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Juan Hernán Morales Salgado 

Coronel de Ejercito

Agente DINA, Director de la Brigada Lautaro

C.I.: 4.516.316-4

Domicilio: Guadarrama 1161, Las Condes, Santiago

Fecha Inicio Cumplimiento Condena: 13-07-2010
Fecha de Término Cumplimiento Condena: 29-04-2025
PRONTUARIO
Procesos:
- Procesado como coautor del secuestro calificado y el homicidio calificado de Víctor Díaz López, Calle Conferencia, entre abril y agosto de 1976, Santiago.
- Procesado como coautor de 6 secuestros calificados, caso “Los 13”, diciembre de 1976.
- Procesado como coautor de 1 secuestro, como coautor de 1 homicidio calificado y como coautor de asociación ilícita de Manuel Jesús Leyton Robles (Agente DINA a la fecha de
su homicidio), en marzo de 1977, Santiago.
- Procesado como autor de 3 secuestros calificados. (Daniel Palma Robledo, Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, abril de 1976, Santiago.
- Procesado como cómplice de 1 secuestro calificado de Víctor Hugo Morales Mazuela, agosto de 1976, Santiago.
- Procesado como cómplice de 1 secuestro calificado de Carlos Mario Vizcarra Cofré, agosto de 1976, Santiago.
- Procesado como cómplice de 1 secuestro calificado Julio Roberto Vega Vega, agosto de 1976, Santiago.

Condenas:
- Condenado a firme como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y Sra. Sofía Cuthbert Chiarleoni a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, y
como autor de asociación ilícita a la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, septiembre de 1974, Buenos Aires.
- Condenado a firme como autor de 5 secuestros calificados de José Gabriel Campos Morales, Arturo Enrique Riveros Blanco, José Alfonso Saavedra Betancourt, Jaime Bernardo Torres Salazar y Jorge Bernabé Yáñez Olave, septiembre de 1973, entre Linares y Cauquenes.

El coronel Juan Hernán Morales Salgado, cuando era capitán estuvo a cargo de la gobernación de Constitución después del golpe cívico militar, dirigió ls represión de esa ciudad, participando directamente en los asesinatos de detenidos políticos de la zona.

Seguía en servicio activo en 1991 es Juan Hernán Morales Salgado quien, con el grado de capitán fue el encargado de seguridad del "Mamo". A cargo de su grupo de escoltas sólo le rendía cuentas a él.

Dirigió la Temida Brigada de exterminio Lautaro que operaba desde el desconocido cuartel de Calle Simón Bolívar 8630

Después de dejar la DINA estuvo oxigenándose en la Antártica. En 1991, con el grado de coronel, cumplía funciones en la Dirección de Personal del Ejército.
Estuvo encargado de la represión en Constitución y otras ciudades del sur durante los inicios de la dictadura cívico militar (1973). Ya de esa época existen testimonios que lo indican como responsable de secuestros, torturas y desaparición de detenidos,


Fuentes: La Nación, El Mostrador, Punto Final, Ciper, Archivo Memoriaviva


 
Caso Carlos Prats y Sofia Cuthbert - Acusacion a Hernan Morales Salgado - 2007


La brigada Lautaro de la DINA era la unidad de exterminio montada por Manuel Contreras y dirigida por el Coronel de ejercito Juan Morales Salgado.

Esta brigada operaba desde el desconocido cuartel de Calle Simón Bolívar 8630.

Las acciones hasta ahora conocidas de este grupo de agentes DINA seria la captura de la dirección del partido comunista en 1976.

La brigada funcionaba con un contingente de mas de 70 miembros, de los cuales sus miembros operativos ejecutaban la recopilación de información, detenciones, interrogatorios/tortura, ejecución y desaparecimiento de cuerpos de los detenidos.

Para estos efectos constaban con acceso a una gran infraestructura, que aparte del cuartel en si, tenían un variado numero de vehículos a su disposición, además del acceso a los helicópteros Puma, del Comando de Aviación del Ejército (CAE) que operaba desde Peldehue.

Los miembros de la Brigada lautaro provenían de las cuatro ramas de las FFAA, además de contar con algunos agentes civiles adscritos a las diversas ramas, su conformación era mayoritariamente de sub oficiales, El hecho de que en esta brigada existían a lo menos siete agentes provenientes de la Armada, deja de claro que la institución miente cuando declaro que la Armada retiró a todo su personal de la DINA en 1975.

Otra de las características de la brigada Lautaro, es que contaba con un gran numero de mujeres, las que como se ha ido descubriendo, se caracterizaban por su frialdad y crueldad ante los crímenes. Varias de ellas, por sus conocimientos de medicina y enfermería, cooperaban en los experimentos que se ejecutaban en el laboratorio químico de la casa de Michael Townley, en Lo Curro. Townley asistía constantemente al cuartel de Calle Simón Bolívar para experimentar en los detenidos con el gas que fabricaba el químico Eugenio Berrios.

 La información que se ha logrado rescatar hasta agosto 2007, aparece después de la investigación del caso “calle conferencia” llevada a cabo por el Juez Víctor Montiglio quien ha logrado establecer la suerte corrida por un numero de detenidos de la dirección del partido comunista, entre ellos el secretario general del PC en la clandestinidad, Víctor Manuel Díaz López, además de Bernardo Araya Zuleta, María Olga Flores Barraza, Mario Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortés, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenín Adán Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Marta Lidia Ugarte Román. 

Hasta hoy se ha establecido que Víctor Manuel Díaz López fue detenido la madrugada del 12 de mayo de 1976 en la casa ubicada en calle Bello Horizonte Nº 979, de la Comuna de Las Condes, días después de la detención de varios dirigentes del PC detenidos en el operativo conocido como la “Ratonera” en Calle Conferencia No1587.

Víctor Díaz fue llevado al centro de torturas de Villa Grimaldi, y posteriormente trasladado a “Casa de Piedra”, otro centro de torturas de la DINA ubicado en el Cajón del Maipo, lugar donde es sabido que Augusto Pinochet habría visitado a Víctor Díaz y a otros dirigentes PC ahí detenidos.

A principios de 1977 Manuel Contreras le da la orden a Juan Morales Salgado, de eliminar a Víctor Díaz, y en cumplimiento de esa orden, los agentes Sergio Escalona Acuña  y Bernardo Daza Navarro sacan a Díaz de un celda y le amarraron una bolsa plástica en la cabeza asfixiándolo, mientras la teniente (enfermera) de ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño le inyectó cianuro. Posteriormente procedieron a introducir el cuerpo en bolsas plásticas, atarlo y adosarle un trozo de riel e introducirlo en sacos papero para luego atarlo con alambre y asegurarse que no se abran las amarras.

El cuerpo fue trasladado en vehículos hasta el regimiento del Ejercito en Peldehue, donde tenían otros ejecutados traídos desde Villa Grimaldi y atados de la misma forma que Víctor Díaz. Cargaron los cuerpos en el helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejercito y partieron con rumbo a la costa de la Quinta Región para lanzar los cuerpos al mar.

Este modo de operar de los agentes de la brigada Lautaro demuestra la brutalidad y deshumanización de todos sus miembros.

A continuación la lista de algunos de los agentes de la Brigada Lautaro.

1   Acevedo Acevedo, Heriberto del Carmen        Carabineros      Suboficial (R)

2   Ahumada Despouy, Joyce Ana                         Ejército           Suboficial (R)

3   Altamirano Sanhueza, Orlando del Tránsito       Armada            Suboficial (R)

4   Alvarez Droguett, Victor Manuel                      Ejército           Suboficial (R)

5   Alvarez Vega, Hiro                                         Ejército           Suboficial (R)

6   Arriagada Mora, Jorge Hugo                            FACH               Empleado civil (R)

7   Aspe Rojas, Celinda Angélica                          Armada            Suboficial (R)

8   Benavides Escobar, César Raúl                        Ejército           General (R)

9   Bermúdez Méndez, Carlos Justo                      Ejército           Suboficial (R)

10 Bitterlich Jaramillo, Pedro Segundo                 Ejército           Suboficial (R)

11 Cabezas Mardones, Eduardo Patricio                FACH               Suboficial (R)

12 Calderón Carreño, Gladys de las Mercedes        Ejército           Oficial (R) y enfermera

13 Castro  Andrade, Sergio Hernán                       Carabineros      Suboficial (R)

14 Chaigneau Sepúlveda, Federico Humberto        Ejército           Teniente Coronel (R)

15 Daza Navarro, Bernardo del Rosario                 Armada            Suboficial (R)

16 Díaz Radulovich, Jorge Iván                            FACH               Suboficial (R)

17 Díaz Ramírez, Guillermo Eduardo                    FACH               Suboficial (R)

18 Escalona Acuña, Sergio Orlando                       Armada            Suboficial (R)

19 Escobar Fuentes, Jorge Marcelo                       Ejército           Brigadier (R)

20 Ferrán Martínez, Guillermo Jesús                     Ejército           Suboficial (R)

21 Garea Guzmán, Eduardo                                 Ejército           Empleado civil (R)

22 Guerrero Aguilera, Gustavo Enrique                 Carabineros      Suboficial (R)

23 Guerrero Soto, María Angélica                         Ejército           Suboficial (R)

24 Gutiérrez Valdés, Pedro Antonio                      Ejército           Suboficial (R)

25 Jaime Astorga, Rufino Eduardo                        Carabineros      Suboficial (R)

26 Jiménez Escobar, Berta Yolanda                      Armada            Suboficial (R)

27 Krassnoff Martchenko, Miguel                          Ejército            Brigadier (R)

28 Lagos Yáñez, Luis Alberto                               FACH                Empleado civil (R)

29 Lawrence Mires, Ricardo Víctor                       Carabineros      Teniente Coronel (R)

30 López Tapia, Carlos José                                Ejército            Coronel (R) y Prof. Ejér.

31 Magna Astudillo,  Elisa del Carmen                   Ejército            Oficial (R)

32 Manríquez Manterola, Jorge Lientur                 Armada             Suboficial (R)

33 Marcos Muñoz, Carlos Segundo                        Civil                  adscrito al Ejército

34 Meza Serrano, José Miguel                              Armada             Suboficial (R)

35 Montre Méndez, Manuel Antonio                      Carabineros       Suboficial (R)

36 Morales Salgado, Juan Hernán                          Ejército            Coronel (R) y Prof. Ejér.

37 Navarro Navarro, Teresa del Carmen               Armada             Suboficial (R)

38 Obreque Henríquez, Manuel Jesús                    Ejército            Suboficial (R)

39 Ojeda Obando, José Alfonso                           Carabineros       Suboficial (R)

40 Orellana de la Pinta, Claudio Orlando               Carabineros       Suboficial (R)

41 Oyarce Riquelme, Eduardo Alejandro               Ejército            Suboficial (R)

42 Pacheco Fernández, Claudio Enrique               Carabineros       Suboficial (R)

43 Pichunmán Curiqueo, Jorge Segundo               Carabineros       Suboficial (R)

44 Piña Garrido, Juvenal Alfonso                         Ejército            Suboficial (R)

45 Reyes Lagos, Eduardo Antonio                        Ejército            Suboficial (R)

46 Rinaldi Suárez, Carlos Ramón                          Ejército            Suboficial (R)

47 Rivas González, Adriana Elcira                        FACH                Suboficial (R)

48 Riveros Valderrama, René Miguel                    Ejército            Oficial (R)

49 Saavedra Vásquez, Orfa Yolanda                     Ejército            Suboficial (R)

50 Sagardía Monje, Jorge Laureano                     Carabineros       Suboficial (R)

51 Sarmiento Sotelo, José Manuel                       Carabineros       Suboficial (R)

52 Silva Vergara, Marilin Melahani                       Carabineros       Suboficial (R)

53 Sovino Maturana, Hernán Luis                         Ejército            Capitán (R)

54 Torrejón Gatica, Orlando Jesús                       Ejército            Suboficial (R)

55 Troncoso Vivallos, Emilio Hernán                     Carabineros       Suboficial (R)

56 Urrutia Acuña, Luis Arturo                               Carabineros       Suboficial (R)

57 Vacarella Gilio, Italia Donata                           Carabineros       Suboficial (R)

58 Valdebenito Araya, Héctor Manuel                   Carabineros        Suboficial (R)

59 Vilches Muñoz, Ana del Carmen                       FACH                 Empleada civil (R)


Emol.com, 26 de julio de 2001

Caso Prats: Corte autoriza exhorto de juez argentina

La justicia chilena accedió al pedido de la jueza María Servini de Cubría y enviará los antecedentes sobre la carrera funcionaria del coronel retirado Juan Hernán Morales Salgado, quien se desempeñó como jefe de seguridad del jefe del ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras.

 La segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile autorizó un exhorto de la jueza argentina María Servini de Cubría, para que se le envíen todos los antecedentes respecto a la hoja de vida del coronel retirado Juan Hernán Morales Salgado, en el marco de la investigación por el caso Prats, confirmaron hoy fuentes judiciales. 

La magistrada argentina pidió en esa carta rogatoria que se le informe de todas las salidas y las entradas a Chile, y los destinos de Morales entre mediados de 1973 y 1975, período en el cual se cometió en Buenos Aires (el 30 de septiembre del 1974) el doble asesinato del ex jefe del Ejército de Chile, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. 

Servini solicitó además que se le informe si el coronel retirado integró un "Grupo de Operaciones Especiales" de la DINA. 

También la jueza pidió información procesal de Morales en Chile, específicamente si estuvo o se encuentra vinculado, inculpado, procesado o condenado, en alguna causa de violaciones de los derechos humanos. 

El juez del primer juzgado del crimen de Santiago Joaquín Billard, será el encargado de solicitar al Ejército los antecedentes sobre la carrera funcionaria del Morales Salgado, quien se desempeñó como jefe de seguridad del jefe del ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras. 

Por este mismo caso la jueza Servini de Cubría está pidiendo la extradición a Argentina de Pinochet y de seis agentes de la DINA: Contreras, los ex brigadieres Pedro Espinoza y José Zara, el general retirado Raúl Iturriaga Neumann y los agentes civiles Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann. 

Sin embargo, hasta el momento la justicia chilena se ha negado a tal petición. 

A comienzos de la próxima semana la Corte Suprema deberá resolver otro exhorto pendiente, enviado por la magistrada argentina, en que pide tomar declaración indagatoria a Pinochet y a Callejas. 

El matrimonio Prats-Cuthbert murió el 30 de septiembre de 1974 por una bomba que explotó bajo su automóvil cuando ingresaba al edificio en el que la pareja vivía exiliada, en el porteño barrio de Palermo.


Emol.com, 19 de Julio de 2003

Leal acusó a la UDI de proteger a violadores de DD.HH. en Linares

El parlamentario acusó a la oposición de utilizar la denuncia de Odette Alegría en contra de Nelson Mery "para tapar" las acciones cometidas durante el régimen militar.

El diputado del Partido por la Democracia (PPD) Antonio Leal acusó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) de montar una maniobra de encubrimiento para proteger a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar en la zona de Linares. 

Según el parlamentario, el gremialismo utiliza la denuncia de Odette Alegría en contra del director de Investigaciones, Nelson Mery, como una cortina de humo para tapar las acciones cometidas por efectivos militares en Linares, entre ellas las del ex vicecomandante en jefe del Ejército general Jorge Zincke y del general en retiro Humberto Julio. 

El diputado, en compañía de Anselmo Cancino, familiar de una de las víctimas de la zona, emplazó al senador UDI por la Séptima Región, Hernán Larraín, a pronunciarse sobre la responsabilidad de ex miembros del Ejército en los crímenes cometidos durante el régimen militar. 

"Quiero pedirle en primer lugar al senador Hernán Larraín, que en estos días ha acusado al Gobierno de doble estándar respecto del caso de Mery, que haga alguna declaración en relación a los hechos de fondo, que son las desapariciones de las personas y las responsabilidad de los generales Zincke y Julio, a quien la derecha está tratando de proteger a través de la cortina de humo que están tendiendo en torno al caso de Mery", dijo Leal. 

"Si Mery es culpable y la justicia lo condena, tiene que pagar por cualquier delito que haya cometido y naturalmente dejar de ser director de Investigaciones", agregó. 

El 11 de julio pasado el juez Alejandro Solís sometió a proceso a ocho altos oficiales retirados, entre ellos el ex vicecomandante de la institución general (r) Jorge Zincke Quiroz y a otros dos generales (r), como autores del secuestro y desaparición de ocho personas de Linares y los alrededores. 

Las víctimas fueron todas detenidas por personal de la Escuela de Artillería de Linares entre septiembre y diciembre de 1973 y, desde entonces, están desaparecidas. 

Además de Zincke, están encausados el general (r) Carlos Morales Retamal, director de ese regimiento e intendente desde enero de 1974, y Humberto Julio Reyes, este último ex subsecretario de Relaciones Exteriores. 

El resto de los procesados son los coroneles (r) Félix Cabezas Salazar, subdirector de esa escuela hasta noviembre de 1973; Juan Morales Salgado, gobernador de Constitución desde el 12 de septiembre de 1973; y Claudio Lecaros Carrasco, comandante del Grupo de Artillería y oficial de inteligencia militar de este regimiento de Linares. 

Cierran la lista el suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y el ex oficial de la policía civil Héctor Torres Guajardo, que al tiempo de los hechos cumplía funciones en Linares. En este proceso fue interrogado el director de Investigaciones, Nelson Mery, quien igualmente cumplía funciones policiales en Linares en 1973.


El Mostrador.cl, 19 de Abril 2006

Procesan a cinco militares y dos detectives por secuestros en Linares

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a cinco miembros en retiro del Ejército y dos ex detectives como autores de secuestro calificado de tres militantes del MIR y un dirigente sindical, quienes fueron vistos con vida por última vez en la Escuela de Artillería de Linares entre el 12 de septiembre de

1973 y el 2 de enero de 1974.

El dictamen se convierte en una ampliación de la resolución que dictó el 6 de julio de 2003, ocasión en que encausó a seis ex uniformados por otros casos de detenidos desaparecidos contenidos en el mismo episodio.

El magistrado decidió encausar al coronel (r) Gabriel del Río Espinoza, quien era el comandante del mencionado recinto y -a la vez- intendente regional en la época, al coronel (r), Claudio Abdón Lecaros Carrasco, al ex comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y al comisario (r) de Investigaciones Nelson Volta Rosas, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Guillermo del Canto Ramírez, dirigente del MIR.

Según la investigación sustanciada por Solís, siendo las 00:30 horas del 2 de enero de 1974, Del Canto fue detenido mientras se encontraba junto a su cónyuge Marianela Méndez Soto en el domicilio de su primo Félix Ignacio Valenzuela Ferrer, ubicado en calle Santa Clara Nº 560 de la comuna de La Cisterna.

En efecto, ingresaron al lugar varios funcionarios que dijeron pertenecer al Regimiento de la ciudad de Linares, los que detuvieron a del Canto Ramírez y a su primo, por tratarse de un ”encubridor” –según manifestaron los aprehensores- .

Ambos detenidos fueron llevados en un camión hasta la Escuela Militar de Santiago, lugar en que fueron interrogados. A la mañana siguiente, Valenzuela Ferrer fue dejado en libertad en tanto que Guillermo del Canto fue trasladado hasta el Regimiento de Artillería de Linares, donde permaneció detenido algunos días, siendo interrogado y torturado para, posteriormente, en una fecha no determinada, ser conducido al campo de prisioneros de Tejas Verdes de San Antonio, donde se perdió su rastro hasta hoy.

Otras tres víctimas

Por otra parte, el ministro Solís procesó al general (r) Carlos Edmundo Morales Retamal, a la sazón director de la Escuela de Artillería de Linares, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en contra de la estudiante universitaria y ex militante del MIR María Isabel Beltrán Sánchez, cometido a contar del 18 de septiembre de 1973.

Al ex comisario de Investigaciones Héctor Armando Torres Guajardo y al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos, como autores del delito de secuestro calificado en contra del ex militante del MIR Héctor Hernán Contreras Cabrera, cometido a contar del 8 de diciembre de 1973.

Por último, el juez encausó al coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de José Alfonso Saavedra Betancourt, ex dirigente sindical de la empresa Celco, perpetrado desde el 12 de septiembre de 1973.

El magistrado otorgó la libertad provisional a todos los procesados y sólo en el caso de Morales Salgado, quien por primera vez es imputado en esta causa, el beneficio fue entregado con consulta a la Corte de Apelaciones.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó este martes la excarcelación del ex militar, con los votos favorables de los ministros Juan Cristóbal Mera y Amanda Valdovinos, además del abogado integrante Benito Mauriz.

Compañeros de Mery

En el procesamiento, que consta de más de 60 páginas, el ministro Solís dejó estampadas las varias alusiones que existen en estos casos por la participación del ex director de Investigaciones en la detención de estos opositores al régimen militar.

De hecho, varios testigos lo sindican como parte del grupo de agentes que detuvo a María Isabel Beltrán. Asimismo, uno de los detectives que prestó servicios en la Escuela de Artillería, Armando Torres Guajardo, sostuvo que en esa unidad "había un Departamento de Seguridad, a cargo del capitán Lecaros y contaba con otros funcionarios, como Nelson Mery, al mando de Jorge Zincke.

Participaba en los interrogatorios y respecto de María Isabel Beltrán, militante del MIR, arrestada en Santiago, presenció unos 3 interrogatorios a cargo del capitán Lecaros, el cual, para amedrentarla, la golpeaba, en la espalda, con un “churro” de goma".

En tanto, uno de los sobrevivientes de la Escuela de Artillería de Linares, Osvaldo Efraín Salazar Saavedra, quien fue detenido el 19 de diciembre de 1973 por un pelotón de militares y detectives que lo llevaron a la Escuela Militar y luego fue trasladado a la Escuela de Artillería de Linares, afirma que en ese grupo participó Nelson Mery.

Por su parte, el ex director de la policía civil, quien abandonó su cargo por su supuesta vinculación a violaciones a los derechos humanos, declaró en el procesó que "el 12 de septiembre de 1973, siendo detective, fue designado como Oficial de enlace en la Escuela de Artillería de Linares y en una ocasión lo llamaron de la “Oficina de Inteligencia” y Aguilar le preguntó si conocía a Patricia Contreras, a quien ubicaba por ser amigo de su hermana, Elena".

"Contestó que sí y le ordenaron ir a Santiago porque aquella estaría involucrada en un ocultamiento de armas en Panimávida. Llegaron a una casa en calle Cienfuegos, en un jeep militar, a cargo del capitán Humberto Julio, iban además el sargento Aguilar y el detective Volta; la detuvieron y la llevaron a la Escuela Militar; al día siguiente, yendo de regreso, bajó del jeep y miró en el camión en que iba aquella y se encontró, además, con María Isabel Beltrán, quien fue detenida por los efectivos militares", añadió.

"Siempre estimó que María Isabel Beltrán era un objetivo de inteligencia militar como lo dijo por escrito el coronel Morales Retamal, quien señala que aquella pertenecía a una célula mirista, mantenía actividades extremistas en Parral y en la infiltración de personas en las Fuerzas Armadas, principal cargo por el cual fue detenida", aseguró Mery al tribunal.


El Mostrador, 26 de Enero 2007 

Calle Conferencia: Militares confiesan crimen de dirigente PC Víctor Díaz

Ministro en visita Víctor Montiglio procesó a siete ex uniformados por secuestro y homicidio del padre de la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz.

Siete ex uniformados fueron procesados este viernes por su responsabilidad en el secuestro del ex dirigente comunista Víctor Díaz Osorio, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz.

La decisión fue adoptada por el ministro en visita del caso Calle Conferencia, Víctor Montligio, luego de que los imputados confesaran su participación en el secuestro y posterior homicidio del miembro de la cúpula del Partido Comunista (PC).

La resolución afecta al coronel Juan Morales Salgado, al oficial Guillermo Ferrán Martínez, la teniente Gladys Calderón y la suboficial Eliana Magna Astudillo, todos en calidad de retiro del Ejército.

También fueron encausados por el magistrado el ex teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, y los marinos en retiro Sergio Escobar y Bernardo Daza Navarro.

Todos los encausados continuarán en prisión en distintas unidades militares, a las que habían ingresado a mediados de esta semana por disposición del juez Montiglio.

En el marco de esta investigación, Lawrence había reconocido que Díaz fue visitado por el fallecido ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, mientras el primero permanecía recluido en un centro de detención conocido como "la casa de piedra" en el Cajón del Maipo.

El caso Calle Conferencia se refiere al operativo en el cual los órganos represores de la régimen militar desmantelaron la cúpula del PC, que se desempeñaba en la clandestinidad.

En la acción efectuada los primeros días de mayo de 1976, se detuvo al ingeniero Jorge Muñoz –entonces marido de la fallecida líder comunista Gladys Marín-, Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato y Díaz, quienes desde entonces permanecen desaparecidos.


El Mercurio, 23 de Junio de 2007
Juez reabre sumario: Solís procesa a coronel (r) por crimen de Prats 

Juan Morales Salgado fue encausado luego que el magistrado recibiera un documento de parte del brigadier (r) Pedro Espinoza, que lo inculpa de haber espiado al ex jefe militar.

El ministro en visita Alejandro Solís -quien indaga la muerte del general (r) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert- procesó ayer al coronel (r) del Ejército Juan Morales Salgado por su participación como miembro de la asociación ilícita responsable del doble homicidio ocurrido en Buenos Aires en 1974.

Morales era capitán y tercero en la jerarquía de la Dina al momento del crimen. También está procesado y detenido por el caso Calle Conferencia.

Solís reabrió el sumario el pasado lunes para incluir una nueva declaración voluntaria del brigadier (r) Pedro Espinoza, quien le entregó un documento "confidencial" (ver recuadro) enviado por Juan Morales a Manuel Contreras.

En el escrito, el procesado detalla al jefe de la Dina información relevante sobre los movimientos de Prats en Argentina.

Con su decisión, Solís paralizó temporalmente el proceso que sigue contra ocho ex agentes involucrados en el crimen, entre ellos el hoy fugado general (r) Raúl Iturriaga. La causa estaba próxima a entrar a plenario.

"Ha quedado demostrada la participación activa de altos oficiales del Ejército en el seguimiento del general Carlos Prats en la fase previa al asesinato", afirmó el querellante Hernán Quezada, quien, junto a su par Pamela Pereira, celebró la resolución y valoró la colaboración del brigadier (r) Pedro Espinoza, quien habría declarado a Solís que obtuvo el documento de los archivos de la Dine en 2004.

El abogado Jorge Balmaceda, defensor de Espinoza, dijo desconocer tanto la nueva declaración como el documento.

El documento inculpatorio

El texto que Espinoza entregó al juez Solís es del 26 de junio de 1974. En él, el capitán Juan Morales detalla la dirección del trabajo de Prats, su sueldo, las patentes de sus vehículos y la ubicación de su hogar. "Este documento oficial ha estado en las oficinas del Ejército hasta 2004. Sentimos que el Ejército nos debe una explicación, porque le hemos solicitado en numerosas oportunidades colaboración, y esto estuvo oculto", reclamó Angélica Prats, hija del asesinado militar. Al respecto, el Ejército recordó que se hizo parte del caso Prats a través del Ministerio de Defensa y aseguró que "bajo ninguna circunstancia" está dispuesto a esconder documentación relevante.


El Mostrador, 24 de Julio 2007

Por asociación ilícita, homicidio y secuestro Procesan a médicos y ex militares por crimen de agente DINA Manuel Leyton

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.

Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.


El Mercurio, 25 de Julio de 2007
Asesinato del cabo Leyton: Procesan a personal médico por crimen con gas sarín 
Se trata del personal de la clínica London, vinculada a la Dina. Este caso se ha relacionado con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Cuatro médicos, una enfermera, seis ex militares y un ex empleado civil del Ejército fueron procesados y detenidos por sus distintos grados de participación en el homicidio del cabo Manuel Leyton, a quien se aplicó gas sarín en una clínica privada vinculada a la Dina.

Leyton, ex agente de ese organismo de inteligencia, fue asesinado en 1977 tras ser sorprendido por Carabineros sustrayendo dos renoletas, una de ellas de propiedad de un detenido desaparecido, según la resolución.

Sus superiores, añade, lo llevaron a la clínica London, donde estuvo secuestrado y luego "falleció presumiéndose con fundamento que su deceso se produjo a consecuencia de la aplicación del denominado 'gas sarín'".

Como coautores del homicidio calificado de Leyton, se encausó al doctor Hernán Héctor Taricco, al teniente coronel (r) de Carabineros Ricardo Lawrence y a los ex oficiales de Ejército Juan Morales Salgado y Vianel Valdivieso.

En calidad de cómplices, se procesó a Hernán Sovino, ex teniente de Ejército, y Lorenzo Toro, empleado civil de la institución, y como encubridores del homicidio, a la enfermera Eliana Bolumburu; los doctores Osvaldo Leyton y Pedro Valdivia Soto; los ex oficiales Federico Chaigneau y Gladys Calderón y al ex suboficial Santiago Matteo.

Por el secuestro del cabo Leyton, también quedaron encausados los doctores Taricco y Leyton, la enfermera Bolumburu, los ex uniformados Lawrence, Valdivieso, Morales Salgado y Hernán Sovino, además del empleado civil Lorenzo Toro.

Madrid también sometió a proceso a la enfermera Bolumburu y al doctor Leyton por falsificación de instrumento público, ya que se habría aportado al Servicio Médico Legal un protocolo de autopsia e informes químico-toxicológicos que no eran fidedignos, al igual que la historia de atención médica de la víctima y su hoja de enfermería.

Esos documentos aparecen como confeccionados en la clínica London y están suscritos por profesionales ligados a la Dina.

Todos los profesionales y ex uniformados antes aludidos y el doctor Vittorio Orvietto fueron procesados además por el delito de asociación ilícita.

El crimen del cabo Leyton se ha vinculado a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, al existir sospechas de su familia de que fue asesinado con un agente tóxico, en 1982.

El abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, advirtió que los doctores Valdivia y Orvietto trabajaban en la Clínica Santa María cuando estuvo internado el ex Mandatario.

No obstante, Madrid declinó comentar si hay nexos entre ambos casos. Acerca del uso de gas sarín, acreditado por primera vez, precisó que se fabricaba en la casa de Michael Townley.

Caso Frei

El ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, comentó que con este dictamen es posible pensar que las circunstancias de la muerte del ex Presidente Frei serán aclaradas. "Causa satisfacción que el juez Alejandro Madrid haya encausado a médicos y enfermeras que tuvieron acción directa en acciones de violación de los derechos humanos durante el período militar, y que se encuentran directamente vinculados con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. De esta manera -dijo- se podría aclarar uno de los crímenes más abominables de los ocurridos en la dictadura militar".


La Nación, 30 de junio de 2008    

Manuel Contreras condenado a cadena perpetua por crimen de Prats

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert. En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Hijas del matrimonio Prats-Cuthbert destacaron fallo

Angélica y Cecilia Prats Cuthbert arribaron complacidas hasta el palacio de tribunales para interiorizarse del dictamen del ministro Alejandro Solís en contra de quienes participaron en el doble homicidio de sus padres Carlos Prats y Sofía Cuthbert ocurrido en 1974 en Argentina.

"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", afirmó Angélica Prats.

En tanto Cecilia afirmó que “el país ya conoce la verdad, nosotros estamos tranquilos después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares que en servicio activo participaron de la muerte del Comandante en Jefe, agentes del Estado participantes están determinados también, así que esa claridad ya la tiene el país y la tenemos nosotros también".

Angélica Prats valoró el trabajo que ha efectuado el ministro a cargo del proceso Alejandro Solís puntualizando además que no se puede olvidar los avances de la justicia argentina que también tramita esta causa.

Para la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira  con la investigación del juez Solís queda en evidencia que el crimen fue "un acto de terrorismo de la mayor magnitud en territorio extranjero" y que en este participaron “agentes de la DINA, oficiales del Ejército de Chile.


La Nación, 1 de julio de 2008  

Primer paso en la justicia para el crimen Prats-Cuthbert

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas.

Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar.

Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino.

Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles.

Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís.

A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años.

Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez.

"Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel.

Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile.

La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine.

"Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló.

Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.

Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet".

Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño.

Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana.

Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.

Después se fueron a cenar a casa de Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte.

El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores.

El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini.

Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada.

A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina.

Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados.

Ayer, 34 años después, elmagistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio.

Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas.

Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito.

Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats.

Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto.

Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar.

Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.


La Nación, 29 de enero de 2009

Confirman duras condenas por crimen de Carlos Prats

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.

 La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.

 Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.

 Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.

De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.

 Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.

La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.


La Nación, 4 de septiembre de 2009

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.

Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro.

También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.

Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.

De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.

Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).

A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia.

La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.

En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén

Lista de oficiales (R)

1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército)

2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros)

3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.)

4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.)

5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.)

6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.)

7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.)

8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.)

9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.)

10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.)

11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.)

12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería)

13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.)

14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.)

15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.)

16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.)

17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.)

18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.)

19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.)

20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.)

21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)


Emol.com, 15 de Diciembre de 2009

Manuel Contreras sumó nueva condena por violación de derechos humanos

Fue sentenciado a tres años de presidio por el secuestro calificado de Ariel Santibáñez Estay, en 1974, caso por el que también fueron condenadas otros dos ex agentes de la DINA.

Ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, sumó hoy una nueva condena, de tres años de presidio, esta vez por el secuestro calificado de Ariel Santibáñez Estay, ocurrido a partir el 13 de noviembre de 1974.

La decisión fue adoptada en fallo dividido por la Segunda Sala del máximo tribunal, que le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

En la misma causa, tramitada por el ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar, fueron sentenciados además el coronel (r) del Ejército Marcelo Moren Brito y el coronel (r) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires a 3 años de presidio. A ambos se les concedió también la remisión condicional de la pena.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago también dictó un fallo por una causa de derechos humanos, en la investigación del denominado "Episodio Linares", que instruyó el ministro Alejandro Solís y se refiere a nueve casos de secuestro calificado, cometidos en esa ciudad de la Séptima Región.

En este caso, fueron condenados Juan Morales Salgado, a 15 años de presidio, Gabriel del Río Espinoza, a 5 años y un día de presidio, Claudio Lecaros Carrasco, a 5 años y un día de presidio, Félix Cabezas Salazar, a 5 años y un día de presidio, y Antonio Aguilar Barrientos, a 5 años y un día de presidio, todos ellos sin beneficios.

Humberto Julio Reyes fue condenado a 3 años y un día de presidio, pero se le concedió la libertad vigilada.

A los sentenciados se les atribuyen responsabilidades en los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, ocurridos entre septiembre y diciembre de 1973.


El Mostrador.cl, 8 de Julio 2010
Caso Prats: Drástica rebaja de penas para autores del crimen y formación de asociación ilícita
La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves el fallo definitivo con las condenas dictadas contra los responsables de los homicidios del otrora comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.
El presidente de la sala penal, Rubén Ballesteros, comunicó las siguientes penas. Por asociación ilícita formada en 1974, el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza fueron condenados a tres años y un día, sin beneficios.
Por su parte, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Cristoph Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 100 días de cárcel por este mismo ilícito.
Por el delito de homicidio calificado, los generales en retiro Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio mayor, sin medidas alternativas.
En tanto, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día sin beneficios.
En calidad de cómplices, Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann fueron condenados a una pena de cinco años de presidio con beneficios.
El 29 de enero del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada el 30 de junio de 2008 por el juez de primera instancia, Alejando Solís. El magistrado condenó a doble cadena perpetua al general Manuel Contreras y de forma adicional, fue sentenciado a otros 20 años de prisión como jefe de la asociación ilícita que organizó la disuelta DINA para cometer el doble crimen.
Las mismas penas recibió el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo; mientras el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de las operaciones en el exterior del organismo, recibió dos condenas de 15 años de prisión por los asesinatos y 541 días por asociación ilícita.
El ex brigadier José Zara fue sentenciado a dos penas de diez años de cárcel por los homicidios y a 541 días por la asociación ilícita, al igual que los ex coroneles Cristoph Willike Floel y Juan Morales Salgado.
Mientras Mariana Callejas fue condenada a dos penas de diez años. La mujer fue esposa del ex agente estadounidense Michael Townley, quien actualmente reside en Estados Unidos, acogido al programa de protección de testigos, fue el encargado de instalar y detonar la bomba colocada bajo el automóvil del general Prats.


El Mercurio, 9 de Julio de 2010
Comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba: El Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato


También comentó el fallo el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien aseguró que el Gobierno "rechaza profundamente" el doble crimen.  
 A través de un comunicado y de declaraciones a la prensa de su comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, el Ejército rechazó enérgicamente el crimen, y valoró la sentencia.

"El Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún que su acto criminal tuvo como víctimas a un ex comandante en jefe, y también a su esposa. Con su extrema crueldad violaron trágicamente, además, los principios que constituyen el acervo moral de la institución", señala el comunicado.

Se agrega que "este crimen enluta al Ejército y a todos sus integrantes" y que los "elevados servicios" prestados a Chile por cientos de miles de soldados no deberían "sufrir detrimento por la infamia de aquellos que no adhirieron al tradicional código de honor y de conducta institucionales, que con su acción demostraron despreciar".

Al salir de la comisión del Congreso que investiga lo ocurrido tras el terremoto, el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, aseguró que "lo que nos ha dado cuenta el Poder Judicial es de extrema gravedad. El hecho es absolutamente inadmisible e injustificable, de una crueldad y cobardía sin comparaciones. Se ha asesinado cruelmente a un ex comandante en jefe del Ejército junto a su esposa; por lo tanto, éste es un hecho que el Ejército rechaza y repudia con toda la energía que necesita".

"Creo que se ha cerrado un capítulo en una necesidad que tenía el Ejército, a su vez, en saber la verdad respecto de estos hechos. Eso ha ocurrido en el día de hoy (...) Este momento y la declaración que ha hecho pública el Ejército en su momento nos permiten cerrar este capítulo lamentable de nuestra historia. Esperamos que con esto la familia, las hijas, encuentre en esta oportunidad el reencuentro que procede y corresponde con el Ejército, el mismo Ejército que mandó su papá, que soñó desde teniente, al cual le entregó tanto y que hoy día debe hacerse presente frente a este lamentable fallo", agregó.

Gobierno rechaza crimen

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, también se refirió a la sentencia dictada ayer por la Corte Suprema, señalando que "se ha establecido la verdad judicial definitiva respecto de este terrible crimen".

"Nosotros como Gobierno, en primer lugar, rechazamos profundamente este horrible crimen que afectó al ex comandante en jefe Carlos Prats y a su señora. Y, en segundo lugar, manifestamos nuestra solidaridad con las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert y las acompañamos en el dolor. También estamos conscientes de que han perseguido justicia por más de 30 años y finalmente hoy día la obtienen", dijo.

Dos sentenciados cumplirán pena de cárcel por primera vez Han estado detenidos por otras causas de derechos humanos, pero nunca han cumplido una condena de cárcel efectiva. El brigadier (r) José Zara Holger y el coronel (r) Juan Morales Salgado son los únicos dos, de los nueve sentenciados por la Corte Suprema, que estando ahora en libertad deberán cumplir su primera condena tras las rejas.

El penal al que ingresarán, según confirmó Gendarmería y se le informó al Ejército, será Punta Peuco. Los condenados en el caso que ya están detenidos por otros procesos vinculados a los derechos humanos -el general (r) Manuel Contreras, el brigadier (r) Pedro Espinoza y el coronel (r) Christoph Willike- están recluidos en el Penal Cordillera.

En declaraciones a Canal 13, el brigadier (r) José Zara afirmó que "habrá que aceptar lo que nos demanda el futuro y cada cual cargar con su cruz no más. Siempre hay que enfrentar a la justicia, nunca he rehusado nada".

Ahora las partes tienen tres días para presentar una reposición en caso que quieran que se aclare alguna parte del fallo. Una vez que eso ocurra bajará el expediente a la Corte de Apelaciones de Santiago, que se lo enviará al ministro instructor del caso, Alejandro Solís, para que dicte el cúmplase de la condena.

Se espera que la orden de detención de los condenados se envié el martes o miércoles; todo dependerá de cuándo salga el expediente desde la Corte Suprema.

Familia valoró sentencia y abogado de condenados esperaba absolución CECILIA PRATS Hija menor de las víctimas

"Después de todos estos años sentimos que se ha cumplido con que ellos tengan sus penas como corresponde y lo cumplan. Eso nos importa, que sean sindicados como los culpables y claramente identificadas las personas que estuvieron en el hecho".

PAMELA PEREIRA Abogada de la familia Prats

"Lo determinante es que se ha cerrado un capítulo de la historia de Chile y se ha condenado a los responsables de un crimen artero. Este crimen horrendo fue condenado por el Estado chileno con penas efectivas de cárcel".

HERNÁN QUEZADA Abogado familia Prats

"La aplicación de la media prescripción a mi juicio es un error jurídico porque la Corte Suprema no consideró la investigación realizada en Argentina durante 28 años, olvidando que el proceso en Chile se inició a raíz de la extradición solicitada por la justicia Argentina".

JORGE BALMACEDA Abogado de los hermanos Iturriaga y de Espinoza

"En realidad nosotros esperábamos una sentencia más benigna, para mis representados especialmente. Esperábamos que la Corte declarara la extinción de responsabilidad por prescripción de la acción penal".

ISABEL ALLENDE Senadora PS

"Fuera de ser un crimen alevoso, lo más dramático es que fue hecho por sus propios pares. Aquí hubo altísimos militares involucrados y es una lección que el Ejército ha incorporado y debe incorporar de por vida. Por fin se hizo justicia".


La Nación, 11 de Julio 2010
Juan Morales, ex jefe de Brigada Lautaro-DINA: ¿Pedro Espinoza es un traidor?
Lo llaman por teléfono y en su móvil suena el relincho de un caballo. El coronel (R) Juan Morales Salgado sabe harto de caballos y vive rodeado de ellos haciendo clases de equitación, que practicó en sus años en el Ejército. Pero no pudo saltar la valla de la justicia, y fue condenado el jueves a 15 años de prisión por el doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
Hasta después del cierre de la investigación realizada por el juez Alejandro Solís, Morales había “pasado claro”. Pero el ex segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, otro de los condenados, tenía algo que decir. A inicios de 2007, Espinoza le dijo al juez Solís que no estaban todos los que debían estar entre los procesados por el doble homicidio de Prats y su esposa. Entonces, sacó de una carpeta un documento y se lo entregó. Era el informe dirigido al jefe de la DINA, Manuel Contreras, firmado por Morales Salgado en junio de 1974 cuando era capitán. En él se entregaban pistas sobre las actividades diarias del general Prats en Buenos Aires, obtenidas producto de seguimientos. El juez reabrió la investigación y procesó a Morales.
El que fue jefe de la Brigada Lautaro de la DINA sostiene que por eso “Espinoza es un traidor” y afirma que hoy, en los juicios por las violaciones de los derechos humanos, entre los ex DINA cada cual quiere salvar su propia piel y, por ello, ?hay muchos? que están siendo desleales.
Asegura que nunca mató con sus propias manos ni ordenó asesinar a alguien, pero admite que agentes de su brigada torturaron y mataron en el Cuartel Simón Bolívar, aliados con los integrantes del temible Grupo Delfín que comandaban el capitán de Ejército Germán Barriga y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, a quienes culpa directamente de estos crímenes.
Fue un error hacer desaparecer los cuerpos de los detenidos”, expresa. Es primera vez que habla, y ésta es la entrevista exclusiva que el coronel (R) Morales sostuvo con LND.
-¿Con qué sentimiento se va a cumplir su condena?
-Me voy con un sentimiento de inocencia total. No tengo nada que ver en este caso. Me duele que me hayan involucrado en esto.
-¿Se condena a un inocente a 15 años de cárcel por dos crímenes?
-El juez Solís tenía cerrada la investigación, pero lo reabrió cuando Pedro Espinoza le entregó el documento por el que me condenaron.
-¿Aquel documento que usted firmó y dirigió a Manuel Contreras dándole información sobre los pasos del general Prats en Buenos Aires?
-Pero yo no hice el seguimiento del general Prats en Buenos Aires, sólo me limité a transcribir ese documento.
-¿Usted sólo fue a Buenos Aires a transcribir un documento de un trabajo de seguimiento que hizo otra persona?
-Así fue.
-¿Quién le encargó ir a Buenos Aires a seguir a Prats y redactar un informe?
-El jefe de la DINA en junio de 1974. Pero yo sólo transcribí ese documento.
-¿Para qué le dijo Manuel Contreras que fuera a Buenos Aires?
-Mi general Contreras me dijo que mi general Pinochet estaba preocupado por la seguridad del general Prats y quería protegerlo en Buenos Aires.
-Lo engañaron entonces, porque lo que Pinochet quería era saber cuáles eran los pasos del general Prats para mandarlo a asesinar. Eso quedó establecido en la investigación judicial.
-No sé si era para eso. El mismo general Contreras ratificó, en un careo que tuvimos en 2007, que mi general Pinochet estaba preocupado por la seguridad del general Prats, y había que hacerle un seguimiento para brindarle seguridad.
-Pero eso es una gran mentira?
-Eso fue lo que me dijo mi general Contreras.
-Y si usted no hizo el seguimiento del general Prats, razón por la cual lo condenaron, ¿quién lo hizo entonces?
-No recuerdo.
-Pero si usted no hizo el seguimiento, ¿por qué firmó ese documento?
-Porque alguien me entregó esa información y yo transcribí lo que esa persona me dijo.
-Le insisto, usted no va a Buenos Aires enviado por el jefe de la DINA sólo a transcribir un documento, eso es absurdo.
-Repito, yo no hice el seguimiento del general Prats.
-¿Quién le entregó la información del seguimiento para que la transcribiera, como usted afirma?
-No sé quién fue, no conozco su nombre.
-¿Prefiere mantener ese nombre en silencio?
-Así es.
-¿No es ninguno de los condenados?
-No.
-¿Era un militar, un civil, o un militar vestido de civil?
-Yo siempre vi civiles en Buenos Aires.
-Usted declaró al juez Solís que esa persona fue Enrique Arancibia Clavel, agente DINA en Buenos y el único condenado por este doble crimen por la jueza argentina María Servini.
-Así es, y lo dije para que me dejaran tranquilo.
Archivos de la DINA
-¿Cree que, al entregar este documento al juez en último momento, Pedro Espinoza quiso vengarse de usted por algo?
-¿Venganza de qué? No tengo idea.
-¿Alguien lo traicionó?
-Si tengo que nombrar a un traidor, Pedro Espinoza es un traidor.
-Pero si el acto de Espinoza no le parece una venganza personal en su contra, entonces ¿a quién habría traicionado él?
-Con ese acto Espinoza quiso involucrar a todo el Ejército, porque dijo que ese documento lo obtuvo de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y ese documento nunca estuvo en el DINE. Espinoza miente.
-¿De dónde lo obtuvo entonces?
-Creo que de su archivo propio.
-¿Es verdad entonces que existe un archivo guardado de la DINA?
-Yo creo que Espinoza mantiene documentos de la DINA, prueba de ello es que entregó aquel del que hablamos.
-La DINA operó con oficios, firmas, timbres, todo formalmente. ¿Existen archivos de la DINA?
-Yo no sé qué pasó con esos documentos, pero tienen que haber archivos, se operó con documentación.
-Si Pinochet viviera, ¿habría tenido que ser condenado por este crimen?
-Sí, él era el jefe directo de todo. La DINA dependió siempre directamente de él.
-¿Cree que Pinochet siempre supo que los agentes enviados a Buenos Aires semanas antes del atentado iban para matar al general Prats?
-Es una pregunta harto fuerte? no sé, no me arriesgo a decirlo


El Mostrador, 28 de Abril 2011
Cinco militares involucrados en violación a los DD.HH. cumplirán en libertad sus penas
La Corte Suprema absolvió a un militar retirado y permitió a otros cinco cumplir en libertad vigilada penas de entre tres y cinco años de prisión como autores de la desaparición de nueve opositores durante la dictadura militar, informaron este jueves fuentes judiciales.
Con este fallo definitivo, el alto tribunal ha dictado desde 2005 un total de cien sentencias condenatorias y otras doce absolutorias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet.
En este caso, la Corte Suprema rebajó las penas decretadas por el juez Alejandro Solís en una sentencia de 2008, en las que fijó quince años y un día de prisión para cinco de los imputados, y diez años y un día de prisión para el sexto ex militar encausado.
Con este fallo definitivo, el general en retiro Juan Morales Salgado y el ex coronel Claudio Lecaros Carrasco fueron condenados a cinco años de prisión con el beneficio de la libertad vigilada por la desaparición de cinco de los jóvenes opositores.
A la misma pena fueron sentenciados el suboficial en retiro Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel en retiro Félix Cabezas Salazar, por tres desapariciones.
En tanto, por un secuestro calificado, el subsecretario de Relaciones Exteriores durante el régimen militar, el general en retiro Humberto Julio Reyes, recibió 3 años de presidio con el beneficio de la remisión condicional, similar a la libertad vigilada.
En cambio, el general en retiro Gabriel del Río Espinoza fue absuelto de su responsabilidad como autor de cinco desapariciones.
Las víctimas del llamado proceso “Linares” son Arturo Riveros Blanco, Jaime Torres Salazar, Jorge Yañez Olave, José Saavedra Betancourt, Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cansino Aravena, Héctor Contreras Cabrera y Alejandro Mella Flores.
La mayoría de las víctimas, de entre 19 y 26 años, vivía en las localidades de Linares y Constitución, y eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Los jóvenes fueron detenidos por la policía días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y posteriormente fueron trasladados hasta la Escuela de Artillería de Linares y el Polígono de Tiro General Bari, desde donde se perdió su ubicación.
Respecto a la rebaja de penas y la aplicación de beneficios, la presidenta de la Asociación de Familiares Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró hoy que estas medidas reflejan un Poder Judicial que “beneficia a los criminales y deja a las víctimas en el más absoluto desamparo”.
Pizarro explicó que un grupo mayoritario de jueces “creen en esta visión reconciliadora que finalmente es impunidad, con la que tratan de dejar contentos a las víctimas y a los victimarios”, mientras que otros prefieren incluso aplicar la prescripción en estos crímenes.
En cambio, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, defendió que “en Chile la Justicia es lenta, pero llega”.
“Los jueces en Chile tienen un mandato claro de cuándo pueden absolver y cuándo pueden condenar”, y también de cuándo pueden otorgar ciertos beneficios, indicó.
Según la responsable del Instituto, “las absoluciones tienen que ver muchas veces con la falta de información, que no permite acreditar la responsabilidad penal de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que participaron”.


La Nación, 17 de Julio 2003

¿Interrogador o entrevistador?

El general (R) Jorge Zincke informó que Mery interrogaba en Linares pero que no trasladaba personas.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército, teniente general (R) Jorge Zincke, quien está procesado por la desaparición de prisioneros desde la Escuela de Artillería de Linares, confirmó ayer que el director general de Investigaciones Nelson Mery, operó como interrogador de los detenidos en ese regimiento.

 “Así es, él interrogaba”, dijo escuetamente Zincke luego de ser sometido a un nuevo interrogatorio por el ministro en visita Alejandro Solís, quien el 6 de junio pasado lo declaró reo por el secuestro y desaparición de José Campos Morales y Alejandro Mella Flores. Zincke también afirmó que Mery no tenían nada que ver con el traslado de personas.

Al momento del golpe militar de septiembre de 1973, Zincke era el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Artillería de Linares. Ayer el abogado Jorge Mario Saavedra, patrocinador de la querella por injurias que interpuso Mery en contra de la ex detenida Odette Alegría, quien lo acusó de abuso sexual, declaró a Radio Agricultura que Mery “nunca interrogó, él sólo entrevistaba a los detenidos, porque era sólo un ave de paso por la Escuela de Artillería”.

El director de Investigaciones Nelson Mery también fue interrogado en su momento por el ministro Solís en la causa por los desaparecidos de Linares. Dada las revelaciones de que Mery fue un hombre activo en ese regimiento durante los primeros meses del régimen militar, el gobierno le pidió que se tomara vacaciones.

En la causa, el juez Solís procesó además a los generales (R) Carlos Morales Retamal y Humberto Julio Reyes. También encausó a los coroneles (R) Juan Morales Salgado, Félix Cabezas Salazar y Claudio Lecaros Carrasco, así como al suboficial (R) Antonio Aguilar Barrientos y al funcionario de Investigaciones (R) Héctor Torres Guajardo.

Los otros siete detenidos desaparecidos de Linares son: Rubén Bravo Bravo, Anselmo Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera, María Isabel Beltrán Sánchez, Waldo Villalobos Moraga, Guillermo del Canto Ramírez y Luis Tapia Concha.

Según la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, Zolidia Leiva, Mery detuvo personalmente a Tapia Concha, quien era su esposo.


Punto Final, edición 546

Las glorias del Ejército

Mientras el ex dictador, declarado “persona non grata” por los estudiantes y la Coordinadora “Fuera Pinochet”, disfruta de su departamento en un exclusivo condominio iquiqueño y sale a pasear en un Mercedes Benz blindado que el ejército pone a su disposición, sus cercanos colaboradores desfilan desde los tribunales a recintos... militares, donde comienzan a cumplir prisión preventiva por sus crímenes de hace treinta años.
Si bien todo es relativo en este país donde oposición y Concertación compiten por encontrar la mejor “solución” al “problema de los derechos humanos”, los últimos fallos judiciales dan un respiro a familiares de detenidos desaparecidos que llevan décadas clamando justicia.
El 9 y el 10 de junio, el juez especial Alejandro Solís procesó a trece personas en dos casos diferentes. En uno se trata de la ex plana mayor de la Dina: una vez más Manuel Contreras, seguido por el ex brigadier Miguel Krasnoff, el coronel Marcelo Moren Brito, el suboficial Basclay Zapata y el torturador Osvaldo Romo. Los cinco están enjuiciados por el desaparecimiento de Fernando Silva Camus, decorador de 60 años detenido por agentes de la Dina el 27 de noviembre de 1974, un día después de la detención de su hijo Claudio Silva Peralta, militante del MIR, de 23 años. Ambos fueron conducidos al centro de torturas Villa Grimaldi, donde se les vio por última vez. Sus nombres aparecieron en 1975 en la lista de 119 personas publicada por la Dina como supuestos fallecidos en Argentina. 
El testimonio de la ex presa política Sonia Bascuñán es muy claro: “El 28 ó 29 de noviembre fui trasladada de Villa Grimaldi. Se me colocó en la parte trasera de una camioneta, junto con María Antonieta Castro y varios hombres. Al final, más cerca de la salida, venía el papá del ‘Condoro’ (apodo de Claudio Silva). Uno de los agentes que nos conducía dijo que había que parar en el camino, ‘para botar al viejo’. Efectivamente, la camioneta se detuvo en el camino e hicieron bajar a una sola persona, a quien no alcancé a distinguir. Los demás detenidos llegamos a otro lugar que, después supe, era el Campamento Cuatro Alamos. Allí me di cuenta que el detenido de edad no había llegado con el resto”.

PROCESADOS DE LINARES

El mismo juez Alejandro Solís procesó el 10 de junio al ex vicecomandante en jefe del ejército, Jorge Zincke Quiroz, a los generales Carlos Morales y Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, y a los coroneles Félix Cabezas y Juan Morales. La nómina se completa con Claudio Lecaros, Antonio Aguilar Barrientos y Héctor Torres Guajardo. Se les acusa de participar como autores del secuestro y desaparición de seis presos en Linares y de otros tres en Constitución, entre septiembre de 1973 y octubre de 1974. A ese delito se agregan los cargos de exhumación ilegal, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. 
Todos los procesados cumplían funciones en la Escuela de Artillería de Linares, donde, según versiones de testigos, se le perdió el rastro a decenas de presos políticos. Entre ellos, Rubén Bravo, agricultor de 55 años, socialista; Waldo Villalobos Moraga, de 48 años, sin militancia política; y los militantes del MIR María Isabel Beltrán Sánchez, estudiante de 21 años; Alejandro Mella Flores, estudiante de 19 años; Anselmo Cancino Aravena, obrero agrícola de 25 años, y Hernán Contreras Cabrera, de 21 años, funcionario de la CORA. El Codepu interpuso el 27 de diciembre de 2001 una querella, que investiga el juez Solís, por estas seis personas.
Durante el proceso, un ex conscripto atestiguó que en la Escuela de Artillería se habrían sepultado alrededor de 80 presos políticos. Por esa razón, el 16 de abril de este año el ministro en visita dirigió una inspección en el campo de tiro en busca de restos. Las excavaciones no dieron resultado, aunque se encontraron muestras de que el terreno había sido removido.
Este caso tuvo repercusiones inesperadas para el director general de Investigaciones, Nelson Mery. Al día siguiente de conocerse los procesamientos, el presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares, Teobaldo Peña, aseguró que el jefe de la policía civil está involucrado en la desaparición de personas en esa ciudad, donde se habría desempeñado desde el 11 de septiembre de 1973 hasta febrero o marzo de 1974. Según Peña, Nelson Mery formó parte de los grupos encargados de detener y torturar personas. La misma denuncia fue formulada el 16 de abril pasado por Viviana Díaz, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 
El coronel Juan Hernán Morales Salgado, cuando era capitán a cargo de la gobernación de Constitución después del golpe militar, es el principal procesado por la detención y desaparecimiento de Arturo Enrique Riveros Blanco, militante de la Izquierda Cristiana y gobernador de Constitución; de Jorge Yáñez Olave, periodista de 28 años, y de Jaime Bernardo Torres Salazar, obrero de 21. Los dos últimos eran miembros del comité regional del MIR.
Morales Salgado hizo carrera dentro de la institución castrense. Fue jefe del equipo de seguridad de Manuel Contreras, cuando era director de la Dina, y está involucrado en el asesinato del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert. Uno de los exhortos enviados por la jueza argentina María Servini de Cubría, lo tuvo por destinatario. Son parte de los “méritos” que le permitieron retirarse del ejército con el grado de coronel.

MORALES Y LOS CORVOS

“Según los datos que hemos podido recoger, Juan Morales (ex coronel actualmente procesado) participó directamente en la muerte de mi marido”, dice Juana María Soto, esposa de Jorge Bernabé Yáñez Olave e integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares. Paso a paso, ha ido reconstituyendo una historia que a pesar de los años transcurridos aún la estremece.
Ella y el hijo de ambos, Cristián -entonces de 6 años- vieron por última vez a Jorge pocos días antes del “11”. “Se notaba preocupado, porque se veía venir lo peor”, recuerda Juana. Debido a su trabajo político, él se había ido a vivir a Constitución, donde compartía una pieza de pensión con Jaime Torres.
Ambos participaron el día del golpe militar en una marcha de protesta de los trabajadores de Celulosa Arauco junto con el gobernador Arturo Riveros Blanco. Al día siguiente, la ciudad fue copada por militares de la Escuela de Artillería de Linares, al mando del capitán Juan Hernán Morales Salgado, quien asumió como gobernador y jefe de plaza. Entre sus hombres de confianza estaban el teniente Leonardo Marchant Rocha, y los subtenientes Marcelo Salas Coccolo y Alejandro Herrera López, quienes no figuran como inculpados en el proceso. 
El 14 de septiembre detuvieron a Arturo Riveros y a los dirigentes sindicales José y Jorge Saavedra. Dos días después, Jorge Yáñez y Jaime Torres fueron reconocidos en un camino rural, cuando se dirigían a Chanco, y también fueron apresados. Los llevaron al cuartel de Investigaciones de Cauquenes, pero el 17 los reclamó el nuevo gobernador de Constitución y envió una patrulla a buscarlos. Hay testigos que los vieron ingresar a la Gobernación ensangrentados. Otros compartieron con ellos la tortura y el horror. Gustavo Salazar, técnico dental y militante socialista, fue careado con Jorge el 14 ó 15 de septiembre. Lo sostenían dos uniformados porque no se podía el cuerpo, tenía la cara hinchada y deformada por los golpes, casi no podía hablar. Fue el último en verlo con vida.
En su búsqueda, Juana y el padre de Jorge, José Yáñez -ex carabinero ya fallecido-, llegaron hasta la casa del entonces capitán Juan Morales el 21 de septiembre. “Le rogué por mi hijo que nos dijera dónde estaba Jorge -recuerda ella-. Me contestó muy suelto de cuerpo que no me preocupara, porque lo había dejado en libertad el día 19 y que seguramente yo iba a ser la primera en verlo. Como él también tenía un hijo pequeño, le pedí que me jurara por su hijo que me estaba diciendo la verdad. Y lo hizo”.
Otro detenido declaró que quien dirigía los interrogatorios era el capitán Morales y que lo escuchó comentar con detectives que José y Jorge Saavedra y Jorge Yáñez estaban muertos. A fines de septiembre, el mismo Morales Salgado reconoció en una recepción social haber ordenado la ejecución de cinco personas, cuyos cuerpos “quedaron tirados en un sector de la playa llamado Potrerillos”. Mencionó a Jorge Yáñez, Jaime Torres y Arturo Riveros.
En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde Jorge y Jaime figuran como detenidos desaparecidos, se inculpa al coronel Juan Hernán Morales Salgado (en esa época en servicio activo), a integrantes de la sección “N”, promoción 1973, de la Escuela de Artillería de Linares y a personal no identificado de la Comisaría de Carabineros de Constitución.
En agosto de 1974 se inició la causa rol 40150 “por presunta desgracia” en el Juzgado de Letras de Linares. El juez cerró el sumario y sobreseyó el proceso “por no encontrarse acreditado el delito”. La Corte de Apelaciones de Talca ordenó reabrirlo. Nuevo cierre y sobreseimiento temporal determinado por el juez. Y esta vez fue aprobado por la Corte.
En 1995, Juana Soto presentó una querella criminal por los delitos de detención ilegal, secuestro, tortura y violación de los derechos humanos. Y en diciembre de 2001 suscribió otra querella, esta vez contra Pinochet. Según los antecedentes que ella y los abogados han recopilado, “a los cinco los mataron de la peor manera, usaron corvos y les abrieron la guatita... Después, hay dos versiones: una, que metieron los cuerpos en un hoyo y les prendieron fuego. Y la otra... que los tiraron al mar”


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