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Heriberto Pereira Rojas

 

7 de junio de 2008  La Nacion

Condenados 7 ex FACH por secuestros

El juez Fernando Carreño condenó a ocho años de prisión a siete ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile por el secuestro calificado de dos personas tras el golpe militar de 1973 en la zona de Curacautín, al oriente de Temuco en la precordillera de la Regiónde la Araucanía.

Leonardo Reyes, Jorge Valdebenito, Luis Soto, Eriberto Pereira, Jorge Soto, Luis Yáñez, y Enrique Rebolledo fueron condenados por el secuestro calificado de la profesora María Arriagada Jerez -detenida desaparecida en la provincia de Cautín- y de Jorge Aillón Lara, ambos militantes comunistas.

La mujer fue aprehendida ante testigos en su lugar de trabajo el 27 de septiembre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea y Carabineros, y llevada junto a otro profesor, en un helicóptero de la fuerza aérea, hasta la subcomisaría de Lonquimay. Al día siguiente fue conducida a Curacautín y luego a la base aérea Maquehua en Temuco.

Desde entonces se desconoce su paradero. Aillón, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola, había sido detenido por efectivos de carabineros de Lonquimay el mismo día del golpe militar (11 septiembre).

Jueves 4 de septiembre de 2008     La Nación

Condenan a oficial (R) de la FACh por crimen de mapuche en 1973

El tribunal de alzada revocó el fallo del ministro en visita Fernando Carreño y dictó la pena de cinco años y un día de cárcel para Heriberto Pereira Rojas.

Quien fuera sindicado como el jefe de la "patrulla salvaje", conocido grupo de la base aérea Maquehue de Temuco que practicó detenciones, interrogatorios y torturas tras el golpe militar de 1973 fue nuevamente condenado.

El oficial (R) FACh Heriberto Pereira Rojas fue sentenciado el lunes pasado por la Corte de Apelaciones de esa ciudad a cumplir la pena de cinco años y un día de cárcel como cómplice del asesinato del joven mapuche Nelson Curiñir Lincoqueo.

Con este dictamen, el tribunal de alzada de la IX Región revocó el fallo del ministro en visita Fernando Carreño, quien desestimó la autoría y participación de Pereira en el caso del homicidio calificado del ex militante de las Juventudes Comunistas (JJCC), quien fue detenido y trasladado desde su hogar a centros de tortura el 5 de octubre de 1973.

Sin embargo, la Corte sostuvo que tuvo un grado de participación en el crimen y ordenó también una indemnización para la familia de Curiñir.

Tres meses antes, el mismo juez instructor condenó a Pereira como autor de otros crímenes cometidos en la base aérea Maquehue. Esa vez el juez Carreño sentenció al oficial (R) -junto a otros suboficiales FACh- a cumplir ocho años tras las rejas por el secuestro calificado de dos militantes del Partido Comunista (PC) el obrero Jorge Aillón Lara y la profesora María Arriagada Jerez.

El fallo establece que, en la época cuando ocurrieron los hechos, Pereira no tenía calidad de conscripto de la FACh por lo que desempeñaba labores como cabo segundo en la mencionada base aérea.

Él mismo, según el fallo, declaró haber pertenecido a un grupo especial que con colaboración de algunos civiles tenía como misión detener y trasladar a opositores al régimen militar hasta la base de Maquehue.

Varios testigos declararon en el expediente que quien arrestó a Curiñir era un hombre que tenía una horrorosa mancha en la cara alusiva a una grave quemadura en el rostro, lo cual corresponde con una característica del acusado.

Otros testimonios indican que el grupo represor al cual pertenecía Pereira no sólo tenía como misión detener a opositores, sino también realizar los interrogatorios y aplicar torturas.

Por este motivo y otras pruebas es que los jueces Leopoldo Llanos y Álvaro Mesa llegaron a la convicción que "la participación del acusado en los hechos que derivaron en el homicidio calificado de Curiñir no fue accidental ni en virtud del mero cumplimiento de órdenes".

A juicio de los magistrados, el retirado oficial tuvo la plena conciencia de estar ejecutando hechos previsibles y que "objetivamente" conducirían al asesinato de la víctima.

En el fallo se estableció también que la familia de Curiñir debía ser indemnizada por daño moral ya que sólo en 1990 lograron conocer el paradero de su hijo, quien se encontraba como NN en el cementerio de Nueva Imperial con dos balazos en el cráneo. El fisco deberá pagar $ 200 millones, tras acoger la demanda.

 

 

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