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Cesar Luis Adolfo Palma RamirezComando Conjunto
Domingo 16 de Junio 2002 El Mostrador Comando Conjunto: Corte ratifica amnistía a 13 procesados En un fallo que tendrá importantes repercusiones en las causas de derechos humanos, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la libertad de trece uniformados y revocó sus procesamientos al estimar que regía el principio de la cosa juzgada y la Ley de Amnistía. El dictamen estima que no hay mérito para mantener los autos de procesamientos contra trece efectivos que pertenecieron al Comando Conjunto y que fueron sometidos a proceso por el titular del 25 Juzgado del Crimen, Carlos Hazbún, quien oficia como juez con dedicación preferente. Esto, luego que el 2 de mayo, la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, se declarara incompetente para conocer la causa por el secuestro de David Urrutia Galaz, capturado por agentes del Comando Conjunto en 1975, y derivó los antecedentes al juez del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún. La defensa de los ex uniformados a cargo del abogado Carlos Portales estimó que la resolución abre las puertas para seguir por el mismo camino con el resto del medio centenar de militares que en estos momentos son procesados por los jueces de dedicación exclusiva para estas causas. Según El Mercurio, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ordenó una reunión especial para mañana con todos sus abogados para analizar el nuevo escenario. El director del organismo, Luciano Fouillioux, indicó que la última palabra respecto de la aplicación del principio de cosa juzgada y de la Ley de Amnistía se encuentra en manos de la Corte Suprema. Esto, porque es la primera vez que un tribunal de alzada aplica un fallo de esta naturaleza en los casos por violaciones a los derechos humanos que son investigados por jueces especiales que fueron designados como resultado de la "Mesa de Diálogo". El titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún, había procesado el 7 de enero de 2002 como autores de "asociación ilícita criminal" a los uniformados César Palma Ramírez, Otto Trujillo Miranda, Raúl González Fernández y Manuel Muñoz Gamboa. Igualmente, al suboficial (r) FACh Pedro Caamaño Medina; al comandante (r) del regimiento Colina de la FACh Carlos Madrid Hayden; al suboficial activo FACh Robinson Suazo Jaque; al suboficial (r) FACh Fernando Zúñiga Canales; al suboficial (R) FACh Eduardo Cartagena Maldonado; al teniente (r) de Marina Daniel Guimper Corvalán; al suboficial (r) FACh Guillermo Urra Carrasco; al suboficial (r) FACh Pedro Zambrano Uribe y al suboficial (r) FACh Juan Chávez Sandoval, quienes ahora se vieron beneficiados con esta disposición
2 de Junio 2004 La Nacion Crimen del edecán de Allende a la CIDH Por “denegación de justicia” en el crimen de su padre, los hijos del edecán naval del Presidente Salvador Allende, capitán de navío Arturo Araya Peters, demandarán mañana al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación ante el órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos incluye una demanda civil para que el Estado repare materialmente a los cuatro hijos y a la viuda. De esta manera, el homicidio del oficial, ocurrido el 27 de julio de 1973, saldrá por primera vez de Chile para convertirse en materia de justicia internacional. La acción se interpondrá a las 12 horas de mañana en la sede en Santiago de Cepal. El abogado Arturo Araya hijo, que patrocinará el recurso, explicó a La Nación que “ya nos cansamos de golpear las puertas de los tribunales chilenos para obtener justicia por el crimen de nuestro padre”. Agregó que “el Estado de Chile es responsable de la muerte de nuestro padre porque colaboró en la impunidad de su asesinato. El proceso que instruyó la justicia naval en Valparaíso tuvo una gran cantidad de vicios. Basta decir que la causa se caratuló como ‘maltrato de obra a personal de las Fuerzas Armadas’ y la pena mayor que se aplicó, de tres años de presidio, fue indultada al poco tiempo por el general Augusto Pinochet”. El camino de recurrir a la CIDH fue el mismo que utilizó la familia del asesinado diplomático Carmelo Soria. El Juzgado Naval de Valparaíso rechazó recientemente reabrir la investigación del crimen. La sentencia del proceso se dictó el 26 de diciembre de 1978. De 19 procesados de un grupo de ultraderecha vinculado con Patria y Libertad, sólo uno fue condenado a tres años de presidio, los que no cumplió. Del resto, hubo tres sentenciados a 541 días sólo por porte ilegal de armas y los otros quince a penas de 61 a 21 días de cárcel. Ninguno cumplió las condenas. De la querella interpuesta el año pasado por los hijos y que instruye la jueza del 17º Juzgado de Crimen de Santiago, Patricia González, Arturo Araya afirmó que “lleva casi un año y no hay adelanto. Nos han negado seis veces el acceso al sumario y nos cansamos de pedir justicia”. Además de dirigirse “contra quienes resulten responsables” del “homicidio de nuestro padre”, la querella se interpuso también por “denegación de justicia”, por múltiples irregularidades en el proceso, en contra del ex juez naval vicealmirante (R) Arturo Troncoso; el ex fiscal naval capitán de navío (R) Aldo Montagna; el ex auditor naval capitán de fragata (R) Enrique Campusano; y el ex secretario del Juzgado Naval de Valparaíso y actual cónsul general de Chile en Caracas (Venezuela), Jorge Garretón Iturra. Las sorpresas del expediente * Guillermo Claverie Bartet: único condenado, a tres años de presidio; no se lo detuvo sino hasta el 15 de julio de 1981. Ingresó ese día a la cárcel de Valparaíso y Pinochet lo indultó el 10 de agosto del mismo año. Cumplió 25 días de la pena. * Andrés Potin Laihacar: mientras estuvo procesado en libertad integró la organización represiva Comando Conjunto (CC). En enero de 1979 pidió al Juzgado Naval salir a EE.UU. por dos meses. “Como se pide”, autorizó el tribunal. En agosto de ese año volvió a pedir permiso para salir “a Europa” por tres meses como “asesor de la Superintendencia de Bancos”. “Ha lugar”, contestó el tribunal. En 1980, Potin solicitó salir a practicar “paracaidismo” por un mes a Argentina. “Como se pide”, se autorizó. Condenado a 41 días. Hoy está procesado en causas por desaparecidos. * Luis Palma Ramírez (alias ‘El Fifo’): mientras estuvo procesado y prófugo integró el CC. Sin embargo, “su nombre no está registrado en el Gabinete de Identificación” se establece en el expediente. En 1979 se presentó “voluntariamente” para notificarse de la condena de 541 días, que no cumplió. Hoy está procesado en causas por los crímenes del CC. * Edmundo Quiroz Ruiz: el Juzgado Naval de Valparaíso lo citó a comienzos de febrero de 1979 para notificarlo de los 26 días de prisión a los que lo condenó por el crimen. Este respondió, según el expediente, que “voy a fin de mes, porque estoy trabajando”. * Rafael Mardones Saint-Jean: durante el proceso pidió permiso para “ir de luna de miel a Estados Unidos por 17 días”. “Ha lugar”, autorizó el juzgado. Condenado a 61 días.
César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Comando Conjunto, Quiénes son y dónde están .Por Julio Oliva García - El Siglo - no. 189 - 2002
24 de Noviembre 2004 La Nacion Justicia toca al Comando Conjunto El caso Comando Conjunto, una agrupación de agentes del Estado y civiles de ultraderecha coordinada por los cuatro organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que operó entre 1975 y 1976, entró en su fase final. Es, tal vez, uno de los procesos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos por la ferocidad que hubo contra las víctimas (cerca de 70) y porque es el único caso en que participan todas las ramas castrenses, aunque las más involucradas sean la FACH y Carabineros. De hecho, algunos de sus integrantes en los años ’80 se sumaron a la Dicomcar. La jueza con dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para investigar los delitos cometidos por este organismo represivo, Graciela Gómez, dictó en los últimos días las primeras acusaciones en contra de sus agentes, los responsables del secuestro de Carlos Contreras Maluje, hijo del primer intendente de la UP en la provincia de Concepción, ex regidor por la comuna de Concepción y dirigente del Partido Comunista. Se trata de uno de los cuatro episodios que dividen este proceso, pero es el más simbólico, porque los hechos que rodearon el secuestro del militante de izquierda dejaron al descubierto los actos cometidos por el CC y provocaron la inmediata disolución del organismo represivo. Nombres Como autores intelectuales del plagio fueron acusados el general (R) FACH Freddy Enrique Ruiz Bunger y el coronel (R) de la misma institución Juan Francisco Saavedra Loyola. En tanto, como autores materiales fueron acusados Alejandro Sáez Mardones (que actualmente cumple condena por el caso degollados), Jorge Cobos Manríquez (alias ‘Kiko’ y teniente (R) de la FACH), Daniel Guimpert Corvalán (teniente en retiro de la Armada), César Palma Ramírez (alias ‘Fifo’, un civil ex Patria y Libertad y mencionado en al menos 15 asesinatos) y Manuel Muñoz Gamboa (alias ‘Lolo’, mayor en retiro de Carabineros que también fue condenado en el caso degollados). Ruiz Bunger estaba a cargo de Inteligencia de la FACH y era un hombre de confianza del entonces comandante en jefe de la Aviación e integrante de la Junta Militar, general Gustavo Leigh, a quien acompañó cuando a éste lo destituyó el general Augusto Pinochet en 1978. Los hechos En su resolución, la jueza Gómez llega a la convicción de que los agentes secuestraron a Contreras Maluje y, tras torturarlo, lo utilizaron para montar un operativo donde pretendían capturar a otros militantes comunistas. El 2 de noviembre de 1976, tras obtener el dato, proporcionado por otro detenido bajo tortura, los agentes lo interceptaron en calle Nataniel y, por la fuerza, lo llevan al centro de detención denominado La Firma (ubicado en calle Dieciocho, donde antes funcionaban las oficinas del diario Clarín). Tras someterlo a apremios ilegítimos, el ex regidor ofrece llevar a los agentes a un lugar donde podrían apresar a otro militante comunista. Pero los planes de Contreras Maluje eran otros. Según se estableció, al día siguiente el CC montó un operativo en calle Nataniel. Al llegar al lugar, afirma la jueza, Contreras Maluje “logra eludir a sus vigilantes y se lanza al paso de un vehículo de locomoción colectiva que transitaba en dirección al sur, por calle Nataniel, quedando lesionado a consecuencia del impacto, sin perjuicio de lo cual solicita ayuda a los transeúntes y a un funcionario de Carabineros”. Dijo estar secuestrado, pero los funcionarios no pudieron hacer nada porque apareció un vehículo patente EG-588, que, posteriormente se acredito, pertenecía a la FACH, de uso exclusivo de Ruiz Bunger, jefe de Inteligencia de la Fach. Sus ocupantes se indetificaron como agentes de la DINA. De Contreras Maluje no se supo más.
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