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Ricardo Ortega Prado

General de Ejercito

Agente CNI

Jefe del "G4"

 

 

Ricardo Ortega Prado, jefe del G4, un secretísimo comando del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), encargado de vigilar la actividad antidictatoriales en las poblaciones de todas las comunas de la Región Metropolitana. Fue oficial de la DINE y parte de la CNI. Involucrado en la detención de varias personas, entre ellas Karin Eitel quien fue salvajemente torturada por agentes de la CNI y también la detención y desaparición de cinco jóvenes miembros del Frente Manuel Rodríguez, Ortega ayudó a elaborar el fatal listado de nombres que hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

 

Fuentes de Informacion: La Nacion; Archivo Memoriaviva


La Nación

Domingo 12 de octubre de 2008

Ricardo Ortega, jefe de inteligencia del Ejército, cuestionado en causa de DDHH

En pocos días más se determinará el alto mando del Ejército. El actual jefe del DINE, que es la quinta antigüedad, hoy se encuentra complicado en el caso por la desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987, tras el secuestro del coronel Carlos Carreño. Él mismo admitió su participación en el secuestro de la frentista Karin Eitel, torturada en medio de la compleja operación que involucró a la CNI y a la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército.

Corría recién el primer día de septiembre de 1987 y unos cinco mil agentes de seguridad de la dictadura militar recorrían frenéticos las calles de Santiago y los principales pasos fronterizos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez parecía haber asestado un golpe de nocáut al corazón mismo del régimen con el secuestro del gerente comercial de Famae, el coronel Carlos Carreño Barrera, un personaje entonces desconocido para la opinión pública pero de alta importancia estratégica, pues conocía los antecedentes de la fabricación de armas secretas y de una serie de negocios que involucraban al mismísimo Augusto Pinochet.

Sólo un pequeño grupo, sin embargo, estaba al tanto de cuál era la acción más terrorista que los servicios de seguridad habían urdido para responder al desafío planteado por el grupo subversivo: secuestrar a cinco militantes del Frente, para tener una carta con la que extorsionar al grupo que mantenía cautivo al hombre de Famae. Entre los que conocían el plan estaba un pequeño y robusto mayor de Ejército.

Ricardo Ortega Prado tenía 34 años cuando era jefe del G4, un secretísimo comando del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) encargado de vigilar la actividad subversiva en las poblaciones de todas las comunas de la Región Metropolitana. Por ello, cuando desde las direcciones conjuntas de la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) y la CNI les ordenaron elaborar un listado con los cinco nombres, el trabajo fue hecho con la máxima rapidez. Según antecedentes de la causa que sigue el ministro Mario Carroza, y que busca esclarecer la suerte de los militantes del Frente Manuel Rodríguez, Ortega habría ayudado a elaborar el fatal listado de nombres de los cinco jóvenes, que hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

Con la misma prestancia con que se pidió esta misión, Ortega y su G4 tampoco demoraron en dar con una mujer que se convertiría en rostro emblemático de la represión en el tramo final de la dictadura. Tras varias llamadas a la familia de Carreño, realizadas desde un teléfono público, el G4 pudo dar con la información necesaria para que la CNI detuviera, y posteriormente torturara salvajemente, a Karin Eitel, quien hacía de nexo entre los secuestradores y la familia del militar.

Hoy, el general Ortega es la quinta antigüedad de la institución castrense, y en los próximos días se jugará su continuidad como general de división. También ejerce como director de la DINE, la misma repartición que estuvo involucrada en los secuestros y desapariciones forzadas de los frentistas Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, todos detenidos entre el 9 y 11 de septiembre de 1987.

El hombre de los secretos

El general Ortega dirige la DINE desde una oficina discretamente ubicada en un edificio del Paseo Bulnes. Por sus manos pasa la información más sensible que los servicios de inteligencia puedan recoger acerca de las amenazas contra la integridad territorial del país. La defensa nacional se rige, en gran medida, por toda la información que esta unidad castrense recaba y analiza para mantener al día el estado de los potenciales enemigos y los riesgos de la seguridad nacional. Todos los datos son prolijamente registrados y transformado en material de análisis que puede ser utilizado en cualquier momento en caso de ser necesario.

La oficina de Ortega, en un séptimo piso, funciona día y noche con iluminación artificial. Las persianas están invariablemente cerradas. Además, tiene un vidrio doble, con unos minúsculos parlantes que emiten música entre ambos cristales durante las 24 horas del día. Es una forma de bloquear cualquier equipo de intercepción auditiva que pretenda escuchar los innumerables secretos que este hombre maneja.

Esa es la relevancia del cargo que Ortega tiene y que le fue encomendado en 2006, cuando fue ascendido a grado de general y se le designó como jefe de Inteligencia. Sin embargo, pese al poder que le da la información que maneja, el panorama se le avecina complejo. Tanto los superiores jerárquicos de Ortega en 1987 como uno de sus subalternos se encuentran sometidos a proceso como coautores de secuestro calificado. Y si el ex jefe del G4 aún no cae se debe en buena parte a dos factores: los cambios de versión de algunos de los procesados que lo involucraban y el hecho de que el juez Carroza aún no decide interrogarlo en calidad de inculpado (exhortado a decir la verdad), el paso previo para someterle a proceso.

Ortega se juega muchas cosas en los próximos meses, entre esas, su continuidad en la institución o su llamado a retiro. El 29 de octubre se llevará a cabo la junta de generales, desde donde saldrá la propuesta para el alto mando de 2009 que será luego sometida a la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet. Todo indica que el tranco firme con que avanza la investigación depara más sorpresas y que, por lo mismo, el actual director de Inteligencia del Ejército podría tener que dejar las filas de la institución para enfrentar, ya retirado, el escenario judicial.

Avances en el proceso

La investigación que ha desarrollado la justicia en el caso de los últimos desaparecidos de la dictadura es casi tan notable como la labor que llevó a cabo el ministro Sergio Muñoz cuando aclaró el crimen de Tucapel Jiménez. El dato más significativo es que, cuando se pensaba que todo era responsabilidad de la CNI, las pesquisas del juez lograron descubrir que en el múltiple crimen ocurrido en las postrimerías de 1987 también había cabido un papel fundamental a la DINE y a su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

Por ello es que primero fueron encarcelados los agentes de la CNI, encabezados por su director a la época, el general (R) Hugo Salas Wenzel, los mayores Álvaro Corbalán y

Krantz Bauer, y los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Arturo Sanhueza, Luis Santibáñez, Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.

La sorpresa llegó cuando se procesó al entonces vicecomandante en jefe del Ejército y más tarde senador designado Santiago Sinclair, junto con quienes eran en ese momento los jefes de la DINE, el general (R) Hugo Prado, y del BIE, el coronel en servicio activo Marcos Bustos.

Es este último quien ha estado a punto de sellar la suerte de Ricardo Ortega y es en él en quien se concentran las indagaciones del juez. ¿Por que? Bustos mintió en sus declaraciones y eso Carroza no lo deja pasar.  

Más allá de la función que habría tenido el G4 en la identificación de los cinco jóvenes que más tarde serían detenidos por la CNI, las pesquisas indican que éstos fueron asesinados y posteriormente hechos desaparecer arrojando sus cuerpos al mar, hechos cuya autoría se están enrostrando mutuamente los agentes de ambos organismos.

Hasta ahora, la justicia ha sometido a todos los agentes que comprobadamente estuvieron en el Cuartel Borgoño de la CNI, lugar donde los frentistas permanecieron detenidos y posiblemente fueron asesinados. Y Ortega pasó por ese lugar.

Versiones encontradas

Un agente que integraba uno de los grupos del G4, de apellido Zamorano, señaló que él y su grupo, integrado por Rafael Rojas (El Piscola), Héctor Llanquinao, Marcos Bustos y Abelardo Oviedo (El Manzana) estuvieron durante varios días en el mencionado cuartel. "Estuvimos hasta el final. Permanecimos todo el día en Borgoño. Nos instalamos en el subterráneo en el mismo sector de los calabozos", señala la declaración de Zamorano.

El ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, declaró que la investigación y los operativos posteriores al secuestro del coronel Carreño "estuvieron centrados en el DINE, precisamente en el BIE, comandado por Julio Cerda. La presencia del DINE era relevante por tratarse de un oficial superior en servicio activo. No es efectivo que la Inteligencia del Ejército haya tenido un rol secundario. La orden de las detenciones (de los cinco frentistas) tienen que haber estado en conocimiento de Cerda".

También el entonces director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, asegura que respecto a Carreño y los secuestros, dicho organismo y el BIE "estuvimos coordinados en esta investigación. Yo me relacionaba con Cerda frecuentemente. Y esta orden debió venir del vicecomandante del Ejército. Debí mantener informado, por orden de la Presidencia, al subcomandante (sic) del Ejército (Sinclair)".

Marcos Bustos, el único de los procesados que está en servicio activo, declara en primera instancia que fue "notificado por mi jefe directo, el mayor Ortega, que debía desempeñarme por orden del mando como oficial de enlace en la CNI, conjuntamente con el capitán Rojas, quedando a cargo de éste".

El "Piscola", a su vez, señala que fue asignado al Cuartel Borgoño y que, estando ya en aquel lugar, se percató que existía una coordinación anterior entre la CNI y el G4, y que el capitán Marco Antonio Bustos "estaba al mando del mayor Ricardo Ortega".

Sin embargo, en otra declaración, Bustos comienza a olvidar cosas. "No me recuerdo quién me dio la orden. Hice de enlace con la CNI. Sin perjuicio de ello, si la orden verbal me la dio el señor Ortega, fue por orden de Cerda. La misión de Ortega eran las poblaciones, trabajando las fuentes de información".

El propio Ricardo Ortega se acercó al tribunal para confirmar que su jefe directo era Cerda y que la orden para que Bustos concurriera a Borgoño vino del jefe del BIE. "No sería lógico que Cerda diera directamente la orden a Bustos, sino que tiene que haber sido a través mío. La investigación la llevó la CNI porque ellos eran los expertos", afirmó.

Inteligencia telefónica

Otro episodio en que estuvo involucrado el G4 fue la identificación de la joven universitaria Karin Eitel, quien, tras ser detenida por la CNI, fue torturada y sometida a interrogatorios durante los 34 días que permaneció incomunicada por orden del fiscal Fernando Torres Silva, quien investigaba para la justicia militar el secuestro de Carreño. Aquella vez, una "exclusiva" de TVN mostró a la joven, maquillada y visiblemente dopada, asumiendo la responsabilidad por el plagio del militar.

Casi 20 años después, el general Ricardo Ortega reconoció en tribunales que "la única vez que se coordinaron (con la CNI) fue para el secuestro de Karin Eitel". El militar dijo en esa ocasión que, tras el plagio del gerente comercial de Famae, debió asistir a la familia de Carreño y acompañar al sacerdote Alfredo Soiza, quien actuaba como mediador. Según explicó, como el FPMR se contactó telefónicamente con la casa del secuestrado, "se concluyó que las llamadas provenían de un teléfono público y que era una mujer la que hacía el contacto verbal. Se redujo el número de teléfonos públicos dejándolos fuera de servicio y se apostó personal de BIE frente a las casetas, los que estuvieron en comunicación con la central de BIE para hacer saber que el teléfono del que se hacía la llamada estaba siendo ocupado por una mujer".

Según el relato de Ortega, "se siguió a la mujer y se entregaron los antecedentes a la CNI, al general Salas, para que esa repartición detuviera a la mujer que resultó ser Karin Eitel". Pero el director de la DINE niega que personal bajo sus órdenes haya participado en esa acción, así como en los posteriores interrogatorios a los que fue sometida.

"Yo no interrogué a Karin Eitel, yo la vi cuando acompañé al coronel Cerda hasta el Cuartel Borgoño", reconoció Ortega, admitiendo que estuvo en el mismo lugar donde estaban detenidos la mujer y los cinco frentistas. Sin embargo, niega haber concurrido al cuartel en otras oportunidades y niega que tanto el BIE como el G4 hayan tenido otra participación en los hechos.

Pero el agente del BIE Rafael Rojas Tapia señala que sí se le ordenó tomar contacto con un grupo de la CNI: "No obstante se me designó en esa función, ya existía una coordinación anterior y permanente entre el BIE, si mal no recuerdo el G4 dentro del BIE, que estaba al mando del mayor Ricardo Ortega, ignorando las coordinaciones que efectuaba. En mi caso trabajaba con los cabos Zamorano y Llanquinao".

Otro testimonio que relaciona a la sección del BIE dependiente de Ortega con las labores que se desarrollaron durante el período en que los cinco frentistas estuvieron detenidos junto a Karin Eitel es el de Gonzalo Asenjo Zegers, entonces jefe del Departamento de Análisis del Cuartel Borgoño y quien se suicidó en octubre de 2006 de un disparo en el pecho. "Hubo muchos detenidos que pasaron por el cuartel, los cuales eran interrogados a su vez por personal perteneciente al BIE; como prueba de ello, un hecho en que a mí personalmente me consta la participación directa y efectiva del BIE, fue el caso de la detención de Karin Eitel, la cual hacía las veces de vocera de los secuestradores de Carreño".

Hacia lo más alto

La última diligencia dictada por el ministro Carroza apunta a determinar de dónde provino la orden de eliminar a los cinco militantes del Frente. Hasta ahora, los mandos involucrados no han hecho más que tirarse la pelota entre ellos. Pero 15 altos oficiales de la época, entre brigadieres y generales (R) deberán acudir en los próximos días a tribunales para entregar su versión sobre una o varias reuniones que sostuvieron, donde no sólo se determinó destinar un equipo de la DINE para rastrear la pista de Carreño, sino que también se resolvió la muerte los subversivos.

Este dato fue aportado por el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, cuando se atribuían los asesinatos exclusivamente a la unidad que comandaba. En sucesivas declaraciones, Salas ha insistido en que todos los operativos que rodearon las pesquisas para dar con el paradero del ex gerente comercial de Famae fueron realizadas con recursos que no pertenecían a la Central, y que cada una de las acciones fueron producto de órdenes emanadas del mando institucional, las que se habrían concretado en varias reuniones ordenadas por el general Sinclair y en las que participó el consejo de generales de la Guarnición Militar de Santiago.

Respecto del destino de los cinco frentistas, la declaración de Salas es escalofriante: "La superioridad referida dispuso adoptar cualquier medida que no comprometiera en forma reglamentaria o legal de procedimiento con los detenidos, lo que se interpretó en este caso como que, como estaba siendo vulnerada la ley, por la prolongación de la privación de libertad en dependencias de la Central, esto es, en lugares que no fueran cárceles. Ello se entiende que la superioridad del Ejército disponía tácitamente que las personas que estaban detenidas debían ser ocultadas ( ). Posteriormente supe que el procedimiento empleado para poner término a las detenciones ya referidas fue la muerte de estos y la posterior disposición de los cuerpos".

El general Sinclair declaró primero que nunca tuvo información sobre los hechos de la causa, pero su versión cambió radicalmente en un careo con Salas Wenzel: "Debo señalar a su señoría que luego de ser preguntado por esta reunión de generales recordé que entre otras tantas de la misma clase, tuvo lugar la que se refiere el señor Salas". Esta declaración cargó los dados hacia el ex vicecomandante del Ejército. De ahí que haya sido la defensa del mismo Sinclair la que solicitó que se citara a declarar al resto de los integrantes del alto mando de la época.

Es un caso complejo, que ya cuenta con 27 encausados entre miembros de la CNI, la DINE y quienes permitieron y efectuaron la operación de lanzar al mar a los cinco frentistas, todos hechos acreditados en la causa. Hasta ahora Ortega no ha sido procesado, pero sí todos los que trabajaron con él. Habrá que esperar si el ministro Carroza considera que la evidencia que existe sobre su participación en los crímenes es suficiente para someterlo a proceso.


La Nación

Jueves 20 de agosto de 2009 

Ex jefe DINE declara por últimas víctimas de la dictadura

El recién retirado jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), general Ricardo Ortega Prado, está citado a declarar por primera vez como inculpado en la investigación que instruye el ministro Mario Carroza por el secuestro y homicidio de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), detenidos en septiembre de 1987 tras el plagio del entonces gerente comercial de Famae, coronel Carlos Carreño Barrera.

Se trata del último caso de detenidos desaparecidos de la dictadura.

La diligencia está programada para hoy en el Hotel Militar y fue coordinada por el Comando de Apoyo castrense por tratarse de un alto oficial en retiro.

Ortega ya había sido interrogado por el juez en 2008 y enero de 2009, sin embargo, en esas oportunidades lo hizo en calidad de testigo y sólo reconoció su vinculación con el "secuestro de Karin Eitel", a quien se identificó como la mujer que hacía de enlace entre el Frente y la familia de Carreño. Con la desaparición de los otros cinco militantes nada tenía que ver, aseguró al magistrado.

Pero según los antecedentes reunidos en la indagación, en 1987 Ortega tenía el grado de mayor y era el jefe del G4, un comando de elite del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el brazo operativo de la DINE, encargado de vigilar las actividades que realizaban los grupos opositores al régimen militar en las poblaciones de la Región Metropolitana.

El 1 de septiembre de ese año el Frente secuestró al coronel Carreño, quien por su cargo en la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae) estaba al tanto de importantes operaciones comerciales de armas relacionadas con el mundo castrense pero también con los negocios de Augusto Pinochet Ugarte. Se presume que los organismos de inteligencia reaccionaron por esa razón.

Así la DINE y la Central Nacional de Informaciones (CNI) pidieron al G4, que comandaba Ortega, elaborar una nómina de subversivos pertenecientes al FPMR. Se buscaba seleccionar a quienes serían una eventual carta de canje para negociar la liberación del coronel.

Entre el 9 y el 11 de ese mes fueron arrestados Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas. La información que manejaba el comando de Ortega había resultado útil.

Se sabe que estuvieron prisioneros en el Cuartel Borgoño de la CNI y que luego fueron ultimados con una inyección letal. Después sus cuerpos serían atados a rieles y lanzados al mar desde helicópteros en la zona de Quintay.

El coronel Carreño había aparecido en Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio y ya no era necesario intercambiarlo.

El descubrimiento de la coordinación que hubo entre miembros de la DINE y del BIE abrió una nueva veta en la investigación judicial, pues inicialmente los antecedentes sólo apuntaban al director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus agentes como responsables de los crímenes.

En 2007 fue el turno del entonces jefe del batallón, el general (R) Julio Cerda. Un año después el ministro encargó reo al director de la DINE de la época, general (R) Hugo Prado. Ambos eran superiores jerárquicos de Ortega cuando ocurrieron los secuestros. A ellos se sumó también uno de sus subalternos, el capitán Marco Bustos.

Este último, en una de sus declaraciones judiciales, asegura que su jefe directo, el mayor Ortega, le ordenó constituirse en el Cuartel Borgoño, donde se encontraban detenidos los frentistas, para actuar como enlace pero, en un interrogatorio posterior, dice que no recuerda quién le informó de su misión en el recinto de la CNI.

Reapertura y nuevas diligencias

En abril de este año el ministro Mario Carroza decretó el cierre de la etapa sumaria de la causa, pero los abogados querellantes así como los defensores de dos procesados solicitaron nuevas diligencias.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la indagación tras conocer las últimas declaraciones prestadas por encausados y testigos de la causa, quienes a juicio de los querellantes caían en evidentes contradicciones. Así se dispuso una serie de interrogatorios y careos además del despacho de oficios a distintas instituciones


La Nación

Domingo 23 de agosto de 2009    

Las pruebas contra el general Ortega

Hasta enero de este año, el general Ricardo Ortega fue uno de los sujetos más poderosos del país.

Su cargo como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), organismo que maneja los asuntos más sensibles de la seguridad nacional, le valió el apodo de "el hombre de los secretos".

Desde una penumbrosa oficina en el Paseo Bulnes, monitoreó, con la ayuda de personal de la institución, el andar del proceso que busca establecer a los responsables del secuestro y desaparición de cinco jóvenes del FPMR, ocurrido en septiembre de 1987.

Su preocupación tiene asidero. Los testimonios de algunos ex agentes han revelado el rol que tuvo, con el grado de mayor, en las funciones represivas y de inteligencia vinculadas a la suerte de los frentistas.

Su retiro, oficializado en febrero, no lo ha apartado del seguimiento del caso. Ortega sigue muy pendiente, ahora como asesor del jefe de Estado Mayor y segundo hombre de la institución castrense, el general Alfredo Ewing.

Esta entidad es la que recibe más solicitudes de información por parte de los jueces que investigan violaciones de los derechos humanos, entre ellos el ministro Mario Carroza, a cargo del caso de los cinco desaparecidos hace casi 22 años.

Durante un tiempo, Ortega señaló que, siendo oficial de la DINE, estuvo un año destinado en la CNI. Sin embargo, en una de sus tres declaraciones como testigo, reconoció que su participación se extendió entre 1980 y 1983.

Además, agentes de la misma repartición lo han reconocido como el hombre que a finales de la dictadura se encargó de recibirlos en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE.

El jueves, en el Hotel Militar, ubicado en Providencia, Ortega debió declarar "exhortado a decir verdad". El ministro Carroza lo interrogó por cuarta vez, pero en esta ocasión en calidad de inculpado.

La diligencia fue solicitada en conjunto por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el abogado que representa a las víctimas, Nelson Caucoto.

LND intentó conversar con Ortega, pero abandonó rápidamente el recinto en su automóvil.

Conforme se materializó el retiro de Ortega del Ejército, las sospechas en su contra han ido creciendo. Tanto su subalterno de la época, el coronel (R) Marco Bustos, como su superior jerárquico, el comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), general (R) Hugo Prado, se encuentran procesados por este crimen.

En el caso de Bustos, se estableció que mintió al señalar primero que había acudido al lugar donde permanecieron detenidos los miembros del FPMR (el cuartel Borgoño de la CNI) y luego negarlo.

En el caso de Prado, su responsabilidad es por la cadena de mando, ya que no podía menos que conocer la acción.

Hasta ahora, hay 27 procesados, entre miembros de la DINE y la CNI, quienes ordenaron, asesinaron y lanzaron los cuerpos al mar.

Entre ellos se cuenta al vicecomandante de la época Santiago Sinclair, ya que los antecedentes del proceso indican que la suerte de los jóvenes se habría decidido en reuniones del alto mando.

¿Por qué Ortega se ha librado de su presunta responsabilidad durante tantos años? Los abogados querellantes no lo entienden.

Por eso, pidieron que el general declarara en calidad de inculpado, paso previo a la solicitud de procesamiento que sería solicitada dentro de un corto plazo.

Fuentes conocedoras del proceso consideran que el material recopilado en la causa es más que suficiente para probar su responsabilidad.

A una semana del secuestro del coronel Carlos Carreño, el dispositivo de más de cinco mil agentes que se desplegó para encontrarlo no daba resultados.

Los negocios ilícitos de Pinochet y Famae con Irán estaban expuestos. Cuando los cinco militantes del FPMR fueron secuestrados, su primer destino fue el cuartel Borgoño de la CNI.

La participación de los agentes de esta repartición en el secuestro de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas ya fue confesada por varios agentes.

Siendo Ortega jefe del G-4 (grupo de lucha antisubversiva en poblaciones), dependiente del BIE, uno de sus subalternos de la época, el procesado Marco Bustos, fue enviado a Borgoño para recabar información, por orden directa de Ortega.

Pero luego, en una segunda instancia, olvidó quién dio la orden y agregó que "sin perjuicio de ello, si la orden me la dio Ortega, fue por orden de Cerda (director de la DINE de la época)".

En el caso de Ortega, sus declaraciones son igualmente erráticas. En 2007, se acercó al tribunal voluntariamente para señalar que "no sería lógico que Cerda diera la orden directamente a Bustos, sino que tiene que haber sido a través mío. La investigación la llevó la CNI, ellos eran los expertos".

El 22 de enero de 2009 cambió su versión. "El comandante Cerda envió al teniente Bustos con un equipo al cuartel Borgoño y la finalidad fue siempre recabar información", dijo.

Agregó que Bustos "no disponía de los conocimientos ni los medios para interrogar a miembros del FPMR, ya que esta función específica era cumplida por agentes de la CNI".

También causa extrañeza un documento reservado que el Ejército envió el 4 de octubre de 2006 al ministro Carroza, sobre la cantidad de helicópteros Puma que había en Peldehue en 1987.

Esto, debido a que en el mismo proceso se ha acreditado que tras ser envenenados, los jóvenes fueron trasladados hasta la mencionada base militar, para luego lanzarlos al mar.

El documento adscrito por el jefe de Estado Mayor fue firmado por Ricardo Ortega, quien, en ese momento, subrogaba el cargo.

A pesar de que a esa fecha ya había declarado en calidad de testigo, no se inhabilitó de entregar datos sensibles al ministro instructor.

Algo similar sucedió el 8 de octubre de 2008, cuando el Estado Mayor envió un documento con carácter de reservado a Carroza. Nuevamente firmó Ortega como jefe subrogante de esa repartición.

Hasta ahora, la defensa del ex DINE y de varios de sus ex camaradas ha señalado que sólo tuvieron una participación tangencial en aspectos de inteligencia relacionados con los cinco frentistas.

Varios testimonios derrumban esta versión. En 2007, Ortega declaró que sólo acudió una vez al cuartel Borgoño, específicamente por la detención de la vocera del FPMR, Karin Eitel.

En la misma ocasión, reconoció por primera vez que cumplió labores de inteligencia en esa acción.

Eitel fue detenida en noviembre de 1987, estuvo junto a los cinco frentistas y fue brutalmente torturada durante 34 días.

La agente de la CNI, Elizabeth Tello, declaró en octubre de 2008 que Ortega se encontraba dentro de los agentes de la DINE que habían acudido al cuartel en ese tiempo.

"Está el capitán Ortega, de los otros no tengo recuerdo. También se comentó que había personal de la Unidad Antiterrorista (CNI) y de la Brigada Rengo (encargada de la seguridad del cuartel Borgoño)", precisó.

Otro de los agentes de la CNI que participó en la detención de los cinco frentistas y Eitel, el inculpado Luis Arturo Sanhueza Ros, declaró este año que Ortega actuó operativamente en la detención de la mujer.

"Estaban el mayor Ortega y el comandante Julio Cerda, los que actuaron con capucha, situación que debe estar aclarada en la causa que en un principio siguió la Fiscalía Militar en contra de Eitel, Carlos Cancino y Max Trujillo", señaló.

No es el único frente de la investigación que ha echado por tierra tanto la versión de Ortega como la de sus subalternos del BIE.

Un grupo importante de ellos ha ido reconociendo que estuvieron en Borgoño varias veces, presencia que era negada hasta hace un tiempo.

Al parecer hubo dos grupos, uno comandado por Bustos, bajo el mando de Ortega, y otro liderado por Rafael Rojas Tapia, "El Piscola".

Los suboficiales Aníbal Llanquinao y José Granada admitieron su estadía en Borgoño por cerca de 20 días. Abelardo Reyes, también agente del BIE, declaró en julio de 2008 que acudió junto a Bustos en más de tres oportunidades en calidad de chofer, "cuando a él le faltaba gente de su equipo titular".

"Piscola" ha sido el más duro en los cuestionamientos al general Ortega. Rojas ha señalado que el G-4, a cargo de Ortega, estuvo en Borgoño durante el tiempo que los militantes del FPMR permanecieron detenidos.

Esta ratificación surge del interés de "El Piscola" por desmarcarse de los mandados por Ortega. En 2006 precisó que éstos llegaron antes que él, efectuando una coordinación "permanente".

A principios de este año fue más específico y agregó que él pertenecía "al grupo G-3, cuyo mando lo tenía un capitán que no recuerdo el nombre. El teniente Bustos pertenecía a la unidad G-4 y su comandante de unidad era el entonces mayor Ortega".

Secretos militares, negocios ilícitos de Pinochet y pugnas internas al interior de la Junta de Gobierno se han ventilado tratando de explicar las razones del secuestro del coronel Carlos Carreño.

Hoy comienza a quedar claro que el asesinato y la desaparición de los cinco jóvenes frentistas fue un crimen desesperado de una dictadura que agonizaba.


La Nación

Viernes 13 de noviembre de 2009     

Testigo reconoce a general (R) Ricardo Ortega como uno de sus torturadores

 “Dos hematomas en la región occipital y uno en la región preauricular izquierda y mandibular derecha, ocular izquierda; chasquido en articulación de mandíbula; contusión torácica en 1/3 inferior de hemitórax izquierdo y contusión epigástrica”.

Es el informe médico con que Gendarmería certificó las condiciones en que llegó a la cárcel Karin Eitel, la joven que en 1987 fue detenida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), acusada  por el ex fiscal Fernando Torres Silva de ser cómplice del secuestro del coronel Carlos Carreño.

Fue detenida, procesada y condenada por el fiscal “ad hoc” que investigó el plagio del gerente comercial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae).

Tenía 26 años y su rostro se hizo conocido cuando apareció en las pantallas de TVN, demacradamente maquillada, ante un periodista que supuestamente la entrevistaba, donde confesaba que el FPMR había secuestrado a Carreño y que eran terroristas.

La mujer no había tenido ocasión de reconocer a ninguno de los que la maltrataron. Hasta ahora. Hace un mes, Karin Eitel se acercó voluntariamente ante el ministro en visita Mario Carroza.

Con un recorte del diario La Nación en la mano le dijo que había reconocido a uno de sus torturadores: Ricardo Ortega.

El juez investiga la desaparición forzada de cinco rodriguistas, ocurrida en 1987. Ella estuvo detenida en el mismo cuartel de la CNI, donde estaban los jóvenes.

De inmediato se gestó una diligencia para que mediante un set fotográfico pudiera identificar al resto de sus torturadores. El viernes 6 de noviembre, Karin Eitel, revivió una vez más esa situación.

Las imágenes en papel, volvieron a la memoria. Agentes de la DINE, del Batallón de Inteligencia del Ejército y de la CNI, pasaron por su vista.

En una declaración a la cual este diario tuvo acceso, Eitel señala que “mientras permanecí detenida en una celda al interior del cuartel Borgoño, se me acercaron varias personas, quienes me interrogaron y me sometieron a múltiples torturas, y en este mismo contexto podría reconocer a tres de las personas que pude ver en esa ocasión, entre éstas a una mujer”.

Su mención al ex general de la DINE es crucial, ya que viene a reforzar los antecedentes que existen contra Ortega, quien está inculpado, a un paso de ser sometido a proceso.

Éste tenía el grado de mayor y siendo jefe de la brigada G4, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), destinada a reprimir la oposición contra el régimen en poblaciones, sólo ha reconocido que estuvo una vez en el Cuartel Borgoño, donde estuvieron detenidos los cinco rodriguistas desaparecidos.

Sobre el ex alto oficial, Eitel declaró que “con el paso del tiempo y debido a una publicación que apareció en el diario La Nación Domingo, correspondiente a la semana del 25 al 31 de enero del presente año, pude reconocer a uno de estos agentes, ya que en la página número 27 se publicó la fotografía de un oficial de Ejército al cual reconocí inmediatamente y que corresponde al general Ricardo Ortega”.

El caso había sido cerrado en abril. Sin embargo, el Programa de Derechos Humanos (DDHH) del Ministerio del Interior solicitó nuevas diligencias, dentro de las cuales se solicitó que a Karin Eitel se le mostrara un set fotográfico para que reconociera agentes.

Así, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación en junio.

Dentro de estas nuevas pesquisas, Ortega declaró como inculpado. Tanto su superior como su subalterno, están procesados.

Él dice que sólo tuvo funciones de enlace, mientras era teniente del BIE, entre la institución y la familia del coronel secuestrado.

Durante la diligencia, Karin Eitel también sostuvo que Ortega fue “uno de los agentes que me interrogó y sometió a torturas, preocupándose en esa ocasión que se me grabara bien su rostro”

Karin Eitel fue detenida el 1 de noviembre de 1987. En el expediente sobre el secuestro de Carreño (rol Nº 1510-1987, del Segundo Juzgado Militar), ella dice que realizó varios llamados telefónicos a la familia de Carreño, el primero de ellos, el 4 de septiembre de ese año.

El 26 de septiembre, después de realizar el último llamado, se da cuenta que la están siguiendo.

Hoy se sabe que esos seguimientos correspondieron al G4, de Ortega.

El caso de los cinco rodriguistas, hasta ahora, suma 27 procesados, entre los que se encuentran Bustos, el jefe del BIE, Julio Cerda, y el director de la DINE de la época, Hugo Prado

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