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Andrés Morales Pereira

1 de Julio 2006 La Nacion

Presentan querella contra altos mandos militares regionales

Una nueva querella contra Augusto Pinochet Ugarte abrió en Chillán un nuevo frente judicial en materia de violaciones de los derechos humanos. Se trata de una acción que busca sancionar a los mandos regionales de las FFAA y policías. La acción fue interpuesta por el abogado Hiram Villagra ante la Corte de Apelaciones de Chillán contra el ex dictador y una serie de oficiales en retiro por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita, privación de libertad y tortura en la VIII Región.

Además del general (R) Pinochet se imputan estos ilícitos al teniente (R) de Carabineros Patricio Marabolí Orellana; al ex comandante de Regimiento e intendente de la provincia de Ñuble, Guillermo Toro Dávila; al capitán (R) de Ejército y fiscal Mario Romero Godoy, y al teniente de Ejército y jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) Andrés Morales Pereira, junto a otros doce ex uniformados.

Villagra sostuvo que lo relevante de la acción judicial radica en que “hasta ahora el reproche judicial se ha concentrado en Pinochet y la cúpula de la DINA, sin que rindan cuenta importantes agentes operativos. Estamos en una nueva etapa donde civiles y jefaturas locales tendrán que responder”. Para concretar la persecución de opositores en la Región del Biobío, los uniformados contaron con colaboración de civiles como Alex Etchevers, militante del movimiento Patria y Libertad.

El profesional señaló que el teniente Marabolí fue “la punta de lanza de los actos represivos en la zona, siendo ‘premiado’ por el alto mando al ser ascendido a general”.

La querella sostiene que existió coordinación de las ramas en la neutralización de la oposición regional. Los detenidos fueron trasladados de diversas tenencias policiales al Regimiento Nº 9 de Infantería de Montaña de Chillán, donde se les interrogó bajo torturas. Hubo ejecuciones, tras lo cual el personal policial trasladó los cuerpos al puente Ñuble, arrojándolos al río.

El 16 de septiembre de 1973 varios carabineros ingresan al Regimiento y revelan como tras allanar el domicilio del alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes (PS), le asesinan junto a su familia.

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