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Hernan Ramirez Rurange

General de Ejercito


El Mercurio

Viernes 19 de Abril  2002

Nuevas declaraciones en caso Tucapel Jiménez

 El general en retiro Hernán Ramírez Rurange declaró esta mañana ante el ministro en visita Sergio Muñoz, en el marco de la etapa probatoria de la investigación por la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez ocurrida el 25 de febrero de 1982.

En la oportunidad el general Ramírez Rurange, quien está acusado de ayudar a huir del país al autor confeso del crimen, Carlos Herrera Jiménez, en septiembre de 1991, reiteró su "absoluta inocencia" y sostuvo que el jamás dio una orden para que Herrera Jiménez se fuera de Chile.

El general Ramírez Rurange, quien fue director de la Dine en 1991, está acusado de encubridor en el caso, y acudió a declarar como testigo del general en retiro Fernando Torres Silva, ex fiscal militar.

Ramírez Rurange afirmó además que sólo se enteró de que Carlos Herrera Jiménez había matado a Tucapel Jiménez por la prensa el año pasado.

A la jornada de hoy también acudió a prestar declaración el general en retiro Hernán Ramírez Hald, quien sin embargo no intervino ante el ministro Muñoz puesto que la defensa del brigadier en retiro Víctor Pinto Pérez lo levantó como testigo.

Relata crimen

El caso de la muerte del líder gremial tomó un nuevo giro luego que el 12 de abril pasado, el mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez entregara, en audiencia judicial pública, detalles del homicidio de Tucapel Jiménez, y aunque planteó que por honor no diría los nombres de quienes lo acompañaron en la escena del crimen, en un lapsus dijo que uno de los suboficiales era Letelier, identidad que corresponde a otro de los procesados en la causa.

El autor confeso del crimen del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) dijo que recibió la orden de eliminar al sindicalista de parte de sus jefes en el Cuerpo de Inteligencia del Ejército, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el ex comandante del organismo teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima.

Sostuvo que quien era el jefe máximo de la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1982, el general Ramsés Álvarez Sgolia, fue señalado por Pinto Pérez como una persona que estaba enterada del plan criminal cuando le comunicó la orden de eliminar al sindicalista.

De acuerdo con lo declarado por Herrera, ejecutó el crimen junto a dos suboficiales que fueron puestos bajo su mando. Añadió que luego del homicidio, registrado el 25 de febrero de 1982, el brigadier Pinto lo llevó a la oficina del general Álvarez, donde el director de la Dine lo felicitó por la mission


La tercera

Lunes 5 de Agosto 2002

Fallo de primera instancia se produce a 20 años del crimen CASO TUCAPEL: Perpetua para Herrera; Corbalán, absuelto

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.
 


La Nacion

29 de Diciembre 2003

Caso Berríos: solicitan extradición de militares uruguayos y dictan nuevos procesamientos

El ministro en visita Alejandro Madrid pedirá la extradición de tres militares uruguayos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. La resolución afecta a los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.

Los tres fueron procesados por el juez Madrid junto a militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están encausados algunos oficiales chilenos.

Los nuevos encausamientos apuntan a los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval y el suboficial Nelson Román, estos tres últimos en servicio activo.

Además, los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva, y los ex mayores enjuiciados también como autores Arturo Silva y Jaime Torres.

Los chilenos procesados enfrentan además cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Eugenio Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982.

Asimismo, su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976.

En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado.

El agente fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo.

En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército.

En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al juez Madrid una serie de diligencias, entre las que se incluía el eventual desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y la responsabilidad de otros 18 militares, entre ellos el general retirado Fernando Torres, ex auditor general del Ejército.

La abogada Fabiola Letelier, querellante en el caso, afirmó que la resolución se basa en la certeza del juez sobre la existencia de una asociación ilícita formada al interior de la DINE con el objetivo de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos.

Letelier, hermana de Orlando Letelier, el ex canciller que fue asesinado en Washington en 1976, agregó que una vez que estudie la resolución decidirá si solicita la reapertura de la investigación del crimen de su hermano.

Por esa muerte cumplieron condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando de esa organización.

En tanto, otro de los abogados querellantes en la causa, Tomás Ehrenfeld, señaló que el dictamen es "aplaudible" y "una acción de toda justicia".

El jurista indicó que con esta resolución se está entrando en la "obra gruesa de lo que significó esta operación para matar a Berríos y obstruir la justicia”


La Tercera

12 de Enero 2004

Rechazan libertad para ex uniformados en caso Berríos

La Corte  de  Apelaciones  de Santiago  rechazó  nuevamente  otorgarle la  libertad  a  los generales  en  retiro  Hernán Ramírez  Rurangue  y  Eugenio Covarrubias, ambos  procesados  por distintos  delitos  en  el denominado caso Berríos.

Eugenio Berríos, químico elaborador del mortal gas sarín, fue sacado del país  por efectivos del DINE del  Ejército a fines de octubre del año 1991, luego que el ministro Adolfo Bañados lo requiriera por su presunta implicancia en el asesinato del ex canciller Orlando  Letelier y del funcionario  de la Cepal Carmelo Soria. 

La última vez que se le vio  con vida en Uruguay fue el 15 de noviembre  de  1992  y  sus  restos  fueron  encontrados  con impactos de  bala en  el cráneo  en abril  de 1995, semienterrados en una playa cercana a Montevideo. 


La Nacion

13 de Enero 2004

Confirman prisión de generales (R) en caso Berríos

Por segunda vez la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó otorgar la libertad provisional a dos generales (R), ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y a otros dos oficiales (R), procesados como parte de una asociación ilícita criminal y autores y encubridores del delito de secuestro en el proceso por el crimen del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.

Intentando una maniobra común en tribunales, las defensas de los procesados, que permanecen arrestados por orden del ministro en visita Alejandro Madrid, instructor de la causa, insistieron en la petición que ya les había sido denegada hace unos días por la misma sala, aprovechando que hubo cambio de sus integrantes. Sin embargo, esta vez, a pesar de que el ministro Raimundo Díaz, que presidió la sala, votó por conceder lo pedido, el ministro Mauricio Silva y el abogado integrante Emilio Pfeiffer votaron en contra.

De esta manera, los generales (R) Eugenio Covarrubias y Hernán Ramírez Rurange, y los tenientes coroneles (R) Pablo Rodríguez Márquez y Manuel Pérez Santillán, siguen en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén.

En el proceso por el secuestro y homicidio de Berríos están encausadas 17 personas, la mayoría oficiales y suboficiales (R) del Ejército que integraban e integran aún la DINE.

Berríos fue sacado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991, primero a Argentina y Luego a Uruguay, en un complejo operativo ordenado por la DINE para evitar que éste declarara en los procesos por los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del funcionario internacional Carmelo Soria.


TVN.cl

5 de Marzo 2004

Caso Berríos: Dan libertad a ex jefe DINE

La justicia chilena concedió hoy la libertad al general retirado Hernán Ramírez Rurange, procesado por la muerte del ex agente represor Eugenio Berríos, cuyo cadáver apareció en 1995 en Uruguay, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue adoptada en un fallo dividido por la VIII Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fijó una fianza de 1.500.000 pesos (2.533 dólares) para el ex integrante del Ejército.

Ramírez Rurange, ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), fue procesado a fines de diciembre por el ministro especial que instruye el caso, Alejandro Madrid, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción a la justicia.

La misma sala rechazó otorgar el mismo beneficio a otro ex director del organismo represor, general Eugenio Covarrubias, y al civil Raúl Lillo. A este último, el juez le había concedido la libertad provisional con consulta al tribunal de alzada, beneficio que dicho tribunal revocó por considerar que Lillo es "un peligro para la sociedad".

El juez Madrid procesó el 29 de diciembre pasado a 17 ex uniformados y civiles, entre ellos cuatro uruguayos, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia y secuestro con homicidio, en el marco del proceso sobre la desaparición y muerte de Berríos.

Berríos fue un químico y agente de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y fabricó en Chile el gas sarín que se usó para asesinar disidentes.

Según ha establecido la justicia, el químico fue sacado de Chile en octubre de 1991, cuando debía declarar en el proceso por el asesinato del ex ministro de Relaciones Exteriores chileno Orlando Letelier.

El agente vivió en Montevideo hasta casi finales de 1992, cuando fue sacado de su casa por los agentes de la DINE encargados de vigilarlo, de los que logró escaparse. En 1995 su cadáver apareció enterrado en una playa uruguaya


El Mercurio

23 de Agosto 2013

Caso Berríos: Corte aumentó condenas a autores del secuestro y homicidio del ex químico de la DINA

La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.

En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.

Así el mayor (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.

El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10 años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo.

El resto de las condenas de la Corte

Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.

Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios.

Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Enrique Ibarra Chamorro: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Erika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.

 

El fallo del ministro Alejandro Madrid

En septiembre de 2010, el ministro Alejandro Madrid dio a conocer la resolución de la extensa sentencia en la cual condenó a los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la DINA. El magistrado acreditó en la investigación que Berríos fue ocultado para evitar que declarara en la investigación por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier.

En su fallo estableció que los hechos ocurrieron entre los años 1991 a 1993 -cuando apareció el cuerpo en una playa- un período "de plena vigencia del orden constitucional", y que fue perpetrado por "personal militar en servicio activo de los Ejércitos de Chile y Uruguay".

Aquella vez, la pena más alta, de los 14 condenados fue para el mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenado a una pena efectiva de 10 años y un día como autor de secuestro con homicidio y 3 años y un día por asociación ilícita.

Al ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange le dio pena efectiva de 5 años y un día por secuestro y 3 años y un día por asociación ilícita, al igual que al mayor (r) Jaime Torres Gacitúa y el brigadier (r) Manuel Provis.

Al ex director de la DINE general (r) Eugenio Covarrubias le dio 3 años y un día por secuestro y 541 días por asociación ilícita, con libertad vigilada.

Al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva lo condenó a 3 años y un día por asociación ilícita y sin beneficios, y al mayor (r) Raúl Lillo a 5 años y un día por secuestro y 100 días por asociación ilícita.

Se suman los militares Pablo Rodríguez Márquez, Marcelo Sandoval y Nelson Román a 3 años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita.

El ministro absolvió a todos quienes estaban procesados por obstrucción a la justicia, delito que está derogado, y por la infracción de no denunciar la asociación ilícita. Entre ellos, a Mario Cisternas, Nelson Hernández, Érika Silva y Emilio Rojas. Y el coronel (r) Enrique Ibarra, de asociación ilícita.
 

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