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Fernandez Larios ArmandoEjercito - Mayor
Viernes 24 de Mayo 2002 Tercera Argentina pide a EEUU la extradición de ex agente chileno La justicia argentina pidió a EEUU el arresto preventivo con fines de extradición del ex agente de la policía secreta nacional Armando Fernández Larios, imputado por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, ocurrido en Buenos Aires en 1974. Fuentes judiciales informaron hoy de que hace un año el fiscal de la causa, Jorge Alvarez Berlanda, había hecho esta petición, pero la jueza María Servini de Cubría hizo lugar a la medida en los últimos días y ya se han iniciado los trámites a través del Ministerio argentino de Relaciones Exteriores. Convenio de protección Las fuentes indicaron que, al parecer, Larios, que actualmente reside en la ciudad de Miami, tiene algún tipo de convenio de protección con Estados Unidos. "Por eso se pidió la extradición, para que nos aclaren cuál es la situación", aseguraron fuentes del juzgado de Servini de Cubría, que no descartaron que finalmente Larios sea interrogado en Estados Unidos, tal como lo hizo el ex agente Michael Townley, confesó el autor material del doble crimen. Aparentemente, el acuerdo extrajudicial pondría al ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), a resguardo de los reclamos de la justicia nacional, que ya pidió su extradición por la llamada "Caravana de la Muerte". Antes de solicitar la extradición, Servini de Cubría envió un exhorto a la Justicia estadounidense para tomarle declaración indagatoria a Fernández Larios, pero el pedido no tuvo eco
4 de Octubre 2003 La Tercera Fernández Larios niega participación en asesinato del 73 Por casi dos horas fue interrogado ayer en la Corte del Distrito Sur de Miami el ex mayor de Ejército Armando Fernández Larios en el juicio civil que se lleva en su contra por el asesinato de Winston Cabello, el 17 octubre de 1973 en Copiapó. El ex integrante de la Caravana de la Muerte dijo no recordar qué pasó esa noche -en que fueron asesinados 13 presos políticos-, aunque sí admitió que el helicóptero Puma en que se desplazaban estaba en Copiapó, lo que había sido negado por otros integrantes del grupo. "Se reía, fue irónico y agresivo", dijo a La Tercera Aldo Cabello, hermano del fusilado, respecto de Fernández en el interrogatorio. Además, relata, "le pidió al traductor que le dijera cómo se decía pelotón de fusilamiento y ejecución en inglés, pues eran palabras que nunca había utilizado... no sabía cómo decirlas". El tiempo ayer no alcanzó para que el abogado querellante terminara sus preguntas. Por ello, el martes Fernández Larios volverá a subir al estrado. Con ello se cerrará la rueda de testigos, para que entre fines de la próxima semana y principios de la siguiente el jurado delibere
16 de Octubre 2003 El Mercurio Jurado hizo 4 cargos a Fernández Larios En silencio y estático, el ex militar chileno Armando Fernández Larios escuchó la sentencia del jurado que lo condenó a pagar cuatro millones de dólares a la familia del ingeniero Winston Cabello, víctima de los sucesos de septiembre de 1973, en la ciudad de Copiapó. Fernández Larios y su abogado, Steven Davis, no se movieron de la sala y sin mirar hacia los lados, ambos esperaron que ésta quedara completamente vacía. Por la puerta principal salió el abogado del oficial de ejército en retiro, pero solo, porque el ex uniformado rehuyó a la prensa. Steven Davis se mostró sorprendido e insatisfecho con el fallo, y recalcó que va a apelar el veredicto. Con respecto a la alta suma de dinero que Fernández Larios debe pagar a la familia Cabello Bravo, Davis recalcó: "Él no tiene un solo peso, es un ciudadano común y corriente, un trabajador; no puede pagar esa suma". En tanto, después de que la magistrada abandonó la sala, la familia Cabello Bravo, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a celebrar lo que para ellos, dijeron, constituye un verdadero triunfo contra todos aquellos responsables de los crímenes cometidos por la llamada "Caravana de la Muerte". Una vez fuera del edificio federal, las felicitaciones de amigos y conocidos no se hicieron esperar. Aldo Cabello dijo estar feliz por lo acontecido y señaló que "esto no es sólo por mi hermano, sino por todos los que murieron injustamente durante la dictadura". Lo mismo dijeron las hijas del fallecido economista. "No buscamos dinero" Cuatro millones de dólares es la suma que deberá pagar Fernández Larios. Al respecto, Zita Cabello enfatizó que ellos no buscaban dinero sino justicia, y agrego: "Yo sé que él no tiene un peso y eso no importa. Y si llega a pagar algo, aunque no creo que suceda, pero si lo hace, todo lo vamos a donar a CJA", organización que los ayudó, orientó y asesoró para llevar a cabo la demanda. La familia Cabello Bravo regresará a California para recordar el próximo aniversario de la muerte de su hermano. Armando Fernández Larios tiene 30 días para presentar su apelación que, de ser aceptada, dejaría la decisión final en manos de jueces y no de un jurado
Jueves 26 de Septiembre 2002 PiensaChile.com El único castigo de Armando Fernández Larios (Reproducción autorizada de El Periodista a piensaChile, 16 de sept. 2002) Aduciendo querer "limpiar su nombre", en enero de 1987, el mayor de ejército y agente de la DINA, Armando Fernández Larios, negoció su entrega al gobierno de Estados Unidos para evitar tanto los tribunales chilenos como la potencial represalia de sus camaradas. Sin embargo, en su propio refugio y a pesar de la protección del gobierno estadounidense, está cerca de recibir lo que probablemente será su único castigo, de manos de un tribunal en Miami. El 26 de mayo próximo, la jueza Joan Lenard, de la Corte Distrital Federal de Miami, estado de Florida, comenzará a escuchar los testigos de uno y otro lado para resolver un demanda presentada en febrero de 1999 por la familia de Winston Cabello Bravo, asesinado en Copiapó el 17 de octubre de 1973 por el entonces teniente Fernández Larios, integrante de la Caravana de la Muerte comandada por el general Sergio Arellano Stark. La demanda civil lo acusa de crímenes contra la humanidad, ejecución extrajudicial, y trato cruel, inhumano y degradante, y se basa en dos cuerpos legales que en las últimas dos décadas, han permitido a víctimas de la represión desde Bosnia a Centro América enjuiciar a sus verdugos en tribunales estadounidenses. La hermana de Winston, Zita Cabello, economista y profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California, sede Santa Cruz, llevaba meses investigando a Armando Fernández Larios, contratando a un detective privado para rastrearlo. A fines de 1998, Zita entregó un documento de 15 páginas conteniendo antecedentes sobre Fernández Larios a la organización Center for Justice & Accountability (CJA), en San Francisco, California, que, entre otras cosas, patrocina demandas civiles en contra de violadores a los derechos humanos residentes, de paso o con bienes en Estados Unidos. Luego, se fue al bufete de abogados más grande de California y lo convenció de tomar el caso ad honorem. "Estos casos envían una advertencia a los violadores a los derechos humanos de que no pueden residir y ni siquiera visitar Estados Unidos sin temor de ser descubiertos y demandados por sus víctimas. Estos juicios son un tipo de castigo. No hay duda de que altera la vida de estos victimarios", señala Sandra Coliver, Directora Ejecutiva de CJA. Cabello, ingeniero comercial de 28 años, había sido Director Regional de Planificación en Copiapó durante el gobierno de la Unidad Popular. Al día siguiente del golpe militar, fue citado junto a otros jefes de servicios públicos dependientes del gobierno de Salvador Allende, a la oficina del comandante Oscar Haag, jefe de zona de Estado de Sitio. Ese día quedó detenido en la cárcel local, porque supuestamente, su vehículo había sido utilizado con "fines sospechosos". Dos semanas después, fue detenido el marido de Zita, Patricio Barrueto, quien trabajaba con Cabello. Nunca se le formularon cargos ni fue sometido a un Consejo de Guerra. Una semana antes de su muerte, el fiscal militar Carlos Brito le aseguró que saldría en libertad. El 16 de octubre de 1973, arribó la Caravana del general Arellano a Copiapó. Este seleccionó a 16 prisioneros para su fusilamiento. Trece de ellos, incluyendo a Cabello, fueron sacados de la cárcel esa noche y masacrados por miembros de la comitiva y algunos oficiales del regimiento. Los otros tres fueron asesinados al día siguiente. La versión oficial fue que habían muerto en un intento de fuga. Los 13 fueron enterrados en una fosa sin marca en el cementerio de Copiapó, y no fueron descubiertos hasta 1990. Zita y su marido, ya en libertad, huyeron del país con su pequeño hijo el 12 de diciembre de 1974, obteniendo visas especiales de la Embajada de Estados Unidos. "Antes de irnos, una amiga que trabajaba en CEPAL me invitó a cenar a su casa. En un momento en que quedamos a solas, me preguntó, ‘¿Sabes cómo murió tu hermano? Lo mató Armando Fernández Larios con un corvo’. Me describió la manera en que había muerto mi hermano. Yo no quería saber, era muy terrible. No se lo conté a nadie, no tenía sentido aumentar el dolor. Pero jamás olvidé el nombre de Armando Fernández Larios", relató Zita Cabello, quien estuvo en Chile en agosto. Sin embargo, no fue sino hasta 1995 cuando Zita Cabello se enteró de que el asesino de su hermano vivía en Estados Unidos. Ese año estaba preparando un documental sobre la Caravana de la Muerte ("Nunca Más, Para Que Nunca Más", 1997), y en un viaje a Chile un amigo se lo mencionó. "Se me pararon los pelos. Fue tan horrible, y a la vez irónico, que el ejecutor material de la muerte de mi hermano estuviera viviendo en Estados Unidos, y más encima protegido por el gobierno de EE.UU.. Es una situación irreal", comenta Zita. En mayo de 1999, asesorado por su abogado Steven Davis, Fernández Larios entregó su primera declaración a la jueza Lenard: "En enero de 1987, renuncié al Ejército de Chile y dejé Chile para venir a Estados Unidos y enfrentar los cargos criminales en mi contra. El gobierno de Estados Unidos no me acusó de tortura o asesinato (y nunca he cometido actos de tortura o asesinato...)". El 24 de ese mes, solicitó que la corte renunciara a ver el caso, alegando falta de jurisdicción. En agosto de 2001, la jueza Joan Lenard denegó la petición. En noviembre de 2001, Fernández Larios una vez más apeló a los cargos, solicitud negada por la jueza Lenard en junio de este año. Hace un año, fue interrogado por primera vez. Durante los tres días que duró el interrogatorio, negó haber conocido a Winston Cabello, haber torturado y asesinado, o haber presenciado o sabido de los crímenes cometidos por la caravana. Sólo se limitó a reconocer su participación en la comitiva del general Arellano Stark como su guardaespaldas. Fernández Larios nació en Washington, DC, hijo de un oficial de ejército comisionado en esa ciudad en la epoca. En 1970, a los 20 años y ya como subteniente del Ejército chileno, participó en el curso Combat Arms Orientation, en Fort Gullick, Escuela de las Américas, en Panamá, entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 1970. Con algunos de sus compañeros de curso se volvería a reunir cuatro años después, ya todos agentes de la DINA: Rolando Mosqueira Jarpa, Hugo Acevedo Godoy, y José Zara Holger. Tras su participación en el asalto al Palacio La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el joven teniente fue comisionado a integrar la comitiva de Arellano Stark, contribuyendo a la secuela de muertes y desaparecimientos durante la caravana por el sur y el norte del país. En 1974, participó en la tortura, muerte y desaparición de Manuel Sanhueza Mellado, 30 años, miembro del Comité Central de la JJ.CC., detenido el 10 de julio de 1974 en Arica. Sus restos fueron encontrados en una fosa común en Pisagua en junio de 1990. En septiembre de 1974, participó en la desaparición de David Silberman, caso por el cual ha sido procesado por el juez Juan Guzmán. A principios de 1975, aparentemente ya como miembro del Departamento Exterior de la DINA, Fernández fue enviado a Lima, Perú en una operación encubierta para establecer contacto con el enlace de la Dirección del Partido Socialista en ese país, con el fin de llegar a la cúpula del partido. Sus exquisitos gustos lo delataron. El enlace no confió en este extraño "compañero", que lo citó a una reunión en un hotel de lujo y pidió whisky. La operación abortó. Al año siguiente, en agosto de 1976, Fernández Larios volvió a su lugar de nacimiento con un pasaporte falso con la misión de preparar el terreno para el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffit, ocurrido un mes después. Procesado por un tribunal federal de Washington en 1978 por su participación en el crímen, el régimen chileno denegó la solicitud de extradición de Fernández Larios a Estados Unidos. Sin embargo, casi una década después, el agente de la DINA negoció su entrega a Estados Unidos a través de su mediador, Federico Willoughby, y en enero de 1987, fue recogido en Brasil por el agente especial del FBI Carter Cornick, quien había investigado en el caso Letelier, y llevado de vuelta a la capital estadounidense. Detenido en Washington, Fernández Larios entregó a la justicia estadounidense evidencia de que el homicidio había sido planificado y dirigido por la Dirección de la DINA; esa evidencia nunca se ha hecho pública. Luego, negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia para declararse culpable como cómplice del crímen, a cambio de poder vivir y trabajar en EE.UU. tras cumplir la condena, y tener la seguridad de que no sería extraditado a Chile bajo ninguna circunstancia. El juez Barrington Parker lo sentenció a siete años de prisión. Sin embargo, el magistrado lo estimó un colaborador tan ejemplar, que luego de cumplir sólo cinco meses en una prisión federal, acogió una solicitud de sus abogados y lo dejó libre. El ex agente de la DINA se trasladó a Miami. Según sus propias declaraciones, nunca aceptó acogerse al programa de protección de testigos, y siguió viviendo con su nombre verdadero. Aún no está claro si posee estatus de residente o si goza de sus beneficios de hecho. No ha renovado su pasaporte chileno, y tampoco está registrado en la Embajada chilena. Es posible que haya formalizado su ciudadanía estadounidense por el hecho de haber nacido en ese país. A fines de 1988, Fernández Larios compró un condominio en el barrio Kendall, con piscina y canchas de tenis incluidas. También instaló un negocio de importación-exportación llamado Fervic Corp., de corta vida, y cuyo funcionamiento nadie pudo comprobar. Fue en ese condominio donde una madrugada de marzo de 1999, un emisario judicial le notificó de la demanda en su contra. Al poco tiempo, abandonó su condominio y hoy vive con su novia. Actualmente es subgerente del taller mecánico Auto Sport International en el condado Miami-Dade. Cuando fue notificado de la demanda, Fernández Larios había recién regresado de un viaje a Chile, donde testigos lo vieron y conversaron con él. Entre sus actividades se incluyeron reuniones con ex camaradas de armas. Irónicamente, sólo cinco meses después de regresar a Miami, el juez Guzmán lo procesó por secuestro calificado de 19 víctimas de la Caravana que aún permanecen desaparecidas. En octubre de ese año, la Corte Suprema autorizó la solicitud del magistrado para extraditar a Fernández Larios. Es muy poco probable que el gobierno estadounidense acceda a su extradición, si éste quiere cumplir con su palabra. El acuerdo firmado con Fernández el 29 de enero de 1987, en su punto 5, letra g), señala: "El gobierno acuerda que no intentará deportar al Sr. Fernández desde Estados Unidos a Chile, ni cooperará para su extradición a Chile". La solicitud de extradición del juez Guzmán ha estado "en revisión" en el Departamento de Justicia desde junio de 2000. Sin embargo, el mismo párrafo del acuerdo lo deja desamparado respecto de solicitudes de extradición de otro países: "Esto no impide su extradición desde Estados Unidos hacia cualquier otro país que no sea Chile en relación a crímenes no cubiertos por este acuerdo", dice el acuerdo. El 23 de mayo pasado, la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el asesinato del ex comandante en jefe del ejército chileno Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, solicitó la extradición de Fernández, procesado en ese país por el doble crimen. Pero para Zita Cabello, el escenario más probable es que Fernández Larios continúe en Estados Unidos, aunque pagando, literalmente, de por vida por sus crímenes. "El dinero no tiene sentido para nosotros, pero es la única posibilidad legal que nos da EE.UU. para buscar justicia. Este es un juicio moral y político. Antes, Fernández Larios vivía tranquilamente. Ahora tendrá el castigo de preocuparse toda la vida de no tener dinero, porque se lo van a quitar. Es importante sentar este precedente, para que las generaciones futuras sepan que los crímenes no quedarán impunes", señala
22 de Mayo de 2003 La Nacion Fernández Larios enfrenta en EE.UU. juicio por Caravana de la Muerte El ex agente de la DINA, Armando Fernández Larios enfrenta un nuevo juicio civil en Estados Unidos por un caso de una víctima de la Caravana de la Muerte. Según informa La Segunda, el juicio se desarrolla en la Corte del Distrito de Miami Dade y actúa como demandante la familia del economista Winston Cabello Bravo. La defensa del ex agente, a cargo del jurista Steven Davis, negó las acusaciones de tortura y asesinato que le sindica la familia de Cabello. Se espera que dentro de tres semanas se falle la causa, que en caso de ser adversa a Fernández Larios incluiría el pago de una indemnización. Aldo Cabello Bravo, hermano de la víctima, señaló que "este juicio tiene un fin moral y simbólico para nunca más violadores a los derechos humanos puedan llegar a los Estados Unidos y ampararse por sus crímenes". Fernández Larios está sujeto al sistema de protección al testigo en EE.UU. luego de que se entregara a la justicia de ese país y fuera condenado a tres años de presidio como cómplice del asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
24 de Septiembre 2003 El Mostrador Juicio contra Fernández Larios reaviva la 'Caravana de la Muerte'El juicio civil contra Armando Fernández Larios, ex miembro de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ha vuelto reavivar en Miami los crímenes cometidos por la denominada "Caravana de la Muerte". En la exposición de motivos de los abogados de la acusación y la defensa se mostraron hoy las estrategias que seguirán ambos letrados. Leo Cunningham, abogado acusador de la familia de una de las supuestas víctimas de Fernández Larios, afirmó que demostrará que el ex mayor de Ejército es "responsable legal" por los "asesinatos, torturas y crímenes contra la humanidad" que cometió. "Demostraremos fehacientemente que el acusado integró la nefasta Caravana de la muerte, que conocía su objetivo y que conspiró para seleccionar a quienes ejecutaría", dijo el letrado de la familia Cabello, quien presentó la demanda contra Fernández Larios por el asesinato de Winston Dwight Cabello Bravo, el 17 de octubre de 1973. La "Caravana de la muerte", planificada por la DINA, operó en diversas ciudades durante los meses posteriores al golpe de Estado de 1973 y se le atribuye la muerte de unos 75 funcionarios y simpatizantes del gobierno de Salvador Allende. Defensa: “No mató ni torturó” Por su parte, Steven Davis, defensor de Fernández Larios, negó las acusaciones y aseguró que su cliente "no mató, no seleccionó, no torturó, ni tuvo nada que ver con la muerte de Winston Cabello". Agregó que la acusación no tiene un testigo que pueda afirmar que vio a Fernández Larios matar a Cabello. Al mismo tiempo, aseguró que presentará el testimonio del autor material de la ejecución, el capitán Patricio Díaz, integrante en la época de la guarnición militar de la norteña ciudad chilena de Copiapó, donde fue asesinado Cabello. Davis añadió que en su testimonio Díaz aclararía que recibió la orden de ejecución de parte de "su jefe directo el coronel Haag, quien recibió estas instrucciones del general Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana de la Muerte". De acuerdo a expertos legales un testimonio semejante exoneraría a Fernández Larios como "autor material" en un juicio criminal, pero quizás no en un juicio civil, en el que no es necesario demostrar autoría "más allá de toda duda" para ser declarado responsable. La estrategia diseñada por la defensa pareciera apuntar a ese objetivo en la medida en que el letrado Cunnigham subrayó que habían tres maneras de conseguir un veredicto de responsabilidad en un juicio civil: autoría directa, asistencia y conspiración y que "enfatizará en estos dos últimos caminos". Además de los argumentos iniciales el jurado compuesto por ocho personas (cinco mujeres y tres hombres, entre los que cuatro son hispanos, dos negros y dos anglos) escuchó hoy los testimonios de Patricio Barrueto, cuñado de Winston, y diversos testimonios en video enviados desde Chile. Fernández Larios, de 53 años, casi calvo un poco pasado de peso y vestido con un traje gris cruzado permaneció impasible durante la sesión y rehusó hablar con los periodistas. La misma actitud de seriedad y silencio imperó entre los tres hermanos de Winston Cabello, Zita, Kira y Aldo, y entre los más de diez familiares del asesinado presentes en el tribunal, quienes ostensiblemente evitaron cruzar miradas con el acusado. El juicio civil contra Fernández Larios se invocó en base a dos leyes del siglo XIX usadas para prevenir crímenes de piratería: la Alien Tort Claims (Reclamo por torturas en el extranjero) y la Torture Victim Protection Act (Protección a las Víctimas de Tortura). En 2002, ambas leyes fueron usadas en un proceso en Miami contra dos generales salvadoreños acusados de tortura y condenados a pagar 54,6 millones de dólares en indemnización, aunque ambos se declararon "pobres de solemnidad". Sin embargo, para la familia Cabello, que en su mayoría reside en California (EEUU) desde 1974, el proceso contra Fernández Larios no persigue fines monetarios. Fernández Larios vive en EEUU desde 1987 bajo un supuesto "acuerdo de protección" que logró después de declararse culpable de complicidad en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976. Por su parte, jueces argentinos han pedido su extradición para ser interrogado por el asesinato, en 1974, en Buenos Aires, del general chileno Carlos Prats, ex ministro de Defensa y de Interior de Allende. Ambos crímenes se atribuyen a la DINA, la policía secreta de Pinochet. 15 de Marzo La Nacion Fallo de tribunal de EEUU obliga a Fernández Larios a pagar cuatro millones de dólares Un tribunal federal de apelaciones de Estadios Unidos ratificó hoy un fallo de 4 millones de dólares que deberá pagar el teniente (r) del Ejército Armando Fernández Larios a la familia de un economista, tras haber sido hallado culpable del asesinato de un prisionero político durante el cruento golpe de 1973 en ese país. En octubre del 2003, un jurado se pronunció en favor de la familia del economista Winston Cabello, que demandó a Fernández en 1999 y hoy un panel de tres jueces de un Circuito de Apelaciones de Atlanta ratificó el fallo. Al igual que en el dictamen anterior se estableció que el ex uniformado era responsable de los delitos de asesinato extrajudicial, crueldad, tortura y crímenes de lesa humanidad por su papel en la matanza de prisioneros políticos por parte de la Caravana de la Muerte. En Chile, Fernández está procesado en la Caravana de la Muerte por el ministro Juan Guzmán por su responsabilidad en los crímenes del paso de la comitiva por el norte y sur del país que encabezó el general (r) Sergio Arellano Stark. Los parientes de Cabello presentaron la demanda de conformidad con una ley de 1989 sobre reparaciones por daños recibidos en el extranjero, tras enterarse de que Fernández vivía y trabajaba en Miami. La ley ha permitido la presentación de demandas contra generales salvadoreños, dirigentes serbios, grandes empresas y funcionarios del ex gobernante filipino Ferdinand Marcos. Aunque algunos de los demandantes han recibido indemnizaciones por varios millones de dólares, esas cifras suelen ser simbólicas porque los acusados generalmente no tienen dinero suficiente para pagarlas. El día 17 de octubre de 1973, Winston Cabello Barrueto, conocido funcionario de planificación regional durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, fue asesinado por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Copiapó.
16 de marzo 2005 La Nacion
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