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Joaquín León Rivera González

Coronel de Ejercito

Agosto de 2005: La Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema benefició con la prescripción "porque no hubo guerra" el delito de lesa humanidad por el que fue condenado el mayor (r) del Ejército Joaquín León Rivera González, responsable del homicidio calificado del menor Luis Cotal Álvarez, de 14 años, y del joven Ricardo Rioseco Montoya, de 24 años, muertos en 1973. La tesis que inauguró esta modalidad judicial razona que si "no hubo guerra", no hubo delito de lesa humanidad –que es imprescriptible, según tratados de derecho internacional suscritos por Chile– y por lo tanto, el delito prescribió porque ocurrió hace más de 30 años.
Los ministros Jaime Rodríguez Espoz y Enrique Cury rechazaron la prescripción, Nibaldo Segura y los abogados integrantes José Fernández y Luz María Jordán se pronunciaron a favor y Alberto Chaigneau estuvo ausente. En esta Sala, que es clave en los temas de derechos humanos, a la fecha de esta "prescripción" había una vacante que después sería llenada por un juez pinochetista, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Rubén Ballesteros Cárcamo, propuesto por Ricardo Lagos como nuevo supremo para ocupar la quinta plaza vacante. Esto ocurrió precisamente cuando los tribunales habían aceptado el argumento pinochetista de que "sí hubo guerra" (avalado por un decreto-ley), lo que permitía a los abogados de DD.HH. invocar los Convenios de Ginebra y el carácter imprescriptible de los delitos.

Fuente: El "punto final" a la chilena -Itinerario de una traición, Por Ernesto Carmona


*13 de agosto de 2003 - el ex comandante del regimiento húsares de Angol, Joaquín Rivera González, fue procesado por su presunta participación en la ejecución y desaparición de dos personas detenidas en octubre de 1973, acusadas falsamente de atacar a esa unidad militar, según la versión oficial entregada en esa oportunidad por el ejército. La resolución fue adoptada por el ministro en visita Fernando Carreño, quien investiga las muertes de Ricardo Rioseco Montoya, de 22 años, y Luis Cotal Álvarez (15), cuyos restos aún no son encontrados por sus familiares. el ex comandante de esa unidad permanece detenido en las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco, luego que el ministro Carreño lo procesara por el delito de secuestro calificado y por ser uno de los presuntos integrantes de un grupo de ocho militares que ejecutó a las dos personas en unas bodegas anexas al regimiento húsares (el mercurio).

*19 de octubre de 2004 - contradictorio fallo absolvió secuestro. El juez, Fernando Carreño revocó sus propias resoluciones respecto al secuestro calificado de Ricardo Rioseco Montoya y Luís Cotal Álvarez y en un nuevo fallo aplicó la prescripción del delito. Con la sentencia el juez absolvió al coronel (r) Joaquín León Rivera González, quien a octubre de 1973 era el segundo comandante del regimiento húsares de Angol, y a quien el propio ministro había procesado y formalizado la acusación en su contra como autor del delito de secuestro calificado por la desaparición de los prisioneros Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Álvarez, este último de sólo 14 años. El juez no recalificó el delito de secuestro por el de homicidio, sino que hizo valer el plazo legal transcurrido con el que prescribe el delito de secuestro. El juez fundamentó su sentencia absolutoria argumentando que existen una serie de hechos que acreditan que ambos prisioneros fueron ejecutados horas después de su detención el 5 de octubre de 1973, por integrantes del regimiento húsares de Angol bajo la orden del segundo comandante Rivera González. Sostiene el juez que ambos prisioneros fueron “fusilados” horas después de su detención, para lo cual incluyó en su sentencia declaraciones de oficiales que habrían participado en la ejecución. Sin embargo, el abogado querellante por el programa de derechos humanos del ministerio del interior Rodrigo Lillo Vera, dijo a la nación desde Temuco que “estos son elementos que el juez nunca estableció ni en el procesamiento ni siquiera en la acusación, y que nunca constaron en el expediente”. El abogado dijo que apelará de la sentencia absolutoria ante la corte de apelaciones de Temuco y que llegará hasta la corte suprema en Santiago por la vía de la casación. afirmó el jurista que “extrañamente el juez esta vez para aplicar la prescripción del delito, no hizo valer los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en chile, lo que sí había hecho cuando procesó y acusó a rivera González”. De esta manera el abogado sostuvo que la sentencia dictada por el ministro Carreño “va en contra de los tratados internacionales firmados y ratificados por chile, como el pacto de san José de Costa Rica o convención americana de derechos humanos”. El abogado expresó además que el juez Carreño “tampoco tuvo en cuenta que este delito de secuestro al que declaró prescrito, es un delito de lesa humanidad”. dijo Lillo que “ni siquiera el delito de homicidio es un delito amnistiable ni prescriptible por el paso del tiempo”, explicando que los homicidios cometidos bajo la dictadura, casos en que los cuerpos de las víctimas fueron hallados, formaron parte de una política sistemática en contra de quienes se opusieron al régimen de augusto Pinochet. Para avalar su decisión de aplicar la prescripción al delito de secuestro por sobre lo que ordena la legislación internacional sobre derechos humanos, el juez argumentó que “la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, no es ley de la república”.

*6 de agosto de 2005 - "chile o la guerra que no fue". el 5 de octubre de 1973, Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, un estudiante de la universidad técnica, de 22 años, llegó a Angol, en el sur de chile, para saber de su padre, un dirigente comunista arrestado por los militares y que, supuestamente, se encontraba en el cuartel del regimiento “húsares de Angol”. a las 4 de la tarde de ese día, el estudiante fue detenido en una calle, a la vista de muchas personas, por soldados del ejército chileno. A golpes lo subieron a un camión militar y se lo llevaron. una hora más tarde, cuando había empezado el toque de queda, esas horas siniestras en las que sólo los asesinos podían moverse por las calles de chile, la patrulla militar que detuvo al estudiante se topó con un niño de 15 años, Luis Cotal Álvarez, que caminaba apresuradamente hacia su casa. A golpes lo subieron al camión, y desaparecieron. Treinta años más tarde, se supo que esa patrulla militar los llevó hasta un almacén de materiales de construcción, ahí, fueron sometidos a toda clase de torturas, y finalmente los asesinaron a tiros. Sus cuerpos fueron ocultados, nadie los vio, no hubo velatorio ni entierro, pero según la versión oficial del ejército chileno, versión avalada por la corte suprema de justicia, el estudiante y el niño habrían sido fusilados, luego de un juicio militar, porque los dos eran guerrilleros que habían intentado asaltar el cuartel de los “húsares de Angol”. Un estudiante de 22 años y un niño de quince, habían atacado a los más de dos mil hombres armados del regimiento “húsares Angol”. El hombre que ordenó que fueran torturados, y asesinados, y que más tarde inventó la historia del ataque al cuartel, era el coronel de ejército Joaquín Rivera González. Así se llama aún el que comandó a los torturadores y a los asesinos de un estudiante y un niño. Angol está en el profundo sur de chile, la mayoría de sus habitantes son mapuches. Nadie recuerda que alguna vez el regimiento haya sido atacado. Pero los jueces de la corte suprema de justicia chilena dijeron entonces que aquel estudiante y aquel niño, eran “el enemigo”, y por lo tanto era legal según las leyes en tiempo de guerra que, una vez apresados y juzgados por una corte marcial, hubieran sido fusilados. Pero no dijeron cuándo fue el ataque, no dijeron cuándo y dónde se realizo el juicio marcial, ni si tuvieron defensores, tampoco indicaron cuándo fueron fusilados ni que ocurrió con sus cuerpos. y en Angol, en el profundo sur de chile, nadie recuerda los fusilamientos de un estudiante y un niño. Sin embargo, los padres, los familiares del estudiante y el niño, ayudados por organizaciones de defensa de los derechos humanos, consiguieron que el coronel Joaquín Rivera González fuera sometido a juicio, treinta años más tarde, por los delitos de secuestro y homicidio. Sobre el criminal pesaba una posible condena a 10 años de cárcel que debía ser confirmada por la corte suprema de justicia. Diez años de cárcel por secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer a un estudiante de 22 años y a un niño de quince. Pero la corte suprema de justicia consideró que esos delitos no existen, pues los soldados secuestran, torturan, asesina, hacen desaparecer los cuerpos, solamente cuando hay una guerra. recién, los chilenos acabamos de saber que, sin embargo de todo lo que se nos dijo durante dieciséis años, no hubo una guerra, no hubo ninguna guerra, nunca el ejército estuvo el guerra y por lo tanto el coronel Joaquín Rivera González es inocente como un recién nacido. la declaración exculpatoria de los jueces de la corte suprema es digna de la enciclopedia universal de la infamia: “la ocurrencia de acciones contra la integridad física de las fuerzas armadas, de carabineros y de la población en general, cuya veracidad no está en duda (es decir que el estudiante y el niño sí atacaron el cuartel de los húsares de Angol), no es a juicio de estos sentenciadores, suficiente razón para tener por establecido que en chile existía un conflicto armado no internacional, en los términos del artículo 3 de la convención de ginebra, el día 5 de octubre de 1973, fecha en que perpetraron los hechos”. Según la convención de ginebra los crímenes de guerra no prescriben. Según los jueces chilenos, entre el 11 de septiembre y el 4 de octubre de 1973 si existió un estado de guerra. Y también a partir del 6 de octubre de 1973 y hasta finales de 1989 hubo un estado de guerra. El estudiante y el niño fueron asesinados el día 5 de octubre, el único día en que no hubo guerra. Esta resolución de la justicia chilena es una burla al sentido universal de la justicia. No puede ser ignorada. Debemos hacer algo. (Luis Sepúlveda es escritor y adherente de attac Gijón, España).

*6 de agosto de 2005 - como un balde de agua fría cayó en la comunidad de derechos humanos el dictamen de la corte suprema que aplica el principio de prescripción en un caso que antes estaba calificado como secuestro y que modificó a homicidio. la sentencia marca un precedente que alarma a quienes tramitan estas causas, porque en primer lugar considera como prescriptible un ilícito en que existe la certeza de la muerte de la víctima, como en este caso donde si bien el cuerpo no está en manos de sus familiares se sabe que ellos fueron fusilados. Y por otro, declara inaceptable el uso de legislación internacional en tiempos de guerra, pues sostiene que no existía tal condición en el país durante la dictadura. Los ministros de la sala penal de la corte suprema en fallo dividido liberaron de responsabilidad al ex comandante del regimiento húsares de Angol, coronel del ejército Joaquín Rivera González, condenado previamente a una pena de diez años y un día de presidio. Rivera figuraba como inculpado en el caso por el secuestro de Ricardo Gustavo Rioseco Montoya y Luis Cotal Álvarez, quienes fueron vistos por última vez en octubre de 1973 y murieron fusilados a manos de una patrulla militar, según constata el informe Rettig, aunque la versión oficial señalaba que se trató “dos terroristas fusilados por asaltar el cuartel" en Angol. El dictamen sostiene en primer lugar que “al día siguiente de la llegada al poder de la junta de gobierno, se estaban cometiendo acciones en contra de la integridad física de las fuerzas armadas, de carabineros y de la población en general y que se estaban cometiendo con frecuencia graves delitos tipificados en la ley de control de armas. Sin embargo, la ocurrencia de tales acciones, cuya veracidad no está en duda, no es, a juicio de estos sentenciadores, suficiente razón para tener por establecido que en chile existía un conflicto armado no internacional, en los términos del artículo 3 común para los convenios de ginebra de 1949, el día 5 de octubre de 1973, fecha en que se perpetraron los hechos investigados”. esta misma premisa se usa para sostener que “no se ha acreditado ni tenido por establecido en autos que en la fecha señalada existía en chile una oposición entre dos fuerzas armadas o bien entre las fuerzas armadas de chile y uno o más grupos armados que no reconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una parte del territorio chileno, lo que le permitía realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar las disposiciones de derecho humanitario”. En este contexto, la suprema sostiene que no corresponde la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la ONU -además aclara que no ha sido suscrita ni aprobada por chile hasta la fecha- y tampoco el estatuto de roma. Los querellantes hicieron hincapié que los tres votos a favor de aplicar de la medida estuvieron en manos un ministro que en rigor es miembro de otra sala Nibaldo segura y de dos abogados integrantes Nibaldo Fernández y Luz María Jordán. El dato no es menor pues los jueces titulares Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, estuvieron por ratificar los cargos. Ellos sostienen que basado en el panorama político hostil de la época debía entenderse como “estado o tiempo de guerra para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo contenida en el referido código y demás leyes penales y para todos los efectos de dicha legislación”. Así afirman que “el día en que ocurrieron los acontecimientos que dan origen a esta causa, el territorio nacional se encontraba jurídicamente en estado de guerra interna”. Estas palabras, a juicio de los querellantes, podrían significar en el futuro dictar nuevamente condenas en este tipo de casos donde haya certeza del homicidio, pero no pueden evitar recordar que las sentencias de la suprema si bien no son vinculantes, si fijan un precedente. -lo que dice el informe Rettig- la comisión verdad y reconciliación analizó el caso de Rioseco y Cotal, recordando que en primera instancia las autoridades de la época indicaron que el 5 de octubre de 1973 "fueron dos terroristas fusilados por asaltar el cuartel". Ellos eran Rioseco, 22 años, estudiante en la universidad técnica del estado (UTE) de Santiago, se encontraba en Angol visitando a su padre, ex regidor comunista que se encontraba detenido en la cárcel; y Cotal, de 15 años de edad, estudiante de enseñanza básica; ambos sin militancia política conocida. Los antecedentes señalan que el primero fue detenido por una patrulla militar en su domicilio, y en el trayecto, los mismos efectivos detuvieron en la calle al menor Luis Cotal, quien circulaba en la vía pública en horas de toque de queda. de acuerdo a versiones de testigos, que recoge el informe Rettig ambos detenidos fueron conducidos a una bodega en construcción, donde fueron golpeados y luego ejecutados mediante varios tiros de arma de fuego. Los cuerpos fueron abandonados durante la noche en esa bodega, siendo recogidos en la madrugada por un vehículo militar. Nunca fueron entregados a sus familiares. Así la comisión sostiene que “no puede estimar verosímil la versión oficial de que los detenidos hayan sido ejecutados al atacar una patrulla militar del regimiento húsares de Angol, porque ambas personas habían sido detenidas por efectivos militares en forma independiente una de la otra, con anterioridad al momento en que supuestamente se intentó el ataque. y además no resulta creíble que dos civiles desarmados, uno de ellos de solo quince años, intentaran atacar una patrulla militar y aún si así hubiera sido existió suficiente tiempo entre el momento de la detención y la ejecución para desarmarlos, trámite que resulta de rigor en cualquier detención”. Por eso, la comisión estimó que ellos fueron ejecutados por agentes del estado al margen de todo proceso y sus cadáveres ocultados, violando así gravemente su derecho a la vida y el de sus familias a darles sepultura (la nación).

*4 de septiembre de 1990 - el hermano de Oscar Armando Gutiérrez Gutiérrez, don Mario Aníbal Gutiérrez Gutiérrez, efectuó una declaración jurada sobre los hechos y expresó haber acudido a todas las instancias posibles en la ciudad de Angol y luego haber efectuado una peregrinación por numerosos lugares de Santiago, tales como cárceles, regimientos (especialmente el regimiento Tacna), estadio chile, oficinas de informaciones relacionadas con detenidos, etc. el nombre del afectado no apareció en ninguna nómina de personas detenidas, desaparecidas o ejecutadas. La familia no acudió a los tribunales de justicia para dar con el paradero del desaparecido.


El Mercurio, 13 de Agosto de 2003

Encausado ex jefe de regimiento

El ex comandante del Regimiento Húsares de Angol, Joaquín Rivera González, fue procesado por su presunta participación en la ejecución y desaparición de dos personas detenidas en octubre de 1973, acusadas falsamente de atacar a esa unidad militar, según la versión oficial entregada en esa oportunidad por el Ejército.

La resolución fue adoptada por el ministro en visita Fernando Carreño, quien investiga las muertes de Ricardo Rioseco Montoya, de 22 años, y Luis Cotal Álvarez (15), cuyos restos aún no son encontrados por sus familiares.

El ex comandante de esa unidad permanece detenido en las dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, luego que el ministro Carreño lo procesara por el delito de secuestro calificado y por ser uno de los presuntos integrantes de un grupo de ocho militares que ejecutó a las dos personas en unas bodegas anexas al Regimiento Húsares.


La Nación, 5 de Agosto 2005 

Suprema aplica la prescripción en caso de derechos humanos

El máximo tribunal estableció que al haber una confesión de fusilamiento corresponde aplicar la prescripción del delito, pues está acreditada la muerte de la persona, además se cuestionó que el país estuviera en ese momento en estado de guerra, por lo que no rigen las convenciones internacionales. Con el dictamen el ex comandante del Regimiento Húsares de Angol, coronel del Ejército Joaquín Rivera González, queda libre de responsabilidad en el caso por la muerte de los jóvenes Ricardo Gustavo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvárez.

Como un pésimo precedente puede ser interpretado el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema que resolvió aplicar la prescripción en el caso por el secuestro de Ricardo Gustavo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvárez, quienes fueron vistos por última vez en octubre de 1973 y presumiblemente fusilados a manos de una patrulla militar.

En primera instancia el Juzgado de Letras de Angol resolvió liberar de cargos al único inculpado en la causa el ex comandante del Regimiento Húsares de Angol, coronel del Ejército Joaquín Rivera González, al estimar que el ilícito estaba prescrito.

Sin embargo el dictamen fue modificado por la Corte de Apelaciones de Temuco que estimó que el ex uniformado era responsable del ilícito y por tanto debía cumplir una pena de diez años y un día de presidio.

Hoy en cambio un nuevo y definitivo revés tuvo el proceso ya que la Sala Penal, en una conformación que no es la habitual estimó que el ilícito había caducado liberando completamente de responsabilidad a las partes.

En el dictamen, el voto de mayoría, sostiene que en este caso no es aplicable la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, suscrito por Chile en 1951, así como tampoco el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), porque no se encontraba vigente en 1973.

Para los ministros la “confesión de fusilamiento lleva a estos sentenciadores a entender que la prescripción, como institución jurídica, está plenamente vigente”. Principio que no comparten los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, quienes estimaron que el caso es imprescriptible porque el día en que ocurrió el delito Chile se encontraba en estado de guerra interna.

Aún así sus descargos no pudieron frente a la posición de los magistrados Nibaldo Segura y los abogdos integrantes Nibaldo Fernández y Luz María Jordán.

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Boris Paredes calificó de vergonzoso el dictamen, pues dijo constituye un fallo contradictorio en comparación a otras sentencias.

Para el abogado Juan Carlos Manns, representante del uniformado, el fallo en definitiva “estableció la muerte de esta persona y por lo tanto actuó en conformidad con esta idea”. El profesional destacó el dictamen, pues sostuvo valida la tesis de que las muertes con cuerpos hallados no son delitos de carácter permanente.

Completamente distinta fue la percepción del abogado querellante, Eduardo Contreras, quien junto con repudiar la acción y calificarla incluso de un fallo vergonzoso, alertó sobre la inusual composición de la sala, de hecho sólo hay dos ministros titulares, y el resto abogados integrantes y un magistrado de otra sala.


Lemondediplomatic.cl,

Chile, o la guerra que no fue

El 11 de septiembre de 1973, Pinochet y los otros tres oficiales traidores que comandaban la marina de guerra, la fuerza Aérea y el cuerpo de Carabineros, declararon que estaban en guerra, que el país estaba en guerra contra el marxismo “lininismo”-como repetía Pinochet vestido con uniforme de combate, y las hordas militares empezaron a asesinar, torturar, hacer desaparecer chilenas y chilenos, además de robar los bienes de todos los que caían en sus manos.

Cuando los muertos se sumaban por cientos, la justicia chilena fue ciega, sorda y muda. La mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal chileno eran –y muchos lo son todavía- ultra conservadores, abiertos simpatizantes del fascismo, y estaban unidos por un odio ancestral a la clase obrera chilena. Cuando los muertos y los desaparecidos sumaron miles, los jueces chilenos decretaron que todo era una invención de los enemigos de la patria.

Los jueces chilenos, señores de horca y látigo, siempre soñaron con que el País se rigiera como en los tiempos de la colonia: los señores de las cuarenta familias dueños del país debían mandar, y el resto de los chilenos obedecer. Sobre esa inmunda base se legislaba, sobra esa nauseabunda teoría se “hacía justicia” en Chile.

Los jueces chilenos, los que fueron miembros de la Corte Suprema durante los 16 años de la dictadura, fueron todos prevaricadores, sin excepción, fueron cómplices de las torturas, de los asesinatos, de la desaparición de personas. Sabían perfectamente lo que hacía la soldadesca y no hicieron nada, porque ellos también declararon que el país estaba en guerra.

¿Quiénes eran estos jueces? Latifundistas o parientes de grandes terratenientes que odiaban la idea de una reforma agraria. Homófobos homosexuales que soñaban con campos de concentración para gays y lesbianas. Católicos de misa diaria, cada uno con una foto junto al Papa en su escritorio. Es decir una pandilla de degenerados en cuyas manos estaba el poder de negar la justicia a los pobres, a los humillados, a los que sudaban para pagar sus lujos y excentricidades.

Ellos avalaron el estado de guerra, ellos ayudaron a identificar “al enemigo”, es decir a los militantes de la Unidad Popular, a los Comunistas, Socialistas, militantes del MIR, curas progresistas, jóvenes, y hasta niños. Y al enemigo había que aniquilarlo.

El 5 de octubre de 1973, Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, un estudiante de la Universidad Técnica, de 22 años, llegó a Angol,en el sur de Chile, para saber de su padre, un dirigente comunista arrestado por los militares y que, supuestamente, se encontraba en el cuartel del regimiento “Húsares de Angol”. A las 4 de la tarde de ese día, el estudiante fue detenido en una calle, a la vista de muchas personas, por soldados del ejército chileno. A golpes lo subieron a un camión militar y se lo llevaron.

Una hora más tarde, cuando había empezado el toque de queda, esas horas siniestras en las que sólo los asesinos podían moverse por las calles de Chile, la patrulla militar que detuvo al estudiante se topó con un niño de 15 años, Luis Cotal Álvarez, que caminaba apresuradamente hacia su casa. A golpes lo subieron al camión, y desaparecieron.

Treinta años más tarde, se supo que esa patrulla militar los llevó hasta un almacén de materiales de construcción, ahí, fueron sometidos a toda clase de torturas, y finalmente los asesinaron a tiros. Sus cuerpos fueron ocultados, nadie los vio, no hubo velatorio ni entierro, pero según la versión oficial del ejército chileno, versión avalada por la Corte Suprema de Justicia, el estudiante y el niño habrían sido fusilados, luego de un juicio militar, porque los dos eran guerrilleros que habían intentado asaltar el cuartel de los “Húsares de Angol”.

Un estudiante de 22 años y un niño de quince, habían atacado a los más de dos mil hombres armados del regimiento “Húsares Angol”.

El hombre que ordenó que fueran torturados, y asesinados, y que más tarde inventó la historia del ataque al cuartel, era el coronel de ejército Joaquín Rivera González. Así se llama aún el que comandó a los torturadores y a los asesinos de un estudiante y un niño.

Angol está en el profundo sur de Chile, la mayoría de sus habitantes son mapuches. Nadie recuerda que alguna vez el regimiento haya sido atacado. Pero los jueces de la Corte Suprema de justicia chilena dijeron entonces que aquel estudiante y aquel niño, eran “el enemigo”, y por lo tanto era legal según las leyes en tiempo de guerra que, una vez apresados y juzgados por una corte marcial, hubieran sido fusilados. Pero no dijeron cuándo fue el ataque, no dijeron cuándo y donde se realizo el juicio marcial, ni si tuvieron defensores, tampoco indicaron cuándo fueron fusilados ni que ocurrió con sus cuerpos.

Y en Angol, en el profundo sur de Chile, nadie recuerda los fusilamientos de un estudiante y un niño.

Sin embargo, los padres, los familiares del estudiante y el niño, ayudados por organizaciones de defensa de los derechos Humanos, consiguieron que el coronel Joaquín Rivera González fuera sometido a juicio, treinta años más tarde, por los delitos de secuestro y homicidio.

Sobre el criminal pesaba una posible condena a 10 años de cárcel que debía ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Diez años de cárcel por secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer a un estudiante de 22 años y a un niño de quince.

Pero la Corte Suprema de Justicia consideró que esos delitos no existen, pues los soldados secuestran, torturan, asesina, hacen desaparecer los cuerpos, solamente cuando hay una guerra. Recién, los chilenos acabamos de saber que, sin embargo de todo lo que se nos dijo durante dieciséis años, no hubo una guerra, no hubo ninguna guerra, nunca el ejército estuvo el guerra y por lo tanto el coronel Joaquín Rivera González es inocente como un recién nacido.

La declaración exculpatoria de los jueces de la Corte Suprema es digna de la enciclopedia universal de la infamia: “La ocurrencia de acciones contra la integridad física de las fuerzas armadas, de Carabineros y de la población en general, cuya veracidad no está en duda (es decir que el estudiante y el niño sí atacaron el cuartel de los Húsares de Angol), no es a juicio de estos sentenciadores, suficiente razón para tener por establecido que en Chile existía un conflicto armado no internacional, en los términos del artículo 3 de la Convención de Ginebra, el día 5 de octubre de 1973, fecha en que perpetraron los hechos”.

Según la Convención de Ginebra los crímenes de guerra no prescriben. Según los jueces chilenos, entre el 11 de septiembre y el 4 de Octubre de 1973 si existió un estado de guerra. Y también a partir del 6 de Octubre de 1973 y hasta finales de 1989 hubo un estado de guerra. El estudiante y el niño fueron asesinados el día 5 de octubre, el único día en que no hubo guerra.

Este resolución de la justicia chilena es una burla al sentido universal de la justicia. No puede ser ignorada. Debemos hacer algo.


Emol.com, 5 de Agosto de 2005

DD.HH: Corte Suprema aplica prescripción en caso de homicidio calificado

La Sala Penal absolvió al coronel del Ejército Joaquín Rivera González, condenado por el asesinato de dos jóvenes en 1973, al estimar que se trata de un homicidio y no de un secuestro calificado.

SANTIAGO.- En un histórico fallo, la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió aplicar la prescripción al caso de homicidio calificado de Ricardo Rioseco Montoya (22) y Luis Cotal Álvarez (15), quienes murieron fusilados en el regimiento de Angol el 5 de octubre de 1973.

Acogiendo un recurso de casación en el fondo, presentado por la defensa del segundo comandante del Regimiento Húsares de Angol, coronel (r) del Ejército Joaquín Rivera González, el tribunal decidió, por tres votos contra dos, revocar la condena de diez años y un día que le había aplicado la Corte de Apelaciones de Temuco el 15 de octubre de 2004.

Dicho tribunal, a su vez, había revocado el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado de Letras de Angol, que había absuelto al inculpado por considerar que estaba prescrita la acción penal.

La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió hoy anular la sentencia al estimar que se trata de un homicidio calificado y no de un delito de secuestro debido a que el ex uniformado confesó haber dado muerte a las víctimas. 

Pese a que los cuerpos de los fusilados nunca han aparecido, el fallo se basa en los testimonios de varias personas que estuvieron próximos al hecho. Uno de ellos pertenece al dueño de la bodega donde ocurrieron los asesinatos, quien relató que "los cuerpos fueron cortados por la mitad, que le exigieron que trajera cuatro sacos, que los cuerpos los echaran al jeep y le señalaron que los irían a botar al río".

Fallo no acoge tratados internacionales

En la resolución se estableció que no es aplicable la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, suscrito por Chile en 1951, así como tampoco el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), porque no se encontraba vigente en 1973. 

Tampoco se consideró que es aplicable la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra de la ONU, puesto que no ha sido suscrita por nuestro país. 

El voto de mayoría, correspondiente a los ministros Nibaldo Segura y a los abogados integrantes Luz María Jordán y José Fernández, desconoce la existencia de un estado de guerra en Chile que haría aplicable los tratados internacionales, sosteniendo que "no se ha acreditado ni tenido por establecido en autos que en la fecha señalada (octubre de 1973) existía en Chile una oposición entre dos Fuerzas Armadas o bien entre las Fuerzas Armadas de Chile y uno o más grupos armados que no reconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una parte del territorio chileno, lo que le permitía realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar las disposiciones del derecho humanitario".

Los magistrados sostienen, además, que "tampoco se ha acreditado en autos que existía en Chile la rebelión militarizada capaz de provocar el estado de guerra interno". 

El voto de disidencia

Votaron en contra de esta resolución los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, quienes estimaron que el caso es imprescriptible porque el día en que ocurrieron los hechos el territorio nacional se encontraba jurídicamente en estado de guerra interna por el estado de sitio decretado por la autoridad. 

Los magistrados sostuvieron, además, que "no es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que al quebrantamiento de las leyes de tal estado y las limitaciones que a la auto exoneración respecto de ellas imponen los convenios de Ginebra y los otros instrumentos internacionales ya entonces en vigor sobre la materia".


12 de Enero 2007 El Mostrador

Muerte de campesino en cuartel de Talca

Fallo unánime del máximo tribunal favoreció a Germán Borneck Matamala, Nelson Cayupi Contreras y José Henríquez Salamanca implicados en el deceso de Bernardo Solorza González. Fallo estima que no hubo política institucional de tortura de parte de los organismos de seguridad del Estado, pese a que víctima fue reconocida como tal por el informe de la Comisión Rettig.

En la primera sentencia de casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar emitida a lo largo de lo que va del año, la Corte Suprema se negó a considerar a la tortura como un crimen de lesa humanidad y absolvió a tres ex detectives implicado en la muerte de un campesino detenido entre el 18 y 21 de abril, en un cuartel policial de la ciudad de Talca.

En fallo unánime los ministros Alberto Chaigneau, Jaime Rodríguez Espoz, Hugo Dolmestch y los abogados integrantes Fernando Castro y Juan Carlos Cárcamo ratificaron la absolución dictada el 31 de mayo de 2005, en el caso del detenido Bernardo Solorza González.

La resolución favoreció a los ex detectives Germán Borneck Matamala, Nelson Cayupi Contreras y José Henríquez Salamanca, que inicialmente, el 12 de noviembre de 2004, habían sido condenados por el juez Gerardo Bernales, a penas de 541 días de presidio por el delito de apremios ilegítimos.

El tribunal de alzada talquino había considerado extinguida la responsabilidad penal de los ex detectives y estimado que los funcionarios policiales actuaron de acuerdo a un orden legal, pese a que Solorza González fue considerado como una víctima de la represión por el informe de la Comisión Rettig.

La Corte Suprema ratificó este criterio y aseguró que se trata de un delito común, que no puede ser considerado como parte de una política de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado de Chile.

"Es menester tener en cuenta que los hechos que motivaron la formación de causa, se originan en la detención de la víctima, no cuestionada como ilegal (...) lo que tuvo lugar en el contexto de un delito común en el se atribuyó participación junto a otros sujetos, escenario en que los agentes obrando fuera de toda norma y con abuso de poder le causaron lesiones, sin que se hubiere establecido algún propósito de las mismas, más allá de la agresión y el daño corporal, como tampoco, que ellas se enmarcan dentro de una política institucional o de Estado, como un procedimiento general aceptado, en el contexto de una determinada ideología o con propósitos genocidas, por lo que tales circunstancias por sí solas no son idóneas para calificar tales conductas como atentados contra los derechos humanos", dice el fallo redactado por el ministro Rodríguez Espoz.

La víctima

Bernardo Solorza González murió el 21 de abril de 1980 en un cuartel policíal de Talca e inicalmente se habló de un caso de suicidio, sin embargo la Comisión Rettig lo consideró en 1991 como una víctima de la dictadura militar.

En el Informe Rettig se señala textualmente respecto a su caso: "El 21 de abril de 1980 murió Bernardo Enrique SOLORZA GONZALEZ. Fue detenido por personal de Investigaciones en Talca, acusado de la comisión de delitos comunes. Oficialmente se informó que la víctima se suicidó ahorcándose, causa que fue consignada en el certificado de defunción. Sin embargo, antecedentes y testimonios recibidos por esta Comisión indican que la víctima falleció producto de los malos tratos y torturas que se le infligieron durante su detención. La Comisión adquirió la convicción de que Bernardo SOLORZA murió a consecuencia de torturas de parte de agentes estatales, quienes violaron así sus derechos humanos (Fuente: www.memoriaviva.com)". Su muerte fue investigada judicialmente como homicidio hasta el 30 de abril de 1981 cuando se dictó sobreseimiento definitivo, pero el 18 de junio del mismo año la Corte de Apelaciones de Talca ordenó reabrir el proceso e investigar un eventual delito de lesiones por parte de los polícias del cuartel, investigación que se archivó el 27 de abril de 1981.

Una denuncia presentada el 11 de julio de 2003 por la familia de la víctima permitió que se reabriera la investigación el 4 de marzo de 2004, investigación donde el juez Gerardo Bernales dictó sentencia en noviembre de ese mismo año.

Precedente en el mismo sentido

Esta es la segunda vez que la Corte Suprema falla a favor de agentes de Estado en un caso por violaciones a los derechos humanos en dictadura, anteriormente en 2005 había favorecido al general (r) Joaquín León Rivera, que en primera instancia había sido condenado a 10 años de presidio por el caso de los detenidos desaparecidos Luis Cotal Rivera y Ricardo Rioseco Montoya.

En el fallo, no obstante, se admitió "que, en circunstancias que Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvarez se encontraban detenidos en la bodega individualizada en el párrafo A de la motivación tercera de la sentencia en alzada, desarmados y encañonados por un grupo de conscriptos, hizo su aparición en ella don Joaquín León Rivera González, 2º Comandante del Regimiento, quien sacó su pistola y apuntó a uno de ellos, pero la bala no salió, disparando luego los conscriptos, falleciendo en el acto Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvarez, sin que sus cuerpos hayan sido encontrados hasta la fecha".

Y se agregaba luego: "que, los elementos de convicción analizados en el motivo segundo de la sentencia en alzada constituyen un conjunto de presunciones judiciales que, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten a esta Corte adquirir la convicción de que Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvarez fueron muertos. En efecto, el testigo Duberli Héctor Rodríguez Silva (fs. 19 y 148), dueño de la bodega donde ocurriendo los hechos, asegura haber presenciado el fusilamiento de las víctimas, precisando que los cuerpos “fueron cortados por la mitad”, que le exigieron que trajera cuatro sacos, que los echaron (los cuerpos) al jeep y le señalaron que los irían a botar al río y que ellos mismos (refiriéndose a los conscriptos) limpiaron con agua el lugar para no dejar rastros".


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