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Miguel Segundo Letelier Verdugo

Suboficial de Ejercito

Agente DINA - CNI

C.I.: 5.347.966-9

Domicilio: Andalucía 421, Talca

Miguel Segundo Letelier Verdugo, fue condenado a la pena de ocho (8 ) años de presidio mayor en su grado mínimo por la responsabilidad de autor material del delito de homicidio calificado del líder sindical Tucapel Jiménez cometido el 25 de febrero de 1982 en una operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En enero de 2008 salió en libertad desde el penal de Punta Peuco el suboficial (R) de Ejército Miguel Letelier Verdugo, coautor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez


Primera Línea, 16 de Abril  2002

Ejército recontrata a oficiales implicados en casos de DD.HH.

Un alto funcionario de gobierno se encontró, hace un tiempo, a boca de jarro con un vehículo que viajaba campante contra el tráfico por la comuna de La Reina. Como llevaba chofer, el funcionario creyó que se trataba de un auto oficial y pensó en las críticas que el hecho podría desatar. Anotó la patente y planeó reprochar a quien fuera el díscolo su mal comportamiento.

Pero el auto no pertenecía a La Moneda, sino al Ejército.

Según una investigación periodística de La Nación, el pasajero anónimo era el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, el ex secretario general del Ejército y mano derecha del general Pinochet, quien ha sido contratado como civil por la institución, a pesar de que pasó a retiro en una tormentosa polémica por su vinculación con el homicidio del español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

La recontratación de Lepe fue confirmada por una alta fuente del Ministerio de Defensa, quien pidió reserva de su identidad.

No es el único caso. La fuente ratificó que en el mismo caso se encuentra el brigadier (R) Miguel Krassnoff Marchenko, procesado por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi.

Lepe Orellana se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar, mientras que Krassnoff es todavía el gerente del Hotel Militar de Oficiales, ubicado en Providencia 1219, aunque actualmente está suspendido pues está detenido por orden judicial en el Comando de Telecomunicaciones desde noviembre del año pasado.

Ante consultas sobre las nuevas funciones de Lepe y Krassnoff, el Ministerio de Defensa reveló el viernes pasado que ambos prestan servicios a contrata y como civiles para la institución.

"Se le ha manifestado al Ejército la inconveniencia de que esta situación se mantenga", dijo la fuente consultada en el Ministerio. "El Ejército expresó comprensión hacia nuestro punto de vista". Por lo tanto, esa repartición espera que se "tomen medidas".

De acuerdo con la fuente consultada la contratación de ambos es legal "pero constituye una incoherencia con el espíritu de colaboración en materia de derechos humanos que el Ejército ha demostrado a través de la mesa de diálogo".

El Departamento de Relaciones Públicas del Ejército declinó entregar información o comentar estos hechos. La práctica de contratar como civiles a los uniformados que jubilan les permite a estos mejorar su pensión con un segundo ingreso.

Nada extraordinario

Según una persona de gran cercanía con Miguel Krassnoff  -quien habla a condición del anonimato- el oficial en retiro espera reintegrarse a su trabajo en el hotel en cuanto se le conceda la libertad provisional que ha solicitado repetidamente al Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, donde se investiga la desaparición de Manuel Cortés Joo.

Ese expediente acaba de pasar a las manos del ministro de fuero Juan Guzmán. El magistrado también procesó a Krassnoff por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi, pero le concedió el derecho a la libertad provisional.

"Miguel Krassnoff no es el único oficial involucrado en este tipo de casos que presta servicios como civil en el Ejército. Es una situación generalizada", afirma la fuente cercana al militar.

Es común que los uniformados que pasan a retiro por razón del servicio sean recontratados como civiles por su institución y estar vinculado a juicios por violaciones a los derechos humanos no es un impedimento, revela.

"No hay nada cuestionable en ello. No se trata de personas per sé sádicas, fascistas, crueles o como quiera llamárseles. Se trata de oficiales obedientes que cuando ocurrieron estos hechos tenían algo más de 20 años. Ellos sólo cumplieron órdenes y, por lo demás, desarrollaron una carrera impecable. Es normal que el Ejército quiera continuar contando con sus servicios", explica.

Lepe, en tanto, nunca fue procesado, pues el juicio en que se investigaba la muerte de Carmelo Soria fue amnistiado por la Corte Suprema, pero el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle vetó su ascenso al cuerpo de generales en 1997, en medio de una agria polémica pública.

Así, el hombre que llevaba la agenda del general Augusto Pinochet, se convirtió en un brigadier sin destinación hasta septiembre del 2000 cuando se acogió a retiro. En esa oportunidad el ministro del Interior, José Miguel Insulza, alabó su partida.

Carmen Soria recordó que según consta en las investigaciones judiciales y en los testimonios de los ex agentes José Ríos San Martin y Michael Townley, Lepe se disfrazó como carabinero para secuestrar a su padre y luego habría participado en las sesiones de tortura que se le practicaron.

"Los exonerados políticos, que no cometieron ningún crimen salvo pensar distinto, no pudieron nunca más trabajar en la administración pública", opina. "Y sin embargo, estas personas que están vinculadas a crímenes atroces, continúan gozando de privilegios a costa de todos los contribuyentes. Es una burla y una atrocidad".

No sólo en el Ejército

Entre los antecedentes surgidos en el proceso por el crimen de Tucapel Jiménez figura que dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, prestaban servicios en el Ejército a honorarios hasta que, en virtud del auto de procesamiento que les afecta, quedaron en prisión preventiva.

Según fuentes cercanas a su defensa, sus servicios "eran necesarios pues se trata de personal de inteligencia y servicio secreto. No hay que volar muy alto para suponer que hay cierta información y contactos que se mantienen a pesar de haber salido a retiro". No obstante, la fuente desmiente información extraoficial en cuanto a que continuarían colaborando en forma esporádica desde la reclusión.

De acuerdo con los antecedentes, no sólo en el Ejército personal implicado en acusaciones por violaciones a los derechos humanos ha sido recontratado.

En la Aviación, el ex agente de la DINA, coronel (R) Mario Jahn Barrera, es el director del Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80. Jahn Barrera fue en los años 70 uno de los jefes de la DINA que, usando el seudónimo de Luis Gutiérrez, se convirtió en el "embajador itinerante" entre los países que conformaron la red de cooperación en labores represivas conocida como "Operación Cóndor", de acuerdo con los antecedentes surgidos de los llamados "archivos del terror" de la dictadura de Alfredo Stroessner y que forman parte de la querella interpuesta en su contra ante el ministro de fuero Juan Guzmán. Barrera no figura, sin embargo, como procesado en esta causa.

Uno de los pilotos de la "Caravana de la muerte", Emilio Robert de la Mahotiere, se desempeña desde 1996 en Seguridad Operacional de la Dirección de Aeronáutica, en un contrato que se le renueva en forma anual. En su caso, si bien su participación como el piloto militar que transportaba al grupo comandado por Sergio Arellano está demostrada en el proceso, el ministro Juan Guzmán no lo consideró merecedor de castigo penal.

El Departamento comunicacional de la Dirección de Aeronática respondió que "no entregamos información sobre el detalle de la planta de nustra institución".

Fach da explicaciones por recontratación de oficiales implicados en casos de DD.HH.

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) respondió esta mañana por distintos cauces que no existe impedimento legal, "ni se puede discriminar" en la recontratación de personal retirado, en respuesta a denuncias de que oficiales implicados en violaciones de Derechos Humanos durante el régimen militar habían vuelto a esa institución.

También sobre este tema, el Ejército declinó referirse sobre los empleos dados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Jaime Lepe.

Si bien la institución declinó entregar una versión oficial, una alta fuente declaró que "mientras no exista una resolución judicial condenatoria no se puede discriminar a una persona".

A su vez, el Departamento Comunicacional de la Fach aclaró que, uno de los ex oficiales cuestionados, el coronel (R) Mario Jahn Barrera, fue recontratado como director del Museo Aeronáutico y como tal no depende de la Institución directamente, sino que de la Dirección Nacional de Aeronáutica civil.

En tanto, el abogado de la Fach Jorge Balmaceda aclaró que el DFL1 o Estatuto de las Fuerzas Armadas, permite el llamado a servicio activo y la contratación de personal antiguo, por lo que no existe impedimento legal. "El hecho de que se hayan cometido o no delitos, es de carácter personal, por lo que los tribunales de justicia deben pronunciarse a través de un debido proceso de derecho, no por especulación o simples declaraciones", señaló el profesional.

Ejército

El Ejército no hará ningún tipo de referencia al tema sobre la recontratación de personal en retiro que participó en la ex DINA -casos de los brigadieres Miguel Krassnoff y Jaime Lepe- y que estaría involucrado en violaciones a los derechos humanos.

Se informó que se trata de materias ya conocidas y que las autoridades que pueden referirse al tema se encuentra en gira con el comandante en jefe de la institución, teniente general Juan Emilio Cheyre


La Tercera, 5 de Agosto
Fallo de primera instancia se produce a 20 años del crimen CASO TUCAPEL: Perpetua
para Herrera; Corbalán, absuelto
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.


La Nación, 23 De Octubre 2003

Corte Suprema revisa apelaciones en caso Tucapel

 La Segunda Sala de la Corte Suprema comenzó hoy a revisar las apelaciones a las condenas emitidas en segunda instancia en el caso Tucapel Jiménez, asesinado por la CNI en febrero de 1982.

El pasado 24 de septiembre el máximo tribunal del país declaró admisible la mayoría de los recursos de casación (anulación) presentados por los implicados en el caso, a excepción del recurso presentado a favor del mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, a quien se le confirmó la condena a cadena perpetua por el crimen del líder sindical y del carpintero Juan Alegría Mundaca.

En la causa aparecen mencionados el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (r) Ramsés Alvarez, y los ex agentes Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, entre otros, quienes también fueron condenados por el ministro instructor Sergio Muñoz.


La Nación, 23 de Marzo 2004

A Punta Peuco los condenados por caso Tucapel

Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas.

Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra.

De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales.

A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983.

Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.


El Mercurio, 27 de Abril 2007

Suboficial (r) Miguel Letelier, uno de los autores materiales del crimen: Homicida de Tucapel Jiménez logra beneficio de la libertad condicional

La Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió conceder el beneficio al suboficial (r) Miguel Letelier Verdugo, quien está condenado a ocho años de prisión, como autor material del homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982.

Según los antecedentes recabados, el suboficial (r) reunía todos los requisitos porque le quedaba poco tiempo para cumplir su sentencia.

La Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones sesionó durante dos días, durante los cuales se revisaron los informes técnicos de Gendarmería.

En el día ayer concluyeron el trabajo y las votaciones de los beneficiados de este primer semestre.

Los resultados oficiales se conocerán la próxima semana. Luego, los antecedentes serán revisados por la seremi de Justicia, que debe tomar la decisión definitiva.


Terra.cl, 30 de Abril 2007

Tras libertad de autor del crimen

El abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Leonardo Aravena Arredondo, haciendo referencia a la reciente libertad condicional otorgada al suboficial (r) Miguel Letelier, uno de los autores materiales del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, sostuvo que “han pasado 25 años desde que, con alevosía, se cometió ese crimen horrendo, acto en el que los homicidas actuaron concertados, con superioridad de número, por sorpresa, sobre seguro, con absoluta desproporción de los medios empleados, sin dar a la víctima ninguna posibilidad de defensa, acuchillando y baleando por la espalda”.

Aravena, quien también es integrante de Amnistía Internacional sección Chile, manifestó que “por no tratarse de un homicidio más, parece grave el olvido sin dejar una enseñanza. No basta con una romería y un homenaje. Es necesario recordar lo sucedido, el extremo al que llevó la garantizada impunidad a los malhechores, porque crímenes ocurren todos los días y, no obstante siempre ser repudiables, éste es diferente, porque el homicidio de Tucapel Jiménez resulta señero”.

Agregó que “la motivación, la ejecución cruel y fría, la calidad de la víctima, la investigación demorada judicialmente por años para asegurar impunidad, deben mantenerse presentes en la memoria de Chile para que actos tan crueles, que sólo pueden tener lugar concebidos, instigados y ejecutados por mentes enfermas, amparadas en una distorsión del ejercicio del poder absoluto, no vuelvan a ocurrir.

El abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central manifestó que todo el país debe tener presente los hechos que terminaron con la vida del sindicalista. De esta forma, dijo, “redoblaremos la lucha por los derechos de todos y el respeto mutuo, es el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria. Debemos hacer que, al menos, su muerte no haya sido en vano y asegurarnos que nuestra sociedad está de verdad en vías de mejoría, en la esperanza de dejar atrás el abuso, la locura y el descontrol”.


La Nación, 11 de Enero 2008

Libre asesino de Tucapel Jiménez

En libertad salió el viernes pasado desde el penal de Punta Peuco el suboficial (R) de Ejército Miguel Letelier Verdugo, coautor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez cometido el 25 de febrero de 1982 en una operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Letelier obtuvo el beneficio luego de cumplir su pena de ocho años a la que fue condenado en el proceso que instruyó el juez Sergio Muñoz, último magistrado que tuvo a cargo esta causa.

Nunca mostró arrepentimiento del crimen, como sí lo hizo el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, indultado en 2005 por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Su decisión fue en aquel momento duramente criticada por el actual diputado independiente Tucapel Jiménez, hijo del dirigente.

Ambos suboficiales hoy en retiro fueron junto al mayor Carlos Herrera Jiménez los tres autores materiales del homicidio. Herrera cumple por ello presidio perpetuo en el penal Punta Peuco. Gendarmería confirmó a La Nación la salida de Letelier Verdugo "tras haber cumplido íntegramente su condena de ocho años".

Al suboficial (R) que integró la DINE le fue computado el período que estuvo detenido antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema confirmara el 9 de marzo de 2004 las condenas aplicadas por el juez Sergio Muñoz en su sentencia del 5 de agosto de 2002.

A pesar de que el juez Muñoz ya conocía durante la investigación las identidades de Letelier y Contreras Donaire como quienes acompañaron a Herrera a cometer materialmente el crimen, en la fase probatoria y pública del juicio quedó para el recuerdo el momento en que a Herrera, respondiendo consultas del juez Muñoz, se le escaparon de la boca los nombres de ambos.

Hasta ese instante Herrera nunca había mencionado las identidades de sus dos acompañantes.

También mostró después arrepentimiento por el crimen, e incluso pidió perdón público a la familia del líder sindical, pero hasta ahora nunca le ha sido concedido el indulto presidencial que ha solicitado.


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