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Luis Alberto Losada Fuenzalida

Medico Cirujano

Colaborador de la CNI

El medico/agente Luis Alberto Losada Fuenzalida fue expulsado del Colegio Medico por su participación en la muerte del profesor Álvarez Santibáñez.

Este medico, una hora antes de la muerte del profesor Álvarez Santibáñez, torturado durante siete días en cuarteles de la CNI, en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.  

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoño, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

En la actualidad trabaja como Reumatólogo en la clínica de Carretera El Cobre 1330, Rancagua, Teléfono: 205300

Además aparece contratado a medio tiempo (28 Hrs.) por el Instituto Nacional de Geriatría desde septiembre de 1988, de forma permanente y con un salario de $ 2.524.443 

Fuentes: Libro El despertar de los cuervos, Gob. Transparente, el Mostrador, Archivo Memoriaviva


Vea Articulo Completo:  Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte  : 13 de Febrero 2004 El Siglo


El Mostrador, 25 de Enero de 2001
Funan a psiquiatra de la DINA
Se trata Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien actualmente preside la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. Cerca de 300 personas se reunieron frente al número 168 de la calle Obispo Salas para enrostrarle su participación en este organismo de represión.

Pasadas las 18 horas, cerca de trescientas personas se congregaron frente a un edificio de la comuna de Providencia para funar al psicólogo Roberto Emilio Lailhacar Chávez.

La protesta en contra el profesional, presidente de la Sociedad Chilena de Sexualidad y Educación Sexual, duró cerca de una hora, en las afueras de su consulta médica, en Obispo Salas 168.

Los organizadores de la funa leyeron el "prontuario" del psicólogo por megáfono, acción que llamó la atención de los vecinos del edificio, quienes salieron sorprendidos a ver qué ocurría, más aún si se considera la tranquilidad del sector.

Lailhacar fue psicólogo de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). Como tal, y según consta en testimonios que
actualmente poseen los tribunales, trabajó en clínicas clandestinas del organismo, como la Clínica Santa Lucía, ubicada en Santa Lucía 162, que durante los años 1975 y 1976 era dirigida por Werner Zanghellini.

En este centro eran atendidos los agentes de la DINA, para lo que se contaban con una brigada de sanidad compuesta, entre otros, por la
enfermera Eliana Borumburú, el ginecólogo Pablo Figueroa Yáñez, los doctores Luis Santibáñez Santelices y Luis Losada Fuenzalida, los médicos de apellidos Virgilio, Fantuzzi, Basaure y Vélez, y el dentista Sergio Muñoz.

En la clínica también se atendía a algunos prisioneros políticos que comenzaban a colaborar con información, como forma de premiarlos. Pero en muchas ocasiones eran llevados allí detenidos que estaban moribundos para que los recuperaran y poder continuar con las sesiones de tortura.

Relatos de sobrevivientes señalan que allí también se torturaba y que existía comunicación directa con Villa Grimaldi, lo que permitía que los
prisioneros escucharan torturas a algún familiar entre un centro y otro.

El último vestigio de su relación con el organismo represor fue que, mientras estuvo a cargo de la Clínica Siquiátrica de la Universidad de
Chile, tuvo como secretaria a "Carola", ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR ) y una de los tres dirigentes de izquierda que luego colaboraron con la DINA.

Actualmente Lailhacar es presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual; profesor de la Universidad La República (ligada a la masonería); miembro de The New York Academy of Sciences; integrante de Association of Humanistic Psychology San Francisco, CA; y de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual (FLASES).


www.vientodelsur.ch, 17 de julio de 2009   

Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte.

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.


El Mostrador, 10 de septiembre de 2013

Los médicos y enfermeras que “hicieron su trabajo” para el terrorismo de Estado

En “El Despertar de los Cuervos”, dediqué un capítulo en un grupo de civiles que grafican las consecuencias reales del silencio que jueces y políticos han reconocido durante la dictadura. Se trata de los más de cien dentistas y doctores que trabajaron en las clínicas de la DINA-CNI y que hoy conforman parte de la opinión pública. Respecto de su acción, el Colegio Médico ha actuado de forma particular, caso a caso, sancionando a algunos pocos. Se entiende entonces que debieran ser vistos según sus opiniones personales frente a los hechos.

A través de la investigación centré mi atención en una veintena de hombres de la salud que ha prestado declaración policial o judicial en causas de lesa humanidad y en qué están hoy, pasados los años. En el libro se denuncia, por ejemplo, que el psiquiatra colegiado, Roberto Emilio Lailhacar Chávez, experto en drogas e integrante actual de grupos iniciáticos y de conocimiento personal (así se publicita en revistas vinculadas al tema), confesó recién este año que dentro de su casa de campo, ubicada en Curacaví, hay 6 o 7 cadáveres enterrados. Según el doctor, antes de morir, su padre le confesó que los cuerpos fueron lanzados por Carabineros de la zona dentro de un fallido y profundo pozo destinado a extraer agua. En este momento, Investigaciones y el Servicio Médico Legal se encuentran intentando llegar hasta el fondo del estrecho orificio y dar con las víctimas. En su declaración a la justicia se observa que Lailhacar se considera un actor pasivo de aquellos hechos. Sin embargo, un soldado del regimiento Tejas Verdes, el lugar donde se creó la DINA y tema central de “El Despertar de los Cuervos”, contó para el libro que Lailhacar era conocido ahí como “el hipnotizador”, debido a que aplicó técnicas de tortura “novedosas”, dentro de aquel centro de experimentación, donde seres humanos fueron utilizados como conejillos de indias.

Luego, ya entrada la dictadura, fue el jefe del departamento de operaciones psicológicas de la DINA, unidad que estuvo dedicada a crear contra propaganda a las manifestaciones en contra de la dictadura. También atendió y dio sustento psicológico a aquellos agentes con problemas de conciencia. En su declaración a la justicia incluso reconoció haber celebrado asados con Manuel Contreras y la directiva de la DINA en el mismo campo donde probablemente hoy se encuentran enterrados detenidos desaparecidos.

Muchos funcionarios de la salud trabajaron junto a Lailhacar dentro de las clínicas DINA-CNI y fueron parte de los crímenes ocurridos ahí. El enfermero de la Clínica Santa Lucía, Carlos Norambuena Retamales, declaró a la justicia que ahí escuchó y vio hechos que lo dejaron marcado de por vida. “Viene paquete”, era la nomenclatura que se utilizaba ahí, cuando un detenido llegaba proveniente de un centro de torturas para ser eliminado. “Bajaban de la camilla al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo y luego el paciente salía fallecido”, declaró a la justicia. El enfermero escuchó luego a los doctores decir que para eliminar a los detenidos, les suministraban 5 milígramos de pentotal. Según él, por lo menos dos doctores, Wener Zanghellini y Osvaldo Leyton Robles, ambos con consulta particular en Providencia, eran los encargados de efectuar esta labor.

La enfermera Gladys Calderón, tomó ese conocimiento de los médicos, y en 1976 y 1977 se dedicó a inyectar  mortalmente a los detenidos del cuartel Simón Bolívar, hasta ahora el único centro de exterminio documentado en detalle por la justicia y donde se asesinó a tres direcciones del Partido Comunista. Ella declaró a la justicia que no sólo se consideraba inocente, sino que su acción era humanitaria, puesto que los detenidos inyectados se encontraban en pésimas condiciones físicas.

Algunos doctores, como el oftalmólogo Vittorio Orvieto, quien partió asesorando sesiones de tortura en Tejas Verdes, también dio su opinión frente a los hechos antes de que se probara su participación criminal. “Quiero dejar una constancia. Que toda esta situación en la que me he visto involucrado y de la cual no tuve ninguna participación, ha significado para mí y mi familia un grave deterioro moral y espiritual y, por qué no decirlo, también físico. Siento en lo más profundo de mi ser que he sido víctima de circunstancias que yo no busqué en ningún momento […]”, declaró en la causa Tejas Verdes.

En el libro incluí el testimonio del actual director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, quien fue detenido por la DINA y torturado dentro de la clínica Santa Lucía, donde Orvieto trabajaba. En aquel lugar, según recordó, sus colegas integraban las sesiones e incluso le suministraron sueros como una forma de facilitar la continuidad de los tormentos cuando se encontraba al borde de la muerte. A través de una radio, lo hicieron escuchar cómo torturaban a su mujer al mismo tiempo en la Villa Grimaldi. En una ocasión, un doctor se le acercó y le habló de cerca. “Tú entiendes, yo acá estoy haciendo mi trabajo”.

Otros, como los doctores Camilo Azar Saba, Manfred Jürgensen Caesar y Luis Alberto Losada Fuenzalida confesaron haber viajado al cuartel Borgoño de la CNI para atender detenidos: los tres auscultaron al profesor Federico Álvarez Santibáñez, detenido en esas dependencias. Según sus declaraciones policiales, no observaron lesiones externas atribuibles de mayor cuidado. Al día siguiente falleció en la Posta Central producto de las torturas. Los tres son médicos colegiados. Azar trabaja en la clínica Meds, célebre debido a que atiende a muchos deportistas de alto rendimiento. Losada trabaja en el Instituto de Geriatría y Jurguensen se desempeña en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, donde es jefe del Departamento de Educación. Además labora en la Clínica Alemana. Los tres se consideraban actores pasivos. Alguno de ellos, incluso, manifestó estar molesto con los servicios de inteligencia, por haberlos involucrado en estos hechos.

Respecto de un terreno aparentemente menos grave, pero que dio sustento a la dictadura, en “El Despertar de los Cuervos” incluí la declaración policial del dentista de la DINA y CNI, Pablo César Oyanguren Plaza, prestada en agosto de 2010, dentro de la causa Villa Grimaldi. Su chapa dentro de la organización terrorista era “Cicerón Videla”. Interrogado señaló: “Me dieron (la CNI) una cédula de identidad a nombre de Cicerón Videla, con la finalidad de votar en el plebiscito”. Antes de publicar el libro, encontré a Oyanguren Plaza, dando clases en la Universidad Mayor. Me confirmó su acción en el plebiscito de 1980 que dio legitimidad a la dictadura y que aprobó la Constitución Política que nos rige hasta hoy. Según me explicó, sentía que lo que había hecho “fue un error” y que mirado en el tiempo “lo sentía”. Según él, todos sus compañeros dentro de la Clínica Santa Lucía utilizaban un nombre real y otro ficticio o chapa y que, aunque no podía probarlo, tenía la impresión de que, al igual que él, sus compañeros también sufragaron dos veces con el fin de aprobar la Constitución.

Esto ya había sido reconocido por Jorgelino Vergara, “El Mocito”, para el libro “La Danza de los Cuervos”. Según su testimonio, junto a su unidad acudió en masa a votar todas las municipalidades de Santiago en dos ocasiones, con el fin de vencer en el plebiscito de 1980.

Jorgelino Vergara se encuentra unido a los profesionales de la salud en la DINA y la CNI también por otro tema. Según él, como empleado civil, su sueldo era cancelado por la empresa Boxer y Asper. No conocía a sus dueños legales, pero estaba seguro que el financista detrás era el fallecido empresario, Ricardo Claro Valdés. En la investigación por las clínicas de la DINA, varios profesionales de la Salud señalaron entre sus empleadores a las empresas Boxer y Asper.

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