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Enrique Erasmo Sandoval Arancibia (Buscar info)

Mayor de Ejercito

Agente CNI

C.I.: 6.115.206-7

Domicilio: Pedro de Valdivia 963, Providencia, Santiago

                 Libertad 147, La Cruz, Quillota

 

28 de Diciembre 2005 La Nación

Detenido funcionario de Providencia

El ministro Jorge Zepeda dejó detenido al funcionario de seguridad vecinal de Providencia, mayor (R) Enrique Sandoval Arancibia, a quien la semana pasada procesó por secuestro y homicidio del menor Carlos Fariña Oyarce (14), quien fue sacado de su hogar en La Pincoya el 13 de octubre de 1973.Tras notificar ayer al ex uniformado, el magistrado se manifestó conforme “en cuanto se culmina una investigación”. No obstante, precisó que “la tragedia está por el lado de las víctimas y por el lado de quienes en su oportunidad tuvieron alguna responsabilidad”.Enrique Ibarra, defensor de Sandoval, informó que el ministro le concedió la libertad previo pago de una fianza de 50 mil pesos y con consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago. Por ello, hasta que el tribunal resuelva su situación, Sandoval permanecerá recluido en dependencias del Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Sorpresa en la familia

El hermano de la víctima, Iván Fariña, dijo estar sorprendido por la eventual libertad de Sandoval y anunció una reunión para hoy a medio día con el ministro Zepeda, “para saber qué puedo esperar, cuándo habrá condenas”.

En su investigación, el juez precisó que el personal que actuó en el operativo pertenecía al Regimiento de Infantería de Montaña N° 3 Yungay, de San Felipe, que en ese momento estaba acantonado en el recinto de Quinta Normal.

Sandoval, entonces estaba al mando de la segunda sección de la primera compañía “Cazadores” del Regimiento y habría sido el autor material del homicidio del menor.

Este es el segundo procesamiento dictado por Zepeda en la causa, ya que desde 2004 está encargado reo -por los mismos delitos- el mayor (R) Donato López, quien estuvo a cargo de esta unidad militar.

El ex uniformado trabaja como inspector técnico de servicios externos de la dirección de seguridad vecinal de la comuna.

Labbe: “no tengo opinión”

El alcalde (UDI) de Providencia, Cristián Labbé, sostuvo que esperará que la justicia indague y que los tribunales resuelvan la situación del funcionario.

Y agregó que “yo no tengo opinión sobre esto. El señor Sandoval es un funcionario administrativo que no tiene responsabilidades de seguridad y que no tiene actividades con la comunidad”.

En entrevista con Canal 13, el edil afirmó que “lo único que siento es que sigamos con el tema a 30 y tantos años (...) Como funcionario, el señor Sandoval tiene todo el apoyo de la municipalidad hasta que la justicia dictamine”

29 de Diciembre 2005 El Mostrador.cl

Caso Fariña: Otorgan libertad a ex militar procesado por crimen de niño

El ex militar, que deberá pagar una fianza de $50 mil para acceder al beneficio, está procesado como autor del secuestro y homicidio de Carlos Fariña Oyarce, detenido cuando sólo tenía 13 años.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el beneficio de la libertad provisional en favor del mayor (R) del Ejército y actual funcionario de la Municipalidad de Providencia, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia.

El ex militar, que deberá pagar una fianza de $50 mil para acceder al beneficio, está procesado como autor del secuestro y homicidio de Carlos Fariña Oyarce, quien fue detenido en 1973 cuando estaba próximo a cumplir 14 años, transformándose en una de las víctimas más jóvenes de la represión del régimen militar.

La decisión fue adoptada en forma unánime por los ministros Jorge Dahm y Patricio Villar, además de la abogada integrante María Victoria Valencia.

Por la muerte del menor también está procesado el mayor (R) del Ejército Donato López, que además es responsabilizado por los crímenes de Víctor Vidal, de 16 años, y Héctor Araya, de 20.

Según la investigación judicial, Fariña Oyarce fue secuestrado desde su domicilio en la población "La Pincoya", el 13 de octubre de 1973, a las diez de la mañana, por un contingente integrado por dos carabineros, cuatro militares y dos civiles.

Fue llevado hasta una cancha de fútbol, cercana a su casa, donde se reunía a todos los detenidos en el allanamiento y se seleccionaba a quienes iban presos. Desde allí, Fariña Oyarce, fue sacado en un camión militar con destino desconocido.

Después de hacer transcurridos 27 años, el 30 de julio del año 2000, obreros que efectuaban trabajos en un terreno de una construcción, en avenida Américo Vespucio con San Pablo, cercano al aeropuerto Pudahuel, encontraron los restos del menor.

 

26 de Noviembre 2006 La Nacion

La temible historia de “Pete el Negro”

El ex agente de la DINA y la CNI, en 1973 mató por la espalda al niño Carlos Fariña y quemó el cadáver de la víctima más joven de la dictadura. En 1979 comandó la “limpieza” de los cuerpos enterrados en cuesta Barriga para arrojarlos al mar. En 1981 mató al mirista Lisandro Sandoval. Hoy trabaja junto al coronel (R) Cristián Labbé, actual alcalde de Providencia, comuna segura.

En medio de la noche de octubre de 1973, iluminada sólo por los focos del camión, el niño miró al oficial y gritó que no quería morir. Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, “Pete el Negro”, ordenó a dos soldados que lo pusieran de espalda, porque no lo quería mirar. El niño siguió pidiendo clemencia. El oficial levantó su pistola Steier y le dio cuatro tiros en la cabeza. Luego, un conscripto roció el cuerpo con combustible y el oficial del Regimiento Yungay encendió un fósforo y lo tiró encima. La llamarada alumbró los rostros de espanto de los dos soldados, que se taparon la cara para que el hedor de la carne abrasada no se les metiera como recuerdo imborrable en el alma. Pete permaneció imperturbable. Nadie dijo más. Cavaron rápido la sepultura clandestina en el sitio despoblado.

Con 14 años, Carlos Fariña Oyarce se convirtió en la víctima más joven de la dictadura de Pinochet. Consumida la gasolina y con la escena envuelta en la penumbra infernal de los faroles del vehículo, empujaron los restos humeantes a la improvisada tumba. La tierra que comenzó a tapar al niño no alcanzó a liberar a los soldados del espanto. Pete no se conmovió y permaneció duro en el mando. Limpiaron todo rastro y regresaron en silencio al Internado Barros Arana en Quinta Normal. Ese fue el lugar elegido donde se instalaron los efectivos de un destacamento del Yungay que provenía de la ciudad de San Felipe, en la V Región, al mando de su comandante, Donato López Almarza.

Convirtiendo las salas de clases en celdas de prisión y tortura para quienes iban cayendo en razzias callejeras y detenciones selectivas, allí instalaron su cuartel general horas después del golpe militar de 1973. Su misión en Santiago: reforzar el terror.

Con 24 años y el grado de teniente “Pete el Negro” –como le decían en el Ejército por su feo aspecto– estaba por esos días al mando de la Segunda Sección de la Primera Compañía del destacamento del Yungay. Pocos meses antes del golpe de Estado viajó a la Escuela de las Américas en Panamá para aprender a reprimir con eficacia.

Su fiereza lo hizo escalar posiciones para trabajar en Villa Grimaldi comandando la Agrupación Cóndor de la Brigada Caupolicán, allanando y deteniendo gente al lado del grupo selecto de Miguel Krassnoff y el “Ronco” Marcelo Moren Brito.

Hoy, Sandoval Arancibia –procesado por el juez Jorge Zepeda con la acusación de matar y quemar al niño Fariña– es, paradojalmente, el supervisor de la seguridad de la comuna de Providencia, bajo el mando del también ex agente de la DINA coronel (R) y alcalde Cristián Labbé. La función de “Pete” es “la Inspección Técnica de los contratos externos de la Dirección de la Seguridad Vecinal”.

Confesión intencionada

Los restos del niño Fariña se hallaron casualmente el 30 de junio de 2000, tras una excavación en el sector de la avenida Américo Vespucio con San Pablo, al oeste de Santiago.

Hace una semana, Sandoval confesó finalmente el crimen del menor ante el ministro Zepeda. Aunque intentó encubrir el asesinato como un “fusilamiento por un pelotón” ante el cual “puse al menor de frente y di la orden de disparar”, gracias a la colaboración de los doce conscriptos que esa noche comandó “Pete”, en la investigación judicial se habria establecido que el crimen ocurrió como está relatado en esta crónica. Así, al menos lo certifica el auto de procesamiento y el documento de formalización de la acusación dictada en contra de Sandoval y López Almarza por el juez.

Pero la prueba más clara de que Fariña no murió como asegura Sandoval, es el protocolo de autopsia practicado a sus restos e incorporado al expediente, que indica que le dispararon por la espalda. En su confesión, “Pete” culpó a quien era su comandante, López Almarza, de ordenarle “eliminar y hacer desaparecer” al niño el mismo día de su detención en La Pincoya el 13 de octubre de 1973, durante un allanamiento masivo en búsqueda de “extremistas”.

Operación Cuesta Barriga

Desaparecida la DINA a fines de 1977, “Pete” pasó a la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde se convirtió en uno de los preferidos de Álvaro Corbalán y llegó a comandar la Brigada Azul que persiguió al MIR. Allí operó con la chapa de “Roberto Hernán Fuenzalida Palma”.

Corrían los días de enero de 1979; poco antes –en noviembre de 1978–, los cuerpos de 15 campesinos fueron encontrados en una mina abandona de Lonquén, al sur de Santiago. Jerónimo Pantoja, al mando de la CNI en reemplazo de general Odlanier Mena, que estaba de vacaciones, ordenó a Pete: “¡Vuele la mina de cuesta Barriga. No queremos más problemas!”.

Al cuartel general de la CNI llegó la información, aportada por un cazador de conejos, de la existencia de varios cuerpos humanos tirados en un pique de la mina. Sus perros dieron con los restos por el olfato. Según dichos judiciales de Sandoval, el cazador contó el hallazgo primero en la Vicaría de la Solidaridad y pidió dinero, “pero se demoraron mucho y llegué primero”.

Primero pensaron en volar la mina, pero el explosivo necesario “provocaría un temblor grado tres” que sería registrado por los sismógrafos. Entonces, Pantoja le ordenó quemar los cuerpos con ácido, lo que rechazó por el peligro que implicaba para él y su gente.

“Pete” llamó al general Mena a su casa de veraneo en Mehuín y le dijo que era urgente su retorno a Santiago. A las doce del día siguiente, al aeródromo de Tobalaba arribó el helicóptero de la CNI y Mena ordenó: “¡Saque los cuerpos y limpie la mina!”.

 

Sandoval alias “Pete” cuenta que eligió diez agentes y partió a la cuesta con “cien sacos paperos” y los implementos necesarios. Trabajaron tres días y tres noches y llenaron “unos 50 a 80 sacos con restos humanos”. Algunos estaban esqueletizados, “pocos todavía tenían tejidos, pero el olor era putrefacto”.

En algunos de los sacos pusieron también restos de ropas. “Había que sacar todo lo que revelara la presencia de restos humanos”, afirmó el agente en el proceso de cuesta Barriga. No pudo precisar la cantidad de cuerpos extraídos, pero sospecha que fueron más de 20, todos desarticulados.

A Malloco y Peldehue

Terminada la tarea improvisaron una gran escoba con ramas de arbustos y barrieron bien para no dejar rastros. Subieron los sacos a un camión y los disimularon con fardos de pasto que llevaron para ello. Encima rociaron avena “para minimizar el olor de la carga, por si nos topábamos con gente”.

Según Sandoval, bajo las órdenes “del general Mena” llevaron los restos a la parcela expropiada al MIR en Malloco, donde pasaron la noche. A la mañana siguiente, muy temprano, partieron al campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, donde subieron los sacos a un helicóptero y los arrojaron al mar atados a rieles.

Para esta fase de la operación, “Pete” recuerda que “tomamos la ruta que lleva al santuario de Sor Teresita de los Andes”.

Finiquitado todo, Sandoval Arancibia regresó a la mina y tiró cinco perros muertos al pique, “para justificar la presencia de huesos ahí, como había dicho el cazador a la Vicaría”.

Dos años después, en agosto de 1981, siendo un capitán de la CNI y en compañía de “Juan Pablo Aguilera Espinoza”, que resultó ser el agente Víctor Manuel Molina Astete, “El Choco”, en la cercanía de la estación de Metro Ecuador, en Santiago, Pete mató a tiros al mirista Lisandro Sandoval Torres. El crimen lo confesó en el juicio, pero fue favorecido con el beneficio de la prescripción del delito.

Tres muertes y un sentimiento

¿Pero por qué debía morir el niño Fariña? ¿Cuál era el interés del comandante López Almarza para ordenar la muerte de un escolar de 14 años?

La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones logró descifrar el misterio tras ubicar a los conscriptos que participaron en el allanamiento en La Pincoya, donde Fariña fue detenido, y quienes lo sacaron del Barros Arana comandados por Sandoval Arancibia.

De acuerdo a los antecedentes recabados, Carlos Fariña Oyarce habría muerto a causa de una venganza gatillada por una relación sentimental, y no por motivos políticos. A su muerte se logró vincular otros dos crímenes cometidos por efectivos militares, uno en las mismas horas del asesinato de Fariña, y el otro, días después.

Poco antes del golpe militar, jugando con un arma de fuego, Carlos Fariña hirió casualmente a un niño de seis años. Por ello fue internado en un hogar de menores, del que se fugó y se refugió en casa de su madre, Josefina Oyarce, en La Pincoya.  Estaba en cama con fiebre el día que el contingente del Yungay realizó la operación rastrillo y ordenaron que todos los hombres mayores salieran a una cancha cercana, para luego subirlos a unos buses.

Un oficial entró a la casa de los Fariña y obligó a la madre a entregarle a Carlos, en una acción selectiva. A su vez, “un oficial joven, de bigotes, que llevaba una boina negra y ejercía el mando sobre su grupo”, según se estableció en el proceso, sustrajo de otra calle de la población a Víctor Iván Vidal Tejeda. El menor, de 16 años, tuvo el mismo destino que Fariña, pero su cuerpo fue entregado a la morgue en la madrugada del 14 de octubre de 1973.

Seis días después, en un sector de Américo Vespucio, apareció el cuerpo del artesano Ramón Zúñiga Sánchez, de 31 años, según la autopsia fallecido a raíz de impactos de balas de grueso calibre “efectuados desde larga distancia”.

La pista clave

¿Qué unió las tres muertes? En declaraciones procesales de Leontina Díaz Huerta, madre del niño herido por Fariña, sostiene que el comandante del Regimiento Yungay, Donato López, entabló con ella una relación sentimental y que después del golpe militar la sacó de La Pincoya, instalándola en otra casa fuera del lugar, visitándola a veces.

El artesano Ramón Zúñiga Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado baleado, era el esposo de Leontina y a la vez el padre del niño herido por Fariña. Zúñiga Sánchez tenía a su vez otra relación paralela con una mujer, que resultó ser hermana mayor del adolescente de 16 años Víctor Vidal Tejeda.  De esta manera, la fina investigación policial logró determinar que las muertes de Carlos Fariña, Víctor Vidal y Ramón Zúñiga Sánchez están unidas por un vínculo sentimental.

En su confesión de la semana pasada ante el juez Zepeda, “Pete el Negro” sostiene que la noche que el comandante Donato López le ordenó matar a Fariña, le dijo: “Es un pato malo involucrado en delitos. Un peligro para la población. El otro día le disparó a un niño de seis años. ¡Mátelo y haga desaparecer su cuerpo!”.

Tanto el actual “supervisor” de la seguridad de los vecinos de Providencia como López Almarza están procesados y acusados por el ministro Zepeda como autores del secuestro y homicidio calificado de Carlos Fariña, y arriesgan condena de prisión.

Lo que ahora queda por acreditar judicialmente, habiéndose logrado en forma policial, es el vínculo entre las muertes del niño Fariña y los otros dos pobladores.

28 de Junio 2007 El Mostrador

Caso Carlos Fariña: Juez Zepeda condena a militares en retiro por asesinatos de niños en 1973

Comandante (R) Donato López Almarza y el oficial (R) Enrique Sandoval Arancibia fueron sentenciado a 14 años de cárcel y cinco años de libertad vigilada, respectivamente, por el secuestro y homicidio de tres menores de la población La Pincoya.

El ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia puso fin el miércoles a la investigación por los asesinatos de los niños Carlos Fariña Oyarce (14 años), Víctor Vidal Tejeda (16) y del joven Héctor Araya Garrido (20), asesinados por agentes del Ejército en un sector de la población La Pincoya y que se constituyó en uno de los crímenes más simbólicos cometidos luego del golpe militar.

El magistrado sentenció al comandante retirado Donato López Almarza a 14 años de reclusión efectiva por los delitos de secuestro calificado y homicidios de los tres menores de edad a la época de los hechos y cinco años al oficial en retiro Enrique Sandoval Arancibia, al que se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Sandoval Arancibia actualmente se desempeña como jefe de seguridad de la municipalidad de Providencia y en varias ocasiones familiares de los menores asesinados ha solicitad su salida el cargo público.

La sentencia de más de 60 carillas dictada por el ministro Zepeda condena además al Fisco a pagar una suma total de $ 120 millones a los familiares de los menores asesinados, divididos en $ 24 millones a cada uno de los cinco querellantes en el proceso.

La sentencia judicial da cuenta clara de la represión en los primeros días de la dictadura y como agentes de estado, sin motivo aparente, desplegaron una política para “infundir temor” a la población en general y a los pobladores en particular.

Zepeda establece que un batallón del Regimiento N° 3 Yungay de San Felipe fueron trasladados al sector nororiente de Santiago, específicamente para desplegar la represión en sectores populares como la población La Pinocoya y otros donde realizaron diversos allanamientos en busca de esos opositores.

"En uno de esos operativos el del 13 de octubre de 1973 llegaron hasta la casa del menor Carlos Fariña Oyarce, ubicada en Los Músicos 6074, y sacaron de su lecho de enfermo al menor de 14 años de edad, el motivo de tal exigencia fue que días antes el menor Carlos Patricio, manipulando un arma de fuego disparó en acto casual un proyectil, hiriendo al niño Ramón Zúñiga Díaz, de 6 años de edad, siendo por este hecho ingresado, por orden del Primer Juzgado de Menores de Santiago, a la Casa de Menores, donde Carlos Patricio desesperadamente pedía ver a su madre; ésta, la señora Josefina, así lo encontró en ese internado llorando y afiebrado, al sufrir el ataque de otros menores internos”, señala la resolución.

"Los militares, en conocimiento del incidente antes referido, en definitiva sustrajeron del lado de su madre al menor Carlos Patricio Fariña Oyarce, el que se encontraba en su lecho de enfermo; trasladándolo enseguida, junto a otros detenidos reunidos en el sector "Las Siete Canchas" de la población La Pincoya hasta el cuartel base del Regimiento Yungay N° 3, en el interior de la Quinta Normal, utilizando para ello entre otros medios de transporte un microbús conducido por un particular; posteriormente, varias de las personas detenidas - procurando los hechores el mínimo peligro y el ocultamiento físico y moral de la noche - al igual que el menor Carlos Patricio Fariña Oyarce, fueron ejecutadas sin amparo o clemencia alguna”, agrega.

El mismo día, desde una casa de calle Los Pomelos, fue sacado el menor Víctor Vidal Tejeda y detenido Héctor Araya Garrido quienes corrieron la misma suerte que Carlos Fariña, luego de ser ejecutados en el sector las canchas.

El cuerpo de Carlos Fariña recién fue encontrado el 30 de junio de 2000, mientras se realizaba una ampliación de la Avenida Américo Vespucio al llegar a San Pablo, siendo identificado por el Servicio Médico Legal días después y entregado a sus hermanos, ya que la madre del niño murió sin saber de su paradero.

En tanto, los restos de Araya Garrido fueron encontrados en una fosa del Patio

29 del Cementerio General y luego incinerados por sus familiares, mientras no se sabe del destino de los restos de Vidal Tejeda.

El ministro Zepeda califica estos crímenes como de lesa humanidad por lo que no aplica la Ley de Amnistía de 1978 y rechaza aplicar la figura de la prescripción siguiendo el criterio de la Corte Suprema que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos prevalecen a la legislación chilena por el principio jurídico de ius cogens.

“Que, sin duda alguna, es posible además establecer que los actos antes descritos, por su seriedad, constituyen un ataque flagrante a la dignidad humana, atendida la especial y extrema crueldad empleada en contra de las víctimas menores de edad - dos de ellos niños y un joven - y a su entorno – en especial, en contra de las madres de los tres, que se mantuvieron, hasta que les fue posible, junto a sus hijos detenidos, garantes y fieles a su deber de protección y de cuidado - considerando asimismo que se trataba de acciones generalizadas y sistemáticas para infundir terror a la población civil, toleradas y promovidas por el mando de los subordinados que las ejecutaban, como se demuestra con el alto número de víctimas muertas al igual que los menores”, afirma.

 

Jueves 16 de octubre de 2008  La Nación

Tribunal de alzada mantuvo las penas por los crímenes de Carlos Fariña Oyarce y Víctor Vidal Tejera.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena en la investigación por los homicidios de Carlos Fariña Oyarce, Víctor Vidal Tejera (ambos menores de edad a la época de los hechos) y Héctor Araya Garrido, ocurridos a partir del 13 de octubre de 1973 en Santiago.

Para los magistrados el dictamen de primera instancia dictado por el ministro Jorge Zepeda se ajusta plenamente a los hechos, aunque hicieron una salvedad en el caso de uno de los reos.

Los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Roberto González  indicaron que Donato López Almarza deberá cumplir la pena de 10 años y un día de presidio, sin beneficios; mientas que Erasmo Sandoval Arancibia fue condenado a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada por el tiempo de 6 años. El  juez Zepeda previamente había sancionado que López Almarza debía cumplir una pena de 7 años por los delitos de secuestro calificado de las tres víctimas y otros 7 años por los homicidios calificados.

Los magistrados optaron por  rechazar la demanda en contra el fisco que en primera instancia había sido acogida y fijada en 24 millones de pesos para  cada uno de los 5 querellantes en el proceso a título de pago por daño moral.

El ministro Villarroel aportó, en todo caso, el voto en contra pues fue partidario de aplicar la prescripción de la acción penal debido al tiempo transcurrido.

 

18 de Marzo 2010
El Mostrador
Condenan a ex agentes de la CNI por muerte de opositores en 1981

Dentro de los implicados figuran Álvaro Corbalán Castilla, Alejandro Astudillo Adonis, Fernando Rojas Tapia y Enrique Sandoval Arancibia.
La justicia condenó este martes, en primera instancia, a cuatro ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por la muerte de cuatro opositores asesinados en 1981 en los alrededores de Santiago, informaron fuentes judiciales.
El juez Joaquín Billard sentenció a doce años de prisión a Álvaro Corbalán Castilla y a Alejandro Astudillo Adonis, ambos ex miembros de la temible Central Nacional de Inteligencia (CNI).
Además, fijó seis años de presidio para Fernando Rojas Tapia y para Enrique Sandoval Arancibia, también ex agentes de la CNI.
En cambio, Luis Correa Soto, procesado en este caso, fue absuelto al acreditarse su falta de participación en los hechos.
Los cinco habían sido procesados en abril de 2008 por los homicidios de cuatro militantes de izquierda ocurridos el 10 de noviembre de 1981 en el sector cordillerano de Las Vizcachas.
Las víctimas eran Juan Ramón Soto Cerda y Jaime Alfonso Cuevas Cuevas, ambos militantes del Partido Socialista, y Luis Pincheira Llanos y Nelson Luis Araneda Loaiza, que eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Sus cuerpos fueron hallados en un automóvil incendiado frente a la casa del entonces ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas.
Según organizaciones de izquierda y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, los cuatro militantes fueron asesinados tras ser detenidos por la policía secreta, que después incendió el automóvil y escenificó en el lugar un falso enfrentamiento.
Un peritaje de la Policía de Investigaciones acreditó que las víctimas no causaron los impactos que recibió el automóvil de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), como la dictadura quiso hacer creer en ese tiempo.
El juez también determinó que el Fisco y los cuatro condenados deben entregar solidariamente a siete familiares de las víctimas 30 millones de pesos

 

19 de Agosto 2010
Noticias 123
Derechos Humanos: Suprema dicta sentencia definitiva por crímenes de jóvenes tras el golpe de 1973
En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de los menores Carlos Fariña Oyarce (13) y Víctor Vidal Tejeda (16), así como por el crimen de Héctor Araya Garrido (18), ocurridos en octubre de 1973, en la Región Metropolitana.
El máximo tribunal condenó al mayor (r) Donato López Almarza a una pena de seis años de presidio sin beneficios.
En tanto, el oficial (r) Erasmo Sandoval Arancibia recibió cinco años de presidio pero se concedió el beneficio de la libertad vigilada.
El voto de mayoría fue del ministro Jaime Rodríguez y los abogados integrantes Jorge Medina y Guillermo Ruiz, mientras que el de minoría fue de los jueces Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal.
En primera instancia, el ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia había determinado dos penas de siete años de presidio para López Almarza; y una de cinco años, con el beneficio de la libertad vigilada, para Sandoval Arancibia.
En 2008, no obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago había impuesto una pena única de 10 años y un día de presidio para el mayor en retiro y mantenido la condena para Sandoval Arancibia.
Fariña Oyarce fue detenido en su domicilio de la población La Pincoya por una patrulla militar del Regimiento Yungay y desapareció. Sus restos de fueron encontrados con 12 impactos de bala en 2000, en un sitio eriazo de Américo Vespucio, comuna de Pudahuel, cuando se realizaban excavaciones para la construcción de un parque industrial.
Las otras dos víctimas fueron arrestadas en el mismo operativo en La Pincoya, en octubre de 1973, y posteriormente fueron ejecutados por efectivos el Ejército.

 

 

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