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Julio López Blanco  

Periodista de TVN

Agente civil DINA

En Mayo del 2007 el Colegio de Periodistas sancionó por un año a Julio López Blanco por su parte en la desinformación y ocultamiento del crimen de 6 personas ocurrido en Villa Grimaldi el 19 de noviembre de 1975 y posteriormente echas aparecer en un “enfrentamiento” en la rinconada de Maipú.

Este periodista era parte conciente de los montajes ejecutados por la DINA con el objeto de ocultar sus crímenes de presos políticos haciéndolos aparecer como enfrentamientos. Una vez montadas las “escenas” ubicaban los cadáveres de los prisioneros y procedían a llamar a sus periodistas colaboradores.

Existían varios periodistas que trabajaban con la DINA. El periodista Roberto Araya declaró que “como Julio López y yo éramos funcionarios de TVN, ellos mismos (de la DINA) nos llevaban al lugar y nos pasaban el libreto. A veces Moren Brito iba a buscarnos al canal para llevarnos a cubrir una nota. También recuerdo a Chiminelli”.

Roberto Araya declaró que: “Habíamos muchos periodistas en la DINA”, pero no dio nombres a la fiscal, salvo reconocer que él era de la DINA.

 Otros Periodistas de la DINA: Claudio Sánchez Venegas (TVN);  (TVN); Roberto Araya Silva  (TVN); Manfredo Mayol Duran (TVN); Vicente Pérez Zurita (Jefe de prensa TVN)

Fuentes de Información: Colegio de Periodistas de Chile; Diario la Nación; Archivo Memoriaviva


La Nación, 14 de mayo  de 2007

Periodistas sancionan a Claudio Sánchez y Julio López Blanco

El Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile sancionó con un año de suspensión de la colegiatura y una censura pública a los periodistas Claudio Sánchez Venegas y Julio López Blanco.

Sánchez fue sancionado por negarse a concurrir a declarar ante la fiscal de esa instancia Doris Jiménez, en el caso montaje de la DINA en Rinconada de Maipú difundido en noviembre de 1975 por Televisión Nacional (Canal 7) y Canal 13 de la Universidad Católica, donde López Blanco y Sánchez, respectivamente, trabajaban e informaron sobre el montaje.

En este episodio, la DINA preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y del Partido Comunista asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese 19 de noviembre en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civil.

Las seis personas murieron en Villa Grimaldi a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, otra de las víctimas, estaba embarazada de tres meses.

Testigo del estado de los cuerpos que aparecieron en la morgue fue el sacerdote José Aldunate, como entonces lo informó a los familiares y ahora al tribunal penal que investiga estos crímenes. Las otras víctimas son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco (PC), Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres (PC).

También presenciaron los tormentos que estas personas sufrieron la noche del 18 de noviembre de 1975 en Villa Grimaldi las ex prisioneras Lelia Pérez Valdés y Patricia Medina que, casualmente, escucharon y vieron sus cadáveres tirados. “Escuchamos gritos que piden agua caliente y aceite caliente (...) Pasaban los guardias portando teteras y cosas así”, declaró Lelia Pérez a la fiscal Jiménez, al igual como lo ha hecho ante el ministro Alejandro Solís que indaga la causa que ya tiene varios procesados, entre ellos el temible “Ronco” Marcelo Moren Brito.

El Tribunal de Ética sancionó además a los ex profesionales de TVN, Roberto Araya Silva (periodista) con una censura pública y la expulsión del Colegio; y a Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, con un año de suspensión de la colegiatura. Pérez era jefe de prensa y Mayol, gerente general de TVN, pero con atribuciones sobre toda la programación.

Los hechos

La sentencia del Tribunal de Ética es la culminación de un sumario abierto por una denuncia interpuesta ante el Colegio de Periodistas en contra de Claudio Sánchez y López Blanco, por Isabel Gallardo Moreno a nombre de los sobrevivientes de las familias Gallardo y Ganga. La denuncia se originó por un reportaje de La Nación Domingo del 15 de junio de 2003, donde un ex DINA reveló el montaje.

Tanto en la investigación judicial como en la indagatoria del referido Tribunal de Etica, está acreditado que agentes DINA llegaron a Televisión Nacional para buscar a Araya y López Blanco, además de dos camarógrafos, llevándolos a Rinconada de Maipú a grabar el montaje, entregándoles el libreto de lo que debían informar.

Así lo admiten Araya y López Blanco en sus declaraciones ante la fiscal Jiménez, aunque este último insiste en que “nunca supe” que era un montaje, a pesar de decir que no vio “cadáveres ni sangre” producto del supuesto enfrentamiento.

La ex prisionera Lelia Pérez afirma que la noche del falso enfrentamiento los agentes subieron el volumen de la televisión que podía escucharse desde su lugar de detención, en el momento en que se transmitía la información oficial. “Lo que nos aterrorizó con Patricia (Medina) es que mientras en la televisión estaban leyendo, los guardias estaban leyendo el mismo informe en Villa Grimaldi. Iban al unísono y se reían mucho”.

Respecto de Vicente Pérez, entonces jefe de prensa de TVN, este dijo a la fiscal Jiménez no recordar ese episodio. Pero el Tribunal de Etica resolvió que “declaraciones de testigos señalan que eventualmente autorizó o al menos debió estar en conocimiento de la salida del equipo de periodistas y camarógrafos” a cubrir el falso enfrentamiento. “En este caso, el jefe de prensa es responsable de negligencia al abstenerse de consultar otras fuentes distintas de la oficial”, dice la sentencia.

Puntos destacados de la sentencia

El periodista Roberto Araya declaró que “como Julio López y yo éramos funcionarios de TVN, ellos mismos (de la DINA) nos llevaban al lugar y nos pasaban el libreto. A veces Moren Brito iba a buscarnos al canal para llevarnos a cubrir una nota. También recuerdo a Chiminelli”.
Araya: “Habíamos muchos periodistas en la DINA” dijo, pero no dio nombres a la fiscal, salvo reconocer que él era de la DINA.
Vicente Pérez: “Es que tampoco fue una noticia tan importante como para acordarse de los nombres de los camarógrafos”.
Del fallo: “El tribunal lamenta que monseñor Francisco Javier Errázuriz nunca respondió la carta enviada para que reparara la actitud no colaborativa de Canal 13. También lamentamos lo mismo sucedido con el rector de la UC, Pedro Pablo Rosso”.
Del fallo: “El Colegio de Periodistas no cumplió entonces con su mandato ético y hoy debe una excusa pública a los afectados. Debe enfrentar su conducta culposa y asumir públicamente su responsabilidad”.

El video de TVN y la negativa de Canal 13

En el video difundido en la fecha en TVN sobre el montaje -en poder del ministro Solís y el Tribunal de Ética- López Blanco aparece en Rinconada mostrando vainillas del “enfrentamiento” y diciendo “las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados por fuerzas de la DINA”.

Respecto de López Blanco el Tribunal de Ética consideró que “Aunque eventualmente pudo equivocarse, pudo creer en lo que veía, pudo ser utilizada su imagen, el periodista -con larga experiencia en la profesión- se abstuvo de confrontar otras fuentes distintas a la oficial y, como el propio imputado reconoce, es responsable del grave daño causado a los denunciantes”.

En cuanto a Claudio Sánchez que se negó a concurrir a declarar ante la fiscal, le escribió una carta diciendo que, debido a que estuvo 32 años en el canal católico “es muy difícil que recuerde con claridad todas las misiones que se me encomendó”.

Si bien el fallo estableció que su sanción fue por negarse a concurrir a declarar, a la vez dijo que, efectivamente, existe una grabación en poder de Canal 13 donde Sánchez informa sobre el montaje de la DINA.

No obstante, la directora ejecutiva del canal católico, Eliana Rozas, negó el video al Tribunal de Ética, argumentando que el impedimento es “un juicio laboral vigente” que Sánchez mantiene con el canal.

De todas formas, la directora certificó que respecto de la información sobre el montaje “revisados los archivos audiovisuales de Canal 13, advertimos que sobre el particular sólo existe una nota realizada por el periodista Claudio Sánchez, quien también aparece en pantalla”.

“La negativa de Canal 13 a la entrega de pruebas materiales, impide a la fiscal calificar la conducta ética del periodista Claudio Sánchez en el caso Rinconada de Maipú”, sostuvo la sentencia.


The Clinic, 10 Septiembre, 2008

PERIODISTAS EMBLEMÁTICOS DE LA DICTADURA:

¡Claudio Sánchez y Julio López siguen con pega!

En noviembre de 1975, Claudio Sánchez, por ese entonces rostro emblemático del noticiero de Canal 13, y Julio López Blanco, su álter-ego de Canal 7, participaron en el montaje para hacer pasar por enfrentamiento el asesinato de 6 militantes del MIR y del Partido Comunista en Rinconada de Maipú. El episodio de detalles escabrosos, por el que deben enfrentarse prontamente a la justicia, es sólo un botón de sus múltiples maldades, hoy por todos conocidas y socialmente condenadas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Ricardo Claro los mantenga como “periodistas humanos” de Meganoticias, permanentemente indignados con la desdicha del pobre y la desmesura del poderoso.

Si quieres reclamar por su indeseable presencia cuando haces zapping, te recomendamos llamar a Carmen Bascuñán, Relacionadora Pública del canal, al 810 8182, o a Marisa Pino, su asistente, al 810 8253, y unirte a la campaña NI CAGANDO VEO MEGANOTICIAS, orquestada por nuestro sitio.


personajesdelperiodismo.blogspot.co.uk, 2 de mayo de 2006

Julio López Blanco: Durante La Dictadura... Un Personaje.

"¿Y qué onda con los periodistas del período del golpe?"... nos preguntamos cuando hacíamos la "lluvia de ideas" sobre los personajes del periodismo a citar... concluimos que algo debíamos redactar sobre aquello. Buscamos, y curiosamente muy poco encontramos sobre la oposición, a decir verdad, casi nada, sólo nombres citados sin mayor explicación, como Mireya Latorre, Sergio Silva, entre otros (¿curioso no?¿seguirá vigente la omisión de la prensa de oposición hasta hoy?). Sobre los oficialistas, la información era muy variada. Finalmente, nos llamó poderosamente la atención alguien que definitivamente catalogamos de personaje del periodismo: Julio López Blanco. Dado un espeluznante acontecimiento para el periodismo, decidimos incluirlo en la lista de los "seleccionados".

López Blanco pertenecía al lado oficialista, es decir, no sufría de los restricciones de prensa. Pero algo muy contradictorio sucedió. López gozaba de plena libertad como periodista. Sin embargo, uno de sus reportajes durante la dictadura fue negado por el mismo. La razón: un reportaje que supuestamente mostraba un enfrentamiento que concluyó con la muerte de seis militantes opositores, pero que fue delatado como un montaje en el que este periodista participó con gran relevancia.

Un ex agente DINA afirmó que seis cuerpos fueron llevados a Rinconada de Maipú ya muertos desde Villa Grimaldi, y sostiene que el montaje fue filmado en 1975 por aquel periodista de TVN. Él lo niega y "no recuerda" haber realizado ese registro. Citaremos un artículo, colmado de crónicas, del periodista Jorge Escalante del diario La Nación.

"El ex agente de la DINA asomó la cabeza por una ventana del patio y con cara extrañada dijo "¡ya voy!". Dos jeans raídos cuelgan de un cordel al sol. En pantuflas, short y con la boca casi sin dientes y chueca por una parálisis facial que también le achicó un ojo, salió al patio y abrió el portón. Ningún perro ladró en la humilde casa. -Así es, a ellos los mataron en Villa Grimaldi y muertos los sacaron al falso enfrentamiento. Sí eso lo filmó el periodista López Blanco, oiga, pregúntele a él, que siempre sabía todo. Eso ocurrió en Rinconada de Maipú en 1975- fue su respuesta. Cuando el juez le preguntó el 1º de agosto de 1992 a López por su filmación, éste le respondió "por el tiempo transcurrido no me acuerdo haber efectuado reportajes en ese lugar (...) al pasar del tiempo uno se olvida". Pero la cinta existía y el juez Lientur Escobar -hoy fuera del Poder Judicial- lo sabía porque así se lo había asegurado en un oficio el 17 de diciembre de 1991 el director ejecutivo de TVN, Jorge Navarrete: "La nota sobre los hechos se registra y tiene una duración de 2 minutos 50 segundos", respondió Navarrete al juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, quien instruía un proceso por querellas interpuestas por familiares de las víctimas de Rinconada, o de Villa Grimaldi. El juez, de hecho, vio la cinta y transcribió su contenido. Según consta en el proceso, el relato del "enfrentamiento" lo hizo Julio López Blanco desde el lugar de los hechos. Cuando conversamos con el periodista Julio López Blanco, éste mantuvo sus dichos: "No, yo no me acuerdo de esas cosas, han pasado treinta años, de hecho me han llamado un par de veces a declarar, no, no me acuerdo (...) yo era el conductor del noticiario y casi no salía a reportear, muy poco". La cinta, en tanto, no pudo ser ubicada por La Nación Domingo en los archivos de la red pública, pese a que el juez la vio en Televisión Nacional en 1992. "


El crimen había sido encubierto, según el ex agente, como "un enfrentamiento", de la misma manera que lo informó oficialmente la Dirección de Informaciones del régimen en un comunicado difundido al día siguiente en la prensa escrita. En el informe del video transcrito por el juez se señaló: "La filmación fue transmitida en aquella época por el periodista Julio López Blanco (...) La filmación se hizo en Rinconada de Maipú en noviembre de 1975. Se ve un pastizal, el cordón del micrófono de TVN. El periodista está de terno, es día de sol. El periodista recoge vainillas del suelo. Dice: "aquí en el suelo están los testimonios del violento enfrentamiento. El periodista señala la 'exterminación de grupúsculos cercados por agentes de la DINA'. Pide un contacto con el móvil 2 del canal", continúa el informe del juez sobre el contenido de la filmación. El juez hace una afirmación en su escrito: "en el lugar no se ven huellas de un enfrentamiento", y sigue con su descripción: "El periodista muestra una caja con municiones y unas piedras donde dice que 'cayó un extremista'. Dice que los extremistas desbaratados 'son terroristas subversivos del MIR'. Roberto Araya en el móvil Nº2, aparece sorpresivamente en la imagen", agrega la descripción del magistrado. El juez continúa mencionando que el periodista, a quien identifica como Julio López, "lee los nombres de los muertos y dice que dentro de los próximos días caerán otros grupúsculos". 


Actualmente el diario La Nación hizo un reportaje acerca de este intrigante tema, quisieron dar con el video pero los intentos fueron vanos, supuestamente había dos copias en TVN y una estaba en manos del juez. Pues ahora, no había ninguna. En fin, la información oficial fue la del "enfrentamiento", pero lo real es que los militantes de izquierda fueron asesinados. Y el periodista Julio López Blanco niega haber participado en la filmación del montaje de la DINA. Que tipo más cara dura ¿no?.... todo un personaje.


El Ciudadano, 3 de febrero de 2012

Procesan a ex periodista de TVN como encubridor de falso enfrentamiento de la dictadura

Carlos Roberto Araya Silva fue cómplice junto a Julio López Blanco, quien hace poco era rostro de Mega, de haber protagonizado el encubrimiento de la matanza de 6 persones en Rinconada de Maipú en 1975. Una de las víctimas estaba embarazada. Hasta ahora la única sanción recibida por Araya Silva es la expulsión del Colegio de Periodistas el 2007.

El ex periodista Carlos Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 19 de noviembre de 1975.

Según informó el Poder Judicial (PJ) el 31 de enero de este año, la investigación del juez Alejandro Solís Muñoz estableció que Carlos Roberto Araya y Julio López Blanco fueron convocados por la Dirección Nacional de Informaciones (DINA), policía secreta de Pinochet para emitir notas en televisión que presentaran como enfrentamiento el asesinato de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Luís Andrés Ganga, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quien llevaba en su vientre una criatura de 3 meses.

Algunas de las personas asesinadas eran familiares y habían sido detenidas por la DINA días anteriores.

Según el documento de tribunales “el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío [Santiago] donde resultaron muertos un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de noviembre fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el cuartel [general] de Investigaciones [hoy Policía de Investigaciones (PDI)], en calle General Mackenna, donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [embarazada de 3 meses], quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de Villa Grimaldi”.

Todos los detenidos, incluidos dos sobrinos menores de edad de Pacheco Sánchez, fueron interrogados por el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza Michelson, quien les dijo que los dejaba en libertad. Pero era mentira.

“En la madrugada del 19 de noviembre –prosiguió el informe oficial del PJ-, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado”.

“Testigos que se encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que ésa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas. En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de un enfrentamiento en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [y su criatura no nata de 3 meses], Luís Andrés Ganga y otros dos hombres [alusión a Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres, cuyos casos se investigaron en otra causa].

“En realidad –prosigue la publicación oficial del PJ-, se realizó un “montaje” para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N° 2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N° 3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”.

El juez Solís fue indulgente con Araya: le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos, unos 400 dólares.

A DÚO CON JULIO LÓPEZ BLANCO

Con la colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de comunicación de la época, estos asesinatos perpetrados en la Villa Grimaldi fueron disfrazados como “bajas terroristas” de un falso enfrentamiento escenificado en el lado opuesto de la ciudad, en el fundo experimental Rinconada de Maipú, entonces un predio agrícola del oeste de Santiago, camino al aeropuerto Pudahuel, arrebatado por los servicios de represión de la dictadura a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Araya Silva y Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un reportaje a dúo con el libreto de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) en el escenario dispuesto por la DINA: “En los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”- fue lo que dijeron esa vez.

A la par la cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un impecable traje de lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en la contienda, Araya brincaba entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas del “enfrentamiento”.

No mostraron nada parecido a huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave ladera.

El jefe de Prensa de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez Zurita, formado en la Universidad Católica, quien se desempeña como profesor de en varias universidades privadas donde enseña “Nuevo Periodismo” y Ética Periodística. Por encima de todos, en la jerarquía de TVN estaba el director general Manfredo Mayol Durán, otro periodista con información universitaria.

Claudio Sánchez Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica, también escenificó in situ el reportaje exclusivo con el libreto DINA-Dinacos para la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, que hoy pertenece al Grupo Luksic en 66%.

Toda la prensa repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín Edwards, El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la otra rama del duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera, revista Qué Pasa y lo hicieron todos los medios del país.

EXPULSIÓN Y SANCIONES DEL COLEGIO DE PERIODISTAS

Veinticinco años después del montaje periodístico DINA-Dinacos, en 2007, y mientras el ministro Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los homicidios, Isabel Gallardo, de la familia más afectada por la matanza, se dirigió al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas.

Doris Jiménez, la fiscal designada por el Tribunal Regional Metropolitano (TRED), después de entrevistar testigos y a cada uno de los protagonistas del montaje –excepto a Claudio Sánchez, que no acató la citación de la Orden, pidió la expulsión y censura pública de Carlos Alberto Araya Silva, censura pública más suspensión por un año de la Orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez Venegas: y un año de suspensión de la Orden para Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

El fallo del TRED fue ratificado por la instancia superior del Colegio, el Tribunal Nacional (Trined), pero Claudio Sánchez se dirigió a la Corte de Apelaciones del Poder Judicial, que en 2008 ratificó la sentencia de los tribunales éticos del periodismo, tal como ocurrió en enero de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo ético que expulsó de por vida del Colegio de Periodistas a Manuel Fuentes Wendling, otro periodista de derecha que se dedicó a delatar a sus colegas izquierdistas que veía en la calle desde las páginas de La Segunda. El único paso que le faltaba al Colegio era pedir el perdón de los familiares de las víctimas calumniadas por el montaje.

Tras el fracaso de Claudio Sánchez ante la Corte de Apelaciones, el Colegio tomó la decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares. El 21 de junio de 2008, convocó a los familiares de 125 víctimas de montajes periodísticos, “Los 119” del caso “Operación Colombo” y las 6 de “La Rinconada de Maipú”.

El entonces presidente nacional de la Orden, Luis Conejeros, encabezó la ceremonia y explicó el sentido del gesto aún pendiente, junto a Juanita Rojas, presidenta del Trined, y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal Regional Santiago, quienes explicaron el procedimiento ético-disciplinario. Hablaron, además, Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de “La Rinconada de Maipú”, y Roberto D’Orival, del Colectivo de Familiares y Compañeros de “Los 119″ y hermano de una de las víctimas.

¿QUIÉN ES CARLOS ROBERTO ARAYA SILVA?

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Araya era locutor de radio Sargento Aldea en la ciudad-puerto de San Antonio y propietario del periódico El Pelícano. Tras el golpe derrochó energías en delatar por las ondas hertzianas a toda clase de dirigentes (as) sindicales, sociales y políticos del puerto más importante del país.

Se hizo amigo del entonces coronel de ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, alias “El Mamo”, jefe del cercano Regimiento Tejas Verde, también transformado en prisión, campo de torturas y centro de exterminio incluso días antes del golpe por el imperio de la “Ley de Control de Armas”, aprobada por el Congreso hostil a Salvador Allende el 21 de octubre de 1972 como Ley 17.798.

Esta legislación concedió a todas las ramas castrenses atribuciones propias de las policías, por imposición de la mayoría del Congreso, encabezada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y autor de la iniciativa, la que fue concebida para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y, de paso, medir la reacción psicológica de trabajadores enfrentados abruptamente a violentos allanamientos practicados por personal armado del ejército, marina y aviación que invocaron la nueva ley en busca de supuestos “arsenales populares”, muchas veces con resultados de muertes selectivas y sin encontrar los buscadas arsenales de armas que no existían.

La idea de los enemigos civiles y uniformados de Allende era medir hasta dónde llegaría la lealtad de los trabajadores en defensa del gobierno legítimo en el poder. A escala, y con las debidas diferencias, esa ley de armas tuvo un rol psicológico de propaganda comparable a las ficticias “armas de destrucción masiva” con que EEUU justificó su inútil invasión y guerra en Irak iniciada en 2003.

Contreras Sepúlveda, quien cumple prisión de por vida por centenares de crímenes, fue el fundador y director de la DINA, cuyo enorme poder logró transmutar al locutor de provincia en “periodista”, a quien introdujo como hombre de confianza en la televisión pública, Canal 7-TVN.

Araya logró afiliarse al Colegio de Periodistas, manejado bajo la dictadura por el PDC –que como aliado de Pinochet también ocupó cargos menores de gobierno- y presidido entonces por Carlos Sepúlveda Vergara (fallecido), quien a la vez fungía de director de “La Patria”, fugaz sustituto castrense de La Nación, el tradicional diario chileno de los gobiernos de turno, hoy desaparecido por voluntad de Piñera. Las reuniones del Consejo Nacional del Colegio se realizaban en las oficinas de Sepúlveda Vergara en La Patria.

Araya, un hombre sin estudios medios completos, carente de vocación por la noticia y la verdad, en rigor carece de la formación cultural mínima para ejercer esta profesión considerada la más antigua del mundo, al igual que “la otra”. Su pedigrí lo asemeja más a un esbirro.

EL PERIODISTA TORTURADOR

En las 405 páginas de una sentencia del mismo magistrado Alejandro Solís Muñoz contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010, caratulado “Proceso Rol Nº 2.182-98, episodio denominado ‘Tejas Verdes’”, iniciado por querella interpuesta por numerosas víctimas, quedó constancia del “atestado de Carlos Roberto Araya Silva, de fojas 1634, quien expresa que el 11 de septiembre de 1973 era periodista y se desempeñaba como locutor en radio Sargento Aldea de San Antonio y que ese día, en atención a su profesión, fue movilizado por el comandante en jefe de la Guarnición, el Teniente Coronel Manuel Contreras para relaciones públicas e informaciones, funcionando en una oficina del primer piso de la Escuela de Ingenieros.

Señala que supo de la existencia de un “campamento de detenidos” debajo del puente pero no lo conoció; presenció interrogatorios de detenidos en las oficinas del primer piso pero no vio torturar. No sabe de interrogatorios en el casino de Oficiales pero que no significa que no haya habido. El Director de la Escuela era Manuel Contreras y le seguía en grado Jorge Núñez Magallanes”.

En el mismo proceso declaró la víctima Onofre Segundo Aguila Parra: “Desconozco quien me torturó, toda vez que estaba con la vista vendada, pero si reconocí la voz de uno de mis torturadores, Roberto Araya Silva, periodista, Director de la radio Sargento Aldea, él era Suboficial de reserva, hacía transmisiones por la radio, además, vivía en la zona, su voz era conocida”.

Otra víctima, Arturo Florencio Farías Vargas, declaró: “…en esta sesión de tortura se encontraban Manuel Contreras, Jara Seguel, Klaudio Kosiel, un locutor de la radio Sargento Aldea, cuyo nombre era Roberto Araya Silva, y cuando me ahogaba con la capucha que tenía puesta me la quitaban y un doctor, Vittorio Orvieto, me revisaba y me decía que yo no me estaba ahogando y me mostraba lo que era ahogarse colocándome una bolsa de nylon en la cabeza, lo que se llamaba “submarino seco”; todas las personas que acabo de mencionar las conocía desde que hice el servicio militar, [tras] este interrogatorio que debe haber durado unas seis horas, soy trasladado junto a Héctor [su primo Héctor Farías] a la cárcel en calidad de incomunicado…

María Cecilia Rojas Silva, estudiante del Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica de San Antonio e inspectora del Liceo Fiscal, estuvo presa en Tejas Verdes, donde la torturaron, la manosearon y le introdujeron objetos en la vagina, situación que relató a algunas compañeras de trabajo. El documento judicial describe que “…a una de ellas la pasó a buscar su marido en auto y al interior de éste estaba Roberto Araya Silva, quien era dueño del periódico “El Pelícano”, al que le comentó lo que ella [María Cecilia] le había referido. Al día siguiente, 30 de noviembre [1973], se presentaron en su casa [de María Cecilia] dos sujetos quienes la subieron a una camioneta y la llevan [nuevamente] al Regimiento Tejas Verdes, ingresándola a una oficina donde se encontraba Jara Seguel quien le reprochó lo que ella había comentado, le señala que le harían un Consejo de Guerra y le indica que es Manuel Contreras quien decidirá sobre si queda o no detenida. Este último, al llegar, la deja detenida y es ingresada nuevamente al campamento de detenidos”.

Raúl Quintana Salazar, un subteniente de reserva que se desempeñó en Tejas Verdes, declaró ante el juez Solis: “Roberto Araya, era periodista, director de la radio Sargento Aldea de San Antonio y corresponsal de guerra con el grado de Teniente, en una ocasión lo vi en el casino de oficiales; este señor leía los bandos por la radio”.

En el proceso consta que Quintana Salazar ratificó íntegramente su declaración judicial prestada con fecha 11 de Abril de 2003 (354) y señaló: “Como ya manifesté en su oportunidad, para el 11 de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Subteniente de Reserva, por lo cual para esta fecha fui a presentarme a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, comenzando a desempeñar funciones como contador en la administración de fondos e integrar los roles de guardia. Fui asignado al mando del Mayor David Miranda, quien se desempeñaba como Fiscal Militar y como encargado de personal. Mis labores de guardia la desempeñaba en el cuartel N° 1 que era la Escuela y en el cuartel N° 2, el parque de materiales, en este sector se instaló un “campamento de prisioneros políticos”. Los turnos que desempeñaba en el cuartel N° 2… se desarrollaban cada 24 horas, donde entraba una guardia completa, la misión de la guardia era dar seguridad a todo el perímetro donde se encontraba situado el campamento de detenidos, impedir que ingresara gente extraña y, a su vez, que hubiese fuga de detenidos. Teníamos que preocuparnos de necesidades logísticas tanto como del personal de conscriptos como de los detenidos, como, por ejemplo, que la alimentación llegara en su momento, el abastecimiento de agua potable, que funcionara el alumbrado. Los ingresos de los detenidos al campamento de detenidos venían documentados desde la Fiscalía Militar, pero en el campo mismo la guardia no llevaba un registro de los detenidos…”.


Colegiodeperiodistas.cl, 26 DE MAYO DE 2007

Por fabricar noticias en 1975 expulsaron a un periodista-agente de la DINA y sancionaron a otros cuatro fablistanes que amplificaron mentiras de la dictadura

El Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet.

El Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya Silva, un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien el jefe de la DINA, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras, introdujo en la televisión del Estado, y suspendió por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes universidades que colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal 7, Televisión Nacional (TVN), y la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica.

Los sancionados participaron en el montaje comunicacional de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que jamás existió, difundido además por los diarios La Tercera, Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué Pasa incluso entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como “testigo presencial”. “Yo los vi”, dijo Rodolfo. “Por los faldeos de esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. “Entre ellos había dos mujeres, y los hombres las ayudaban a salar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo”, relata a Qué Pasa, con aplomo”, aseguró la edición Nº 240 de la revista, que el 27 de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la mentira hecha periodismo.

La DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso con la complicidad de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico del régimen militar, donde laboraban muchos periodistas con formación universitaria que aún se encuentran activos e incluso enseñan la profesión en diferentes universidades privadas, incluido el ramo de “ética periodística”.

En rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional para disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas en el Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi. Este episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada, ocurrió el 19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como “El Caso Rinconada de Maipú”. Otros montajes periodísticos de esa misma época, como el “Caso de Los 119” u “Operación Colombo”, de junio de 1975, encubrieron asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura. También el periodista Augusto Carmona Acevedo fue asesinado por la espalda en 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Santiago, pero la versión periodística lo hizo aparecer como muerto en un “enfrentamiento” a balazos, pero no tuvo la oportunidad de defenderse de sus asesinos todavía impunes.

Asesinatos selectivos

El juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica, embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno –asesinado el día anterior–; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 64 años, padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andrés Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés. La muerte anterior de Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento de verdad, desencadenó la feroz venganza de la DINA contra su familia.

Las siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por la Policía de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general retirado de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, decidió dividir el grupo y enviar a la DINA a quienes terminaron muertos. También fue detenida Isabel Gallardo, junto con otro hermano llamado Guillermo Gallardo Moreno, su madre Ofelia Moreno Aguirre y dos niños menores, sobrinos suyos, que fueron dejados en libertad esa misma noche del día 18.

Las víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa Grimaldi, fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, o con otros familiares como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares de trabajo. Todas estas personas fueron vistas todavía vivas por otros detenidos de ese centro de la DINA. Isabel Gallardo y su madre, en cuanto quedaron en libertad, iniciaron de inmediato las gestiones por sus seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por las iglesias cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la sorpresa de ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN, Julio López Blanco, en cuclillas desde el entonces fundo La Rinconada de Maipú, al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían muerto allí, en un “violento enfrentamiento”. Como “prueba” irrefutable, López Blanco exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso militar.

El asesianto de cinco miembros de la familia Gallardo y de otros disidentes políticos de la dictadura fue investigado por la justicia del crimen, en el proceso judicial caratulado “Familia Gallardo-Gangas”, Rol 2.182-98, a cargo del juez Alejandro Solís Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también citó a declarar a López Blanco y al ex DINA Araya, entre otros. Según la acusación de Isabel Gallardo, Julio López Blanco, que actualmente trabaja en Mega visión, propiedad de Ricardo Claro, tuvo una actuación “mal intencionada y mentirosa, como se ha comprobado en el curso de la investigación judicial”. Claudio Sánchez, quien también trabaja en Megavisión, emitió un informe parecido por el Canal 13 de la Universidad Católica.

Incoherencias del género “periodismo de ficción”

“Están los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías, muchas vainillas vacías”, reportó el periodista Julio López, vestido con un impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación baja, donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna de ningún “violento enfrentamiento”, excepto las cápsulas que enseñó a los televidentes. “Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y muchas otras más esparramadas por aquí en el cerro”, subrayó López Blanco. Más o menos una vainilla por cada víctima.

“Las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA”, continuó “informando” el periodista López. “Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el mismo lugar donde cayeron los extremistas nos dará los nombres de ellos y otros antecedentes de este espectacular suceso”. Y aquí intervino el periodista-agente: “Este es el sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y los seis extremistas; como puede observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los extremistas parapetados”.

Araya muestra el lugar donde la DINA habría lanzado granadas: “Aquí están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos, aquí hay una marca que se hizo posteriormente, para marcar donde cayó uno de ellos”. Este periodismo de ficción articulado por la DINA a través de “la televisión de todos los chilenos” era de tan mala calidad y mentía tan impunemente que el agente Araya habló de una refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y [los] seis extremistas pero luego leyó siete nombres de su propia lista de muertos. Es decir, hubo siete muertos en una refriega en que sólo participaron seis supuestos “extremistas”.

El responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa Vicente Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado la ejercía Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez Venegas hizo un despacho similar “en vivo” por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar la transmisión que realizó Claudio Sánchez. “Al respecto y una vez revisados los archivos audiovisuales de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular una nota realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece también en pantalla”, dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre de 2006, por Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica. El jefe máximo de la Iglesia Católica, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del Colegio de Periodistas.

Rozas involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó facilitar el video aduciendo un juicio laboral entre el periodista y la estación de TV, a menos que “el Sr. Sánchez acepte de manera fehaciente su total acuerdo a que el material sea facilitado, eximiendo a Canal 13 de toda responsabilidad por dicha entrega”. Sánchez no colaboró con la investigación del tribunal metropolitano y rehusó concurrir a declarar, a diferencia de los demás imputados, quienes sí reconocieron la tuición del Colegio de Periodistas sobre la conducta ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez fue sancionado por no colaborar con la investigación sobre su propia conducta ética.

Seis asesinos procesados por el crimen

El ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el asesinato múltiple se produjo el 19 de noviembre, el mismo día de la transmisión del montaje comunicacional, y sometió a proceso por este crimen a Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, todos del Ejército, “en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal”. Todos estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.

Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en “periodista” gracias a su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA, y a un cursillo de “corresponsales de guerra” del Ejército, según su declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal, designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo. Araya relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en TVN para manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso que Pérez, el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las declaraciones de estos jefes sorprenden, porque ahora indican que sus cargos eran nominales, aunque se supone que cobraban puntualmente sus salarios, pero en la práctica no tenían idea de qué ocurría bajo sus narices. Pérez, que también fue jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar… periodismo.

La amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde se desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora local, mientras el futuro fundador de la DINA ejercía la jefatura del regimiento Tejas Verdes, donde también se cometieron numerosos asesinatos de presos políticos. Los tribunales del crimen establecieron que Araya entregó a la DINA nombres, domicilios y datos de dirigentes de estibadores y supuestos izquierdistas del puerto de San Antonio para su posterior detención y eliminación.

“Desearíamos que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus pares sino también por la sociedad toda; por su conducta indecente y vergonzante comparada con la de otros valientes periodistas que dieron incluso la vida, por reflejar la verdad de los hechos”, aseguró Isabel Gallardo al conocer el fallo. También insistió en la culpabilidad penal “del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en 1975, el general en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su cargo; a parte de los funcionarios civiles y militares de la EX DINA, sometidos a proceso en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de febrero de 2006”. Añadió que “este fallo, que nos llegó justo el Día de la Madre, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que necesitábamos y ha sido altamente valorado por nuestras familias”.

Los cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo. Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio. 

 


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