Quienes somos ] Boletin ] Busqueda ] Pinochet en Londres ] Centros Detencion ] Complices ] Empresas ] Fallos ] Criminales ] Tortura ] Exilio ] ecomemoria ] Desaparecidos ] Ejecutados ] Testimonios ] English ]

Carlos José Leonardo López Tapia

Coronel de Ejercito

Agente DINA; Brigada Lautaro

C.I.: 2.632.039-9

Domicilio: Alto Caren 62, Villa San Joaquín, Rancagua


Carlos José López Tapia ha sido identificado como integrante de  la Caravana de la Muerte a su paso por
Linares y Cauquenes, en octubre 1973, ocupando el puesto de segundo jefe de la misión del helicóptero Puma que transportaba la comitiva criminal, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro personas.

López Tapia participo en la ejecución del líder campesino José Gregorio Liendo Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quien fue fusilado el día 3 de octubre de 1973 en Valdivia.

Posteriormente, Carlos José López Tapia ingreso a la DINA, llegando a ser jefe de la Villa Grimaldi en 1976, periodo en que la DINA secuestro e hizo desaparecer desde el centro clandestino a decenas de prisioneros y prisioneras. López Tapia también fue Jefe de División de Inteligencia Metropolitana de la DINA.

El 12 de enero de 1998, una demanda fue presentada contra López por el secuestro calificado de Bernardo Zuleta Araya y María Flores Barraza el 2 de abril de 1976 en la región de Valparaíso .

López Tapia ya cumple cinco años de prisión por el caso de la detenida desaparecida Julia Retamal Riquelme. También está procesado por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista ocurrida en mayo de 1976 en el marco del denominado "Caso Conferencia", donde fueron detenidos desde el 21 de mayo 1976 Mario Zamorano, Jorge Muñoz, Elisa Escoba, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz.

Carlos José López Tapia fue condenado por la desaparicion de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea.

Durante las investigaciones de estos crímenes se logro establecer los contactos de este y otros agentes con los alemanes de Colonia Dignidad.

En julio de 2006, la alcaldesa UDI de Hijuelas, Verónica Rossat, sin acuerdo ni conocimiento del Concejo Municipal, y estando conciente del prontuario de Carlos José López Tapia le concedió el título de Ciudadano Ilustre al ex agente quien como premio a su labor represiva durante la dictadura cívico militar fue designado alcalde de Hijuelas.

 

Fuentes de Informacion: Zonaimpacto.cl, La Nación, Emol, El Mercurio, Archivo Memoriaviva


Brigada Lautaro de la DINA

La Brigada Lautaro de la DINA era la unidad de exterminio montada por Manuel Contreras y dirigida por el Mayor de ejercito Juan Morales Salgado.

Esta brigada operaba desde el desconocido cuartel de Calle Simón Bolívar 8630.

Las acciones hasta ahora conocidas de este grupo de agentes DINA seria la captura de la dirección del partido comunista en 1976.

La brigada funcionaba con un contingente de mas de 70 miembros, de los cuales sus miembros operativos ejecutaban la recopilación de información, detenciones, interrogatorios/tortura, ejecución y desaparecimiento de cuerpos de los detenidos.

Para estos efectos constaban con acceso a una gran infraestructura, que aparte del cuartel en si, tenían un variado numero de vehículos a su disposición, además del acceso a los helicópteros Puma, del Comando de Aviación del Ejército (CAE) que operaba desde Peldehue.

Los miembros de la Brigada lautaro provenían de las cuatro ramas de las FFAA, además de contar con algunos agentes civiles adscritos a las diversas ramas, su conformación era mayoritariamente de sub oficiales, El hecho de que en esta brigada existían a lo menos siete agentes provenientes de la Armada, deja de claro que la institución miente cuando declaro que la Armada retiró a todo su personal de la DINA en 1975.

Otra de las características de la brigada Lautaro, es que contaba con un gran numero de mujeres, las que como se ha ido descubriendo, se caracterizaban por su frialdad y crueldad ante los crímenes. Varias de ellas, por sus conocimientos de medicina y enfermería, cooperaban en los experimentos que se ejecutaban en el laboratorio químico de la casa de Michael Townley, en Lo Curro. Townley asistía constantemente al cuartel de Calle Simón Bolívar para experimentar en los detenidos con el gas que fabricaba el químico Eugenio Berrios.

La información que se ha logrado rescatar hasta agosto 2007, aparece después de la investigación del caso “calle conferencia” llevada a cabo por el Juez Víctor Montiglio quien ha logrado establecer la suerte corrida por un numero de detenidos de la dirección del partido comunista, entre ellos el secretario general del PC en la clandestinidad, Víctor Manuel Díaz López, además de Bernardo Araya Zuleta, María Olga Flores Barraza, Mario Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortés, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenín Adán Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Marta Lidia Ugarte Román. 

Hasta hoy se ha establecido que Víctor Manuel Díaz López fue detenido la madrugada del 12 de mayo de 1976 en la casa ubicada en calle Bello Horizonte Nº 979, de la Comuna de Las Condes, días después de la detención de varios dirigentes del PC detenidos en el operativo conocido como la “Ratonera” en Calle Conferencia No1587.

Víctor Díaz fue llevado al centro de torturas de Villa Grimaldi, y posteriormente trasladado a “Casa de Piedra”, otro centro de torturas de la DINA ubicado en el Cajón del Maipo, lugar donde es sabido que Augusto Pinochet habría visitado a Víctor Díaz y a otros dirigentes PC ahí detenidos.

A principios de 1977 Manuel Contreras le da la orden a Juan Morales Salgado, de eliminar a Víctor Díaz, y en cumplimiento de esa orden, los agentes Sergio Escalona Acuña  y Bernardo Daza Navarro sacan a Díaz de un celda y le amarraron una bolsa plástica en la cabeza asfixiándolo, mientras la teniente (enfermera) de ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño le inyectó cianuro. Posteriormente procedieron a introducir el cuerpo en bolsas plásticas, atarlo y adosarle un trozo de riel e introducirlo en sacos papero para luego atarlo con alambre y asegurarse que no se abran las amarras.

El cuerpo fue trasladado en vehículos hasta el regimiento del Ejercito en Peldehue, donde tenían otros ejecutados traídos desde Villa Grimaldi y atados de la misma forma que Víctor Díaz. Cargaron los cuerpos en el helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejercito y partieron con rumbo a la costa de la Quinta Región para lanzar los cuerpos al mar.

Este modo de operar de los agentes de la brigada Lautaro demuestra la brutalidad y deshumanización de todos sus miembros.

Lista de algunos de los agentes de la Brigada Lautaro

1   Acevedo Acevedo, Heriberto del Carmen        Carabineros      Suboficial (R)

2   Ahumada Despouy, Joyce Ana                         Ejército           Suboficial (R)

3   Altamirano Sanhueza, Orlando del Tránsito       Armada            Suboficial (R)

4   Alvarez Droguett, Victor Manuel                      Ejército           Suboficial (R)

5   Alvarez Vega, Hiro                                         Ejército           Suboficial (R)

6   Arriagada Mora, Jorge Hugo                            FACH               Empleado civil (R)

7   Aspe Rojas, Celinda Angélica                          Armada            Suboficial (R)

8   Benavides Escobar, César Raúl                        Ejército           General (R)

9   Bermúdez Méndez, Carlos Justo                      Ejército           Suboficial (R)

10 Bitterlich Jaramillo, Pedro Segundo                 Ejército           Suboficial (R)

11 Cabezas Mardones, Eduardo Patricio                FACH               Suboficial (R)

12 Calderón Carreño, Gladys de las Mercedes        Ejército           Oficial (R) y enfermera

13 Castro  Andrade, Sergio Hernán                       Carabineros      Suboficial (R)

14 Chaigneau Sepúlveda, Federico Humberto        Ejército           Teniente Coronel (R)

15 Daza Navarro, Bernardo del Rosario                 Armada            Suboficial (R)

16 Díaz Radulovich, Jorge Iván                            FACH               Suboficial (R)

17 Díaz Ramírez, Guillermo Eduardo                    FACH               Suboficial (R)

18 Escalona Acuña, Sergio Orlando                       Armada            Suboficial (R)

19 Escobar Fuentes, Jorge Marcelo                       Ejército           Brigadier (R)

20 Ferrán Martínez, Guillermo Jesús                     Ejército           Suboficial (R)

21 Garea Guzmán, Eduardo                                 Ejército           Empleado civil (R)

22 Guerrero Aguilera, Gustavo Enrique                 Carabineros      Suboficial (R)

23 Guerrero Soto, María Angélica                         Ejército           Suboficial (R)

24 Gutiérrez Valdés, Pedro Antonio                      Ejército           Suboficial (R)

25 Jaime Astorga, Rufino Eduardo                        Carabineros      Suboficial (R)

26 Jiménez Escobar, Berta Yolanda                      Armada            Suboficial (R)

27 Krassnoff Martchenko, Miguel                          Ejército            Brigadier (R)

28 Lagos Yáñez, Luis Alberto                               FACH                Empleado civil (R)

29 Lawrence Mires, Ricardo Víctor                       Carabineros      Teniente Coronel (R)

30 López Tapia, Carlos José                                Ejército            Coronel (R) y Prof. Ejér.

31 Magna Astudillo,  Elisa del Carmen                   Ejército            Oficial (R)

32 Manríquez Manterola, Jorge Lientur                 Armada             Suboficial (R)

33 Marcos Muñoz, Carlos Segundo                        Civil                  adscrito al Ejército

34 Meza Serrano, José Miguel                              Armada             Suboficial (R)

35 Montre Méndez, Manuel Antonio                      Carabineros       Suboficial (R)

36 Morales Salgado, Juan Hernán                          Ejército            Coronel (R) y Prof. Ejér.

37 Navarro Navarro, Teresa del Carmen               Armada             Suboficial (R)

38 Obreque Henríquez, Manuel Jesús                    Ejército            Suboficial (R)

39 Ojeda Obando, José Alfonso                           Carabineros       Suboficial (R)

40 Orellana de la Pinta, Claudio Orlando               Carabineros       Suboficial (R)

41 Oyarce Riquelme, Eduardo Alejandro               Ejército            Suboficial (R)

42 Pacheco Fernández, Claudio Enrique               Carabineros       Suboficial (R)

43 Pichunmán Curiqueo, Jorge Segundo               Carabineros       Suboficial (R)

44 Piña Garrido, Juvenal Alfonso                         Ejército            Suboficial (R)

45 Reyes Lagos, Eduardo Antonio                        Ejército            Suboficial (R)

46 Rinaldi Suárez, Carlos Ramón                          Ejército            Suboficial (R)

47 Rivas González, Adriana Elcira                        FACH                Suboficial (R)

48 Riveros Valderrama, René Miguel                    Ejército            Oficial (R)

49 Saavedra Vásquez, Orfa Yolanda                     Ejército            Suboficial (R)

50 Sagardía Monje, Jorge Laureano                     Carabineros       Suboficial (R)

51 Sarmiento Sotelo, José Manuel                       Carabineros       Suboficial (R)

52 Silva Vergara, Marilin Melahani                       Carabineros       Suboficial (R)

53 Sovino Maturana, Hernán Luis                         Ejército            Capitán (R)

54 Torrejón Gatica, Orlando Jesús                       Ejército            Suboficial (R)

55 Troncoso Vivallos, Emilio Hernán                     Carabineros       Suboficial (R)

56 Urrutia Acuña, Luis Arturo                               Carabineros       Suboficial (R)

57 Vacarella Gilio, Italia Donata                           Carabineros       Suboficial (R)

58 Valdebenito Araya, Héctor Manuel                   Carabineros        Suboficial (R)

59 Vilches Muñoz, Ana del Carmen                       FACH                 Empleada civil (R)


La Nación

3 de Junio 2003

Ola de procesamientos en casos de DD.HH.

 Un total de nueve procesamientos más fueron dictados por violaciones de los derechos humanos, en un contexto donde crecen las expectativas para conocer por dónde la derecha, independientemente de mejorar la indemnización a familiares de las víctimas, abordará una propuesta legislativa que intentaría poner fin a los juicios contra militares a 30 años desde ocurrido el golpe militar.

En una resolución dictada por el ministro Juan Guzmán Tapia, fueron ayer procesados como autores del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas los ex integrantes de la DINA coronel (R) Carlos López Tapia, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, coronel (R) Germán Barriga Muñoz, coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti.

Los encausamientos fueron dictados por la desaparición del ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y de los integrantes de la dirección clandestina del PC, todos desaparecidos a la fecha, Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de esta arteria, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC.

Estas víctimas están incluidas en la primera querella contra Augusto Pinochet y otros militares (R), que presentó el 12 de enero de 1998 Gladys Marín.

El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó que “esto demuestra que se puede seguir haciendo verdad y justicia, a diferencia de lo que quiere la UDI”. Contreras subrayó también “la valentía y la condición ética del juez Guzmán, que, sin inhabilitarse en el caso, procesó a un familiar suyo tan directo”.

Efectivamente, Carlos López Tapia, primo del juez Guzmán, fue el jefe del centro clandestino Villa Grimaldi en 1976, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del PC. López integró también la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”.

Ayer Guzmán admitió que la medida “fue difícil, porque los jueces somos seres humanos”.

Otros Cuatro

En tanto, el juez Jorge Zepeda sometió a proceso al oficial de Ejército (R) Claudio Lecaros Canales, al suboficial (R) José Muñoz Pozo, y al suboficial (R) de Carabineros Omar Mella Lillo. El encausamiento fue dictado como autores del homicidio de Rubén Acevedo Gutiérrez y del secuestro de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto.

Las tres víctimas se presentaron el 15 de septiembre de 1973 al retén El Melosal de San Javier, en la hoy Séptima Región, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Artillería de Linares, conducidos al puente Loncomilla y ejecutados. Sólo apareció el cuerpo de Acevedo.

A su turno, el ministro Daniel Calvo procesó al coronel (R) de la FACH Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro de Gabriel Marfull González. Este fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Aérea El Bosque. Allí fue ejecutado y su cuerpo trasladado hasta la Cuesta Barriga, donde fue abandonado.

En ambas causas actúa como querellante en representación de las familias el abogado del Fasic Nelson Caucoto, que valoró ayer la investigación instruida hasta ahora por los dos magistrados.

LA CAÍDA DEL PC

En la calle Conferencia, ubicada en la zona poniente de la comuna de Santiago, la DINA montó en mayo de 1976 una “ratonera”: agentes del organismo represivo esperaron durante varios días la llegada de la dirigencia del PC que trabajaba en la rearticulación del partido y los fueron capturando para luego hacerlos desaparecer.

En diciembre del mismo año, la DINA volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la hoy presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro. 


Zonaimpacto

4 de Junio 2003

Ex alcalde de Hijuelas procesado por crímenes durante la dictadura

Ministro en visita Juan Guzmán debió procesar a su primo, ex alcalde de Hijuelas, por crímenes durante la dictadura.

La resolución fue adoptada por el juez Guzmán tras llegar a la convicción que su pariente, junto a otros cuatro ex integrantes del organismo represor, tienen directa responsabilidad en los crímenes perpetrados en 1976 en la calle Conferencia, donde fueron asesinados y hechos desaparecer el ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y los integrantes de la dirección clandestina del PC Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de ese sector, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC.

Junto al ex alcalde de Hijuelas y primo del ministro en visita que dictó los autos de procesamiento, fueron ecausados por el magistrado Juan Guzmán el brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, el coronel (R) Germán Barriga Muñoz, el coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti.

Se trata del largo proceso instruido por el ministro Guzmán en la tramitación de la primera querella interpuesta el 12 de enero de 1998 contra Augusto Pinochet y otros militares en retiro por la ex diputada y actual dirigente comunista Gladys Marín.

Tenebrosa historia de López Tapia

El ex alcalde designado Carlos López posee una tenebrosa historia como miembro de los organismos represores.

Se sabe que en 1976 fue el jefe del centro clandestino de detención Villa Grimaldi, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del Partido Comunista.

López también integró la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR José Liendo Vera, más conocido como el “Comandante Pepe”, hecho registrado en la precordillera de la actual X Región.

Amplia información de “ZonaImpacto”

En su edición número 2 del 6 de febrero de 2001, el naciente sitio de noticias ZonaImpacto (www.geocities.com/zonaimpacto/02) publicó la siguiente información bajo el título “Ex Alcalde de Hijuelas es hombre clave en la Caravana de la Muerte", con el epígrafe “Deberá comparecer ante su primo, el ministro Guzmán Tapia”:

Un ex Alcalde de Hijuelas, designado por el régimen militar, es uno de los hombres claves de la "Caravana de la Muerte" y deberá comparecer ante el ministro Juan Guzmán en la misma causa en que Pinochet está encargado reo.

Muy pocos recuerdan en Hijuelas la pobre gestión de Carlos López Tapia, que se prolongó aproximadamente entre 1987 y 1989. Funcionarios municipales de la época recuerdan que llegó a esta comuna sin que nadie lo conociera, nombrado Alcalde por el entonces Jefe de Estado, Augusto Pinochet. También se dice que durante su período ejerció la Alcaldía en forma absolutamente unipersonal, sin permitir ningún tipo de consejo o asesoría y que cuando se detectó irregularidades financieras, que en la época eran llamadas "problemas administrativos", entregó el cargo sin pena ni gloria al ex alcalde, ex concejal y ahora consejero regional Luis Santelices. También mencionaron que por ese tiempo no se permitió investigar los problemas administrativos.

A Hijuelas llegó ya en calidad de retiro, con el grado de coronel.

Ahora se sabe que Carlos López ostentaba el grado de Mayor de Ejército cuando formó parte de la fatídica "Caravana de la Muerte" y que posteriormente habría continuado en servicio activo, ascendiendo, a la vez que habría participado en los organismos de seguridad del régimen.

El pasado viernes 2 de febrero, el diario "El Metropolitano" informó que la parte querellante del caso "Caravana de la Muerte" pidió al juez Guzmán citar a comparecer a López Tapia -quien ya había prestado declaración extrajudicial- como tercera jerarquía en la comitiva militar que dejó 79 muertos en su nefasto recorrido por el norte y sur del país. Y se afirma que el segundo -coronel (r) Sergio Arredondo, ex gobernador de Quillota- no viajó con el helicóptero Puma a Cauquenes a comienzos de octubre de 1973, por lo que el ex alcalde de Hijuelas fue en ese tramo el segundo comandante de la Caravana.

Como además se comprobó que se trata de un primo en tercer o cuarto grado del magistrado, los abogados de la parte contraria ahora piden que Guzmán se inhabilite de seguir en el proceso.

Alcaldía: ¿otro premio?

Los detalles que se han conocido últimamente relacionados con la "Caravana de la Muerte" deja la idea de que López Tapia también fue "premiado" por el entonces Primer Mandatario y Comandante en Jefe del Ejército, como todos los principales integrantes de la fatídica comitiva.

Entre los antecedentes considerados por el juez Guzmán y las Cortes de Apelaciones y Suprema para desaforar primero y después para encausar a Pincohet, figura el que ningún integrante de este grupo militar haya sido castigado por los crímenes oportunamente denunciados por el general Lagos ante Pinochet. Por el contrario, todos fueron ascendidos. Por ejemplo, Arellano Stark fue promovido a Jefe de la Guarnición Militar de Santiago; Sergio Arredondo, siendo sólo teniente coronel, fue nombrado Director de la Escuela de Caballería; Fernández Larios fue ascendido a Mayor y ahora sabemos que el entonces mayor López Tapia fue ascendido primero a teniente coronel y al jubilar, al grado de coronel. Y designado Alcalde de Hijuelas, luego de lo cual, a pesar que no tuvo una feliz gestión, siguió su "carrera" en retiro. Porque Carlos López se desempeña actualmente como instructor de equitación en el Centro Ecuestre Militar de Cachapoal; es decir, se mantiene vinculado al Ejército.

Fuentes bien informadas afirman que tiene su domicilio en el sector oriente de la capital, aunque no ha podido ser ubicado porque se encontraría de vacaciones en Viña del Mar.

También se afirma que hace algunos meses, el coronel (r) López sufrió una afección cardíaca que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica para instalarle un "by pass", operación de la cual aún no se repone totalmente.


El Mercurio

12 de Julio 2003

Nueva querella del PC contra Pinochet

La presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, anunció hoy que su colectividad presentará una nueva querella contra el general (r) Augusto Pinochet, esta vez por la responsabilidad que le cabría al ex gobernante militar en el secuestro calificado de diez personas pertenecientes a la cúpula de esa colectividad, en el caso conocido como Calle Conferencia.

La dirigente sostuvo que la acción legal será presentada dentro de los próximos días por los abogados Eduardo Contreras, Alberto Espinoza y Julia Urquieta y con ella buscarían el desafuero del retirado jefe castrense.

Por este mismo proceso, el pasado 2 de junio, el ministro Juan Guzmán procesó a cinco ex miembros del Ejército que cumplían labores como agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos Miguel Krasnoff y Germán Barriga, además del coronel (r) Carlos López Tapia, quienes aparecen implicados en la investigación.


La Nación

19 de Agosto 2003

Juez Guzmán concede libertad a ex jefe de Villa Grimaldi

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia concedió la libertad al coronel (r) Carlos López Tapia, quien se encuentra procesado por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista en mayo de 1976, hecho conocido como "Calle Conferencia".

El retirado militar, que es primo del magistrado, era el jefe del centro de detención de Villa Grimaldi a la fecha de ocurridos los hechos, y fue encausado a comienzos de junio por el delito de secuestro calificado de diez personas, entre ellas el esposo de Gladys Marín, Jorge Muñoz, y el padre de Viviana Díaz, Víctor Díaz.

El abogado querellante en la causa, Eduardo Contreras, calificó la resolución como "extremadamente grave" y dijo que se contradice con el trabajo que había realizado hasta hora el ministro Guzmán.

Asimismo, anunció que apelarán ante el tribunal de alzada para que revoque dicha determinación.

"Nos parece extraordinariamente grave que quien era el jefe responsable de Villa Grimaldi a la fecha de los desaparecimientos, quien ha reconocido en el expediente los hechos ocurridos en Villa Grimaldi, sea puesto en libertad y se han dejado sin efecto los auto de procesamientos", indico el abogado Contreras.

Carlos López Tapia permanecía detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército y en diversas oportunidades la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones rechazo su libertad condicional.

La resolución del ministro Guzmán se produce a días de que el pleno del tribunal del alzada capitalino revise la petición de desafuero del general (r) Augusto Pinochet por el caso "Calle Conferencia".


Emol

26 de Agosto de 2003

Justicia somete a proceso a primo de juez Guzmán Tapia

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobresimiento que dicto el magustrado en beneficio de su primo, José Carlos López Tapia, por los secuestros calificados de 10 militantes comunistas, en el marco del denominado caso de la calle Conferencia.

 La justicia chilena sometió a proceso al coronel José Carlos López Tapia, primo del juez Juan Guzmán Tapia, quien investiga denuncias contra Augusto Pinochet y que hace una semana liberó a aquel de cargos por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista (PCCh) en 1976.

Fuentes judiciales señalaron que por unanimidad, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento que dictó el magistrado en beneficio de su primo, coronel retirado del Ejército.

Los ministros Jaime Rodríguez, Amanda Valdovinos y el abogado integrante Gonzalo Figueroa consideraron que existen antecedentes suficientes para mantener el procesamiento de López Tapia.

Con esta resolución, el militar quedó nuevamente sometido a proceso por los secuestros calificados de 10 militantes del PCCh, en el marco del denominado caso de la calle Conferencia.

En este proceso, Guzmán Tapia pidió a la Corte de Apelaciones el desafuero del general Pinochet y el tribunal aplazó para este miércoles 27 de agosto la primera audiencia para estudiar el caso.


El Mercurio

26 de Agosto 2003

Justicia somete a proceso a primo de juez Guzmán Tapia

La justicia chilena sometió a proceso al coronel José Carlos López Tapia, primo del juez Juan Guzmán Tapia, quien investiga denuncias contra Augusto Pinochet y que hace una semana liberó a aquel de cargos por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista (PCCh) en 1976.

Fuentes judiciales señalaron que por unanimidad, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento que dictó el magistrado en beneficio de su primo, coronel retirado del Ejército.

Los ministros Jaime Rodríguez, Amanda Valdovinos y el abogado integrante Gonzalo Figueroa consideraron que existen antecedentes suficientes para mantener el procesamiento de López Tapia.

Con esta resolución, el militar quedó nuevamente sometido a proceso por los secuestros calificados de 10 militantes del PCCh, en el marco del denominado caso de la calle Conferencia.

En este proceso, Guzmán Tapia pidió a la Corte de Apelaciones el desafuero del general Pinochet y el tribunal aplazó para este miércoles 27 de agosto la primera audiencia para estudiar el caso.


La Nacion

23 Noviembre de 2003

Angeles de la Muerte

Una exhaustiva y larga investigación del juez Juan Guzmán y su equipo de detectives del Departamento V logró develar el mejor secreto guardado por la DINA: el destino de sus desaparecidos en la Región Metropolitana. La operación sistemática fue realizada por los pilotos y mecánicos de los helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército entre los años 1974 y 1978.

Desde los sacos paperos sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres se les veían los zapatos con tacones altos o bajos. A veces se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expelían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos, los menos, no tenían la forma de un cuerpo sino que eran de un tamaño más reducido, sólo parte de los restos.

Fueron al menos 40 viajes. En cada uno subieron de ocho a quince bultos a bordo de los helicópteros Puma. De los 12 mecánicos del Ejército que al final terminaron reconociendo las operaciones, cada uno hizo al menos un viaje. En algunos casos fueron dos, tres e incluso más. Hay otros mecánicos que también participaron en estas operaciones pero que todavía lo niegan. Casi treinta años se guardó el secreto entre pilotos y mecánicos en el Comando de Aviación del Ejército (CAE), estamento responsable de la operación. Al comienzo todos negaron, varias veces. Los pilotos niegan hasta hoy. Pero los mecánicos quebraron el juramento sellado con la sangre de otros. El juez Guzmán y los detectives que lo asisten tomaron esta hebra y la investigaron silenciosos y pacientes durante más de un año, en el marco del proceso por la cúpula comunista desaparecida de Calle Conferencia.

Interiorizarse de los detalles de los vuelos de la muerte sobrecoge. Ahí está al fin la respuesta, detallada, y esta vez relatada desde adentro, del destino de los prisioneros de la DINA en Santiago.

Entre 400 y 500 fueron los cuerpos lanzados al mar en estas operaciones realizadas principalmente entre 1974 y 1978, aunque también habrían ocurrido en las últimas semanas de 1973.

El informe de las Fuerzas Armadas que surgió de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos en enero de 2001 con información del destino de 200 detenidos desaparecidos (49 en tierra y 151 al mar), apenas consignó 29 casos atribuidos a la DINA. De ellos, sólo 23 aparecieron como arrojados al mar. En la mesa de diálogo el Ejército del entonces general Ricardo Izurieta afirmó que no contaba con más información. Otorgando el beneficio de la duda, el Ejército esa vez no logró romper el secreto de los juramentados. Pero tampoco lo ha hecho hasta hoy.

Las cifras oficiales del Informe Rettig y las entidades continuadoras indican que los desaparecidos de la DINA en la Región Metropolitana entre 1973 y 1978, fueron 590.

La razón del mamo

Al final se confirmó la verdad. La confirmaron los mismos ejecutores, o parte de ellos. Como viene ocurriendo con otros casos espeluznantes, como los ejecutados de La Moneda en Peldehue, los que hablaron fueron los de abajo, no los altos oficiales. Los mecánicos son todos suboficiales hoy retirados.

Hay que admitir que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, tenía por una vez la razón. “No hay detenidos desaparecidos de la DINA, están todos muertos” dijo recientemente a una documentalista del Canal+ de la TV francesa. Lo que Contreras nunca ha reconocido es que la macabra y sistemática operación de lanzar los cuerpos al mar existió. Y que nunca pudo ser planificada sólo por quien fue el jefe del Comando de Aviación del Ejército entre enero de 1974 y diciembre de 1977, coronel Carlos Mardones Díaz. Éste, junto a otros cuatro ex pilotos del CAE, fue procesado el viernes 14 de noviembre de 2003 por el juez Guzmán en calidad de cómplice y encubridor en el sumario por la muerte de Marta Ugarte. El de esta dirigente comunista fue el único cuerpo de las víctimas arrojadas al mar que afloró desde las profundidades del Océano y que en septiembre de 1976 varó en la playa La Ballena, cerca de la caleta Los Molles en la V Región. Fue la única falla del sistema de exterminio, la pista que permitirá ahora condenar a los culpables. Ningún otro cuerpo lanzado al mar apareció. El “culpable” de la defectuosa atadura del peso que permitió que el cadáver de Ugarte subiera a la superficie y se convirtiera en una evidencia fundamental, está identificado y confeso de su criminal error.

Pero Guzmán también procesó por este caso en calidad de autores de secuestro y homicidio a Contreras y a su propio primo, el brigadier (R) Carlos López Tapia, quien en 1976 era el jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la vez jefe de Villa Grimaldi. Éste fue el principal centro clandestino de reclusión y tortura en el país, y desde allí fue sacada la mayor cantidad de los cadáveres que iban al mar. El juez fue respaldado el viernes 21 de noviembre de 2003 por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó los procesamientos. Aunque revocó el del piloto Emilio de la Mahotiere “por encontrarse en Francia” cuando desapareció Marta Ugarte.

Tobalaba-peldehue

La operación “Puerto Montt” (código con el que en los centros clandestinos de la DINA se marcaba en el registro de prisioneros a quienes serían ejecutados y lanzados al mar) tuvo un protocolo de actuación que se repitió. Antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del Puma (18 a 20) y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo de este helicóptero sin el segundo estanque es de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados.

Las máquinas partían cada vez desde el aeródromo de Tobalaba en la comuna de La Reina, donde durante esos años funcionó el Comando de Aviación del Ejército. La tripulación la conformaban un piloto, un copiloto, y un mecánico. El vuelo se iniciaba con destino a Peldehue, en Colina. Allí, en terrenos militares, descendían y eran esperados normalmente por dos o tres camionetas Chevrolet C-10, casi siempre de color blanco, cuya sección trasera estaba cubierta por un toldo. A cargo de estos vehículos estaban dos o tres agentes de civil. Los civiles descorrían los toldos que ocultaban los cadáveres amontonados y los descargaban para ponerlos dentro del helicóptero. A continuación el Puma volvía a elevarse con los agentes civiles a bordo. Normalmente se orientaba hacia la costa de la Quinta Región, y a la altura de Quintero la máquina tomaba dirección mar adentro. La menor de las veces los vuelos se fueron mar adentro a la altura de San Antonio o Santo Domingo.

Alcanzada una distancia adecuada, el piloto daba la orden para iniciar la descarga de los cuerpos. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla de más o menos un metro cuadrado ubicada en el medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que baja por dentro a la altura del rotor principal. Pero la descarga también se hacía a veces desde una escotilla de popa, de 1,80 metros de alto por casi un metro de ancho. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables no sólo de llevar los cuerpos a Peldehue y ponerlos dentro de la nave, sino de supervisar que los bultos llegaran al fondo del mar.

Las identidades de los cuerpos arrojados al océano en esta operación no están establecidas, puesto que los testigos dicen no haberlas conocido nunca, salvo la de Marta Ugarte. Quienes sí las conocen, como el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, niegan que esta operación existió.

 “Brillaban”

Los rieles “recién cortados, por lo que brillaban por los lados cortados” como los vio preparados el comisario de Investigaciones y agente de la DINA Nibaldo Jiménez Santibáñez, entregaban, en principio, la seguridad de que la prueba del crimen se iría con el pedazo de metal al fondo del océano. Dice Jiménez en una de sus declaraciones procesales que cuando preguntó un día para qué eran esos rieles cortados en trozos, recibió por respuesta “esos son pa’ los paquetes”. Cuando preguntó ¿qué paquetes?, sostiene que le respondieron “los que se van cortados todos los días de aquí, un lote grande al mar, los envuelven en un saco bien amarrados con alambre, echan el cuerpo y el riel, y con el peso del riel se van al fondo”.

Ya no eran ex prisioneros que hablaban de los rieles, ni sólo el campeón de pesca submarina Raúl Choque, que una vez en la década de los años 80 declaró a la prensa que vio osamentas en el fondo marino frente a Pisagua, pegadas a trozos de rieles. Ahora los fragmentos de vía eran una realidad vista por uno de los propios agentes que lo contaba a un juez.

Tampoco había enloquecido el coronel retirado Olagier Benavente Bustos, cuando el 24 de junio de 1999 declaró en una entrevista a La Nación que el “piloto de Pinochet, su regalón, Antonio Palomo”, le contó un día de verano un par de años después de 1973 en Pelluhue, donde ambos tenían casa de descanso, que le había correspondido hacer viajes pilotando un Puma para lanzar cuerpos al mar. “Partían desde Tobalaba”, dijo el coronel (R) Benavente que le había dicho Palomo. Era la primera vez que un alto oficial retirado revelaba parte del secreto. Pero esa vez todo quedó allí, sólo en las declaraciones. No existían todos los antecedentes descubiertos ahora. Por supuesto, Palomo desmintió las declaraciones de Benavente cuando el juez Guzmán lo interrogó.

La limpieza

Cumplida cada misión de vuelo, los helicópteros regresaban al lugar en Peldehue donde habían quedado estacionadas las camionetas C-10. Allí descendían los agentes civiles, montaban en las camionetas y se iban.

El helicóptero volvía a elevarse y se dirigía a su base del CAE en Tobalaba. Desocupada la máquina de su tripulación, los mecánicos realizaban la operación de limpieza del piso, que la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Manguereaban el piso y el interior y dejaban ventilarse la máquina. Cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que ya se supiera que al día siguiente ese mismo helicóptero debía cumplir una tarea similar. Normalmente esta limpieza no era realizada por los mismos mecánicos que habían participado del vuelo. Entre los limpiadores estuvo más de una vez E.A.O., el mismísimo mecánico personal del Puma Nº 256 del comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Aunque éste sostiene en el proceso que “nunca” le tocó realizar alguno de estos vuelos a alta mar. Su jefe fue por muchos años el ahora brigadier (R) Antonio Palomo.

La mayor parte de los desaparecidos que salían de Villa Grimaldi con la marca “Puerto Montt” partían del aeródromo de Tobalaba.

 “Cuando conversábamos entre los mecánicos, pude ver que varios de ellos habían realizado este tipo de viajes”, declaró en el proceso otro mecánico que participó en los vuelos y a quien nombraremos “Rotor 1”.

Las identidades de los mecánicos que finalmente contaron al juez las tenebrosas historias que permitieron conocer estos hechos, LND las mantiene en reserva. El hijo de uno de ellos fue secuestrado por algunas horas el viernes antepasado, el mismo día en que el juez Guzmán dictó los primeros procesamientos por el caso de Marta Ugarte contra cinco ex pilotos de los Puma, además de Contreras y López Tapia. Dos individuos lo obligaron a subir a un auto, lo amarraron, le pusieron una capucha en la cabeza, lo golpearon, y le dijeron que le dijera a su padre que “cierre el hocico”. Luego lo botaron en una calle de Santiago.

Otro de los mecánicos, “Rotor 2”, relató en la investigación que apenas se iniciaron estos vuelos, el comandante del CAE Carlos Mardones reunió a pilotos y mecánicos y les ordenó que “estas son misiones secretas que ustedes no deben comentar con nadie que no participe en ellas. Ni siquiera deben hablarlo con sus familias”.

El tribunal

El comisario (R) Nibaldo Jiménez, ex agente DINA con funciones en Villa Grimaldi y en el recinto de José Domingo Cañas, sostiene que “quienes enviaban a los individuos al mar era una reunión que se hacía con los jefes de grupo de esa época, los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima, y otros, porque había varios cuarteles. Se reunían en algo así como un tribunal, donde decidían qué detenido se salvaba y quiénes se iban al mar con el código anotado Puerto Montt. Esos “otros” a quienes se refiere Jiménez eran los de siempre, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo, ambos jefes rotativos de varios de los centros clandestinos de la DINA.

El resultado de cada una de esas reuniones, continúa Jiménez, “era enviado al general Contreras, jefe máximo de la DINA (...) El general Contreras era quien revisaba las listas y en definitiva era quien decidía la suerte de los detenidos”.

Otra de las víctimas de la DINA fue el periodista Máximo Gedda Ortiz, hermano de los Gedda que realizan el programa de televisión “Al sur del mundo”. Detenido en julio de 1974, desapareció en el recinto de Londres 38. Jiménez cuenta el estado en que vio su cuerpo antes de que, presumiblemente, engrosara la lista de lanzados al mar. “Un sujeto de apellido Gedda estuvo detenido. Le habían sacado con cuchillo la carne de la pierna y se le veía el hueso. Estaba colgando, lo tenían colgando. Lo habían flagelado”.

Jiménez describe otra figura del horror y la brutalidad contra otro de los desaparecidos de la DINA. Se trata del fotógrafo Teobaldo Tello Garrido, quien había sido funcionario de Investigaciones durante el gobierno de Salvador Allende. Fue detenido en agosto de 1974 y permanece desaparecido. “Fui a verlo a un cuarto abarrotado de detenidos, al abrir su boca vi que estaba ensangrentada. Sus dientes habían sido removidos con un alicate por parte del señor Marcelo Moren (...) El coronel Moren era bastante bruto”.

Pilotos de la caravana

Entre los cinco ex pilotos de helicópteros Puma que el juez Juan Guzmán procesó por el secuestro y homicidio de Marta Ugarte están quienes fueron los pilotos de la Caravana de la Muerte. Antonio Palomo fue el piloto durante el tramo sur de este operativo, actuando como su copiloto Emilio de la Mahotiere González. Por el tramo norte de la caravana, el piloto fue el mismo De la Mahotiere y el copiloto, Luis Felipe Polanco Gallardo. El quinto piloto declarado reo es el coronel (R) Oscar Vicuña Hesse.

Una segunda fase de este método de desaparecimiento de detenidos arrojando sus cuerpos al mar, se inició después de 1978 y duró al menos hasta 1981-82, una vez que a fines de 1978 fueron descubiertos los cadáveres de 15 campesinos en un horno de Lonquén y el Ejército y Pinochet se alarmaron.

Esta segunda fase conocida como “las remociones” clandestinas, fue admitida incluso por el ex director de la Central Nacional de Informaciones, general Odlanier Mena, y sobre ella han prestado también declaraciones algunos ex agentes que participaron en el operativo. A esta operación pertenecen, entre otros, los prisioneros de Chihuío en la X Región; los ejecutados de La Moneda desenterrados desde Peldehue; y las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte enterradas clandestinamente en el desierto de Calama. Estas no fueron víctimas de la DINA.

Probablemente, dada la experiencia adquirida, esta segunda fase fue realizada por los mismos pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército. Este episodio no está totalmente aclarado judicialmente. En todo caso, los comandantes del CAE después de Carlos Mardones fueron: el coronel Hernán Podestá Gómez, entre enero y diciembre de 1978; coronel Fernando Darrigrandi Márquez, entre enero de 1979 a julio de 1981; y el coronel Raúl Dinator Moreno, entre agosto de 1981 y febrero de 1982.


La Nación

16 de marzo 2004

Caravana de la Muerte: procesan a ex intendente

Tres nuevos procesamientos dictó hoy el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia en el marco del caso Caravana de la Muerte. La resolución afecta al ex intendente de Antofagasta en 1974 general (r) Adrián Ortiz Cuttman, al coronel (r) Juan Chiminelli y Carlos López Tapia.

Los dos primeros enfrentar cargos por su responsabilidad en 14 homicidios calificados de presos políticos perpetrados en la Segunda Región, quienes fueron ejecutados en la quebrada Way.

En cuanto a López fue acusado por la muerte de cuatro disidentes al régimen castrense en la zona de Cauquenes, Séptima Región. Entre ellos Claudio Lavín y Pablo Vera.

Una de las familiares de las víctimas Rosa Silva, hija de Mario Silva Iriarte quien era gerente de CORFO en la Segunda Región al momento de los hechos, consideró que en la resolución se establece que la Caravana de la Muerte "no era sólo Sergio Arellano Stark y otras personas, sino que una gran comitiva".

La llamada Caravana de la Muerte, a bordo del helicóptero Puma, llegó a Cauquenes el 4 de octubre de 1973. Doce días más tarde llegó a La Serena, donde los 15 ejecutados fueron sacados del regimiento de la ciudad.

El ministro de fuero, Juan Guzmán, ha indagado la responsabilidad de oficiales de alto rango del Ejército en las ejecuciones y entierro clandestino de cerca de 70 prisioneros políticos. El magistrado en persona ha supervisado la exhumación de fosas comunes, tareas que han permitido la identificación de 50 cuerpos.


El Mostrador

24 de Marzo 2004 

Caso Caravana: Últimos procesados auguran cierre de causa

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia dictó cinco nuevos autos de procesamientos en el llamado caso "Caravana de la Muerte", con lo que se augura que está próximo a cerrar el sumario de la causa, que sustancia desde 1998.

El magistrado encargó reo -por tercera vez- a su primo, el coronel (R) Carlos López Tapia, por las víctimas de Valdivia y Cauquenes, según informa el diario La Segunda.

Asimismo, procesó a los pilotos de los helicópteros Puma en los que se desplazó la comitiva militar entre septiembre y octubre de 1973, entre los que se encuentran los comandantes (R) Antonio Palomo y Emilio de la Mahotiere, y al mayor (R) Luis Felipe Polanco.

El primero participó en los viajes que la caravana realizó al norte de Chile, mientras que los segundos integraron la comitiva que se desplazó hacia el sur.

El magistrado, además, encausó a Juan Chimenelli Fullerton, quien era el responsable logístico de los militares encabezados por el general (R) Sergio Arellano Stark, en calidad de delegado de Augusto Pinochet.

La "Caravana de la Muerte" fue una comitiva militar que recorrió el país hacia sus dos extremos, para “acelerar los consejos de guerra”, lo que se tradujo en varios fusilamientos, desapariciones y torturas. A ella se le atribuye la muerte de unos 75 funcionarios y simpatizantes del gobierno de Salvador Allende.


El Mercurio, 30 de Junio 2006

Corte eleva condena a Contreras por secuestro de profesora PC

A 10 años y un día fue elevada la condena que pesaba sobre el

general (r) Manuel Contreras por el secuestro de la militante comunista Julia Retamal Sepúlveda.

Originalmente, el ex jefe de la DINA había sido condenado por el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes a tres años y un día por dicho delito, pero la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones consideró que no corresponde la media prescripción deducida por el juez.

EL tribunal de alzada elevó además a 5 años y un día la condena al oficial (r) Carlos López Tapia, quien también había sido sentenciado originalmente a 3 años y un día.

Éste último se desempeñaba como jefe del centro de detención clandestino de la DINA Villa Grimaldi, hasta donde fue conducida Retamal luego de ser detenida el 13 de agosto de 1976. Desde entonces se desconoce su paradero.

Para la Cuarta Sala, que analizó las apelaciones y tasaciones de ambos condenados, no corresponde aplicar ni la amnistía ni la prescripción en este caso, puesto que se desconoce el paradero de la víctima, y en consecuencia corresponde a un delito de lesa humanidad.


El Mercurio

30 de Enero 2007

Manuel Contreras suma 129 años de cárcel tras nueva condena

El general en retiro Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional [DINA], fue condenado hoy a 10 años de prisión por el secuestro y la desaparición de tres militantes comunistas en 1976.

Con este fallo, Cotreras acumula 129 años de prisión por sentencias que lo involucran en distintas causas de violaciones a los derechos humanos.

La condena fue emitida por el juez Juan Eduardo Fuentes, que también sentenció a cinco años de prisión por el mismo delito al coronel en retiro del Ejército, Carlos López Tapia.

Los dos militares fueron condenados por el secuestro y posterior desaparición del encargado de cultura de la Federación del Metal, Darío Miranda Godoy, de 22 años; del músico Jorge Solovera, de 27; y del obrero Enrique Jeria, de 37, detenidos entre julio y agosto de 1976.

El fallo del magistrado establece que las víctimas fueron arrestadas por integrantes de la DINA y trasladadas al centro de torturas y reclusión de Villa Grimaldi, donde se les perdió el rastro.


El Mostrador

19 de Diciembre 2007

Nueva condena a 10 años contra Manuel Contreras por secuestro

Se trata del caso de secuestro calificado contra Darío Miranda Godoy, registrado en 1976, que falló este miércoles la novena sala de la Corte de Apelaciones. El tribunal de alzada también dictó condenas en el caso del homicidio, ocurrido en 1973 en Coquimbo, del matrimonio conformado por el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en dos distintas resoluciones y con una composición diversa de magistrados, dictó dos condenas en investigaciones por violaciones a los derechos humanos que indagaron ministros en visita del tribunal de alzada capitalino.

Según informó el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, en el primer caso, y en decisión dividida, la sala integrada por los ministros Juan Escobar Zepeda, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Rodrigo Asenjo Zegers condenó a los ex oficiales de Ejército Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Luis Humberto Fernández Monje y Héctor Omar Vallejos Birtiola a penas de 10 años y un día de presidio por los homicidios del matrimonio de Bernardo Mario Lejderman Konujowska (argentino) y María del Rosario Ávalos Castañeda (mexicana) ocurridos el 8 de diciembre de 1973 en la Quebrada de Gualliguaica de la Región de Coquimbo.

El fallo además absolvió al ex oficial de Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego por falta de participación en los hechos y sentenció al Fisco a pagar la suma de 300 millones de pesos por el daño moral producido al hijo del matrimonio Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos quien quedó huérfano a los dos años y medio de edad, luego del homicidio de sus padres.

El magistrado Escobar y el abogado integrante Asenjo (redactor del fallo) fueron partidarios de revocar la sentencia de primera instancia del ministro de fuero Joaquín Billard Acuña, quien el 14 de julio de 2006, absolvió a los cuatro oficiales aplicando la figura de la prescripción de la acción penal.

 Los jueces de mayoría determinaron que los homicidios del matrimonio Lejderman-Ávalos son crímenes de lesa humanidad por lo tanto imprescriptibles tanto desde el punto de vista penal, como desde la perspectiva del derecho civil.

En tanto el ministro Muñoz Pardo (voto de minoría) fue partidario de confirmar la resolución del juez Billard y aplicar la figura de la prescripción al estimar que en Chile no rigen la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los denominados Convenios de Ginebra, ya que ambos instrumentos internacionales no han sido aprobados por Chile.

Caso Darío Miranda y otros

En el segundo caso, también en decisión dividida, los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Víctor Montiglio Rezzio y la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida ratificaron el fallo de primera instancia que condenó al ex director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) general (r) Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López Tapia, a penas de 10 años y un día de presidio y cinco años de presidio, respectivamente, por los secuestros calificados de Darío Francisco Miranda Godoy, José Gerardo Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos el 18 de agosto de 1976 en tres puntos distintos de la Región Metropolitana.

En fallo de primera instancia, el 31 de enero pasado, el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes Belmar, había dictado la condena en contra de Contreras Sepúlveda y López Tapia, desestimando las alegaciones de la defensas de ambos condenados de aplicar las figuras de la prescripción de la acción penal y la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978.

El juez Dahm y la abogada Herrera respaldaron la ratificación de la condena al considerar los hechos crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles e inadmistiables.

Por su parte, el ministro Montiglio estimó que era necesario revocar el fallo de primera instancia, acogiendo la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 al estimar que ese cuerpo legal se encuentra plenamente vigente en Chile y que no son aplicables los instrumentos internacionales que sancionan las violaciones a los derechos humanos, ya que éstos instrumentos no se encuentran ratificados por el país.

Con estas dos sentencias la Corte de Apelaciones de Santiago completa 18 sentencias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el 2007 y 38 fallos desde la primera condena en éste tipo de investigaciones, dictada en el año 2004.


Zonaimpacto

11 de enero de 2008

Otros cinco años de prisión para el homicida “Hijo Ilustre” de Hijuelas

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia que condena al coronel en retiro y ex alcalde de Hijuelas, Carlos López Tapia, a cinco años de presidio, mientras su ex jefe, el ex director de la DINA, general Manuel Contreras, recibió una pena de diez años de presidio.

Ambos militares retirados fueron condenados esta vez por los secuestros calificados de Darío Francisco Miranda Godoy, José Gerardo Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos el 18 de agosto de 1976 en tres puntos distintos de la Región Metropolitana.

López Tapia tuvo participación en numerosos crímenes perpetrados por agentes de la dictadura, que lo "distinguió" designándolo en cargos de mando en el aparataje represivo y más tarde lo premió nombrándolo alcalde de la apacible comuna de Hijuelas, donde todavía gozan de la quietud campesina de la "Capital de las Flores" otros connotados militares que ejercieron la represión.

Tenebroso currículo

El currículo de este militar retirado es tan tenebroso que el juez ahora jubilado Juan Guzmán Tapia, no dudó en procesarlo mientras instruía causas por violaciones contra los derechos humanos, a pesar que son primos hermanos.

En efecto, Carlos López Tapia llegó a ser Jefe de División de Inteligencia Metropolitana que operó desde la Villa Grimaldi.

Participó activamente en la siniestra "Caravana de la Muerte", famosa misión encabezada por el general Sergio Arellano Stark, que dejó casi un centenar de víctimas en su recorrido por distintas zonas del sur y el norte del país. El "Hijo Ilustre" de Hijuelas fue segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro disidentes.

También está procesado por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista ocurrida en mayo de 1976 en el marco del denominado "Caso Conferencia". Entre otras víctimas, en esa ocasión fue detenido y hecho desaparecer Jorge Muñoz, esposo de la entonces diputada comunista Gladys Marín.

Los antecedentes judiciales contemplan que además, el ex militar ahora Ciudadano Ilustre de Hijuelas asistió en la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la precordillera de la actual Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como Comandante Pepe.

López Tapia ya cumple cinco años de prisión por el caso de la detenida desaparecida Julia Retamal Riquelme.

Hijo Ilustre

Aún teniendo información sobre el nutrido prontuario del militar retirado, la alcaldesa UDI de Hijuelas, Verónica Rossat, sin acuerdo ni conocimiento del Concejo Municipal, le concedió el título de Ciudadano Ilustre en que se celebraba el 130º Aniversario de la comuna, el viernes 28 de julio de 2006.

Como se recordará y le fue oportunamente advertido a la Alcaldesa UDI, el anuncio de que sería objeto de homenaje público un sujeto acusado de participar como autor en múltiples asesinatos durante la dictadura, dio lugar a una bulliciosa "funa" que ese día un numeroso grupo de manifestantes realizó en las afueras del Gimnasio Municipal, donde se realizaba la ceremonia con asistencia -entre otras autoridades- del senador Sergio Romero, el diputado Alfonso Vargas y el gobernador provincial Nilton Vergara (PRSD). Este último salió momentáneamente del recinto en el instante en que López Tapia recibía su galardón.

Apoyo de la Democracia Cristiana

El caso de la alcaldesa Rossat es digno de especial análisis.

Hijuelas eligió en 2004 como alcalde al militante de Renovación Nacional (RN) Carlos Puelma, quien sufría un cáncer que le causó la muerte al año siguiente.

Fue entonces cuando un joven egresado de Derecho, consejero regional por la Democracia Cristiana, José Ricardo Aliaga, arribó a Hijuelas para negociar en representación de su partido -que es parte de la Concertación- el voto del concejal democristiano para instalar a la concejala derechista en la Alcaldía.

Recién asumida en el cargo, la alcaldesa Rossat contrató a Aliaga como funcionario del Departamento Jurídico con el cargo de técnico grado 10 de la Escala Municipal de Remuneraciones, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2005. Inmediatamente de ter-minado el período, se le contrató entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006, pero renunció el 7 de febrero.

Al día siguiente fue nuevamente contratado; esta vez para servir como coordinador ejecutivo del proyecto "Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Económico Local, OB-SERVA NET, correspondiente al convenio suscrito entre la Municipalidad y la Agencia de Desarrollo BIDASOA ACTIVA de Irán, España, financiado con recursos de la Unión Europea.

Ese 8 de febrero de 2006, Aliaga firmó contrato por prestación de servicios a honorarios en el mencionado proyecto sólo hasta el 7 de mayo por 570 mil pesos mensuales, estableciéndose que "el trabajador a honorarios (...) no tendrá la calidad de dependiente ni de funcionario de la Municipalidad", aclarándose que "no habrá subordinación". Sin embargo, se especifica que "se le reembolsarán los gastos de traslado u operacionales en que incurra para el buen desempeño del proyecto..."

Curioso resulta que al día siguiente de vencido el plazo del contrato, Aliaga firmó uno nuevo, en similares términos hasta noviembre de ese año. Pero el nuevo le asignó una remuneración de 700 mil pesos mensuales más el diez por ciento de impuesto que debía retener la Municipalidad.

El vínculo de la alcaldesa derechista con la Democracia Cristiana no terminan ahí, porque ahora ha establecido estrecho contacto con el ex alcalde de Valparaíso Hernán Pinto, de quien se dice podría ser candidato a diputado, a pesar de haber sido acusado de abuso sexual contra menores, cargo del que fue sobreseído por prescripción del delito.

Se sabe de varias reuniones entre ambos -incluso almorzaron juntos en un conocido centro turístico de Hijuelas- e incluso hay antecedentes de que Pinto le estaría brindando asesoría jurídica.

Alcaldesa en apuros

El concejal RN Rodrigo Furió investigó las funciones del democratacristiano Aliaga en la Municipalidad y descubrió que aparecía trabajando en Hijuelas y al mismo tiempo cumplía labores de práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial y, desdoblándose aún más, registraba asistencia simultánea a las sesiones del Consejo Regional (CORE).

Tal irregularidad dio origen a denuncias ante la Contraloría y en diciembre último se incluyó entre las numerosas causales de un recurso de remoción y denuncia por notable incumplimiento de deberes contra la alcaldesa Rossat interpuestos ante el Tribunal Regional Electoral por los concejales Furió y Guillermo Silva, ambos RN, y la concejala socialista Catherine Urzúa.

Las irregularidades denunciadas van desde uso de recursos municipales en beneficio de particulares hasta manejo con fines políticos del Programa de Desarrollo Educacional (Padem) 2008 y asignación de licitaciones fuera de la legalidad vigente.

Para enfrentar este proceso, que podría significar su remoción del cargo, la Alcaldesa que designó Ciudadano Ilustre a un condenado y procesado por homicidios contaría con la asesoría jurídica del ex alcalde porteño, el democratacristiano Hernán Pinto

Emol.com

3 de Mayo de 2011

Corte concede libertad condicional a seis militares (r) condenados por violaciones a los DD.HH

La decisión de otorgar este beneficio a Primitivo Castro, Luis Romo, Miguel Soto, Alejandro Molina, junto al culpable de la tragedia de Antuco, Patricio Cereceda, ahora está en manos del Gobierno.

SANTIAGO.- La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió conceder el beneficio carcelario a seis militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos y que se encuentran recluidos en los penales Cordillera y Punta Peuco.

Entre los beneficiados se encuentra Carlos López Tapia, ex jefe del centro de tortura Villa Grimaldi y vinculado a la Caravana de la Muerte; Víctor Pinto Pérez, condenado a 8 años de cárcel por el crimen del líder sindicalista Tucapel Jiménez. Ambos están en el penal Cordillera.

El resto de los beneficiados son de Punta Peuco: Primitivo Castro Campos, Luis Romo Morales, Miguel Soto Duarte y Alejandro Molina Cisternas.

Quien también accedió a la libertad condicional es el mayor (r) Patricio Cereceda, condenado a cinco años y un día por la muerte de 45 soldados en el Volcán Antuco, por hacerlos marchar sin los implementos necesarios para las extremas condiciones climáticas de la zona. Esta es la segunda vez que esta instancia judicial le otorga la gracia.

Para que estas disposiciones puedan hacerse efectivas, el Seremi de Justicia debe visar cada una de las libertades. En el caso de Patricio Cereceda, ya había sido rechazada anteriormente.

En esta oportunidad se recibieron más de 2 mil requerimientos de internos, de los cuales se aceptaron 198.


Emol

11 de Mayo de 2011

Corte dicta nuevas sentencias contra cúpula de la DINA por caso de DD.HH.

El ex jefe del organismo, general (r) Manuel Contreras, fue condenado a tres años de presidio por el secuestro de la militante del MIR Mireya Pérez Vargas, ocurrido en 1976.

SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencias contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de la militante del MIR Mireya de Lourdes Pérez Vargas, ocurrido a partir del 24 de febrero de 1976, en la capital.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por Emilio Elgueta, María Rosa Kittsteiner y Patricia González– confirmaron el fallo de primera instancia resuelto por el ministro Alejandro Solís en marzo de 2010.

De acuerdo a la resolución, el ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Contreras, fue condenado a tres años de presidio efectivo por el delito de secuestro.

Sin embargo, las sentencias más duras en este caso las recibieron Miguel Krassnoff Martcheko y Basclay Zapata Reyes, que fueron condenados a 15 años de presidio efectivo por el delito de secuestro calificado.

En tanto, Carlos López Tapia y José Fuentes Torres recibieron tres años de cárcel, pero se les concedió el beneficio de remisión condicional.

Según los antecedentes, tras resultar herida durante un enfrentamiento, ocurrido el 24 de febrero de 1976, Mireya Pérez Vargas fue llevada hasta Villa Grimaldi.


La Nación

11 de Mayo 2011

Ex DINA condenados por secuestro en dictadura

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia contra el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y otros ex agentes del organismo represivo, por el secuestro calificado de Mireya de Lourdes Pérez Vargas, ocurrido a partir del 24 de febrero de 1976, en la Región Metropolitana.
En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada Emilio Elgueta, María Rosa Kittsteiner y Patricia González (suplente) confirmaron el fallo del ministro Alejandro Solís.
Las sentencias más duras son contra de Miguel Krassnoff Martcheko y Basclay Zapata, quienes deberán purgar 15 años de presidio por el delito de secuestro calificado.
Contreras, en tanto, fue condenado a 3 años de presidio sin beneficios, mientras Carlos López Tapia y José Fuentes Torre recibieron la misma pena, con el beneficio de la remisión condicional.
Mireya Pérez era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Resultó herida en un enfrentamiento, tras lo cual fue llevada a Villa Grimaldi, donde se le dio muerte, según estableció el informe de la Comisión Rettig.


Soychile

30 de agosto de 2013

La justicia dictó nuevos procesamientos contra Manuel Contreras por violaciones a los derechos humanos

A 40 años del Golpe de Estado, el ministro Leopoldo Llanos también encausó a Carlos López, Pedro Espinoza, entre otros, como autores de los secuestros calificados de Juan Villarroel Zárate y Clara Canteros Torres y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado, ocurridos en 1976.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos procesó a ex agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) por los secuestros calificados de Juan Aurelio Villarroel Zárate y Clara Canteros Torres y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado, ocurridos en julio y agosto de 1976.

El magistrado encausó como autores a Manuel Contreras Sepúlveda; Carlos López Tapia; Pedro Espinoza Bravo; Juan Morales Salgado; Marcelo Moren Brito; Rolf Wenderoth Pozo; Eugenio Fieldehouse Chávez; Ricardo Lawrence Mires y Jorge Andrade Gómez.

Y como cómplices a Gladys Calderón Carreño; Rufino Jaime Astorga; José Friz Esparza; Hermon Alfaro Mundaca; Orlando Inostroza Lagos; Pedro Bitterlich Jaramillo; Claudio Pacheco Fernández; Eduardo Reyes Lagos; Orlando Torrejón Gatica; Orlando Altamirano Sanhueza y Carlos López Inostroza.

De acuerdo a la investigación, Juan Villarroel Zárate fue detenido desaparecido cerca de la estación Mapocho, el 13 de agosto de 1976. Mientras que Clara Carrasco Torres y su tío Eduardo Canteros Prado fueron detenidos en La Florida, el 23 de julio de 1976.

Los restos de Canteros fueron identificados entre las víctimas que fueron inhumadas ilegalmente en un predio del Ejército, ubicado en el sector Las Tórtolas, Colina, el 3 de julio pasado, restos que fueron encontrados en 1990

Soychile

31 de diciembre de 2013

La Justicia confirmó la condena a Manuel Contreras y ex agentes de la DINA por secuestros en ex Colonia Dignidad

El Mamo y Carlos López Tapia deben cumplir penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los crímenes.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y contra ex agentes de la policía secreta por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, ocurridos a partir del 26 de mayo de 1976.

La Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Dobra Lusic, Adelita Ravanales y Jenny Book, ratificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda el 23 de enero de 2012, que condenó a Contreras y a Carlos López Tapia a penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los crímenes.

Además, se corroboró la condena a Eugenio Fieldhouse Chávez a la pena de 5 años y un día de presidio en calidad de cómplice.

Asimismo las juezas absolvieron por falta de convicción a los ex integrantes de la Colonia Dignidad Gerard Mucke Koschitzke y Karl Johann Van Den Berg Schurrmann, quienes habían sido condenados en primera instancia a 5 años y un día de presidio en calidad de cómplices.

En el aspecto civil, por decisión de mayoría y con el voto en contra de la ministra Book, se acogió la excepción de incompetencia del tribunal planteada por el Consejo de Defensa del Estado y revocó la condena al Fisco a pagar indemnización a las víctimas.

Sin embargo se determinó que los condenados Contreras Sepúlveda, López Tapia y Fieldhouse Chavez deben pagar una indemnización de noventa millones de pesos a Filma Canales Soré –madre de Juan Maino Canales- y de sesenta millones de pesos a María Dolores Elizondo Ormachea –hermana de Antonio Elizondo Ormaechea- por el daño moral provocado.


  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015