Miguel Krassnoff Martchenko

Ejercito - Brigadier - DINA

Era el oficial de inteligencia encargado de la Brigada Aguila en Villa Grimaldi a cargo de la represión al MIR. Se sentía atraído por la política y quería junto al "jefe" Manuel Contreras consolidar una gran base social de apoyo a "su" general Pinochet. Para esa tarea se sentía casi presdestinado y en su nombre cometió todos los excesos que miles de personas le atribuyen. Desconfiaba de todo el mundo, tanto dentro de sus filas, como de los prisioneros que después de crueles torturas le daban la información que les pedía. "Un traidor lo es siempre, en el lado que esté", solía decirles. Tenía fama de duro."Tal vez mi coronel escriba un día sus memorias", dijo al diario La Nación hace algunos años, el ayudante de Krassnof, capitán Birardi. El "duro" de Villa Grimaldi fue hasta hace algún tiempo comandante del Regimiento Tucapel, en Temuco. A la fecha de escritura de este artículo era el segundo hombre de su institución en la Cuarta División, con asiento en Valdivia. Trata de pasar inadvertido y de juntarse sólo con personas de confianza. No volverá a cometer el error de llamar a los periodistas, como hizo hace unos años en Temuco, con el fin de defender a uno de sus hombres que había asesinado a un chofer de camión, porque éste le obstaculizaba el paso en la carretera. Aprendió que un cóctel a la prensa no es suficiente para borrar el pasado.

Miguel Krassnoff Martchenko, en 1991 coronel en Valdivia.  Extraditable. Jefe de Estado Mayor de la Cuarta División, dirigió la Agrupación Halcón de la DINA. Su nombre aparece en 91 casos de detenidos desaparecidos o ejecutados, entre ellos los españoles Carmelo Soria y el sacerdote Antonio Llidó

Fuentes:

Dónde están hoy los dinos de ayer?    Gladys Díaz, La Tercera, El Mercurio, Fichas de casos de los detenidos desaparecidos.

(primera foto suministrada por Comision Funa)

FUNA

FUNA A KRASSNOFF MARTCHENKO

Un torturador en Providencia
 

En el marco de la FUNA internacional contra el Plan Cóndor, los chilenos escogieron a un connotado agente de la DINA para funar en pleno barrio Providencia. Se trata de Miguel Krassnoff Martchenko (ver recuadro) uno de los más recordados represores en la nítida memoria colectiva de los sobrevivientes.

KRASSNOFF SEGUN GLADYS DIAZ

La periodista y ex presa política Gladys Díaz recuerda al "entonces teniente de Ejército, luego capitán Miguel Krassnoff Martchenko. Era el oficial de inteligencia encargado de la Brigada Halcón en Villa Grimaldi a cargo de la represión al MIR. Se sentía atraído por la política y quería, junto al "jefe" Manuel Contreras, consolidar una gran base social de apoyo a "su" general Pinochet. Para esa tarea se sentía casi predestinado y en su nombre cometió todos los excesos que miles de personas le atribuyen. Desconfiaba de todo el mundo, tanto dentro de sus filas como de los prisioneros que después de crueles torturas le daban la información que les pedía. "Un traidor lo es siempre, en el lado que esté", solía decirles. Tenía fama de duro. Oscar Angulo, ex detenido político que vive en Alemania, recuerda al capitán pálido y trémulo, llevando lentamente su mano hacia la pistola, cuando se encontraron abruptamente en Villa Grimaldi. El prisionero Angulo tenía en sus manos una metralleta AKA, sin balas, que un suboficial le había pasado para que construyera un armero de madera. Cuenta que en forma desesperada gritó: "Estoy desarmado". Nunca borró de su mente el rostro alterado del "duro" capitán."Tal vez mi coronel escriba un día sus memorias", dijo al diario La Nación hace algunos años el ayudante de Krassnoff, capitán Birardi. El "duro" de Villa Grimaldi fue hasta hace algún tiempo comandante del Regimiento Tucapel, en Temuco. A la fecha de escritura de este artículo era el segundo hombre de su institución en la Cuarta División, con asiento en Valdivia. Trata de pasar inadvertido y de juntarse sólo con personas de confianza. No volverá a cometer el error de llamar a los periodistas, como hizo hace unos años en Temuco, con el fin de defender a uno de sus hombres que había asesinado a un chofer de camión porque éste le obstaculizaba el paso en la carretera. Aprendió que un cóctel a la prensa no es suficiente para borrar el pasado.

 MASIVIDAD

La sexta FUNA tuvo una de sus más altas expresiones de masividad en esta ocasión, reuniendo según algunos medios a más de mil jóvenes, junto a sobrevivientes de los centros de tortura y familiares de las víctimas, quienes llegaron al Hotel Militar que funciona en Providencia casi esquina de Manuel Montt para denunciar al gerente de la empresa. A pesar de una fuerte presencia policial, la festiva actividad se desarrolló sin inconvenientes y tras más de veinte minutos de consignas, cantos, baile, lectura del prontuario de Krassnoff y rayados de muros, la columna comenzó a avanzar hacia el sector céntrico de la capital. En Salvador con Providencia, los jóvenes hicieron un alto para disolverse, relatando antes parte de las acciones realizadas en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, España, Suecia, Suiza, Francia e Inglaterra para repudiar lo que fue la "Operación Cóndor" y despidiéndose hasta la próxima, pues, claro está, mientras no haya justicia seguirá existiendo la FUNA para denunciar a los torturadores y asesinos que siguen viviendo en la impunidad.

J.O.

MIGUEL KRASSNOFF MARTCHENKO

"Capitán Miguel o Caballo loco"

Agente criminal del Estado Mayor de la DINA

Nace en Austria el 15 de febrero de 1946. Hijo de Dina Martchenko y Simón Krassnoff. Casado con María de los Angeles Bassa, dos hijos. Cédula de Identidad 5.477.311-0. Hoy trabaja como gerente del Hotel Militar, ubicado en Avenida Providencia 1219 esquina de Manuel Montt. Su teléfono es el 4607800 y su fax el 4607809.

El 11 de septiembre de 1973, siendo teniente, participa en el asalto y desvalijamiento de la casa presidencial de Tomás Moro.

Entre enero y febrero de 1974 cursa el ramo de contrainsurgencia urbana en la Escuela de las Américas de EE.UU. en Panamá. A su regreso se incorpora como tercer hombre en el escalafón de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, bajo el mando de Marcelo Morén Brito. Asume como jefe del centro de torturas que funciona en Londres 38 hasta agosto de 1974, pasando luego a comandar el Grupo Halcón en Villa Grimaldi y José Domingo Cañas, centrando su represión en el MIR. En ese período participa, entre muchos otros crímenes, en los asesinatos de Miguel Enríquez, Lumi Videla, el sacerdote Antonio Llidó, Carmelo Soria y Alfonso Chanfreau. En medio de la Operación Cóndor participa en los secuestros de Edgardo Enríquez, detenido en Argentina y trasladado a Villa Grimaldi, y Jorge Fuentes Alarcón, traído desde Paraguay y torturado hasta la muerte en "La Torre" de Villa Grimaldi, luego de habérsele inyectado el virus de la rabia y mantenérsele en una pequeña jaula de madera. Participó en la confección de la lista de los 119 chilenos que se pretendió hacer aparecer como muertos en enfrentamientos en Argentina, conocida como Operación Colombo, y cuyos cuerpos aún no han sido encontrados.

EL RELATO DE VICTOR TORO

"Yo estaba en Villa Grimaldi (...) y junto con otros prisioneros fui testigo de los crímenes más salvajes y brutales perpetrados por la DINA: la eliminación de una familia entera a través de los métodos más bárbaros, inhumanos y el terror insano, cuando los torturadores ni siquiera aplicaron las precauciones más elementales para esconder sus identidades. Entre el 17 y el 18 de noviembre de 1975 los presos Alberto Gallardo, Roberto Gallardo Moreno, Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco llegaron a Villa Grimaldi. Las torturas a las que fueron sometidos fueron conducidas personalmente por el coronel MARCELO MOREN BRITO, con la asistencia de MIGUEL KRASSNOFF MARTCHENKO y FRANCISCO FERRER LIMA. Entre golpes, gritos, amenazas y mucho movimiento, estos presos fueron asesinados la noche del 18 de noviembre. Yo vi como colgaron de un árbol en el patio a Alfredo Gallardo de los testículos. Yo escuché su último gemido cuando moría. MARCELO MOREN personalmente aplicó aceite hirviendo y corriente eléctrica a los cuerpos desnudos de Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco mientras ellas estaban colgadas de los pies. En un momento dado, los torturadores sacaron las instalaciones eléctricas de la Villa Grimaldi y, con cables de alto voltaje, electrocutaron a sus víctimas. Así mataron a estas dos mujeres. Roberto Gallardo Moreno, quien había sido sometido a torturas desde el día anterior, murió el 18 de noviembre en la parrilla eléctrica. Previo a estas matanzas, los prisioneros estuvieron con nosotros en el vestíbulo de Villa Grimaldi y así fue como supimos sus nombres."
(Funa No. 7)

(Comision Funa: hijoschile@yahoo.com )
 

Jueves 14 de Marzo 2002 El Mostrador
Procesan a tres ex agentes de la DINA
Los encausados por la jueza María Inés Collin son Gerardo Urrich y Miguel Krassnoff, quienes fueron procesados como cómplices, además del ex agente Miguel Hernández Oyarzo, quien figura como autor del delito de secuestro de Dagoberto San Martín
Vergara
Los encausados por la jueza María Inés Collin son Gerardo Urrich y Miguel Krassnoff, quienes fueron procesados como cómplices, además del ex agente Miguel Hernández Oyarzo, quien figura en los autos como autor.

Dagoberto San Martín fue detenido el 17 de diciembre de 1974 y desapareció desde el centro de tortura de la DINA conocido como Venda sexy.

Martes 16 de Abril  2002 Primera Linea

Ejército recontrata a oficiales implicados en casos de DD.HH.

Un alto funcionario de gobierno se encontró, hace un tiempo, a boca de jarro con un vehículo que viajaba campante contra el tráfico por la comuna de La Reina. Como llevaba chofer, el funcionario creyó que se trataba de un auto oficial y pensó en las críticas que el hecho podría desatar. Anotó la patente y planeó reprochar a quien fuera el díscolo su mal comportamiento.

Pero el auto no pertenecía a La Moneda, sino al Ejército.

Según una investigación periodística de La Nación, el pasajero anónimo era el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, el ex secretario general del Ejército y mano derecha del general Pinochet, quien ha sido contratado como civil por la institución, a pesar de que pasó a retiro en una tormentosa polémica por su vinculación con el homicidio del español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

La recontratación de Lepe fue confirmada por una alta fuente del Ministerio de Defensa, quien pidió reserva de su identidad.

No es el único caso. La fuente ratificó que en el mismo caso se encuentra el brigadier (R) Miguel Krassnoff Marchenko, procesado por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi.

Lepe Orellana se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar, mientras que Krassnoff es todavía el gerente del Hotel Militar de Oficiales, ubicado en Providencia 1219, aunque actualmente está suspendido pues está detenido por orden judicial en el Comando de Telecomunicaciones desde noviembre del año pasado.

Ante consultas sobre las nuevas funciones de Lepe y Krassnoff, el Ministerio de Defensa reveló el viernes pasado que ambos prestan servicios a contrata y como civiles para la institución.

"Se le ha manifestado al Ejército la inconveniencia de que esta situación se mantenga", dijo la fuente consultada en el Ministerio. "El Ejército expresó comprensión hacia nuestro punto de vista". Por lo tanto, esa repartición espera que se "tomen medidas".

De acuerdo con la fuente consultada la contratación de ambos es legal "pero constituye una incoherencia con el espíritu de colaboración en materia de derechos humanos que el Ejército ha demostrado a través de la mesa de diálogo".

El Departamento de Relaciones Públicas del Ejército declinó entregar información o comentar estos hechos. La práctica de contratar como civiles a los uniformados que jubilan les permite a estos mejorar su pensión con un segundo ingreso.

Nada extraordinario

Según una persona de gran cercanía con Miguel Krassnoff  -quien habla a condición del anonimato- el oficial en retiro espera reintegrarse a su trabajo en el hotel en cuanto se le conceda la libertad provisional que ha solicitado repetidamente al Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, donde se investiga la desaparición de Manuel Cortés Joo.

Ese expediente acaba de pasar a las manos del ministro de fuero Juan Guzmán. El magistrado también procesó a Krassnoff por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi, pero le concedió el derecho a la libertad provisional.

"Miguel Krassnoff no es el único oficial involucrado en este tipo de casos que presta servicios como civil en el Ejército. Es una situación generalizada", afirma la fuente cercana al militar.

Es común que los uniformados que pasan a retiro por razón del servicio sean recontratados como civiles por su institución y estar vinculado a juicios por violaciones a los derechos humanos no es un impedimento, revela.

"No hay nada cuestionable en ello. No se trata de personas per sé sádicas, fascistas, crueles o como quiera llamárseles. Se trata de oficiales obedientes que cuando ocurrieron estos hechos tenían algo más de 20 años. Ellos sólo cumplieron órdenes y, por lo demás, desarrollaron una carrera impecable. Es normal que el Ejército quiera continuar contando con sus servicios", explica.

Lepe, en tanto, nunca fue procesado, pues el juicio en que se investigaba la muerte de Carmelo Soria fue amnistiado por la Corte Suprema, pero el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle vetó su ascenso al cuerpo de generales en 1997, en medio de una agria polémica pública.

Así, el hombre que llevaba la agenda del general Augusto Pinochet, se convirtió en un brigadier sin destinación hasta septiembre del 2000 cuando se acogió a retiro. En esa oportunidad el ministro del Interior, José Miguel Insulza, alabó su partida.

Carmen Soria recordó que según consta en las investigaciones judiciales y en los testimonios de los ex agentes José Ríos San Martin y Michael Townley, Lepe se disfrazó como carabinero para secuestrar a su padre y luego habría participado en las sesiones de tortura que se le practicaron.

"Los exonerados políticos, que no cometieron ningún crimen salvo pensar distinto, no pudieron nunca más trabajar en la administración pública", opina. "Y sin embargo, estas personas que están vinculadas a crímenes atroces, continúan gozando de privilegios a costa de todos los contribuyentes. Es una burla y una atrocidad".

No sólo en el Ejército

Entre los antecedentes surgidos en el proceso por el crimen de Tucapel Jiménez figura que dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, prestaban servicios en el Ejército a honorarios hasta que, en virtud del auto de procesamiento que les afecta, quedaron en prisión preventiva.

Según fuentes cercanas a su defensa, sus servicios "eran necesarios pues se trata de personal de inteligencia y servicio secreto. No hay que volar muy alto para suponer que hay cierta información y contactos que se mantienen a pesar de haber salido a retiro". No obstante, la fuente desmiente información extraoficial en cuanto a que continuarían colaborando en forma esporádica desde la reclusión.

De acuerdo con los antecedentes, no sólo en el Ejército personal implicado en acusaciones por violaciones a los derechos humanos ha sido recontratado.

En la Aviación, el ex agente de la DINA, coronel (R) Mario Jahn Barrera, es el director del Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80. Jahn Barrera fue en los años 70 uno de los jefes de la DINA que, usando el seudónimo de Luis Gutiérrez, se convirtió en el "embajador itinerante" entre los países que conformaron la red de cooperación en labores represivas conocida como "Operación Cóndor", de acuerdo con los antecedentes surgidos de los llamados "archivos del terror" de la dictadura de Alfredo Stroessner y que forman parte de la querella interpuesta en su contra ante el ministro de fuero Juan Guzmán. Barrera no figura, sin embargo, como procesado en esta causa.

Uno de los pilotos de la "Caravana de la muerte", Emilio Robert de la Mahotiere, se desempeña desde 1996 en Seguridad Operacional de la Dirección de Aeronáutica, en un contrato que se le renueva en forma anual. En su caso, si bien su participación como el piloto militar que transportaba al grupo comandado por Sergio Arellano está demostrada en el proceso, el ministro Juan Guzmán no lo consideró merecedor de castigo penal.

El Departamento comunicacional de la Dirección de Aeronática respondió que "no entregamos información sobre el detalle de la planta de nustra institución".

Fach da explicaciones por recontratación de oficiales implicados en casos de DD.HH.

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) respondió esta mañana por distintos cauces que no existe impedimento legal, "ni se puede discriminar" en la recontratación de personal retirado, en respuesta a denuncias de que oficiales implicados en violaciones de Derechos Humanos durante el régimen militar habían vuelto a esa institución.

También sobre este tema, el Ejército declinó referirse sobre los empleos dados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Jaime Lepe.

Si bien la institución declinó entregar una versión oficial, una alta fuente declaró que "mientras no exista una resolución judicial condenatoria no se puede discriminar a una persona".

A su vez, el Departamento Comunicacional de la Fach aclaró que, uno de los ex oficiales cuestionados, el coronel (R) Mario Jahn Barrera, fue recontratado como director del Museo Aeronáutico y como tal no depende de la Institución directamente, sino que de la Dirección Nacional de Aeronáutica civil.

En tanto, el abogado de la Fach Jorge Balmaceda aclaró que el DFL1 o Estatuto de las Fuerzas Armadas, permite el llamado a servicio activo y la contratación de personal antiguo, por lo que no existe impedimento legal. "El hecho de que se hayan cometido o no delitos, es de carácter personal, por lo que los tribunales de justicia deben pronunciarse a través de un debido proceso de derecho, no por especulación o simples declaraciones", señaló el profesional.

Ejército

El Ejército no hará ningún tipo de referencia al tema sobre la recontratación de personal en retiro que participó en la ex DINA -casos de los brigadieres Miguel Krassnoff y Jaime Lepe- y que estaría involucrado en violaciones a los derechos humanos.

Se informó que se trata de materias ya conocidas y que las autoridades que pueden referirse al tema se encuentra en gira con el comandante en jefe de la institución, teniente general Juan Emilio Cheyre

Sabado 20 de Abril  2002 Tercera

Otorgan libertad provisional a mayor (r) Krassnoff

 La quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó la libertad provisional al mayor retirado del Ejército, Miguel Krassnoff Marchenko, en el caso por el secuestro y desaparición de diez opositores al régimen militar.

La resolución fue adoptada en forma unánime por los jueces Hugo Dolmestch, Raimundo Díaz y Juan Muñoz Pardo.

Krassnoff permanece detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, ya que está siendo procesado también por el caso del detenido desaparecido Luis San Martín.

El ex militar ha sido cuestionado últimamente, puesto que según lo denunció hace unos días un matutino local, él y otro ex integrante del Ejército fueron recontratados por esa institición castrense en calidad de asesores civiles, pese a estar involucrados en graves violaciones a los derechos humanos

15 de Mayo 2003 El Mostrador

Justicia chilena procesa por primera vez en Caso Llidó

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó.

El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón.

Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.

Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes.

El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.

Lunes 22 de Julio  La Tercera

Ministro Guzmán procesó a siete militares (r)

El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar.

Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado Pacheco y al agente Pedro Alfaro.

De un abogado de DDHH en Chile, recibimos mas detalles:

Manuel Contreras Sepúlveda por :  Jacqueline Drouilly, César Negrete Peña, Marta Neira, Alfredo Rojas Castañeda, Jaime Vásquez Sáenz, Juan Molina Mogollones, Alej. Avalos Davidson, Sonia Rios Pacheco, Elías Villar Quijón, María Isabel Gutiérrez Martínez, Horacio Carabantes, Fabián Ibarra Córdova, Carlos Rioseco Espinoza, Alfredo García Vega, Abel Vilches Figueroa, René Acuña Reyes, Carrasco Matus, Hugo Rios Videla,Martín Elgueta Pinto, Agustín Martínez Meza, Juan MacLeod, Julieta Ramírez Castro y Luis Palominos Rojas.

Marcelo Moren Brito por todos los anteriores menos Elgueta, Negrete y Neira.

Miguel Krassnoff por Negrete, Neira, Drouilly,Rojas, Vásquez, Molina,Avalos, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta, Martínez y Palominos.

Pedro René Alfaro Fernández por: Ríos, Villar, Gutiérrez, Carabantes,

Ibarra, Rioseco, García y Vilches.

Basclay Zapata por: Rojas, Vásquez, Molina, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta y Palominos.

Conrado Pacheco Cárdenas por: MacLeod y Ramírez.

15 de Mayo 2003 El Mostrador

Justicia chilena procesa por primera vez en Caso Llidó

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó.

El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón.

Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.

Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes.

El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.

3 de Junio 2003 La Nacion

Ola de procesamientos en casos de DD.HH.

 Un total de nueve procesamientos más fueron dictados por violaciones de los derechos humanos, en un contexto donde crecen las expectativas para conocer por dónde la derecha, independientemente de mejorar la indemnización a familiares de las víctimas, abordará una propuesta legislativa que intentaría poner fin a los juicios contra militares a 30 años desde ocurrido el golpe militar.

En una resolución dictada por el ministro Juan Guzmán Tapia, fueron ayer procesados como autores del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas los ex integrantes de la DINA coronel (R) Carlos López Tapia, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, coronel (R) Germán Barriga Muñoz, coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti.

Los encausamientos fueron dictados por la desaparición del ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y de los integrantes de la dirección clandestina del PC, todos desaparecidos a la fecha, Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de esta arteria, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC.

Estas víctimas están incluidas en la primera querella contra Augusto Pinochet y otros militares (R), que presentó el 12 de enero de 1998 Gladys Marín.

El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó que “esto demuestra que se puede seguir haciendo verdad y justicia, a diferencia de lo que quiere la UDI”. Contreras subrayó también “la valentía y la condición ética del juez Guzmán, que, sin inhabilitarse en el caso, procesó a un familiar suyo tan directo”.

Efectivamente, Carlos López Tapia, primo del juez Guzmán, fue el jefe del centro clandestino Villa Grimaldi en 1976, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del PC. López integró también la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”.

Ayer Guzmán admitió que la medida “fue difícil, porque los jueces somos seres humanos”.

Otros Cuatro

En tanto, el juez Jorge Zepeda sometió a proceso al oficial de Ejército (R) Claudio Lecaros Canales, al suboficial (R) José Muñoz Pozo, y al suboficial (R) de Carabineros Omar Mella Lillo. El encausamiento fue dictado como autores del homicidio de Rubén Acevedo Gutiérrez y del secuestro de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto.

Las tres víctimas se presentaron el 15 de septiembre de 1973 al retén El Melosal de San Javier, en la hoy Séptima Región, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Artillería de Linares, conducidos al puente Loncomilla y ejecutados. Sólo apareció el cuerpo de Acevedo.

A su turno, el ministro Daniel Calvo procesó al coronel (R) de la FACH Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro de Gabriel Marfull González. Este fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Aérea El Bosque. Allí fue ejecutado y su cuerpo trasladado hasta la Cuesta Barriga, donde fue abandonado.

En ambas causas actúa como querellante en representación de las familias el abogado del Fasic Nelson Caucoto, que valoró ayer la investigación instruida hasta ahora por los dos magistrados.

LA CAÍDA DEL PC

En la calle Conferencia, ubicada en la zona poniente de la comuna de Santiago, la DINA montó en mayo de 1976 una “ratonera”: agentes del organismo represivo esperaron durante varios días la llegada de la dirigencia del PC que trabajaba en la rearticulación del partido y los fueron capturando para luego hacerlos desaparecer.

En diciembre del mismo año, la DINA volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la hoy presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

12 de Junio 2003 El Mostrador

Procesan a cúpula de la DINA por secuestro de decorador

El juez especial Alejandro Solís, con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, sometió hoy a proceso a la cúpula de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la desaparición de un decorador en 1974.

El magistrado encausó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, al brigadier (r) Miguel Krasnoff, al coronel (r) Marcelo Moren Brito y al suboficial (r) Basclay Zapata.

La resolución del magistrado también incluye al civil Osvaldo Romo Mena.

Se trata del caso del secuestro del decorador Fernando Silva Camus, arrestado por cuatro agentes de la DINA el 27 noviembre de 1974, un día después de que desapareciera su hijo, Claudio Silva Peralta, quien era militante del MIR.

Los aprehensores ingresaron al domicilio del afectado, procediendo a interrogarlo sobre sus actividades laborales y a revisar la documentación relativa a pedidos y datos de clientes, según consigna el sitio Memoriaviva.

Al día siguiente fue enviado a Villa Grimaldi, lugar donde fue visto con vida por última vez.

7 Julio 2003 El Mercurio

Bachelet dice que no le consta que Krassnoff haya torturado

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, señaló que no le consta que el brigadier (r) Miguel Krassnoff Martchenko haya torturado a detenidos desaparecidos, como han señalado algunas víctimas de violaciones a los derechos humanos del régimen militar.

La secretaria de Estado confirmó que fue él quien la detuvo en su domicilio y estuvo en los interrogatorios a los que fue sometida cuando permaneció recluida en Villa Grimaldi.

Bachelet dijo además que siempre escuchó el nombre de Krassnoff relacionado a hechos muy violentos del régimen militar pero que ella no puede dar fe de lo sucedido.

"A mí me parece que él es una de las personas que me fue a detener a la casa y que durante mi estadía en Villa Grimaldi estuvo ahí durante los interrogatorios, pero como a uno le vendaban los ojos, no puedo decir otras cosas. Sin embargo yo sí he escuchado muchas veces su nombre mencionado en muchos actos y algunos muy violentos", afirmó la ministra.

En entrevista exclusiva a Reportajes de El Mercurio, el ex uniformado rompió el silencio que había guardado durante 25 años y negó su responsabilidad en las torturas y posteriores desapariciones de prisioneros políticos.

(Nota de memoriaviva: Una vez mas el gobierno y especificamente Michele Bachelet, sale a la defensa de los asesinos)

9 de Julio 2003 La Nacion

Ex GAP acusan a Krassnoff de torturas

Un grupo de ex militantes socialistas que pertenecían al Grupo de Amigos del Presidente (GAP), guardia personal del ex Presidente Salvador Allende, refutaron las declaraciones del ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Marchenko, quien recientemente aseguró que no había participado en violaciones de derechos humanos e insistieron que están en contra de la aplicación de la ley de amnistía.

Manuel Cortes Iturrieta, ex jefe del GAP de Obras Públicas, calificó de una "mentira" las informaciones que aseguran que ellos respaldarían la amnistía como una fórmula para avanzar en la reconciliación del país.

Recordó que existen testimonios como el Jaime Hernández Manzo víctima de tortura del propio Miguel Krassnoff Marchenko. El ex detenido explicó que "en Londres 38 Krassnoff no me torturó sólo sufrí agresiones sicológicas, pero al trasldarme a Villa Grimaldi yo constante realmente con mis ojos al ceder los scotch que los cubrían que fui torturado por él, porque él era que el daba vuelta la máquina".

Otros testimonios de ex GAP como el Pablo Cepeda, detenido en el Regimiento Tacna, quien incluso señala que tuvo conocimiento de una reunión en que Augusto Pinochet, reunido con oficiales, dio la orden de fusilar a un grupo de aprehendidos

04 Agosto 2003 - La Nacion

Amnistía y prescripción en los alegatos por la primera condena contra la ex DINA

Es como si todo hubiese quedado a la espera de que en los próximos días el gobierno dé a conocer su propuesta en materia de violaciones de los derechos humanos. Incluso en esa senda parece anotarse el excesivo retraso de la vista de la apelación por la primera sentencia del país que condenó a altas penas de prisión a parte de la cúpula de la ex DINA.

Su debate en una sala de Corte de Apelaciones de Santiago podrá ser tan decidor, como resolver el corazón mismo de la discusión de fondo en este asunto trascendente: la aplicación o no de la ley de amnistía y la prescripción del delito.

La materialización de tal discusión debiera repletar los asientos de la corte cuando ella finalmente se verifique. Será en ese momento cuando, por fin, se llegará al instante en que, por primera vez en la historia de los procesos instruidos por la pasada represión militar, se conocerá una posición oficial de una corte acerca de la resistida ley de amnistía y la figura de la prescripción del delito, tan alegada por las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la inmensa mayoría de civiles que sustentaron la pasada dictadura militar.

De acuerdo a los abogados querellantes y defensores en las causas, ése es el centro del conflicto jurídico en materia de derechos humanos. El resto pertenece a otras esferas de la discusión.

Será en ese momento, entendiendo que luego le tocará decir su palabra a la Sala Penal de la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, cuando se sabrá cuánto quedarán conformes o decepcionados los familiares de las víctimas, las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente el Ejército, el gobierno, y todos quienes tienen intereses y/o opinión en esta cuestión.

Esa es, ni más ni menos, la relevancia de esa audiencia que continúa postergándose, sin apreciarse muy claramente por qué el retraso, entendiendo que “hay reos presos”, como se nombra en la jerga de tribunales. Ello apura normalmente la vista de estas apelaciones.

En este proceso, el 14 de abril de 2003 el ministro Alejandro Solís condenó a 15 años de presidio al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda; a 15 años de la misma pena al ex jefe de varios recintos clandestinos de la DINA, coronel (R) Marcelo Moren Brito; y a 10 años de presidio al también ex jefe de algunos de estos centros de tortura y exterminio, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, quien no hace mucho se atribuyó públicamente el cartel de “analista” y “entrevistador” de la ex DINA.

Todos fueron sentenciados por el juez Solís como autores del secuestro calificado y desaparición del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval Rodríguez.

También fueron sentenciados a 5 años de presidio en calidad de cómplices del mismo delito los ex agentes de la DINA, brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana, conocido como el “teniente Pablito” y uno de los más crueles represores de la ex DINA, y el teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy García, alias “El cachete chico”.

Será respecto de estas “estrellas” de la ex DINA, donde se producirán los relevantes alegatos acerca de la amnistía y la prescripción del delito que están por venir.

En su sentencia condenatoria el ministro Alejandro Solís rechazó aplicar la amnistía y la prescripción del delito a favor de los ex agentes, esgrimiendo el argumento que hasta ahora aparece como insalvable en contra de los militares: que mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, el secuestro es un ilícito de carácter permanente que se sigue cometiendo cada día, y por tanto excede ampliamente el período cubierto por la ley de amnistía que se extiende hasta el 10 de marzo de 1978.

4 de Mayo 2004 El Mostrador

Juez dictó condenas en tres casos de detenidos desaparecidos

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.

19 de Octobre 2004 El Mostrador

Procesan a cúpula de la ex DINA por secuestro de mirista

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, procesó como autores de secuestro calificado a cuatro ex miembros de la cúpula de la disuelta Dirección Inteligencia Nacional (DINA).

La magistrada estimó que existen presunciones fundadas de que miembros de la DINA tienen responsabilidad en la desaparición del mirista Álvaro Barrios Duque, detenido el 15 de agosto de 1974 en su casa, ubicada en la comuna de Conchalí.

La resolución afecta al general (R) Manuel Contreras, ex jefe del organismo represivo, al brigadier (R) Miguel Krasnoff, al coronel (R) Marcelo Moren Brito y al civil Osvaldo Romo.

29 de Octubre 2004 El Mercurio

DD.HH.: Juezas procesan a nueve militares (R) por dos secuestros

Nueve ex uniformados fueron procesados en las últimas horas como autores de dos secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1975.

La primera encargatoria de reo fue dictada por la jueza Colomba Guerrero, del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, quien investigó la desaparición de Juan Manuel Llanca Robas, quien fue visto por última vez en el Regimiento N°2 de Puente Alto en 1975.

En este caso fueron encausados como autores del secuestro el ex comandante del regimiento, Mateo Durruty, y los ex uniformados David Miranda, Pedro Teyssedre, René Cruces y Carlos Canales.

Asimismo la jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collins, sometió a proceso a la cúpula de la DINA por la desaparición de el ex mirista Carlos Cubillos Gálvez, a quien se le perdió el rastro en el centro de detención conocido como Londres 38.

En este caso fueron encausados el general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Miguel Krassnoff, el brigadier (R) Marcelo Moren Brito y el civil Osvaldo Romo. Estos últimos enfrentan una serie de procesamientos en causas de Derechos Humanos, que están a cargo de distintos jueces.

El abogado Sergio Concha, quien lleva las causas, destacó especialmente la labor de la jueza Guerrero puesto que desde que ella llegó a mediados del año pasado al primer Juzgado del Crimen de Puente Alto hubo un cambio en el desarrollo de la causa de Juan Llanca.

"La causa había estado aproximadamente 10 años en ese juzgado, había habido por lo menos cuatro magistrados que no se habían interesado mayormente por esta causa (...) todo esto fue solucionado cuando llegó la magistrado Guerrero, quien se dedicó a investigar lo que hasta entonces no había sido investigado", afirmó.

29 de Octubre 2004 El Mercurio

Corte otorga libertad a brigadier (r) Krassnoff

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones resolvió otorgar la libertad provisional al brigadier (r) Miguel Krassnoff procesado como autor del secuestro calificado de Álvaro barrios Duque.

No obstante, el tribunal de alzada integrado por los ministros Juan Muñoz Pardo, Lamberto Cisternas y el abogado Benito Mauriz, resolvió confirmarle la encargatoria de reo que fue dictada por la jueza con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, Raquel Lermanda.

La magistrada del Noveno Juzgado del Crimen deberá fijar una fianza en las próximas horas para que la libertad del militar en retiro se concrete.

Krassnoff permanece retenido en el Batallón de Policía Militar del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén.

Por el secuestro de Barrios, ocurrido en 1974, están procesados también los ex miembros de la DINA, Manuel Contreras, Osvaldo Romo y Marcelo Moren Brito.

Junto con éstos últimos, Krassnoff fue condenado por el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval en un caso que fue revisado por la Corte Suprema que debe pronunciarse sobre si procede o no la aplicación de la Ley de Amnistía.

10 de Noviembre 2004 La Nacion

Dictan condenas contra cúpula de la DINA por desaparecido

El ministro Alejandro Solís dejó al lado la polémica por la aplicación de la ley de amnistía y optó por dictar sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA, entre ellos el general (r) Manuel Contreras, por su responsabilidad en el secuestro del mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara.

El debate que se realiza en el seno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre la conveniencia de aplicar este decreto que deja foja cero los ilícitos y el cuestionamiento a la verdadera existencia del secuestro en casos de detenidos desaparecidos, estuvo fuera de la revisión del juez Solís.

Por ello el magistrado determinó que Contreras debe cumplir una pena de 15 años de presidio, mientras que el brigadier (r) Raúl Iturriaga Neuman de 10 años y un día de presidio, y los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich a tres años y un día de presidio en calidad –los dos últimos- de cómplices.

De acuerdo a los antecedentes recogidos por agrupaciones de derechos humanos, el 17 de diciembre de 1974 San Martín fue detenido y trasladado –según informan testigos- hasta el centro clandestino conocido como la “Venda Sexy” donde la DINA lideraba la acción de hostigamiento contra los prisioneros.

Hasta el momento, el juez Solís sólo ha notificado de su condena al brigadier Iturriaga, quien indicó que "estoy siendo sentenciado por una mentira. Yo no tengo ninguna responsabilidad, yo ni siquiera detuve a un señor que no conozco que se llamaba San Martín Vergara y no tengo a nadie secuestrado, y lo sabe usted y lo sabe el presidente de la Corte Suprema. Lo sabe el Presidente de la República y lo sabe el juez". Agregó que “el juez sabe que yo no tengo a nadie secuestrado".

22 de Diciembre 2004 El Mercurio

Juez Alejandro Solís dicta condenas en caso Cortez Joo

Además de la condena civil, el ministro de fuero Alejandro Solís notificó de las condenas penales por el secuestro calificado de Edgardo Cortez Joo, militante del MIR detenido en 1975 y desaparecido de Villa Grimaldi.

Como autores fueron sentenciados en primera instancia Krassnoff, Moren Brito, Romo, Wenderoth y Zapata. A los cuatro primeros se les impuso una pena de 10 años y al último de cinco años.

Por este caso nunca fue procesado el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda, quien aún no ingresa a cumplir condena por el caso de Miguel Ángel Sandoval Martínez, pues en la Corte Suprema continúa pendiente un recurso de inaplicabilidad presentado antes de la sentencia pronunciada hace tres semanas por la Segunda Sala Penal, imposibilitando la dictación del "cúmplase".

Siguiendo el criterio de la Suprema en la causa Sandoval, en el caso Cortez Joo el juez Solís desestimó aplicar prescripción y el Decreto Ley Amnistía por tratarse de un secuestro calificado, de carácter permanente.

El ministro, además, aplicó convenios internacionales. Consignó que "existe unanimidad en la doctrina en cuanto a que la amnistía deberá tener por objeto tan solo delitos políticos o militares, pero limitados a aquellos que no atenten contra los derechos humanos".

Según antecedentes de la Vicaría, el nombre de Edgardo Cortez Joo, apodado "el Chino Rony", casado, un hijo, apareció en una lista de 59 chilenos presuntamente muertos, heridos o evadidos en enfrentamientos con servicios de seguridad argentinos, dada a conocer el 24 de julio de 1975. La madre de la víctima sostuvo un breve intercambio epistolar con la entonces primera dama, Lucía Hiriart, quien le contestó que había enviado los antecedentes a la Dina.

Responsabilidad civil

El abogado querellante, Sergio Concha, fue también quien demandó civilmente a quienes resultaran autores del secuestro.

El profesional, que se encuentra estudiando apelar para que se aumente el monto, explicó que optó por incluirlos como "solidariamente responsables" ya que "por la enormidad de los crímenes que se han cometido, corresponde también que ellos cancelen la indemnización".

Para condenar civilmente a los victimarios, el ministro invocó el artículo 2324 del Código Civil. Tal disposición es aplicada frecuentemente en casos penales comunes, pero en derechos humanos los abogados han optado por dirigir las acciones civiles únicamente contra el Estado.

Concha también incorporó al Estado entre los demandados, pero el ministro Solís se declaró incompetente en esa materia y sostuvo que ella debe ser analizada por tribunales civiles.

El juez estableció que la indemnización por daño moral debe ser cancelada entre los cinco condenados (4 millones de pesos cada uno). Como beneficiaria dejó a la madre, Luisa Faustina Joo.

  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos © 2000 - 2010