El único castigo de Armando Fernández Larios

Jueves 26 de Septiembre  PiensaChile.com

(Reproducción autorizada de El Periodista a piensaChile, 16 de sept. 2002)

Aduciendo querer "limpiar su nombre", en enero de 1987, el mayor de ejército y agente de la DINA, Armando Fernández Larios, negoció su entrega al gobierno de Estados Unidos para evitar tanto los tribunales chilenos como la potencial represalia de sus camaradas. Sin embargo, en su propio refugio y a pesar de la protección del gobierno estadounidense, está cerca de recibir lo que probablemente será su único castigo, de manos de un tribunal en Miami.

El 26 de mayo próximo, la jueza Joan Lenard, de la Corte Distrital Federal de Miami, estado de Florida, comenzará a escuchar los testigos de uno y otro lado para resolver un demanda presentada en febrero de 1999 por la familia de Winston Cabello Bravo, asesinado en Copiapó el 17 de octubre de 1973 por el entonces teniente Fernández Larios, integrante de la Caravana de la Muerte comandada por el general Sergio Arellano Stark.

La demanda civil lo acusa de crímenes contra la humanidad, ejecución extrajudicial, y trato cruel, inhumano y degradante, y se basa en dos cuerpos legales que en las últimas dos décadas, han permitido a víctimas de la represión desde Bosnia a Centro América enjuiciar a sus verdugos en tribunales estadounidenses.

La hermana de Winston, Zita Cabello, economista y profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California, sede Santa Cruz, llevaba meses investigando a Armando Fernández Larios, contratando a un detective privado para rastrearlo. A fines de 1998, Zita entregó un documento de 15 páginas conteniendo antecedentes sobre Fernández Larios a la organización Center for Justice & Accountability (CJA), en San Francisco, California, que, entre otras cosas, patrocina demandas civiles en contra de violadores a los derechos humanos residentes, de paso o con bienes en Estados Unidos. Luego, se fue al bufete de abogados más grande de California y lo convenció de tomar el caso ad honorem.

"Estos casos envían una advertencia a los violadores a los derechos humanos de que no pueden residir y ni siquiera visitar Estados Unidos sin temor de ser descubiertos y demandados por sus víctimas. Estos juicios son un tipo de castigo. No hay duda de que altera la vida de estos victimarios", señala Sandra Coliver, Directora Ejecutiva de CJA.

Cabello, ingeniero comercial de 28 años, había sido Director Regional de Planificación en Copiapó durante el gobierno de la Unidad Popular. Al día siguiente del golpe militar, fue citado junto a otros jefes de servicios públicos dependientes del gobierno de Salvador Allende, a la oficina del comandante Oscar Haag, jefe de zona de Estado de Sitio. Ese día quedó detenido en la cárcel local, porque supuestamente, su vehículo había sido utilizado con "fines sospechosos". Dos semanas después, fue detenido el marido de Zita, Patricio Barrueto, quien trabajaba con Cabello.

Nunca se le formularon cargos ni fue sometido a un Consejo de Guerra. Una semana antes de su muerte, el fiscal militar Carlos Brito le aseguró que saldría en libertad.

El 16 de octubre de 1973, arribó la Caravana del general Arellano a Copiapó. Este seleccionó a 16 prisioneros para su fusilamiento. Trece de ellos, incluyendo a Cabello, fueron sacados de la cárcel esa noche y masacrados por miembros de la comitiva y algunos oficiales del regimiento. Los otros tres fueron asesinados al día siguiente. La versión oficial fue que habían muerto en un intento de fuga. Los 13 fueron enterrados en una fosa sin marca en el cementerio de Copiapó, y no fueron descubiertos hasta 1990.

Zita y su marido, ya en libertad, huyeron del país con su pequeño hijo el 12 de diciembre de 1974, obteniendo visas especiales de la Embajada de Estados Unidos. "Antes de irnos, una amiga que trabajaba en CEPAL me invitó a cenar a su casa. En un momento en que quedamos a solas, me preguntó, ‘¿Sabes cómo murió tu hermano? Lo mató Armando Fernández Larios con un corvo’. Me describió la manera en que había muerto mi hermano. Yo no quería saber, era muy terrible. No se lo conté a nadie, no tenía sentido aumentar el dolor. Pero jamás olvidé el nombre de Armando Fernández Larios", relató Zita Cabello, quien estuvo en Chile en agosto.

Sin embargo, no fue sino hasta 1995 cuando Zita Cabello se enteró de que el asesino de su hermano vivía en Estados Unidos. Ese año estaba preparando un documental sobre la Caravana de la Muerte ("Nunca Más, Para Que Nunca Más", 1997), y en un viaje a Chile un amigo se lo mencionó.

"Se me pararon los pelos. Fue tan horrible, y a la vez irónico, que el ejecutor material de la muerte de mi hermano estuviera viviendo en Estados Unidos, y más encima protegido por el gobierno de EE.UU.. Es una situación irreal", comenta Zita.

En mayo de 1999, asesorado por su abogado Steven Davis, Fernández Larios entregó su primera declaración a la jueza Lenard: "En enero de 1987, renuncié al Ejército de Chile y dejé Chile para venir a Estados Unidos y enfrentar los cargos criminales en mi contra. El gobierno de Estados Unidos no me acusó de tortura o asesinato (y nunca he cometido actos de tortura o asesinato...)". El 24 de ese mes, solicitó que la corte renunciara a ver el caso, alegando falta de jurisdicción. En agosto de 2001, la jueza Joan Lenard denegó la petición. En noviembre de 2001, Fernández Larios una vez más apeló a los cargos, solicitud negada por la jueza Lenard en junio de este año.

Hace un año, fue interrogado por primera vez. Durante los tres días que duró el interrogatorio, negó haber conocido a Winston Cabello, haber torturado y asesinado, o haber presenciado o sabido de los crímenes cometidos por la caravana. Sólo se limitó a reconocer su participación en la comitiva del general Arellano Stark como su guardaespaldas.

Fernández Larios nació en Washington, DC, hijo de un oficial de ejército comisionado en esa ciudad en la epoca. En 1970, a los 20 años y ya como subteniente del Ejército chileno, participó en el curso Combat Arms Orientation, en Fort Gullick, Escuela de las Américas, en Panamá, entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 1970. Con algunos de sus compañeros de curso se volvería a reunir cuatro años después, ya todos agentes de la DINA: Rolando Mosqueira Jarpa, Hugo Acevedo Godoy, y José Zara Holger.

Tras su participación en el asalto al Palacio La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el joven teniente fue comisionado a integrar la comitiva de Arellano Stark, contribuyendo a la secuela de muertes y desaparecimientos durante la caravana por el sur y el norte del país.

En 1974, participó en la tortura, muerte y desaparición de Manuel Sanhueza Mellado, 30 años, miembro del Comité Central de la JJ.CC., detenido el 10 de julio de 1974 en Arica. Sus restos fueron encontrados en una fosa común en Pisagua en junio de 1990. En septiembre de 1974, participó en la desaparición de David Silberman, caso por el cual ha sido procesado por el juez Juan Guzmán.

A principios de 1975, aparentemente ya como miembro del Departamento Exterior de la DINA, Fernández fue enviado a Lima, Perú en una operación encubierta para establecer contacto con el enlace de la Dirección del Partido Socialista en ese país, con el fin de llegar a la cúpula del partido. Sus exquisitos gustos lo delataron. El enlace no confió en este extraño "compañero", que lo citó a una reunión en un hotel de lujo y pidió whisky. La operación abortó.

Al año siguiente, en agosto de 1976, Fernández Larios volvió a su lugar de nacimiento con un pasaporte falso con la misión de preparar el terreno para el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffit, ocurrido un mes después. Procesado por un tribunal federal de Washington en 1978 por su participación en el crímen, el régimen chileno denegó la solicitud de extradición de Fernández Larios a Estados Unidos. Sin embargo, casi una década después, el agente de la DINA negoció su entrega a Estados Unidos a través de su mediador, Federico Willoughby, y en enero de 1987, fue recogido en Brasil por el agente especial del FBI Carter Cornick, quien había investigado en el caso Letelier, y llevado de vuelta a la capital estadounidense.

Detenido en Washington, Fernández Larios entregó a la justicia estadounidense evidencia de que el homicidio había sido planificado y dirigido por la Dirección de la DINA; esa evidencia nunca se ha hecho pública. Luego, negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia para declararse culpable como cómplice del crímen, a cambio de poder vivir y trabajar en EE.UU. tras cumplir la condena, y tener la seguridad de que no sería extraditado a Chile bajo ninguna circunstancia. El juez Barrington Parker lo sentenció a siete años de prisión. Sin embargo, el magistrado lo estimó un colaborador tan ejemplar, que luego de cumplir sólo cinco meses en una prisión federal, acogió una solicitud de sus abogados y lo dejó libre.

El ex agente de la DINA se trasladó a Miami. Según sus propias declaraciones, nunca aceptó acogerse al programa de protección de testigos, y siguió viviendo con su nombre verdadero. Aún no está claro si posee estatus de residente o si goza de sus beneficios de hecho. No ha renovado su pasaporte chileno, y tampoco está registrado en la Embajada chilena. Es posible que haya formalizado su ciudadanía estadounidense por el hecho de haber nacido en ese país.

A fines de 1988, Fernández Larios compró un condominio en el barrio Kendall, con piscina y canchas de tenis incluidas. También instaló un negocio de importación-exportación llamado Fervic Corp., de corta vida, y cuyo funcionamiento nadie pudo comprobar. Fue en ese condominio donde una madrugada de marzo de 1999, un emisario judicial le notificó de la demanda en su contra. Al poco tiempo, abandonó su condominio y hoy vive con su novia. Actualmente es subgerente del taller mecánico Auto Sport International en el condado Miami-Dade.

Cuando fue notificado de la demanda, Fernández Larios había recién regresado de un viaje a Chile, donde testigos lo vieron y conversaron con él. Entre sus actividades se incluyeron reuniones con ex camaradas de armas. Irónicamente, sólo cinco meses después de regresar a Miami, el juez Guzmán lo procesó por secuestro calificado de 19 víctimas de la Caravana que aún permanecen desaparecidas. En octubre de ese año, la Corte Suprema autorizó la solicitud del magistrado para extraditar a Fernández Larios.

Es muy poco probable que el gobierno estadounidense acceda a su extradición, si éste quiere cumplir con su palabra. El acuerdo firmado con Fernández el 29 de enero de 1987, en su punto 5, letra g), señala: "El gobierno acuerda que no intentará deportar al Sr. Fernández desde Estados Unidos a Chile, ni cooperará para su extradición a Chile". La solicitud de extradición del juez Guzmán ha estado "en revisión" en el Departamento de Justicia desde junio de 2000.

Sin embargo, el mismo párrafo del acuerdo lo deja desamparado respecto de solicitudes de extradición de otro países: "Esto no impide su extradición desde Estados Unidos hacia cualquier otro país que no sea Chile en relación a crímenes no cubiertos por este acuerdo", dice el acuerdo. El 23 de mayo pasado, la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el asesinato del ex comandante en jefe del ejército chileno Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, solicitó la extradición de Fernández, procesado en ese país por el doble crimen.

Pero para Zita Cabello, el escenario más probable es que Fernández Larios continúe en Estados Unidos, aunque pagando, literalmente, de por vida por sus crímenes. "El dinero no tiene sentido para nosotros, pero es la única posibilidad legal que nos da EE.UU. para buscar justicia. Este es un juicio moral y político. Antes, Fernández Larios vivía tranquilamente. Ahora tendrá el castigo de preocuparse toda la vida de no tener dinero, porque se lo van a quitar. Es importante sentar este precedente, para que las generaciones futuras sepan que los crímenes no quedarán impunes", señala

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