Quilhot Palma René Patricio

El ministro en visita Alejandro Madrid sometió a proceso este lunes a tres oficiales retirados del Ejército por el delito de asociación ilícita en torno al asesinato, el 16 de junio de 1976, del diplomático español Carmelo Soria.

Aunque se trata de un caso que fue amnistiado, el magistrado dictó los encausamientos considerando que los involucrados se organizaron en 1993 para obstruir a la justicia, entregándole dinero e incluso un vehículo al suboficial mayor en retiro José Ríos San Martín para que cambiara su versión de los hechos.

Es así como en su primer testimonio, este último acusó al brigadier del Ejército Jaime Lepe Orellana de orquestar a través de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) un plan para terminar con la vida de Soria, versión que más tarde modificó.Además de Lepe, también fueron procesados por asociación ilícita el oficial (r) René Patricio Quilhot Palma, y como coautores del mismo delito a Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández.

Asimismo, Lepe y Quilhot, además del coronel (r) y ex fiscal militar Sergio Cea fueron sometidos a proceso como coautores del delito de falsificación de instrumento público, siendo cómplices del mismo los ex actuarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez.

Finalmente, se indicó que los oficiales, con excepción de Cea, enfrentan también el cargo de presentación de testigos o documentos falsos en juicio criminal.

Los procesados quedaron detenidos en el Regimiento de Policía Militar Nº 1 "Santiago" ubicado en la comuna de Peñalolén.

En el caso de Eugenio Covarrubias Valenzuela, se mantiene la libertad provisional otorgada en el marco de la investigación del episodio Berríos y Huber con la misma fianza rendida y, en el caso de Zúñiga Cadenasso y García Pérez, se le concedió la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos y 100.000 pesos, respectivamente.

En tanto, en declaraciones a la radio Bío Bío la hija del diplomático español muerto hace 33 años, Carmen Soria, dijo tras ser notificada de la decisión de Madrid en el Palacio de los Tribunales que este "es un gran momento para que el Gobierno pida la reapertura del juicio".

A su juicio eso es posible, ya que pese a que el caso fue amnistiado "hay nuevos antecedentes, que es lo que se está dando, y existiendo nuevos antecedentes yo creo que el Gobierno haciendo caso de las peticiones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) debe reabrir el caso".

El caso Soria

De acuerdo a la información recogida por el informe Rettig, Carmelo Soria, de profesión economista, funcionario de las Naciones Unidas y militante del Partido Socialista, fue detenido el 15 de julio de 1976 y asesinado al día siguiente por agentes de la DINA.

Su automóvil fue arrojado dentro del canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo el del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado el día 17 de julio a un kilómetro del lugar en que se encontró el vehículo.

Una orden de detención contra el ex jefe de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda y otros seis agentes solicitó ayer la Fiscalía Nacional de España al juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta, en ese país, por el secuestro y crimen del diplomático español Carmelo Soria ocurrido en julio de 1976, bajo el régimen de Augusto Pinochet.

El fiscal Vicente González Mota hizo el requerimiento debido a que tramita la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex uniformados.

A su juicio, Contreras Sepúlveda es "la persona que indiciariamente ordenó el secuestro, detención y asesinato" del entonces funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y Caribe (Cepal), reseñan agencias de noticias españolas.

Las otras órdenes de aprehensión apuntan a los ex miembros de la Brigada Mulchén de la DINA: el capitán Juan Delmas Ramírez (muerto en 1982), el brigadier (R) Jaime Enrique Lepe Orellana; el suboficial mayor (R) José Ríos San Martín, y los coroneles (R) Guillermo Salinas, Pablo Belber y teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma.

Sobre el ellos, el fiscal estima que hay antecedentes suficientes para atribuirles participación en los hechos a diferencia de otros querellados, como el ex ministro de Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche, contra quien aún no se reúnen las pruebas necesarias. Sin embargo, no se descarta actuar contra ellos si se acredita su intervención en el crimen.

En Chile, en enero de este año, el ministro Alejandro Madrid dictó procesamientos contra Lepe y Quilhot por el crimen del diplomático.

La indagación se reabrió luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del homicidio de Soria pese a que en 1996 se había aplicado la amnistía al caso.

Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana;  el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín;  Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile.  El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

 El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella  contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.

El ministro en visita Alejandro Madrid dictó este miércoles sentencia de primera instancia en el proceso abierto por diversos delitos descubiertos durante la investigación por el homicidio del ciudadano y diplomático español Carmelo Soria Espinoza, y que se tramitó en la década de los noventa. Fue así como el integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó en esta arista al general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor el delito de asociación ilícita.
En tanto, el brigadier (r) Jaime Lepe Orellana a cumplir 3 años de presidio como autor del delito de asociación ilícita; 61 días por su responsabilidad en la falsificación de instrumento público; además de 60 días de presidio y multa de 20 UTM por su responsabilidad como autor del delito presentación de testigos falsos en juicio.

Asimismo, se condenó al coronel de Justicia (r) Sergio Cea Cienfuegos a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de falsificación de instrumento público y al
teniente coronel (r) René Quilhot Palma a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.
Junto con ello, el suboficial (r) Leonardo Quilodrán Burgos fue condenado a 60 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita y Leonardo García Pérez a 60 días de cárcel como cómplice del delito de falsificación de instrumento público.

Finalmente, el juez Madrid determinó absolver al coronel (r) Fernán González Fernández por falta de participación en los delitos indagados. "Como durante el año 1993 se procedió a reactivar la causa criminal seguida en el Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad en la que se investigaba el homicidio del funcionario internacional señor Carmelo Soria Espinoza (…) en ella consta la declaración del sub oficial mayor de Ejército señor Remigio Ríos San Martín, quién confiesa su participación en el referido crimen y menciona como co-partícipes a oficiales del Ejército pertenecientes a la DINA", dice parte del fallo

La magistrada procesó a: Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma por su responsabilidad como autores del homicidio calificado de Renato León Zenteno, ocurrido en noviembre de 1976.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Paola Plaza González sometió a proceso a 4 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad como autores  del homicidio del entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago Jorge Renato Francisco León Zenteno, hecho ocurrido entre el 29 y 30 de noviembre de 1976 en la comuna de Providencia.

La magistrada (causa rol 4.975-2021) encausó y ordenó la prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Peñalolén de Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma.

En esta etapa procesal la ministra Plaza González estableció:

a) Que, durante la dictadura cívico militar, con ocasión de la ejecución de los planes desarrollados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), existieron bajo su alero estructuras orgánicas secretas como también secretos fueron sus objetivos, cuyos integrantes dependían directamente del Director de la época, Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, a quienes se encomendó el cumplimiento de misiones "especiales" dispuestas por el Director y conocidas sólo por él. Su organización y funcionamiento, sin asignación de un cuartel determinado, al margen de cualquier orgánica, aun extraoficial, obedecía al ejercicio clandestino de acciones previamente planificadas por parte de otras estructuras, desarrollándose en la época diversos operativos dirigidos a silenciar y/o neutralizar a ciudadanos chilenos y extranjeros opositores al régimen imperante o que en cualquier medida pudieren entrabar los fines ilícitos que se había propuesto;

b) Que en este contexto, a inicios del año 1976, al entonces Capitán Jaime Enrique Lepe Orellana, oficial de reconocida confianza del General Pinochet y de Manuel Contreras -todos actualmente fallecidos- se le encomendó la labor de reclutar a un grupo de oficiales altamente capacitados en inteligencia provenientes del Curso de Comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile, quienes fueron destinados en Comisión Extra Institucional a la DINA.

Así, los primeros meses de 1976 se formó la denominada “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta” del Presidente Augusto Pinochet, la cual estaba compuesta por tres capitanes y dos tenientes, a cargo del Capitán de Ejército Guillermo Humberto Salinas Torres, el de mayor antigüedad entre sus integrantes, además de Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé, y los Tenientes Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma. Colaboraban también con actividades particulares del grupo el oficial especialista en transporte Juan Alberto Delmás Ramírez, y los Suboficiales Jorge Aqueveque Pérez, José Remigio Ríos San Martín y Bernardino Ferrada Retamales, quienes desempeñaban principalmente funciones en los traslados.

Desde que se crea formalmente la Agrupación, los oficiales Salinas, Belmar, Pérez y Quilhot se mantuvieron al menos hasta diciembre de 1976; y en el caso de Jaime Lepe, al poco tiempo fue destinado a la “Agrupación de Seguridad Directa”.

c) Que, en la misma época, funcionaba en el inmueble ubicado en Vía Naranja N°4275, sector de Lo Curro, actualmente comuna de Vitacura, domicilio de Michael Townley, su esposa Mariana Callejas e hijos, un laboratorio a cargo del agente de la DINA Eugenio Berrios Sagredo, integrante de la “Brigada Quetropillán” de la DINA -intregrada por los tres antes mencionados, entre otros- en el "rubro" de las armas químicas, que tuvo a su cargo el desarrollo del Gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y usarlo en la eliminación de opositores, plan conocido como el "Proyecto Andrea".

Eugenio Berrios Sagredo ya era conocido de Manuel Pérez Santillán, con quien tuvo sus primeros contactos alrededor de 1970 en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, y le ayudó en el desarrollo de su tesis.

d) Entre las últimas horas del 29 y la madrugada del 30 de noviembre de 1976, los oficiales Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma, integrantes de la “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta”, en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán, concurrieron al edificio ubicado en calle Holanda N°14, departamento 31, de la comuna de Providencia, domicilio de Jorge Renato Francisco León Zenteno, abogado, 69 años, entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien al abrir la puerta del inmueble es conducido por la fuerza hasta su dormitorio, dejando su cuerpo extendido sobre la cama maniatado e inmovilizado, momento en que los agentes que se encontraban en el lugar dan aviso por radio a los demás integrantes de la Agrupación, los que acompañados por el químico Eugenio Berrios Sagredo, facilitan las maniobras para que la víctima inhale por medio de spray el Gas Sarín, contra su voluntad causando su muerte en breve tiempo, producto de toxemia aguda.

e) Luego de limpiar todo indicio de su presencia en el lugar los oficiales se retiran del inmueble, dejando olvidado el contenedor del gas, motivo por el cual Berrios Sagredo acompañado de Ríos San Martín vuelve pasada la medianoche para tratar de entrar al domicilio, no logrando su objetivo porque la puerta tenía doble cerradura y el nochero del edificio se percató de su presencia, por lo que debieron retirarse.

f) Que, en la época de ocurridos los hechos un grupo de oficiales del Ejército de Chile, liderados por Manuel Contreras Sepúlveda, participó de un proyecto de adquisición de viviendas ubicadas en el sector de Talinay, en la comuna de Peñalolén, las cuales en un principio no pudieron ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago debido a que quien ejercía el cargo en ese entonces se opuso, así como también negó la inscripción y traspaso ilegal a sociedades de la DINA de terrenos ubicados en la comuna de La Reina y otros inmuebles de los que fueron despojados opositores al régimen militar.

La sala penal determinó condenas contra los agentes de la DINA Guillermo Salinas, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga, entre otros. El CDE valoró la determinación que rechazó aplicar beneficios por el paso del tiempo.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el homicidio calificado del ciudadano español y funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Carmelo Soria Espinoza, ilícito que fue cometido el 14 de julio de 1976 en Santiago.

En el fallo la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Jorge Zepeda y Eliana Quezada– condenó al agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Guillermo Salinas Torres a 15 años y un día y 541 días de presidio, en calidad de autor de los delitos de homicidio y asociación ilícita.

En tanto, los agentes Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, ex miembros de la cúpula de la DINA, deberán purgar 15 años y un día de presidio; y Juan Morales Salgado 10 años y un día, como autores del homicidio del diplomático.

En el caso de René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé deberán cumplir sendas penas de 10 años y un día y 541 días de presidio, como autores del homicidio y asociación ilícita.

Finalmente, Eugenio Covarrubias Valenzuela fue sentenciado a 4 años de presidio por infracción al artículo 212 del Código Penal, actualmente, contemplado en el artículo 207 del mismo cuerpo legal; esto es, presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento, y Sergio Cea Cienfuegos, a 600 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público.

En la causa, la Sala Penal consideró que no corresponde aplicar la excepción de la cosa juzgada respecto del condenado Salinas Torres, basada en una decisión de la Corte Suprema de 1996.

La resolución indicó que “las actuaciones procesales antes reseñadas, dejan en evidencia que la aplicación del Decreto Ley N° 2.191 sobre Ley de Amnistía, importó sustraer a Guillermo Salinas Torres de la acción de la justicia, sin un pronunciamiento sustantivo sobre su participación en los hechos luctuosos que afectaron al Sr. Soria, y con ello, omitiendo que fuera sometido al accionar de la justicia criminal”.

La sala determinó que no existían medios “para absolverlo de los cargos formulados en su contra, desde que ello importaría contrariar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República de Chile”, añadió.

Luego de conocer el fallo, el Consejo de Defensa del Estado valoró la decisión, señalando que “se ha reconocido y sancionado el delito de asociación ilícita y el de homicidio calificado ajustando las participaciones criminales de los involucrados, así como también las penas en concordancia con una parte importante de las pretensiones enunciadas por este Consejo, en cada una de las instancias previas y actuaciones desplegadas”.

A 47 años del asesinato a manos de la DINA del diplomático de la ONU, Carmelo Soria, y restando cuatro días para que se cumplan cinco décadas del golpe, los militares Guillermo Salinas Torres, René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé todavía no pisan la cárcel. El pasado 22 de agosto, el máximo tribunal ratificó sus condenas entre 15 y 10 años por el homicidio.

“¿Dónde están?”. Esta es la pregunta que por décadas se han hecho familiares de los más de 1.200 detenidos desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet. El próximo lunes 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar y, gracias al inquebrantable pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y del Orden, quienes buscan a sus seres queridos deberán seguir preguntándose lo mismo.

La familia del economista y diplomático español, Carmelo Soria, probablemente también se preguntan ¿dónde están? Sin embargo, en el caso de los Soria, quien se encuentra desaparecido no es por su pariente -asesinado en julio de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y cuyo crimen intentaron infructuosamente hacer pasar como un accidente vehicular-, sino quienes lo hicieron desaparecer.

El pasado 22 de agosto, 47 años después cometido el crimen, la Corte Suprema ratificó la condena de seis agentes de la DINA, pertenecientes a la Brigada Mulchén, por el asesinato de este diplomático y miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal). De ellos, tres siguen libres a dos semanas de confirmarse su futuro tras las rejas y a falta de solo cuatro días para que se cumplan 50 años del golpe de Estado que dio paso a los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet.

¿Dónde están? En el caso de los Soria, quien se encuentra desaparecido, la pregunta de ahora no es por su pariente -asesinado en julio de 1976 por agentes de la DINA-, sino por quienes lo hicieron desaparecer.

El coronel de Ejército en retiro Guillermo Humberto Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día de cárcel como autor del homicidio de Soria, además de asociación ilícita. Interferencia contactó a Gendarmería para saber si había sido ingresado al penal Punta Peuco, mas no figura en los registros.

Misma situación sería la del teniente coronel de Ejército en retiro, René Patricio Quilhot Palma y del brigadier en retiro Pablo Fernando Belmar Labbé, ambos condenados a 10 años y un día y 541 días de presidio como autores del homicidio y por asociación ilícita. Según publicó en sus redes sociales el espacio de memoria Londres 38, ambos continúan en libertad junto a Salinas Torres.

Los otros tres criminales de lesa humanidad, en tanto, se encuentran en Punta Peuco. Se trara de Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, condenados por este crimen a 15 años; y Juan Hernán Morales Salgado, condenado a 10 años por el asesinato, quienes estaban todos ya cumpliendo penas por otras causas también ligadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura.  

Todo pareciera apuntar a que los 50 años del golpe llegarán con los principales responsables del asesinato de Carmelo Soria prófugos. 

Esta redacción también contactó a la Policía de Investigaciones para saber si ya se está cursando la orden de detención de los homicidas. Desde el departamento de Comunicaciones indicaron que, para obtener una respuesta en torno a esto, había que consultar vía Ley de Transparencia, solicitud cuya respuesta puede tardar hasta 25 días hábiles. 

Se desconoce si ya puede considerarse prófugos de la justicia a los tres condenados, puesto que podrían aun restar diligencias por parte de la policía para llegar a su paradero y arrestarlos. Independiente de eso, todo pareciera apuntar a que los 50 años del golpe llegarán con los principales responsables del asesinato de Carmelo Soria en libertad, contrario a lo que dictó la justicia

El funcionario de la CEPAL fue detenido y torturado en 1976 por miembros de la policía secreta del régimen

La Corte Suprema chilena ha condenado hoy en forma definitiva a seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y dos exintegrantes del Ejército, por el homicidio el 16 de julio de 1976 de Carmelo Soria, diplomático español y militante comunista, miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Hace 47 años fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Entre los condenados se encuentran el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, el segundo jefe de la DINA –el director fue el general (R) Manuel Contreras– y Raúl Iturriaga Neumann, el que fue jefe del departamento exterior del mismo organismo.

Carmen Soria, la hija de Carmelo Soria, quien reside en Chile, tras conocer el fallo declara a EL PAIS: “El 16 de julio de 1976 mi madre dijo que esto era un asesinato político y hoy, cuando es 22 de agosto de 2023, la justicia chilena acaba de confirmar que fue un asesinato político. Es decir, 47 años nos costó que nos creyeran. Y las condenas son una miseria”.

El fallo señala que “la víctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte, de manera que resulta claramente identificable que los agentes realizaron dos cúmulos de acción ilícitas, completamente diversas, las primeras realizadas con el propósito de privar de libertad al sr. Soria Espinoza, en tanto que las segundas, fueron perpetradas para ocasionarle la muerte”.

Carmelo Soria Espinoza nació en 1921, en Madrid. Estaba casado con Laura González Vera y tenía tres hijos: Carmen, Laura y Luis. Fue asesinado a los 54 años, cuando trabajaba como jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), organismo dependiente de la CEPAL y, a la vez, Naciones Unidas. La tarde del 14 de julio de 1976, al salir de su oficina en el sector de Providencia, en Santiago, fue secuestrado por agentes de de la DINA. Conducía un automóvil marca Volkswagen, hasta donde se subió uno de ellos.

Después de ser torturado y asesinado, su cadáver fue arrojado junto a su automóvil, con las llaves puestas y sin la radio, en un riachuelo en La Pirámide, en el sector norte de Santiago, la capital de Chile. El vehículo estaba con las puertas cerradas, con algunos vidrios quebrados y, en su interior, había una botella de pisco. Era un escena para simular un accidente. Sin embargo, se estableció que en el crimen participaron agentes del Estado de la dictadura de Pinochet.

Ha sido un largo proceso, que ha demorado en su fallo final, en la Corte Suprema, 47 años. El primer abogado de la causa, por más de dos décadas, fue Alfonso Insunza, quien murió en 2016, mientras que hoy representan a la familia Soria Nelson Caucoto y Francisco Ugás.

El caso de Carmelo Soria partió en 1976 en el tercer juzgado del crimen de Santiago. Y ha tenido una serie de tropiezos. Por ejemplo, en 1993 la causa pasó, por un mes, de la justicia civil a la justicia militar, para luego volver a los tribunales civiles. Incluso, algunos de los agentes que habían sido identificados como partícipes del crimen fueron favorecidos con la ley de amnistía, un decreto que impulsó la dictadura y que permitía que los crímenes cometidos entre 1973 y 1978 fueran cerrados sin que se investigara.

El proceso por el homicidio fue sobreseído por los tribunales por aplicación de la amnistía. Hubo distintos intentos de reapertura. Y, en 1997, Carmen Soria, hija del diplomático español, junto a Insunza, el primer querellante del caso, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violación por parte del Estado de Chile al derecho al acceso a la justicia por la aplicación de la amnistía.

Las condenas

En la sentencia, emitida por la Sala Penal, condenó a los jefes de la policía secreta de Pinochet, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, a 15 años y un día de presidio como autores del homicidio, mientras que Juan Morales Salgado fue sentenciado a 10 años y un día de presidio como autor del homicidio. La pena no se les extendió a asociación ilícita pues los tres exagentes tienen condenas previas por ese delito por el doble asesinato, en 1974 en Buenos Aires, Argentina, del excomandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, a quienes la la DINA puso una bomba en el automóvil en que se movilizaban en una calle de Palermo.

En tanto, Guillermo Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor del homicidio y a 541 días de presidio como autor de asociación ilícita. Y René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé a 10 años y un día de de cárcel -como autores- y a 541 días de presidio como autores de asociación ilícita.

Además, Eugenio Covarrubias Valenzuela fue sentenciado cuatro años de presidio por infracción al artículo 212 del Código Penal -presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento- y Sergio Cea Cienfuegos a 600 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público.

Pedro Espinoza Bravo cumple una decena de condenas en el penal de Punta Peuco, un recinto especial donde se encuentran privados de libertad militares por causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Su primera pena fue en 1995, cuando se le acusó junto a Manuel Contreras por el asesinato en Washington, en 1976, del excanciller del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, luego que la DINA pusiera una bomba en su automóvil.

Espinoza, junto a Iturriaga Neuman, cumplen además condenas por el crimen del general Parts y su esposa.

La condena por el homicidio de Carmelo Soria se produce en la víspera de la conmemoración en Chile, el próximo 11 de septiembre, de los 50 años del golpe de Estado.

Según el Ministerio de Justicia, tras la dictadura de Pinochet en Chile hay aún 1.469 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, están en la misma condición. Del total de personas, solo 307 han sido identificadas.

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.

Se trata de tres miembros de la Brigada Mulchén de la DINA: Guillermo Salinas, Pablo Belmar y René Quilhot, quienes una vez fueron condenados, se fugaron simultáneamente de la justicia chilena en agosto de 2023. A la fecha, Salinas ha cobrado 14 millones; Belmar, 23 millones y Quilhot, 11 millones, todos recibidos en calidad de prófugos. 

En agosto de 2023, la Corte Suprema ratificó la condena en contra de seis agentes de la DINA pertenecientes a la Brigada Mulchén por el asesinato en 1976 de Carmelo Soria, diplomático y miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas. 

Según sentenció el máximo tribunal, se condenó por el crimen a Guillermo Salinas Torres, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Juan Morales Salgado, Patricio Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé. 

En concreto, Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día en calidad de autor de los delitos de homicidio y asociación ilícita, mientras que por los mismo delitos, Quilhot Palma y Belmar Labbé fueron sentenciados a penas de 10 años y un día. 

Pese a la fuga orquestada en 2023, los condenados por la justicia han recibido su pensión de manera ininterrumpida hasta febrero de este año la que ya supera los 40 millones en total. 

En detalle, según información entregada por Transparencia al periodista Andrés López Awad que ha seguido el caso y publicó la información en su cuenta de X (antes Twitter), a la fecha, Salinas Torres ya suma un monto de $14.394.724 millones; Belmar Labbé, $23.799.744; y Quilhot Palma, $11.372.034 millones. 

Respecto a los otros criminales de lesa humanidad sentenciados: Espinoza Bravo, Iturriaga Neumann y Morales Salgados, cumplen su condena en Punta Peuco, penal en el que ya cumplían pena por otras causas vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura. 

Con todo, un documento de la Policía de Investigaciones (PDI) con fecha del 25 de octubre de 2023 indica que, a la luz de los antecedentes solicitados, la Secretaría General de la Interpol publicó una notificación roja a nombre de Patricio Quilhot Palma, Guillermo Salinas Torres y Pablo Belmar Labbé con vigencia de cinco años para su captura. 

Como dato anexo, el 22 de agosto de 2023 -mismo día que la Corte Suprema dictó sentencia en contra de los agentes de la Brigada Mulchén- Patricio Quilhot, entregaba su última columna semanal en un canal de YouTube llamado Punto de Encuentro donde operaba como un líder digital influyente de comunidades de ultraderecha. 

La ruta del dinero

Según consultó Interferencia, fuentes policiales señalan que dichos dineros han sido cobrados. La estrategia para realizarlo es a través de un poder simple donde los pensionados delegan la atribución a un tercero y, por medio de esta triangulación, retiran los montos de la pensión. 

A raíz de estos nuevos antecedentes, Interferencia conversó con el periodista Andrés López Awad quien ha seguido el caso desde cerca y publicó el libro Carmelo. Matar dos veces a un mismo hombre junto al también periodista Camilo Pérez Alveal. 

Con todo, un documento de la Policía de Investigaciones (PDI) con fecha del 25 de octubre de 2023 indica que, a la luz de los antecedentes solicitados, la Secretaría General de la Interpol publicó una notificación roja a nombre de Patricio Quilhot Palma, Guillermo Salinas Torres y Pablo Belmar Labbé con vigencia de cinco años para su captura. 

"El abogado, Francisco Ugás, me dijo que ellos ya habían ejecutado ciertas maniobras para seguir la ruta del dinero a través del levantamiento del secreto bancario de los agentes para revisar los movimientos de las cuentas. Ahora la tarea es ver quiénes son las terceras personas que están recibiendo este dinero para llegue a manos de los agentes estando prófugos", comenta López Awad. 

Asimismo, indica que "es súper curioso que una vez que sale esta sentencia, estos agentes que eran íntimos de Augusto Pinochet, hayan desaparecido al mismo tiempo. Entonces, dado que ya sabemos cómo se financian, se abre la pregunta de ¿quién lo está protegiendo? ¿quién está gestionando su traslado? ¿quién gestiona sus compras? Ahí hay una red de protección que, a 50 años del golpe de Estado, está más vigente que nunca". 

Sobre el paradero de los prófugos, López Awad explica que "no podría aventurarme respecto a dónde están, pero sí puedo decir que tienen ciertas condiciones que los tienen obligados a estar cerca. Por ejemplo, Guillermo Salinas es una persona diabética a un poco más de sus 70 años, y requiere ciertos tratamientos. Entonces, si es que el tribunal así lo decide y oficia a los organismos de salud del Ejército o de las Fuerzas Armadas en general, de seguro se pueden llevar una sorpresa y encontrar alguna atención de Guillermo Salinas". 

"Nada de esto, la condena, la búsqueda incansable de justicia y hallar la verdad hubiese sido posible sin el trabajo impecable de Francisco Ugás y el equipo de Nelson Caucoto, además del tesón y la valentía de la familia Soria González-Vera (en especial de Carmen Soria) y de Gloria Gallardo, sobrina de Renato León Zenteno", concluye el periodista. 

El rol de Carmelo Soria durante la dictadura y los detalles de su asesinato

En abril del 2023, los periodistas Andrés López Awad y Camilo Pérez Alveal publicaron un libro con los detalles del asesinato de Carmlo Soria titulado Carmelo. matar dos veces a un mismo hombre. 

En la investigación, recopilan datos y testimonios que ayudan a reconstruir la escena del caso y las motivaciones de los asesinos para matar al funcionario español. 

Los autores, entrevistados por Interferencia en julio de 2023, explican que "la Brigada Mulchén, de la DINA, que es una brigada de élite criminal, eran oficiales del primer anillo de seguridad de Augusto Pinochet, eran sus hombres de mayor confianza". 

Sobre las motivaciones del caso, explican que: "Hay dos puntos importantes anteriores, uno es que cuando cae la dirección del PC en mayo de 1976, al poco tiempo después empieza a caer todo el frente de propaganda. Entre ellos, Carmelo Soria. Lo segundo, es que Carmelo elaboraba una revista que se llamaba Dulce Patria, una revista clandestina".

Sin embargo, detallan que "lo que molestaba realmente era que Carmelo Soria ayudaba a perseguidos por la dictadura para que los acogieran en distintas embajadas".

Respecto al crimen, el relato es crudo. "El testimonio de la secretaria de Michael Townley reconoce que éste le cuenta que iban a "preparar" un accidente. A Carmelo Soria lo secuestran algo así como a las 5:30 de la tarde y lo torturan hasta la medianoche, lo interrogan con las peores torturas, le rompen todas las costillas, le desplazan dos vértebras, le rajan el hígado", comentan los periodistas.  

Y agregan que: "Le abren la boca y lo llenan de pisco mientras los agentes de la Brigada redactan una carta donde aseguran que su mujer la está haciendo infiel para simular un montaje, después ponen su cabeza en una escalera y hacen palanca con su cuerpo, le tuercen el cuello y lo suben a su auto. Y en un montaje más bien torpe, muy cruel y siniestro, lo empujan por el cerro abajo para simular este accidente".

Sobre los asesinos, explican que se sentían en total impunidad pues "eran muy cercanos a Pinochet, ni siquiera se preocuparon de dejar bien hecho el montaje, no les importó. Entonces pidieron a otra brigada, la Lautaro, limpiar el sitio del suceso, para hacer que pareciera un accidente".