Quienes somos ] Boletin ] Busqueda ] Pinochet en Londres ] Centros Detencion ] Complices ] Empresas ] Fallos ] Criminales ] Tortura ] Exilio ] ecomemoria ] Desaparecidos ] Ejecutados ] Testimonios ] English ]

Sergio Orlando López Maldonado

Suboficial Fach

Mecánico de la Fuerza Aérea

Sergio Orlando López Maldonado ha sido procesado por su participación en el lanzamiento al mar desde un avión de la Fuerza Aérea de los restos mortales de 26 personas asesinadas durante el paso de la "Caravana de la Muerte" por Calama en octubre de 1973.

Durante la investigación, se ha logrado establecer que los 26 cuerpos fueron exhumados a fines de 1975 o comienzos de 1976 obedeciendo a una orden emanada por Pinochet de hacer "desaparecer" los restos. Este operativo fue denominado "Operación Retiro de Televisores" y en lo que correspondió a Calama, estuvo dirigido por el general Miguel Trincado Araneda, quien era comandante de la segunda División del Ejército.

Al ex suboficial de Inteligencia del Ejército Manuel Aguirre Cortés, junto a otros militares les correspondió ejecutar el desentierro de los cadáveres, los que fueron trasladados hasta el aeropuerto de Calama donde los esperaba un avión C-47 de la FACH al que subieron los cuerpos que posteriormente fueron lanzados al mar por Sergio Orlando López Maldonado, los cadáveres se encontraban envueltos en sacos y amarrados a rieles.

El general Miguel Trincado Araneda, fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y el traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de Calama a fines de 1975

Fuentes: El Mercurio, La Nación, El Mostrador, Archivo Memoriaviva


Terra.cl, 27 de Marzo 2007

Procesan a dos ex militares por exhumación ilegal de detenidos desaparecidos

La jueza Rosa María Pinto procesó hoy en Calama a dos ex suboficiales de Inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea como presuntos autores del delito de exhumación ilegal de 26 opositores ejecutados por la "caravana de la muerte" en 1973.

La resolución afectó a Manuel Aguirre Cortés, ex suboficial de Inteligencia del Ejército, y al ex suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, según fuentes judiciales.

Los 26 prisioneros fueron ejecutados por orden del general Sergio Arellano Stark el 19 de octubre de 1973, en una operación de la "caravana de la muerte", una comitiva militar que ejecutó a más de 70 presos políticos en distintas ciudades del país, de acuerdo con el expediente judicial.

En el caso de Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, las 26 víctimas fueron sacadas de la cárcel y ejecutadas en el sector de Topáter, en las afueras de la ciudad, donde fueron enterradas clandestinamente.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975 o comienzos de 1976 los cuerpos fueron exhumados por disposición de la comandancia en jefe del Ejército que emitió una orden cifrada a través de un criptograma.

Aguirre Cortés, junto con otros militares, según el expediente, desenterraron los cadáveres y los trasladaron al aeropuerto de Calama donde los esperaba un avión C-47 de la FACH al que subieron los cuerpos que posteriormente lanzaron al mar envueltos en sacos y amarrados a rieles.

En la operación participó también Sergio Maldonado que era mecánico de la Fuerza Aérea.

En sus declaraciones al tribunal, Aguirre Cortés acusó al general jubilado Miguel Trincado Araneda, que pasó a retiro el año pasado, cuando era comandante de la segunda División del Ejército, con asiento en Santiago, de haber dirigido la exhumación de los restos de las víctimas de Calama.

Consultada por Efe, la magistrada Rosa María Pinto, confirmó los procesamientos de los dos suboficiales pero dijo que Trincado no está entre los procesados.

La exhumación de los restos de los detenidos desaparecidos durante el régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) fue conocida como "operación retiro de televisores".

Según fuentes judiciales y activistas por los derechos humanos, el operativo, que se repitió en distintas partes del país, fue ordenado por Pinochet para encubrir los crímenes de su régimen, que dejó más de 3.000 muertos y 1.279 detenidos desaparecidos.


Mercuriocalama.cl, 1 de abril de 2007

Cuestionan a jueza de casos de desaparecidos en Calama

Por vínculo con militar

Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército, según informó el diario capitalino La Nación.

En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark efectuó los fusilamientos.

La jueza confirmó a La Nación que fue esposa de Morales y que éste era oficial del Ejército. 

Procesamientos

El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex comandante de la Segunda División del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.

Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue procesado.

Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia como encausado.

"Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado Araneda", dijo el abogado.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida Operación Retiro de Televisores.


Pagina12, 1 de agosto de 2013

Hallan pruebas de vuelos de la muerte en Chile

Un represor confesó el lugar exacto donde fueron arrojados al mar víctimas de la dictadura chilena y allí se encontraron evidencias de lo actuado por la llamada “Caravana de la muerte”, que recorrió el país en tiempos de Pinochet.

Antes de morir, uno de los militares que participaron en diversas violaciones a los derechos humanos –en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet– confesó lo que muchos otros han querido mantener en reserva: el lugar exacto donde estaban sumergidos algunos rieles usados para hacer desaparecer cuerpos de víctimas lanzadas al mar, evitando con ello que salieran a flote.

Hace unos días, los trozos de metal fueron hallados cerca de la costa de Caldera, un pequeño puerto en el norte de Chile (a 870 kilómetros de Santiago) y subidos más tarde a la superficie. La información fue revelada ayer a EFE por fuentes judiciales. Según el testimonio recogido, que coincide con confesiones similares en distintas causas judiciales, los pedazos de vía de ferrocarril eran usados para hundir los cadáveres que los represores tiraban al mar en bolsas atadas con alambre.

La identidad del militar se mantiene en secreto y los rieles, según dijeron las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos. Por ahora se mantiene la búsqueda en el área del hallazgo con la idea de encontrar otro tipo de restos similares.

La diligencia se enmarca en el marco del juicio denominado Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, y que hace referencia a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile dejando a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en distintas ciudades.

Según trascendió, el hallazgo se mantiene bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante, además en la víspera de los 40 años del golpe de Estado de Pinochet.

En ese marco, expertos consultados por la agencia dijeron que resulta imposible intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres.

Así las cosas, dos casos podrían tener alguna vinculación. El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama. Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución, Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos, pero no señaló en qué parte de la costa del norte.

El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.

Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.

El de Caldera es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, a 44 kilómetros al norte de Valparaíso. Esa vez, cuatro piezas metálicas fueron halladas por detectives de la PDI, bajo la supervisión del juez especial Juan Guzmán Tapia. Las piezas pasaron después a formar parte de un museo recordatorio en el ex campo de prisioneros de Villa Grimaldi, en Santiago. Algunas de ellas mantenían aún botones adheridos.

Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros. Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y quince cuerpos transportados en cada uno.

Hasta ahora, el único cuerpo que emergió desde el fondo del océano fue el de Marta Ugarte, una profesora comunista, cuyo cadáver apareció en una playa de la región de Coquimbo el 12 de septiembre de 1976.

Según el expediente del caso, uno de los alambres que unían el riel a su cuerpo fue utilizado por el agente de la DINA, Emilio Troncoso Vivallos, para estrangularla, pues tras la inyección letal que le fue administrada antes de subirla al helicóptero, ella permanecía aún con vida. Así, una vez en el agua, el riel se soltó y su cadáver emergió.


EFE, 11 de Enero de 2014

Hallan rieles usados para lanzar cuerpos de desaparecidos al mar

Varios rieles usados para lanzar cadáveres de prisioneros políticos al mar y hacerlos desaparecer durante la dictadura de Augusto Pinochet se encontraron en las costas de Caldera, en el norte de nuestro país, informó esta semana la agencia EFE

Los pedazos de metal, hallados a unos 870 kilómetros al norte de Santiago, fueron subidos hace unos días a la superficie, desde el fondo marino y su hallazgo fue posible gracias a que un militar que participó en esas acciones confesó antes de morir, indicó el periodista Jorge Escalante, autor de la información.

Hasta ahora, la identidad del militar se mantiene en reserva y los rieles, "menos de cinco", según dijeron las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos. La búsqueda se mantiene en el área del hallazgo, por la posibilidad de que haya más piezas similares.

La diligencia se cumplió en el marco del juicio por los episodios de la llamada Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, referido a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile y dejó a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en diversas ciudades. La comitiva era encabezada por el general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como "oficial delegado" del general Pinochet.

El hallazgo se mantenía bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante por cumplirse 40 años desde el golpe de Estado.

En ese marco, expertos consultados dijeron que, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres, resulta "imposible" intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles.

Recordaron dos episodios ocurridos a fines de 1973 que podrían tener vinculación con el hallazgo. El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 durante el paso de la llamada Caravana de la Muerte, en la ciudad de Calama.

Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos. Pero López no dijo en qué parte de la costa del norte fueron tirados los cadáveres.

El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte. Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.


Cooperativa.cl, 31 de julio de 2013

Descubrieron rieles usados para lanzar cuerpos al mar en dictadura

Fueron encontrados en las costas de Caldera tras la confesión de un militar.

Es el segundo descubrimiento de este tipo, tras el realizado en septiembre de 2004 en Quintero.

Varios rieles usados para lanzar cadáveres de presos políticos al mar y hacerlos desaparecer durante la dictadura de Pinochet fueron descubiertos en las costas de Caldera, revelaron a la agencia EFE fuentes judiciales.

Los trozos de metal fueron subidos hace unos días a la superficie desde el fondo marino y su hallazgo fue posible gracias a que un militar que participó en esas acciones confesó su ubicación antes de morir.

Hasta ahora, la identidad del militar se mantiene en reserva y los rieles -que son "menos de cinco", según las fuentes- se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la PDI en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos.

La búsqueda se mantiene en el área del hallazgo por la posibilidad de que haya más piezas similares.

Estas diligencias se enmarcan en la investigación del caso "Caravana de la Muerte" -comitiva militar que a fines de 1973 recorrió diversas ciudades y dejó a su paso cerca de un centenar de ejecutados políticos- a cargo de la jueza especial Patricia González.

Sospechas

Hasta ahora el hallazgo se mantiene bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos. Expertos consultados por EFE dijeron que a menos que el militar fallecido haya confesado nombres resulta "imposible" intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles.

Recordaron, en todo caso, dos episodios ocurridos a fines de 1973 que podrían tener vinculación con el hallazgo.

El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama.

Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos.

López no dijo, sin embargo, en qué parte de la costa del norte fueron lanzados los cadáveres. Calama está a 698 kilómetros al nornoreste de Caldera.

El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.

Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.

La máquina criminal

El de Caldera es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, 44 kilómetros al norte de Valparaíso.

Esa vez, cuatro piezas metálicas fueron halladas por detectives de la PDI bajo la supervisión del juez Juan Guzmán Tapia.

Las piezas pasaron después a formar parte de un museo recordatorio en el ex campo de prisioneros de Villa Grimaldi, en Santiago. Algunas de ellas mantenían aún botones adheridos.

Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros.

Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y 15 cuerpos transportados en cada uno. Los cadáveres eran puestos en sacos, cosidos con alambre y después a cada uno le amarraban un trozo de riel.

Hasta ahora, el único cuerpo que emergió desde el fondo del océano fue el de Marta Ugarte, una profesora comunista, cuyo cadáver apareció en una playa de la región de Coquimbo el 12 de septiembre de 1976.

Según el expediente del caso, uno de los alambres que unían el riel a su cuerpo fue utilizado por el agente de la DINA Emilio Troncoso Vivallos para estrangularla, pues tras la inyección letal que le fue administrada antes de subirla al helicóptero, ella permanecía aún con vida. Así, una vez en el agua, el riel se soltó y su cadáver emergió. 


Cambio21, 1 agosto de 2013

Hallazgo de rieles donde lanzaban al mar a detenidos: Diputado Carmona se comprometió a no terminar la búsqueda

Esta es la segunda vez que se realiza un hallazgo de este tipo, el anterior fue el año 2004 en Quintero y, tal como aquella vez, el abogado de Derechos Humanos (DD.HH.), Eduardo Contreras, estimó muy difícil que se pueda dar con la identidad de algunas de las víctimas.

Profundo impacto provocó en el mundo de los derechos humanos el hallazgo en el fondo del mar, en la Región de Atacama, de rieles ferroviarios utilizados para hundir los cuerpos de las víctimas de la dictadura, lo que fue revelado este miércoles.

Esta es la segunda vez que se realiza un hallazgo de este tipo, el anterior fue el año 2004 en Quintero y, tal como aquella vez, el abogado de Derechos Humanos (DD.HH.), Eduardo Contreras, estimó muy difícil que se pueda dar con la identidad de algunas de las víctimas.

Indicó que "las posibilidades son muy remotas. En el caso anterior de Quintero no fue posible la identificación. Hay que comprender que los restos que, probablemente, se encontrarán ahora son más bien materiales del ropaje con el que estaban vestidos".

"Que yo sepa, no hay trozos de osamentas ni materiales del tejido que permitan la identificación de los cuerpos. Tiene el mérito y el valor de demostrar que lo que se ha afirmado en los procesos es totalmente cierto. Ojalá fuera de otra manera, pero no creo que sea posible la plena identificación de las víctimas solo por este camino", declaró.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, prefiere actuar con cautela para no someter nuevamente a la tortura de la búsqueda a los parientes de las víctimas de la zona, por cuanto la dictadura trasladó prisioneros de una zona a otra.

Para Pizarro, sería un acto de cobardía que se haya entregado una información parcial, sin nombres de desaparecidos ni de responsables.

"Este es el reflejo de ese cuentagotas dolorosos al que nos enfrentamos los familiares de DD.DD., donde la verdad se entrega a medias, donde la verdad nunca es total y donde seguimos esperando conocer el nombre de los responsables y el destino de nuestros familiares", declaró.

Sobre la confesión del mecánico de la Fuerza Aérea, Sergio López Maldonado, Pizarro indicó que "la declaración de este sujeto viene a revelar una vez más la verdad. La información la tiene las Fuerzas Armadas".

"El Presidente de la República, si sigue en silencio ante esta información, hoy se está revelando que también es cómplice de este pacto de silencio", acusó la presidenta de la agrupación.

Por su parte, el diputado comunista por Copiapó, Lautaro Carmona, se comprometió a no terminar la búsqueda hasta obtener la información sobre el paradero de las víctimas.

"Yo voy a hacer todas la diligencias, todas las movilizaciones, hasta esclarecer con absoluta certeza la relación que estos rieles tienen con la forma que usaron para exterminar a muchos de los nuestros. Incluso, muchos de ellos fueron lanzados vivos al mar", indicó.

Manifestó que "hay nuevas tecnologías, los antropólogos, los arqueólogos, son capaces de detectar restos humanos de cientos de años. Entonces esa es una parte a la que uno nunca debe renunciar", informó Radio Cooperativa.


  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015