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Juan Fernando Torres Silva

  Torres Silva - Abril 2003 - c. Ignacio

Fiscal y Auditor General del Ejército

C.I.: 4.483.214-3

Fernando Torres Silva, uno de los hombres fuertes del gobierno militar, fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales.. Se desempeñó como Fiscal y Auditor General del Ejército, teniendo a su cargo los principales casos relacionados con grupos de izquierda que operaron en contra del régimen militar. En octubre de 1997,un año antes de la detención de Augusto Pinochet, viajó a España para entregar antecedentes exculpatorios al juez Manuel García Castellón, quien llevaba el caso contra el senador vitalicio. En esa ocasión, se habría presentado como abogado de Pinochet y en España, el viaje de Torres Silva fue considerado como el primer reconocimiento chileno del juicio contra el ex comandante en Jefe del Ejército. general del Ejército en servicio activo. Auditor general del Ejército desde 1985. Extraditable. Fiscal Fernando Torres Silva, hoy general retirado, ayer, artífice de la defensa de los militares más leales a la dictadura. Los militares criminales le deben mucho, gracias a su gestión, muchos juicios e investigaciones que los involucraban quedaron truncadas. Auditor general del Ejército hasta fecha reciente, eminencia gris; tuvo un papel determinante en la represión de los años ochenta en su calidad de fiscal, y en el encubrimiento sistemático de los violadores de derechos humanos.  

El Fiscal Torres se caracterizó por sus abusos en la aplicación de leyes contra los detenidos, determinó incomunicaciones prolongadas e arbitrarias mas allá de lo permitido por la ley, permitió que agente de la CNI golpearan y maltrataran a detenidos en “su” Fiscalía, cuando estos se negaban a cooperar.

En varias oportunidades, fue denunciado por detenidos a los cuales les ofreció trabajo en la CNI a cambio de información.

El 21 de Noviembre del 2000, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones confirma el procesamiento del ex Fiscal torres como encubridor del homicidio de Tucapel Jiménez, hecho ocurrido el 25 de febrero de 1982

Fuentes: Libro Negro de la Justicia Chilena; La Tercera; El Mercurio; Fichas de casos de los detenidos desaparecidos; El Siglo; La Nación; Archivo Memoriaviva


Libro Negro de la Justicia Chilena

Capítulo II - La era Rosende - El apogeo del fiscal Torres

La gestión de Hugo Rosende en el Ministerio de Justicia coincidió con el ascenso de un personaje a los más altos niveles de popularidad -o impopularidad, según como se lo mire- que haya alcanzado ningún otro funcionario del régimen militar.

Desde las pantallas de televisión, el rostro entre temible y compadrero del fiscal militar Fernando Torres Silva ha estado durante años presente en los hogares de todos los chilenos.

Los periodistas han seguido sus acciones en los más diversos casos político-policiales: las armas de Carrizal bajo, el atentado al general Pinochet, el secuestro del coronel Carreño, el asalto a la Panadería Lautaro, la fuga de Sergio Buschmann, el asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes.

Torres, que inicialmente era sólo un oficial de rango medio, se convirtió en el célebre "fiscal ad hoc". El latinazgo le dio una prestancia que llegó a competir en la imaginería oficial con la del propio Pinochet.

El abogado, incorporado al aparato judicial del Ejército, tuvo un paso modesto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Le costó titularse. Roberto Garretón, contemporáneo suyo, recuerda que cuando ingresó a la carrera, Torres ya estaba en la Facultad. Y que cuando egresó, Torres seguía allí.

El fiscal estuvo estudiando desde fines de los 50 hasta 1965, pero vino a titularse recién en 1974, con una memoria sobre "la jerarquía militar".

Torres fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales.

Sus quince minutos de gloria llegaron años después con el atentado a Pinochet. Torres se convirtió en fiscal ad hoc para indagar todos los procesos en que estuviera involucrado el FPMR.

El Ejército lo dotó de grandes recursos y Torres creó una megaoficina, con abogados que hizo trasladar desde diversas dependencias militares. El mayor Francisco Baguetti lo ayudaba en el caso del atentado; el capitán Ricardo Latorre, en el de la Panadería Lautaro y el de los arsenales; Carlos Troncoso, en el secuestro del coronel Carreño.

Respondiendo a oficios de la Corte de San Miguel -que trataba de ponerle cortapisas al abuso de sus atribuciones-, Torres reclamó el trato de "Señoría".

El militar se sentía cómodo en su papel. Era una especie de súper procurador, beneficiado por las enormes facultades de que fue dotada la justicia militar, en perjuicio de la justicia ordinaria. Obtuvo también granjerías especiales -"pitutos" en nuestra jerga popular- que incrementaron sus ingresos. En 1986, Rosende firmó un decreto autorizando su contratación como "asesor jurídico" de Gendarmería.

El fiscal era generoso con las demandas de los periodistas. Alimentaba constantemente los noticiarios con el resultado de sus averiguaciones. Se movilizaba rodeado de guardaespaldas y procuraba no quitarse nunca sus lentes Rayban. Ganó fama de frío, calculador, experto en inteligencia, y cultivó la reputación de "amigo de Pinochet" y de su esposa, Lucía Hiriart.

Torres se jactaba de haber procesado a 120 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y afirmaba que en cualquier momento iba a atrapar a la cúpula.

Los detenidos bajo sus órdenes, denunciaron haber sufrido las más aberrantes torturas en cuarteles de la CNI. Muchos de ellos no lograban diferenciar entre los recintos de la policía secreta y la fiscalía. Torres, sordo a las quejas, aumentaba sus penurias con largas y reiteradas incomunicaciones.

El caso más dramático fue el de Karin Eitel, procesada por el secuestro del coronel Carreño, quien apareció en las pantallas de televisión nacional confesando su participación y dando, además, muestras evidentes de haber sido sometida a crueles torturas.

El propio coronel Carreño sufrió el rigor del suspicaz funcionario. Después de ser liberado por sus captores, fue recluido en el Hospital Militar para enfrentar numerosas y prolongadas sesiones de interrogatorio.

Las protestas contra las actitudes del fiscal ad hoc llegaron hasta las Naciones Unidas. El relator especial Fernando Volio afirmó que los "procesos hipertrofiados que atiende el fiscal Torres son contrarios al debido proceso legal y, por tanto, se apartan o desvían de lo normal en perjuicio de los derechos de los procesados y quienes los defienden".

Pero los tribunales de justicia no obstaculizaron su gestión.

Hasta que se metió con la Iglesia.

El fiscal, como Rosende y otras altas autoridades del gobierno militar, pensaba que la Iglesia era la protectora de la oposición al gobierno, y la posibilidad de probarlo se le presentó con el caso de la Panadería Lautaro. Asaltada el 28 de abril de 1986 por un grupo de militantes del FPMR, en su huida éstos se enfrentaron con Carabineros hiriendo de muerte al policía Miguel Vásquez Tobar. También murió uno de los asaltantes.

El hecho le sirvió a Torres para intentar de manera frontal el encausamiento de la Vicaría de la Solidaridad. Tomó como pretexto la ayuda médica que ésta le había prestado a Hugo Torres Peña, quien resultó ser uno de los acusados del asalto. El fiscal hizo procesar a médicos y abogados, desafiando incluso las decisiones de la Corte Suprema.

Durante la existencia de la Vicaría de la Solidaridad ésta sostuvo, es efectivo, relaciones con los partidos y organizaciones de ultra izquierda. Se estableció un diálogo en que las reglas de juego estuvieron perfectamente delimitadas. La vicaría defendía a las víctimas de atropellos a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, crímenes, desapariciones), sin importar su creencia política; pero no aceptaba actuar como "pantalla" en la defensa de delitos de sangre o de otro orden que pudieran cometer los militantes de esas colectividades, aun cuando argumentaran legitimidad política. Para eso existían otros organismos, como el Codepu. Tanto el MIR como el FPMR estaban perfectamente al tanto de estos códigos e conducta.

Torres sostenía, empero, que los "terroristas" tenían en la Vicaría su retaguardia de protección. El argumento no era sólido desde el punto de vista legal, pero su instinto le decía que en ese organismo, colaborador o no de los grupos izquierdistas, las caras que él quería atrapar eran conocidas. Con astucias de sabueso, buscaba hacer caer en trampas a la institución.

En los interrogatorios a funcionarios menores de ese organismo, Torres usaba todo su poder de persuasión para intentar delaciones. Ponía el arma sobre la mesa y les decía: "Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre".

El fiscal estaba obsesionado con el organismo eclesiástico. Quería saber todo sobre él: su estructura, organización, financiamiento, personal, procedimientos, vínculos, situación tributaria y el rol del Vicario. También quería conocer la identidad de las personas atendidas por la Vicaría, especialmente los heridos a bala. Pretendió apoderarse de todas las fichas médicas con la esperanza de reconstruir la estructura del FPMR.

La paciencia del obispo Valech se colmó cuando Torres allanó la sede de la AFP Magister para incautar antecedentes sobre las imposiciones de los empleados de la Vicaría de la Solidaridad desde 1981 a 1988.

Valech presentó dos recursos de queja ante la Corte Marcial, argumentando que el fiscal se había extralimitado en el ámbito de la investigación del asalto a la panadería Lautaro y estaba entrometiéndose en las organización y funcionamiento de la Vicaría de la Solidaridad. De hecho, los medios llamaban ahora a la investigación "el caso Vicaría".

El obispo defendió el secreto profesional. No estaba protegiendo a nadie en particular, sino que la sacrosanta institución eclesiástica del secreto de confesión, base de la confianza que millones de personas han depositado en la Iglesia por siglos. No se trataba tanto de una defensa en un momento puntual en la historia de Chile, como de la protección de los fundamentos de la creencia católica. Ningún poder político podía pretender avasallarlos.

La Corte Marcial había rechazado todas las anteriores quejas en contra del fiscal, aunque en más de una ocasión le había advertido, en forma privada, que morigerara su comportamiento. El presidente del tribunal, Enrique Paillás, le había dejado caer "consejos" y "observaciones" en las hojas de los expedientes. Hasta que se produjo esa resolución del 7 de diciembre de 1988, en que la Corte Marcial, por cuatro votos a uno, acogió inesperadamente el recurso de la Vicaría de la Solidaridad.

Votaron a favor los ministros civiles, Paillás y Luis Correa Bulo. Eso era predecible. Lo inesperado fue el voto favorable del representante del Ejército, brigadier general Joaquín Erlbaum y el de la Fuerza Aérea, Adolfo Celedón. Sólo la representante de Carabineros, Ximena Márquez, respaldó al fiscal ad hoc.

El fallo ordenó a Torres devolver las fichas incautadas en Magister, sin usar sus datos, y circunscribir su investigación a los hechos estrictamente vinculados con el asalto, abandonando su pretensión de entrometerse con la Vicaría.

El hecho produjo un terremoto en el Ejército. El fiscal general de la institución (superior a Torres, pero inferior a Erlbaum) el comandante Enrique Ibarra, comentó que el fallo había sido "político", influenciado por el resultado del plebiscito. Sus palabras, que acusaban a su superior de haberse puesto en el bando opositor, desataron una crisis aún mayor.

El martes 13, en Las Ultimas Noticias apareció el primer indicio de la catástrofe. El Ejército había pedido la renuncia a toda la plana mayor de la justicia militar: al general Eduardo Avello, que ocupaba el cargo de Auditor General del Ejército; al brigadier general Erlbaum, y a los auditores, coroneles Rolando Melo y Alberto Márquez, por sus discrepancias con Torres. El propio fiscal ad hoc se apresuró en anunciar que él ocuparía el más alto cargo en la justicia militar, reemplazando al general Avello, pese a la distancia en grado y antigüedad entre ambos. Es "una decisión del Mando que, en este caso en particular, me enorgullece", dijo al diario La Segunda.

Sus palabras desataron una ola de críticas de envergadura no sólo en la oposición. Uno de los principales dirigentes de la derecha, Miguel Otero, en ese entonces vicepresidente de Renovación Nacional, dijo: "En mis treinta y tres años de ejercicio profesional, nunca antes he tenido conocimiento de que luego de un fallo adverso a un fiscal militar, se llamara de inmediato a retiro al Auditor General y al miembro de la Corte Marcial. Le molestaba la oportunidad de la medida, pues era el argumento perfecto para quienes criticaban la falta de independencia de la justicia militar. "La mujer del César, no sólo tiene que ser honrada, sino que también debe parecerlo", dijo, recurriendo a la conocida sentencia.

El Mercurio y La Segunda editorializaron en contra de las destituciones. El vespertino dijo que "resulta difícil de comprender por lo inoportuna la sola eventualidad de que quien ha sido cuestionado por éstas (las instancias judiciales competentes) pudiera venir a sustituir a sus superiores jerárquicos".

En medio de la avalancha de ataques, el Ejército aparentó retractarse nombrando interinamente al general Rolando Melo Silva, quien, al asumir como auditor general, admitió que la justicia militar estaba en "crisis". Torres quedó como Fiscal General Militar, en reemplazo del comandante Enrique Ibarra, quien descendió abruptamente tras sus imprudentes comentarios.

Las especulaciones corrieron en los medios de comunicación. Se dijo que la propia Corte Suprema y la oposición en el generalato habían influido en el fracaso del nombramiento de Torres. Sin embargo, el 28 de diciembre, día "de los inocentes", la junta de generales, después de una jornada completa de deliberaciones en el Edificio Diego Portales, demostró que el fiscal ad hoc era mucho más poderoso de lo que se pensaba. Con la anuencia del comandante en jefe, representando en este caso por el vicecomandante de la institución, Torres fue ascendido al puesto de auditor general.

Sin complejos, ese mismo día la nueva autoridad declaró: "Yo creo que la crisis, a la cual se habría referido el coronel Melo, no existe". El subsecretario de Justicia y fiel asesor de Rosende, Luis Manríquez Reyes, entregó la opinión de esa cartera: "El fiscal Torres es un héroe de la democracia en Chile".

No opinó igual El Mercurio, que en un ácido editorial, apuntó derechamente a la decisión política detrás del nombramiento.

"El daño ya está hecho. En momentos en que el combate contra el terrorismo exigía alejar toda posibilidad de desprestigio de los instrumentos con que esa lucha debe llevarse a cabo, se dio prioridad a otras consideraciones, lo cual no hará sino dificultar su defensa cuando sea necesario. El dolido desconcierto de los partidarios del régimen es explicable. Y no puede sorprender el regocijo con que ciertos sectores opositores han seguido el episodio, que es, a no dudarlo, un obsequio para su propaganda".

La Corte Suprema le dio un último y final espaldarazo al revocar, el mismo día de su nombramiento, las sentencias de la Corte Marcial que lo habían castigado por su actuación en el caso Vicaría. Torres sería, como auditor general del Ejército, integrante del máximo tribunal cuando hubiera causas que interesaran a los militares y no lucía bien que un magistrado de esa categoría llegara con una queja disciplinaria a sus espaldas. Mejor era limpiarle los antecedentes.

Aunque el ascenso podría haber significado un alivio para la Vicaría, porque Torres, en su nueva función tendría que dejar los casos, la verdad es que por un tiempo continuó prestándoles atención. El mismo se encargó de avisar que perseveraría: "Los procesos son como los hijos. No se les puede dejar solos".

Ese verano, el fiscal militar Sergio Cea se presentó finalmente en la Vicaría a cumplir las órdenes de Torres. Llegó acompañado con los integrantes de su escolta vestidos de civil. Ese día sólo estaban en el edificio de la entidad el Vicario y un par de asistentes. No se atendió público y todo el personal fue autorizado a ausentarse. No querían ser vistos ni identificados por personal militar. Por lo demás, las fichas que buscaba Cea tampoco estaban allí. Precaución elemental.

Los asesores de Valech le habían sugerido que vistiera para la ocasión sus prendas de obispo, con báculo y todo. Pero el Vicario no quiso. Se limitó al simple traje negro con el clásico cuello clergyman.

Hizo pasar a Cea y le dijo en tono amable:

-Como sacerdote estoy obligado a respetar el secreto profesional y, además, soy custodio de la confianza que la gente ha puesto en la Vicaría; no acepto, por lo tanto, que se registre nuestra sede. Yo no puedo romper mis compromisos. Si usted quiere ver las fichas, tiene que pasar por sobre este obispo.

La sola presencia física de Valech, grueso y de elevada estatura, era lo bastante imponente como para intimidar al menudo y delgado Cea. Aunque estaba claro que no se trataba de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el prelado.

Fue una medición de fuerzas que no duró más de quince minutos. Amabilidad y tensión se reflejaban al mismo tiempo en las caras del vicario, el fiscal y los escasos testigos de la escena. Cea optó finalmente por retirarse, ordenando el repliegue del contingente de carabineros que había estado esperando afuera para proceder al allanamiento.

Se acercaba el cambio de gobierno y Torres tuvo finalmente que desistir. Las causas contra militares que comenzarían a llegar a la Corte Suprema una vez que asumió el gobierno Patricio Aylwin, iban a ocupar en el futuro sus buenos oficios.


Que pasa, 20 de agosto del 2000

Entrevista a Fernando Torres Silva (Extracto)

……

- A la luz de los hechos, ¿no hubiera sido preferible haber entregado los cuerpos de los detenidos desaparecidos y así zanjar el tema de los derechos humanos definitivamente?.

- Tengo entendido que muchas veces se intentó entregar los cuerpos de personas que estaban en la morgue, pero nadie los reclamaba, por eso se enterraron en distintas partes. En todo caso, las listas oficiales de la gente que fue fusilada existen y están incorporadas al proceso, de ahí que se ha cuestionado fundamentalmente la existencia del secuestro. …


El País, 10 noviembre 2000

Un juez chileno detiene a Torres Silva por el asesinato de un sindicalista.

El general chileno está acusado de encubrir la muerte de Tucapel Jiménez. El otrora poderoso ex fiscal, auditor de Chile y antiguo jefe del sistema de la justicia militar del Ejército, Fernando Torres Silva, fue sometido ayer a proceso y detenido por orden del magistrado Sergio Muñoz. Torres Silva está acusado de encubrir el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, cometido en 1982 por agentes de la Central Nacional de Informaciones -CNI, la policía política de la dictadura que sucedió a la DINA-, según uno de ellos ha confesado. Torres Silva fue, en activo, uno de los generales más cercanos al general Augusto Pinochet.


La Nación, 7 Diciembre 2006

Caso Berríos: ministro procesaría por asociación ilícita a Torres Silva

Los poderosos hombres de la Auditoria General del Ejército durante el renacimiento de la democracia, general Fernando Torres Silva, entonces auditor, y su mano derecha, el coronel Enrique Ibarra Chamorro, ambos en retiro, enfrentan una situación procesal que, a diferencia del caso Tucapel Jiménez donde salieron casi indemnes, los podría conducir esta vez a una eventual pena de cárcel en el juicio por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Ello ocurriría porque el ministro que instruye el juicio por el homicidio de Berríos, Alejandro Madrid, tiene ya bastante adelantado un auto de procesamiento que dictaría en los próximos días en contra de ambos, como integrantes de una “asociación ilícita criminal” que operó desde comienzos de la década de los años noventa en esa auditoría, coordinada con la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, y el propio ex dictador Augusto Pinochet.

El objetivo de esta “asociación ilícita”, fue, como está acreditado en la investigación, implementar la llamada operación “Control de Bajas” que consistió en sustraer del ámbito de la justicia a aquellos oficiales de inteligencia involucrados en crímenes de lesa humanidad, sacándolos clandestinamente del país.

A la vez, esta “asociación ilícita” cumplió la función -en la que la Auditoria de Torres e Ibarra jugó un papel fundamental- de obtener información de los expedientes de los juicios fotocopiando a veces legajos completos, y manipulando resoluciones a través de sus contactos con algunos jueces que hoy ya no están en las cortes.

De la misma manera, también está acreditado en la indagatoria del juez Madrid, que la Auditoria de aquel tiempo desinformó a los jueces a cargo de los juicios, enviando informes evasivos o distractivos, o con información falsa.

En toda esta función colaboró además un equipo de siete a ocho abogados, tanto militares en servicio activo o retiro y civiles, algunos de los cuales podrían eventualmente también ser encausados por primera vez. Sus apellidos corresponderían a un tal Seves, Elizalde, Alegría, y el actual funcionario del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, CAE, Guido Poli.

Torres Silva e Ibarra libraron en el caso Tucapel, puesto que a las penas que les aplicó el ministro Sergio Muñoz, 800 días al primero y 541 días al segundo, pero en forma remitida (que no cumplen en prisión), finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema absolvieron de toda pena a Ibarra, y ambas cortes rebajaron la condena de Silva a 541 días manteniendo la remisión.


El Mostrador, 23 de Julio 2007

Militares preparan penal para recibir a ex auditor Fernando Torres Silva

Según se indicó, también se está ''haciendo espacio'' en el centro de detención de Peñalolén para acoger a quien fuera la mano derecha del fiscal ad-hoc, el coronel (R) de la justicia militar Enrique Ibarra Chamorro. Fuentes allegadas a la causa revelaron que el magistrado los encausaría por asociación ilícita.

También vienen encausamientos por la muerte del ex DINA, Manuel Jesús Leyton.

Listo se encuentra el espacio en el centro de detención militar de Peñalolén para el ex auditor del Ejército Fernando Torres Silva, quien en los próximos días será notificado del auto de procesamiento en la investigación que sustancia el ministro Alejandro Madrid por el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

El magistrado, de esta manera, resolverá la petición que le hiciera en tal sentido el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de asociación ilícita.

Madrid encausaría también al abogado de la Auditoría del Ejército Enrique Ibarra, para quien el penal también cuenta con un espacio reservado, dijeron a El Mostrador.cl fuentes militares.

Para el CDE, las declaraciones que constan en el expediente permiten “presumir fundadamente” que ambos sujetos participaron activamente en la organización criminal que sacó a Berríos del país, lo secuestró y eliminó en Uruguay.

Según el organismo, ambos participaron de manera directa en la operación conocida como “Control de Bajas”, que pretendía impedir que miembros del Ejército y de los servicios de inteligencia de la dictadura involucrados en causas por violaciones de los derechos humanos declararan en tribunales.

De acuerdo con la documentación anexada a la causa, la función del ex auditor general del Ejército y del abogado Ibarra era seleccionar a aquellos militares considerados “peligrosos” para la institución, porque manejaban información clasificada o porque estaban relacionados con procesos judiciales en curso.

El CDE concluye que, a partir de los datos reunidos en la investigación, es posible concluir que Torres Silva e Ibarra “excediendo las funciones de sus cargos” se coordinaron con el entonces director general de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hernán Ramírez Rurange, para ocultar información a los jueces con causas por delitos de lesa humanidad.

Madrid también tiene casi terminados también los procesamientos en otra causa que sustancia: el homicidio del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton.

Se sabe hasta ahora que uno de los encausados será el ex oficial del Ejército Vianel Valdivieso y una serie de funcionarios del organismo represivo que estuvieron relacionados con la clínica London.

Historia y procesados

Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay.

En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya.

Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.

Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:

Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.

Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.

El ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli. En tanto, Covarrubias enfrenta cargos como autor de secuestro con homicidio.

El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo(R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde Berríos estuvo secuestrado en Uruguay.

También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal –la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva.

Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y al propio Covarrubias.


La Nación, 24 de Julio 2007

Juez acredita uso de gas sarín y procesa a ex fiscal Torres Silva

Dos resoluciones que marcan hitos en los juicios por violación de los derechos humanos tomó ayer el ministro Alejandro Madrid. Afirmó que el asesinato del ex cabo de Ejército Manuel Leyton se ejecutó utilizando gas sarín y procesó por este delito a trece ex agentes de la DINA. Paralelamente, sometió a proceso por asociación ilícita al ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, justamente en el caso del asesinato del químico que produjo el elemento venenoso en los servicios de seguridad, Eugenio Berríos.

Por primera vez en un proceso por violaciones a los derechos humanos de aquellos que se instruyen en Chile, un juez dio por acreditado que la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) utilizó el gas sarín para eliminar personas. El magistrado Alejandro Madrid estableció que el ex agente de ese organismo, cabo de Ejército Manuel Leyton Robles, fue muerto por los propios agentes en marzo de 1977 utilizando “el denominado gas sarín”, pero la información oficial entregada por el Ejército a su familia fue que la muerte se produjo “por causas naturales”.

Por este caso el juez Madrid procesó ayer y decretó el arresto de 13 ex agentes, entre ellos cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén y Lautaro y la Agrupación Aguila.

Todos ellos fueron encausados, algunos en calidad de autores y otros como cómplices y encubridores, por los delitos de asociación ilícita criminal, secuestro, homicidio calificado y falsificación de instrumento público.

En una segunda resolución y esta vez por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, el magistrado encausó y decretó la detención del ex auditor del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, y del coronel (R) y abogado Enrique Ibarra Chamorro. Este último fue el segundo de esa auditoría bajo Torres Silva durante el primer período de la década de los años 90. Ambos fueron procesados como autores del delito de asociación ilícita criminal.

Además, en esta misma resolución el juez también encausó y decretó el arresto de los suboficiales en servicio activo del Ejército, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita criminal. Ambos suboficiales fueron los custodios que el ex químico Berríos tuvo en Uruguay mientras permaneció secuestrado, y a éstos Berríos confesó su deseo de volver a Chile a entregar a la justicia antecedentes acerca de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier y diplomático chileno-español Carmelo Soria.

Berríos fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991, mediante una compleja operación planificada entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Auditoría que comandaba el general Torres Silva

Luego de ser ejecutado, presumiblemente en 1993, el cuerpo de Berríos apareció el 13 de abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo.

Por el crimen de Berríos permanecían hasta ahora procesados 17 oficiales y suboficiales (R), varios de ellos agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entre los procesados figuran los oficiales uruguayos extraditados a Chile, coronel (R) Tomás Cassella Santos, el coronel en servicio activo Eduardo Radaelli Coppola, y el coronel activo Wellington Sarli Pose.

Conexión Lautaro.

En su resolución acerca del crimen del cabo Leyton, el juez Madrid estableció una conexión entre la Brigada Lautaro que comandó el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, y el cuartel en que operó esta brigada ubicado en la Avenida Simón Bolívar 8630, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas completas del Partido Comunista.

La indagatoria logró acreditar que el cabo Leyton, quien junto a otros agentes se había dedicado a robar vehículos de personas que iban siendo detenidas, fue llevado por agentes de la DINA a ese cuartel, luego de que Carabineros ubicara en su casa un vehículo que estaba siendo buscado, por lo que lo detuvo y le entregó a la DINA.

El juez no logró establecer si al cabo Leyton se le aplicó el gas Sarín en el mismo cuartel de Simón Bolívar -como sí se hizo con otros detenidos según la investigación del ministro Víctor Montiglio en el proceso por Calle Conferencia- o si el gas se le lanzó al interior de la clínica London de la DINA, que operó en calle Almirante Barroso en Santiago Centro.

Según el auto de procesamiento, “el cabo Leyton fue llevado por agentes de la DINA al cuartel de calle Simón Bolívar, siendo después trasladado a la denominada “Clínica London”, donde estuvo privado de libertad y posteriormente falleció”.

El juez Madrid dijo que “se presume con fundamento, que su deceso se produjo a consecuencia de la aplicación del denominado Gas Sarín”


El Mostrador, 24 de Octubre de 2008   

Caso Berríos: CDE pide 20 años de cárcel para ex fiscal Torres Silva

Si el ministro Alejandro Madrid accede a esta petición por la muerte del químico de la DINA, los generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, pasarán el resto de su vida en prisión, al igual que los funcionarios castrenses de la República Oriental, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, quienes cumplirán la pena en nuestro país. El organismo solicitó también condena de 20 años para el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, entre otros.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) contestó la acusación del Ministro Alejandro Madrid, en el marco del proceso que se sigue por el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, y solicitó altas penas para los involucrados.

Según supo El Mostrador.cl en fuentes judiciales, el documento fue presentado este miércoles y en el se piden, por ejemplo, 40 años de cárcel para los ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE): los generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias. La misma pena para la cabeza del batallón de la especialidad, Manuel Provis, como también para Arturo Silva Valdés quien hasta ahora aparece como el ejecutor de Berríos en Uruguay, donde fue hallado su cadáver en 1995 con dos tiros en la cabeza. Este último, como autor de asociación ilícita y secuestro con homicidio, mientras que los anteriores por delitos similares pero sin responsabilidad en la muerte del ex DINA. 

En tanto, el capitán (R) Jaime Torres Gacitúa, quien acompañaba a Silva Valdés, a 25 años por los delitos de asociación ilícita y secuestro.

Asimismo el CDE solicita 25 años para cada uno de los militares uruguayos extraditados hace unos años a Chile, Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, como autores de asociación ilícita y participación en el secuestro del químico.  
Hay que recordar que Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en octubre de 1991 para evitar que declarara en el proceso que sustanciaba el ministro Adolfo Bañados por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier. 
El químico de la DINA fue llevado a las dependencias del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) -que por aquellos años funcionada en la calle García Reyes-, se le caracterizó, se le entregó un pasaporte falso y fue sacado por dos agentes de la DINE por el paso el Monte Aymond en Punta Arenas, con destino a Argentina, para luego enviarlo a Uruguay, donde residió casi dos años antes de ser asesinado en 1993. 

Dos décadas para Fiscal Torres
Tampoco quedan fuera los históricos de la justicia militar, el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva. y su segundo de a bordo, el abogado Enrique Ibarra Chamorro. El CDE pide penas de 20 años para cada uno.
En tanto el CDE pide 15 años más 541 días de presidio para los que participaron en la salida de Berríos de Chile y su cuidado mientras estuvo escondido en Uruguay por una orden del propio Augusto Pinochet al general Ramírez Rurange, según el mismo confesó ante el magistrado. Se trata de los oficiales Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo Gutiérrez y los suboficiales Manuel Pérez Santillán, Marcelo Sandoval Duran y Nelson Román Vargas.
A penas de 60 días, el CDE pide que se condene al ex oficial Mario Cisternas Orellana al empleado civil Nelson Hernández Franco, la secretaria de la Unidad Especial de la DINE, Erika Silva Morales, y al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, Emilio Rojas Gómez.
Todos los acusados, deberán también contestar la acusación del juez Madrid a través de sus abogados defensores. Una vez terminado ese proceso, el ministro abrirá el llamado plenario, algo muy similar a un juicio oral del nuevo sistema. Allí los futuros condenados intentarán hacer valer sus atenuantes, mientras los querellantes en este caso buscarán probar sus dichos y lograr las penas más altas que el código establezca. Luego vendrá la sentencia de primera instancia, la que puede ser apelada ante el tribunal de alzada capitalino y luego mediante otros recursos llegar hasta la Segunda Sala (penal) Corte Suprema.

Tensión política
El caso Berríos fue uno de los momentos más complejos de la transición democrática durante el gobierno de Patricio Aylwin (DC), ya que en junio de 1993, cuando Berríos ya había sido asesinado, un mensaje anónimo llegó hasta la oficina de un parlamentario uruguayo contando toda la operación que permitió tener al ex DINA escondido en ese país.
Allí se desató una crisis entre ambos gobiernos que terminó con la presentación de una querella ante el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, por el entonces ministro del Interior, Enrique Krauss.
En esa indagatoria, se establecieron los vínculos de Berríos con narcotraficantes y ex militares y prestamistas, como también su adicción a las drogas.
Los detalles de este caso son casi infinitos, los que a su vez se engarzan con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el homicidio del ex diplomático español Carmelo Soria, casos en manos del mismo magistrado.


Cambio 21, 23 de agosto de 2013

Les llueve sobre mojado a violadores de derechos humanos: Fiscal Torres y escoltas de Pinochet a la cárcel por crimen de Berríos


Una veintena de agentes de las policías secretas de la dictadura, la DINA y la CNI fueron condenados por el crimen de Eugenio Berríos, un químico del Ejército que también estaría involucrado en la muerte del ex presidente Eduardo Frei. El ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.
En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.
Así el mayor del Ejército (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita. Este sujeto era el jefe de los escoltas de Augusto Pinochet.
El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange, también encargado de la seguridad del dictador, recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10 años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Según información de tribunales, Fernando Torres Silva deberá cumplir la pena con cárcel efectiva por tener antecedentes penales. Está acusado de obstrucción a la justicia en el caso del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.
En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo.

El resto de las condenas de la Corte

Eugenio Covarrubias Valenzuela, general (r) ex jefe del Dine del Ejército: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
Jaime Torres Gacitúa, mayor (r) ex jefe de escoltas de Pinochet: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Manuel Provis Carrasco, general (r)ex sub jefe de la CNI: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.
Pablo Rodríguez Márquez, mayor (r), ex miembro de la DINA y la CNI: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Raúl Lillo Gutiérrez, ex agente de la DINA y CNI: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.
Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios.
Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
Enrique Ibarra Chamorro: abogado de la dictadura: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.
Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Erika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Emilio Rojas Gómez, periodista: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.

Cómo fue el crimen

Silva Valdés y Torres Gacitúa, jefes de escolta y seguridad de Pinochet, son los autores materiales del asesinato del químico Eugenio Berríos, cometido en 1992 en Uruguay.
Este es uno de los episodios más sórdidos y tardíos del plan Cóndor, el régimen de coordinación represiva establecido en los años 70 y 80 por las dictaduras del Cono Sur.
Berríos, un científico y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de los primeros años de la dictadura de Pinochet (1973-1990), fue retirado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991 y llevado a Uruguay a través de Argentina. Está también involucrado en la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva.
El químico escapó así de la justicia chilena cuando el juez Adolfo Bañados se disponía a interrogarlo por sus nexos con la operación de la DINA que culminó en septiembre de 1976 con el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier.
El 15 de noviembre de 1992 Berríos fue visto por última vez con vida, cuando llegó hasta la sede policial del balneario uruguayo de Parque del Plata para pedir auxilio, afirmando que estaba secuestrado por militares chilenos y uruguayos que querían matarlo.
El comisario Elbio Hernández tuvo que entregarlo, ”por órdenes superiores” a los tenientes coroneles del ejército uruguayo Eduardo Radaelli y Tomás Casella, que llegaron a buscar a Berríos junto a otros dos individuos.
Esos dos hombres eran Silva Valdés y Torres Gacitúa, y que ambos fueron identificados por dos testigos que viajaron desde Uruguay.
El médico Juan Ferrari, que examinó a Berríos en la seccional policial, fue uno de esos testigos. El otro fue Luis Míguez, conserje de un edificio del vecindario montevideano de Pocitos, donde los militares chilenos mantuvieron durante varios meses al científico y ex agente de la DINA.
Berríos fue uno de los hombres clave en los planes de la DINA de desarrollar armas químicas como el gas sarín, con el propósito de eliminar opositores sin dejar huellas.
El paso clandestino de Berríos por Argentina, en 1991, se hizo en solo tres días por tierra y sin conocimiento de los militares de ese país.
Berríos suministró ventajas bélicas a Chile sobre Argentina cuando ambos países estaban al borde de la guerra por la posesión de tres islotes en el austral canal de Beagle, a fines de 1978.
”Entre otras cosas (gracias a las armas desarrolladas por Berríos) se podía envenenar el agua de Buenos Aires, y había una serie de acciones, peores, que se iban a cometer”, según informantes anónimos.
El militar asesino Silva Valdés fue jefe de seguridad de Pinochet y que en esa condición hizo más de 500 viajes al exterior, hasta que se retiró del ejército en 1993.
Torres Gacitúa sirvió, por su parte, 15 años como jefe de escoltas de Pinochet, incluso después de que el dictador dejara el poder, en 1990, y la comandancia del ejército, en marzo de 1998.

Torres Gacitúa fue el oficial que intentó enfrentarse a los agentes de Scotland Yard que el 16 de octubre de 1998 arrestaron a Pinochet en una clínica de Londres, y permaneció junto al ex dictador los 503 días de su arresto en la capital británica.

Silva Valdés y Torres Gacitúa mataron a Berríos de dos balazos en la cabeza y luego enterraron su cuerpo en las dunas de la meridional playa uruguaya de El Pinar, a 34 kilómetros de Montevideo donde el cadáver fue hallado el 13 de abril de 1995.

Los proyectiles encontrados en el cráneo de Berríos los guarda el juez Alvaro Gustavo González, de la localidad uruguaya de Pando, quien no ha hecho mayores esfuerzos por dilucidar el crimen, aclarado gracias a la labor en Chile de la magistrada Olga Pérez.

La jueza no pudo realizar diligencias en Uruguay debido a las dificultades que pusieron las autoridades de ese país en 1996.

En febrero de 1993, Pinochet viajó a Uruguay donde fue recibido por el teniente coronel Tomás Casella, el hombre que tres meses antes había impedido que Berríos obtuviera protección policial y lo entregó a los chilenos que lo mataron.


El Mercurio, 4 de Octubre 2013

Ex fiscal Torres: "Pedí a Valech que me ayudara" por indulto a Mena


El ex Auditor General del Ejército Fernando Torres Silva dijo que él mismo solicitó al obispo Sergio Valech, quien encabezó la Vicaría de la Solidaridad, que intercediera para que se concediera el indulto al ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Odlanier Mena.

El general (R) se suicidó el sábado 28 de septiembre pasado, horas antes de que se concretara el traslado de los internos en el antiguo penal Cordillera a Punta Peuco.

"Le pedí (al obispo Valech) que me ayudara con el indulto al general (R) Mena", afirmó Torres Silva, en una entrevista concedida al noticiario "Teletrece" de Canal 13.

El ex auditor del Ejército aseguró que cuando se presentó la solicitud, monseñor Valech "dijo que el general Mena fue un ejemplo de un hombre que nos dio facilidades para todo".

El rol de la Vicaría

El obispo Valech, quien dirigió la Vicaría de la Solidaridad entre 1987 y 1992, falleció en noviembre de 2010 a los 83 años de edad.

Pese a que Torres, durante sus acciones en la investigación de casos relacionados con acciones terroristas, tuvo roces con el organismo creado por la Iglesia Católica, ahora destacó la labor que cumplió la entidad.

"Creo que la Vicaría fue un elemento importante. Prestó apoyo y cooperación y sirvió para que mucha gente, como es el caso del general (R) Mena, por ejemplo, y los que siguieron después, pudieran ver y corregir hechos que no estaban bien", declaró el ex fiscal ad-hoc.

También negó que tuviera enemistad personal con el obispo Valech.

"De dónde sacaron eso. Si tomábamos té: él me invitaba a lugares de monjitas y tomábamos té con empanadas de dulce de alcayota", relató.

"Fue un hombre que se jugó, con una inteligencia tan especial, con la fortaleza del obispo y con la agudeza del diplomático", describió.

Torres Silva también deslizó críticas a las determinaciones adoptadas por el Presidente Sebastián Piñera en torno al tema de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

En este aspecto, recordó que el único indultado por casos de este tipo es el de un suboficial de Ejército condenado por el degollamiento de Tucapel Jiménez, quien recibió el beneficio durante la administración del ex Mandatario Ricardo Lagos.

"Eso lo hizo un Presidente con una estatura de mayor estadista, que es el ex Presidente Lagos", aseveró.

Mena "se sentía mal"

Sobre el suicidio de Mena, Torres reveló que se había reunido con el general (R) días antes de su muerte. "Era un hombre que se sentía mal de salud", relató.

"Me decía, cómo mi mujer va a ir allá: son 50 km y tiene que caminar dos km a pie. Estaba tremendamente complicado", aseveró.

En los próximos días, la Corte Suprema deberá decidir sobre la condena a 10 años de prisión que enfrenta el ex auditor militar por el caso del homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, cuyo cadáver fue encontrado en una playa de Uruguay en 1995.


casosvicaria.cl, 19 de mayo de 2014

Torres Silva, el fiscal favorito de Pinochet

Investido de superpoderes en la justicia militar, el fiscal militar favorito de Pinochet llegó a tener más de 250 procesados por atentados y acciones atribuidas al FPMR. Su figura gruesa, anteojos Rayban y declaraciones temibles inundaban los diarios y noticieros de TV. Hasta que se metió con la Vicaría y encontró la férrea oposición de la Iglesia. Despojado del poder de antaño, hoy se declara admirador de algunos a quienes fustigó en sus años de gloria. En Fernando Torres Silva se inspira uno de los personajes clave del décimo capítulo de Los archivos del cardenal. La periodista Alejandra Matus escribió su perfil en El libro negro de la justicia chilena,

en cuyo texto se basa este nuevo reportaje de la autora sobre el fiscal Torres.

Una encuesta CEP publicada en 1988, revelaba que el 75% de los chilenos conocía al “fiscal Torres”. Era tan famoso como las figuras políticas estelares en aquel entonces: Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar, y más conocido que Jaime Guzmán, Gabriel Valdés y Andrés Allamand. Sin embargo, era también el más repudiado de la lista, con una nota de 2,8.

El abogado de la justicia militar, que nunca pisó las aulas de las academias castrenses, estaba en el lugar correcto en el momento propicio en 1986, cuando asumió la investigación, como fiscal ad hoc o fiscal especial, de la causa abierta en los tribunales castrenses por el asalto a la Panadería Lautaro, cometido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y donde murió un carabinero. Entonces tenía el grado de mayor. En 1988, cuando se hizo la encuesta, había sido ascendido a coronel y como fiscal ad hoc concentraba las causas por el asalto a la Panadería Lautaro; la internación de armas en Carrizal bajo; el atentado contra Pinochet; el secuestro del coronel Carlos Carreño; la fuga del frentista Sergio Buschmann y el asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes, entre otras.

A esas alturas había procesado a unas 250 personas, a las que acusaba de distintos grados de vinculación con el FPMR. Sus métodos heterodoxos eran blanco de estruendosas críticas de los abogados de derechos humanos, los partidos políticos que habían salido de la clandestinidad de los primeros años de la dictadura, y aun de partidarios del régimen, que veían que sus actuaciones alimentaban con argumentos a la oposición. Sin embargo, Torres seguía empinado en la cumbre, con el apoyo férreo del general Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart.

Esta es la crónica del ascenso y caída del fiscal predilecto de la pareja gobernante.

Un abogado esforzado
Torres tuvo un paso modesto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la que entró a fines de los años 50. Le costó titularse. El abogado Roberto Garretón, ex director del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, fue contemporáneo suyo y recuerda que cuando él ingresó a la carrera, Torres ya estaba en la Facultad. Y que cuando egresó, Torres seguía allí.

Torres egresó en 1965, pero vino a titularse recién en 1974 –un año después del Golpe de Estado-, con una memoria sobre “la jerarquía militar”, después de haber ingresado ya al aparato de justicia del Ejército y con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile intervenida. Una de sus primeras tareas en esa repartición fue participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del 11 de septiembre. Luego, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación en el Edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta de Gobierno.

En 1986, su nombre comenzó a sonar en los medios, cuando fue designado, con el grado de mayor, para investigar el asalto a la Panadería Lautaro, ocurrido el 28 de abril de ese año. Inmediatamente después, fue ascendido a coronel. En octubre siguiente, tras el atentado a Pinochet, fue nombrado “fiscal ad hoc” para ese caso, las armas de Carrizal –cuya internación ilegal había sido descubierta dos meses antes- y cualquier otro proceso en que estuviera involucrado el FPMR.

El Ejército lo dotó de recursos jamás vistos. Torres creó una megaoficina, con abogados que hizo trasladar desde diversas dependencias militares, en comisión de servicio. El mayor Francisco Baguetti lo ayudaba en el caso del atentado; el capitán Ricardo Latorre, en el de la Panadería Lautaro y el de los arsenales; Carlos Troncoso, en el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño. Su acción hipertrofiada la empezó a granjear enemigos dentro de la propia justicia militar. Por ejemplo, el personal de Concepción resintió que se hubiera apropiado del caso por el asalto al retén policial de Los Queñes –acción realizada en octubre de 1988 por el FPMR Autónomo y que daba inicio a su llamada Guerra Patriótica Nacional-, porque estaba en la jurisdicción penquista y no en la capitalina.

En el Poder Judicial también hubo arqueo de cejas, a los que el coronel respondió con prepotencia. Por ejemplo, en una comunicación con la Corte de San Miguel -que trataba de ponerle cortapisas al abuso de sus atribuciones pidiéndole informes, por ejemplo, por la justificación de los largos plazos de incomunicaciones -, Torres reclamó para sí el trato de “Señoría”. En una de sus respuestas, señalaba Torres: “Se hace presente a Usía Ilustrísima que los fiscales militares, al igual que el resto de los magistrados de los tribunales del país, merecen el tratamiento de señorías”.

Pese a ese difícil entorno político, el abogado militar se sentía cómodo en su papel. Era una especie de súper procurador, beneficiado por las enormes facultades de que fue dotada la justicia militar, en perjuicio de la justicia ordinaria. El fiscal era generoso con las demandas de los periodistas. Alimentaba constantemente los noticiarios con el resultado de sus averiguaciones. Los canales de televisión podían, sin problemas, tener acceso a sus “monos”: imágenes de operativos, de allanamientos, de reconstituciones de escena, de armamentos. Pedía cotidianamente a los chilenos mantenerse alerta frente a la amenaza del “terrorismo” y anunciaba estar tras los pasos de los instigadores, de los autores intelectuales de las acciones del FPMR.

El oficial de Justicia daba amplia publicidad a complots para asesinarlo que aseguraba haber desbaratado a último minuto y se trasladada con un vistoso equipo de seguridad: dos motoristas le abrían el paso; otros dos escoltas viajaban con él; dos más le cubrían la retaguardia en un vehículo distinto.
Obtuvo también granjerías especiales –“pitutos” en nuestra jerga popular- que incrementaron sus ingresos. En 1986, el ministro de Justicia, Hugo Rosende, firmó un decreto autorizando su contratación como “asesor jurídico” de Gendarmería.

Tenía, además, otros dos cargos: secretario de Legislación, por lo cual contaba con una oficina en el Edificio Diego Portales, y era el “auditor de la Comandancia en Jefe para asuntos administrativos”, cargo que le servía de cobertura para visitar a Pinochet con mucha frecuencia. Pinochet solía decir que sólo a Torres le preocupaba el caso por el atentado en su contra. En el régimen todos lo consideraban uno de sus favoritos.

Los detenidos bajo sus órdenes denunciaron haber sufrido las más aberrantes torturas en cuarteles de la CNI. Uno de los líderes del FPMR, Sergio Buschmann, el encargado de la logística de la internación de armas de Carrizal Bajo, aseguró haber sido torturado en presencia del propio fiscal. Sin embargo, Torres lo negó. Ante el tribunal aseguró que el episodio denunciado por Buschmann habría ocurrido en La Serena, antes de que él asumiera la investigación del caso Carrizal. “El fiscal no aceptaba paquetes”, es decir, prisioneros que llegaran a su despacho con evidentes signos de haber sido torturados, aseguran en su entorno, y agregan que lo primero que ordenaba al recibir a los detenidos que dejaban los cuarteles secretos de la CNI para pasar a sus interrogatorios, era enviarlos al Servicio Médico Legal, para constatar lesiones.

No obstante, son numerosas las denuncias de los prisioneros de aquella época que señalan que no lograban diferenciar entre los recintos de la policía secreta y la fiscalía. Sus penurias se agravaban por las largas incomunicaciones que sufrían los presos, de hasta por 40 días, período en el cual estaban a completa merced de los agentes del CNI.

El caso más dramático fue el de Karin Eitel, procesada por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, ocurrido en septiembre de 1987. La joven apareció en las pantallas de Televisión Nacional confesando su participación en el plagio, con evidentes muestras de haber sido sometida a torturas.

El propio coronel Carreño sufrió el rigor del suspicaz Torres. Después de ser liberado por sus captores en Brasil, en diciembre de ese año, a su regreso a Chile fue recluido en el Hospital Militar para enfrentar numerosas y prolongadas sesiones de interrogatorio.

Torres rechazó los cargos en su contra, señalando que tales quejas podían deberse a que se acercaba con sus investigaciones a la cúpula del FPMR. “A lo mejor, estamos más cerca de lo que pensamos de algunas tesis en que estamos trabajando… Eso ha hecho que el Frente reaccione por la forma más, rápida intentando eliminar el problema… La eliminación física es una de las formas, hay otras como desacreditar o inhabilitar, medios todos que han sido probados contra mi persona”, dijo a La Tercera en aquel tiempo.

Con lo de “eliminación física” el fiscal hacía referencia a los intentos del FPMR por asesinarlo. Al menos dos intentos de atentado hubo en su contra. El primero ocurrió en mayo de 1987, cuando la organización armada envío a la fiscalía un paquete con explosivo T-4, que fue descubierto antes de estallar. En mayo de 1988, dos frentistas en moto intentaron adosar una bomba magnética en el techo de su auto. El artefacto resbaló y cayó al piso sin explotar.

“Justicia aberrante”
En marzo de 1987, Anthony Gifford, del Comité de Derechos Humanos del Parlamento británico, investigó denuncias en contra del fiscal y relató que se consignaron incomunicaciones de hasta por 40 días y que los ayudantes del oficial se jactaban de que el jefe era “todopoderoso”. “Hace frecuentes declaraciones a la prensa declarando la culpabilidad de quienes investiga. Impone incomunicaciones a quienes no colaboran con él. Da instrucciones a autoridades carcelarias para que restrinjan las visitas, y distribuye a los presos políticos en alas peligrosas donde, se teme, puedan ser atacados”, reveló. Se sumaban quejas por encargatorias de reo sin presunciones fundadas y allanamientos ilegales.

Las protestas contra las actitudes del fiscal ad hoc llegaron hasta las Naciones Unidas.

En diciembre de 1987, el relator especial para Chile en materia de derechos humanos, Fernando Volio, afirmó que los “procesos hipertrofiados que atiende el fiscal Torres son contrarios al debido proceso legal y, por tanto, se apartan o desvían de lo normal en perjuicio de los derechos de los procesados y quienes los defienden”. Y agregó: “Torres se ha convertido en un fiscalizador con potestades que exceden toda norma civilizada para investigar casos que se someten a su conocimiento (…) Es una justicia aberrante la que él hace”.

Pero Torres no sólo contaba con Pinochet para defenderlo: el ministro Rosende y el procurador general del gobierno (un cargo hecho a la medida de quien lo ocupaba, pues no estaba previsto en la institucionalidad previa), Ambrosio Rodríguez, lo hacían a brazo partido. Tras las declaraciones de Volio, Rosende y Rodríguez se reunieron con Volio para tratar la conducta de Torres. En la ocasión, el ministro increpó duramente al funcionario de Naciones Unidas. Le dijo que en Chile existía un orden jurídico vigente que autorizaba las conductas del fiscal y que dicha normativa se seguiría aplicando mientras estuviera vigente. El relator, indignado, se puso de pie diciendo: “¡No pedí esta reunión para ser sermoneado!” y se retiró del encuentro. Rosende, consultado por los periodistas, dijo al finalizar la cita que se vio “obligado a poner las cosas en su lugar”. Torres, empoderado, aseguró que los comentarios hechos por el funcionario de Naciones Unidas sobre sus actuaciones “lo inhabilitan moral, ética y profesionalmente para hablar de la justicia chilena”.

La crisis tuvo que resolverla la Cancillería.

Los tribunales de justicia, sin embargo, más allá de algunas suaves reprimendas, no obstaculizaron su gestión y rechazaron unos 350 recursos de amparo, protección e inconstitucionalidad presentados en su contra.

Hasta que el fiscal se metió con la Iglesia.

El caso Fichas
El fiscal, como Rosende y otras altas autoridades del gobierno militar, pensaba que la Iglesia era usaba como escudo protector por la oposición al gobierno y por el FPMR, y la posibilidad de probarlo se le presentó con el caso de la Panadería Lautaro. Esta fue asaltada el 28 de abril de 1986 por un grupo de frentistas que en su huida se enfrentó con Carabineros y mató al policía Miguel Vásquez Tobar. En la refriega murió también uno de los asaltantes.

Médicos de la Vicaría de la Solidaridad atendieron el día del asalto a Hugo Gómez Peña, quien dijo haber sido baleado en la pierna durante una protesta. Después, resultó ser uno de los asaltantes de la panadería. Torres creyó haber encontrado el nexo entre el grupo armado y la Vicaría, y procesó al médico y al abogado que asistieron a Gómez Peña.

Durante la existencia de la Vicaría de la Solidaridad ésta sostuvo, es efectivo, relaciones con los partidos y organizaciones de ultra izquierda. Se estableció un diálogo en que las reglas del juego estuvieron perfectamente delimitadas. La Vicaría defendía a las víctimas de atropellos a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, crímenes, desapariciones), sin importar su creencia política; pero no aceptaba actuar como “pantalla” en la defensa de delitos de sangre o de otro orden que pudieran cometer los militantes de esas colectividades, aun cuando argumentaran legitimidad política. Para eso existían otros organismos, como la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu). Tanto el MIR como el FPMR estaban perfectamente al tanto de estos códigos de conducta.

Torres sostenía, empero, que los “terroristas” tenían en la Vicaría su retaguardia de protección. El argumento no era sólido desde el punto de vista legal, pero su instinto le decía que en ese organismo, colaborador o no de los grupos izquierdistas, las caras que él quería atrapar eran conocidas. Con astucia de sabueso, buscaba hacer caer en trampas a la institución.

En los interrogatorios a funcionarios menores de ese organismo, Torres usaba todo su poder de persuasión para intentar delaciones. Ponía su arma de fuego sobre la mesa y les decía: “Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre”.

El fiscal estaba obsesionado con el organismo eclesiástico. Quería saber todo sobre él: su estructura, organización, financiamiento, personal, procedimientos, vínculos, situación tributaria y el rol del vicario general. También quería conocer la identidad de las personas atendidas por la Vicaría, especialmente los heridos a bala. Pretendió apoderarse de todas las fichas médicas con la esperanza de reconstruir la estructura del FPMR.

La paciencia del vicario general, el obispo auxiliar de Santiago Sergio Valech, se colmó cuando Torres allanó la sede de la AFP Magister para incautar antecedentes sobre las imposiciones de los empleados de la Vicaría de la Solidaridad desde 1981 a 1988.

Valech presentó dos recursos de queja ante la Corte Marcial, argumentando que el fiscal se había extralimitado en el ámbito de la investigación del asalto a la panadería Lautaro y estaba entrometiéndose en la organización y funcionamiento de la Vicaría de la Solidaridad. De hecho, los medios llamaban ahora a la investigación “el caso Vicaría”.

El obispo defendió el secreto profesional. No estaba protegiendo a nadie en particular, sino que la sacrosanta institución eclesiástica del secreto de confesión, base de la confianza que millones de personas han depositado en la Iglesia por siglos. No se trataba tanto de una defensa en un momento puntual en la historia de Chile, como de la protección de los fundamentos de la creencia católica. Ningún poder político podía pretender avasallarlos.

La Corte Marcial había rechazado todas las anteriores quejas en contra del fiscal, aunque en más de una ocasión le había advertido, en forma privada, que morigerara su comportamiento. El presidente del tribunal, Enrique Paillás, le había dejado caer “consejos” y “observaciones” en las hojas de los expedientes. Hasta que se produjo la resolución del 7 de diciembre de 1988, en que la Corte Marcial, por cuatro votos a uno, acogió inesperadamente el recurso de la Vicaría de la Solidaridad.

Votaron a favor los ministros civiles, Paillás y Luis Correa Bulo. Eso era predecible. Lo inesperado fue el voto favorable del representante del Ejército, brigadier general Joaquín Erlbaum y el de la Fuerza Aérea, Adolfo Celedón. Solo la representante de Carabineros, Ximena Márquez, respaldó al fiscal ad hoc.

El fallo ordenó a Torres devolver las fichas incautadas en Magister, sin usar sus datos, y circunscribir su investigación a los hechos estrictamente vinculados con el asalto, abandonando su pretensión de entrometerse con la Vicaría.

Terremoto en la justicia militar

El hecho produjo un terremoto en el Ejército. El fiscal general de la institución (superior a Torres, pero inferior a Erlbaum) el comandante Enrique Ibarra, comentó que el fallo había sido “político”, influenciado por el resultado del plebiscito de octubre de ese año, en que triunfó la opción No, lo que obligaba a Pinochet a entregar el poder en 1990. Sus palabras, que acusaban a su superior de haberse puesto en el bando opositor, desataron una crisis aún mayor.

El martes 13, en Las Ultimas Noticias apareció el primer indicio de la catástrofe. El Ejército había pedido la renuncia a toda la plana mayor de la justicia militar: al general Eduardo Avello, que ocupaba el cargo de Auditor General del Ejército; al brigadier general Erlbaum, y a los auditores, coroneles Rolando Melo y Alberto Márquez, por sus discrepancias con Torres. El propio fiscal ad hoc se apresuró en anunciar que él ocuparía el más alto cargo en la justicia militar, reemplazando al general Avello, pese a la distancia en grado y antigüedad entre ambos. Es “una decisión del Mando que, en este caso en particular, me enorgullece”, dijo al diario La Segunda.

Sus palabras desataron una ola de críticas de envergadura no sólo en la oposición. Uno de los principales dirigentes de la derecha, Miguel Otero, en ese entonces vicepresidente de Renovación Nacional, dijo: “En mis treinta y tres años de ejercicio profesional, nunca antes he tenido conocimiento de que luego de un fallo adverso a un fiscal militar, se llamara de inmediato a retiro al auditor general y al miembro de la Corte Marcial”. Le molestaba la oportunidad de la medida, pues era el argumento perfecto para quienes criticaban la falta de independencia de la justicia militar. “La mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino que también debe parecerlo”, dijo Otero, recurriendo a la conocida sentencia.

El Mercurio y La Segunda editorializaron en contra de las destituciones. El vespertino dijo que “resulta difícil de comprender por lo inoportuna la sola eventualidad de que quien ha sido cuestionado por éstas (las instancias judiciales competentes) pudiera venir a sustituir a sus superiores jerárquicos”.

En medio de la avalancha de ataques, el Ejército aparentó retractarse nombrando interinamente al general Rolando Melo Silva, quien, al asumir como auditor general, admitió que la justicia militar estaba en “crisis”. Torres quedó como Fiscal General Militar, en reemplazo del comandante Enrique Ibarra, quien descendió abruptamente tras sus imprudentes comentarios.

Pinochet quería darle el máximo cargo, como auditor general, pero sus asesores le advertían que, como coronel, no le daba el rango. El general incluso habría estado dispuesto a dictar una ley especial para ascender a Torres a general en tiempo récord, si tal era el requisito para ponerlo en ese puesto, pero no fue necesario. Alguien argumentó que el cargo era una “función” y no requería legalmente tener un rango jerárquico determinado para ejercerla.

Las especulaciones corrieron en los medios de comunicación. Se dijo que la propia Corte Suprema y la oposición en el generalato habían influido en el fracaso del nombramiento de Torres. Sin embargo, el 28 de diciembre, día de los Inocentes, la junta de generales, después de una jornada completa de deliberaciones en el Edificio Diego Portales, demostró que el fiscal ad hoc era mucho más poderoso de lo que se pensaba. Con la anuencia del comandante en jefe, representando en este caso por el vicecomandante de la institución, teniente general Jorge Zincke, Torres fue ascendido al puesto de auditor general en una audiencia extraordinaria.

Sin complejos, ese mismo día la nueva autoridad declaró: “Yo creo que la crisis, a la cual se habría referido el coronel Melo, no existe”. El subsecretario de Justicia y fiel asesor de Rosende, Luis Manríquez Reyes, entregó la opinión de esa cartera: “El fiscal Torres es un héroe de la democracia en Chile”.

No opinó igual El Mercurio, que en un ácido editorial, fustigó la falta de prolijidad en el nombramiento: “El daño ya está hecho. En momentos en que el combate contra el terrorismo exigía alejar toda posibilidad de desprestigio de los instrumentos con que esa lucha debe llevarse a cabo, se dio prioridad a otras consideraciones, lo cual no hará sino dificultar su defensa cuando sea necesario. El dolido desconcierto de los partidarios del régimen es explicable. Y no puede sorprender el regocijo con que ciertos sectores opositores han seguido el episodio, que es, a no dudarlo, un obsequio para su propaganda”.

La Corte Suprema le dio a Torres un último y final espaldarazo al revocar, el mismo día de su nombramiento, las sentencias de la Corte Marcial que lo habían castigado por su actuación en el caso Vicaría. Torres sería, como auditor general del Ejército, integrante del máximo tribunal cuando hubiera causas que interesaran a los militares y no lucía bien que un magistrado de esa categoría llegara con una queja disciplinaria a sus espaldas.

Aunque el ascenso podría haber significado un alivio para la Vicaría, porque Torres, en su nueva función tendría que dejar los casos, la verdad es que por un tiempo continuó prestándoles atención. Él mismo se encargó de avisar que perseveraría: “Los procesos son como los hijos. No se les puede dejar solos”.

Ese verano de 1989, el fiscal militar Sergio Cea se presentó finalmente en la Vicaría a cumplir las órdenes de su superior. Llegó acompañado con los integrantes de su escolta vestidos de civil. Ese día sólo estaban en el edificio de la entidad el Vicario y un par de asistentes. No se atendió público y todo el personal fue autorizado a ausentarse. No querían ser vistos ni identificados por personal militar. Por lo demás, las fichas que buscaba Cea tampoco estaban allí. Precaución elemental.

Los asesores de Valech le habían sugerido que vistiera para la ocasión sus prendas de obispo, con báculo y todo. Pero el vicario no quiso. Se limitó al simple traje negro con el clásico cuello clergyman.

Hizo pasar a Cea y le dijo en tono amable:

-Como sacerdote estoy obligado a respetar el secreto profesional y, además, soy custodio de la confianza que la gente ha puesto en la Vicaría; no acepto, por lo tanto, que se registre nuestra sede. Yo no puedo romper mis compromisos. Si usted quiere ver las fichas, tiene que pasar por sobre este obispo.

La sola presencia física de Valech, grueso y de elevada estatura, era lo bastante imponente como para intimidar al menudo y delgado Cea. Aunque estaba claro que no se trataba de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el prelado.

Fue una medición de fuerzas que no duró más de quince minutos. Amabilidad y tensión se reflejaban al mismo tiempo en las caras del vicario, el fiscal y los escasos testigos de la escena. Cea optó finalmente por retirarse, ordenando el repliegue del contingente de carabineros que había estado esperando afuera para proceder al allanamiento.

Según el entorno de Torres, la puesta en escena de esta diligencia como de otras actuaciones en el “caso Vicaría” fueron acordadas previamente en reuniones secretas entre Valech y Torres. El vicario invitaba al oficial a reunirse en conventos, sin prensa, donde conversaban por horas. Valech fumaba cigarrillos Cabaña y desarrollaba para el fiscal su tesis de la inviolabilidad de la confesión. Torres, en tanto, intentaba persuadirlo, señala una fuente, de que su actuar lo tenía en cuenta, pues si él hubiera querido, podría haber aplicado la tesis de la línea del mando y procesar hasta al cardenal por su responsabilidad en el caso de la Panadería Lautaro. No quería enfrentarse con la Iglesia, afirmaba, sino sólo perseguir a aquellos dentro de la Vicaría que estaban colaborando con los frentistas. Para persuadir al obispo, incluso le entregó copias de declaraciones de algunos procesados, bajo secreto de confesión.

Pese a sus discrepancias, dice la fuente, Torres “entendía el papel del Vicario. Nunca hubo golpes bajos”.

Roberto Garretón afirma que, en el entendido que Torres los consideraba enemigos, los abogados de la Vicaría mantenían un trato cordial con él, aunque él en lo particular se daba el gusto de llamarlo “coronel” y no fiscal, para remarcar su condición de militar y ofuscarlo. Relata, además, que el vicario lo consideraba torpe políticamente, pues acusaba sin base de ser frentista a cualquiera, hasta a familiares, amigos y conocidos casuales de los imputados.

El ocaso
El fin de la dictadura y el inicio del primer gobierno democrático, encabezo por Patricio Aylwin, fue el primer golpe para el poder de Torres Silva. El ministro de Justicia de Aylwin, Francisco Cumplido, promovió un conjunto de leyes conocidas como “leyes Cumplido” que permitieron cerrar las causas contra un gran número de los procesados por Torres, especialmente las de aquellos que habían sido acusados de “ayudistas” por actos como facilitar el teléfono desde el cual uno de los frentistas hizo un llamado el día del atentado a Pinochet, aún sin saber de quién o qué se trataba. Otros fueron indultados o tantos vieron rebajadas sus penas y pudieron salir prontamente en libertad. Un grupo más reducido, aquellos involucrados en los llamados “hechos de sangre”, condenados, por ejemplo, a prisión perpetua, pudieron conmutar sus penas por extrañamiento.

Como auditor general y con rango de ministro de Corte Suprema, en democracia Torres empezaría a ocuparse de obstaculizar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Él mismo se hacía llamar “el Villano invitado” cuando debía integrar una sala o el pleno, pues la ley le permitía hacerlo cuando se vieran materias que incidieran en el Ejército.

En el futuro se le reprocharía haber desestimado el peso del juicio contra Pinochet en España y haberle aconsejado viajar sin temor a Inglaterra, en 1998. También sería criticado por viajar personalmente, en 1997, para intentar persuadir al juez español Manuel García Castellón (predecesor del juez Baltasar Garzón) de que las acusaciones contra el general estaban motivadas por revanchismo político y eran una conspiración del Partido Comunista, con lo que no sólo no convenció, sino que, sin haberlo buscado, validó la jurisdicción española para juzgar al militar.

Se llegó a decir que por sus torpes acciones y consejos, habría perdido el favor de la familia Pinochet. No obstante, en el entorno del militar retirado, se asegura que esa amistad nunca se quebró y que incluso aún visita a Lucía Hiriart, pese a que su relación con la viuda no era tan cercana como la que tenía con su marido.

En abril de 1999, tras el arresto de Pinochet en Londres, renunció al Ejército y a su cargo como auditor general, en medio de crecientes presiones para que abandonara el puesto.

 Tras la muerte de Pinochet en 2007, Torres fue procesado como integrante de la “asociación ilícita” que, según el magistrado Alejandro Madrid, se creó para sacar de Chile al químico de la DINA Eugenio Berrio a fines de 1991, y así evitar su comparecencia ante la justicia para que declarara en el caso por homicidio de Orlando Letelier, que había sido reabierto y entregado al ministro Adolfo Bañados. Un año después, Berríos fue asesinado en Uruguay cuando intentó escapar de sus protectores. Torres estuvo recluido más de un mes en un recinto militar, antes de que se le concediera la libertad bajo fianza.

En 2013, la Corte de Apelaciones aumentó las condenas en este caso, subiendo la de Torres a 10 años y un día. Sin embargo, la pena no se ha hecho efectiva pues hay un recurso de casación en la forma y en el fondo pendiente en la Corte Suprema. También tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, donde Torres Silva presentó un recurso por inconstitucionalidad contra las resoluciones judiciales.

A sus 75 años de edad, hoy, el abogado, a quien Pinochet consiguió ascender a general antes del ocaso de su poder, expresa en privado admiración y respeto por aquellos que en el pasado fustigó. Valora, por ejemplo, la labor de los periodistas que han investigado las causas por violaciones a los derechos humanos, como a Mónica González, y en su ranking de preferencias ocupa el primer lugar el obispo Sergio Valech.

Torres, de hecho, escribió en 2009 una carta que fue publicada en El Mercurio, valorando la labor del vicario, cuando éste anunció su retiro como obispo. Valech “es un hombre superior”, dijo. Una fuente relata que, temprano en la mañana de ese día, apenas publicada esa nota, Valech llamó al abogado y lo invitó a tomar onces. “Se hizo una rutina entre ambos reunirse periódicamente, una vez al mes, para conversar”, afirma. En algunas ocasiones, Torres le pidió, sin mayores resultados, que intercediera por algunos uniformados procesados, como Odlanier Mena, el ex director de la CNI y enemigo acérrimo de Manuel Contreras. El vicario, dice la fuente, también hizo peticiones que se cumplieron discretamente. Ambos siguieron viéndose hasta el fallecimiento del obispo, en noviembre de 2010.

 


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