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Osvaldo Andrés Magaña Bau

Teniente Coronel de Ejercito

Egresado de la Escuela de las Américas en febrero de 1971

Andrés Magaña Bau fue procesado y detenido ayer por su participación en las ejecuciones de 36 habitantes de Paine.

El entonces teniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo comandó la patrulla que ejecutó los asesinatos. En declaraciones judiciales, conscriptos de la epoca han detallado estos crímenes cometidos en 2 oportunidades, el primer grupo corresponde a 14 ejecutados en la cuesta Chada, el 3 de octubre de 1973.
Sus cuerpos permanecieron sin identificar durante 15 años en el Servicio Médico Legal, hasta que en 1991 una investigación realizada por el ex ministro Germán Hermosilla logró ubicarlos y establecer sus identidades.

El 16 de octubre de 1973 otras 22 personas fueron ejecutadas bajo las órdenes de Magaña, luego de su detención en Paine y en los asentamientos 24 de Abril, Nuevo Sendero y El Tránsito.

Los detenidos fueron conducidos a un fundo cercano a Melipilla, aún no determinado, donde se realizaron las ejecuciones. Allí fueron enterrados los cadáveres, pero después fueron retirados, según estableció la magistrada.

En 1991, cinco de esas víctimas fueron exhumadas en el Patio 29 por orden del ex ministro Hermosilla, estableciéndose sus identidades. Las otras 17, entre ellas Andrés Pereira, siguen desaparecidas.

La ministra Elgarrista sometió a proceso sólo a Magaña por homicidio calificado y secuestro agravado, ya que distinguió entre la responsabilidad de un oficial y la de los conscriptos que actuaron bajo sus órdenes, y a quienes se habría juramentado para ocultar los hechos.

Fuentes: El Mercurio, Emol, El Mostrador, La Segunda, Archivo Memoriaviva


El Mostrador, 27 de Marzo
Cerro Chena: Jueza Flores dictó primeros procesamientos

La jueza Cecilia Flores Sanhueza, quien investiga casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos al interior del Cerro Chena, San Bernardo, dictó ayer en la tarde los primeros autos de procesamiento producto de su labor como jueza de dedicación exclusiva en casos de detenidos desaparecidos.
Flores, titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, encausó, por los delitos de asociación ilícita y secuestro, a un total de 10 personas. Cuatro son oficiales en retiro de la Escuela de Infantería del cerro Chena: Magaña Bau, Alfonso Faúndez, Víctor Pinto y Sergio Rodríguez. Un quinto, Sergio Ávila Quiroga, fue funcionario de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Bernardo.
Los otros cinco corresponden a ex miembros del Comando Conjunto, la mayoría de los cuales ya se encuentran procesados por el juez del 25 ° Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hasbún. Se trata de Otto Trujillo, Manuel Muñoz Gamboa, Eduardo Cartagena Maldonado, César Palma Riquelme y Fernando Zúñiga Canales.
Los procesamientos dictados por la jueza Flores –informados por el diario La Hora- corresponden a la investigación que lleva por la desaparición del joven militante comunista David Edison Urrutia Galaz. También, por el secuestro del dirigente sindical
Manuel Ahumada Lillo y el hijo del gobernador de San Bernardo en la época, Fernando Ávila Alarcón


Emol.com, 17 de Abril de 2002

Corte revoca procesamiento a cinco ex militares

Los militares en retiro que fueron beneficiados con esta medida judicial son Osvaldo Andres Magaña Bau, Alfonso Faúndez Norambuena, Víctor Pinto Pérez, Sergio Rodríguez Baucher, y el ex oficial de Carabineros Sergio Ávila Quiroga.

SANTIAGO.- La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó hoy el procesamiento que afectaba a cuatro ex oficiales del Ejército y un ex funcionario de Carabineros, quienes estaban siendo investigados por el delito de secuestro calificado en contra de dos personas torturadas y desaparecidas en la Escuela de Infantería de San Bernardo. 

Los militares en retiro que fueron beneficiados con esta medida judicial son Osvaldo Andres Magaña Bau, Alfonso Faúndez Norambuena, Víctor Pinto Pérez, Sergio Rodríguez Baucher, y el ex oficial de Carabineros Sergio Ávila Quiroga. 

La resolución unánime del tribunal de alzada compuesto por los magistrados Margarita Herreros, José Miguel Varela y Héctor Carreño determinó que no hay méritos en la investigación para procesar a los ex uniformados por los secuestros de Manuel Ahumada Lillo y Fernando Ávila Alarcón. 

De esta forma se revocó el fallo en primera instancia que había sido dictado por la titular del primer juzgado de letras de San Bernardo, Cecilia Flores Sanhueza, ya que los encausamientos no cumplen con las disposiciones emanadas en el articulo 274 del Código de Procesamiento Penal. 

En parte de este artículo se indica que debe estar comprobado que el cuerpo de la víctima no se pudo encontrar, lo que supuestamente ocurriría en estos casos.


El Siglo, 25 de Febrero 2003

El dolor y la esperanza de Paine

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares... Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares... Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares - Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.


El Mercurio, 27 de Mayo de 2003
Ex oficial: Primer procesado por ejecutados de Paine

Entre las 36 víctimas de este caso está el padre de la abogada Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberg, desaparecido desde 1973.

El teniente coronel (r) Andrés Magaña fue procesado y detenido ayer por su participación en las ejecuciones de 36 habitantes de Paine, tras el 11 de septiembre de 1973. Entre las víctimas está el padre de la abogada Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberg, empresario, desaparecido hasta esta fecha.

La resolución, dictada por la ministra María Estela Elgarrista, es la primera en casi 30 años de ocurridos los hechos. A esta causa se le asignó dedicación exclusiva por el pleno de la Corte Suprema.

La investigación determinó que el entonces teniente Magaña realizó un operativo para detener y ejecutar a estas personas, al mando de cerca de 50 conscriptos, muchos de los cuales ya confesaron.

Un primer grupo corresponde a 14 ejecutados en la cuesta Chada, el 3 de octubre de 1973.
Sus cuerpos permanecieron sin identificar durante 15 años en el Servicio Médico Legal, hasta que en 1991 una investigación realizada por el ex ministro Germán Hermosilla logró ubicarlos y establecer sus identidades.

El 16 de octubre de 1973 otras 22 personas fueron ejecutadas bajo las órdenes de Magaña, luego de su detención en Paine y en los asentamientos 24 de Abril, Nuevo Sendero y El Tránsito.

Los detenidos fueron conducidos a un fundo cercano a Melipilla, aún no determinado, donde se realizaron las ejecuciones. Allí fueron enterrados los cadáveres, pero después fueron retirados, según estableció la magistrada.

En 1991, cinco de esas víctimas fueron exhumadas en el Patio 29 por orden del ex ministro Hermosilla, estableciéndose sus identidades. Las otras 17, entre ellas Andrés Pereira, siguen desaparecidas.

La ministra Elgarrista sometió a proceso sólo a Magaña por homicidio calificado y secuestro agravado, ya que distinguió entre la responsabilidad de un oficial y la de los conscriptos que actuaron bajo sus órdenes, y a quienes se habría juramentado para ocultar los hechos.

El abogado querellante, Nelson Caucoto, adelantó que la magistrada Elgarrista seguirá investigando la jerarquía del mando en la Escuela de Infantería de San Bernardo, ya que no se explica cómo un teniente pudo disponer estos operativos, sin que hayan tenido conocimiento sus superiores.

Agregó que Paine es la localidad que registra mayor cantidad de víctimas, cerca de 80, en relación a su población.


Piensachile.com, 19 de Agosto 2003

Manuel Ahumada: Testimonio sobre Cerro Chena

Manuel Ahumada tiene hoy 47 años y dedica su vida a promover la organización sindical. Escribió "por encargo" de sus compañeros de prisión, once ferroviarios de San Bernardo. Su historia de terror, tortura, prisión y horror es común a muchos chilenos. Pero para él lo natural y lógico es continuar en la lucha, y se jugó por la Protesta del pasado 13 de agosto.

por Lucía Sepúlveda (Chile)

Al día siguiente de la Protesta Nacional del 13 de agosto 2003, ante un compacto auditorio compuesto mayoritariamente por dirigentes sindicales, Manuel Ahumada lanzó su obra “Cerro Chena: Testimonio”, cumpliendo un mandato recibido de los once ferroviarios de la Maestranza Central de San Bernardo fusilados allí. Este dirigente sindical, que sufrió tres simulacros de fusilamiento, coordinador del Movimiento Sindical por los Cambios, MOSICAM, está seguro que algo está cambiando en Chile, después de años de desmovilización social y amnesia colectiva.

Desde fuera de la CUT, integrando una coordinadora social, él fue uno de muchos dirigentes sindicales autónomos que estuvo el 13 de agosto en la Protesta Social junto al MOSICAM, a la Confederación de Sindicatos de Maipú-Cerrillos, el Sindicato Nacional Telefónico, los Colectivos de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores; la Coordinadora Nacional de Sindicatos de la Empresa Privada, la Zonal Poniente de Pobladores; las Asambleas del Pueblo, y la Coordinadora Metropolitana de Allegados.

“La casa de techo rojo”

Manuel Ahumada era, en 1973, un joven comunista de 17 años a quien los “viejos” dirigentes llamaban con afecto “Manolito”. En el salón del hotel Tupahue, cuyo sindicato contribuyó a fundar, él habló del horror vivido en septiembre del 73, en “la casa de techo rojo”, un centro de torturas del Cuartel N° 2 de la Escuela de Infantería, ubicado en el cerro, y demolido por los torturadores posteriormente. Comenzó a escribir “Cerro Chena” después de entregar ese testimonio a la jueza Cecilia Flores, del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, y de reconocer a uno de sus torturadores, Andrés Magaña. Este llegó a ser teniente coronel de Ejército, y está procesado junto a otros asesinos.

“Me han dicho que soy huraño, agresivo, solitario y duro”, reconoció Ahumada ante sus compañeros, explicándoles que eran los efectos de una experiencia límite que incluyó tres simulacros de fusilamiento, y torturas bárbaras. Muchas veces pensó que estaba loco, y por unos años recurrió al alcohol para sobrellevar ese peso, hasta que en 1984 dejó de beber, y “desde entonces trato cada día de ser mejor”. De oficio copero y ayudante de garzón, el autor ha dedicado su vida al trabajo sindical, promoviendo la organización de los trabajadores desde el nivel de base hasta las federaciones y confederaciones.

Cálidos aplausos del público, entre los que estaban una hija de los fusilados, miembros de la Agrupación Jenny de la Barra de San Bernardo, e integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Turismo, Comercio y Servicios (COTIACH), de la que es secretario, dieron fuerzas al autor para pedir que den a conocer su testimonio a sus hijos, a sus cónyuges y a sus amigos. “No lograrán cortarnos las alas, aunque en nuestro local aparecieron anteayer ataques sin firmas. Que lo sepan todos: Tenemos cuerda para rato”, concluyó Manuel Ahumada.

La obra, de 120 páginas, fue publicada por Ediciones Tierra Mía, una nueva editorial conformada por una red de organizaciones sociales y culturales chilenas y europeas. Está disponible en la sede del Movimiento Sindical por los Cambios (MOSICAM), ubicada en Sazié esquina de Almirante Latorre. El retrato de la vida cotidiana en los hogares san bernardinos, la solidaridad, la convicción política, el miedo, la incertidumbre y la amistad cruzan estas páginas dotándolas de un extraordinario interés. El relato del horror es superado por el espíritu de los mandantes del texto, los obreros fusilados: ése es un mensaje de esperanza y de lucha que no pierde actualidad ni verdad.


Emol, 12 de Septiembre de 2003

Jueza procesa a dos ex uniformados por homicidio de cinco desaparecidos

El brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y al teniente (r) Andrés Mogaña Bau militar fueron encausados como autores del secuestro y homicidio calificado de cinco detenidos desaparecidos de San Bernardo y Paine.

SANTIAGO.- La ministra de fuero que investiga causas de derechos humanos María Estela Elgarrista sometió a proceso al brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y al teniente (r) Andrés Mogaña Bau militar como autores del delito de secuestro y homicidio calificado de cinco detenidos desaparecidos de San Bernardo y Paine. 

Según informó radio Cooperativa, Magaña Bau fue encargado reo por la desaparición de Juan Cuadra Espinoza e Ignacio Santander Albornoz, detenidos el 24 septiembre de 1973 en Paine y San Bernardo, respectivamente. 

En tanto, Pinto Pérez es acusado como autor del homicidio calificado de Carlos Ortiz Ortiz, desaparecido desde octubre de 1973 y de los reservistas del regimiento de Artillería de San Bernardo René Martínez Aliste y Manuel Rojas Fuentes, quienes fueron fusilados en diciembre de 1973. 

El abogado querellante Nelson Caucoto destacó la resolución de la magistrada y afirmó que la justicia está en condiciones de juzgar todos los crímenes cometidos durante el régimen militar.


El Mostrador, 12 de Septiembre 2003

DDHH: dictan nuevos procesamientos por campesinos de Paine

La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, dictó cuatro autos de procesamientos por casos de detenidos de desaparecidos y ejecutados políticos de Paine, algunos de los cuales fueron trasladados al cerro Chena.

En calidad de coautores de los secuestros con homicidios de los campesinos Juan Guillermo Cuadra Espinoza, de 26 años, e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años, quedaron encausados Andrés Magaña Bau y Víctor Raúl Pinto Pérez.

Cuadra y Santander fueron aprehendidos el 24 de septiembre de 1973 en el fundo "El Escorial" de Paine. Según revelaron miembros del Regimiento de Infantería de San Bernardo de la época, ambos fueron ejecutados por aplicación de la ley de fuga el cuatro de octubre de 1973.

Por los casos de Paine ya habían sido dictados otros autos de procesamientos en relación a 37 víctimas. Las encargatorias de reo dictadas ayer por la jueza Elgarrista amplía la resolución anterior.

Además del fallo indicado, la ministra dictó otros tres autos de procesamiento, contra el entonces capitán Víctor Raúl Pinto Pérez, quien en esa época se desempeñaba como jefe del departamento de inteligencia del Regimiento de Infantería de San Bernardo y jefe del recinto del Cerro Chena.

Pinto quedó procesado como autor del secuestro y homicidio del campesino Carlos Manuel Ortiz Ortiz, de 18 años, llevado al cerro Chena el tres de octubre de 1973.

También fue encausado por el homicidio calificado del conscripto René Máximo Martínez Aliste, de 20 años, asesinado el ocho de diciembre 1973; y, en calidad de autor, por el homicidio del conscripto Manuel Rojas Fuentes, de 20 años, ultimado el siete de diciembre del mismo año.

El abogado querellante en todos estos casos, Nelson Caucoto, valoró la resolución de la jueza y señaló que es significativo que hayan sido dictados en estos días, pues “eran procesos en los cuales nunca se pensó que la justicia podría avanzar, lo que viene a justificar la función de los jueces especiales en materia de derechos humanos”.


La Nación,15 de Octubre 2006

El coronel confiesa

En el Liceo Mixto de Parral había fiesta. Sonia tenía 15 años y se moría de ganas por ir. Esa noche del sábado 21 de septiembre de 1951, René Maureira la sacó a bailar. “Me flechó de inmediato. Incluso nos dimos un beso esa misma noche, algo muy poco visto en ese tiempo”, recuerda. René estudiaba en Talca y cada fin de semana viajaba a verla. Durante un año se encontraron en el parque y caminaron de la mano por las calles de la ciudad intentando mantener el secreto de su pololeo. Pero un día se encontraron de frente con el padre de Sonia. “Me quise morir. Me quitó el permiso hasta para comprar el pan”, cuenta. Pero su mamá, a escondidas, la dejó encontrarse con René en la plaza. “Habla con tu padre”, le dijo él, y la convenció. “Yo terminaba haciendo lo que me pedía. Era una buena influencia”, cuenta ella entre risas. Su padre la escuchó con atención y sentenció: “Está bien, pero se quedan en la casa. Lo que no me gusta es que se anden luciendo por la calle”.

Dos años más tarde, René se recibió como profesor y partió a una localidad perdida en medio del campo. Sus visitas a Parral se hacían más complicadas. “Me decía que me echaba de menos, sobre todo cuando estaba solo y veía los atardeceres”, cuenta Sonia. Una de esas tardes llegó decidido: “¿Quieres casarte conmigo?”. Sonia le respondió: “Sí quiero”. No se volvieron a separar. Ella con 18 años y él con 21 viajaban juntos a la escuela rural y volvían a caballo por un sendero sinuoso. En una parte del recorrido debían cruzar en balsa. Una vez, simplemente la balsa no llegó. René le dijo a Sonia que debían pasar arriba del caballo “No te preocupes, que los caballos nadan”. Estaba aterrorizada: “Finalmente le hice caso y partimos hasta que tocamos tierra. En verdad que siempre le hacía caso”, ríe Sonia.

Años más tarde, René dejó su trabajo de profesor rural e invitó a su mujer a una nueva aventura: instalarse en Paine con un supermercado, el primero de la ciudad. Dio resultado. El Mapa se llenaba y pronto debieron ampliarse. Cuando llegó el Gobierno de Allende, René cometió un pecado que probablemente le costó la vida: a diferencia de sus colegas del comercio, él no cerró su local. Sin militancia política, simpatizaba con el Gobierno del doctor. El 13 de septiembre se lo llevaron al Estadio Nacional. Lo devolvieron el 14 de octubre. Al día siguiente, nuevamente un piquete de soldados lo fue a buscar. Volvió esa noche. “Él siempre estaba calentito, pero cuando me acurruqué a su lado lo sentí helado y tembloroso. No me quiso decir nada”. Al día siguiente, Sonia se levantó y en el lomo de su chaqueta vio la marca de una gruesa pisada. Esta vez René le contó que lo tiraron al piso y que “uno de los militares lo pisó mientras lo humillaba”, recuerda.

Sin vida

A las tres de la madrugada del 16 de octubre los soldados volvieron. Necesitaban a René para “nuevos interrogatorios”. Nunca más lo vieron. Está acreditado en el proceso que los militares pertenecían a la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo y eran comandados por el entonces subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau. Se comprobó, además, que la patrulla se movilizaba en un camión marca Dodge y que esa noche secuestraron a 17 personas en una pasada y a cinco más en un segundo viaje, en el operativo más grande que conmocionó a Paine. Días antes, entre el 2 y 3 de octubre, el mismo grupo había sacado 14 personas de sus casas, la mayoría campesinos.

Sus cuerpos fueron encontrados por familiares el 12 de mayo de 1974 a las afueras de Paine, en la cuesta Chada, el mismo lugar donde los fusilaron. El 24 de septiembre habían secuestrado y ejecutado a dos campesinos del sector de El Escorial de Paine. Sumados a los secuestros y ejecuciones realizadas por carabineros de la Subcomisaría de Paine, entre septiembre y noviembre del ’73, las víctimas en esta localidad ascienden a 70, la mayor cantidad en Chile en relación a la densidad de habitantes. Algunas víctimas de Paine aparecieron muertas en los días siguientes a su secuestro junto al lecho de ríos y canales. Otras, al costado de una carretera, y otras permanecen desaparecidas hasta hoy. A raíz de estos crímenes, actualmente están procesados siete ex carabineros de la Subcomisaría de Paine por secuestro y homicidio; dos civiles, por homicidio en contra de un campesino, y dos militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Víctor Raúl Pinto Pérez y el ya mencionado Osvaldo Andrés Magaña Bau, también por homicidios y secuestros. Magaña, actualmente coronel en retiro, durante años guardó un riguroso silencio. En careos con familiares que lo habían visto en los operativos, negó rotundamente su participación.

En el ’78, Sonia recuerda que interpuso una querella por la desaparición de su marido y que Magaña le dijo a la cara que nunca había pisado Paine. “Yo le pedí que confesara, para no dejarle un futuro tan negro a sus hijos”, cuenta. En 2003, gracias a que numerosos fusileros dijeron la verdad, cayó un procesamiento sobre Magaña por el homicidio y desaparición de 36 personas, pero siguió sin hablar. A fines de 2005 confesó su autoría en 31 crímenes. LND conversó con él, pero declinó hacer comentarios. Sin embargo, en su declaración de junio de 2006, por el caso “Caravana de la Muerte”, está casi todo lo que hizo:

 “Me dieron la orden de hacerme acompañar por un prisionero condenado por un consejo de guerra, quien me indicaría los domicilios de diferentes personas que debía detener. Es así como en esa ocasión se detuvo a un total de 14 personas (a principios de octubre), las que junto al condenado fueron fusiladas en la cuesta Chada, siendo enterradas en el lugar” Respecto de las personas secuestradas el 16 de octubre, entre los que se encuentra René Maureira, marido de Sonia, y Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada Pamela Pereira, Magaña declaró: “Fui solicitado por el director y subdirector de la escuela [de Infantería de San Bernardo], quienes me dieron la orden de detener a 17 personas, las que también debieron ser fusiladas, las que fueron ejecutadas en las cercanías del lago Rapel, debiendo hacer presente que los cuerpos de los primeros fallecidos [en la cuesta Chada], luego de ser enterrados, fueron entregados a sus familiares y los últimos fueron exhumados y lanzados al mar”. Todo en dos semanas.

Sin justicia

Los crímenes de Paine, acumulados en una sola causa, tuvieron un avance notable a partir de 2001, cuando la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, inició una reconocida investigación que por primera vez no buscó cuerpos, sino a los responsables de los crímenes. Se sumó la colaboración de familiares y el trabajo que desde 1980 venía realizando el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto. Sin embargo, posteriormente experimentó una serie de baches. En 2004, Elgarrista se inhabilitó luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel le revocó la amnistía que decretó en contra de uno de los responsables de Paine. Es una de las paradojas de la jueza, que por un lado era rigurosa en la búsqueda de la verdad y por otro estaba a favor de la amnistía. Recientemente llegó a manos de la jueza Olga Meurer. Según antecedentes recibidos por este medio, se inhabilitará la próxima semana debido a que es profesora en la Escuela de Carabineros, lo que genera un conflicto de intereses.

Sin esperanza

Un enjambre bastante más dramático se vive en Paine. Muchos familiares ya no reciben a la prensa debido a que hasta la fecha no hay condenas en un caso que está esencialmente solucionado. “No tiene sentido seguir hablando. Tanto tiempo y no sucede nada”, protesta una mujer. “Esto es lento. Es comprensible la desesperanza de la gente de Paine, pero creo que vamos un poco más allá de la mitad del proceso. Conseguimos que no se amnistiara y luego interpusimos todas las querellas que hoy se investigan. Pero falta. Paine vivió un holocausto interno y la gente no tiene sed de venganza, sino de justicia. Faltan responsabilidades más arriba. Si bien Magaña es fundamental, tiene superiores”, explica Nelson Caucoto. Se agrega que 11 de las víctimas de esta localidad son parte de las identificaciones erróneas del Patio 29 efectuadas por el Servicio Médico Legal, el escándalo que aún remece a estas mujeres. Rosa Becerra es una de ellas. El fatídico 16 de octubre, su marido, Luis Gaete, también fue secuestrado por el grupo de Magaña. Se lo devolvieron en 1994, proveniente del Patio 29, y el año pasado lo volvieron a exhumar. Hasta ahora no sabe a quién dejó flores por más de 10 años. Por todo eso se excusa de recibirnos en su casa, ubicada en el Callejón de las Viudas, célebre porque desde ahí se llevaron a 12 campesinos. “Luis se fue por tanto tiempo, más de 30 años, y ahora se lo llevan de nuevo. Hubiera preferido que nos hubieran dejado así no más, con la ignorancia, para no tener que vivir su desaparición de nuevo”, gesticula Rosa con una mezcla de emociones que no la dejan parar de hablar. “Mi hija está con depresión y tiene dos chiquitos. No quiero imaginar que ellos queden solos si ella decide dejar de vivir”, cuenta al recordar que María Amparo tuvo su primera caída fuerte cuando el ’94 le entregaron el cuerpo de su padre. Había nacido 24 días después de su desaparición y creció con los recuerdos de Rosa añorando verlo con sus propios ojos. Finalmente, Rosa nos invita a su casa. Quiere mostrarnos un mosaico que tiene casi terminado. Es parte de 70 más, uno por cada víctima, que darán vida al Memorial por las Víctimas de Paine, que será inaugurado el próximo sábado 21 de octubre. “Nos dijeron que está muy cargado al blanco, que le falta contraste”, dice Rosa con ojo de artista. “A mí me gusta como está quedando”, observa su marido desde hace 25 años. Trabajan mano a mano organizando el cuadro. En el corazón de una gran guitarra se ve a su primer marido, Luis, arando la tierra. A un costado, una mujer panzona. “Ésa soy yo, embarazada y siempre esperando”, cuenta Rosa con los ojos brillantes.

Sin sendero

Don José Castro Maldonado vivía en un asentamiento rural, otorgado por el Gobierno de Salvador Allende en 1972, a pocos kilómetros de Paine. “No había días feriados y muchas veces pasaba las noches arriba del tractor arando la tierra”, recuerda su hija Luz. En los días posteriores al golpe, las cosas se pusieron negras para los agricultores del lugar. Muchos eran secuestrados por carabineros de la zona y los devolvían en pésimas condiciones. Luz recuerda que terratenientes expropiados acompañaban a los militares en los operativos. “Los Tagle, Francisco Luzoro, Juan Balcázar, Claudio Oregón y muchos más son conocidos acá porque apuntaron con el dedo a la gente”, cuenta. De hecho, tanto Balcázar como Oregón están procesados como autores del homicidio de Ricardo Carrasco Barrios, en septiembre de 1973. Le dispararon por la espalda.

El 15 de octubre, don José Castro, de 52 años, fue a visitar a Luz. Se habían visto por última vez una semana atrás y ella temía lo peor. “Llegó en su moto y se bajó. Nos abrazamos, lloramos y él me dijo: ‘Todavía no me ha pasado nada’”, recuerda. A la noche siguiente, el grupo de Magaña pasó por ahí. Vio el brillo de los cascos militares pasar junto a su habitación. Siete personas más fueron secuestradas esa noche. En adelante, las viudas de Paine se hicieron conocidas porque partían cada día en busca de sus maridos. “Se destruyeron familias enteras. Veía cómo los niños quedaban solos, sin crianza, porque las mujeres iban donde fuera a buscarlos. Tres Álamos, Isla Quiriquina, etc.”, cuenta Luz. Ella misma no se convencía de la pérdida. Durante mucho tiempo soñó que su padre estaba vivo. “También durante el día lo veía aparecer por el camino”, recuerda la mujer. De las enseñanzas más valiosas de su padre, Luz destaca el respeto a la vida. Cuando, por ejemplo, debían hacer insectarios para algún ramo, el hombre prefería que reprobaran antes que matar. “Todos tienen derecho a la vida”, recuerda que le decía. Hoy Luz tiene 60 años y calcula que don Luis se empinaría en los 86. “Una puede ser vieja, pero siempre necesita a los papás”, dice conmovida. De un bolsillo saca un pañuelo y seca las lágrimas que se asoman tras los gruesos anteojos. Se cuelan cada vez que intenta unir los fragmentos inconclusos de su historia.


El Mercurio, 12 de Enero 2007

Detenidos en 1973: Ex militar revela dónde se enterró a ejecutados de Paine

El coronel (r) Andrés Magaña Bau, confeso de haber comandado la patrulla que ejecutó a 31 personas en Paine en octubre de 1973, reveló después de 33 años de silencio el lugar donde fueron enterradas parte de estas víctimas, entre ellas el padre de la abogada Pamela Pereira.

Si bien Magaña había confesado en 2005 su participación en estos hechos, atribuyéndolos a órdenes de sus superiores ya fallecidos, sólo en los últimos días precisó al tribunal el sitio en que se inhumaron 17 cadáveres, acompañando fotografías.

El ex oficial se trasladó ayer a una zona cercana a Meliplilla, en las

inmediaciones del lago Rapel, junto a la ministra subrogante en la causa, Virginia Rivera, quien reemplaza a la ministra Irma Meurer, recientemente inhabilitada en forma voluntaria. También estuvieron presentes efectivos de la policía.

La diligencia de ayer fue un reconocimiento del área, donde se iniciarían las excavaciones la próxima semana, luego de otras pesquisas dispuestas para hoy.

Paralelamente, los familiares de las víctimas sepultadas en esa zona fueron informadas ayer de esta última revelación de Magaña, la que se interpretó en esferas ligadas a la defensa de los derechos humanos como el primer quiebre del pacto de silencio de los militares, tras la muerte del general (r) Augusto Pinochet.

El deceso del ex gobernante fue considerado crucial en esta precisión de Andrés Magaña, ya que en su confesión inicial se explayó sobre cómo se le ordenaron las ejecuciones, pero se reservó el lugar del entierro e incluso aseguró que los cuerpos se lanzaron al mar, haciendo coincidir su versión con los antecedentes aportados por el Ejército a la Mesa de Diálogo.

Magaña era subteniente en esa época y su destinación era la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde era asesor de Telecomunicaciones del director.

En su declaración, señala que el director de la unidad, el coronel Leonel Konig, y el subdirector, el teniente coronel Pedro Montalba (ambos fallecidos), le ordenaron comandar una patrulla que se encargaría de fusilar en dos operativos a residentes en Paine, según una resolución de un consejo de guerra.

Su relato consigna que un detenido había acusado a los inculpados de ocultar explosivos.

El primer operativo fue el 2 de octubre de 1973, trasladándose a 14 prisioneros a la Cuesta de Chada, donde fueron fusilados.

En la noche del 15 de octubre, se detuvo a otras 17 personas, conducidas "en dirección a Melipilla hasta llegar a una zona muy cercana al lago Rapel", siendo sepultados en esa área. Este lugar fue revelado por Magaña y allí se habría sepultado al padre de Pamela Pereira.


La Nación, 16 de Enero 2007

Coronel (R) Magaña confirma: cuerpos de Paine fueron desenterrados en 1978,

El oficial (R) que comandó los ajusticiamientos en octubre de 1973, reveló a la magistrada Virginia Rivera que en 1978 “gente de la inteligencia militar” lo llevó al lugar para identificarlo, con el fin de desenterrar los cadáveres y hacerlos desaparecer.

Los cuerpos de 17 personas ejecutadas en Paine en octubre de 1973 que se buscan desde el fin de semana en las excavaciones en un sector cercano al lago Rapel, luego de la confesión del coronel (R) Andrés Magaña, habrían sido desenterrados a fines de 1978 para hacer desaparecer definitivamente sus restos.

Esta información fue agregada por el mismo Magaña a la jueza a cargo de la investigación Virginia Rivera, revelando que ese año “gente de la inteligencia militar” sin aclarar si fue de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) o de la CNI, lo condujo al lugar de la sepultación clandestina para reconocerlo con el fin de exhumar los cuerpos y buscarles un destino final que, en la mayoría de los casos, significó el fondo del mar.

Ínfimas partes

Sin embargo, la magistrada determinó que las excavaciones continúen para ver si es posible hallar pequeños restos óseos que quedaron producto de la remoción, como sucedió en otros casos como Calama, Peldehue, Chihuío y Cuesta Barriga.

La jueza dijo ayer a La Nación que “Hasta ahora no hay ninguna novedad, pero seguiremos trabajando hasta donde sea necesario”.

En el terreno trabajan los peritos Gabriel Vargas, geólogo de la Universidad de Chile, y el arqueólogo de la Universidad de Tarapacá Cologero Santoro.

Seis conscriptos que participaron en los asesinatos y el entierro clandestino, no reconocieron el lugar aportado por Magaña en la indagación judicial. No obstante se cree que podrían estar desorientados debido al tiempo transcurrido.

De igual manera, el coronel (R) Magaña no devela hasta ahora el nombre de otros oficiales o suboficiales que participaron en octubre de 1973 en el escuadrón de ajusticiamiento que le tocó comandar, siendo un teniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Ayer al atardecer la jueza se reunió en el sitio de las exploraciones con la agrupación de familiares de las víctimas de Paine.

En el lugar han estado presentes en los últimos días personal de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Dudas razonables

Ayer los expertos no verificaban si en el sitio entregado por Magaña efectivamente hubo cuerpos sepultados. Tampoco si hubo una remoción.La llamada por los propios miembros del Ejército en algunos juicios por delitos de lesa humanidad Operación retiro de televisores, consistió en ubicar por el sur y norte del país fosas clandestinas donde permanecían sepultados opositores a la dictadura.

La misión fue desenterrarlos y lanzar sus restos al mar utilizando los helicópteros del Comando de Aviación de la institución.

La orden fue dada por Pinochet luego de que en noviembre de 1978 se hallaron los cuerpos de 15 campesinos escondidos en una mina abandonada en Lonquén, al sur de Santiago.

Dentro de los detenidos desaparecidos de Paine se encuentra el padre de la abogada Pamela Pereira.


ANSA, 17 de Enero 2007

Descartan que victimas estén enterradas en Lago Rapel

Las posibilidades de hallar restos de detenidos desaparecidos en la quebrada del Lago Rapel, en Chile, son prácticamente nulas, luego de que los peritos de la Policía Civil y del Servicio Nacional de Geología y Minería determinaron que son tierras "vírgenes", en las cuales no se registraron movimientos.  No obstante, la jueza Virginia Rivera determinó continuar las excavaciones -que se iniciaron el lunes- en el lugar señalado por el coronel retirado Andrés Magaña, quien fue jefe de la patrulla que ejecutó a una veintena de personas en 1973, entre ellas el padre de la abogada de derechos humanos Pamela Pereira.


Radio Cooperativa, 19 de Enero 2007

Pamela Pereira aseguró que diligencias en caso Paine están "fracasando"

Tras reunirse con el comandante en Jefe del Ejército, la abogada afirmó que la inexactitud del testimonio de un oficial (r) está "agotando las posibilidades de encontrar algo".

La abogada de derechos humanos Pamela Pereira se reunió este viernes con el comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, para solicitar la ayuda de la institución para dar con el paradero de los cuerpos de detenidos desaparecidos de Paine, búsqueda que no está logrando resultados, advirtió.

En conversación con Radio Cooperativa, la jurista señaló que las diligencias del caso están fracasando debido a la inexactitud de la información entregada por el militar en retiro Andrés Magaña Bau, quien la semana pasada reveló el supuesto paradero de 17 víctimas de la dictadura.

"En el lugar en que se está trabajando pareciera que ya se han agotado todas las posibilidades de encontrar algo, es probable que hoy día o mañana (sábado) la magistrado tome alguna decisión al respecto", explicó.

"Sin duda creo que si no es posible avanzar ahora, van a tener que realizarse otro tipo de diligencias para obtener información de la manera mas fidedigna que sea positiva", afirmó Pereira, hija de un detenido desaparecido de Paine.

La ministra en visita del caso, Virginia Rivera, desde hace algunas semanas se encuentra realizando diligencias en un camino que cercano al lago Rapel, donde se habrían sido enterrados los 17 opositores a la dictadura.

El grupo fu inhumado en la zona por una patrulla militar encabezada, en ese entonces, por el subteniente Andrés Magaña Bau, actualmente coronel en retiro.

Pamela Pereira explicó que Rivera está recorriendo el camino con la ayuda de un grupo de conscriptos, para precisar cuál habría sido el punto al cual llegaron los cadáveres de los detenidos de Paine.

El caso se remonta al año 1973, cuando Magaña Bau, quien era subteniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandó una patrulla para capturar a varios militantes de izquierda, entre los que se encontraba el padre de la abogada Pereira, y que terminó con la muerte y desaparición de 24 personas. (Cooperativa.cl)


El Mostrador, 21 de enero de 2007

Ex militar entregó pistas erra

Andrés Magaña Bau, el coronel que volvió a remecer a las familias de Paine

Después de 30 años, decidió entregar información sobre el supuesto paradero de detenidos desaparecidos. Sin embargo, los antecedentes resultaron inexactos para los tribunales, que el sábado decidieron suspender la búsqueda definitivamente. Abogada Pamela Pereira, hija de una de las víctimas, asegura que sus fines son pocos altruistas y espera que aporte datos fidedignos al tribunal.

"Es el típico milico que no piensa, que actúa sin medir las consecuencias de sus actos y que cree que siempre podrá ganar con su posición”. Con esa simple, pero lapidaria frase, es definido el coronel (R) Andrés Magaña Bau, el hombre volvió a remecer a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos al revelar el supuesto paradero de detenidos desaparecidos de Paine.

Para los familiares de 22 víctimas de la represión en la pequeña comuna de la zona sur de la Región Metropolitana, Magaña Bau es un viejo conocido. Específicamente desde octubre de 1973, cuando llegó comandando una patrulla de la Escuela de Infantería de San Bernardo para arrestar a sus familiares, a quienes no volvieron a ver nunca más.

En esa fecha Magaña Bau llegó prepotente y dando gritos para llevarse a los campesinos de los asentamientos de la localidad, formados luego de la reforma agraria y que tienen a esa zona con el triste récord de ser el lugar de Chile con el mayor número per cápita del país de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

A fines de la década de la setenta el entonces teniente, que luego desarrolló su carrera militar en la Escuela de Paracaidistas y Comandos de Peldehue, negó toda participación en los hechos y aseguró que "nunca había estado en Paine", pese a que fueron numerosas las personas que lo vieron y lo reconocieron al momento de las detenciones.

En esa misma época, Magaña participó en la denominada "Operación Retiro de Televisores" y comandó al grupo de militares que desenterraron los restos de los detenidos desaparecidos de Paine, y que fueron lanzados al mar en un operativo destinado a ocultar los crímenes de la dictadura.

Información falsa

Por ello, los familiares abrigaban algún grado de esperanza en torno a encontrar parte de los restos de las víctimas de la represión en la zona de Rapel, lugar sindicado por el ex militar como el que fue utilizado para enterrar a los campesinos.

Sin embargo, tal como lo había adelantado El Mostrador.cl, el trabajo realizado por la jueza Virginia Rivera y su equipo de peritos apuntaba a que la información era errónea, por lo que este sábado decidió suspender las pesquisas.

Magaña es el único de los integrantes de la patrulla militar que asegura que en la quebrada del río Rapel se dispusieron los restos, mientras que los fusileros que participaron de las ejecuciones no recuerdan el punto, aunque todos afirman que en la zona se produjo el entierro clandestino.

De acuerdo a la versión del oficial en retiro, durante años se dedicó a buscar el lugar exacto de las inhumaciones ilegales, hasta que dio con el sitio y luego de eso entregó los datos a los tribunales, información que a todas luces no es verídica.

Asimismo el oficial en retiro reconoce que en ese lugar se enterraron 17 cuerpos, aunque los detenidos fueron 22, aprovechándose de los errores cometidos por el Servicio Médico Legal (SML) que identificó a cinco campesinos de Paine como parte de los restos exhumados desde el Patio 29 del Cementerio General.

Pamela Pereira: “No tiene fines altruistas” 

Para la abogada Pamela Pereira, hija del detenido desaparecido Andrés Pereira Salsberg, el coronel (R) Magaña debe definir sobre si quiere colaborar o no en la investigación de la jueza Rivera, y entregar información veraz y comprobable al tribunal.

"Acá se está agotando la investigación y no ha dado resultado. Acá la persona que tiene precisar la investigación es Magaña, porque es el responsable de estas masacres y porque participó y estuvo presente cuando se llevaron efectos los desentierros para lanzarlos al mar, por orden de Pinochet", dijo Pereira.

La profesional agregó: "No sé cual es el juego perverso que pueda haber en esto, con dar un lugar y después resulta que no es. Lo que si sé, es que es muy devastador para las familias de las víctimas y, en ese sentido, se hace necesario toda la colaboración posible para aclarar este episodio".

La abogada insistió que Magaña no está diciendo todo lo que sabe de las ejecuciones y usa información que se conoce que está errada para disminuir su responsabilidad penal. "Él omite parte de la información y la distorsiona porque habla de 17 víctimas y en realidad son 22. Se aprovecha de los errores del SML que dio como por identificada a 5 personas de Paine cuando no lo han sido. Eso demuestra que no tiene ningún fin altruista con lo que hace", finalizó.


La Segunda, 18 de enero de 2008

El testimonio del general Guillermo Castro en el caso de los ejecutados de Paine 

El oficial negó cualquier nexo con la patrulla militar que en octubre de 1973 comandó Osvaldo Magaña, una de cuyas víctimas es el padre de la abogada Pamela Pereira. 

“No tengo nexo alguno con actividades realizadas por Osvaldo Andrés Magaña Bau”, le dijo el general Guillermo Castro Muñoz al juez Héctor Solís el lunes pasado cuando se sentó a declarar en la investigación que intenta dar con el destino de 22 campesinos que fueron ejecutados por una patrulla militar en octubre de 1973.

La diligencia se hizo con sigilo y en una dependencia previamente acordada entre el tribunal y el Ejército.

Castro Muñoz es jefe de la Segunda División y, como tal, ejerce como juez militar de Santiago.


La patrulla del ‘73 

¿Cómo se gestó el interrogatorio? La historia está en las declaraciones y careos que esta semana hubo en el caso.

La investigación por los ejecutados de Paine está a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, después de haber pasado por manos de otros magistrados de ese tribunal.

Después de años de pesquisas, en el expediente se logró establecer que el 16 de octubre de 1973 un grupo de 20 soldados, al mando de un subteniente, salieron desde el Cuartel Dos ubicado en el Cerro Chena con la misión de apresar a 22 personas. Iban en un camión rojo. Para que no tuvieran problemas les entregaron planos con el domicilio de cada uno de los buscados.

El grupo, al mando del subteniente Magaña Bau, fusiló a los detenidos en una quebrada cercana al Lago Rapel. Entre las víctimas de este operativo estaba Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada de derechos humanos Pamela Pereira.

Magaña, el suboficial José Vásquez Silva y el civil Juan Quintanilla Jerez son los tres únicos que enfrentan cargos en esta hebra del caso. Los dos últimos están procesados por resolución dictada el 4 de enero pasado.


Oficial estuvo en la “Compañía de Fusileros” 

Poco después de esa decisión, el abogado Luciano Fouilloux (representante de Pamela Pereira) pidió a Solís que citara al general Castro porque en la época de los hechos estaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo, unidad de la cual dependía el Cuartel Dos y de donde partió la patrulla militar que perpetró las ejecuciones.

El ministro aprobó la diligencia y el lunes pasado tomó declaración al militar. Castro recordó que ingresó al curso básico de oficial subalterno en agosto de 1973 y que, tras la intervención militar de septiembre, la nueva estructura de la Escuela no operaba claramente y que recién en octubre lo destinaron a la “Compañía de Fusileros”. Como parte de ésta estuvo en los cuarteles Uno y Dos.

Castro le aseguró al tribunal que en el Cuartel Dos nunca vio detenidos y que se enteró años después, a través de informaciones de prensa.

Sobre Magaña, el general admitió que lo conoció en la Escuela Militar, pero se encargó de recalcar que nunca participó con él en ningún operativo. Es más, enfatizó que nunca tuvo contacto social con él, salvo en el año 1990 cuando ambos coincidieron como profesores en la Academia de Guerra del Ejército.


El careo entre Castillo y Magaña 

Después de escuchar a Castro, Solís citó al prefecto en retiro de Investigaciones Rafael Castillo , mandamás hasta el año pasado de la Jefatura de Asuntos Especiales, y recientemente nombrado como agregado científico de Chile en la OEA. Indagó el caso y declaró como testigo.

Ante el juez, Castillo contó que en una entrevista realizada en su oficina, Magaña reconoció que en el operativo participaron otros dos oficiales cuyos nombres no recordaba. El detective retirado agregó que el ex militar habría dejado “entrever” que uno de los involucrados era una persona de apellido Castro que actualmente tendría el grado de general.

Castillo aseguró que Quintanilla (el civil procesado) también sostuvo que, además de Magaña, en el camión rojo iban otros dos oficiales. Explicó que nunca entrevistó a Castro por los privilegios que gozan los generales y, por tanto, dijo que no pudo corroborar tales hechos.

El juez Solís careó de inmediato a Castillo con Magaña.

Castillo reiteró que, según los testimonios, había otros dos oficiales en el operativo. Magaña lo contradijo, insistió que no hubo otros y que el único Castro que recordaba perteneció a otra sección del Ejército. Remarcó que no tenía recuerdos y que si supiera los nombres tampoco lo diría por su honor y la lealtad que le debe a la gente que comandó.

El juez Solís cerró la diligencia al apreciar que no había acuerdo.


Emol, 11 de Junio de 2010

Revelan nombres de nueve ejecutados políticos en caso Paine

Para la abogada Pamela Pereira, hija de una de las víctimas identificadas, "falta una etapa que es muy esencial, que es hacer justicia".

SANTIAGO.- El juez con dedicación exclusiva Héctor Solís entregó hoy la identidad de nueve personas que fueron ejecutadas el 16 de octubre de 1973 en la comuna de Paine.

Se trata de José Ignacio Castro Maldonado, Luis Alberto Gaete Balmaceda, Carlos Enrique Gaete López, Rosalindo Herrera Muñoz, Samuel Lazo Maldonado, Carlos Lazo Quinteros, Silvestre Muñoz Peñaloza, Andrés Pereira Salsberg y Luis Silva Carreño.

Para la abogada Pamela Pereira, hija de una de las víctimas identificadas, "falta una etapa que es muy esencial, que es hacer justicia".

"Con la misma voluntad que hemos perseverado en encontrar al padre nuestro, vamos a perseverar en que se establezca a través de una sentencia judicial las condenas para los criminales", añadió.

Los nombres de los ejecutados políticos, que se encontraban en calidad de detenidos desaparecidos, fueron obtenidos luego de una serie de estudios realizados desde 2008 en el Laboratorio Gerichtsrzte am Institut fr Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universitt Innsbruck (GMI) en Austria.

Los especialistas estudiaron el ADN nuclear y cromosoma de los restos de los campesinos ejecutados, logrando un 99,9% de certeza, según explicó el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos.

Inicialmente, los familiares de las nueve personas identificadas hoy reconocieron en junio de 2009 evidencias culturales de las víctimas, como la ropa encontrada junto a los cráneos y restos óseos.

La causa investigada por el juez Solís tiene relación con distintos episodios de desaparición y/o muerte de 70 personas, ocurridas durante 1973 en Paine.

Los nueve campesinos reconocidos forman parte de las 22 personas fusiladas el 16 de octubre de 1973 y que posteriormente fueron trasladadas hasta la Quebrada El Arrayán, en la Región de O'Higgins. Por el "caso Paine" están procesados los militares en retiro Andrés Magaña Bau, José Vasquez Silva y el civil Juan Quintanilla Jerez


Emol.com, 2 de Febrero de 2011

Juez que investigó al jefe del Estado Mayor del Ejército por caso Paine no descartó procesarlo

Sin embargo, el magistrado Héctor Solís dijo que hasta ahora no hay antecedentes de una eventual responsabilidad del general Guillermo Castro en la desaparición de 22 campesinos en 1973.

SANTIAGO.- El juez que investiga el denominado caso Paine, Héctor Solís, aseguró este miércoles que el General del Ejército Guillermo Castro Muñoz, le reconoció a él haber formado parte de la CNI, en una declaración judicial de 2003, año en que enfrentó, al menos en tres oportunidades interrogatorios del magistrado.

En ese contexto el letrado explicó que, por ahora, no existen antecedentes que permitan establecer responsabilidades de Castro Muñoz en los hechos investigados sobre la desaparición de 22 campesinos de la localidad de Paine en 1973, pero que "nunca se descarta la posibilidad" de que sea procesado.

Si bien el magistrado dijo que "en estos hechos de Paine hay encargado reo y sometido a proceso un teniente de la época (Andrés Magaña), un cabo y un civil", reconoció que en el expediente de investigación "hay algunos soldados que mencionan que en los hechos, a parte de este teniente Magaña, participaron uno o dos oficiales. Pero al serles exhibidas las fotografías de la época de todos los oficiales de la escuela (Infantería de San Bernardo), ninguno fue capaz de identificar a Guillermo Castro Muñoz".

El Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Guillermo Castro Muñoz, está cuestionado luego que trascendiera su vinculación con la CNI. Hoy agrupaciones de Derechos Humanos solicitaron al Ministro de Defensa Andrés Allamand la baja del uniformado, producto de su reconocimiento.


 

 

 

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