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Manuel Atilio Leiva Valdivieso

Suboficial Mayor de Infantería de Marina

Torturador en el cuartel “Silva Palma” de Valparaíso

C.I.: 1.433.782-2

Domicilio: Calle Los Boldos 433, Cerro Esperanza, Valparaíso

Manuel Atilio Leiva Valdivieso era el segundo al mando del equipo de torturadores en el cuarte Silva Palma y que actuaba bajo la dirección del teniente Ricardo Riesco Cornejo y junto a los Sargentos  Juan Reyes Basaur, Manuel Bravo Morán, Francisco Prado Espejo, Bertalino Castillo Soto, Alberto Barcena Ponce, Juan Jorquera Terrazas, Valentín Riquelme Villalobos y Francisco Segundo Lagos Garcés.

Leiva Valdivieso, también participó como torturador de prisioneros políticos a bordo del buque Escuela Esmeralda, específicamente, en la cámara o comedor de los guardiamarinas, también fue procesado por su participación en la detención, torturas y desaparición de José Alberto Salazar Aguilera quien fue detenido el 22 de noviembre de 1974 en compañía de Patricio Silva Brignardello por 5 agentes del Servicio de Inteligencia de la Armada, en la calle Victoria de Valparaíso. Los aprehensores los subieron a un Fiat 125 color guinda seca y los condujeron al Cuartel Silva Palma de Valparaíso.

Manuel Leiva Valdivieso participó en la muerte y desaparición del sacerdote chileno británico Miguel Woodward, quien fue asesinado a bordo del buque Escuela Esmeralda. En mayo de 2013, la Corte de apelaciones de Valparaíso absolvió a Leiva Valdivieso por demencia

Fuentes: El Mercurio, Poderjudicial.cl, Archivo Memoriaviva


La Nación, 1 de diciembre de 2009      

Detenidos los 12 procesados por torturas en la Esmeralda

Los 12 oficiales en retiro de la Armada y Carabineros que ayer fueron procesados por la jueza Eliana Quezada por el delito de secuestro y tortura contra ex presos políticos tras el golpe de Estado de 1973 en el buque escuela Esmeralda, fueron arrestados esta mañana por efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos, encabezados por el comisario Sandro Gaete.

Los encausados son los vicealmirantes Juan Mackay Barriga y Sergio Barra von Kretschmann, el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, el coronel de Carabineros Nelson López Cofré.

Además fueron procesados los suboficiales de la Armada Bertolino Castillo Soto, Jorge Leiva Cordero, Jaime Lazo Pérez, Reginaldo Rebolledo López, Manuel Leiva Valdivieso, Juan Reyes Bausar, Luis Cabezón Cattanzano y Alejo Esparza Martínez.

Todos fueron llevados al cuartel de la PDI de Viña del Mar, para luego, a eso de las 11:30, ser derivados a los tribunales de Valparaíso para comparecer ante la ministra en visita.

La jueza deberá disponer a que recinto naval y de Carabineros serán ingresados los acusados.

La resolución fue dictada por el arresto ilegal y tormentos de María Eliana Comeném, Alberto Neumann Lagos, Claudina Moreno Cortés, María y Rosa Huerta Sánchez, y María Isabel Vásquez Pezoa


La Tribuna del Biobío, 1 de Febrero 2011
Procesan a 4 ex integrantes de la Armada por secuestro calificado de Alberto Salazar Aguilera
El ministro de fuero, Alejandro Solís, que sustancia el proceso por la detención y desaparición de este joven mirista, en Valparaíso, dictó los procesamientos de cuatro ex integrantes de la Armada por el delito de secuestro calificado. El padre de Alberto falleció hace ocho meses, mientras su madre sigue viviendo en Talcahuano y participa en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción.
Nunca dejó de buscar a su hijo, Alberto, pero al final la muerte lo venció. El 7 de mayo de 2010 la vida de Juan Salazar, activo integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción, se extinguió. Ocho meses después, el ministro de fuero Alejandro Solís que investiga la desaparición de su hijo, ocurrida el 22 de noviembre de 1974, en Valparaíso, sometió a proceso a cuatro miembros en retiro de la Armada por el secuestro calificado de Alberto Salazar Aguilera.
A Juan Salazar no le alcanzó la vida para conocer esta noticia. Pero su esposa, Julia Aguilera que le sobrevive, ha seguido la lucha por saber qué ocurrió con su hijo, detenido cuando apenas tenía 22 años. Era militante del MIR y había estudiado servicio social en la Universidad de Chile, sede Temuco.
Pero la detención de José Alberto se produjo en Valparaíso por agentes del Servicio de Inteligencia de la Armada. A raíz de su segundo intento de fuga, fue herido a basa por sus perseguidores y estuvo internado en el Hospital Naval. Hasta llegó su padre, Juan Salazar a preguntar por él, luego que a través de una llamada telefónica a Talcahuano, donde residía, le informaron de la detención de Alberto. Pero le fue negada la visita y nunca más volvió a saber de él.
Todos los intentos por saber qué había pasado con su hijo, no dieron frutos, pero eso no impidió que sus padres, Juan y Julia, lo siguieran buscando. Hasta que su caso llegó a manos del ministro de fuero Alejandro Solís, quienes este 31 de enero sometió a proceso por el delito de secuestro calificado a los miembros en retiro de la Armada, Ricardo Riesco Cornejo, Juan Reyes Basaur, Manuel Leiva Valdivieso y Valentín Riquelme Villalobos.
Junto con ello les concedió la libertad bajo fianza previo pago de $ 500.000 (quinientos mil pesos)y a Leiva Valdivieso, atendida su avanzada edad, le concedió la medida de arresto domiciliario. Todavía falta que se pronuncie la Corte Suprema.
En todo caso, se trata de un paso importante en cuanto a la justicia, aunque la verdad sobre lo ocurrido con Alberto Salazar aún está pendiente.


Radio Universidad de Chile, 30 de Agosto 2010
Magistrada notifica del procesamiento a catorce ex uniformados involucrados en caso Woodward

En el transcurso de la mañana la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) inició el traslado hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso de los últimos 14 procesados por la desaparición del sacerdote ingles Miguel Woodward, quien también fue torturado a bordo del Buque Escuela Esmeralda de la Armada de Chile y luego desapareció.
Cabe señalar que el 26 de agosto pasado, la ministra María Eliana Quezada decretó el procesamiento de estos catorce ex uniformados. Los hechos se remontan a los primeros días de la dictadura militar, cuando la Armada de Chile implantó el Plan Cochayuyo, ideado para reprimir a las organizaciones sociales y controlar la zona, después del golpe militar.
Pasadas las 11:00 horas, empezaron a llegar a la Corte de Apelaciones de la Quinta región los funcionarios en retiro de Carabineros y de la Armada involucrados en este caso de derechos humanos para que la magistrada les notifique del procesamiento y de la prisión preventiva.
Los procesados son los Carabineros en retiro Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida y Enrique Corrales Díaz, todos coroneles; además del mayor Luis Araya Maureira, el capitán Nelson López Cofré y el sargento segundo Jorge Leiva Cordero.
Además fueron procesados los ex oficiales de la Armada, Pedro Abregó Diamanti, capitán de navío; los suboficiales de Infantería de Marina, Manuel Leiva Valdivieso, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Bertalino Castillo Soto, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Fabres, todos en retiro.
Con este hecho suman 33 los procesados por este caso, emblemático en materia de derechos humanos en Valparaíso


Radio Universidad de Chile, 18 de Mayo 2011
Juez acusa a diez funcionarios de Armada por responsabilidad en Caso Woodward
El juez Julio Miranda Lillo responsabilizó en diez oficiales y suboficiales de Armada la desaparición del sacerdote chileno británico Miguel Woodward, de quien se perdió rastro físico pocos días después de su detención en septiembre de 1973.
Miguel Woodward Iriberry fue un sacerdote chileno-británico que luego del golpe militar se refugió en distintas casas de amigos, temiendo por su vida ante un arresto por parte de oficiales del Ejército. El 18 de septiembre de 1973 regresó a su domicilio en Cerro Placeres, donde fue interceptado por oficiales marinos que lo condujeron por distintos puntos de interrogatorio hasta perder su rastro físico.
Este miércoles, el juez Julio Miranda Lillo presentó una acusación en contra de diez marinos por su presunta responsabilidad en la desaparición de Woodward. Se trata de oficiales y suboficiales de la Armada que son individualizados en los cargos presentados en el marco del Caso Woodward.
Los marinos procesados son Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López.
El juez Miranda argumentó que “los hechos antes reseñados configuran la existencia del delito de secuestro seguido de grave daño (posiblemente falleciendo) en la persona de Michael Roy Woodward Iribery, que contempla el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad de desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 en adelante, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados”.
Miguel Woodward fue conducido hasta la Universidad Santa María para luego ser derivado al buque escuela Esmeralda, lugar emblemático de las fuerzas armadas chilenas utilizado como centro de detención y tortura en dictadura. Ante el deterioro experimentado por Woodward luego de los interrogatorios, fue trasladado hasta el Hospital Naval, sin que se tenga registro físico luego de ello.
Si bien un médico naval extendió un certificado de defunción del sacerdote, nunca fue posible dar con el paradero de su cuerpo. Las últimas diligencias se realizaron en la fosa común del cementerio de Valparaíso, sin resultados positivos.
La acusación será notificada a los querellantes y luego a la defensas de los procesados, para luego dar inicio a la etapa de plenario, previa a la dictación de condena de primera instancia.


El Mercurio, 7 de mayo de 2013

Caso Woodward: la Corte porteña dictó sentencia por el secuestro del sacerdote chileno - británico

El clérigo fue ilegítimamente privado de su libertad en Valparaíso, a pocos del días del golpe militar de 1973. De los efectivos (r) de la Armada en el juicio, sólo dos deberán pagar con pena de cárcel. El Fisco deberá indemnizar a la hermana del afectado con 50 millones de pesos

La Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó hoy una sentencia en la causa por el secuestro calificado del sacerdote chileno - británico Miguel Woodward, quien a pocos días del golpe militar de 1973, fue privado ilegítimamente de su libertad. El clérigo, que vivía en la población Héroes del Mar del cerro Los Placeres, en la Ciudad Puerto, fue sacado de su casa y derivado a otras locaciones sin orden administrativa o judicial que los justificase.
Aunque fueron 8 los funcionarios de la Armada(r) juzgados por este delito, sólo dos fueron condenados. Se trata de José Manuel García Reyes(a 3 años y un día de presidio) y Héctor Fernando Palomino López, (3 años y un día de reclusión, aunque se le concedió libertad vigilada). 
Las otros seis uniformados involucrados en el caso fueron absueltos por falta de participación, excepto Manuel Atilio Leiva Valdivieso, a quien se le diagnosticó demencia. 
En el aspecto civil, en tanto, el Fisco deberá cancelar 50 millones de pesos a la hermana del desaparecido sacerdote, por concepto de daños morales. 
En primera instancia Woodward fue derivado por uniformados a la Universidad Santa María y posteriormente a la Academia de Guerra Naval, desde donde debido al grave estado de salud en que se encontraba, fue trasladado hasta el Buque Escuela Esmeralda. En la embarcación, -supuestamente- iba a recibir atención médica.
Finalmente, el último rastro físico del religioso se encuentra en el Hospital Naval, donde un facultativo de la Armada escribió un certificado de defunción.
Cabe consignar que también existe un registro de defunción en el Cementerio Número 3 de Playa Ancha. Sin embargo, y luego de varias diligencias de excavación, éstas resultaron infructuosas. 
Según reveló en su fallo el ministro en visita de causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Porteña, los antecedentes anteriormente citados demuestran que existió " el delito de secuestro por el cual se inició este sumario y que por la acción de encerrar o detener se han causado lesiones y la muerte de la víctima”.


Sentencia en la Causa del Padre Miguel Woodward, asesinado por la Armada de Chile en septiembre de 1973
Declaración Tras el Fallo de Sentencia en la Causa del Padre Miguel Woodward, Torturado y Asesinado por la Armada de Chile en septiembre de 1973-

La Sentencia:

El 8 de mayo de 2013, el Ministro Julio Miranda dictó sentencia en la causa criminal por la tortura y asesinato del Padre Miguel Woodward a manos de la Armada de Chile. La querella de Patricia Woodward, hermana del sacerdote, se había presentado 11 años antes en 2002 y fue investigada por tres Ministros sucesivamente.

Las sentencias dictadas contra los 10 acusados son las siguientes:

-  José Manuel García Reyes y Héctor Palomino López por los delitos de secuestro con grave daño (muerte): tres años y un día, con lo cual quedan libres inmediatamente

-  Carlos Miño, Marcos Silva, Guillermo Inostroza, Luis Pinda y Bertalino Castillo: absueltos

-  Manuel Leiva: absuelto (por demencia)

-  Nelson López y Jorge Leiva Cordero: no se emiten pronunciamientos (por fallecimiento)

Será apelada la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, en su caso, ante la Corte Suprema.

Además, se hace lugar a la demanda civil por reparaciones, reducida de los 500.000.000 pesos pedidos a 50.000.000. Esta cantidad, si es confirmada en las cortes de alza, será dedicada en un 20% a recuperar los gastos de viaje de la querellante entre España (donde reside) y Chile.

Conclusiones

Se ha revelado la verdad sobre la muerte de Miguel y se han refutado las calumnias dirigidas contra él. Se lamenta que el cuerpo de Miguel, ocultado por la Armada, aún no haya sido encontrado.

Se requiere que el Presidente de la Nación, su Gobierno y el Parlamento emprendan con urgencia una reforma del sistema judicial de Chile en lo que se refiere a las causas de violaciones de derechos humanos y la Armada. Se requiere, además, que se comprometan a realizar tales reformas los candidatos a la Presidencia y al Parlamento en las elecciones de noviembre.

Se agradece el apoyo prestado por:

-  Algunas entidades del Gobierno de Chile, en particular el Programa de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, y la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI

-  Sucesivos Embajadores británicos y miembros de sucesivos Gobiernos británicos, un miembro de la familia real británica, y miembros de ambas cámaras del Parlamento británico

-  La Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y del Principado de Gales

-  Las Comunidades Cristianas de la Iglesia Católica en Chile

-  Los abogados que han trabajado en el caso, la mayoría pro bono

-  Los medios de comunicación

-  Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos

-  Los miembros de la organización “Amigos de Miguel”

-  Innumerables personas más

La Historia Tergiversada:

La historia de la muerte de Miguel contada en la Sentencia dista mucho de los hechos descritos por testigos presenciales en el Expediente de la causa:

En la Sentencia, uno de los testigos de la Universidad Federico Santa María dio fe de las torturas que Miguel sufrió a manos de: "....un Infante de Marina, de apellido García, [que] se le sumergió y sacaba constantemente de la piscina con agua, con la finalidad de que hablara".

Otro testigo dijo: "estaba con sus manos apoyadas en la pared y con las piernas abiertas, junto a él estaba el Teniente Montenegro y escuché que le preguntaba sobre su condición de sacerdote, sobre su novia y cuántas puntas tiene una cruz. Al contestar que cuatro, el Teniente Montenegro ordena darle cuatro culatazos...".

Sin embargo, el Ministro parece dar poca importancia a la responsabilidad de los altos mandos en estos hechos criminales ocurridos en la Universidad Santa María. A este respecto resulta significativo el testimonio del Capitán Sergio Valverde (inculpado por la Ministro Quezada y sobreseído por el Ministro Miranda), responsable de la unidad naval que ocupaba la Universidad.

Dijo que se enteró al día siguiente de lo que había pasado a Miguel allí e informó al entonces Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval, Capitán Aldoney (inculpado por la Ministro Quezada y sobreseído por el Ministro Miranda). Éste le dijo que no se preocupara y que trasladara a Miguel a la Academia de Guerra Naval -donde él mismo tenía su oficina-.

Sobre lo que le pasó a Miguel en la Academia de Guerra Naval, una testigo, que había sido detenida y llevada allí, dijo de Miguel (a quien reconoció en una foto años más tarde) que le había visto en el patio de la Academia "con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, con los pies descalzos, y era obligado a mantenerse en un cuadrado del cual no podía salir, porque era golpeado con la culata de un fusil....".

Más tarde, Miguel fue visto por el Teniente de Carabineros Nelson López. Cuando estaba cerca de las salas de interrogatorios, abrió la puerta de una de ellas, viendo que en su interior se encontraba un detenido varón "con un torso desnudo y encapuchado....estaba de pie y era interrogado por un grupo de personas entre ellos gente de Carabineros y al parecer algunos Oficiales...".

El Ministro no menciona otros antecedentes que constan en el Expediente sobre cómo, según el Tte. Nelson Jofre, los oficiales navales que presenciaron -y podrían haber participado en las torturas (según da a entender el Tte. Nelson López)- incluían al Capitán (hoy Almirante en retiro) Juan Mackay y al Tte. (hoy Capitán de Navío en retiro) Ricardo Riesco. Ambos fueron inculpados por la Ministro Quezada y sobreseídos posteriormente por el Ministro Miranda.

Sobre la Esmeralda, el Ministro dice escuetamente en su Sentencia que Miguel fue "llevado al Buque Escuela Esmeralda, para ser examinado por un médico".

Sin embargo, en el Expediente los enfermeros del buque testificaron que el médico del buque no estaba a bordo ese día. Tal era el sufrimiento de Miguel que un testigo, también preso en la Esmeralda, dijo de él "...al mirarlo pudo observar que estaba en muy malas condiciones físicas, se quejaba mucho, era un quejido agónico, estaba muy mal tratado, sus manos estaban muy rojas, al parecer con sus dedos quebrados, incluso, uno de sus dedos hinchado de color negruzco".

Sobre lo que le había pasado a Miguel, el Capitán MacCawley, ex Director del Hospital Naval, dijo que Aldoney le había comentado que "el ex sacerdote jamás fue detenido en el buque Esmeralda, ni menos sometido a torturas y solo fue llevado equivocadamente en busca de auxilio médico".

Por su parte, el Almirante Adolfo Walbaum, Jefe de la I Zona Naval e Intendente de Valparaíso en 1973, dijo que Aldoney le había hablado de que "un cura de origen Británico, de apellido Woodward, había fallecido y que su muerte había ocurrido, al parecer, en un tiroteo".

En todo caso, el Ministro no hace referencia alguna en su Sentencia al hecho de que Miguel murió mientras estaba en la Esmeralda. Pero así testificó el Segundo Comandante del buque, Eduardo Barrison, en dos ocasiones ante la Ministro Quezada.

En cuanto a lo que pasó en el Hospital Naval, el Ministro dice que, desde la Esmeralda, Miguel fue trasladado (vivo) al Hospital Naval, "toda vez que un médico de la Armada que se desempeñaba en dicho recinto, extendió un certificado médico de defunción".

Sin embargo, este médico, el Dr. Costa Canessa, testificó ante la Ministro Quezada que le habían ordenado firmar un certificado parcialmente rellenado afirmando que Miguel había muerto de un "paro cardio-respiratorio" tras haber sido encontrado en "la vía pública". En realidad, según el Dr. Costa, Miguel podría haber sufrido una caída y la caída "puede haberse provocado por golpes violentos, tal vez puños, culatazos...".

Además, dijo que sus superiores ni siquiera le permitieron ver el cuerpo de Miguel. Por fin, en una declaración verbal ante la Policía -que luego retiró- el Dr. Costa Canessa dijo creer que la persona que le había entregado el certificado parcialmente rellenado era el médico del Latorre, el Tte. (posteriormente Almirante en retiro) Kenneth Gleiser.

El Falso Final de la Historia:

Llama poderosamente la atención que la Sentencia del Ministro Miranda deje la historia de Miguel en los momentos en que fue trasladado al Hospital Naval, donde se emitió un certificado de defunción. La historia real -como la detallamos en una Memoria que estamos finalizando- es muy distinta. En su mayor parte fue relatada ante la Ministro y la Policía por testigos presenciales.

Miguel había llegado, en estado comatoso, en una furgoneta manchada de su sangre al muelle donde estaba atracada la Esmeralda. No se sabe por qué le llevaron a la Esmeralda, donde no había un médico en ese momento, y no directamente al Hospital Naval, que estaba más cerca de la Academia de Guerra (quizás era para torturarle más).

En el muelle Prat, donde estaba atracado el buque, le atendió un médico del crucero Latorre, quien le pronunció moribundo, probablemente por los fuertes golpes que habían destrozado sus órganos internos. Fue llevado a bordo en una camilla a pesar de las protestas del Segundo Comandante que quería que le llevasen ya al Hospital Naval. Al parecer el médico le acompañó a bordo de la Esmeralda, donde fue atendido por enfermeros.

Tras la muerte de Miguel en la Esmeralda, su cuerpo, acompañado por cuatro Infantes de Marina, se llevó directamente a la morgue del Hospital Naval. Un marino que custodiaba la morgue ese día declaró ante la Ministro Quezada que luego le ordenaron llevar el cuerpo de Miguel al Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar. Allí lo depositó en otra morgue, en la que yacían ya unos 15 cuerpos de personas asesinadas por la Armada. Allí sí que se pierde la pista.

El 25 de septiembre subió una furgoneta al Cementerio Playa Ancha de Valparaíso con dos marinos. Al Administrador le dijeron que llevaban el cuerpo de un cura extranjero, pero nadie lo vio a cara descubierta por estar envuelto en una mortaja. En presencia del Administrador lo enterraron en una sepultura sin lápida.

Más tarde, Patricia asistió a un intento de exhumación en el sitio indicado por el Administrador. Desde ahí Patricia hizo un llamamiento público para más información. Unas semanas más tarde se presentó un Diácono de la Iglesia que había sido sepulturero en el Cementerio en 1973.

Por entonces, según dijo, el Cementerio había sido tomado por la Armada, que lo aprovechaba para enterrar de forma clandestina los cuerpos de asesinados. Una noche le tocó a ese sepulturero enterrar tres cuerpos, con marinos que le apuntaban con metralletas.

Los tres eran de hombres altos y delgados (como era Miguel) y uno tenía en el pecho una herida, aún sangrando, de bala. El sepulturero y dos de sus compañeros fueron obligados a enterrar los tres cuerpos juntos en una sola sepultura.

La Ministro ordenó otra exhumación, de nuevo sin éxito. Alguien le dijo a Patricia que se había hecho una “limpieza” general en esa zona por fines de los 80, tirándose los restos al mar o incinerándoselos.

Ésa es la historia real de lo que le pasó a Miguel al final de su vida. El antiguo responsable de la Universidad Federico Santa María, donde Miguel sufrió “tortura por agua” (en la piscina), fue inculpado durante el sumario pero luego sobreseído. El Jefe del Estado Mayor de la Zona Naval, Capitán de Navío Guillermo Aldoney, ascendió a Almirante y fue responsable de la seguridad personal del Papa Juan Pablo II cuando visitó Chile en 1987.

Antes de esa visita informamos a Su Santidad de la muerte de Miguel y denunciamos la connivencia con la Armada de la jerarquía católica de Valparaíso. El Nuncio Apostólico en España nos confirmó que el Papa había recibido nuestra carta, pero aún así el pontífice fue fotografiado dando el Sacramento de la Comunión al General Pinochet, personaje que, en aquel momento, estaba excomulgado ipso facto por un decreto de la Conferencia Episcopal contra la tortura.

Luego el Almirante Aldoney fue nombrado para presidir una empresa de aceros, privatizada por el régimen militar.

El médico del crucero Latorre que había atendido a Miguel fue ascendido a Almirante, y presidió los servicios de salud de la Armada.

El Capitán Barison fue el Segundo Comandante de la Esmeralda, buque que sirvió, con su conocimiento, para la tortura de más de cien presos. Ni siquiera fue imputado.

Apelaciones:

Se apelará la sentencia por razón de:

-  La extremada clemencia de las sentencias dictadas contra los dos únicos condenados 
-  El hecho de que, de las 33 personas inculpadas por la Ministro Quezada (incluidos cuatro Almirantes en retiro), solo 7 fueron “acusados” (ningún oficial entre ellos) 
-  La obstrucción a la Justicia, hasta los tiempos actuales, por parte de algunos miembros del Alto Mando de la Armada, entre ellos dos Comandantes en Jefe que fueron implicados por el testimonio del Auditor General de la Armada (no habiendo sido ni siquiera inculpados)

Patricia Woodward

Fred Bennetts


 

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