|
Carlos Herrera Jiménez(CNI)
Este agente participó en la muerte del transportista de Ovalle, Mario Fernández López. El crimen tuvo lugar en La Serena en 1984. El 25 de febrero de 1982 participó en el homicidio del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez. En 1991 se fugo hacia Argentina gracias al encubrimiento del Fiscal Torres Silva. Sentencia por homicidio de Juan Alegría Mundaca: El Mostrador - 19 de Julio del 2000
Lunes 27 de Agosto El Mostrador
Lunes 12 de Noviembre 2001 Primera Linea Herrera a Juez Guzmán: 'A Márquez lo ejecuté con un fusil' El mayor(r) del Ejército y ex agente de la DINA Carlos Herrera Jiménez confesó otro homicidio ante al ministro de fuero Juan Guzmán Tapia que mató con un fusil SIG al dirigente comunista Nelson José Márquez Augusto, encontrado en 1990 en la fosa común de Pisagua, y ratificó ante el magistrado que el actual edecán de la Cámara de Diputados, Jaime Krauss Rusque le dio la orden de ejecución. Primera Línea tuvo acceso a la declaración judicial en que Herrera Jiménez revela la estructura de mando de Pisagua durante diciembre de 1973 y enero de 1974 y donde confiesa que dirigió el pelotón de fusilamiento que costó la vida a un número indeterminado de personas, entre ellas, a quienes fueron encontradas en 1990 y probablemente al grupo de ocho detenidos desaparecidos cuyos restos fueron exhumados y destruidos por el paso de camiones, según la tesis de los querellantes avaladas por documentos entregados por el senador (PPD) Sergio Bitar que incluso identifican a los responsables. Sin titubear y siguiendo la conducta que adoptó al reconocer el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, el ex agente dijo al magistrado que "yo daba la orden de fuego la que era ejecutada por el pelotón", y acto seguido le indicó en el caso puntual de Márquez que "este señor se fugo de la cárcel de Pisagua estando yo de oficial de guardia. Por tal propósito, se pusieron en ejecución las instrucciones que había al respecto, es decir, se desplegó la unidad militar en la búsqueda del prisionero de acuerdo a un plan preconcebido". Relata luego al juez que "dio la casualidad que fui quien fue precisamente junto a una patrulla de soldados y encontré al señor Márquez escondido debajo del muelle de la caleta de Pisagua, lo capturamos, se le llevó de vuelta a la cárcel. En su declaración judicial añade que "el hecho se enteró el entonces mayor Mario Acuña Riquelme -ex fiscal de la zona que fue procesado en el caso y sobreseído luego de su muerte- que estaba ese día en Pisagua, el que dispuso que sacaran detenidas a mujeres que estaban en la cárcel y detenidos hombres que estaban allí, los trasladaran a un lugar de la playa de Pisagua y en presencia también de personal militar, Acuña ordenó a Krauss -actual edecán de la Cámara de Diputados- que se diera de baja al prisionero, éste me trasmitió la orden a mi y yo lo ejecute con un fusil SIG". "Lo anterior -explica a renglón seguido- no tuvo otro propósito que ser un escarmiento para los prisioneros, para que supieran que les ocurriría en el caso de una fuga. Eso es lo que pensó Acuña y de este hecho hubo unas 30 ó 40 personas como testigos". Con esta declaración, único documento judicial valido que inculpa a Herrera Jiménez, el abogado querellante en el caso Adil Brkovic solicitará en los próximos días el procesamiento del acusado por los delitos de secuestro y homicidio contra Márquez y el resto de los prisioneros de Pisagua que perecieron durante la época bajo la orden de disparar dictada por el condenado en el caso del carpintero Juan Alegría Mundaca. Brkovic recuerda que testimonios de otros detenidos en la misma época confirman que Márquez se encontraba a sólo metros del resto de los prisioneros e indica que nuevamente se utilizó la excusa de la ley de fuga para asestar un golpe a los detenidos. Es más, los dichos del ex agente son plenamente coincidentes con el Informe Rettig. Línea de mando y de otros fusilamientosEn su interrogatorio Herrera fue consultado acerca de quién era su superior jerárquico y su respuesta a la justicia fue categórica: "era el entonces capitán de Ejército Jaime Krauss Rusque que venía del Regimiento Rancagua de Arica y actualmente tiene el grado de coronel en retiro y es el edecán vitalicio militar de la Cámara de Diputados". Asimismo puntualiza que "Krauss dependía del coronel Ramón Larraín Larraín y del Fiscal Militar Mario Acuña Riquelme -ambos fallecidos- y del comandante en jefe de la Sexta División del Ejército y juez militar y comandante de la CAJZI (Comando Aéreo Jurisdiccional de Zona Interior), el general Carlos Forestier Haensgen, que era la máxima autoridad militar de las provincias de Arica e Iquique". Ante la consulta del tribunal constituido el 6 de septiembre de 2001 sobre si le correspondió participar en fusilamientos y quién le ordenó ello, Herrera Jiménez sostiene: "Sí efectivamente recibí orden directa y en forma verbal de Jaime Krauss Rusque de fusilar a unos prisioneros que no recuerdo que hayan sido éstos más de seis. Entre ellos recuerdo a uno de apellido Márquez, quien dentro del campo de prisioneros participó en algunas actuaciones como payaso, también estuve en el fusilamiento de un prisionero que cojeaba al caminar y otro que usaba un bisoñé, quienes eran narcotraficantes". Defensa del inculpadoEn un intento de justificar su actuación, Herrera sostiene en su declaración judicial que en diciembre de 1974 ostentaba el grado de subteniente del Ejército con sólo 22 años, por lo que su injerencia en las actividades internas del campo de prisioneros era nula. "Yo sólo me limitaba a cumplir las órdenes que me eran dadas", aseveró. Sobre Forestier aclara a la Justicia que "no lo vi en ningún fusilamiento. Pero no me asiste ninguna duda que, dada la verticalidad del mando institucional, tiene que haber estado en total conocimiento de todo lo que pasare o dejara de pasar en Pisagua. Si no hubiera sido así, habría faltado gravemente a sus deberes militares", tesis que de hecho amparo el procesamiento que hoy rige en contra de Forestier dictado por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia por el delito de secuestro. Y sus palabras aún son más certeras al momento de precisar al juez Guzmán que "en los fusilamientos en que yo participé estuvieron presentes o el teniente coronel Ramón Larraín Larraín o el mayor, en ese tiempo, Acuña, en calidad de más antiguos. Ellos, el uno o el otro, llevándose la mano a la visera, me indicaban a mí, las veces que yo mande al pelotón de fusilamiento el momento de dar la orden del fuego. Ahora bien, quien me indicaba a mí a las personas que yo debía sacar de la cárcel para fusilarlas era el capitán Krauss, quien a su vez recibía la orden o de Larraín o de Acuña". En esa línea sostiene que "con ninguno de los prisioneros que me ordenaron fusilar yo tuve algún diálogo previo al cumplir la orden. Yo no los interrogue, ni muchos menos torturé, es más ni siquiera quería saber sus nombres. Sólo me limité a comandar el pelotón de fusilamiento". Explica que este pelotón estaba integrado por dos miembros de la Armada, dos Carabineros, dos gendarmes y tres militares, todos con categoría de suboficiales, pero asegura que no recuerda el nombre de ninguno de ellos. Una vez más y siguiendo la tesis de la existencia de otros mandos, el condenado en el caso Alegría Mundaca señala que "yo nunca vi que se torturara a los detenidos estando yo de guardia en la cárcel. Ignoro que sucedía con los prisioneros mientras estaban en manos del SIM (Servicio de Inteligencia Militar)". La carrera en los servicios represivos que realizó Herrera considera en 1977 su participación en el CIRE (Centro de Inteligencia Regional) como oficial de operaciones, organismo que en la práctica, y de acuerdo a sus palabras, dependía del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mientras que la DINA de la Junta Militar de Gobierno y funcionaba donde la DINA no tenía representación. Posteriormente, se incorporó a la disuelta CNI, organismos bajo el cual participó en el asesinato del ex presidente de la Anef, Tucapel Jiménez Alfaro, homicidio que reconoció judicialmente e incluso pidió perdón a su familia en una emotiva declaración ante TVN en que sostuvo: "Es cierto, señor Jiménez... yo maté a su papá aquel 25 de febrero de 1982. Lo hice no por una cuestión personal o por propia iniciativa, se me ordenó hacerlo y se me dijo que don Tucapel Jiménez era un traidor a la patria y como tal causaba mucho daño a los chilenos" Pisagua, Lucia Hiriart Pinochet y el caso de los cocaleros Uno de los mayores golpes a los opositores a la dictadura fue asestado el 29 de enero de 1974 cuando seis personas que habían sido detenidas en noviembre de l973 en Iquique fueron trasladadas a Pisagua. Se trata de Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Mamani García, Luis Anibal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillen y Juan Rojas Osega. De acuerdo a los antecedentes recopilados hasta el momento se ha establecido que este grupo conocido como los "cocaleros" jamás realizó contrabando de estupefacientes como se les acusa, sino que "los cuerpos de todos ellos fueron encontrados, en l990,en la fosa de Pisagua, ensacados, con las manos atadas, y los ojos vendados" .Es más, ante la desesperación de las familias a quienes se les aseguró que sus cónyuges habían huido a otro país, decidieron enviar una carta a la Primera Dama de la Nación, Lucía Hiriart de Pinochet, quien en un tono poco agradable les dijo que nada sabía de sus esposos, los que obviamente las habían abandonado. La carta consta en el tomo diez del extenso expediente que maneja el ministro Guzmán. Sin embargo, la constante en Pisagua fue la emisión de bandos en que se informaba de Consejos de Guerra. El primero con fecha 11 de octubre de 1973 significó la muerte de Julio Cabezas Gacitua, José Cordova Croxatto, Humberto Lizardi Flores, Mario Morris Barrios y Juan Valencia Hinojosa. El segundo, fechado el 29 de octubre de 1973, significó la ejecución de Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Rosie Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos. En el tercer consejo de fecha 29 de noviembre de 1973 se dio muerte a Germán Eladio Palominos Lamas, cuyo cuerpo apareció en la fosa de 1990. Por último, en el cuarto consejo, efectuado el 10 de febrero de 1974, se condenó a muerte a dos militantes comunistas: Alberto Yañez Carvajal y Luis Toro Castillo. La tónica en gran parte de estos casos fue informar a las familias de algunos inhumados de Pisagua, que sus deudos estaban vivos y libres bajo fianza y que debían firmar semanalmente ante la comisaría respectiva, "pues de lo contrario sí que corrían peligro de prisión; y que los motivos por los cuales no regresaban al hogar sólo la familia podía colegirlos, y no eran de incumbencia de las autoridades". La fosa común de PisaguaDesde inicios del régimen militar la zona norte del país tuvo como epicentro de la acción represiva el campo de prisioneros de Pisagua, lugar donde cientos de personas deambularon por los estrechos pasillos de la cárcel a la espera que de un momento a otro se ordenará su ejecución. Aunque lugareños sobrevivientes del centro de reclusión siempre señalaron que en las cercanías del campo fueron enterrados algunas de las víctimas de las torturas propinadas por personal del Ejército y el CIRE, sólo en junio de 1990, cuando se descubrió la fosa común adjunta al cementerio, el proceso toma nuevos bríos y recién en 1999 se concretan los procesamientos del general Carlos Forestier, del ex fiscal Mario Acuña y del suboficial (r) Miguel Aguirre. Los 19 cuerpos hallados en 1990 dieron luces de los tratos inhumanos que vieron durante su corta permanencia en Pisagua y alertaron sobre la feroz acción represiva en el norte del país. El informe Rettig consigna que en el caso de la fosa común "los restos estaban dispuestos en tres niveles, en correspondencia con las datas de muerte. Todos los cuerpos se encontraban ensacados y con varios impactos de bala. La mayoría presentaba claros e inconfundibles vestigios de haber tenido vendas en los ojos y las manos amarradas". El Servicio Médico Legal logró identificar entonces a Juan Calderon Villalon, Nolberto Jesús Cañas Cañas, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Juan Jiménez Vidal, Michel Selim Nash Saez, Nelson Márquez (18 de enero de 1974), Luis Fernando Rojas Valenzuela (17 de diciembre de 1973). Pero siguen desaparecidos Jorge Marín Rossel, William Millar Sanhueza y Manuel Heriberto Ayala Zavala. En tanto, el 20 de octubre de 1973 muerieron ejecutados Oscar Walter Pedro Ripollcodoceo, Julio Gastón Valenzuela Bastias, Manuel Francisco Donoso Dañobeitia. Al día siguiente, corrió la misma suerte el sacerdote salesiono Gerardo Poblete Fernández. El 23 de octubre la prensa, canal utilizado para difundir los decesos en la zona, anunció la ejecución de Luis Pedro Solar Welchs. Lo mismo sucede el 11 de enero de 1974 cuando fallece Isaias Higueras Zuñiga, gendarme de la cárcel de Iquique
Jueves 18 de Abril 2002 Primera Linea Corbalán declaró nuevamente por crimen de carpintero En la etapa probatoria por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca -homicidio perpetrado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez-, hoy declaró ante el ministro Sergio Muñoz el ex jefe metropolitano de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán Castilla. El ex oficial está condenado a cadena perpetua por este crimen efectuado un año y medio después del asesinato del dirigente sindical -ocurrido en febrero de 1982- con el fin de ocultar a los autores del homicidio. Otros condenados a presidio perpetuo en este caso son el mayor (r) del Ejército Carlos Herrera Jiménez y el suboficial (r) de Carabineros, Armando Cabrera Aguilar. Diez años de cárcel recibió el civil adscrito a la CNI Osvaldo Pincetti, alias el doctor Tormento. Sin embargo, la causa fue reabierta para indagar las responsabilidades que tendrían el brigadier Roberto Schmied y Hugo Alarcón Vergara. El primero fue sobreseído, mientras que el segundo fue encausado como presunto cómplice del asesinato de Alegría. Hasta el 23 de abril el ministro Muñoz llevará a cabo conjuntamente las fases probatorias por los crímenes del ex presidente de la ANEF y del carpintero que residía en Valparaíso. En otro plano, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago será la encargada de dirimir el conflicto procesal surgido entre los ministros Sergio Muñoz y Hugo Dolmestch, suscitado tras la acumulación de las causas que involucran a la CNI en manos del primero. Se trata de la muerte de 12 militantes del FPMR en la Operación Albania, el asesinato de cuatro opositores al regimen militar en 1986 -tras el atentado a Pinochet, proceso caratulado con el nombre de José Carrasco- y la desaparicion de cinco militantes comunistas en 1987. La acumulación de los procesos, que daría forma a un causa única, quedó en manos de Muñoz luego que éste decidiera unilateralmente hacer valer el principio de la acumulación que impide que dos jueces tramiten un proceso que involucra a los mismos encausados. La sala ya se pronunció sobre este episodio judicial confirmando que Muñoz debe conocer los procesos. Sin embargo, el ministro en visita extraordinario Hugo Dolmestch, mediante un escrito, solicitó a la Corte Suprema que fuera revisado el dictamen del tribunal de alzada, basándose en que la competencia sobre estos tres procesos fue delegada a él por la misma corte. La unificación de procesos fue solicitada por la defensa de Corbalán debido a que le permitirá contar con una sola condena, presumiblemente perpetua, de 20 ó 40 años
23 de Marzo 2004 La Nación A Punta Peuco los condenados por caso Tucapel Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas. Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra. De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales. A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983. Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.
23 de Julio 2004 La Nacion Jueza procesa a edecán de Cámara de Diputados La mesa directiva de la Cámara de Diputados pidió la renuncia al edecán, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, y éste aceptó irse. La renuncia le fue demandada sólo horas después de que la ministra de fuero Carmen Garay lo procesó y ordenó su arresto como autor material de siete homicidios ocurridos en el campo de prisioneros de Pisagua, mientras Krauss cumplió en 1974 funciones como capitán a cargo de la Compañía de Vigilantes de los detenidos. La información de la renuncia pedida al edecán, quien es hermano del actual embajador de Chile en Madrid Enrique Krauss, fue entregada ayer pasadas las 18:30 horas en el Palacio Ariztía en Santiago por el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Lorenzini (DC). Este expresó que la mesa de la Cámara acordó pedirle la renuncia porque, al haber sido procesado, cayó en la “inhabilidad sobreviniente” que señala el estatuto del personal de la institución en su artículo Nº23 letra c), que establece que “la persona que desempeñe labores funcionarias no podrá estar procesada ni condenada”. El edecán se había declarado “inocente” en sus declaraciones en el proceso de Pisagua, y así también lo manifestó a La Nación Domingo que en su edición del domingo pasado publicó la crónica “El fantasma del edecán”. El encausamiento del coronel (R) Krauss fue solicitado por el abogado querellante en la causa Pisagua Adil Brkovic. Este dijo ayer que “estamos muy conformes con esta resolución porque la verdad es que en el proceso existen suficientes antecedentes para acreditar la participación del señor Krauss en los homicidios de siete prisioneros”. El abogado dijo que si bien a Krauss “no se le acusa de disparar él mismo contra los prisioneros, hay quienes lo sindican como quien impartió las órdenes como el segundo comandante del campo de prisioneros de Pisagua. Esta investigación ha tomado ya seis años y los hechos se encuentran totalmente acreditados”, dijo Brkovic. Los hechos El ahora ex edecán de la Cámara será notificado hoy a primera hora en el Palacio de Tribunales en Santiago, y luego será trasladado en calidad de detenido al Batallón de Policía Militar ubicado al interior del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén. La ministra Garay sostuvo en su resolución que los siete homicidios ocurridos entre el 18 de enero de 1974 y el 30 de enero de ese año, sucedieron en Pisagua mientras el “capitán Jaime Krauss Rusque se encontraba a cargo de los efectivos militares que tenían por misión custodiar a los prisioneros políticos del Campamento de Pisagua, unidad militar que en definitiva dependía del comandante en jefe de la VI División del Ejército (en Iquique), general Carlos Forestier Haensgen”. El coronel (R) Krauss reconoció en el proceso que efectivamente estos siete homicidios ocurrieron mientras cumplió funciones en Pisagua entre el 14 de enero de 1974 y al menos, según él, el 30 de enero de ese mes. Pero negó que ordenara las ejecuciones y también negó que su función fue la de comandante de la Compañía de Vigilantes de los prisioneros. Dijo que su tarea fue “administrativa” inventariando y almacenando “serruchos, martillos, palas, estufas, queso, jamón y azúcar”, provenientes de una ayuda de la Cruz Roja para los prisioneros. No obstante, según el abogado Brkovic la jueza “no le creyó” ese argumento, puesto que “no encaja” con lo realmente sucedido. En Pisagua operó entre septiembre de 1973 y julio de 1974, como un reloj, un calendario rotativo de personal de oficiales que integraron la Compañía de Vigilantes de prisioneros, cada vez al mando de un oficial con el grado de capitán. A su vez este tenía bajo su mando a cuatro o cinco tenientes y subtenientes. La compañía era la responsable de lo que ocurriera con los prisioneros, y fueron sus integrantes los que siempre participaron en las ejecuciones extrajudiciales, como está establecido en la investigación. Por estas mismas funciones han sido encausados por otros homicidios otros oficiales (R) que a la fecha de sus funciones en Pisagua, de acuerdo al calendario de turnos, tenían también los grados de capitán y tenientes o subtenientes. El primero en afirmar que Krauss ordenó ejecutar prisioneros en Pisagua fue el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, quien cumple presidio perpetuo en la cárcel de Punta Peuco. Herrera admitió que Krauss le ordenó matar al prisionero Nelson Márquez Agurto, una de las siete víctimas del auto de procesamiento, porque éste había intentado fugarse para intentar evitar que lo siguieran torturando. Krauss lo niega, pero careados ambos, Herrera mantuvo sus dichos. El coronel (R) Krauss también fue encausado por los homicidios de Luis Manríquez, Nicolás Chánez, Tomás Cabello, Juan Rojas, Hugo Martínez y Juan Mamani. Todos ellos fueron declarados “dejados en libertad” por el general Forestier, sin embargo sus cadáveres aparecieron, junto al de Márquez, en la fosa clandestina descubierta en Pisagua en junio de 1990 con 19 cuerpos. Los otros procesados Por los siete homicidios también fueron procesados el general (R) Carlos Forestier, como autor intelectual; el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, como autor material; el coronel (R) Bernardo Martínez Téllez, como encubridor; y al suboficial (R) de Carabineros Manuel Vega Collao, también como autor material. Vega integró el pelotón de fusilamiento de los seis prisioneros ejecutados a fines de enero de 1974. En contra de los argumentos de inocencia del coronel (R) Krauss respecto a que cumplió sólo funciones administrativas, están las declaraciones de algunos ex prisioneros, quienes afirman, coincidentemente, que el entonces capitán Krauss ingresó a la cárcel la noche del intento de fuga de Márquez, amenazando que si éste no aparecía en media hora se iban a matar prisioneros. Uno de ellos, Luis González Vivas, dijo que “cuando matan a Márquez estaba el mayor Krauss, a quien yo le había hecho un mueble. Y él advirtió que si no aparecía Márquez hasta las cuatro de la mañana, iban a sacar prisioneros de las celdas para ser fusilados”. Lo mismo afirmó Freddy Alonso. Ambas versiones contradicen las tareas “administrativas” del entonces capitán Krauss.
|
Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos © 2000 - 2007 |
