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Lillo Gutierrez RaulEjercito - Teniente
23 Agosto 2002 La Tercera Eugenio Berríos: Detienen a dos militares por crimen La jueza del sexto juzgado del crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, que investiga el asesinato del ex químico de la Dina Eugenio Berríos Sagredo, puso bajo arresto a dos oficiales del Ejército. Según informa el sitio web de Televisión Nacional de Chile, los mayores (r) Raúl Lillo y Arturo Silva están detenidos desde el martes y podrían quedar en libertad ccondicional en los próximos días. TVN.cl afirma además que ambos ex oficiales estuvieron involucrados además en el proceso judicial por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez. "Lillo, como agente de la CNI en 1982, y Silva, en los años 90 al participar de la operación para sacar del país al mayor Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del dirigente de la ANEF". En todo caso, se dijo que es probable que en los próximos días los dos detenidos queden en libertad condicional y que sólo habrían sido citados a declarar para aclarar algunos puntos de la investigación. Casos Frei y Soria En 1995, en el balneario uruguayo de El Pinar, apareció el cadáver de Eugenio Berríos, quien había sido sacado del país por efectivos del Ejército, en una operación que apuntaba a eludir su citación a declarar en la causa por el crimen del ex canciller Orlando Letelier. A Berríos se le vincula además con la investigación por la muerte del funcionario de la Cepal Carmelo Soria y, presuntamente, en las razones que causaron el deceso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Esto último, según lo ha manifestado Carmen Frei, hija del ex mandatario y actual senadora DC. Hace algunos días, la magistrada había solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago que la autorizara a viajar a Uruguay para interiorizarse personalmente de la investigación que realizó en ese pais el titular del Juzgado en Primera Instancia en lo Penal uruguayo, Alvaro González González. Asimismo, la Corte Suprema dio curso a través de su Sala en lo Penal a la solicitud de la justicia uruguaya respecto a identificar y tomar declaraciones a un grupo de seis oficiales del Ejército que estarían involucrados en el crimen de Berríos, hecho ocurrido entre 1991 y 1992.
24 Agosto de 2002 La Tercera Magistrada continuará con interrogatorios Caso Berríos: jueza deja detenido a mayor (r) del Ejército Mientras que el teniente Coronel Pablo Rodríguez Márquez -en servicio activo- quedó en libertad con arraigo. Ambos habrían participado en la operación para sacar de Chile al ex químico de la Dina. La jueza del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, decidió mantener en calidad de detenido al mayor (r) Raúl Lillo Gutiérrez por el caso sobre el homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo. Mientras, al teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez -en servicio activo- se le otorgó la libertad con arraigo. Según el informe policial, ambos habrían participado en la operación para sacar a Berríos de Chile, con el objetivo de evitar que prestara declaración en el proceso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, sustanciado entonces por el ministro Sergio Bañados. Lillo y Rodríguez habrían sido apoyados en esta tarea por Arturo Silva Valdés, Jaime Torres Gacitúa y Mario Cisternas. Continúa la investigación La magistrada indicó que "la investigación ya está prácticamente lista, casi cerrada, faltan detalles todavía" Además, manifestó que la tercera parte de las pesquisas, relacionadas con el homicidio del químico, son las más difíciles. La jueza llamó a declarar a otras dos personas por el caso, un civil y un funcionario del Ejército en retiro, ambos presuntamente como testigos del caso. Otros casos Lillo Gutiérrez integró la Brigada Laboral de la Central Nacional de Informaciones y estuvo procesado como cómplice del homicidio del presidente de la Anef, Tucapel Jiménez, al imputársele participación en los seguimientos al sindicalista. A Rodríguez, en tanto, se le intentó procesar por el encubrimiento de este asesinato, mientras estuvo en la Dirección de Inteligencia del Ejército, pero su encausamiento fue rechazado en ambas instancias. La jueza Pérez indicó que pasado el mediodía entregará más información sobre el futuro judicial de los dos detenidos.
29 de Diciembre 2003 La Nacion Caso Berríos: solicitan extradición de militares uruguayos y dictan nuevos procesamientos El ministro en visita Alejandro Madrid pedirá la extradición de tres militares uruguayos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. La resolución afecta a los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Los tres fueron procesados por el juez Madrid junto a militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están encausados algunos oficiales chilenos. Los nuevos encausamientos apuntan a los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval y el suboficial Nelson Román, estos tres últimos en servicio activo. Además, los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva, y los ex mayores enjuiciados también como autores Arturo Silva y Jaime Torres. Los chilenos procesados enfrentan además cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Eugenio Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982. Asimismo, su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976. En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado. El agente fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo. En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército. En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al juez Madrid una serie de diligencias, entre las que se incluía el eventual desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y la responsabilidad de otros 18 militares, entre ellos el general retirado Fernando Torres, ex auditor general del Ejército. La abogada Fabiola Letelier, querellante en el caso, afirmó que la resolución se basa en la certeza del juez sobre la existencia de una asociación ilícita formada al interior de la DINE con el objetivo de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos. Letelier, hermana de Orlando Letelier, el ex canciller que fue asesinado en Washington en 1976, agregó que una vez que estudie la resolución decidirá si solicita la reapertura de la investigación del crimen de su hermano. Por esa muerte cumplieron condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando de esa organización. En tanto, otro de los abogados querellantes en la causa, Tomás Ehrenfeld, señaló que el dictamen es "aplaudible" y "una acción de toda justicia". El jurista indicó que con esta resolución se está entrando en la "obra gruesa de lo que significó esta operación para matar a Berríos y obstruir la justicia”.
7 de Febrero 2003 El Mercurio Caso Berríos: Corte revoca libertad La Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy la libertad bajo fianza otorgada en primera instancia al ex agente civil de la DINA, Raúl Lillo, involucrado en el causa de secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos. El juez Alejandro Madrid, a cargo del caso, había otorgado el beneficio a Lillo, pero el Tribunal de Alzada modificó esa decisión por considerarlo un peligro para la sociedad. En el caso Berríos, Lillo está encausado, junto a ex militares chilenos y uruguayos, por los delitos de asociación ilícita para obstruir la justicia y secuestro. La abogada querellante Fabiola Letelier valoró la decisión al estimar que los antecedentes de la investigación acreditan que Lillo tuvo una participación decisiva en la operación que permitió sacar a Berríos con destino a Uruguay, donde fue asesinado en 1995. Según la profesional, las declaraciones de Lillo además podrían resultar claves para resolver el asesinato de su hermano, el ex Canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington, en 1976. Asociación ilícita secuestró y asesinó a Berríos El ministro Alejandro Madrid estableció que una asociación ilícita, integrada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército de principios de los 90 planeó y ejecutó el secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos. El magistrado procesó, el pasado 29 de diciembre, a 13 ex uniformados y civiles, entre ellos tres uruguayos, por asociación ilícita perpetrada entre 1991 -cuando Berríos salió del país- y 1995, luego que su cadáver fuera hallado en el balneario de Canelones, en las afueras de Montevideo. La resolución amplió además el procesamiento por secuestro a nueve ex altos oficiales del Ejército chileno y del uruguayo. Los otros encausados por asociación ilícita son los ex jefes máximos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, y el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez. Otros encausados por la asociación ilícita son los ex oficiales uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Los mayores (r) Arturo Silva y Jaime Torres engruesan la nómina de los procesados por asociación ilícita. Silva enfrenta cargos como autor del secuestro y homicidio de Berríos, y Torres, sólo por el secuestro. También fueron sometidos a proceso por no denunciar la asociación ilícita, pese a estar en conocimiento de su operación, el oficial Mario Cisternas Orellana; los suboficiales Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Vargas y Nelson Hernández Franco, y los ex empleados civiles de la institución castrense Raúl Lillo y Erika Silva, secretaria. En tanto, por el secuestro del químico fueron encausados el general (r) Ramírez Rurange, el teniente coronel Rodríguez Márquez, el suboficial Manuel Pérez Santillán y los ex uniformados uruguayos Casella, Radaelli y Sarli. Como encubridores, el ministro sometió a proceso al ex jefe policial uruguayo Ramón Rivas (secuestro) y al general (r) Covarrubias (secuestro con homicidio). En tanto, por obstrucción a la justicia fue sometido a proceso el ex agregado cultural chileno en Montevideo Emilio Rojas Gómez, quien se desempeñó entre 1990 y 1993.
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