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Juan Francisco Saavedra Loyola

Coronel FACH

Agente Comando Conjunto

Alias: "Jano" ; "Mono"

 (Foto facilitada por Comision FUNA)

C.I. 4.124.917-K

Juan Francisco Saavedra Loyola, coronel de la FACH. Comandante de grupo de la Academia de Guerra Aérea, donde estuvo a cargo de los interrogatorios y tortura de sus compañeros leales al gobierno, entre ellos Alberto Bachelet.

En 1976 es nombrado Director de la Base Aérea de Colina y se integra al Comando Conjunto reemplazando en el cargo de jefe operativo a Edgard Cevallos. En 1977 se traslada a la Comunidad de Inteligencia. Hasta principios de los '90 estaba activo en la FACH con el grado de coronel.

Juan Francisco Saavedra Loyola fue sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.

 

Fuentes de Informacion: El Siglo; La Nacion; PrimeraLinea; Archivo Memoriaviva


El Mostrador

27 de Septiembre  2002

Procesan a ex jefes de Comando Conjunto por secuestro, no por obstrucción

 El juez Mario Carroza, quien investiga la supuesta rearticulación del Comando Conjunto, procesó al general (R) de la Fuerza Aérea Enrique Ruiz Bunger y al coronel (R) Juan Francisco Saavedra sólo como autores del delito de secuestro calificado.

Sus víctimas son los desaparecidos Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel Navarrete.

También los procesó por el delito de secuestro de personas sobrevivientes Isabel Stange, Javier Ruiz-Tagle, Amanda Velasco y María Isabel Calvo. Enrique Ruiz Bunger, director de inteligencia del organismo represivo, hasta ahora no había sido procesado por estos delitos, sino sólo por el secuestro de Alfonso Gaona Chávez, que instruye el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel.

En esta ronda de jueces exclusivos nunca había sido procesado El Mono Saavedra, quien sólo contaba con una encargatoria de reo dictada por el ministro Carlos Cerda en el marco de la investigación por el llamado “caso de los 13”. Tal procesamiento quedó anulado luego que la Corte Suprema aplicara en este caso la ley de amnistía.

Obstrucción a la justicia

El juez Carroza no procesó a Ruiz Bunger ni Saavedra por obstrucción a la justicia, pese a que las declaraciones del ex agente del organismo represivo, Otto Trujillo –hechas a La Nación bajo el seudónimo de Colmillo Blanco- apuntaban a ambos como jefes de la rearticulación del peligroso organismo.

Sin embargo, dijo que “esto no ha terminado, las diligencias continúan”. Existen algunas diligencias que se van a hacer en los próximos días cuya finalidad es verificar si existen grupos que está operando actualmente con el objetivo de obstruir la justicia para proteger a ciertas personas y falsear información a los tribunales.

“Mientras no dicte una resolución que defina esto, el tema va a seguirse investigando”, dijo el magistrado. Ha trascendido que todo lo relativo a la obstrucción a la justicia es llevado en un cuaderno secreto. Esto significa que al menos hasta ahora las pesquisas que ha realizado el magistrado no permitirían configurar sospechas fundadas de que ex agentes del organismo represivo actuaron presionando –a través de la amenaza o la compensación económica- a los agentes operativos de menor rango, entre ellos Otto Trujillo, para no ser vinculados en los procesos.

Ruiz Bunger quedó con arresto domiciliario, en tanto que Juan Francisco Saavedra continuará en la Base Aérea El Bosque. La representación de Ruiz Bunger quedó en manos del abogado Jorge Balmaceda, y la de Saavedra de su hijo Juan Carlos.

Respecto al interrogatorio al ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Rojas Vender, trascendió que no será hoy, pero está programado como una de las diligencias.


La Nacion

14 de Marzo 2003

Comando Conjunto: Ocho ex oficiales procesados por secuestro

El juez con dedicación exclusiva Christián Carvajal sometió a proceso a ocho ex integrantes del Comando Conjunto, entre ellos el general (r) Enrique Ruiz Bunger, ex director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), y Alvaro Corbalán
Castilla, ex jefe operativo de la CNI.
La medida adoptada por el titular del Tercer Juzgado del Crimen se refiere a la desaparición del estudiante Ignacio González Espinoza (24 años), militante del Partido Comunista, el 4 de diciembre de 1975.
También fueron procesados en calidad de autores del secuestro calificado Juan Saavedra Loyola, Sergio Díaz López, Daniel Guimpert (Armada), Manuel Muñoz Gamboa, y el ex oficial de la Armada y jefe del Departamento de Contrainteligencia del
Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Jorge Osses Novoa.
En calidad de cómplice quedó encargado reo Otto Trujillo, el conocido "Colmillo Blanco".
Hace algunos días, el magistrado -que heredó las causas del actual fiscal Mario Carroza- procesó a Alvaro Corbalán y el ex uniformado Sergio Díaz López por el secuestro calificado de Luis Moraga Cruz y Ricardo Weibel Navarrete, quienes desaparecieron el 20 de octubre y el 7 de noviembre de 1975, respectivamente.
Con la decisión del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago se comprueba que Corbalán, previo a pertenecer a la Central Nacional de Informaciones (CNI), integró la DINE, organismo que dentro del Comando Conjunto detuvo y dio muerte a opositores al régimen militar.
Corbalán cumple en la actualidad presidio perpetuo por su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca, crimen vinculado al homicidio del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro. En la actualidad el mayor en retiro permanece recluido en el Batallón de Policía Militar Número 1 de Santiago, ubicado en dependencias del Comando de Telecomunicaciones del
Ejército en la comuna de Peñalolén.
También por la desaparición de Weibel, el juez Carvajal ha procesado a los ex uniformados y ex miembros del Comando Conjunto Juan Francisco Saavedra, Enrique Ruiz Bunger y Viviana Ugarte “La Pochi”, esposa del general (r) de la Fach Patricio Campos.
La semana pasada el juez especial encausó también al ex oficial de la Armada Jorge Aníbal Osses y al coronel (R) de la FACH Roberto Serón Cárdenas, por el secuestro de Weibel Navarrete y Luis Moraga Cruz


La Nacion

30 de Enero 2004

Seis ex uniformados procesados por caso de DDHH

Latitular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Graciela Gómez, sometió a proceso a seis ex uniformados por su participación en el secuestro del ex dirigente comunista José Weibel y la detención de Carlos Sánchez Cornejo.

El encausamiento afectó a los ex miembros de la FACH Enrique Ruiz Bunger, Juan Fracisco Saavedra Loyola, Jorge Rodrigo Combos y Daniel Luis Guimpert; al ex carabinero Manuel Muñoz Gamboa; y al civil César Luis Palma Ramírez.

También fueron procesados en calidad de autores, junto a Alejandro Sáez Mardones, actualmente recluido en la cárcel de Punta Peuco, por el secuestro de José Weibel.


La Nacion

24 de Noviembre 2004

Justicia toca al Comando Conjunto

El caso Comando Conjunto, una agrupación de agentes del Estado y civiles de ultraderecha coordinada por los cuatro organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que operó entre 1975 y 1976, entró en su fase final. Es, tal vez, uno de los procesos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos por la ferocidad que hubo contra las víctimas (cerca de 70) y porque es el único caso en que participan todas las ramas castrenses, aunque las más involucradas sean la FACH y Carabineros. De hecho, algunos de sus integrantes en los años ’80 se sumaron a la Dicomcar.

La jueza con dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para investigar los delitos cometidos por este organismo represivo, Graciela Gómez, dictó en los últimos días las primeras acusaciones en contra de sus agentes, los responsables del secuestro de Carlos Contreras Maluje, hijo del primer intendente de la UP en la provincia de Concepción, ex regidor por la comuna de Concepción y dirigente del Partido Comunista.

Se trata de uno de los cuatro episodios que dividen este proceso, pero es el más simbólico, porque los hechos que rodearon el secuestro del militante de izquierda dejaron al descubierto los actos cometidos por el CC y provocaron la inmediata disolución del organismo represivo.

Nombres

Como autores intelectuales del plagio fueron acusados el general (R) FACH Freddy Enrique Ruiz Bunger y el coronel (R) de la misma institución Juan Francisco Saavedra Loyola. En tanto, como autores materiales fueron acusados Alejandro Sáez Mardones (que actualmente cumple condena por el caso degollados), Jorge Cobos Manríquez (alias ‘Kiko’ y teniente (R) de la FACH), Daniel Guimpert Corvalán (teniente en retiro de la Armada), César Palma Ramírez (alias ‘Fifo’, un civil ex Patria y Libertad y mencionado en al menos 15 asesinatos) y Manuel Muñoz Gamboa (alias ‘Lolo’, mayor en retiro de Carabineros que también fue condenado en el caso degollados).

Ruiz Bunger estaba a cargo de Inteligencia de la FACH y era un hombre de confianza del entonces comandante en jefe de la Aviación e integrante de la Junta Militar, general Gustavo Leigh, a quien acompañó cuando a éste lo destituyó el general Augusto Pinochet en 1978.

Los hechos

En su resolución, la jueza Gómez llega a la convicción de que los agentes secuestraron a Contreras Maluje y, tras torturarlo, lo utilizaron para montar un operativo donde pretendían capturar a otros militantes comunistas.

El 2 de noviembre de 1976, tras obtener el dato, proporcionado por otro detenido bajo tortura, los agentes lo interceptaron en calle Nataniel y, por la fuerza, lo llevan al centro de detención denominado La Firma (ubicado en calle Dieciocho, donde antes funcionaban las oficinas del diario Clarín).

Tras someterlo a apremios ilegítimos, el ex regidor ofrece llevar a los agentes a un lugar donde podrían apresar a otro militante comunista. Pero los planes de Contreras Maluje eran otros. Según se estableció, al día siguiente el CC montó un operativo en calle Nataniel.

Al llegar al lugar, afirma la jueza, Contreras Maluje “logra eludir a sus vigilantes y se lanza al paso de un vehículo de locomoción colectiva que transitaba en dirección al sur, por calle Nataniel, quedando lesionado a consecuencia del impacto, sin perjuicio de lo cual solicita ayuda a los transeúntes y a un funcionario de Carabineros”. Dijo estar secuestrado, pero los funcionarios no pudieron hacer nada porque apareció un vehículo patente EG-588, que, posteriormente se acredito, pertenecía a la FACH, de uso exclusivo de Ruiz Bunger, jefe de Inteligencia de la Fach. Sus ocupantes se indetificaron como agentes de la DINA. De Contreras Maluje no se supo más.


La Nacion

30 de Noviembre 2005

Condenan a siete ex integrantes del Comando Conjunto

El ministro Juan Fuentes Belmar condenó hoy a diversas penas a siete ex miembros del Comando Conjunto responsables de la desaparición, en noviembre de 1976, del dirigente comunista Carlos Contreras Maluje, informaron fuentes judiciales.

En su resolución, el magistrado no aplicó la Ley de Amnistía dictada en 1978 por el ex dictador Augusto Pinochet, pero sí la prescripción gradual de la pena, tomando como fecha de fin del secuestro calificado el 11 de marzo de 1990, fecha del retorno de la democracia.

Las condenas, de primera instancia, afectan a cuatro oficiales retirados de la Fuerza Aérea (FACH), un ex miembro de la Marina y dos de Carabineros, integrantes de esta agrupación de agentes del Estado y civiles de ultraderecha coordinada por los cuatro organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que operó entre 1975 y 1976.

El juez condenó a tres años de prisión remitida (en libertad) al director del Servicio de Inteligencia de la FACH, Freddy Ruiz Bunger, al coronel Juan Saavedra Loyola, al oficial de la Marina Daniel Guimpert y al ex oficial de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa.

La misma condena, pero con reclusión nocturna, al ex integrante de la FACH César Palma Ramírez y al policía retirado Alejandro Sáez Mardones, quien desde agosto de 2003 cumple en prisión otra sentencia por violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, también condenó a tres años y un día de presidio al ex capitán de la FACH Jorge Cobos Manríquez.

Fuentes Belmar por último, desestimó una demanda civil contra el Estado presentada por el abogado de la familia de la víctima, Nelson Caucoto.

El de Carlos Contreras Maluje fue uno de los pocos casos en que la Corte de Apelaciones de la época acogió un recurso de amparo presentado por su familia tras su detención.

El 2 de noviembre de 1976, Contreras Maluje, entonces de 29 años de edad, ex regidor de Concepción, y de profesión químico farmacéutico, fue detenido por agentes del Comando Conjunto y trasladado al recinto denominado "La Firma" (ubicado en calle Dieciocho, donde antes funcionaban las oficinas del diario Clarín) donde fue torturado.

Posteriormente, según el Informe Rettig, el dirigente fue trasladado por los agentes a un lugar donde supuestamente Contreras haría un contacto, en calle Nataniel, ocasión en que se arrojó a las ruedas de una micro gritando su nombre y su situación de secuestro.

Inmediatamente, los agentes lo trasladaron nuevamente al recinto de "La Firma" y lo ejecutaron esa misma noche en un camino cercano a Santiago, en donde sus restos fueron enterrados clandestinamente sin que hasta ahora hayan sido encontrados

El Mercurio

11 de Diciembre 2008

Corte ratifica condena contra seis ex militares por secuestro calificadoDestaca la pena de 10 años y un día decretada contra el general (r) de la FACh Freddy Ruiz Bunger y Juan Saavedra Loyola.
 

En un fallo unánime, la VI Sala del tribunal de alzada ratificó la condena a diez años y un día de prisión para el general (r) Freddy Enrique Ruiz Bunger y para Juan Francisco Saavedra Loyola.

Manuel Muñoz Gamboa, Eduardo Cartagena Maldonado y César Palma fueron condenados a cinco años y un día de presidio, y Otto Trujillo Miranda a tres años y un día, mientras que el ex oficial de la Marina Daniel Guimpert Corbalán fue absuelto por comprobarse su falta de participación.

Las condenas tienen que ver con el caso de Humberto Fuentes Rodríguez, regidor del municipio santiaguino de Renca y militante del Partido Comunista, detenido a finales de 1975 por agentes del Comando Conjunto, un organismo represor que agrupaba a miembros de diversas instituciones armadas y de la policía.

Según testimonios, Fuentes, de 59 años, fue detenido en su domicilio por agentes del Comando Conjunto el 4 de noviembre de 1975, tras lo que fue trasladado a la base aérea de Colina, una localidad al norte de Santiago.

A finales de ese año fue sacado de la base junto a otros detenidos e introducido drogado en un helicóptero para ser arrojado al mar. Sin embargo, recobró la conciencia durante el vuelo, por lo que un comando del Ejército que participó en el operativo le golpeó en la cabeza con un hierro, le abrió el estómago con un corvo y lo arrojó al mar desde lo alto.

El falló del tribunal acogió además la demanda presentada por el hijo de la víctima y condenó al Estado a pagar una indemnización de 80 millones de pesos por el daño moral producido por la desaparición de Humberto Fuentes.

A los sentenciados no se les concedió ningún beneficio alternativo, por lo que deberán ingresar a prisión para cumplir las penas impuestas.

 

La Nación

Viernes 12 de diciembre de 2008

Corte de Apelaciones dicta condena contra ex agentes del Comando Conjunto

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer la condena por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, ocurrida en 1975.

En fallo unánime los ministros de la Sexta Sala Jorge Dahm, Joaquín Billard y el abogado integrante Nelson Pozo, ratificaron el fallo emitido por el ministro Juan Fuentes Belmar el 29 de septiembre de 2006, pero modificaron las penas contra los agentes del denominado Comando Conjunto.

Es así como Freddy Ruiz y Juan Francisco Saavedra fueron condenados a 10 años y un día de presidio; Manuel Muñoz, Eduardo Cartagena y César Palma sentenciados a 5 años y un día de presidio y Otto Trujillo a 3 años y un día de presidio. En tanto Daniel Guimpert fue absuelto por falta de participación.


La Nación

Sábado 1 de agosto de 2009   

Juez del caso Víctor Jara absuelve a seis militares FACh

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar aplicó a los miembros del Servicio de Inteligencia de las Fuerza Aérea de Chile (SIFA) la prescripción y falta de participación, liberando de cargos también al funcionario civil César Palma Rodríguez.

La cúpula del denominado Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) quedó liberada de cargos en el juicio que se seguía en su contra por el secuestro del ex militante del Partido Comunista (PC) Carol Flores Castillo y el asesinato del miembro del Comando Conjunto, Guillermo Bratti Cornejo.

Esto último luego de que el ministro en visita Juan Fuentes, el mismo que investiga el asesinato del cantautor Víctor Jara, desechara los cargos que pesaban contra los seis militares involucrados en estos crímenes además del funcionario civil César Palma Rodríguez.

Se trata de los generales (R) de la FACh Edgar Cevallo Jones, Roberto Serón Cárdenas, Juan Luis López López, Freddy Ruiz Bunguer, Juan Saavedra Loyola y Daniel Guimpert Corvalán.

A los tres primeros se los liberó porque el magistrado estimó que hubo falta de participación, mientras que al resto le aplicó la prescripción de la acción penal. Lo mismo decretó respecto del civil.

Este fallo dejó preocupados a varios organismos vinculados a los derechos humanos, sobre todo porque el criterio de caducidad de la acción penal fue aplicado por el juez que actualmente indaga el crimen de Víctor Jara así como otras indagatorias ligadas a delitos de lesa humanidad.

Fuentes de la causa indicaron que esta sentencia será apelada a la Corte para que se condene a los responsables.

El magistrado en la misma línea desestimó las demandas indemnizatorias para los familiares de las víctimas, acogiendo de la misma forma la prescripción de la acción civil para las familias de Flores y Bretti.

Carol Flores Castillo fue militante del PC hasta 1974. Ese año fue detenido junto a sus hermanos y trasladado hasta la Academia de Guerra Aérea (AGA). En este recinto, ocupado por organismos represivos de la dictadura, habría sido brutalmente torturado y luego liberado.

Testigos, en el informe Rettig, declararon que tras este episodio Flores comenzó a colaborar con la SIFA delatando a compañeros del PC, lo que coincide con una serie de detenciones a militantes comunistas durante esta época. Sin embargo, en junio de 1976 desaparece.

El ex miembro de la FACh, Andrés Valenzuela Morales, declaró en el proceso que supo que miembros de la SIFA llevaron a Flores hasta el Cajón del Maipo y se deshicieron de su cuerpo.

Esto último pues se habrían enterado que éste le entregaba información a la DINA de lo que hacía el comando. Ello molestó profundamente a los encargados de la AGA.

La misma conducta, según este testigo, se le imputó al oficial Guillermo Bratti, víctima de este caso judicial.Ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Andrés Valenzuela señaló que tanto Flores como Bratti fueron ejecutados porque existía la "versión de que habían entregado información que poseíamos, a la DINA, la que efectuó operaciones perjudicando a nuestra agrupación (Comando Conjunto). La DINA, según los dichos de los agentes detenidos, les habría ofrecido más dinero, vehículo y casa".


La Nación

27 de Abril 2010

Suprema dicta sentencia por caso de derechos humanos

Ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal condenaron definitivamente a ex integrantes del Servicio de Inteligencia de la FACh, por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez.

La Corte Suprema dictó sentencia final en la investigación por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido desaparecido desde noviembre de 1975 en la ciudad de Santiago.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau determinaron las sanciones que se indican contra los responsables de estos crímenes atribuidos a personal de la SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea).

El tribunal condena a César Palma Ramírez a 5 años de presidio por su responsabilidad en calidad de autor sin beneficios; a Freddy Ruiz Bunguer a 5 años de presidio por su responsabilidad como autor concediéndose la libertada vigilada. Misma condena recayó para Juan Saavedra Loyola, Eduardo Cartagena Maldonado y para Manuel Muñoz Gamboa.

En tanto a Otto Trujillo Miranda se le condeno a 541 días de presidio por su responsabilidad en calidad de cómplice, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional.

Absuelto por falta de participación quedo Daniel Guimpert Corvalán.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización por daño moral de $ 80 millones a Humberto Fuentes Godoy, hijo de la víctima.
En este aspecto la sentencia se determinó con el voto en contra de los ministros Ballesteros y Rodríguez, quienes fueron partidarios de acoger la causal de incompetencia absoluta del tribunal.


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