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Cesar Luis Adolfo Palma Ramirez

Comando Conjunto


Domingo 16 de Junio  2002 El Mostrador

Comando Conjunto: Corte ratifica amnistía a 13 procesados

En un fallo que tendrá importantes repercusiones en las causas de derechos humanos, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la libertad de trece uniformados y revocó sus procesamientos al estimar que regía el principio de la cosa juzgada y la Ley de Amnistía.

El dictamen estima que no hay mérito para mantener los autos de procesamientos contra trece efectivos que pertenecieron al Comando Conjunto y que fueron sometidos a proceso por el titular del 25 Juzgado del Crimen, Carlos Hazbún, quien oficia como juez con dedicación preferente.

Esto, luego que el 2 de mayo, la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, se declarara incompetente para conocer la causa por el secuestro de David Urrutia Galaz, capturado por agentes del Comando Conjunto en 1975, y derivó los antecedentes al juez del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún.

La defensa de los ex uniformados a cargo del abogado Carlos Portales estimó que la resolución abre las puertas para seguir por el mismo camino con el resto del medio centenar de militares que en estos momentos son procesados por los jueces de dedicación exclusiva para estas causas.

Según El Mercurio, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ordenó una reunión especial para mañana con todos sus abogados para analizar el nuevo escenario. El director del organismo, Luciano Fouillioux, indicó que la última palabra respecto de la aplicación del principio de cosa juzgada y de la Ley de Amnistía se encuentra en manos de la Corte Suprema.

Esto, porque es la primera vez que un tribunal de alzada aplica un fallo de esta naturaleza en los casos por violaciones a los derechos humanos que son investigados por jueces especiales que fueron designados como resultado de la "Mesa de Diálogo".

El titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún, había procesado el 7 de enero de 2002 como autores de "asociación ilícita criminal" a los uniformados César Palma Ramírez, Otto Trujillo Miranda, Raúl González Fernández y Manuel Muñoz Gamboa.

Igualmente, al suboficial (r) FACh Pedro Caamaño Medina; al comandante (r) del regimiento Colina de la FACh Carlos Madrid Hayden; al suboficial activo FACh Robinson Suazo Jaque; al suboficial (r) FACh Fernando Zúñiga Canales; al suboficial (R) FACh Eduardo Cartagena Maldonado; al teniente (r) de Marina Daniel Guimper Corvalán; al suboficial (r) FACh Guillermo Urra Carrasco; al suboficial (r) FACh Pedro Zambrano Uribe y al suboficial (r) FACh Juan Chávez Sandoval, quienes ahora se vieron beneficiados con esta disposición


2 de Junio 2004 La Nacion

Crimen del edecán de Allende a la CIDH

Por “denegación de justicia” en el crimen de su padre, los hijos del edecán naval del Presidente Salvador Allende, capitán de navío Arturo Araya Peters, demandarán mañana al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación ante el órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos incluye una demanda civil para que el Estado repare materialmente a los cuatro hijos y a la viuda.

De esta manera, el homicidio del oficial, ocurrido el 27 de julio de 1973, saldrá por primera vez de Chile para convertirse en materia de justicia internacional. La acción se interpondrá a las 12 horas de mañana en la sede en Santiago de Cepal.

El abogado Arturo Araya hijo, que patrocinará el recurso, explicó a La Nación que “ya nos cansamos de golpear las puertas de los tribunales chilenos para obtener justicia por el crimen de nuestro padre”. Agregó que “el Estado de Chile es responsable de la muerte de nuestro padre porque colaboró en la impunidad de su asesinato. El proceso que instruyó la justicia naval en Valparaíso tuvo una gran cantidad de vicios. Basta decir que la causa se caratuló como ‘maltrato de obra a personal de las Fuerzas Armadas’ y la pena mayor que se aplicó, de tres años de presidio, fue indultada al poco tiempo por el general Augusto Pinochet”.

El camino de recurrir a la CIDH fue el mismo que utilizó la familia del asesinado diplomático Carmelo Soria.

El Juzgado Naval de Valparaíso rechazó recientemente reabrir la investigación del crimen. La sentencia del proceso se dictó el 26 de diciembre de 1978. De 19 procesados de un grupo de ultraderecha vinculado con Patria y Libertad, sólo uno fue condenado a tres años de presidio, los que no cumplió. Del resto, hubo tres sentenciados a 541 días sólo por porte ilegal de armas y los otros quince a penas de 61 a 21 días de cárcel. Ninguno cumplió las condenas.

De la querella interpuesta el año pasado por los hijos y que instruye la jueza del 17º Juzgado de Crimen de Santiago, Patricia González, Arturo Araya afirmó que “lleva casi un año y no hay adelanto. Nos han negado seis veces el acceso al sumario y nos cansamos de pedir justicia”. Además de dirigirse “contra quienes resulten responsables” del “homicidio de nuestro padre”, la querella se interpuso también por “denegación de justicia”, por múltiples irregularidades en el proceso, en contra del ex juez naval vicealmirante (R) Arturo Troncoso; el ex fiscal naval capitán de navío (R) Aldo Montagna; el ex auditor naval capitán de fragata (R) Enrique Campusano; y el ex secretario del Juzgado Naval de Valparaíso y actual cónsul general de Chile en Caracas (Venezuela), Jorge Garretón Iturra.

Las sorpresas del expediente

* Guillermo Claverie Bartet: único condenado, a tres años de presidio; no se lo detuvo sino hasta el 15 de julio de 1981. Ingresó ese día a la cárcel de Valparaíso y Pinochet lo indultó el 10 de agosto del mismo año. Cumplió 25 días de la pena.

* Andrés Potin Laihacar: mientras estuvo procesado en libertad integró la organización represiva Comando Conjunto (CC). En enero de 1979 pidió al Juzgado Naval salir a EE.UU. por dos meses. “Como se pide”, autorizó el tribunal. En agosto de ese año volvió a pedir permiso para salir “a Europa” por tres meses como “asesor de la Superintendencia de Bancos”. “Ha lugar”, contestó el tribunal. En 1980, Potin solicitó salir a practicar “paracaidismo” por un mes a Argentina. “Como se pide”, se autorizó. Condenado a 41 días. Hoy está procesado en causas por desaparecidos.

* Luis Palma Ramírez (alias ‘El Fifo’): mientras estuvo procesado y prófugo integró el CC. Sin embargo, “su nombre no está registrado en el Gabinete de Identificación” se establece en el expediente. En 1979 se presentó “voluntariamente” para notificarse de la condena de 541 días, que no cumplió. Hoy está procesado en causas por los crímenes del CC.

* Edmundo Quiroz Ruiz: el Juzgado Naval de Valparaíso lo citó a comienzos de febrero de 1979 para notificarlo de los 26 días de prisión a los que lo condenó por el crimen. Este respondió, según el expediente, que “voy a fin de mes, porque estoy trabajando”.

* Rafael Mardones Saint-Jean: durante el proceso pidió permiso para “ir de luna de miel a Estados Unidos por 17 días”. “Ha lugar”, autorizó el juzgado. Condenado a 61 días.

 


César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum.
Amigo del "Wally", quien lo lleva al CC. Según Andrés Valenzuela, "El Fifo" participa en los asesinatos de José Weibel Navarrete, Miguel Rodríguez Gallardo, Humberto Fuentes Rodríguez, los agentes del mismo organismo Carol Flores (Alias Juanca) y Guillermo Bratti, todos desaparecidos hasta la fecha. También se le nombra entre quienes ejecutan en Cuesta Barriga a los dirigentes comunistas Lincoyan Berríos, Fernando Navarro, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Luis Lazo, Juan Gianelly, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo. Procesado por el ministro Cerda en 1986, aparece hoy en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega.
Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.
 

Comando Conjunto, Quiénes son y dónde están .Por Julio Oliva García - El Siglo - no. 189 - 2002


24 de Noviembre 2004 La Nacion

Justicia toca al Comando Conjunto

El caso Comando Conjunto, una agrupación de agentes del Estado y civiles de ultraderecha coordinada por los cuatro organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que operó entre 1975 y 1976, entró en su fase final. Es, tal vez, uno de los procesos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos por la ferocidad que hubo contra las víctimas (cerca de 70) y porque es el único caso en que participan todas las ramas castrenses, aunque las más involucradas sean la FACH y Carabineros. De hecho, algunos de sus integrantes en los años ’80 se sumaron a la Dicomcar.

La jueza con dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para investigar los delitos cometidos por este organismo represivo, Graciela Gómez, dictó en los últimos días las primeras acusaciones en contra de sus agentes, los responsables del secuestro de Carlos Contreras Maluje, hijo del primer intendente de la UP en la provincia de Concepción, ex regidor por la comuna de Concepción y dirigente del Partido Comunista.

Se trata de uno de los cuatro episodios que dividen este proceso, pero es el más simbólico, porque los hechos que rodearon el secuestro del militante de izquierda dejaron al descubierto los actos cometidos por el CC y provocaron la inmediata disolución del organismo represivo.

Nombres

Como autores intelectuales del plagio fueron acusados el general (R) FACH Freddy Enrique Ruiz Bunger y el coronel (R) de la misma institución Juan Francisco Saavedra Loyola. En tanto, como autores materiales fueron acusados Alejandro Sáez Mardones (que actualmente cumple condena por el caso degollados), Jorge Cobos Manríquez (alias ‘Kiko’ y teniente (R) de la FACH), Daniel Guimpert Corvalán (teniente en retiro de la Armada), César Palma Ramírez (alias ‘Fifo’, un civil ex Patria y Libertad y mencionado en al menos 15 asesinatos) y Manuel Muñoz Gamboa (alias ‘Lolo’, mayor en retiro de Carabineros que también fue condenado en el caso degollados).

Ruiz Bunger estaba a cargo de Inteligencia de la FACH y era un hombre de confianza del entonces comandante en jefe de la Aviación e integrante de la Junta Militar, general Gustavo Leigh, a quien acompañó cuando a éste lo destituyó el general Augusto Pinochet en 1978.

Los hechos

En su resolución, la jueza Gómez llega a la convicción de que los agentes secuestraron a Contreras Maluje y, tras torturarlo, lo utilizaron para montar un operativo donde pretendían capturar a otros militantes comunistas.

El 2 de noviembre de 1976, tras obtener el dato, proporcionado por otro detenido bajo tortura, los agentes lo interceptaron en calle Nataniel y, por la fuerza, lo llevan al centro de detención denominado La Firma (ubicado en calle Dieciocho, donde antes funcionaban las oficinas del diario Clarín).

Tras someterlo a apremios ilegítimos, el ex regidor ofrece llevar a los agentes a un lugar donde podrían apresar a otro militante comunista. Pero los planes de Contreras Maluje eran otros. Según se estableció, al día siguiente el CC montó un operativo en calle Nataniel.

Al llegar al lugar, afirma la jueza, Contreras Maluje “logra eludir a sus vigilantes y se lanza al paso de un vehículo de locomoción colectiva que transitaba en dirección al sur, por calle Nataniel, quedando lesionado a consecuencia del impacto, sin perjuicio de lo cual solicita ayuda a los transeúntes y a un funcionario de Carabineros”. Dijo estar secuestrado, pero los funcionarios no pudieron hacer nada porque apareció un vehículo patente EG-588, que, posteriormente se acredito, pertenecía a la FACH, de uso exclusivo de Ruiz Bunger, jefe de Inteligencia de la Fach. Sus ocupantes se indetificaron como agentes de la DINA. De Contreras Maluje no se supo más.

30 de Noviembre 2005 La Nacion

Condenan a siete ex integrantes del Comando Conjunto

El ministro Juan Fuentes Belmar condenó hoy a diversas penas a siete ex miembros del Comando Conjunto responsables de la desaparición, en noviembre de 1976, del dirigente comunista Carlos Contreras Maluje, informaron fuentes judiciales.

En su resolución, el magistrado no aplicó la Ley de Amnistía dictada en 1978 por el ex dictador Augusto Pinochet, pero sí la prescripción gradual de la pena, tomando como fecha de fin del secuestro calificado el 11 de marzo de 1990, fecha del retorno de la democracia.

Las condenas, de primera instancia, afectan a cuatro oficiales retirados de la Fuerza Aérea (FACH), un ex miembro de la Marina y dos de Carabineros, integrantes de esta agrupación de agentes del Estado y civiles de ultraderecha coordinada por los cuatro organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que operó entre 1975 y 1976.

El juez condenó a tres años de prisión remitida (en libertad) al director del Servicio de Inteligencia de la FACH, Freddy Ruiz Bunger, al coronel Juan Saavedra Loyola, al oficial de la Marina Daniel Guimpert y al ex oficial de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa.

La misma condena, pero con reclusión nocturna, al ex integrante de la FACH César Palma Ramírez y al policía retirado Alejandro Sáez Mardones, quien desde agosto de 2003 cumple en prisión otra sentencia por violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, también condenó a tres años y un día de presidio al ex capitán de la FACH Jorge Cobos Manríquez.

Fuentes Belmar por último, desestimó una demanda civil contra el Estado presentada por el abogado de la familia de la víctima, Nelson Caucoto.

El de Carlos Contreras Maluje fue uno de los pocos casos en que la Corte de Apelaciones de la época acogió un recurso de amparo presentado por su familia tras su detención.

El 2 de noviembre de 1976, Contreras Maluje, entonces de 29 años de edad, ex regidor de Concepción, y de profesión químico farmacéutico, fue detenido por agentes del Comando Conjunto y trasladado al recinto denominado "La Firma" (ubicado en calle Dieciocho, donde antes funcionaban las oficinas del diario Clarín) donde fue torturado.

Posteriormente, según el Informe Rettig, el dirigente fue trasladado por los agentes a un lugar donde supuestamente Contreras haría un contacto, en calle Nataniel, ocasión en que se arrojó a las ruedas de una micro gritando su nombre y su situación de secuestro.

Inmediatamente, los agentes lo trasladaron nuevamente al recinto de "La Firma" y lo ejecutaron esa misma noche en un camino cercano a Santiago, en donde sus restos fueron enterrados clandestinamente sin que hasta ahora hayan sido encontrados

11 de Marzo 2008 La Nacion

DD.HH: ex represor fue detenido en casa rodante

Escondido en una casa rodante al interior de un fundo ubicado en la comuna de Freire, en la Región de la Araucanía, fue capturado el ex agente represor civil de la Fuerza Aérea, Cesar Palma Ramírez, para cumplir condena en el caso del secuestro del militante comunista Carlos Contreras Maluje.

Personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ejecutó el operativo para lograr el cumplimiento de la condena a 3 años y un día de prisión ratificada en su contra por la Corte Suprema en noviembre de 2007.

Palma Ramírez perteneció al grupo extremista de derecha durante el gobierno de Salvador Allende “Patria y Libertad” y luego se integró como agente civil a la Fuerza Aérea de Chile (FACH) como miembro del Comando Conjunto, grupo con el que cometió el delito por el qu era buscado.

El prefecto de Jefatura Nacional de Delitos contra Derechos Humanos, José Luis Cabión, comentó que el ex represor “se fugó hace aproximadamente un mes y medio” y al ser ubicado que estaba “en el interior d e una casa rodante en una parcela a 8 kilómetros al interior de la comuna de Freire”.

El efectivo descartó alguna resistencia del sujeto al encontrarse con los policías. “Fue una detención totalmente limpia como los procedimientos anteriores que hemos manejado con casos similares”, en alusión, por ejemplo, a la captura de Jorge Iturriaga Neumann.

Por el secuestro de Carlos Humberto Contreras Maluje, ex Regidor de Concepción,  también fueron condenados  el general retirado de la FACH, Freddy Ruiz Bunger, así como Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Gimpert Corvalán, Manuel Muñoz Gamboa, Alejandro Sáez Mardones y Rodrigo Cobos Manríquez.

 

12 de Marzo 2008 La Nacion

Cae César “Fifo” Palma, último ex agente prófugo

El ex miembro del Comando Conjunto y de Patria y Libertad fue arrestado por la Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones, oculto en una casa rodante al interior de una parcela, a ocho kilómetros de Freire, Décima Región.

Integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ubicaron y detuvieron al último ex agente prófugo condenado por crímenes de lesa humanidad, César Luis Palma Ramírez, alias el "Fifo".

El "Fifo", ex agente del Comando Conjunto, fue encontrado refugiado en una casa rodante al interior de una parcela, a ocho kilómetros de la comuna de Freire, en el llamado Camino a Boroa, en la X Región.

El ex agente huía evitando cumplir una condena de tres años de presidio por el secuestro y desaparición en noviembre de 1976 del militante comunista y ex regidor por Concepción, el químico farmacéutico Carlos Contreras Maluje.

El 3 de noviembre de ese año, Contreras fue detenido, pero logró huir arrojándose a las ruedas de una micro en calle Nataniel Cox, con el fin de alertar de su arresto. Sin embargo, los agentes lo recapturaron y desde entonces desapareció.

El prontuario de Palma Ramírez es amplio. Sus primeros pasos en el crimen los dio en las filas del grupo ultraderechista Patria y Libertad que lideraba el abogado Pablo Rodríguez.

La noche del 26 de julio de 1973, Palma integró el grupo al que la justicia naval le imputó el asesinato del edecán de Allende, capitán de Navío Arturo Araya Peeters.

Posteriormente y es lo que aún se investiga en un nuevo juicio por la justicia ordinaria, aparecieron pistas que conducirían a concluir que el autor del homicidio del edecán no formó parte de aquel grupo que sólo habría actuado como pantalla, sino que los disparos provinieron de un francotirador apostado en otro lugar.

Se sabe que Palma era uno de los pocos del grupo que esa noche estaba en conocimiento del verdadero objetivo de la salida a la calle del escuadrón ultraderechista, esto es, cubrir al verdadero autor de los disparos.

Todo, como parte de un complot para acelerar el golpe de Estado en el que participaron civiles como Jorge Ehlers junto a altos oficiales de la Armada, culpando del atentado a la izquierda, como efectivamente ocurrió en un comienzo.

Tras una breve detención, tras el golpe de Estado Palma y el resto del grupo fueron indultados por el ex dictador Augusto Pinochet.

Después, Palma, agente civil adscrito a la Fuerza Aérea, integró a partir de 1975 el Comando Conjunto (CC), la organización criminal que armó la FACH para disputarle el poderío de la represión a la DINA.

Actualmente está procesado en numerosas causas por violaciones de los derechos humanos, entre ellas los homicidios de los ex agentes del CC, Carol Flores y Guillermo Bratti.

 

 

Viernes 12 de diciembre de 2008 La Nación

Corte de Apelaciones dicta condena contra ex agentes del Comando Conjunto

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer la condena por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, ocurrida en 1975. En fallo unánime los ministros de la Sexta Sala Jorge Dahm, Joaquín Billard y el abogado integrante Nelson Pozo, ratificaron el fallo emitido por el ministro Juan Fuentes Belmar el 29 de septiembre de 2006, pero modificaron las penas contra los agentes del denominado Comando Conjunto. Es así como Freddy Ruiz y Juan Francisco Saavedra fueron condenados a 10 años y un día de presidio; Manuel Muñoz, Eduardo Cartagena y César Palma sentenciados a 5 años y un día de presidio y Otto Trujillo a 3 años y un día de presidio. En tanto Daniel Guimpert fue absuelto por falta de participación.

 

 

Sábado 1 de agosto de 2009    La Nación

Juez del caso Víctor Jara absuelve a seis militares FACh

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar aplicó a los miembros del Servicio de Inteligencia de las Fuerza Aérea de Chile (SIFA) la prescripción y falta de participación, liberando de cargos también al funcionario civil César Palma Rodríguez.

La cúpula del denominado Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) quedó liberada de cargos en el juicio que se seguía en su contra por el secuestro del ex militante del Partido Comunista (PC) Carol Flores Castillo y el asesinato del miembro del Comando Conjunto, Guillermo Bratti Cornejo.

Esto último luego de que el ministro en visita Juan Fuentes, el mismo que investiga el asesinato del cantautor Víctor Jara, desechara los cargos que pesaban contra los seis militares involucrados en estos crímenes además del funcionario civil César Palma Rodríguez.

Se trata de los generales (R) de la FACh Edgar Cevallo Jones, Roberto Serón Cárdenas, Juan Luis López López, Freddy Ruiz Bunguer, Juan Saavedra Loyola y Daniel Guimpert Corvalán.

A los tres primeros se los liberó porque el magistrado estimó que hubo falta de participación, mientras que al resto le aplicó la prescripción de la acción penal. Lo mismo decretó respecto del civil.

Este fallo dejó preocupados a varios organismos vinculados a los derechos humanos, sobre todo porque el criterio de caducidad de la acción penal fue aplicado por el juez que actualmente indaga el crimen de Víctor Jara así como otras indagatorias ligadas a delitos de lesa humanidad.

Fuentes de la causa indicaron que esta sentencia será apelada a la Corte para que se condene a los responsables.

El magistrado en la misma línea desestimó las demandas indemnizatorias para los familiares de las víctimas, acogiendo de la misma forma la prescripción de la acción civil para las familias de Flores y Bretti.

Carol Flores Castillo fue militante del PC hasta 1974. Ese año fue detenido junto a sus hermanos y trasladado hasta la Academia de Guerra Aérea (AGA). En este recinto, ocupado por organismos represivos de la dictadura, habría sido brutalmente torturado y luego liberado.

Testigos, en el informe Rettig, declararon que tras este episodio Flores comenzó a colaborar con la SIFA delatando a compañeros del PC, lo que coincide con una serie de detenciones a militantes comunistas durante esta época. Sin embargo, en junio de 1976 desaparece.

El ex miembro de la FACh, Andrés Valenzuela Morales, declaró en el proceso que supo que miembros de la SIFA llevaron a Flores hasta el Cajón del Maipo y se deshicieron de su cuerpo.

Esto último pues se habrían enterado que éste le entregaba información a la DINA de lo que hacía el comando. Ello molestó profundamente a los encargados de la AGA.

La misma conducta, según este testigo, se le imputó al oficial Guillermo Bratti, víctima de este caso judicial.Ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Andrés Valenzuela señaló que tanto Flores como Bratti fueron ejecutados porque existía la "versión de que habían entregado información que poseíamos, a la DINA, la que efectuó operaciones perjudicando a nuestra agrupación (Comando Conjunto). La DINA, según los dichos de los agentes detenidos, les habría ofrecido más dinero, vehículo y casa".

 27 de Abril 2010
La Nación
Suprema dicta sentencia por caso de derechos humanos
Ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal condenaron definitivamente a ex integrantes del Servicio de Inteligencia de la FACh, por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez.
La Corte Suprema dictó sentencia final en la investigación por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido desaparecido desde noviembre de 1975 en la ciudad de Santiago.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau determinaron las sanciones que se indican contra los responsables de estos crímenes atribuidos a personal de la SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea).
El tribunal condena a César Palma Ramírez a 5 años de presidio por su responsabilidad en calidad de autor sin beneficios; a Freddy Ruiz Bunguer a 5 años de presidio por su responsabilidad como autor concediéndose la libertada vigilada. Misma condena recayó para Juan Saavedra Loyola, Eduardo Cartagena Maldonado y para Manuel Muñoz Gamboa.
En tanto a Otto Trujillo Miranda se le condeno a 541 días de presidio por su responsabilidad en calidad de cómplice, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional.
Absuelto por falta de participación quedo Daniel Guimpert Corvalán.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización por daño moral de $ 80 millones a Humberto Fuentes Godoy, hijo de la víctima.
En este aspecto la sentencia se determinó con el voto en contra de los ministros Ballesteros y Rodríguez, quienes fueron partidarios de acoger la causal de incompetencia absoluta del tribunal.

 

 

 

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