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Lecaros Carrasco ClaudioEjercito _ Coronel
3 de Junio 2003 La Nacion Ola de procesamientos en casos de DD.HH. Un total de nueve procesamientos más fueron dictados por violaciones de los derechos humanos, en un contexto donde crecen las expectativas para conocer por dónde la derecha, independientemente de mejorar la indemnización a familiares de las víctimas, abordará una propuesta legislativa que intentaría poner fin a los juicios contra militares a 30 años desde ocurrido el golpe militar. En una resolución dictada por el ministro Juan Guzmán Tapia, fueron ayer procesados como autores del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas los ex integrantes de la DINA coronel (R) Carlos López Tapia, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, coronel (R) Germán Barriga Muñoz, coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti. Los encausamientos fueron dictados por la desaparición del ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y de los integrantes de la dirección clandestina del PC, todos desaparecidos a la fecha, Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de esta arteria, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC. Estas víctimas están incluidas en la primera querella contra Augusto Pinochet y otros militares (R), que presentó el 12 de enero de 1998 Gladys Marín. El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó que “esto demuestra que se puede seguir haciendo verdad y justicia, a diferencia de lo que quiere la UDI”. Contreras subrayó también “la valentía y la condición ética del juez Guzmán, que, sin inhabilitarse en el caso, procesó a un familiar suyo tan directo”. Efectivamente, Carlos López Tapia, primo del juez Guzmán, fue el jefe del centro clandestino Villa Grimaldi en 1976, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del PC. López integró también la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”. Ayer Guzmán admitió que la medida “fue difícil, porque los jueces somos seres humanos”. Otros Cuatro En tanto, el juez Jorge Zepeda sometió a proceso al oficial de Ejército (R) Claudio Lecaros Canales, al suboficial (R) José Muñoz Pozo, y al suboficial (R) de Carabineros Omar Mella Lillo. El encausamiento fue dictado como autores del homicidio de Rubén Acevedo Gutiérrez y del secuestro de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto. Las tres víctimas se presentaron el 15 de septiembre de 1973 al retén El Melosal de San Javier, en la hoy Séptima Región, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Artillería de Linares, conducidos al puente Loncomilla y ejecutados. Sólo apareció el cuerpo de Acevedo. A su turno, el ministro Daniel Calvo procesó al coronel (R) de la FACH Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro de Gabriel Marfull González. Este fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Aérea El Bosque. Allí fue ejecutado y su cuerpo trasladado hasta la Cuesta Barriga, donde fue abandonado. En ambas causas actúa como querellante en representación de las familias el abogado del Fasic Nelson Caucoto, que valoró ayer la investigación instruida hasta ahora por los dos magistrados. LA CAÍDA DEL PC En la calle Conferencia, ubicada en la zona poniente de la comuna de Santiago, la DINA montó en mayo de 1976 una “ratonera”: agentes del organismo represivo esperaron durante varios días la llegada de la dirigencia del PC que trabajaba en la rearticulación del partido y los fueron capturando para luego hacerlos desaparecer. En diciembre del mismo año, la DINA volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la hoy presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.
17 de Julio 2003 La Nacion ¿Interrogador o entrevistador? El general (R) Jorge Zincke informó que Mery interrogaba en Linares pero que no trasladaba personas. El ex vicecomandante en jefe del Ejército, teniente general (R) Jorge Zincke, quien está procesado por la desaparición de prisioneros desde la Escuela de Artillería de Linares, confirmó ayer que el director general de Investigaciones Nelson Mery, operó como interrogador de los detenidos en ese regimiento. “Así es, él interrogaba”, dijo escuetamente Zincke luego de ser sometido a un nuevo interrogatorio por el ministro en visita Alejandro Solís, quien el 6 de junio pasado lo declaró reo por el secuestro y desaparición de José Campos Morales y Alejandro Mella Flores. Zincke también afirmó que Mery no tenían nada que ver con el traslado de personas. Al momento del golpe militar de septiembre de 1973, Zincke era el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Artillería de Linares. Ayer el abogado Jorge Mario Saavedra, patrocinador de la querella por injurias que interpuso Mery en contra de la ex detenida Odette Alegría, quien lo acusó de abuso sexual, declaró a Radio Agricultura que Mery “nunca interrogó, él sólo entrevistaba a los detenidos, porque era sólo un ave de paso por la Escuela de Artillería”. El director de Investigaciones Nelson Mery también fue interrogado en su momento por el ministro Solís en la causa por los desaparecidos de Linares. Dada las revelaciones de que Mery fue un hombre activo en ese regimiento durante los primeros meses del régimen militar, el gobierno le pidió que se tomara vacaciones. En la causa, el juez Solís procesó además a los generales (R) Carlos Morales Retamal y Humberto Julio Reyes. También encausó a los coroneles (R) Juan Morales Salgado, Félix Cabezas Salazar y Claudio Lecaros Carrasco, así como al suboficial (R) Antonio Aguilar Barrientos y al funcionario de Investigaciones (R) Héctor Torres Guajardo. Los otros siete detenidos desaparecidos de Linares son: Rubén Bravo Bravo, Anselmo Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera, María Isabel Beltrán Sánchez, Waldo Villalobos Moraga, Guillermo del Canto Ramírez y Luis Tapia Concha. Según la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, Zolidia Leiva, Mery detuvo personalmente a Tapia Concha, quien era su esposo.
25 de Noviembre 2004 El Mostrador Juez rechaza aplicar amnistía y acusa a dos ex uniformados Ministro Jorge Zepeda dictó dictó acusaciones como autores de dos secuestros con desaparición y un secuestro con homicidio contra el oficial de Ejército Claudio Lecaros Carrasco y el suboficial de Carabineros José Basilio Muñoz Pozo. El ministro de fuero Jorge Zepeda desestimó aplicar la ley de Amnistía y la prescripción en el proceso que sustancia por dos secuestros con desaparición y un secuestro con homicidio registrados el 16 de septiembre de 1973 en el poblado de Melozal, al interior de San Javier, en la Séptima Región. El magistrado dictó acusaciones como autores de los mencionados ilícitos contra el oficial de Ejército Claudio Lecaros Carrasco y el suboficial de Carabineros José Basilio Muñoz Pozo. Los casos se refieren a los secuestros calificados de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto, quienes se presentaron voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 al retén de Carabineros de El Melozal, desde donde fueron trasladados por personal militar Escuela de Artillería de Linares. La noche del 16 de septiembre ambos fueron llevados al sector del puente Loncomilla, donde fueron vistos por última vez. En tanto, Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez, que tuvo el mismo recorrido que los otros dos detenidos, fue encontrado con tres agujeros de balas y una herida en la pierna. El abogado de la Fundación de Ayuda Social e Iglesias Cristianas (Fasic) Nelson Caucoto calificó como de “extraordinaria importancia” la decisión del magistrado, ya que “la no aplicación de la amnistía y prescripción no sólo deriva del carácter permanente que tiene el delito de secuestro, sino que existen otros fundamentos derivados del Derecho Internacional, que igualmente impiden la aplicación de esa normativa de exención de responsabilidad penal”. El jurista explicó que los casos de detenidos desaparecidos quedan al margen de la amnistía y prescripción. “También quedan al margen los ejecutados o los delitos de homicidio, cuando ello se insertan en el marco de una represión política, brutal y sistemática, como la que hubo en Chile, puesto que en ese contexto, todos esos crímenes adquieren la calidad de Crímenes contra el Derecho Internacional, ya sean crímenes de guerra o de lesa humanidad”, afirmó. El jurista sostuvo que “es un avance el que se utilice la terminología adecuada como lo hace el ministro Zepeda, llamando Delitos de Lesa Humanidad, a estos crímenes. Igualmente es trascendente que para él no existen amnistías propias o impropias, y que se niegue a configura homicidios, cuando no han sido encontrados los cuerpos”. A juicio del abogado querellante, “esta resolución es una muestra más de que nuestros jueces comienzan a transitar derechamente por el Derecho Internacional como lo hacen otros países, acudiendo a ese derecho que se ha dado la comunidad mundial para resolver este tipo de crímenes”. “Estamos frente a una resolución que nos coloca en la plena modernidad y que recoge el bagaje jurídico que se utiliza en todos los países de la tierra, del cual Chile no puede ser una excepción”, puntualizó. Concluida la investigación, el magistrado dictó acusación en contra de los ex militares, y desestimó la petición de la defensa de los procesados, que le plantearon una excepción de previo y especial pronunciamiento consistente en la solicitud de aplicación de la amnistía y prescripción. Argumentos del juez 1.- Respecto de los secuestros calificados de Vidal Riquelme y Cesáreo Soto, se trata de delitos permanentes, por lo que mientras no se sepa qué ocurrió en definitiva con ellos, no es posible aplicar la amnistía del D.L. 2191. 2.- No es posible aceptar, como lo aseveran las defensas de los acusados, que no obstante no haberse encontrado los cuerpos de las víctimas, pueda presumirse los homicidios de éstas; por cuanto, no se ha comprobado que las supuestas muertes se hayan efectivamente producido y menos que éstas hayan sido por la acción de los acusados, lo que solamente podría determinarse luego de haberse encontrado sus restos, apoyada su identificación y las causas de las muertes establecidas mediante informes técnicos suficientes. 3.- Que en base de los mismos razonamientos, se rechazan las excepciones de de amnistía y prescripción. La comisión de esos delitos de secuestros calificados aún no ha cesado y hasta hoy día están desaparecidas las víctimas, lo que impide atendida la continuidad de los delitos determinar si encuadran en el período de la amnistía, como también iniciar el cómputo correspondiente desde que cesaron de cometerse, para determinar la prescripción de la acción. 4.- Respecto del homicidio calificado de Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez y del secuestro calificado de Cesáreo Soto y Vidal Riquelme, se comprueba que normativamente se está en presencia en estos casos de lo que la conciencia jurídica humana ha dado en denominar crímenes de lesa humanidad. 5.- En efecto, existen presunciones en todos esos delitos de la responsabilidad de agentes del Estado, los que actuaron movidos por razones de persecución política, formando parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, de la cual formaban parte las víctimas. La concreción de tipos incriminatorios por conductas lesivas en contra de la humanidad se gesta del literal c) del artículo 6° del “Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg”, que define los Crímenes contra la humanidad, a saber, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del tribunal, ya sea en violación o no de la legislación nacional donde fueron perpetrados. 6.- Que además, el acervo dogmático heredado desde Nuremberg en esta materia, desemboca en los Convenios de Ginebra de 1949, sobre derecho humanitario , ratificados por Chile en 1951 y que constituyen ley de la República. 7.- Que la creación de una obligación convencional para los Estados partes de las Naciones Unidas de adoptar las medidas legales en procura de abolir la prescripción para este tipo de delitos, está dada por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, adoptada en 1968. 8.- Son imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como de paz. 9.- Esa imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad surge en la actualidad como categoría de norma de Derecho Internacional General (Ius Cogens). 10.- Que en cuanto a la obligatoriedad de la norma “ius Cogens” respecto de la imprescriptibilidad aludida, en nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución la que la reconoce en el artículo 5° inciso segundo y permite la posibilidad de incorporarlo. 11.- Que en consecuencia hay una prevalencia de la norma internacional de Derecho Internacional General que determina que son incompatibles con ésta las leyes de amnistía y prescripción invocadas como excepción de previo y especial pronunciamiento en esta Causa, ello porque así lo determina el derecho internacional válidamente incorporado al ordenamiento jurídico nacional.
26 de Noviembre 2004 La Nacion Juez rechaza amnistiar un homicidio El ministro Jorge Zepeda rechazó aplicar la amnistía y la prescripción al delito de homicidio en el caso del campesino ejecutado político Rubén Acevedo Gutiérrez, cuyo cuerpo fue sepultado por la familia en septiembre de 1973, fundamentando que el delito de homicidio, al igual que el de secuestro, son delitos de lesa humanidad que no pueden amnistiarse ni prescriben, pues así lo establece la legislación internacional de derechos humanos. La resolución del magistrado corresponde a un dictamen de formalización de acusación contra los procesados Claudio Lecaros, coronel (R) de Ejército y ex director de la Escuela de Artillería de Linares, y el suboficial (R) de Carabineros José Muñoz Pozo. La decisión del juez Zepeda fue calificada por abogados de derechos humanos como de “enorme relevancia” porque viene a transformarse, después del reciente fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, en la primera que establece que, aún cuando el cuerpo de la víctima haya sido encontrado o devuelto, el delito de homicidio no es amnistiable ni prescribe porque se trata de un ilícito de lesa humanidad. Además, el juez Zepeda aplicó el mismo criterio al delito de secuestro y desaparición de los campesinos Vidal Riquelme y Cesáreo Soto. Las tres víctimas eran dirigentes sindicales campesinos y sus desapariciones y muerte ocurrió el 15 de septiembre de 1973. El abogado Sergio Corbalán dijo a La Nación que “la resolución es muy relevante, porque va en la dirección de resolver en Chile los delitos de homicidio y secuestro, de acuerdo a la ley del derecho internacional”. En su documento, Zepeda dice “en cuanto al homicidio y el secuestro, ambos corresponden a lo que la normativa y conciencia jurídica humana ha denominado crímenes de lesa humanidad”.
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