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Roberto Urbano Schmied Zanzi

Agente CNI

El brigadier Roberto Urbano Schmied Zanzi fue comandante de la División Metropolitana de la Central Nacional de Informaciones (CNI) entre 1980 y 1983. Luego asumió como subdirector de Digeder. En 1989 pasó a retiro con el grado de brigadier. Sindicado en el crimen de tortura del diputado Segio Aguilo, por lo cual fue condenado a 3 años de presidio. Y fue investigado por su posible responsabilidad en el asesinato de Tucapel Jimenez.

Roberto Urbano Schmied Zanzi esta tambien procesado por el "Caso Janequeo", donde fueron asesinados Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian.

 

Fuentes de Información:  PrimeraLinea.cl; Dónde están hoy los dinos de ayer?  Gladys Díaz, La Tercera, El Mercurio, Fichas de casos de los detenidos desaparecidos; La Nacion; FuenteJudicial.cl; Archivo Memoriaviva


Primera Linea

Jueves 18 de Abril  2002

Corbalán declaró nuevamente por crimen de carpintero

En la etapa probatoria por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca -homicidio perpetrado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez-, hoy declaró ante el ministro Sergio Muñoz el ex jefe metropolitano de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán Castilla.

El ex oficial está condenado a cadena perpetua por este crimen efectuado un año y medio después del asesinato del dirigente sindical -ocurrido en febrero de 1982- con el fin de ocultar a los autores del homicidio.

Otros condenados a presidio perpetuo en este caso son el mayor (r) del Ejército Carlos Herrera Jiménez y el suboficial (r) de Carabineros, Armando Cabrera Aguilar. Diez años de cárcel recibió el civil adscrito a la CNI Osvaldo Pincetti, alias el doctor Tormento.

Sin embargo, la causa fue reabierta para indagar las responsabilidades que tendrían el brigadier Roberto Schmied y Hugo Alarcón Vergara. El primero fue sobreseído, mientras que el segundo fue encausado como presunto cómplice del asesinato de Alegría.

Hasta el 23 de abril el ministro Muñoz llevará a cabo conjuntamente las fases probatorias por los crímenes del ex presidente de la ANEF y del carpintero que residía en Valparaíso.

En otro plano, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago será la encargada de dirimir el conflicto procesal surgido entre los ministros Sergio Muñoz y Hugo Dolmestch, suscitado tras la acumulación de las causas que involucran a la CNI en manos del primero.

Se trata de la muerte de 12 militantes del FPMR en la Operación Albania, el asesinato de cuatro opositores al regimen militar en 1986 -tras el atentado a Pinochet, proceso caratulado con el nombre de José Carrasco- y la desaparicion de cinco militantes comunistas en 1987.

La acumulación de los procesos, que daría forma a un causa única, quedó en manos de Muñoz luego que éste decidiera unilateralmente hacer valer el principio de la acumulación que impide que dos jueces tramiten un proceso que involucra a los mismos encausados.

La sala ya se pronunció sobre este episodio judicial confirmando que Muñoz debe conocer los procesos. Sin embargo, el ministro en visita extraordinario Hugo Dolmestch, mediante un escrito, solicitó a la Corte Suprema que fuera revisado el dictamen del tribunal de alzada, basándose en que la competencia sobre estos tres procesos fue delegada a él por la misma corte.

La unificación de procesos fue solicitada por la defensa de Corbalán debido a que le permitirá contar con una sola condena, presumiblemente perpetua, de 20 ó 40 años.


PuntoFinal.cl

Edicion 526 2002

Ministro Muñoz se quedó corto

En términos jurídicos, el delito cometido contra Tucapel Jiménez es un homicidio calificado con todas las agravantes. Pero además fue decidido al más alto nivel de una unidad especializada del ejército -nada menos que su Dirección de Inteligencia Nacional-, y cometido por quienes estaban bajo su mando. En ese contexto, las condenas en primera instancia dictadas por el ministro en visita Sergio Muñoz sorprenden por su extrema suavidad, sin correspondencia con la premeditación y atrocidad del crimen.

La sentencia de los autores.

El general en retiro Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, director de la Dine en febrero de 1982 y sindicado como el principal autor intelectual del crimen, porque fue quien dio la orden del asesinato para que la ejecutaran sus subalternos, recibió una condena de sólo 10 años de presidio mayor en grado mínimo, sin beneficios. El segundo en el mando, Víctor Pinto Pérez, ex comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), fue sentenciado a sólo 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios. Igual condena recibió Francisco Maximiliano Ferrer Lima, ex comandante de la Unidad de Contraespionaje de la Dine, a la que pertenecían los tres autores materiales del asesinato. Antes y después de este homicidio, Ferrer Lima también dirigió el centro de detención y torturas de José Domingo Cañas, la Escuela Nacional de Inteligencia del Ejército y la División Arica de la CNI, bajo el mando de Humberto Gordon. Pinto y Ferrer fueron los encargados de planificar el homicidio.

En cuanto a los autores materiales, aparentemente la peor parte se la llevó quien disparó contra el presidente de la Anef: presidio perpetuo sin beneficios para el coronel en retiro Carlos Herrera Jiménez. Aparentemente, porque ya está cumpliendo esa pena por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca. En tanto, los otros dos hechores, los ex suboficiales Miguel Letelier Verdugo y Manuel Contreras Donaire fueron condenados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios. Uno de los dos degolló al dirigente sindical, después de haber recibido los disparos.

De la nómina de cómplices, fueron absueltos Julio Olivares Silva, ex junior de la Anef, reclutado por la CNI para espiar a Tucapel Jiménez; Miguel Nelson Hernández Oyarzo, capitán de Carabineros y ex jefe de la brigada laboral de la CNI, y el brigadier de ejército Roberto Urbano Schmied Zanzi, ex director de Inteligencia Metropolitana de la CNI. Su rol fue aportar la información que permitió la ejecución del crimen. También fue absuelto Alvaro Corbalán Castilla, el ex jefe de operaciones de la CNI y del Cuartel Borgoño, quien había sido sindicado como encubridor. Al parecer, el ministro Muñoz consideró que la cadena perpetua que está cumpliendo como autor del asesinato de Juan Alegría Mundaca es suficiente castigo.

Sólo tres inculpados conservaron su calidad de cómplices. El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y el civil Jorge León Alessandrini, agente de apoyo técnico del Dine, encargados de proveer el arma homicida, recibieron la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio. Es una pena remitida, es decir, no van a prisión. Más suave aún fue la mano para el general en retiro Hernán Ramírez Hald, ex jefe de la Unidad de Contrainteligencia de la Dine, de quien dependían Arriagada y Alessandrini, como también la Unidad de Contraespionaje. Fue condenado a 800 días de presidio menor en su grado medio, y también es pena remitida. La misma exigua condena que Ramírez Hald recibieron, en calidad de encubridores, los generales que tuvieron la misión de sacar del país a Herrera Jiménez para eludir la justicia. Esto es, Fernando Torres Silva, ex auditor general del ejército y asesor de Pinochet, y Hernán Ramírez Rurange, director de la Dine desde octubre de 1990 hasta el 10 de diciembre de 1991. Otro encubridor, el coronel en retiro Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, oficial de la Auditoría General del Ejército y estrecho colaborador de Torres Silva, fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio, pena remitida. Mucho ruido y pocas nueces


La Nación

28 Enero 2010

Juez procesa a ex jefe CNI por torturas a Aguiló

El ministro de fuero Alejandro Solís definió, en su resolución, los apremios sufridos por el diputado PS como un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, como “imprescriptibles e inadmistiables”.

El ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, fue encausado como autor de los apremios contra el actual diputado socialista Sergio Aguiló, ocurridos en 1981 cuando era militante de la Izquierda Cristiana (IC).
“En mi criterio, la tortura es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible y sería inadmistiable. Entonces, con ese propósito es que dentro del auto de procesamiento comencé por definir la tortura dentro de las normas de los tratados internacionales, llegando a la conclusión que corresponde exactamente a los maltratos que se le proporcionan a los prisioneros o detenidos en los tratados”.

Con estas palabras el ministro de fuero Alejandro Solís explicó el alcance del concepto tortura, en la resolución dada a conocer ayer, donde encausó al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, al brigadier (R) Roberto Schmied, al coronel (R) Alejandro Morel y al suboficial de Carabineros (R) Manuel Gallardo como autores de los apremios contra el actual diputado socialista Sergio Aguiló Melo, ocurridos en 1981 cuando era militante de la Izquierda Cristiana (IC).

Asimismo, procesó a los agentes Sergio Díaz y Carlos Ruperto Contreras como cómplices del mismo hecho que tuvo lugar “el 4 de diciembre de 1981 (…) cuando lo trasladan al recinto de calle Borgoño (de Investigaciones), en cuyo subterráneo, con la vista vendada, fue torturado durante diez días, mediante la aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo, mientras era interrogado sobre sus vínculos con la IC y para que delatara a sus miembros”, reseña la resolución.

Todos los procesados -menos Corbalán, que cumple condena por diversos casos de violación de los derechos humanos- fueron notificados, detenidos y se les impuso una fianza como condición para concederles la libertad, previa consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Fernández “desentendido”

En la querella presentada por Aguiló, siempre se sostuvo que el decreto que autorizó su detención -que lo mantuvo cuatro meses en la cárcel con temor a que le hicieran algo a su pequeña hija de un año y su esposa- fue firmado por el entonces ministro del Interior Sergio Fernández, quien a su juicio tenía responsabilidad en los hechos como cómplice. Pese a esto, el juez Solís no lo encausó. Al respecto, el magistrado sostuvo que la otrora autoridad del régimen militar reconoció que a él le proporcionaban las nóminas respecto a los arrestos pero que tras firmarlos “él se desentendía del paradero que pudiera tener cada caso”.
Las secuelas sicológicas y físicas de Aguiló, además de los testimonios de otros detenidos y del actual senador Ignacio Walker -quien en su calidad de abogado de la Vicaría de la Solidaridad lo liberó en abril de 1982- fueron consideradas por el ministro para dictar esta resolución.


El Mercurio

6 de Junio 2012

Condenan a agentes de la CNI que torturaron a diputado Sergio Aguiló.

A penas de 3 años de presidio, pero con el beneficio de la libertad vigilada, fueron condenados los agentes de la CNI que fueron hallados culpables de las torturas cometidas en contra de diputado Sergio Aguiló, en 1981 durante el régimen militar.

La sentencia fue dictaminada por el ministro en visita Alejandro Solís quien determinó sancionar a los responsables de éstos hechos.

De esta forma, el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Julio Corbalán Castilla fue condenado a 3 años de cárcel por éstos apremios.

Misma suerte corrieron los agentes Roberto Urbano Schmied Zanzi, Alejandro Roberto Morel Concha y Manuel Segundo Gallardo Sepúlveda. En tanto, Carlos Ruperto Contreras Ferrada y Sergio Iván Díaz Lara, recibieron una pena de 61 días de presidio.

Tras meses de investigación y una serie de diligencias, el juez estableció que la CNI actuó como un organismo de inteligencia represor de la dictadura y que entre sus funciones estaba el seguimiento, la detención ilegal y la realización de interrogatorios obligando a militantes de izquierda a entregar información "bajo tormentos físicos de variada índole".

En su fallo, el juez Solis detalla que "en efecto, en cuanto a los métodos de represión la CNI mantenía una doble metodología cuando se trataba de acciones de represión política o contrainsurgencia".

Acto seguido explica que "por una parte se aprehendía a sospechosos, sin orden administrativa o judicial alguna o bien se practicaba arrestos que se reconocían y en muchos casos se empleaban órdenes de detención fundadas en Decretos exentos firmados en blanco y se ponía los presuntos implicados a disposición de Fiscalías Militares".


Diario UChile

Miércoles 6 de junio 2012

Justicia condena a seis ex miembros de la CNI por torturar a Sergio Aguiló

El ministro de fuero Alejandro Solís condenó a seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por las torturas aplicadas en diciembre de 1981 en contra del hoy diputado independiente Sergio Aguiló Melo.

El magistrado determinó sancionar a los ex agentes: Roberto Urbano Schmied Zanzi: 3 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada; Alejandro Roberto Morel Concha: 3 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada; Álvaro Julio Corbalán Castilla: 3 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Además, el juez aplicó las penas respectivas a los ex miembros de la CNI Manuel Segundo Gallardo Sepúlveda: 3 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada; Carlos Ruperto Contreras Ferrada: 61 días de presidio. Se concedió el beneficio de la remisión condicional; Sergio Iván Díaz Lara: 61 días de presidio. Se concedió el beneficio de la remisión condicional.

Sergio Aguiló fue detenido el 4 de diciembre de 1981, cuando era dirigente de la Izquierda Cristiana. Estuvo recluido durante 10 días en el cuartel Borgoño de la CNI donde se le aplicó corriente en todo el cuerpo en un catre metálico y le mostraron las fotografías de su esposa e hija, amenazándolo con hacerlas desaparecer. Pasó seis meses en la cárcel por Ley de Seguridad del Estado.

La resolución del juez determinó que “la función significativa de la CNI era la propiamente operativa, consistente en una actuación directa contra miembros de las agrupaciones de izquierda. Contra éstas se dirigían acciones de infiltración, seguimiento, detenciones, torturas y represión armada”.


La Nacion

11 de Octubre 2013

A PROCESO TODO UN BATALLÓN CNI: FALTARÍAN 16 CAMAS EN PUNTA PEUCO

Son 18 los procesados por el Caso Janequeo, pero 2 ya están en el penal: Álvaro Corbalán y Jorge Vargas Bories. El resto son ex agentes que no habían pasado por los tribunales. Participaron en el “enfrentamiento” en que acribillaron a dos miembros del MIR.

El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza en contra de 18 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, ocurridos el 7 de septiembre de 1983 en la calle Janequeo, frente a los números 5707 y 5946, en la comuna de Quinta Normal.

Por este caso fueron sometidos a proceso los agentes de la CNI en calidad de autores.
1- Roberto Schmied Zanzi.
2- Sergio Canals Baldwin.
3- Álvaro Corbalán Castilla.
4- Aquiles González Cortés.
5- Fernando Rojas Tapia.
6- Jorge Vargas Bories.
7- José Aravena Ruiz.
8- José Salas Fuentes.
9- Arturo Sanhueza Ross.
10- Egon Barra Barra.
11- Norman Jeldes Aguilar.
12- Manuel Morales Acevedo.
13- Raúl Méndez Santos.
14- Rodolfo Olguín González.
15- Zinaida Vicencio González.

En calidad de cómplices, los procesados son:
16- Rafael Ortega Gutiérrez.
17- Raúl Escobar Díaz.
18- Eduardo Chávez Baeza.

De acuerdo a los antecedentes del proceso hasta ahora se ha determinado que:

- Un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones se avocó a investigar las actividades de personas que formaban parte del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y de aquellos que colaboraban con dicho organismo. Al grupo también se le encargó la investigación por el homicidio del general Carol Urzúa Ibáñez, intendente de Santiago, procediendo a detener a personas adherentes al citado movimiento en horas de la tarde del 7 de septiembre de 1983.

- Dentro esas actividades, el día 7 de septiembre de 1983, un número no precisado de sujetos de la CNI concurrió hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo 5707, comuna de Quinta Normal, el que estaba siendo vigilado desde hace varias semanas, donde procedieron a rodear el lugar y a disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala, en el patio trasero del inmueble, Hugo Ratier Noguera. Además, Alejandro Salgado Troquian, cuando llegaba a su domicilio, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es en calle Janequeo frente al número 5946.

- De acuerdo a la conclusión de sus respectivas autopsias las muertes se produjeron, en el caso de Ratier, por traumatismo torácico, abdominal y de las extremidades superiores e inferiores por balas, dos de las cuales fueron recibidas por la espalda; y, en el caso de Salgado por traumatismos cráneo encefálico, facial, pelviano y de las extremidades superior izquierda e inferior derecha por balas, todas con ingreso en la parte posterior.
Se dictó orden de detención en contra de todos los procesados, excepto de Corbalán Castilla y Vargas Bories, quienes se encuentran recluidos en el Penal de Punta Peuco por otras causas de derechos humanos.


PoderJudicial.cl

10 de Octubre 2013

El pronunciamiento de la corte en el caso Janequeo

“….De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 3 del Código Penal y a Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Aquiles Mauricio González Cortés, Luis Arturo Sanhueza Ros, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories, Norman Antonio Jeldes Aguilar, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Manuel Ángel Morales Acevedo, Raúl Boris Méndez Santos, Rodolfo Enrique Olguín González y Zinaida Lena Vicencio González, les ha correspondido una participación en calidad de autores en los ilícitos antes señalados en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal. Asimismo, a Raúl Hernán Escobar Díaz, Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, Luis Hernán Gálvez Navarro y a Eduardo Martín Chávez Baeza les ha correspondido participación en calidad de cómplices en los ilícitos antes señalados conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Penal, se declara:
Que, se somete a proceso y a prisión preventiva a Roberto Urbano Schmied Zanzi, Sergio María Canals Baldwin, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Aquiles Mauricio González Cortés, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Jorge Octavio Vargas Bories, José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Luis Arturo Sanhueza Ros, Egon Antonio Barra Barra, Norman Antonio Jeldes Aguilar, Manuel Ángel Morales Acevedo, Raúl Boris Méndez Santos, Rodolfo Enrique Olguín González y Zinaida Lena Vicencio González como autores de los delitos de Homicidio Calificado en las personas de Hugo Ratier Noguera y de Alejandro Salgado Troquian; y a Raúl Hernán Escobar Díaz, Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, Luis Hernán Gálvez Navarro, y a Eduardo Martín Chávez Baeza como cómplices de los delitos de homicidio calificado en las personas de Hugo Ratier Noguera y de Alejandro Salgado Troquian.”

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