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Victor Raul Pinto PerezEjercito - Capitan
Viernes 19 de Abril 2002 El Mercurio Nuevas declaraciones en caso Tucapel Jiménez El general en retiro Hernán Ramírez Rurange declaró esta mañana ante el ministro en visita Sergio Muñoz, en el marco de la etapa probatoria de la investigación por la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez ocurrida el 25 de febrero de 1982. En la oportunidad el general Ramírez Rurange, quien está acusado de ayudar a huir del país al autor confeso del crimen, Carlos Herrera Jiménez, en septiembre de 1991, reiteró su "absoluta inocencia" y sostuvo que el jamás dio una orden para que Herrera Jiménez se fuera de Chile. El general Ramírez Rurange, quien fue director de la Dine en 1991, está acusado de encubridor en el caso, y acudió a declarar como testigo del general en retiro Fernando Torres Silva, ex fiscal militar. Ramírez Rurange afirmó además que sólo se enteró de que Carlos Herrera Jiménez había matado a Tucapel Jiménez por la prensa el año pasado. A la jornada de hoy también acudió a prestar declaración el general en retiro Hernán Ramírez Hald, quien sin embargo no intervino ante el ministro Muñoz puesto que la defensa del brigadier en retiro Víctor Pinto Pérez lo levantó como testigo. Relata crimen El caso de la muerte del líder gremial tomó un nuevo giro luego que el 12 de abril pasado, el mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez entregara, en audiencia judicial pública, detalles del homicidio de Tucapel Jiménez, y aunque planteó que por honor no diría los nombres de quienes lo acompañaron en la escena del crimen, en un lapsus dijo que uno de los suboficiales era Letelier, identidad que corresponde a otro de los procesados en la causa. El autor confeso del crimen del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) dijo que recibió la orden de eliminar al sindicalista de parte de sus jefes en el Cuerpo de Inteligencia del Ejército, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el ex comandante del organismo teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima. Sostuvo que quien era el jefe máximo de la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1982, el general Ramsés Álvarez Sgolia, fue señalado por Pinto Pérez como una persona que estaba enterada del plan criminal cuando le comunicó la orden de eliminar al sindicalista. De acuerdo con lo declarado por Herrera, ejecutó el crimen junto a dos suboficiales que fueron puestos bajo su mando. Añadió que luego del homicidio, registrado el 25 de febrero de 1982, el brigadier Pinto lo llevó a la oficina del general Álvarez, donde el director de la Dine lo felicitó por la mission
La tercera Lunes 5 de Agosto
12 de Septiembre 2003 El Mostrador DDHH: dictan nuevos procesamientos por campesinos de Paine La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, dictó cuatro autos de procesamientos por casos de detenidos de desaparecidos y ejecutados políticos de Paine, algunos de los cuales fueron trasladados al cerro Chena. En calidad de coautores de los secuestros con homicidios de los campesinos Juan Guillermo Cuadra Espinoza, de 26 años, e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años, quedaron encausados Andrés Magaña Bau y Víctor Raúl Pinto Pérez. Cuadra y Santander fueron aprehendidos el 24 de septiembre de 1973 en el fundo "El Escorial" de Paine. Según revelaron miembros del Regimiento de Infantería de San Bernardo de la época, ambos fueron ejecutados por aplicación de la ley de fuga el cuatro de octubre de 1973. Por los casos de Paine ya habían sido dictados otros autos de procesamientos en relación a 37 víctimas. Las encargatorias de reo dictadas ayer por la jueza Elgarrista amplía la resolución anterior. Además del fallo indicado, la ministra dictó otros tres autos de procesamiento, contra el entonces capitán Víctor Raúl Pinto Pérez, quien en esa época se desempeñaba como jefe del departamento de inteligencia del Regimiento de Infantería de San Bernardo y jefe del recinto del Cerro Chena. Pinto quedó procesado como autor del secuestro y homicidio del campesino Carlos Manuel Ortiz Ortiz, de 18 años, llevado al cerro Chena el tres de octubre de 1973. También fue encausado por el homicidio calificado del conscripto René Máximo Martínez Aliste, de 20 años, asesinado el ocho de diciembre 1973; y, en calidad de autor, por el homicidio del conscripto Manuel Rojas Fuentes, de 20 años, ultimado el siete de diciembre del mismo año. El abogado querellante en todos estos casos, Nelson Caucoto, valoró la resolución de la jueza y señaló que es significativo que hayan sido dictados en estos días, pues “eran procesos en los cuales nunca se pensó que la justicia podría avanzar, lo que viene a justificar la función de los jueces especiales en materia de derechos humanos”.
25 de Febrero 2003 El Siglo El dolor y la esperanza de Paine La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes. Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad. La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes. Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana". Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes". Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal. "Todos los vieron" Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares... Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares... Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico". Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo". Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye. Asesinos de Paine Carabineros Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros. Civiles Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre. Militares - Escuela de Infantería de San Bernardo Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.
8 de Marzo 2004 El Mostrador Amnistía para ex DINA En tanto, la misma jueza aplicó la amnistía al ex oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Víctor Pinto Pérez, por el homicidio calificado de Tomás Fuentes, hecho ocurrido en septiembre de 1973, en la maestranza de San Bernardo. En una resolución de tres páginas, Elgarrista estableció que el hecho punible acaeció, se encontró el cuerpo y que el decreto de amnistía dictado en 1978 por la junta militar era aplicable a este caso. La información fue entregada en el palacio de tribunales por el abogado de Pinto Pérez, Gustavo Collaos.
23 de Marzo 2004 La Nación A Punta Peuco los condenados por caso Tucapel Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas. Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra. De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales. A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983. Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.
1 de Junio 2004 El Mostrador Alegan por sobresemiento de caso de ex conscripto La Corte de Apelaciones de San Miguel escuchó este martes los alegatos por el sobreseimiento definitivo por la aplicación de la ley de amnistía, dictado por la ministra Estela Elgarrista en el caso de Manuel Rojas Fuentes, ejecutado en 1973 en la escuela de Infantería del sector del Cerro Chena, en San Bernardo. La jueza había procesado a fines del año pasado a Víctor Pinto Pérez, en ese entonces encargado del campo de prisioneros de Chena, como autor homicidio calificado. Sin embargo, tras esa decisión cerró el sumario y sobreseyó definitivamente el caso, por considerar que estaba establecido el delito y su autor. Los alegatos, tanto de la parte querellante representada por Nelson Caucoto como la defensa del ex uniformado, a cargo del abogado Gustavo Collado, se hicieron ante los ministros Ismael Contreras, Claudio Pavéz y María Luisa Letelier. En la oportunidad, el abogado Caucoto explicó que como se trata de un crimen de guerra cometido en tiempos de guerra, no es objeto de amnistía. Manuel Rojas Fuentes finalizó su servicio militar en junio de 1973, pero el 11 de septiembre de ese año fue llamado a reincorporares a las filas de la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde fue detenido y trasladado hacia el Cerro Chena, donde fue ultimado junto a René Martinez, quien se encontraba en su misma situación.
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