Pero luego de la eventual confirmación de la jueza Lermanda como exclusiva, la magistrada podrá conocer el resultado del interrogatorio de los peritos del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones que viajaron la semana pasada a Francia para entrevistar al agente Comando Andrés Antonio Valenzuela Morales, conocido como El Papudo a petición del titular del Primer Juzgado del Crimen, Joaquín Billard.

Mientras el escrito llega, las víctimas esperan una respuesta de los tribunales. Sus relatos hablan de horrores, pero pese a ello siguen adelante con las gestiones judiciales y dan la cara y sus nombres para exigir justicia. Se trata de Renato Alvaro Enrique Moreau Carrasco, Renato Vital Arias Rozas, Patricio Hernán Rivas Herrera, María Emilia Honoria Marchi Badilla; Sergio Santos Señoret, Bernardo Francisco Pizarro Meniconi, Oscar Humberto Espinoza Cerón, Alamiro Guzmán Ordenes, Gastón Lorenzo Muñoz Briones, Ignacio Abdon Puelma Olave, María Iris Elisa Padilla Contreras, Orlando Germán Masón Zenteno, Liliana Mireya Masón Padilla, Sergio Gustavo Castillo Ibarra, Ricardo Alfonso Parvex Alfaro, Cecilia Teresa de Jesús Olmos Cortez, Carmen Gloria Díaz Rodríguez, Patricio Manuel Jorquera Encina, Margarita Iglesias Saldaña, Cristián Andrés Castillo Echeverríay Margarita Marchi Badilla.

Los sobrevivientes de las torturas unidos en la causa de aclarar sus crímenes también relatan parte de las agresiones físicas o sicológicas que vivieron durante su cautiverio.

A modo de ejemplo, está el caso de Masón Zenteno quien indicó que "fui colgado de las muñecas, apenas tocando el piso con los dedos de los pies por varios días. Se me negaba el derecho de ir al baño durante días. En estas sesiones de tortura se me obligaban a escuchar las torturas que infligían a mi hija".

Algo similar padeció Moreau Carrasco, quien relata: "Durante las sesiones de tortura se producía un desorden generalizado del ritmo biológico y la supresión de funciones vitales como la alimentación. Considero que permanecer desnudo y que te apliquen corriente en las zonas genitales debe ser considerada una forma de agresión sexual. Constantemente me amenazaban de muerte, de que si no cooperaba me iban a matar. También en dos oportunidades me colocaron una pistola en la boca y me dijeron que si no hablaba me matarían, luego la disparaban, el arma no estaba cargada".

Y los relatos suman y siguen, con tónicas similares como la violencia desatada y los nombres de oficiales que hoy son investigados por los tribunales.

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