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Jorge Luis León Alessandrini

Medico Odontólogo

Agente CNI - DINE

C.I.: 6.227.713-0

Jorge Luis León Alessandrini, cirujano dentista de la Universidad de Chile desde el año 1974, ingresó a prestar servicios en tal calidad profesional al Ejército desde 1975, entre cuyas destinaciones pasa al Cuerpo de Inteligencia del Ejército a principios de 1981 y hasta noviembre de 1982. Se reintegra al Ejército en 1991, desempeñándose nuevamente en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Jorge León Alessandrini esta implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

Fuentes de Información: El Siglo; Punto Final; La Nación; La Tercera; El Mercurio; Archivo Memoriaviva


Punto Final

6 de octubre 2000

EL BRAZO EJECUTOR DE LA DINE

La tercera sala de la Corte de Apelaciones ratificó el pasado 4 de julio una resolución del ministro Muñoz que dejó sin efecto siete autos de procesamiento. Esta decisión favoreció a Misael Galleguillos, ex secretario general de la SGG; Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, y a cinco ex agentes de la CNI. Ellos son el teniente coronel retirado Raúl Descalsi Sporke -quien aparecía como presunto autor-; Nelson Hernández Franco; Raúl Lillo Gutiérrez; Héctor Lira Aravena y José Ramírez Romero, ex capitán y ex suboficial de Carabineros, respectivamente. En el proceso, los dos primeros aparecían vinculados a la investigación inicial del dirigente de la ANEF, y los otros cinco a los seguimientos previos al asesinato. Tanto la parte querellante como el CDE presentaron una apelación por esta resolución, pero fue rechazada. "Nosotros creemos que están implicados y vamos a insistir", dice Saavedra. De la CNI sólo siguen procesados el subdirector de la CNI, Roberto Schmied, y los ex agentes Humberto Calderón Luna, Miguel Hernández Oyarce y Julio Olivares Silva. Sin embargo, Sergio Muñoz optó por concentrarse en lo medular, apuntando a los autores materiales e intelectuales del asesinato, pertenecientes a la DINE. El 21 de junio sometió a proceso los suboficiales José Cáceres y Humberto Olmedo, en calidad de autores, y a Juan Carlos Arriagada, como cómplice. El 10 de julio hizo otro tanto con el dentista Jorge León Alessandrini, quien estaba en la DINE bajo las órdenes de Arriagada, acusado de proporcionar el revólver Pasper calibre 22 con que mataron al dirigente sindical.

Entre los procesados hay dos ex generales que fueron directores de la DINE: Ramsés Alvarez Scoglia (presunto autor) y Hernán Ramírez Rurange (encubridor), a quien se acusa de permitir la salida a Argentina de Carlos Herrera en 1991 para eludir la acción de la justicia. También figuran como autores el ex comandante del DINE, brigadier retirado Víctor Pinto Pérez, Manuel Contreras Donaire y Leonardo Quilodrán. Además, Galvarino Ancavil Hernández, ex agente CNI, quien supuestamente vive en Francia. De aquí a fin de año podría ser procesado como cómplice un general en servicio activo, hecho que ocurriría por primera vez. Según el diario electrónico "El Mostrador", se trataría de Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército (CIMI), y ex subdirector de la Academia de Guerra. Alessandrini y Arriagada estaban bajo su mando al momento del asesinato. Tampoco se descartan diligencias que involucren a Pinochet, a quien el juez especial envió un exhorto cuando se encontraba detenido en Londres que el ex dictador no respondió "por no disponer de archivos a su alcance". Carlos Herrera Jiménez, presunto autor de los disparos, prestaba servicios en la CNI, donde adquirió fama como ejecutor. Sin embargo, dos meses antes del asesinato de Tucapel Jiménez, entre noviembre y diciembre de 1981, fue trasladado al DINE y sólo retornó a la CNI después de ocurrido el crimen, a fines de marzo o comienzos de abril de 1982. Es decir, participó en el homicidio bajo las órdenes de Alvarez Scoglia, un militar conocido por su carácter arrebatado y "de pocas luces", que hacía méritos para quedar bien parado ante Pinochet. En conocimiento de estos hechos, Jorge Mario Saavedra declaró que "el ejército ocultó información o mintió, porque en el expediente hay dos oficios de esa institución que dicen que Herrera pertenecía a la CNI a la fecha del crimen".


Punto Final

6 de octubre de 2000

EL CRIMEN VISTE DE MILITAR: Caso Tucapel Jiménez: la verdad se acerca

TUCAPEL Jiménez Alfaro, presidente de los empleados fiscales, asesinado en 1982.
Antes de fin de año debería haber sentencia en primera instancia en el proceso por el asesinato del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Francisco Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982. Así se podrá cerrar un difícil proceso de 18 años y aclarar uno de los crímenes que impactó a los más diversos sectores de la sociedad. Sus secuestradores se ensañaron. Luego de dispararle, lo degollaron, y más de un año después apareció en Valparaíso el cadáver de un modesto carpintero, Juan Alegría Mundaca, quien dejó una nota inculpándose del crimen del sindicalista. El montaje de este supuesto suicidio fue tan cruel y grotesco como el crimen que trataba de encubrir. Después de 17 años de oscurantismo judicial en que la investigación de estos hechos a cargo del ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño se mantuvo estancada, la verdad está muy cerca. En poco más de un año, el ministro especial que lo sustituyó, Sergio Muñoz, aclaró y dictó sentencia por el asesinato de Alegría Mundaca, la que fue confirmada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago: cadena perpetua para Alvaro Corbalán, mayor de ejército en retiro y ex director operativo de la CNI; el ex mayor Carlos Herrera Jiménez (alias "Bocaccio") y el suboficial Armando Cabrera Aguilar ("Viejo Charlie").

El caso de Tucapel Jiménez, con quince procesados que en su mayoría pertenecieron a la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), está prácticamente aclarado. Sólo podrían agregarse a la lista de responsables dos o tres nombres de ex uniformados de alta jerarquía, entre los cuales podrían estar un general en servicio activo e, incluso, Augusto Pinochet. La condena contra Alvaro Corbalán -en primera y segunda instancia- es la más alta aplicada a un miembro de las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos. Y, hasta ahora, el teniente general retirado Humberto Gordon, ex director de la CNI, miembro de la junta militar y "brazo derecho" de Pinochet fallecido el 15 de junio de este año, fue el militar de más alta graduación detenido en forma preventiva y procesado como cómplice por el homicidio del sindicalista.

UN HOMBRE PACIFICO

"Mi padre habría vivido cien años, porque sus hermanas están por los 90 y se mantienen muy bien", dice el ingeniero Tucapel Jiménez Fuentes, el menor de los tres hijos del ex dirigente de la ANEF y su esposa, Haydée Fuentes, fallecida el pasado 15 de junio, fecha que curiosamente coincidió con la muerte de Gordon. "Nunca voy a entender por qué lo mataron. Toda su vida fue una persona pacífica, transparente... y tenía amigos en todos los sectores, entre los militares y entre los comunistas", agrega. El tenía entonces 19 años y lo recuerda alegre y querendón con la familia.

A los 17 años, Tucapel Jiménez había empezado a trabajar como cargador en lavaderos de oro y poco después fue elegido dirigente sindical. "Su carrera es admirable, porque desde el puesto más bajo llegó a ser jefe de Presupuesto, y hasta en una oportunidad le ofrecieron ser director de Dirinco, pero no aceptó", comenta su hijo. En esa repartición estatal lo conoció Jorge Mario Saavedra, el abogado que ha representado a la familia durante todo el proceso judicial. "Yo era presidente de la asociación de empleados de Dirinco y él presidía la ANEF -señala-. Era extremadamente leal con sus compañeros y un radical muy sui generis, porque primero que todo era dirigente de su gremio. Muchas veces el partido le decía que tenía que hacer tal cosa, y se largaba a reír". Saavedra recuerda que cuando se dividió el Partido Radical durante el gobierno de la Unidad Popular -un ala se pasó a la oposición-, Tucapel Jiménez se mantuvo en el sector tradicional "aunque se acercó un poco más al PIR (Partido de Izquierda Radical), donde estaban Luis Bossay, Alberto Baltra y René Abeliuk". Lo cierto es que en ese momento la relación con su partido era conflictiva y en la primera etapa posterior al golpe tuvo una postura de acercamiento a la dictadura militar. Lo más discutido fue su participación en una reunión de la OIT en Ginebra. "El se negaba a ir, pero al final accedió porque los militares se lo pidieron por favor y le prometieron varios beneficios para los trabajadores fiscales -explica Jiménez Fuentes-. Cuando volvió se dio cuenta que había sido engañado, y entonces se distanció de la dictadura".

Jiménez Alfaro fue exonerado de Dirinco en 1981, un año antes de su asesinato. "Con el desahucio se compró un taxi Datsun, pero no lo trabajaba mucho porque pasaba casi todos los días en la ANEF -cuenta su hijo-. En esa época empezó a recibir su jubilación y bajaron nuestros ingresos familiares".

?TRAIDOR A LA PATRIA?

A comienzos de los años 80 la resistencia social y política contra la dictadura empezó a manifestarse más abiertamente en las calles, mientras representantes de partidos opositores conformaban el Grupo de los Diez con el objetivo de lograr una salida pactada de los militares. Ahí estaba Tucapel Jiménez haciendo gestiones para intentar agrupar a los trabajadores en una organización única que, entre otras cosas, llevara adelante un paro nacional. En declaraciones a la prensa, el presidente de la ANEF aludió a sus buenos contactos con la AFL-CIO, organización creada por Estados Unidos, para apoyar un boicot internacional que implicaba no descargar barcos chilenos en puertos extranjeros. En los archivos del juez Muñoz se registra la airada respuesta de Pinochet, quien afirmó que no aceptaría que nadie viniera a "sembrar cizaña" y que para Jiménez "están abiertas las puertas del exilio". Eso fue un par de días antes de su asesinato. Jorge Mario Saavedra agrega otro elemento: "Todos sabíamos que a Pinochet lo tenía loco Lech Walesa, que en esa época estaba desestabilizando el régimen socialista en Polonia. Le parecía aterrador que sucediera algo parecido en Chile, y por ahí veía en Tucapel un Walesa. Por eso le tenía tanta fobia". Pero lo que a su juicio fue decisivo para que la dictadura sentenciara a muerte al presidente de la ANEF fue que sus conversaciones y nexos estaban excediendo el ámbito de los trabajadores para ampliarse a sectores profesionales, técnicos... y militares. Según estableció la investigación judicial, en el "caso Tucapel" intervinieron tres instituciones: la Dirección de Organizaciones Civiles, que dependía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Gremios (SNG) presidida por Misael Galleguillos; la CNI, que dirigía el general Humberto Gordon (1980-1986), y el DINE, cuyo director era el general Ramsés Arturo Alvarez Scoglia. "Una brigada laboral que trabajaba con la SNG empezó a trabajar y a obtener información de Jiménez -agrega Saavedra-. Entre esta secretaría y la CNI hicieron del sindicalista una figura pública digna de sufrir represalias de parte del gobierno militar. Lo seguían, le grabaron la vida entera. La CNI contrató a su junior -Julio Olivares Silva, hoy procesado-, y le pagó para que le informara de todos sus pasos. Era hijo de una amiga de la esposa de Tucapel, que estaba cesante y a quien él le había dado trabajo para ayudarlo".

Forman parte del proceso dos artículos publicados en "La Nación", donde se calificó a Tucapel Jiménez como "traidor a la patria". Sus autores -uno de ellos conocido con el seudónimo de "Garlito"- eran periodistas que integraban una organización política en gestación de corte fascistoide, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS) que comandaba Misael Galleguillos. "Aplicar a alguien el concepto de traidor a la patria en un gobierno militar es condenarlo a muerte", concluye Jorge Mario Saavedra. La familia siempre estuvo consciente del peligro. "Recibimos amenazas constantes, más o menos desde el 78 al 82 -dice Tucapel hijo-. Cuando llegaba mi papá, le bajaba el perfil a la situación. ¿Quién te va a matar a ti?, comentaba riéndose. Nos fuimos acostumbrando, las amenazas eran una especie de rutina.

Pero a fines de 1981 él me entregó un caset y me dijo que lo escucharámos cuando ya no estuviera con nosotros. Nunca pensé que era una despedida. Allí nos habla a todos, como grupo familiar, y luego a cada uno de nosotros. Nos pide que tengamos tranquilidad, dice que él nos va a estar cuidando desde el más allá. Al final, se despide de los trabajadores y de su querida ANEF. Aunque no lo exteriorizaba, estaba más consciente que nadie del peligro".

ASESINATO EN LAMPA

Lo más probable es que Tucapel Jiménez no se diera cuenta que lo estaban siguiendo cuando salió de su casa en la mañana del 25 de febrero de 1982. De pronto apareció un conocido suyo que hizo detener su taxi. Era el carabinero Luis Pino Moreno, casado con una sobrina suya. Participaba del plan fraguado por un grupo especial del Cuerpo de Inteligencia del Ejército en el DINE, actual Batallón de Inteligencia, según consta en el relato judicial. El juez Muñoz describe que la detención del taxi de Tucapel "es aprovechada al menos por tres sujetos para subirse al automóvil (del sindicalista), a quien se le obliga a dirigirse por el camino Renca-Lampa". Lo siguieron otros dos vehículos pintados con los colores reglamentarios de taxi y lo hicieron estacionarse en un sector aislado.

Entonces, relata el juez, "uno de los sujetos, obrando sobre seguro y premeditadamente procedió a dispararle a Tucapel Jiménez en cinco oportunidades en la cabeza". El autor de los disparos fue Carlos Herrera Jiménez. En seguida, el dirigente sindical fue degollado. Cuando lo encontraron, su cuerpo presentaba tres heridas punzocortantes en la región cervical. Antes de abandonar el lugar, los asesinos "sustrajeron un taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta y documentos personales de la víctima" para sugerir un asalto con fines de robo.

LA DESGRACIA DE ALEGRÍA

El carpintero Juan Alegría Mundaca vivía en Valparaíso separado de su esposa. Era alcohólico, y llevaba una vida tan marginal y solitaria en la Población O?Higgins de Playa Ancha que podía desaparecer varios días sin que nadie lo notara. Su esposa, Esmeralda Castillo Monárdez, se había separado de él hacía un año y vivía en Casablanca. Era el personaje tipo que buscaba la CNI para "cerrar" el caso Tucapel. "Lo horroroso de este crimen, y una de las razones del pánico que despertó, es la maldad con que se actuó -señala Jorge Mario Saavedra-. Porque luego de caracterizar un tipo ideal de persona que les serviría para tapar el crimen de Tucapel, Herrera Jiménez y Francisco Zúñiga (conocido como "el Gurka Zúñiga", ya fallecido) se vistieron de carabineros y salieron dos o tres noches a la calle para controlar gente, hasta que encontraron al individuo adecuado. A Juan Alegría lo emborracharon, después lo llevaron a su casa, donde lo hipnotizaron para que escribiera la carta donde se culpaba del crimen de Tucapel, y luego le cortaron las muñecas. La alcoholemia demostró que tenía 2,95 gramos de alcohol por litro de sangre, o sea, se encontraba en estado catatónico". El supuesto suicidio de Alegría fue puesto en duda desde el primer momento. Los cortes que lo desangraron eran tan grandes y profundos -de 8 por 4 centímetros, según la autopsia-, con seccionamiento de tendones, arterias y venas, que era imposible que se hubiera provocado una herida de esa magnitud en una muñeca y con la misma mano repetir la operación en la otra.

JUECES... Y JUECES

Los primeros ocho años de investigación a cargo de Valenzuela Patiño "fueron como estar en el desierto", dice Saavedra. Nadie cooperaba y tampoco había plata para costear el juicio. "Después Carlos Herrera se fue a Argentina (1991) y hubo que seguirlo e investigar, porque nadie más lo hacía -agrega el abogado-. Si bien los funcionarios de Investigaciones eran correctos, no sucedía lo mismo con su director, el ex general Fernando Paredes. Cuando llegó la Concertación al gobierno, nos pusieron personal a disposición, pero seguíamos topando con la abulia del ministro Valenzuela y con el poderoso equipo defensor que hasta hoy me obliga a litigar día por medio contra 18 ó 20 abogados".

Después de firmar la querella -hubo otra de la ANEF-, Tucapel hijo se fue a vivir a Suecia con su madre. "Cuando volví, en 1995, lo primero que hice fue entrevistarme con Valenzuela Patiño y concluí que había que cambiar de ministro en visita -dice-. Me dijo, incluso, que el proceso lo tenía hasta aquí (se toca la frente al tope). ¿Por qué no se inhabilitó, entonces? Lo único que le interesaba era cerrar la causa sin culpables". Sergio Valenzuela tiene un hijo que pertenecía a la CNI, pero el joven Tucapel prefiere pensar que su inoperancia se debe a que "es un mal juez y el proceso le quedó grande". Tras varios intentos infructuosos, el cambio de ministro se logró recién en 1999 con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte en el proceso en 1996. Le parece increíble "que un ministro como Valenzuela Patiño siga en los tribunales tomando decisiones importantes". Con los mismos antecedentes en poder de Valenzuela Patiño, el ministro Sergio Muñoz dictó el fallo en primera instancia en el caso de Juan Alegría, que fue ratificado por unanimidad por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 19 de julio. Esto es, cadena perpetua para los autores: Alvaro Corbalán Castilla -quien cortó las muñecas del carpintero, de acuerdo con los testimonios recogidos en el fallo judicial-, Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera Aguilar. Los dos últimos tienen en su prontuario otra condena por la muerte del transportista democratacristiano Mario Fernández, ocurrida el 18 de octubre de 1984 . Una cuarta sentencia a presidio perpetuo contra Francisco Zúñiga fue sobreseída por fallecimiento. Osvaldo Pincetti Gac ("Doctor Tormento"), quien hipnotizó a la víctima, recibió una condena como cómplice de 10 años y un día. Además, los jueces acogieron un planteamiento de la parte querellante y ordenaron investigar la posible participación como encubridor de Roberto Schmied Zanzi, ex brigadier y ex jefe metropolitano de la CNI que también está procesado en el caso de Tucapel, y Hugo Alarcón Vergara, chofer de Alvaro Corbalán.

Los condenados presentaron un recurso de casación sobre el cual deberá pronunciarse la Corte Suprema. "La sentencia en segunda instancia es muy completa, de manera que nos parece difícil que se revierta", señala el abogado Saavedra. A su juicio, en el caso de Tucapel Jiménez tendría que haber una sentencia similar. "Son homicidios calificados con seis o siete agravantes y sin ningún atenuante", afirma.

EL BRAZO EJECUTOR DE LA DINE

La tercera sala de la Corte de Apelaciones ratificó el pasado 4 de julio una resolución del ministro Muñoz que dejó sin efecto siete autos de procesamiento. Esta decisión favoreció a Misael Galleguillos, ex secretario general de la SGG; Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, y a cinco ex agentes de la CNI. Ellos son el teniente coronel retirado Raúl Descalsi Sporke -quien aparecía como presunto autor-; Nelson Hernández Franco; Raúl Lillo Gutiérrez; Héctor Lira Aravena y José Ramírez Romero, ex capitán y ex suboficial de Carabineros, respectivamente. En el proceso, los dos primeros aparecían vinculados a la investigación inicial del dirigente de la ANEF, y los otros cinco a los seguimientos previos al asesinato. Tanto la parte querellante como el CDE presentaron una apelación por esta resolución, pero fue rechazada. "Nosotros creemos que están implicados y vamos a insistir", dice Saavedra. De la CNI sólo siguen procesados el subdirector de la CNI, Roberto Schmied, y los ex agentes Humberto Calderón Luna, Miguel Hernández Oyarce y Julio Olivares Silva. Sin embargo, Sergio Muñoz optó por concentrarse en lo medular, apuntando a los autores materiales e intelectuales del asesinato, pertenecientes a la DINE. El 21 de junio sometió a proceso los suboficiales José Cáceres y Humberto Olmedo, en calidad de autores, y a Juan Carlos Arriagada, como cómplice. El 10 de julio hizo otro tanto con el dentista Jorge León Alessandrini, quien estaba en la DINE bajo las órdenes de Arriagada, acusado de proporcionar el revólver Pasper calibre 22 con que mataron al dirigente sindical.

Entre los procesados hay dos ex generales que fueron directores de la DINE: Ramsés Alvarez Scoglia (presunto autor) y Hernán Ramírez Rurange (encubridor), a quien se acusa de permitir la salida a Argentina de Carlos Herrera en 1991 para eludir la acción de la justicia. También figuran como autores el ex comandante del DINE, brigadier retirado Víctor Pinto Pérez, Manuel Contreras Donaire y Leonardo Quilodrán. Además, Galvarino Ancavil Hernández, ex agente CNI, quien supuestamente vive en Francia. De aquí a fin de año podría ser procesado como cómplice un general en servicio activo, hecho que ocurriría por primera vez. Según el diario electrónico "El Mostrador", se trataría de Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército (CIMI), y ex subdirector de la Academia de Guerra. Alessandrini y Arriagada estaban bajo su mando al momento del asesinato. Tampoco se descartan diligencias que involucren a Pinochet, a quien el juez especial envió un exhorto cuando se encontraba detenido en Londres que el ex dictador no respondió "por no disponer de archivos a su alcance". Carlos Herrera Jiménez, presunto autor de los disparos, prestaba servicios en la CNI, donde adquirió fama como ejecutor. Sin embargo, dos meses antes del asesinato de Tucapel Jiménez, entre noviembre y diciembre de 1981, fue trasladado al DINE y sólo retornó a la CNI después de ocurrido el crimen, a fines de marzo o comienzos de abril de 1982. Es decir, participó en el homicidio bajo las órdenes de Alvarez Scoglia, un militar conocido por su carácter arrebatado y "de pocas luces", que hacía méritos para quedar bien parado ante Pinochet. En conocimiento de estos hechos, Jorge Mario Saavedra declaró que "el ejército ocultó información o mintió, porque en el expediente hay dos oficios de esa institución que dicen que Herrera pertenecía a la CNI a la fecha del crimen".

DESLEALTADES MUTUAS

Al aproximarse a la verdad, la tan cacareada lealtad entre los uniformados tiende a resquebrajarse. Antes de morir, Gordon entregó antecedentes al juez Muñoz para desviar la responsabilidad de la CNI hacia la DINE. Entre éstos, una foto de quien, a su juicio, era el autor material del asesinato del sindicalista -el suboficial Manuel Contreras Donaire- y una lista con doce nombres, encabezada por Arturo Ramsés Alvarez y Carlos Herrera Jiménez. Luego de su muerte, el abogado de Gordon le entregó al ministro otros documentos que ratificaban lo que él ya sabía: que Herrera Jiménez estaba en la DINE al momento del homicidio. Alvaro Corbalán, actualmente detenido en el Comando de Apoyo Técnico del Ejército, siempre estuvo muy cerca de Gordon. La lealtad se resquebrajó por otro lado: el testimonio más decisivo en su contra por el asesinato de Alegría fue el de Patricio Roa Caballero, subordinado suyo. A su vez, según consta en el fallo, Corbalán le dijo en una ocasión a la esposa de Alegría Mundaca que le estaban "cargando" algo que no había hecho, y culpó a Herrera y a Pincetti. Y Carlos Herrera, detenido en Punta Peuco, declaró a La Tercera el 11 de septiembre: "Siento que estoy asumiendo más responsabilidades que las que me corresponden". Y opinó que como en 1982 era sólo un capitán que cumplía órdenes, "el alto mando de las Fuerzas Armadas y, muy en particular, el ejército" deben "asumir la responsabilidad penal (...) por las órdenes que dieron o dejaron de dar".

Tucapel Jiménez hijo está tranquilo. Espera la pena máxima para los asesinos "que para mí es cadena perpetua, porque no soy partidario de la pena de muerte". Todavía no se recupera del dolor por el fallecimiento de su madre después de varios meses de batallar contra el cáncer. "Yo la mantenía al día de todo lo que pasaba. Tres días antes de morir me dijo que no iba a alcanzar a ver presos a los culpables del asesinato de mi papá. Le dije que se quedara tranquila, ?el proceso está aclarado y los responsables van a pagar en la cárcel, sino este año, el próximo?. Fue la última vez que conversamos. Y le dije la verdad"


Emol.com, 13 de Junio de 2001

Justicia determinó reabrir sumario por asesinato de Tucapel Jiménez

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó realizar nuevos interrogatorios a Arturo Silva, al ex fiscal del Ejército, Fernando Torres Silva, a Juan Carlos Arriagada, a Jorge León y a Carlos Herrera Jiménez, quien es el autor confeso del crimen del sindicalista, ocurrido el 25 de febrero de 1982.

SANTIAGO.- Por dos votos contra uno la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó reabrir el sumario para realizar nuevas diligencias por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.

Con los votos a favor del ministro Hugo Dolmetsch y Raimundo Díaz , y en contra Cornelio Villarroel, quien estuvo por mantener el cierre del sumario, la Sala estimó realizar nuevos interrogatorios al oficial (r) Arturo Silva Valdés, al ex fiscal del Ejército, Fernando Torres Silva, al mayor en retiro Juan Carlos Arriagada, al dentista Jorge León Alessandrini y Carlos Herrera Jiménez, quien es el autor confeso del crimen del sindicalista, ocurrido el 25 de febrero de 1982.

El sumario ya había sido cerrado anteriormente por el ministro Sergio Muñoz.

Como presuntos autores del crimen de Tucapel Jiménez están procesados el ex director de la DINE, general (r) Ramsés Alvarez Scoglia; el brigadier en retiro Víctor Pinto Pérez; el teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima; el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y los suboficiales de Ejército en retiro Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo y Humberto Calderón Luna.

Un caso especial es el de Galvarino Ancavil, que residiría en Francia, quien continúa como procesado, aunque los antecedentes que apuntaban en su contra se han ido desvirtuando.

Uno de los acontecimientos que más impacto causaron en este proceso fue el encausamiento como supuesto cómplice del general Hernán Ramírez Hald, cuyo retiro debió adelantarse ante la decisión de Muñoz.

Como presuntos cómplices figuran el brigadier (r) Roberto Schmied, el mayor en retiro Juan Carlos Arriagada, el capitán (r) de Carabineros Miguel Hernández; el suboficial (r) de Carabineros Luis Pino Moreno; el ex junior de la ANEF Julio Olivares Silva, y el dentista Jorge León Alessandrini.

La figura del supuesto encubrimiento pesa sobre los generales en retiro Hernán Ramírez Rurange, Fernando Torres Silva, el oficial (r) Arturo Silva Valdés, el mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla y el coronel en retiro Enrique Ibarra.


Emol

27 de Agosto de 2001

Tres absueltos tras cierre de sumario en caso Tucapel Jiménez

Hoy fue notificado el abogado querellante Jorge Mario Saavedra de la decisión tomada el viernes por el ministro en visita Sergio Muñoz. Con los tres absueltos la responsabilidad en el crimen del líder sindical quedó radicada en 16 personas.

SANTIAGO.- Contento por la decisión del ministro en visita Sergio Muñoz de cerrar el sumario en el caso Tucapel Jiménez, se mostró el abogado de la familia del asesinado dirigente sindical, Jorge Mario Saavedra quien fue notificado hoy de la decisión que el magistrado tomó el viernes pasado.

De los 19 procesados en la etapa de sumario, 3 fueron absueltos, por lo que la responsabilidad quedó radicada en dieciséis acusados.

Entre ellos, en calidad de autores están los oficiales (r) Carlos Herrera Jiménez, Arturo Álvarez Sgolia, Víctor Pinto Pérez, Francisco Maximiliano, Ferrer, Miguel Letelier y Manuel Contreras Donaire.

En tanto como cómplices figuran Miguel Hernández Oyarzo, Julio Olivares, Roberto Shmied Sanzi y Hernán Ramírez Hald; y como encubridores Juan carlos Arriagada, Jorge León Alessandrini, Frenando Torres Silva, Hernán Ramírez Rurange, Álvaro Corbalán Castilla y Enrique Ibarra Chamorro.

Los tres absueltos fueron Humbreto Calderón Luna, jefe de personal de la CNI en ese entonces; Luis Pino Moreno, sobrino del dirigente sindical quien hizo detener el taxi en el que Jiménez viajaba antes de su muerte; y Arturo Silva Valdés quien estaba en calidad de encubridor.

En la etapa de plenario la parte querellante reitera las acusaciones en contra de los imputados, y éstos tienen la posibilidad de efectuar su defensa y pruebas en su favor.

El abogado Jorge Saavedra se manifestó conforme con la decisión del magistrado Muñoz, pese a que aún no decide si apelará por quienes quedaron libres de cargo. Afirmó además su esperanza de que a fin de año ya exista una sentencia definitiva con al menos 5 o 6 cadenas perpetuas.


La Tercera

5 de Agosto 2002

Fallo de primera instancia se produce a 20 años del crimen CASO TUCAPEL: Perpetua para Herrera; Corbalán, absuelto
 

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.


El Mercurio

11 de Agosto de 2002

CASO TUCAPEL. Material de novela y de película:  Los misterios del arma homicida


Hay aspectos en los que el magistrado Sergio Muñoz debió inclinarse por un raciocionio lógico, porque no pudo obtener más pruebas. Es el caso del destino del revólver Dan Wesson calibre 22, que no sólo causó la muerte del líder sindical sino también de un ex militante
El caso Jiménez da material para una novela y una película de misterio, como algunos interesados ya le han expresado al magistrado Sergio Muñoz. De todos los temas posibles, el arma asesina, o cuerpo del delito, da para uno de los argumentos más apasionantes.

Pero para entenderlo, como toda novela o película, hay que ir desde el principio.

Según el fallo, el general Arturo Álvarez Sgolia, director de inteligencia del Ejército, decide realizar una operación especial, de carácter no convencional, contra el presidente de la Anef porque sería un "traidor a la patria" que estaría dificultando la labor del gobierno, especialmente del Comandante en Jefe del Ejército. Al mismo tiempo busca influir negativamente en la siquis opositora.

Álvarez procede a desarrollar su planificación junto con el comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), dependiente de la DINE, el teniente coronel Víctor Raúl Pinto Pérez. Este supervigilaría el desarrollo de lo que denominaron "operación especial de inteligencia destinada a la eliminación física de Tucapel Jiménez Alfaro".

No medió orden militar que obligara a la obediencia de los subalternos, por lo cual incluso un oficial se negó a cumplirla.

Dice el fallo:

"Por el carácter voluntario que tomó dicho actuar, al margen de las funciones reglamentarias, pero utilizando los medios y recursos del Ejército, esta operación no prosperó en un primer momento por la falta de compromiso del oficial que recibió el encargo, motivando que para su ejecución se obtuviera el envío, directa e indirectamente, de dos oficiales de Ejército con las personalidades adecuadas, quienes se encontraban con destinación extrainstitucional en la CNI", los mayores Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Carlos Herrera Jiménez. El primero coordinaría y el segundo ejecutaría.

Prosiguiendo un plan de seis meses, sólo el 25 de noviembre de 1981 Herrera es destinado al CIE, organismo ejecutivo de la DINE. Y quien supervigilaría su realización, Ferrer, en un primer momento es encuadrado en la DINE y luego también pasa al CIE. Se les asignó un grupo de suboficiales que se desempeñaban en la organización ejecutiva de la DINE, a quienes se les encargaban los trabajos más confidenciales, entre ellos (porque hay otros no identificados) Miguel Letelier Verdugo y Manuel Contreras Donaire.

Para el solo efecto de eliminar al dirigente sindical, se creó una nueva sección denominade Unidad Especial de Contraespionaje.

El plan de todos contra un hombre desamparado consistía en privarlo de libertad, reducirlo por la fuerza si fuera necesario, trasladarlo a un lugar solitario en las afueras del radio urbano de Santiago y darle muerte, simulando un asalto de delincuentes.

Cómo encuentran el arma homicida

Al grupo que ejecutaría materialmente la acción la CNI entregó información de los pasos de Jiménez, armamento, además del respaldo que ya tenía el CIE, como vehículos pintados como taxi, indumentaria, caracterización y apoyo logístico de diferente tipo, en especial el radial para coordinar los sucesos.

Pero faltaba el arma adecuada.

El CIE contaba con una unidad que tenía por función dar apoyo material a las distintas misiones que debieran cumplir sus efectivos: la Compañía de Apoyo Técnico, que dependía del jefe del Departamento I, de Inteligencia, general Hernán Ramírez Hald. El encargado de la Compañía, coronel Juan Carlos Arriagada Echeverría, procedió en la mañana del día anterior a la muerte de Jiménez a obtener la entrega forzada desde la Armería Italiana de dos revólveres Dan Wesson internados al país desde EE.UU. bajo régimen de admisión temporal por el importador Pedro Estay Pérez. No se encontraban inscritos ni sometidos a pruebas balísticas por la autoridad competente y eran de calidad, nuevos y sin uso.

La presunción de la Policía de Investigaciones es que el personal del CIE adujo para requisar que "Estay Pérez tenía contacto con elementos comunistas", pero que no se enteró que las armas habían sido internadas para un temible agente de seguridad de la Fuerza Aérea, lo que alborotaría más el caso Jiménez.

Otro de los grandes misterios es para qué Arriagada llenó con tanto detalle un documento al socio de la Armería, Fernando Campos Quintana: "República de Chile. 

Ministerio de Defensa Nacional. Acta de entrega. En Santiago, a 24 días del mes de febrero de 1982. El ciudadano Pedro S. Estay, con domicilio en Luis Thayer Ojeda # 183, Stgo., entrega al más abajo firmante y en forma totalmente voluntaria las siguientes especies: 1 revólver Dan Wesson cal. 22 serie 22547. 1 revólver Dan Wesson cal. 357, serie 282110. Dejo constancia que no he sido presionado física ni sicológicamente. (Firmado) Andrés Salvatierra P. Ejto.-Chile. C.I. 7.844.117-K". Con el primer revólver fue ultimado Jiménez y la firma correspondió a la identidad operativa (chapa) de Juan Carlos Arriagada, con lo cual inexplicablemente dejó huellas hasta la DINE, pues las armas fueron trasladadas a sus dependencias. Además, Campos, el socio propietario de la armería (fallecido en 1982), reconoció a uno de los requisadores: el agente y dentista de la DINE, Jorge León Alessandrini.

Es un hecho tan absurdo que, por lo mismo, bien podría ser un acto de inteligencia para desestimar cualquier denuncia contra la DINE. 

Arma con propietarios peligrosos

Quienes ejecutaron la acción (no menos de cinco personas) constataron que Jiménez muriera, le dejaron al interior del automóvil con las puertas cerradas sin llave y se trasladaron al cuartel militar. Allí Herrera se presentó ante Ferrer Lima, le expresó haber ejecutado el hecho planificado y le hizo entrega de las armas de fuego y una cortante, además de las especies y los documentos personales retirados a la víctima. Estos fueron lanzados en Viña del Mar, donde fueron encontrados y entregados al día siguiente a Policía de Investigaciones.

Pero el hecho se complicó.

Al interior de la comunidad de inteligencia la Fuerza Aérea denunció el retiro desde la Armería Italiana por un oficial del CIE de los dos revólveres que le pertenecían.

Esta situación motivó que a fines de febrero de 1982 se dispusieran dos medidas inmediatas por parte del CIE. Una, hacer salir de Santiago al oficial Arriagada, a quien se destinó a labores fuera de sus funciones habituales, como supervigilar y coordinar el traslado de una barcaza con material de guerra desde Valparaíso a Punta Arenas. Segundo, que el oficial René Araneda Minardi investigara todos los antecedentes. Cuando éste dio cuenta detallada de lo ocurrido, se dispuso el regreso de Arriagada, reemplazándolo por Araneda en la supervisión de la barcaza.

Por la investigación el CIE supo que René Basoa Alarcón, secretario del importador Pedro Estay Pérez, había retirado el documento clave dejado en la Armería Italiana.

El intento de recuperación crearía otro homicidio, el tercero del caso, sumando el del carpintero Juan Alegría Mundaca, que ocurriría tiempo después para crear pistas falsas en torno a la investigación.

Basoa alcanzó a decirle a su cónyuge que debía contarle un problema que le preocupaba, lo que iba a hacer el 19 de marzo de 1982. Juez Muñoz: "Sin embargo, al salir de su domicilio y caminar unos 20 metros, individuos descritos como bien vestidos, altos, de unos 35 años, con lentes, proceden a dispararle en dos oportunidades, lo cual le causó la muerte, sin que se pudiera establecer sus identidades".

La falta de rastros determinó el sobreseimiento temporal de la causa que figura en los autos rol 50.936-5 del Primer Juzgado de Mayor Cuantía de San Bernardo.

Pero el magistrado Muñoz también investigó este caso. Supo que Basoa Alarcón fue militante de las Juventudes Comunistas y ocupó el cargo de jefe del aparato de inteligencia del PC. Después del 11 de septiembre de 1973 fue detenido y salió en libertad junto a Miguel Estay Reino, actualmente condenado por su directa participación en el caso de los "tres degollados", en 1985. Por instancias de éste, se transformó en informante del agente de la FACh, Roberto Fuentes Morrison, "el Wally", ultimado en junio de 1989 por el FMR.

A la vez, Miguel Estay Reino obtuvo que su tío paterno, Pedro Estay Pérez (el importador de las armas) contratara a Basoa. "Todo lo cual deja de manifiesto la falta de motivaciones políticas por parte de agentes de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas o de la policía para eliminar a Basoa Alarcón", señala el magistrado abriendo sospechas sobre que lo mataron para recuperar el recibo del arma con que se ultimó a Jiménez.

A fines de marzo o principios de abril de 1982, no sólo para tener un antecedente con el cual responder por el retiro de las armas, se efectuó una investigación formal al interior del CIE. Es que, además, Fuentes Morrison (preocupado de que se lo inculpara por hacer importar el arma homicida) amenazó con eliminar al oficial Arriagada, a quien responsabilizó de la muerte de Basoa.

Ese revólver Dan Wesson siguió dando sorpresas. Aunque Ferrer Lima declaró que Víctor Pinto le ordenó el mismo día del homicidio que hiciera desaparecer las especies que le entregó en una caja (un revólver de bajo calibre, un cuchillo "hechizo" y parte de un taxímetro), lo cual cumplió lanzándolos al canal San Carlos a la altura del puente Larraín, el arma fue encontrada años después en la Dirección de Movilización Nacional del Ejército.

Esta jefatura fue la última destinación de Álvarez Sgolia. En lugar de destruir el arma, lo hizo periciar y lo llevó a todas partes, incluso a esa Dirección, donde estuvo desde diciembre de 1986 a julio de 1987. Según el magistrado, lo hizo para protegerse.

Respondiendo a las últimas consultas de éste para mejor resolver, en julio de este año el Ejército aseguró que "carecía de antecedentes" sobre cómo llegó el arma homicida a una de sus reparticiones. Una posibilidad es que Álvarez terminó por olvidarla allí y que la encontró su sucesor, el general (r) Roberto Guillard Marinot. Lo cierto es que nadie supo dar una información lógica sobre por qué estaba allí y sin saber la historia que cargaba, este último alto oficial la inscribió en 1988.

La investigación del magistrado Muñoz terminó por encontrarla allí el año 2000, logrando un elemento clave para aclarar el caso. Entonces la requisó y la remitirá a los Arsenales de Guerra en depósito y custodia.

FALLO CONDENATORIO

Por qué estas penas 

El fallo de 375 páginas del ministro Muñoz incursiona un terreno mucho más extenso y distinto que las que se recuerden en Chile. Sus 12.653 fojas (sumando todas las de su investigación) no sólo describen hechos sorprendentes, identidades y aportes de las mil 700 personas interrogadas, la forma en que pudo penetrar los servicios de seguridad del régimen militar hasta llegar a la estructura institucional del Ejército. Son, también, un análisis histórico del Chile de hace 20 años.

El hecho de que la familia del dirigente sindical, abogados de derechos humanos y los propios ex militares afectados coincidan en disparar contra su fallo no daña el trabajo de este ministro de la Corte de Apelaciones que el miércoles retomó su trabajo normal. A pesar de todo, el abogado querellante, Jorge Saavedra, lo describió como "maravilloso". En los tres años y tres meses que investigó emitió un fallo judicial sin precedentes, excediendo lo netamente jurídico para que lo entendiese la gente.

Como dijo a sus colegas, estuvo obligado a tomar en cuenta la media prescripción que atenuó las condenas de los doce ex oficiales y absolvió a otros cuatro.

Porque en materia penal, cuando una causa está paralizada por más de tres años, se cuenta la prescripción desde la fecha del hecho, en este caso desde febrero de 1982. El proceso se paralizó en 1985 y cuando fue reanudado, habían transcurrido ocho años, cinco meses y cinco días. Eso significa más de la mitad del plazo máximo de prescripción (15 años) y él estaba obligado a respetar la media prescripción ordenada en el artículo 103 del Código Penal.

Esto es causa de cómo su antecesor, Sergio Valenzuela Patiño, condujo el proceso: demoró 17 años y lo cerró tres veces.

Aún así, aunque en estos casos el hecho debe considerarse revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas, por lo cual tendría que bajar las penas hasta tres grados, Muñoz las redujo solamente en uno, al considerar cuatro agravantes: alevosía, premeditación, ensañamiento y despoblado.

Ahora los condenados podrían conseguir suavizar sus penas en la Corte de Apelaciones, e incluso que se acoja la excepción total de la prescripción.

Las condenas que alcanzó

Ramsés Arturo Álvarez Sgolia: 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor.

Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez: presidio perpetuo por su responsabilidad como autor en los delitos de homicidio calificado de Jiménez y Juan Alegría Mundaca.

Víctor Raúl Pinto Pérez y Francisco Maximiliano Ferrer Lima: ocho años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad de autores.

Manuel Segundo Contreras Donaire y Miguel Segundo Letelier Verdugo: seis años de presidio mayor en su grado mínimo como autores.

Nota: a los seis anteriores se les agrega la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa. No se les concede beneficios alternativos.

Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge Luis León Alessandrini: tres años de presidio menor en su grado medio, como cómplices.

Hernán Ramírez Hald, Hernán Ramírez Rurange y Juan Fernando Alfredo Torres Silva: 800 días de presidio menor en su grado medio, como encubridores.

Enrique Gabriel Ibarra Chamorro: 541 días de presidio menor en su grado medio, por su responsabilidad como encubridor.

Nota: A los seis anteriores se les impone la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa. Se les concede el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena, debiendo quedar sujetos a la vigilancia y control de Gendarmería de sus domicilios.

Absueltos: Roberto Urbano Schmied Zanzi, Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, Julio Olivares Silva y Álvaro Corbalán Castilla.

NO FUE ORDEN MILITAR

Se descarta responsabilidad del Ejército. Cuando evalúa en su sentencia las presunciones y cargos en contra de los autores materiales e intelectuales del homicidio, el magistrado Sergio Muñoz reflexiona sobre un punto de gran importancia para las FF.AA. Tanto, que sobre él tuvo que referirse esta semana el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre: ¿la responsabilidad es individual o institucional?

Según Cheyre, es lo primero: "cada persona es responsable de sus actos. Nada de lo que ha aparecido está en la doctrina del Ejército".

A su vez, Muñoz rechazó los argumentos de obediencia debida porque "los antecedentes descartan la existencia de una orden militar, pues solamente (a Herrera) se le hizo una proposición, no un mandato, no fue compelido de manera imperativa. Lo que sucede es que acepta y hace suyo el designio criminal, se comprometió voluntaria y conscientemente en su desarrollo, ha existido propiamente un concierto, puesto que se generó una comunidad de intereses en orden a llevar a la práctica una actuación ilícita".

El juez se apoya en el Código de Justicia Militar y sostiene que "ninguna autoridad tiene atribuciones para disponer la privación de la vida de una persona, por lo que la posible orden de eliminar físicamente a Tucapel Jiménez Alfaro importaba notoriamente la perpretación de un delito y no constituía una orden relativa al servicio".

Y estimó conveniente reproducir lo señalado por el académico Renato Astrosa Herrera en su libro Derecho Penal Militar y que es recogida en el Código de Justicia Militar: "Si la orden ilícita no fue relativa al servicio, el inferior está obligado a desobedecerla aun cuando hubiera sido insistida por el superior: si la cumpliere lo hará responsable del delito y no podrá invocar en su favor otra circunstancia que la atenuante del núm. 4 del artículo 209 y siempre que el delito fuera militar".

Para Muñoz, la relativización del "pretendido contexto histórico" en que ocurrieron los hechos, "no la permite el legislador aun en estado de guerra, en el que rige la prohibición de afectar a civiles que no formen parte de las fuerzas beligerantes. Tampoco resulta pertinente entender que desde el 11 de septiembre de 1973 y hasta el 10 de marzo de 1990 el país permaneció en crisis, en que los servicios del Estado pudieron disponer de un valor tan esencial como la vida humana".

REVELACIONES

La operación Walessa

Uno de los aspectos desconocidos más apasionantes que rodean al caso es aquel que relacionó a Carlos Herrera Jiménez con el agente de la CNI Héctor Celedón, factor importante para la solución del homicidio. Fue Celedón quien además reveló al magistrado Muñoz cómo se impidió por contraproducente la visita del líder sindical polaco Lech Walessa, reconocida figura mundial que podía alborotar a los trabajadores. Figura en el fallo que ambos agentes se conocieron en 1973 en Iquique, sirvieron juntos hasta 1978 en el regimiento Dolores y después volvieron a encontrarse en la CNI en 1987, cuando Celedón pasó a ser empleado civil, retirándose como empleado del Ejército en 1990.

En este último año Celedón se encontró con Jorge Mario Saavedra (abogado querellante de la familia Jiménez en el caso) en el Estadio Español e iniciaron la explotación conjunta de una camioneta en turismo. Como puso esta situación en conocimiento de sus jefes, el tema llegó a oídos de Herrera, quien le manifestó que quería tener una reunión con Saavedra, la que él concertó y estuvo presente. Después de eso hubo otros encuentros, conversando siempre sobre el caso de Jiménez y la muerte del carpintero Alegría.

En 1990 Herrera solicitó a Celedón en dependencias de la CNI que le ayudara a redactar documentos a sus superiores, en los que hizo hincapié en la muerte de Jiménez. En una fecha en que las pesquisas poco habían avanzado, Herrera reveló a Celedón valiosa información relativa a los casos Tucapel y del carpintero Alegría Mundaca. Hacia fines de 1988 o principios de 1989, le pasó un documento anónimo solicitándole que lo entregara al abogado Saavedra, el cual él tiró por debajo de la puerta de su domicilio. Allí indicaba la identidad de los responsables. Celedón ideó la forma de conversar con el sacerdote Miguel Ortega y por esa misma fecha le entregó información escrita, pero sin revelar los nombres. Pero al unirse con ésta la entregada a Saavedra los hechos se unían a los personajes principales del caso.

Misión a Polonia

Celedón incluso hizo referencia a otros hechos reservados, que, según Muñoz, "no podía sino conocer en su calidad de agente y autoridad dentro de la CNI". Uno de ellos tenía relación con la forma cómo se logró impedir que el sindicalista polaco Lech Walessa visitara Chile. Ello, según redactó el juez, "por las repercusiones internas que tendría este hecho".

La siguiente es la información que entregó Celedón, según se describe en el fallo: "El rector de la Misión Católica Polaca en Santiago era el sacerdote de esa nacionalidad Bruno Richlowsky, el cual acompañó al agente que se trasladó hasta Polonia para hablar con el cardenal Joseph Glemp, Arzobispo de Varsovia, y el Obispo de Danzig, Tadeus Gotlowski, según el documento que me hiciera llegar un agente de CNI cuya identidad no recuerda, que tuvo por objeto persuadir a Lech Walessa de viajar a Chile. La identidad del mencionado agente de CNI que viajó en compañía del sacerdote Richlowski la ignora y debe haber salido con una identidad operativa, puesto que en estos casos no se usaba la real, cree que debió pertenecer a la división de inteligencia exterior de la CNI". 

Y Walessa no viajó a Chile.


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