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Werner Zanghellini Martínez

Medico Cardiólogo

Torturador de la Brigada de Sanidad de la DINA

Director de de la Clínica Santa Lucía de la DINA

 

En los años 1975 y 1976 Werner Zanghellini Martínez ejerce funciones como director de la Clínica Santa Lucía de la DINA, ubicada en Santa Lucía 162. En este centro eran atendidos los agentes de dicha asociación ilícita criminal, para lo que contaban con una brigada de sanidad compuesta, entre otros, por la enfermera Eliana Borumburú, el ginecólogo Pablo Figueroa Yañez, los doctores Luis Santibáñez Santelices y Luis Losada Fuenzalida, los médicos de apellidos Virgilio, Fantuzzi, Basaure y Vélez, el dentista Sergio Muñoz y el psicólogo Roberto Lailhacar.

Werner Zanghellini Martínez ha sido identificado por ex prisioneros sobrevivientes de Villa Grimaldi, como el medico que inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, quien se encuentra desaparecido hasta el día de hoy.

El 14 de Septiembre de 2000, cerca de 500 personas funaron a Werner Zanghellini Martínez en su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983. De rodillas el cobarde medico gritaba “Yo no he hecho nada”, “Soy inocente”, sin recordar cuando la víctima inmovilizada, indefensa, era agredida con electricidad por medio de la picana.  Ahora no reía el criminal, sino hincado pedía clemencia. Los gritos de “ni perdón ni olvido”, esa tarde noche quedaron inscritos en las murallas de aquella consulta, mientras Zanghellini Martínez  abandonó rápidamente el lugar.

En la actualidad es sabido que Werner Zanghellini Martínez continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.


El Siglo

13 de Febrero 2004  

Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte.

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

 


Punto Final.cl

edición Nº 798

24 de enero, 2014

Santa Lucía 162: La clínica de la Dina

Santa Lucía 162, frente al Cerro Santa Lucía. Fue sede del Mapu en 1972. El edificio, confiscado por la dictadura, pasó a manos de la Dina que instaló allí una clínica clandestina para “recuperar” a los detenidos y continuar torturándolos. También para asesinar a algunos. El general Manuel Contreras y otros mandos de la Dina también mantenían oficinas en el inmueble.

En el gobierno de Aylwin la propiedad fue entregada a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, liderada por Jaime Castillo Velasco. Su actual presidente es Gabriel Pozo Pérez. En el segundo piso está la oficina de Romina Ampuero, estudiante de derecho, 24 años, que investiga la historia del lugar.

Romina Ampuero nació en Buenos Aires durante el exilio de sus padres. A los 10 años acompañó a su madre a una entrevista con Jaime Castillo. Fue la primera vez que visitó el edificio de la ex Clínica Santa Lucía. En 2010, después de una conversación con Bessie Saavedra y Sylvia Pinilla, ingresó como trabajadora voluntaria a la Comisión Chilena de DD.HH.

¿Qué rol cumplías?
“Nos encargábamos de organizar actos para movilizarnos. Surgieron los problemas típicos: convocatoria, lucas, etc. Sin embargo, nos preocupamos de armar equipos de trabajo y conmemorar el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Mujer, etc. Nos dimos cuenta que se podían levantar iniciativas con pocas lucas y sacar así del estancamiento a la Comisión. Más adelante, la Comisión firmó un acuerdo con Villa Grimaldi para constituir aquí un sitio de memoria. A partir de eso, empezaron a llegar ayudantes, tesistas y practicantes. Vimos que necesitábamos más gente y pedimos ayuda a profes para armar un equipo de educación”.

¿En qué está el sitio de memoria?
“Hemos trabajado un guión para las visitas. Ahora terminamos el proyecto con el cual hicimos la investigación sobre la clínica. Eso prácticamente se financió con plata de nuestros bolsillos”.

¿Y en qué va esa investigación?
“Tenemos un primer listado de víctimas que pasaron por este lugar. Hemos logrado dar con declaraciones de agentes de la Dina que trabajaron acá, sobre lo que hacían y porqué. Logramos establecer la realidad de la clínica de la Dina”.

¿Y qué viene ahora?
“Creo que hay que judicializar esta investigación. No lo digo yo, sino los sobrevivientes que han dado sus testimonios. Sin embargo, el primer objetivo es constituir el sitio de memoria y trabajar desde él”.

TRABAJANDO EN LA MEMORIA

¿Cómo llegas tú a trabajar en el rescate de la memoria?
“Desde chica me interesó el tema de los derechos humanos. Sobre todo el caso de los detenidos desaparecidos. No soy de los que cree que no los vamos a encontrar nunca. Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal, dijo: ‘No los vamos a encontrar a todos’, eso está claro. Pero creo que al menos se puede saber cómo fueron sus últimos momentos y dónde los sufrieron.
Cuando llegué a este edificio y me enteré de la historia de la Clínica Santa Lucía de la Dina, me generó intriga, y me propuse trabajar en reconstruir esa historia. Fue un proceso difícil, pero me di cuenta que era capaz de hacer lo que pensaba. Costó empezar la investigación, no teníamos lista de nombres, no sabíamos de nadie que hubiera estado aquí”.

¿Cuál crees que es el rol de los jóvenes en el trabajo de la memoria?
“Hacernos cargo de lo que no hicieron nuestros padres. Estos 40 años fueron de silencio familiar, de los medios de comunicación, etc. Todavía es difícil conversar con los papás y los abuelos. Son pocas las personas que cuentan lo que pasó. Todos tenemos una historia, el tema es que no todos la saben. Debemos hacernos cargo de nuestra historia como país. Los lugares que fueron centros de tortura no pueden quedar ignorados. El cuartel Loyola, Nido 18, Simón Bolívar, la Venda Sexy: tenemos que saber quiénes estuvieron allí. Es la deuda con la gente que murió. Es la única forma de cerrar heridas, saber lo que pasó”.

¿Y qué te parece el rol del Estado en el tema de la memoria?
“El Estado nunca se ha hecho cargo. Ahora todos celebran a Bachelet que recogió propuestas de los sitios de memoria. Eso es bueno, pero veremos si hace algo. Ella ya fue presidenta y no sé si ayudó tanto a los sitios de memoria. Ahora es distinto, por el boom de los 40 años del golpe. Era necesario tomar estas propuestas. Que acogieran las propuestas de los sitios de memoria es un avance, pero en concreto, se entra ahora en la negociación. Decir, ¿le meto más plata a educación o a los sitios de memoria? Ahí veremos. Por eso es importante que los jóvenes nos hagamos cargo de nuestro pasado”.

¿Y cómo se motiva a los jóvenes?
“La única forma es haciéndoles sentir que el tema les toca a ellos. Cuando vienen a visitarnos, tratamos de hacerles entender que esta historia habla de gente igual que ellos. Eran personas que tenían familias, algunas víctimas tenían sólo 17 años, igual que los chiquillos que vienen acá. La memoria vuelve persona a la víctima y también al victimario. Es necesario que el visitante entienda que él también puede verse envuelto en la misma tragedia”.

MEDICOS-TORTURADORES

¿Y qué visión tienes después de la investigación?
“Creo que hay que tener claro que la única forma de no repetir lo que fue la dictadura, es conocer a cabalidad lo que ocurrió y ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, mi visión respecto de la víctima y el victimario se hizo más amplia con la aparición de los médicos que trabajaron en esta y otras clínicas de la Dina. El victimario genera un rechazo per se. Pero acá se dio otra lógica. Los médicos eran civiles, muchos estaban en la universidad y un profe les dijo ‘te tengo un trabajo, buenas lucas’. Llegan aquí y se dan cuenta que están al servicio del terrorismo de Estado. Era como una mafia y se quedaron. Un sobreviviente decía que si algo lo impactó, fue cuando en la tortura pidió al médico que lo matara para no sufrir más. El doctor le respondió que por ética no podía matar, que tenía que salvar su vida sabiendo que lo salvaba para que siguieran torturándolo”.

Médicos torturadores

La Clínica Santa Lucía fue un centro de detención y tortura que funcionó entre 1974 y 1977, cuando se traslada a la Clínica London, en la calle Almirante Barroso.

La clínica era utilizada para torturar detenidos con supervisión médica, para la recuperación de torturados en muy mal estado y también para atención médica de familiares de los agentes de la Dina. Los sobrevivientes señalan que reconocieron el lugar por el cañonazo de las 12, en el Cerro Santa Lucía. De la clínica desapareció un número indeterminado de detenidos. Según testimonios “llegaban agentes en vehículos y bajaban al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo (probablemente una inyección) y después lo sacaban muerto”.

Algunos de detenidos desaparecidos de este lugar son: Sergio Alfredo Pérez Molina, Nilda Patricia Peña Solari, Juan Carlos Rodríguez Araya, Diana Frida Arón Svigilsky, Miguel Angel Meniconi Isidro. Pasaron también por la clínica Lumi Videla, asesinada en el centro de detención de José Domingo Cañas, y Patricio Bustos, actual director del SML.

Algunos médicos que trabajaron al servicio del terrorismo de Estado todavía ejercen en conocidos centros de atención de salud:
Werner Zanghellini Martínez, director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976, acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia al dirigente mirista Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, médico de la Brigada de Salubridad de la Dina, trabajó en la Clínica Santa Lucía y en el Comando de Logística de la CNI.

Vittorio Orvieto Teplizky, médico del ejército. Participó en torturas en el Campo de Prisioneros Nº 2 de Tejas Verdes, se desempeñó en la Brigada de Salubridad de la Dina y fue director de la Clínica Santa Lucía.


Blog de Carlos Ernesto Sánchez

Escritor y presidente de ONG Centro de Estudios del Medio Ambiente y Defensa de los Animales

28 de mayo de 2014

Werner Zanghellini: Médico torturador

El médico personal de Helvio Soto era el mismo torturador que inyectó con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón. Lo funamos. Ahora no reía el criminal. Hincado, pedía clemencia.

Helvio Soto no sólo fue gran cineasta, sino un chileno ejemplar. Hombre culto, simpático, de ideas progresistas, con una obra cinematográfica que da cuenta de los periodos convulsionados que vivió Chile en busca de caminos de liberación.

Su trabajo visual ha quedado como testimonio de las contradicciones que se vivían en el periodo de la Unidad Popular. Luego, con cintas como “Llueve sobre Santiago” dio cuenta de la crueldad de la dictadura de Pinochet.

Este director chileno que estuvo exiliado en París,  Francia, me recibió una tarde en la altura de El Arrayán,  en su casa suspendida en el aire, con espectacular vista, rodeado de un póster que daba cuenta de su trabajo cinematográfico.

Él se encontraba enfermo. Recibía  pensión del gobierno galo que le permitía costear sus remedios y exámenes  de salud.

Dentro de los variados temas que tocamos esa tarde, habló sobre su médico, un cardiólogo que cada cierto tiempo vigilaba el estado de su corazón.

Para nadie era novedad que la dictadura contaba con médicos que traicionando su juramento en defensa de la vida, colocaban su conocimiento para aplicar tortura a detenidos que secuestraban la DINA y la CNI. En unidades militares, cuarteles secretos, hospitales institucionales, había médicos  a orillas de los camastros donde la tortura era practicada por traidores uniformados y civiles cómplices.

En el transcurso de  estas conversaciones, el nombre de Werner Zanghellini Martínez, -quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón,- salió a escena. Este torturador que atendía en calle Galvarino Gallardo, era el médico personal de Helvio Soto.

No fue fácil comunicarle al cineasta que su vida se encontraba en manos de un criminal, en contra del cual había decenas de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.

El artista cuando tuvo en sus manos la foto del médico asesino, leyó su prontuario. Se interiorizó de los testimonios de las víctimas sobrevivientes, guardó silencio y su mirada se perdió en el cielo que daba paso a la noche.

“¿Qué hacemos?”, pregunté. Enfrentarlo y desenmascararlo fue su inmediata respuesta. Y así fuimos tejiendo los pasos para funar al cardiólogo torturador.

Como todos los antes funados miembros de los servicios de seguridad de la dictadura, su grito cobarde fue “Yo no he hecho nada”, “Soy inocente”, sin recordar cuando la víctima inmovilizada, indefensa, era agredida con electricidad por medio de la picana.  Ahora no reía el criminal, sino hincado pedía clemencia. Los gritos de “ni perdón ni olvido”, esa tarde noche quedaron inscritos en las murallas de aquella consulta.

Gracias al esfuerzo del cineasta Helvio Soto, Werner Zanghellini fue desenmascarado y su nombre gritado en el barrio para que nadie olvide que ese médico es un criminal torturador.

Meses después de este hecho, Helvio falleció. Antes de su muerte, el Partido Comunista de Chile con quien había tenido desencuentros en otro tiempo hizo un homenaje al cual asistió y donde agradeció profundamente a Gladys Marín, impulsora de la iniciativa.

Los Werner Zanghellini se encuentran en muchas clínicas y consultas particulares a lo largo de este doliente país.

Algunas clínicas como Dávila u Integramedica, tuvieron entre sus profesionales a estos criminales. Figuraban hasta hace poco en el listado de médicos.

Es urgente que los nombres y direcciones actuales de estos criminales sea actualizada. No se puede hacer borrón y cuenta nueva. Cientos de vidas fueron truncadas por estos victimarios al servicio de la dictadura de Pinochet, con la complicidad de una derecha que dice defender la vida y se opone al aborto, y que calló mientras a hombres y mujeres, jóvenes y niños  se les arrancaba la vida.


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