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Carlos Marco Muñoz

 

25 de Mayo 2007 El Mostrador

Agente civil Carlos Marco Muñoz: Ex DINA prestó testimonio en caso Soria un día antes de suicidarse

Esta es la segunda vez que un implicado en el caso Calle Conferencia se quita la vida, luego de que en 2005 lo hiciera el coronel (R) Germán Barriga –también ex DINA-, quien se lanzó al vacío desde un edificio de Las Condes. Marco Muñoz dejó una carta donde pide perdón a su esposa y culpa al ministro Víctor Montiglio y a la Presidenta Bachelet.

Dos hechos marcaron las últimas horas del ex agente civil de la DINA Carlos Marco Muñoz, de 72 años, antes de que se suicidara en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

El primero fue la declaración que prestó el miércoles ante el ministro en visita Alejandro Madrid, en el marco del proceso que sustancia por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

Y la segunda, la carta que escribió de puño y letra en la que pide perdón a su esposa por su trágica decisión; culpa al ministro Víctor Montiglio, instructor del caso Conferencia, donde estaba sometido a proceso por homicidio calificado, como también a la Presidenta Michelle Bachelet, por la política de derechos humanos que ha tenido la Concertación.

El ex agente ofició como mayordomo en el cuartel Simón Bolívar que manejó la DINA después del golpe militar de 1973, pero finalmente terminó viéndose involucrado en las torturas y desapariciones de prisioneros políticos.

En el mencionado recinto permanecieron detenidos, entre otros, el ex secretario general del Partido Comunista (PC) Víctor Díaz, padre de la dirigenta Viviana Díaz, y Jorge Muñoz, ex pareja de Gladys Marín.

El ministro Madrid citó al ahora fallecido ex agente, ya que en la arista por la muerte de Soria ha estado hurgando en las declaraciones que Montiglio ha conseguido en su indagatoria, principalmente para configurar la actuación de la Brigada Mulchén del organismo represivo.

La muerte del ex DINA está siendo investigada por la Segunda Fiscalía Militar, a cargo del titular Roberto Reveco, para confirmar o descartar si hubo acción de terceros. Las pericias criminalísticas están a cargo de las unidades especializadas de Investigaciones.

Muñoz, antes de estar detenido en el recinto militar lo estuvo en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y luego fue trasladado al sector oriente de la capital, hecho que también deberá ser investigado por Reveco.

Esta es la segunda vez en que un implicado en la causa se quita la vida, luego de que en enero de 2005 lo hiciera el coronel (R) Germán Barriga –también ex DINA- quien se lanzó al vacío desde la azotea de un edificio en la comuna de Las Condes.

El caso Conferencia es un proceso sustanciado por el ministro Montiglio, donde se ha destapado cómo la DINA asesinó a la dirección clandestina del PC.

Actualmente hay más de 60 agentes sometidos a proceso por diversos delitos.

Suicidio de ex agente DINA reactiva preocupación de procesados por DD.HH

Al igual que lo ocurrido en enero de 2005, cuando se quitó la vida el coronel(R) Germán Barriga Muñoz, los abogados y familiares de militares procesados han planteado la posibilidad de buscar una salida de carácter político que vuelva a aplicar las figuras de la Ley de Amnistía y prescripción.

El suicidio del agente civil de la DINA Carlos Marco Muñoz, procesado por el denominado caso Calle Conferencia, reactivó la “campaña” de los encausados por violaciones a los derechos humanos para cerrar las investigaciones de los crímenes ocurridos en la dictadura y encontrar una salida política a un tema que aún consideran pendientes.

Al igual que lo que ocurrió en enero de 2005, cuando se quitó la vida el coronel (R) Germán Barriga Muñoz, las defensas de los militares procesados y sus familiares comenzaron a plantear que la Corte Suprema debía poner fin al criterio de acoger los Tratados Internacionales por violaciones a los derechos humanos, y comenzar a cerrar las causas por la aplicación figuras como la Ley de Amnistía y la prescripción.

El general en retiro Guillermo Garín fue claro al resumir el sentimiento de frustración que sienten los ex agentes que participaron en algunos casos de violaciones a los derechos humanos y que se sienten en la indefensión por el criterio de la Corte Suprema que ha reconocido que los Convenios de Ginebra declaran imprescriptibles este tipo de hechos.

“Ellos antes del 11 de septiembre (de 1973) no eran considerados como delincuentes. Cuando actuaron no lo hicieron por cuenta propia, por eso sienten que no se están aplicando figuras como la Ley de Amnistía y la prescripción que deberían considerarse en Chile”, dijo el militar en retiro, que también fue vocero de la familia del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte.

De hecho, en los círculos de los abogados de militares resurgió la posibilidad de reactiva la verdadera campaña de “lobby y sensibilización” que están desplegando en las últimas semanas, y que se inició tras los masivos procesamientos dictados por el ministro en visita Víctor Montiglio en la causa Calle Conferencia.

En el marco de esta campaña el abogado del general (R) Manuel Conrtreras, Fidel Reyes, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia Witting, para plantearle la posibilidad de que se cierren las causas por violaciones a los derechos humanos y que se termine con lo que definen como “la ficción jurídica del secuestro permanente”.

La reunión se materializó hace algunos días y si bien el ministro Tapia sólo escuchó al defensor del ex director de la DINA, a la salida del encuentro Reyes fue claro al plantear que se debe poner fin a este tipo de procesos.

"Hay inquietud e irritación entre los oficiales que son procesados por el tema de las violaciones a los derechos humanos, ya que no se han considerado ciertas instituciones plenamente vigentes como la prescripción y la Ley de Amnistía”, dijo el profesional que defiende al ex director condenado a un total de 159 años de cárcel por distintos casos de violaciones a los derechos humanos.

Reyes planteó que los jueces que investigan este tipo de procesos están perjudicando a los ex uniformados, pues se los obliga a probar que los secuestros de detenidos desaparecidos no existen. “Se ha invertido la carga de la prueba. Los jueces están investigando y piden a los imputados que prueben que las personas desaparecidas están muertas o vivas y eso le corresponde al juez que debe investigar todo, no sólo lo que culpa a una persona. Los Tratados Internacionales se entienden incorporados a nuestra ley cuando son ratificados y ha habido fallos en que igual se aplica y eso causa escozor”, afirmó Reyes.

Los familiares de los ex militares y los abogados ligados al tema están convencidos que la única forma de invertir esta situación es poner fin a la pasividad con que han actuado en los últimos años y actuar de la misma manera con que lo hacen los familiares de las víctimas, sensibilizando a la población general y el mundo político de su realidad.

Por ello, han comenzado a asistir a los alegatos de las causas cuando son analizadas por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, tal como ocurrió hace unas semanas cuando se analizó la libertad de 40 agentes de la DINA procesados por el caso Calle Conferencia, y posteriormente cuando en máximo tribunal analizó la condena por el caso del detenido desaparecido Luis San Martín Vergara.

En aquellas ocasiones, junto a los familiares de las víctimas, se vio a los generales (R) Raúl Iturriaga Neumann, Hernán Núñez y otros que fueron a “hacer acto de presencia”.

Querellante considera ''extraordinariamente sospechosa'' muerte de ex agente

Abogado Eduardo Contreras indicó que Carlos Marco Muñoz se había transformado en un “testigo clave” de la investigación del caso de Calle Conferencia.

Como "extraordinariamente sospechosa" calificó el abogado Eduardo Contreras, uno de los querellantes en la investigación por el crimen del caso Calle Conferencia, la muerte del ex agente de la disuelta DINA Carlos Marco Muñoz.

Indicó que el fallecido se había transformado en un “testigo clave” de la investigación que lleva adelante el ministro en visita, Víctor Montiglio, aportando importantes antecedentes para reconstruir la represión de la dictadura a la cúpula del Partido Comunista (PC), en 1976.

El ex empleado estaba preso desde el pasado enero, tras ser procesado por el juez Montiglio como coautor de secuestros y homicidios calificados de dirigentes del PC.

De acuerdo al expediente del caso, Carlos Marcos Muñoz aseguró tras ser detenido que él se desempeñaba sólo como mayordomo y cocinero del cuartel Simón Bolívar, pero el juez logró comprobar que tuvo participación activa en los crímenes.

Según Contreras, entre los datos relevantes aportados por Marco Muñoz se encuentran el haber reconocido al ex subsecretario general del PC Víctor Díaz, dando detalles incluso de la forma en que se ejerció la represión contra el desparecido dirigente de izquierda.

"Él denuncia a otro militar que con un soplete quemó las huellas dactilares de Víctor Díaz y las de otros detenidos en calle Conferencia, como se les quemó el rostro”, afirmó el profesional, reclamando una investigación acuciosa y transparente sobre las causas que rodearon la muerte del ex agente DINA.

"Él ha entregado una valiosa contribución como testigo clave en el proceso, me parece extraordinariamente extraño este suicidio", dijo el profesional.

 

31 de Mayo 2010
La Nación
DDHH: Tres ex agentes han muerto mientras cumplían condena
La muerte del ex agente Héctor Vallejos Birtiola ocurrida antenoche, se convirtió en el tercer caso de un violador de derechos humanos que muere por enfermedad terminal cumpliendo sentencia. Estaba internado en Punta Peuco.
Antes que él, en 2007 murieron en circunstancias similares los ex represores Osvaldo Romo y Osvaldo Pincetti.
Ese mismo año y mientras cumplía detención preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, tras ser procesado en el caso Conferencia, murió en un extraño suicidio el ex integrante de la Brigada Lautaro Carlos Marcos Muñoz.
Procesados pero gozando de libertad provisional con juicios en desarrollo, han muerto hasta la fecha por distintas causas sobre una decena de ex agentes.
En esta calidad falleció en 2005 el ex vicecomandante en jefe del Ejército encausado por los crímenes de Pisagua, general (R) Carlos Forestier Hänsgen.
Igualmente procesado y en libertad provisional murió en enero de 2005 lanzándose desde un edificio el ex jefe de la brigada Purén y el grupo Delfín, coronel (R) Germán Barriga.
Vallejos, que sufría un cáncer, había pedido el indulto presidencial el 2 de marzo de 2010, pero la entonces Presidenta Bachelet lo negó.
No obstante, Vallejos había recibido en 2009 un importante beneficio de parte de la Sala Penal de la Corte Suprema que, aplicando la “doctrina Dolmetsch”, medida compensatoria llamada así por su autor y miembro de esa sala, Hugo Dolmetsch, le rebajó su condena de diez años y un día, a 5 años y un día.
Esa vez, Vallejos y los otros dos condenados, el brigadier (R) Fernando Polanco y el suboficial (R) Luis Fernández, a quienes se les hizo la misma rebaja, estuvieron a punto de ser absueltos cuando dos de los cinco integrantes de esa sala penal, Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, partidarios de la amnistía y la prescripción en crímenes de lesa humanidad, votaron por la absolución.
Vallejos cumplía condena como coautor del crimen en 1973, en la frontera con argentina, en La Serena, del matrimonio argentino-mexicano integrado por Bernardo Ledjerman y María Avalos.
Según lo dice el proceso, el hijo de ambos de dos años, Ernesto, fue entregado en custodia a las monjas de la Providencia, en La Serena, por el entonces teniente Juan Emilio Cheyre, argumentando que sus padres “se suicidaron”.
MINISTRO
Ayer el ministro de Justicia Felipe Bulnes, dijo que indultar a violadores de derechos humanos “es un tema complejo”, porque “se combina la natural misericordia con nuestro compromiso de hacer cumplir la ley”.
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, expresó que “la vida y la muerte son parte de nuestra existencia y ello no implica que violadores de derechos humanos queden libres por sufrir enfermedad”.
La AFDD se opone a que la Iglesia pida al gobierno el indulto

 

 

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