Entrada Arriba Quienes somos Boletin Busqueda Centros de Detencion Criminales Desaparecidos Ejecutados Pinochet en Londres Testimonios Ecomemoria Exilio Tortura Complices Empresas English Juicio a Podlech


Gerardo Godoy García 

Foto: Cortesia de Julio Oliva

Gerardo Godoy García era subteniente de Carabineros a cargo del grupo operativo Tucán en 1974, que servía de apoyo a las tareas de los grupos Halcón 1, a cargo de Lorenz y del grupo Aguila, que comandaba Krassnoff. Gerardo Godoy tenía a su cargo a la agente "Marisol". Solía trabajar en grandes operativos junto al "Troglo", "Guatón Romo", Luz Arce, y "El Pulgar" o "Negro Paz". Los prisioneros de 1975 lo recuerdan como "teniente Marcos". A pesar de que era apenas un subteniente se daba ínfulas de alto oficial. Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. 

En marzo de 1992 estando aun en servicio activo debió prestar declaración por su participación en el desaparecimiento de Alfonso Chanfreau.

 

 

Fuentes:

Dónde están hoy los dinos de ayer?    Gladys Díaz, La Tercera, El Mercurio, Fichas de casos de los detenidos desaparecidos.

 


04 Agosto 2003 - La Nacion

Amnistía y prescripción en los alegatos por la primera condena contra la ex DINA

Es como si todo hubiese quedado a la espera de que en los próximos días el gobierno dé a conocer su propuesta en materia de violaciones de los derechos humanos. Incluso en esa senda parece anotarse el excesivo retraso de la vista de la apelación por la primera sentencia del país que condenó a altas penas de prisión a parte de la cúpula de la ex DINA.

Su debate en una sala de Corte de Apelaciones de Santiago podrá ser tan decidor, como resolver el corazón mismo de la discusión de fondo en este asunto trascendente: la aplicación o no de la ley de amnistía y la prescripción del delito.

La materialización de tal discusión debiera repletar los asientos de la corte cuando ella finalmente se verifique. Será en ese momento cuando, por fin, se llegará al instante en que, por primera vez en la historia de los procesos instruidos por la pasada represión militar, se conocerá una posición oficial de una corte acerca de la resistida ley de amnistía y la figura de la prescripción del delito, tan alegada por las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la inmensa mayoría de civiles que sustentaron la pasada dictadura militar.

De acuerdo a los abogados querellantes y defensores en las causas, ése es el centro del conflicto jurídico en materia de derechos humanos. El resto pertenece a otras esferas de la discusión.

Será en ese momento, entendiendo que luego le tocará decir su palabra a la Sala Penal de la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, cuando se sabrá cuánto quedarán conformes o decepcionados los familiares de las víctimas, las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente el Ejército, el gobierno, y todos quienes tienen intereses y/o opinión en esta cuestión.

Esa es, ni más ni menos, la relevancia de esa audiencia que continúa postergándose, sin apreciarse muy claramente por qué el retraso, entendiendo que “hay reos presos”, como se nombra en la jerga de tribunales. Ello apura normalmente la vista de estas apelaciones.

En este proceso, el 14 de abril de 2003 el ministro Alejandro Solís condenó a 15 años de presidio al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda; a 15 años de la misma pena al ex jefe de varios recintos clandestinos de la DINA, coronel (R) Marcelo Moren Brito; y a 10 años de presidio al también ex jefe de algunos de estos centros de tortura y exterminio, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, quien no hace mucho se atribuyó públicamente el cartel de “analista” y “entrevistador” de la ex DINA.

Todos fueron sentenciados por el juez Solís como autores del secuestro calificado y desaparición del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval Rodríguez.

También fueron sentenciados a 5 años de presidio en calidad de cómplices del mismo delito los ex agentes de la DINA, brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana, conocido como el “teniente Pablito” y uno de los más crueles represores de la ex DINA, y el teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy García, alias “El cachete chico”.

Será respecto de estas “estrellas” de la ex DINA, donde se producirán los relevantes alegatos acerca de la amnistía y la prescripción del delito que están por venir.

En su sentencia condenatoria el ministro Alejandro Solís rechazó aplicar la amnistía y la prescripción del delito a favor de los ex agentes, esgrimiendo el argumento que hasta ahora aparece como insalvable en contra de los militares: que mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, el secuestro es un ilícito de carácter permanente que se sigue cometiendo cada día, y por tanto excede ampliamente el período cubierto por la ley de amnistía que se extiende hasta el 10 de marzo de 1978.

 


28 de enero 2005 La Nacion
Juez Solís ordena detención de Manuel Contreras
En su casa, en un condominio militar de La Reina, se encuentra el
general en retiro y ex director de la Dirección de Inteligencia
Nacional (Dina), Manuel Contreras, a pesar de que a las ocho de
la mañana debía presentarse en el Palacio de Tribunales, para
notificarse de su condena a 12 de cárcel por el secuestro del
mirista desaparecido Miguel Angel Sandoval Rodríguez.
Hasta el recinto "Club de Campo Norte", ubicado en el número
316 de la calle Alvaro Casanova, llegaron, cerca de las nueve de
la mañana, seis vehículos de la Policía Civil que esperan el arribo
de oficiales de esa institución con la orden de detención del ex jefe
de la policía política de la primera etapa de de la dictadura. A las
diez con 25 minutos arribaron al lugar otros tres automóviles con
efectivos civiles.
El acceso principal al condominio del sector alto de Santiago está
restringido por personal de Carabineros quienes sólo han
permitido el ingreso a los equipos policiales y a familiares del
retirado general.
El hecho se asemeja a la situación de 1995, cuando Contreras
atrincheró en un fundo de la Décima Región ante la notificación
de su condena por el crimen del ex canciller Orlando Leterier.
Sus colaboradores ya van a la cárcel
A las 8 de la mañana, y tal como estaba señalado, habían llegado
hasta la sede de justicia los otros cuatro condenados en la
histórica sentencia, dictada por el juez Alejandro Solís y luego
ratificada en forma unánime por la Segunda Sala en lo Penal de la
Corte Suprema, que desplazó a la ley de amnistía al considerar el
secuestro como un delito permanente.
Además de Contreras, comienzan a cumplir hoy su pena, el ex
jefe del Grupo Halcón de la DINA, brigadier (r) Miguel
Krassnoff, 10 años de cárcel; el ex jefe de Villa Grimaldi,
brigadiero (r) Marcelo Moren Brito (11 años); el ex jefe del Grupo
Vampiro, coronel (r) Fernando Laureani (5 años); y el ex agente
Gerardo Godoy (5 años).
Fuertemente custodiados por gendarmes y protegidos por un
cerco de Carabineros que mantenía a distancia a casi 200
familiares de víctimas de la dictadura, que gritaban en contra de
los ex agentes, Krassnoff, Moren Brito y Laureani, fueron
subidos a dos vehículos de Gendarmería para ser trasladados
hasta el penal "Cordillera", en la comuna de Peñalolén;
mientras que Godoy, el único Carabinero de la lista, fue llevado,
en otro carro celular, al penal de Punta Peuco al norte de la
capital.
La Segunda Sala en lo Penal, en un dictamen considerado
histórico al sentar jurisprudencia en la tramitación de causas
referidas a violaciones a los derechos humanos, mantuvo en
noviembre del año pasado la sentencia del juez Solís y de la
Corte de Apelaciones, en que se acusó a los cinco del crimen de
Sandoval Rodríguez.
El Decreto Ley de Amnistía de 1978, que fue dictado bajo el
régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), plantea la
exoneración de responsabilidades penales de todos aquellos
agentes del Estado involucrados en atropellos a las garantías
constitucionales perpetradas entre el 11 de septiembre de 1973 y
el 11 marzo de 1978.
UN SASTRE DEL MIR
Miguel Angel Sandoval Rodríguez, un sastre de 26 años y que
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
fue detenido el 7 de enero de 1975 en Santiago. Sus familiares
informaron que el afectado salió de su casa al mediodía y que
les señaló que regresaría a las tres de la tarde. Sin embargo
nunca volvió. Según testimonios de personas que estuvieron
detenidas en Villa Grimaldi, fue visto por última vez en este
lugar de reclusión secreto en muy malas condiciones.
Quince días después de su detención, a las 02:30 de la
madrugada, civiles armados allanaron su casa, llevándose
documentación.
Luego, Sandoval apareció en la lista de 60 chilenos que habrían
muerto en diversos países que fue publicada por la revista
argentina Lea en julio de 1975. Este medio no tuvo más
ediciones y en ella no se identificaron redactores ni editores.
Teolinda Sandoval, hermana del desaparecido, el 18 de febrero
de 1975 presentó un recurso de amparo en la Corte de
Apelaciones, solicitando que se oficiara a los ministerios del
Interior, Defensa y a la DINA para que informen sobre la
detención de Miguel Angel Sandoval. La petición nunca tuvo
respuesta. El coronel de Ejército Hernán Ramírez, por orden de
la jefatura de zona en estado de sitio, respondió que a “esta
persona no se le instruye causa en el II Juzgado Militar ni se
encuentra detenida”.
Raúl Flores Castillo, detenido también el 7 de enero de 1975 y
que estuvo 14 días en Villa Grimaldi, relató que entre el día 10
u 11 de enero llevan a mi celda a Miguel Angel Sandoval
Rodríguez, actualmente desaparecido. Estaba mal físicamente,
lo habían golpeado mucho. Me decía que ojalá pudiéramos salir
pronto de esto”.

 

 

 


 

21 de Junio 2005 La Nacion

Procesan por torturas a plana mayor de la DINA

Como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, el mayor (R) Miguel Krassnoff, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima.

A todos ellos Solís los responsabilizó de haber torturado a una veintena de presos políticos que estuvieron ilegalmente detenidos en Villa Grimaldi, -cárcel clandestina emplazada en la comuna de Peñalolén, de la que desaparecieron unos 400 presos políticos- durante los años 1974 y 1975.

En el auto de procesamiento, de 50 páginas, se señala que en ese lugar “operaba un grupo de agentes de la DINA (que) aplicaban tormentos (para) recabar información sobre el paradero de otros opositores” a Pinochet.

La mayoría de los procesados actualmente están recluidos en el penal Cordillera, instalado al interior de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, donde cumplen sentencia por otros casos de violaciones de los derechos humanos


  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos © 2000 - 2010