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Miguel Eduardo Trincado Araneda

General de Ejercito

 

Miguel Eduardo Trincado Araneda  esta directamente involucrado como encubridor del asesinato, el 19 de octubre de 1973, de los los calameños: Mario Argüéllez Toro, Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Gerónimo Carpanchay Choque, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Gahona Ochoa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Hernández Neira, Manuel Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, Luis Moreno Villarroelm Rosario Muñoz Castillo, Víctor Ortega Cuevas, Milton Muñoz Muñoz, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejando Rodríguez, Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González. Jorge Yueng Rojas.

Miguel Trincado comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama.

El paso de la caravana de la muerte por Calama y Copiapó dejó un rastro de dolor y sangre por el gran numero de personas ejecutadas en ambas ciudades.Los oficiales y suboficiales que cometieron estos alevosos crímenes obedecían ordenes directas del General Sergio Arellano Stark, quien a su vez contaba con una autorización expedita de Augusto Pinochet.

En Calama esta comitiva dejo de acuerdo a las investigaciones, un total de 26 dirigentes ejecutados, cuyos cuerpos en primera instancia fueron inhumados ilegalmente y luego, en 1976, desenterrados y arrojados al mar.

 

Fuentes de Información: El Mercurio; La Nación; Archivo Memoriaviva


El 21 de agosto de 2007, en el marco de la investigación de los crímenes de la Caravana de la muerte fueron encausados:

 

Por el delito de asociación ilícita

Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux.

 

Autores del delito reiterado de homicidio calificado

Armando Fernández Larios.

Eugenio Rivera Desgroux.

Carlos Max George Langer Von Furstemberg.

Carlos Humberto Minoletti Arriagada.

Jerónimo Tomás Rojo Rojo.

 

Encubridores de los crímenes

Luís Benito Rojas Delzo.

Luís Mario Aracena Romo

Julio Fernando Salazar Lantery.

Oscar Figueroa Márquez.

Domingo Antonio Flores Figueroa.

Miguel Eduardo Trincado Araneda.

Luís Exequiel Jorquera Molina.


El Mostrador

4 de Mayo 2005

Se querellan contra general de Ejército por exhumaciones

Familiares de ejecutados políticos de Calama, con el patrocinio de abogados de derechos humanos, presentaron hoy una querella criminal contra el general en servicio activo Miguel Trincado, en el marco de la llamada Operación “Retiro de televisores”.

La acción judicial, que también está dirigida contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, le imputa la autoría de los delitos de inhumación y exhumación ilegal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.

Según las organizaciones de derechos humanos, Trincado, actual comandante en Jefe de la II División de Ejército habría estado vinculado, a fines de los años 70, en la exhumación de los cadáveres de 26 fusilados de Calama. Los cuerpos habrían sido subidos a un avión bimotor de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y posteriormente lanzados al mar.

La querella también está dirigida contra el coronel (R) del Ejército Eugenio Rivera Desgroux, los oficiales (R) del Ejército Humberto Minoletti, Julio Salazar Lanterri, el suboficial (R) del Ejército, Jerónimo Tomás Rojo, y los funcionarios de la FACH Carlos Desgroux Camus (ya fallecido) y Carlos Pahoa Riroroco.

Los abogados, encabezados por Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra, anunciaron que la próxima semana solicitarán al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago la designación de un nuevo ministro en reemplazo del actual juez instructor de la causa, Cornelio Villarroel, a quien el tribunal de alzada ordenó reabrir la investigación luego que la sobreseyera.


El Mostrador

16 de Agosto 2006

Episodio ''retiro de televisores'' en Calama:  Ejército se niega a entregar hoja de vida de general Miguel Trincado

Pese a que hace nueve meses atrás la policía de Investigaciones solicitó al Ejército la hoja de vida del actual Comandante en Jefe de la II División de Ejército, Miguel Trincado Araneda, en el marco de la indagatoria por la remoción de cerca de 26 cuerpos en el cerro Topater de Calama, hasta la fecha sólo se consiguió el "encuadramiento" de sus funciones durante su carrera militar.

Si bien la finalidad de esta solicitud busca aclarar si el mencionado uniformado estuvo destinado en el regimiento de dicha ciudad, a fines de 1975, ello no se logró ya que la escueta respuesta de la institución castrense sólo detalló años y funciones, pero no los lugares específicos de destinación en los que ha estado el oficial en cuestión.

Pese a esta negativa, un informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos da cuenta que a través de este encuadramiento de funciones "se confirma que dicho oficial de Ejército se encontraba en el Regimiento de Infantería Nº 15 'Calama', en la fecha que se realizó la operación de la exhumación de los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en 1973".

Trincado apareció mencionado en este episodio denominado "retiro de televisores" en el Cerro Topater a raíz de la declaración de un suboficial (r) Manuel Aguirre Cortés, quien sostuvo en el proceso que participó en el desentierro y posterior colocación en sacos blancos de los restos de dichos opositores, junto al suboficial Misael Ramírez Pizarro (actualmente fallecido) y al entonces capitán y ahora comandante de la II División del Ejército.

"Esperamos que amaneciera y yo junto con el capitán Miguel Trincado nos fuimos en el camión, que era conducido por él, sin haber nadie más al interior del vehículo. Salimos cerca de las 07.00 horas del sector de la quebrada, pero yo sin saber a donde nos dirigíamos. El camino que tomamos fue la carretera en dirección a Calama y nos desviamos hacia el aeródromo de la ciudad, donde entramos a la pista de aterrizaje, estacionándonos en el extremo este de la pista. Cuando íbamos en el camino Trincado me dijo que iríamos al aeródromo a esperar un avión", afirmó el ex uniformado.

Si bien este es el testimonio más directo que vincula al militar activo en estos hechos, también es cierto que existen otras declaraciones de ex integrantes de este regimiento que confirman que Manuel Aguirre sí prestó funciones en dicha repartición, durante el segundo semestre de 1975.

Ante este escenario, abogados querellantes en el caso sostuvieron que es de suma importancia que el Ejército entregue una copia certificada de la hoja de vida anual del general Trincado, ya que luego de ello se estaría en condiciones de tomarle una nueva declaración como inculpado para que luego el tribunal se pronuncie sobre su situación procesal.

Este caso permaneció paralizado varios meses, luego de que la jueza Patricia Almazán jubilara. Pero desde hace un par de semanas asumió la investigación la ministra en visita Rosa María Pinto, ex titular del 16º Juzgado del Crimen de Santiago, quien ha reactivado la investigación relacionada con la desaparición de dos opositores al régimen militar, para luego dictar más diligencias en esta arista sobre la remoción de cuerpos.

Episodio Mulchén

En tanto, quien sí decretó nuevas diligencias para intentar aclarar el oscuro capítulo de las remociones de los cuerpos de detenidos desaparecidos es el ministro de fuero Carlos Gajardo, quien está a cargo del capítulo "Mulchén".

Hasta ahora dicha investigación cuenta con las confesiones de dos suboficiales (r) del Ejército que dicen haber participado en la tétrica tarea de rescatar los restos que fueron enterrados originalmente en la zona precordillerana de la Novena Región.

Por ello, es probable que en los próximos meses el magistrado ordene excavaciones en el sector, ya que incluso existe la posibilidad que aún se encuentren enterrados en ese lugar un par de cuerpos que corresponderían a los ejecutados políticos de dicha localidad durante 1973.

Junto a ello, el magistrado se encontraría realizando interrogatorios a otros miembros de las unidades militares existentes en la zona durante la época y, además, solicitó todos los antecedentes que en su momento fueron recopilados por la justicia a raíz de las denuncias por presunta desgracia que interpusieron los familiares de las víctimas, durante los primeros años del régimen militar.


La Nación

24 de Enero 2007

General (R) Trincado en rebeldía ante tribunal de Calama en causa por desentierro de cuerpos

El ex comandante de la Guarnición de Santiago, general (R) Miguel Trincado, está acusado de dirigir la operación de desentierro y lanzamiento al mar de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en Calama en octubre de 1973.

El recientemente pasado a retiro general Miguel Trincado Araneda se encuentra en rebeldía ante la jueza de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, que investiga el desentierro y lanzamiento al mar de los cuerpos de 26 prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Trincado fue citado a declarar en calidad de inculpado en dos oportunidades desde diciembre pasado, pero no se presentó ante el tribunal de Calama donde la magistrada se constituye para esta investigación.

Por ello tampoco puede ser careado con suboficiales (R) del Regimiento Calama, que le imputan comandar la operación de desentierro y disposición final de los cuerpos a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) modelo C-47 para arrojarlos al océano, como asimismo ser entre 1975-76 el jefe de la Sección II de Inteligencia del regimiento, unidad a cargo de esta operación.

La jueza Rosa María Pinto confirmó ayer desde Antofagasta a La Nación a la no concurrencia de Trincado, pero dijo que “ahora está citado por tercera vez para la próxima semana”. Consultada por una eventual orden de aprehensión en contra del general (R) para asegurar su comparecencia, la jueza respondió que ello “no ha sucedido”.

Operador

El ex comandante de la II División del Ejército con asiento en la Región Metropolitana y con jurisdicción para la IV, V, VI y VII regiones, está acusado además de interceder en noviembre de 2005 ante el director general de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, con el fin de que éste ordenara el cambio de un informe policial que lo sindica como, al menos, jefe de la Sección II de Inteligencia de ese regimiento al momento del desentierro y traslado de los cuerpos hasta el aeródromo de Calama.

El general (R) debe además ser careado con el suboficial (R) del mismo regimiento Manuel Aguirre Cortés, que era miembro de la referida Sección II, porque éste lo acusa directamente de comandar la tarea de desentierro y manejar el camión en el que se trasladó los cuerpos al aeródromo de Calama. También debe ser careado con el ex mecánico de la FACH, suboficial (R) de iniciales S.O.L.M., quien está confeso de viajar en el avión y arrojar los cuerpos al mar.

Trincado no ha concurrido a declarar, a pesar de que fuentes vinculadas a la investigación judicial indicaron a este diario que el Ejército pidió en su momento al tribunal que su citación se produjera luego de que éste pasara a retiro, como ocurrió en diciembre pasado.

El desentierro de los cadáveres y su disposición final a bordo de la máquina proveniente de la base de la FACH en Cerro Moreno, Antofagasta, correspondió a una acción coordinada con el Departamento de Inteligencia de la Primera División del Ejército con asiento en esa ciudad, a cargo del actual general (R) Julio Salazar Lantery.

El ex mecánico de la FACH que admitió tirar los cuerpos al mar sostiene que los “bultos ensacados” fueron cargados y “acomodados” a bordo de la máquina por él mismo y otros integrantes del Ejército que llegaron una mañana con los cuerpos al aeródromo de Calama.


La Nación

29 de Marzo 2007

Jueza que investiga lanzamiento de cuerpos al mar estuvo casada con oficial del Ejército

Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército.

En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark efectuó los fusilamientos.

La jueza confirmó a La Nación que fue esposa de Morales y que éste era oficial del Ejército.

Procesamientos

El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex comandante de la Segunda División

del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.

Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue procesado.

Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia como encausado.

“Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado Araneda”, dijo el abogado.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida Operación Retiro de Televisores.

Un problema llamado Trincado

Este proceso no ha estado ajeno de polémica, debido a que el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, y el responsable de la Jefatura contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Rafael Castillo, se enfrentaron en una pugna por la supuesta responsabilidad de Trincado.

En 2005, el ex militar era comandante en jefe de la II División de Ejército y juez militar de Santiago. Además, durante el mandato de Juan Emilio Cheyre se le designó como el enlace con la Policía de Investigaciones para cooperar con el esclarecimiento de fusilamientos, torturas y desapariciones de opositores durante la dictadura militar.

Al verse involucrado en los hechos y ver peligrar su situación judicial, solicitó a Herrera que “ablandara” el informe que estaba elaborando la Brigada de Derechos Humanos y que lo inculpaba.

Esto habría originado una discusión entre los dos hombres fuertes de la institución y dividió las aguas al interior de la policía civil durante un tiempo.


La Segunda

31 de Agosto 2007

En el caso de la Caravana de la Muerte la Corte de apelaciones somete a proceso a 12 personas

La Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso a 12 personas, entre civiles y militares por los delitos de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Oscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer Von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Además se acusó al doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Oscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito.

En los casos de Fernández Larios, Minoletti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país.

De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.


El Mercurio de Calama

08 de septiembre de 2007

Caravana de la Muerte en Prisión

Apresan a implicados en Caravana de la Muerte. Están acusados de homicidio calificado de 72 personas.
 

Calama. Grupo fue notificado ayer en el Segundo Juzgado de Calama por la Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Antofagasta.
 

Siete implicados en los hechos ocurridos en octubre de 1973 relacionado con las acciones de lo que está en la historia como la Caravana de la Muerte, fueron notificados ayer en Calama del procesamiento que les afecta por el delito de homicidio calificado.

La diligencia tuvo lugar en dependencias del Segundo Juzgado de Calama y fue dirigida por la Ministro en Visita Extraordinaria, María Rosa Pinto Egusqiza, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

De acuerdo a antecedentes proporcionados por la propia ministro en visita, en la diligencia participaron siete de los diez procesados en distintos grados de responsabilidad en la causa 37.340, quienes se presentaron en Antofagasta, Calama y Santiago para ser notificados de la resolución de la Corte de Apelaciones, por la responsabilidad que pueda caberles.

Los siete ingresaron al Regimiento Topáter en calidad de procesados presos, bajo la custodia y vigilancia, además de las medidas de seguridad adoptadas por el Ejército, dado que la mayoría de ellos, salvo uno, son oficiales en retiro.

La causa 37.340 fue iniciada por la exhumación ilegal de restos óseos realizada en Calama en el camino a San Pedro de Atacama, pero los siete individuos fueron notificados por el procesamiento de homicidio calificado en forma reiterada.
La llegada a Calama del grupo de personas se tradujo en intensa actividad en el Segundo Juzgado y la gestión principal terminó pasadas las 18 horas.

Seguridad
El aspecto básico de la gestión fue la notificación del auto de procesamiento a cada uno de los involucrados y sólo uno de los citados prestó declaraciones, conforme lo dio a conocer la ministro en visita. El suceso causó expectación generalizada que se vio aumentada por el gran despliegue de seguridad montada alrededor del Segundo Juzgado de Calama.
Los guardias, entre los que se incluían personal del Ejército, Carabineros y Detectives estaban distribuidos hasta no menos de cincuenta metros del edificio del tribunal.

La ministro en visita declinó entrar en detalles sobre el particular e indicó que tiene entendido que el Departamento de Relaciones Públicas del Poder Judicial ha informado sobre ello.

De este modo se desconoce los pasos siguientes que tendrá el proceso o si esos tendrán lugar en Calama o en otros puntos del país.
Entre quienes fueron notificados figuran Miguel Trincado, Julio Salazar Lanteri, coronel Luis Aracena Romo, coronel Carlos Langer von Forthenberg, coronel Domingo Flores Figueroa y suboficial Sergio López Maldonado.
Faltan tres personas por presentarse, entre ellas el capellán Luis Jorquera, quien se halla interno en el Hospital Militar afectado por un edema cerebral.

Fallecidos
A todas luces el caso tiene relación con las acciones de la Caravana de la Muerte, de acuerdo a las reclamaciones que han venido haciendo las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de 1973, y que todavía no han logrado la identificación de restos óseos hallados en distintos puntos de la provincia del Loa.

Entre los fusilados el 19 de octubre, por la llamada Caravana de la Muerte que encabezó el general Sergio Arellano Stark, conforme lo indican todas las presunciones, figuran los calameños: Mario Argüéllez Toro, Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Gerónimo Carpanchay Choque, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Gahona Ochoa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Hernández Neira, Manuel Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, Luis Moreno Villarroelm Rosario Muñoz Castillo, Víctor Ortega Cuevas, Milton Muñoz Muñoz, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejando Rodríguez, Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González. Jorge Yueng Rojas.

Decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta
Las acciones realizadas ayer en Calama responden a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que fue conocida el 31 de agosto recién pasado y, según la página del poder judicial, fueron sometidas a proceso doce personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Encubridores
Además, fueron acusados el doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito. En los casos de Fernández Larios, Minolleti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país. De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.

Proceso Iniciado por Ministro Juan Guzmán
El ministro Juan Guzmán firmó el 8 de febrero de 2005 la resolución mediante la cual decretó el fin de la etapa de investigación de la comitiva militar que recorrió el país de norte a sur efectuando secuestros y homicidios a opositores a la dictadura entre septiembre y octubre de 1973.
El caso Caravana de la Muerte comenzó a ser investigado en enero de 1998 y quien encabezó la operación, Sergio Arellano Stark, fue procesado por tener responsabilidades en la muerte de todas las víctimas, 57 ejecutados y 19 secuestrados.
Además, el proceso significó el desafuero y posterior arresto de Pinochet en 2001 y el primer caso por violaciones a los derechos humanos por los que el militar fue procesado. Según el expediente del ministro Juan Guzmán, se realizaron 72 ejecuciones: cuatro en Cauquenes, 26 en Calama, 14 en Antofagasta, 13 en Copiapó y 15 en La Serena.
La comitiva, a bordo de un helicóptero Puma, llegó a Cauquenes el 4 de octubre de 1973. Doce días después arribó a La Serena, donde los 15 ejecutados fueron sacados del regimiento de esa ciudad.
Ese mismo 16 de octubre aterrizó también en Copiapó. El 18 llegó a Antofagasta, donde fueron retirados de la cárcel 14 presos políticos, quienes fueron ejecutados en la quebrada Way. Al día siguiente el helicóptero llegó a Calama, donde 26 personas fueron fusiladas. De estas, 13 cuerpos se encuentran todavía desaparecidos.
El magistrado ordenó la detención de cinco ex oficiales del Ejército el 10 de junio de 1999, por esta investigación. Entre ellos el general (r) Sergio Arellano Stark, el brigadier (r) Pedro Espinoza, los coroneles Marcelo Moren y Sergio Arredondo y el mayor Armando Fernández Larios.

En Calama
Posteriormente, en Calama las acciones fueron radicadas en el Segundo Juzgado cuando el magistrado titular de ese tribunal fue designado como juez extraordinario de derechos humanos.
La consecuencia fue el hallazgo de restos óseos en distintos puntos de la provincia, además de otras especies que permitieron las primeras identificaciones de detenidos desaparecidos. Algunas de las piezas identificadas se constituyeron en sorpresa porque pertenecían a personas que supuestamente habían sido arrojadas al mar, como el caso de Domingo Mamani, de quien hallaron un botón de su chaqueta.


MercurioCalama

13 de Septiembre 2007

Libertad de implicados en el caso Caravana de la Muerte

Anoche fueron notificados de la recuperación de su libertad, los detenidos por su implicancia en la exhumación ilegal de cadáveres, quienes se hallaban internos en dependencias del Regimiento Topáter en calidad de presos, luego que el 31 de agosto, fueran procesados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La notificación tuvo lugar en el Segundo Juzgado de Calama y fue realizada por el ministro Enrique Alvarez, quien viajó desde Antofagasta exclusivamente a cumplir ese cometido y además de cumplir ese trámite explicó a los familiares de los ejecutados políticos que la decisión se debía a que el caso está en manos del ministro señor Montiglio.

El trámite dio lugar a la presencia en el área de los edificios públicos de familiares de los detenidos desparecidos y ejecutados políticos de la Provincia El Loa, quienes además, en improvisada exposición mostraron las fotografías tanto de los fusilados por la Caravana de la Muerte, como de otros detenidos que fueron muertos y de quienes han hallado pequeños restos que han sido identificados por el Servicio Médico Legal de Santiago.

Corte Suprema
Ayer la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia acogió los recursos de amparo presentados por los militares en retiro Carlos Langer y Miguel Trincado en contra de la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que decidió procesarlos en torno al caso de exhumación ilegal perpetrado en Calama.

Como consecuencia de esa decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la libertad inmediata de los amparados, además de quienes "se encuentren privados de ella, a propósito de los autos de procesamiento que por esta decisión se dejan sin efecto, si no estuvieren privados de la misma por otro motivo o causa", conforme lo establece el fallo dictado ayer.

Tal como fue informado, el 31 de agosto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso a 12 personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.
En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.
Además, se acusó al doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito.
En los casos de Fernández Larios, Minoletti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país.

Fallo sobre amparo
El fallo que dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue pronunciado ayer luego que el abogado Sr. Luis Valentín Ferrada Valenzuela, presentó ante la Corte Suprema un recurso de amparo a favor de Miguel Trincado Araneda, general de Ejército en retiro, y por sí, Carlos George Max Langer Von Furstenberg, en contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el que expone que los integrantes, quienes, conociendo de un recurso de apelación deducido por las defensas de otros tres encausados, en los autos seguidos ante la ministro en Visita del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, Rosa María Pinto Egusquiza, en el Rol N° 28-2007, de oficio, procedieron a someter a proceso a los recurrentes ya indicados, como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado y autor del mismo ilícito, respectivamente.
En otros considerandos se incluye que sucintamente, sostienen que dichas decisiones son arbitrarias, ya que no sólo carecerían de todo razonamiento sino que, fundamentalmente, porque los ministros recurridos no tendrían competencia ni jurisdicción, desde que sometieron a proceso a los amparados, no obstante existir otro tribunal a quien se encomendó el conocimiento de los mismos hechos.
Que con fecha cuatro de febrero de dos mil cinco se resolvió, en ese mismo ingreso Rol N° 2182-98, desglosar todos los antecedentes que digan relación con hallazgos de osamentas de la causa Rol N° 37.340-A-8, que se encuentra agregada al mismo proceso, la que fue remitida al Segundo Juzgado del Crimen de Calama, por corresponderle su conocimiento y resolución. Que según consta de los antecedentes agregados por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Montiglio Rezzio, con fecha diez de mayo de dos mil cinco se le transcribió el acuerdo de Pleno de esta Excelentísima Corte Suprema celebrado el día seis del mismo mes y año, con el objeto de comunicarle que continúe la sustanciación de los procesos, hasta su conclusión definitiva, que se encontraban a cargo, en razón del fuero, del ex Ministro de ese tribunal don Juan Guzmán Tapia, referido entre otros, al capítulo conocido como Caravana de la Muerte, Episodio "A" Calama Rol N° 2182-98. Que tratándose del amparado Langer Von Furstenberg, éste figura procesado en los autos Rol N° 2182-98, en calidad de coautor de diversos homicidios calificados, perpetrados en el sector Topáter de la ciudad de Calama el diecinueve de octubre de 1973, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha seis de julio de 2006, cargo que, ahora, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en relación a idénticos hechos, les hace efectivos en la decisión recurrida de amparo a que ya se hizo referencia. En tanto, el enjuiciado Trincado Araneda lo es sólo en la causa que se sigue en esta última ciudad, como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado.

Otro considerando, el séptimo, agrega que lo anterior implica, en forma manifiesta, que el tribunal de alzada recurrido procedió ilegalmente a pronunciarse respecto a hechos que no guardan relación con la competencia entregada a la ministra en Visita del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, Rosa María Pinto Egusquiza, quien sólo se aboca a la investigación de aspectos relacionados con exhumaciones ilegales ocurridas en esa Región; ya que la investigación de todo lo relativo a los delitos de secuestro y homicidios son sustanciados por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sr. Víctor Montiglio, en la causa Rol N° 2182-98 letra "A" Calama.
Tal proceder implicó para los amparados afectar el principio del non bis in idem, y la competencia de los tribunales establecidos en la ley, desde que los mismos hechos ya eran de conocimiento de otro tribunal, cuya competencia emanó de un acuerdo expreso de esta Corte; y que en el caso de Langer Von Furstenberg llegó al extremo de registrar dos autos de procesamiento respecto del mismo asunto, encontrándose en libertad bajo fianza en la causa que se sigue en esta ciudad, desde el veintitrés de marzo del año pasado, y contradictoriamente en prisión preventiva por la que se sigue en Antofagasta.

Sin efecto
Y de conformidad a lo que establecen los artículos 21 de la Constitución Política de la República y 540 del Código Orgánico de Tribunales, de oficio, se deja sin efecto el auto de procesamiento de treinta de agosto de dos mil siete, dictado también de oficio por la Corte de Apelaciones de Antofagasta
El fallo fue pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch.


La Nacion

27 de noviembre 2007

Procesan a generales (R) Miguel Trincado y Julio Salazar en "caso Calama"


El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery.

Miguel Trincado comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama.

Los encausamientos en esta causa de violaciones de DD.HH. fueron dictados ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto. La magistrada encausó además al coronel (R) Luis Aracena y a otras cinco personas. Todos están acusados como autores del desentierro y lanzamiento al mar a fines de 1975 o comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

Los generales (R) Miguel Trincado Araneda y Julio Salazar Lantery, junto al coronel (R) Luis Aracena Romo, y otras cinco personas, fueron procesados como autores del desentierro y desaparición entre fines de 1975 y comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

El encausamiento fue resuelto ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, sin embargo les otorgó libertad provisional inmediata. La magistrada instruye la causa por las exhumaciones y lanzamiento al mar de estos cuerpos a bordo de un avión Fach.

El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery.

El coronel (R) Aracena Romo era en 1975 el segundo comandante del regimiento Calama, y estuvo también presente en el desentierro. El comandante del Calama era, en aquel tiempo, el coronel Eduardo Ibáñez Tillería, quien falleció con el grado de general.

Otros de los procesados son los suboficiales (R) Héctor Iturra Orrego, Wilson Pacheco Obreque y Emilio Pardo Pardo. Estos eran subordinados de Trincado en la Sección de Inteligencia del Calama, e igualmente tuvieron participación en la exhumación de los restos. Asimismo, también se encausó a Hugo Carrasco Pérez y a Pedro Gutiérrez Ruiz.

Ya se encontraban encausados por la ministra Pinto los entonces suboficiales de inteligencia del regimiento Calama, hoy en retiro, Manuel Aguirre Cortés y Juan Carlos González Reyes. Ambos también tomaron parte en el desentierro.

Mecánico confeso

Aguirre fue el primero que inculpó judicialmente a Trincado en 2005, acusándolo de comandar la operación e incluso manejar el camión en el cual se trasladaron los cadáveres ensacados hasta el aeródromo de Calama, donde esperaba un avión C-47 de la Fach a bordo del cual los arrojaron el mar. "Yo iba de copiloto en el camión junto a Trincado", dijo Aguirre en el proceso.

Cuando Aguirre acusó a Trincado, La Nación publicó la información el 3 de mayo de 2005, pero el Ejército bajo la jefatura del general Juan Emilio Cheyre, desmintió tanto la participación de Trincado como el hecho mismo.

"El Ejército rechaza categóricamente estas imputaciones por ser injustas, lesionar innecesariamente la imagen de la institución, y comprometer la honra del citado oficial (Trincado)", dijo el comunicado.

El otro que ya se encontraba encausado por la magistrada Pinto, es el suboficial (R) de la Fach, Sergio López Maldonado. Este confesó en el proceso que fue el mecánico que viajó en el C-47 y declaró que "cuando habían pasado unas dos horas de vuelo, el piloto me hizo una seña. Entonces abrí la escotilla y tiré los bultos al océano".

Es la primera vez que Salazar Lantery y Aracena Romo son encartados por violaciones a los derechos humanos.

Trincado había sido procesado este año por propia iniciativa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero ese tribunal cometió un error procesal al encausarlo por los crímenes de los 26 prisioneros cometidos por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, hechos que investiga en Santiago el ministro Víctor Montiglio y para lo cual, ni esa corte ni la magistrada Pinto tienen competencia.

Primer episodio "Retiro de Televisores"

El caso desentierro de Calama es el primer episodio de la llamada por la inteligencia del Ejército "Operación Retiro de Televisores", la que masivamente se llevó a efecto a lo largo del país a partir de diciembre de 1978. Fue la fecha en que en los hornos de una mina en Lonquén, al sur de Santiago, se hallaron los cuerpos de quince campesinos asesinados por Carabineros que escondieron sus cadáveres.

La "Operación Retiro de Televisores" consistió en el desentierro de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados en fosas clandestinas por el norte, el sur y la zona centro de Chile. Los cuerpos fueron arrojados al mar. La operación la decretó entonces el dictador Augusto Pinochet, a través de criptogramas (mensaje cifrado en código) que envió a los regimientos del país con la orden. Uno de los primeros en fijar la fecha del desentierro en Calama fue el coronel (R) Aracena Romo, quien declaró judicialmente que el hecho sucedió "en los últimos días de 1975".

Por su parte, Salazar Lantery reconoció en el juicio que "a fines de 1974 ó 1975, hubo acuerdo para sacar los cuerpos, porque supimos que los familiares los andaban buscando por el desierto".

A pesar de que Trincado sigue negando su participación, en la investigación judicial hay al menos ocho suboficiales que lo acusan de comandar el operativo, o de dirigir la Sección de Inteligencia del regimiento Calama en ese tiempo.

El próximo paso podría quedar en manos del ministro Montiglio, pues la parte querellante sostiene que no se trata simplemente de que los procesados cometieron el delito de exhumación ilegal al desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer, sino que en su actuar habrían incurrido, al menos, como encubridores de secuestro y homicidio porque actuaron para borrar las huellas de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973.

Por ello existe la posibilidad de que, tras estos encausamientos, la ministra Pinto se declare incompetente y envíe la causa a Santiago al juez Montiglio.

La causa que desató la guerra en Investigaciones

El proceso por los desentierros en Calama fue el detonante de la pugna abierta en la Policía de Investigaciones. Quien desató la disputa fue el general Miguel Trincado, cuando estando en servicio activo visitó al director de la policía civil Arturo Herrera, para pedirle que ordenara cambiar un informe policial que en julio de 2005 le imputó responsabilidad en la operación por la cual ayer fue procesado.

Oficiales de esa policía afirmaron en el proceso que instruye la ministra Pinto que el director Herrera intentó que el informe se alterara, pero se encontró con la oposición de los autores del escrito y de su jefe directo, el prefecto recién retirado Rafael Castillo.

A partir de ese momento, se trabó una dura disputa entre Castillo y Herrera, lo que trajo diversas situaciones al interior de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.

En 2006, Castillo venía pasado a retiro por Herrera, pero el gobierno vetó esa disposición y repuso a Castillo en servicio activo. Este año, sin embargo, el gobierno no lo siguió respaldando y el director Herrera lo pasó a retiro.
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SE ENTREGÓ A LA JUSTICIA OFICIAL QUE COMANDÓ INHUMACIONES

Ex capitán del Ejército Carlos Minoletti fue esperado en el aeropuerto por funcionarios de la policía civil, que lo pusieron a disposición del juez Víctor Montiglio.

El prófugo ex capitán del Ejército Carlos Minoletti Arriagada, que comandó el entierro clandestino de 26 cuerpos de ejecutados en 1973 por la Caravana de la Muerte, volvió a Chile desde Miami y se entregó a la justicia.

El ex comandante de la Compañía del Ingenieros del regimiento de Calama huyó a Norteamérica en 1998 para evadir la investigación judicial en su contra que dirigía el juez Juan Guzmán.

Aunque no integró el pelotón de ejecución que dirigió el general Sergio Arellano Stark, el juez Juan Guzmán decretó el 31 de enero del 2000 el arresto del militar, pero Minolleti ya había huido a Estados Unidos dos años antes.
Su regreso a Chile obedece, según fuentes de tribunales, a que una extradición pondría en riesgo su residencia en ese país y, además, a que estaría afectado por una seria afección al corazón.
En el aeropuerto lo esperaron funcionarios de la policía civil que lo llevaron al despacho del juez Víctor Montiglio, actual encargado del proceso por los episodios.
La comitiva militar recorrió el país semanas después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y ejecutó sin someter a juicio a 75 presos políticos en distintas ciudades.
El entonces capitán Minoletti dirigió el entierro clandestino de los 26 prisioneros que la "caravana de la muerte" asesinó el 19 de octubre en el sector Topater, del desierto de Atacama.
El militar también deberá comparecer ante la jueza Rosa María Pinto, a cargo del proceso por el desentierro de los cuerpos de las víctimas de Calama y su lanzamiento al mar entre 1975 y 1976.

Por estos hechos, el pasado sábado la magistrada procesó a los generales jubilados Miguel Trincado y Julio Salazar, el ex coronel Luis Aracena y cinco suboficiales retirados, a los que les otorgó la libertad provisional, previo el pago de una fianza de $ 50 mil.

Trincado, ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, comandó la operación del desentierro y el lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la sección de Inteligencia del regimiento de Calama.

Los cuerpos fueron desenterrados a fines de 1975 o comienzos de 1976, trasladados al aeródromo de Calama y lanzados desde un avión al mar.

Según establece el proceso que lleva la jueza Pinto, Minoletti fue quien localizó la fosa para la exhumación y también habría sido parte de esta operación.

El ex militar podría convertirse en el primer oficial que reconozca la presencia en el desentierro de los generales Trincado y Salazar, lo que ambos niegan, aunque a Trincado lo han imputado varios suboficiales.

El caso de Calama es el primer episodio de la llamada "operación retiro de televisores", que consistió en el desentierro a lo largo del país de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados clandestinamente.

La operación la decretó el fallecido dictador Augusto Pinochet a través de un criptograma que envió a los regimientos de todo el país.

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