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Claudio Abdón Lecaros Carrasco

Coronel de Ejercito

Oficial de Inteligencia Militar de la Escuela de Artillería de Linares

Gobernador designado de San Javier, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta octubre de 1973

C.I.: 3.241.095-2

Domicilio: Mayecura 1039, Las Condes, Santiago

 

Claudio Abdón Lecaros Carrasco, siendo Capitán en la Escuela de Artillería de Linares y como oficial del SIM estuvo involucrado en a lo menos 14 asesinatos de opositores a la dictadura militar.

En diferentes procesos se ha logrado establecer su participación con mayor o menor notoriedad en los asesinatos de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez y Cesáreo del Carmen Soto González quienes se presentaron voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 al retén de Carabineros de El Melozal, desde donde fueron trasladados por personal militar Escuela de Artillería de Linares. La noche del 16 de septiembre ambos fueron llevados al sector del puente Loncomilla junto a Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez donde fueron acribillados a tiros y sus cuerpos fueron lanzados al río.

El 29 de septiembre de 1973, Lecaros Carrasco participó en la detención y posterior desaparición de Miguel Antonio Figueroa Mercado.

Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez quienes habían sido detenidos días inmediatos al golpe de estado, fueron ejecutados el 2 de octubre de 1973  en el marco de la "Caravana de la Muerte" en el denominado episodio San Javier. En esta ocasión, Claudio Lecaros en su condición de Gobernador designado de San Javier, y con el objeto de esconder el crimen, emitió un bando declarando que a los fusilados se les había aplicado la ley de fuga al tratar de escapar durante una reconstitución de escena.

En la desaparición de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Robinson Mella quienes fueron vistos por última vez con vida en enero de 1974, en la Escuela de Artillería de Linares, el rol de Lecaros Carrasco  también fue de protagonista.

Guillermo del Canto Ramírez fue detenido en su domicilio el 2 de enero de 1974 y desapareció desde la Escuela de Artillería de Linares el15 de enero 1974, donde nuevamente Claudio Abdón Lecaros Carrasco juega un rol preponderante.

Por todos estos delitos, Claudio Abdón Lecaros Carrasco fue condenado el 4 de Junio 2007 a 10 años y un día de presidio por el secuestro del militante del MIR Guillermo del Canto Ramírez, ocurrido en enero de 1974.

El 21 de abril de 2009, la Corte de Apelaciones de Talca dicta la condena de de 541 días de presidio para Claudio Abdón Lecaros, con el beneficio de la remisión condicional bajo la supervigilancia de Gendarmería.

En el caso de la desaparición de Miguel Antonio Figueroa Mercado, el 18 de mayo de 2010 la Corte Suprema condenó a Claudio Lecaros a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y accesorias legales, con el beneficio de la remisión condicional.

El 28 de abril de 2011 Claudio Abdón Lecaros Carrasco fue condenado a 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Robinson Mella. En esta oportunidad la justicia chilena nuevamente le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En el caso del episodio San Javier del caso denominado Caravana de la Muerte, donde fueron asesinados Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez, Claudio Abdón Lecaros Carrasco fue.... Absuelto

Fuentes: Poderjudicial.cl, ddhh.gov.cl, La Nación, El Mostrador, El Mercurio, Archivo Memoriaviva


3 de Junio 2003 La Nación

Ola de procesamientos en casos de DD.HH.

 Un total de nueve procesamientos más fueron dictados por violaciones de los derechos humanos, en un contexto donde crecen las expectativas para conocer por dónde la derecha, independientemente de mejorar la indemnización a familiares de las víctimas, abordará una propuesta legislativa que intentaría poner fin a los juicios contra militares a 30 años desde ocurrido el golpe militar.

En una resolución dictada por el ministro Juan Guzmán Tapia, fueron ayer procesados como autores del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas los ex integrantes de la DINA coronel (R) Carlos López Tapia, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, coronel (R) Germán Barriga Muñoz, coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti.

Los encausamientos fueron dictados por la desaparición del ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y de los integrantes de la dirección clandestina del PC, todos desaparecidos a la fecha, Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de esta arteria, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC.

Estas víctimas están incluidas en la primera querella contra Augusto Pinochet y otros militares (R), que presentó el 12 de enero de 1998 Gladys Marín.

El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó que “esto demuestra que se puede seguir haciendo verdad y justicia, a diferencia de lo que quiere la UDI”. Contreras subrayó también “la valentía y la condición ética del juez Guzmán, que, sin inhabilitarse en el caso, procesó a un familiar suyo tan directo”.

Efectivamente, Carlos López Tapia, primo del juez Guzmán, fue el jefe del centro clandestino Villa Grimaldi en 1976, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del PC. López integró también la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”.

Ayer Guzmán admitió que la medida “fue difícil, porque los jueces somos seres humanos”.

Otros Cuatro

En tanto, el juez Jorge Zepeda sometió a proceso al oficial de Ejército (R) Claudio Lecaros Canales, al suboficial (R) José Muñoz Pozo, y al suboficial (R) de Carabineros Omar Mella Lillo. El encausamiento fue dictado como autores del homicidio de Rubén Acevedo Gutiérrez y del secuestro de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto.

Las tres víctimas se presentaron el 15 de septiembre de 1973 al retén El Melosal de San Javier, en la hoy Séptima Región, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Artillería de Linares, conducidos al puente Loncomilla y ejecutados. Sólo apareció el cuerpo de Acevedo.

A su turno, el ministro Daniel Calvo procesó al coronel (R) de la FACH Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro de Gabriel Marfull González. Este fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Aérea El Bosque. Allí fue ejecutado y su cuerpo trasladado hasta la Cuesta Barriga, donde fue abandonado.

En ambas causas actúa como querellante en representación de las familias el abogado del Fasic Nelson Caucoto, que valoró ayer la investigación instruida hasta ahora por los dos magistrados.

LA CAÍDA DEL PC

En la calle Conferencia, ubicada en la zona poniente de la comuna de Santiago, la DINA montó en mayo de 1976 una “ratonera”: agentes del organismo represivo esperaron durante varios días la llegada de la dirigencia del PC que trabajaba en la rearticulación del partido y los fueron capturando para luego hacerlos desaparecer.

En diciembre del mismo año, la DINA volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la hoy presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.


La Nación, 17 de Julio 2003

¿Interrogador o entrevistador?

El general (R) Jorge Zincke informó que Mery interrogaba en Linares pero que no trasladaba personas.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército, teniente general (R) Jorge Zincke, quien está procesado por la desaparición de prisioneros desde la Escuela de Artillería de Linares, confirmó ayer que el director general de Investigaciones Nelson Mery, operó como interrogador de los detenidos en ese regimiento.

 “Así es, él interrogaba”, dijo escuetamente Zincke luego de ser sometido a un nuevo interrogatorio por el ministro en visita Alejandro Solís, quien el 6 de junio pasado lo declaró reo por el secuestro y desaparición de José Campos Morales y Alejandro Mella Flores. Zincke también afirmó que Mery no tenían nada que ver con el traslado de personas.

Al momento del golpe militar de septiembre de 1973, Zincke era el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Artillería de Linares. Ayer el abogado Jorge Mario Saavedra, patrocinador de la querella por injurias que interpuso Mery en contra de la ex detenida Odette Alegría, quien lo acusó de abuso sexual, declaró a Radio Agricultura que Mery “nunca interrogó, él sólo entrevistaba a los detenidos, porque era sólo un ave de paso por la Escuela de Artillería”.

El director de Investigaciones Nelson Mery también fue interrogado en su momento por el ministro Solís en la causa por los desaparecidos de Linares. Dada las revelaciones de que Mery fue un hombre activo en ese regimiento durante los primeros meses del régimen militar, el gobierno le pidió que se tomara vacaciones.

En la causa, el juez Solís procesó además a los generales (R) Carlos Morales Retamal y Humberto Julio Reyes. También encausó a los coroneles (R) Juan Morales Salgado, Félix Cabezas Salazar y Claudio Lecaros Carrasco, así como al suboficial (R) Antonio Aguilar Barrientos y al funcionario de Investigaciones (R) Héctor Torres Guajardo.

Los otros siete detenidos desaparecidos de Linares son: Rubén Bravo Bravo, Anselmo Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera, María Isabel Beltrán Sánchez, Waldo Villalobos Moraga, Guillermo del Canto Ramírez y Luis Tapia Concha.

Según la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, Zolidia Leiva, Mery detuvo personalmente a Tapia Concha, quien era su esposo.


El Mostrador, 25 de Noviembre 2004

Juez rechaza aplicar amnistía y acusa a dos ex uniformados

Ministro Jorge Zepeda dictó dictó acusaciones como autores de dos secuestros con desaparición y un secuestro con homicidio contra el oficial de Ejército Claudio Lecaros Carrasco y el suboficial de Carabineros José Basilio Muñoz Pozo.

 El ministro de fuero Jorge Zepeda desestimó aplicar la ley de Amnistía y la prescripción en el proceso que sustancia por dos secuestros con desaparición y un secuestro con homicidio registrados el 16 de septiembre de 1973 en el poblado de Melozal, al interior de San Javier, en la Séptima Región.

El magistrado dictó acusaciones como autores de los mencionados ilícitos contra el oficial de Ejército Claudio Lecaros Carrasco y el suboficial de Carabineros José Basilio Muñoz Pozo.

Los casos se refieren a los secuestros calificados de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto, quienes se presentaron voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 al retén de Carabineros de El Melozal, desde donde fueron trasladados por personal militar Escuela de Artillería de Linares.

La noche del 16 de septiembre ambos fueron llevados al sector del puente Loncomilla, donde fueron vistos por última vez.

En tanto, Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez, que tuvo el mismo recorrido que los otros dos detenidos, fue encontrado con tres agujeros de balas y una herida en la pierna.

El abogado de la Fundación de Ayuda Social e Iglesias Cristianas (Fasic) Nelson Caucoto calificó como de “extraordinaria importancia” la decisión del magistrado, ya que “la no aplicación de la amnistía y prescripción no sólo deriva del carácter permanente que tiene el delito de secuestro, sino que existen otros fundamentos derivados del Derecho Internacional, que igualmente impiden la aplicación de esa normativa de exención de responsabilidad penal”.

El jurista explicó que los casos de detenidos desaparecidos quedan al margen de la amnistía y prescripción. “También quedan al margen los ejecutados o los delitos de homicidio, cuando ello se insertan en el marco de una represión política, brutal y sistemática, como la que hubo en Chile, puesto que en ese contexto, todos esos crímenes adquieren la calidad de Crímenes contra el Derecho Internacional, ya sean crímenes de guerra o de lesa humanidad”, afirmó.

El jurista sostuvo que “es un avance el que se utilice la terminología adecuada como lo hace el ministro Zepeda, llamando Delitos de Lesa Humanidad, a estos crímenes. Igualmente es trascendente que para él no existen amnistías propias o impropias, y que se niegue a configura homicidios, cuando no han sido encontrados los cuerpos”.

A juicio del abogado querellante, “esta resolución es una muestra más de que nuestros jueces comienzan a transitar derechamente por el Derecho Internacional como lo hacen otros países, acudiendo a ese derecho que se ha dado la comunidad mundial para resolver este tipo de crímenes”.

“Estamos frente a una resolución que nos coloca en la plena modernidad y que recoge el bagaje jurídico que se utiliza en todos los países de la tierra, del cual Chile no puede ser una excepción”, puntualizó.

Concluida la investigación, el magistrado dictó acusación en contra de los ex militares, y desestimó la petición de la defensa de los procesados, que le plantearon una excepción de previo y especial pronunciamiento consistente en la solicitud de aplicación de la amnistía y prescripción.

Argumentos del juez

1.- Respecto de los secuestros calificados de Vidal Riquelme y Cesáreo Soto, se trata de delitos permanentes, por lo que mientras no se sepa qué ocurrió en definitiva con ellos, no es posible aplicar la amnistía del D.L. 2191.

2.- No es posible aceptar, como lo aseveran las defensas de los acusados, que no obstante no haberse encontrado los cuerpos de las víctimas, pueda presumirse los homicidios de éstas; por cuanto, no se ha comprobado que las supuestas muertes se hayan efectivamente producido y menos que éstas hayan sido por la acción de los acusados, lo que solamente podría determinarse luego de haberse encontrado sus restos, apoyada su identificación y las causas de las muertes establecidas mediante informes técnicos suficientes.

3.- Que en base de los mismos razonamientos, se rechazan las excepciones de de amnistía y prescripción. La comisión de esos delitos de secuestros calificados aún no ha cesado y hasta hoy día están desaparecidas las víctimas, lo que impide atendida la continuidad de los delitos determinar si encuadran en el período de la amnistía, como también iniciar el cómputo correspondiente desde que cesaron de cometerse, para determinar la prescripción de la acción.

4.- Respecto del homicidio calificado de Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez y del secuestro calificado de Cesáreo Soto y Vidal Riquelme, se comprueba que normativamente se está en presencia en estos casos de lo que la conciencia jurídica humana ha dado en denominar crímenes de lesa humanidad.

5.- En efecto, existen presunciones en todos esos delitos de la responsabilidad de agentes del Estado, los que actuaron movidos por razones de persecución política, formando parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, de la cual formaban parte las víctimas.

La concreción de tipos incriminatorios por conductas lesivas en contra de la humanidad se gesta del literal c) del artículo 6° del “Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg”, que define los Crímenes contra la humanidad, a saber, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del tribunal, ya sea en violación o no de la legislación nacional donde fueron perpetrados.

 6.- Que además, el acervo dogmático heredado desde Nuremberg en esta materia, desemboca en los Convenios de Ginebra de 1949, sobre derecho humanitario , ratificados por Chile en 1951 y que constituyen ley de la República.

7.- Que la creación de una obligación convencional para los Estados partes de las Naciones Unidas de adoptar las medidas legales en procura de abolir la prescripción para este tipo de delitos, está dada por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, adoptada en 1968.

8.- Son imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como de paz.

9.- Esa imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad surge en la actualidad como categoría de norma de Derecho Internacional General (Ius Cogens).

10.- Que en cuanto a la obligatoriedad de la norma “ius Cogens” respecto de la imprescriptibilidad aludida, en nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución la que la reconoce en el artículo 5° inciso segundo y permite la posibilidad de incorporarlo.

11.- Que en consecuencia hay una prevalencia de la norma internacional de Derecho Internacional General que determina que son incompatibles con ésta las leyes de amnistía y prescripción invocadas como excepción de previo y especial pronunciamiento en esta Causa, ello porque así lo determina el derecho internacional válidamente incorporado al ordenamiento jurídico nacional.


La Nación, 26 de Noviembre 2004

Juez rechaza amnistiar un homicidio

El ministro Jorge Zepeda rechazó aplicar la amnistía y la prescripción al delito de homicidio en el caso del campesino ejecutado político Rubén Acevedo Gutiérrez, cuyo cuerpo fue sepultado por la familia en septiembre de 1973, fundamentando que el delito de homicidio, al igual que el de secuestro, son delitos de lesa humanidad que no pueden amnistiarse ni prescriben, pues así lo establece la legislación internacional de derechos humanos.

La resolución del magistrado corresponde a un dictamen de formalización de acusación contra los procesados Claudio Lecaros, coronel (R) de Ejército y ex director de la Escuela de Artillería de Linares, y el suboficial (R) de Carabineros José Muñoz Pozo.

La decisión del juez Zepeda fue calificada por abogados de derechos humanos como de “enorme relevancia” porque viene a transformarse, después del reciente fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, en la primera que establece que, aún cuando el cuerpo de la víctima haya sido encontrado o devuelto, el delito de homicidio no es amnistiable ni prescribe porque se trata de un ilícito de lesa humanidad.

Además, el juez Zepeda aplicó el mismo criterio al delito de secuestro y desaparición de los campesinos Vidal Riquelme y Cesáreo Soto. Las tres víctimas eran dirigentes sindicales campesinos y sus desapariciones y muerte ocurrió el 15 de septiembre de 1973.

El abogado Sergio Corbalán dijo a La Nación que “la resolución es muy relevante, porque va en la dirección de resolver en Chile los delitos de homicidio y secuestro, de acuerdo a la ley del derecho internacional”.

En su documento, Zepeda dice “en cuanto al homicidio y el secuestro, ambos corresponden a lo que la normativa y conciencia jurídica humana ha denominado crímenes de lesa humanidad”.


19 de Abril 2006 El Mostrador.cl

Procesan a cinco militares y dos detectives por secuestros en Linares

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a cinco miembros en retiro del Ejército y dos ex detectives como autores de secuestro calificado de tres militantes del MIR y un dirigente sindical, quienes fueron vistos con vida por última vez en la Escuela de Artillería de Linares entre el 12 de septiembre de 1973 y el 2 de enero de 1974.

El dictamen se convierte en una ampliación de la resolución que dictó el 6 de julio de 2003, ocasión en que encausó a seis ex uniformados por otros casos de detenidos desaparecidos contenidos en el mismo episodio.

El magistrado decidió encausar al coronel (r) Gabriel del Río Espinoza, quien era el comandante del mencionado recinto y -a la vez- intendente regional en la época, al coronel (r), Claudio Abdón Lecaros Carrasco, al ex comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y al comisario (r) de Investigaciones Nelson Volta Rosas, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Guillermo del Canto Ramírez, dirigente del MIR.

Según la investigación sustanciada por Solís, siendo las 00:30 horas del 2 de enero de 1974, Del Canto fue detenido mientras se encontraba junto a su cónyuge Marianela Méndez Soto en el domicilio de su primo Félix Ignacio Valenzuela Ferrer, ubicado en calle Santa Clara Nº 560 de la comuna de La Cisterna.

En efecto, ingresaron al lugar varios funcionarios que dijeron pertenecer al Regimiento de la ciudad de Linares, los que detuvieron a del Canto Ramírez y a su primo, por tratarse de un ”encubridor” –según manifestaron los aprehensores- .

Ambos detenidos fueron llevados en un camión hasta la Escuela Militar de Santiago, lugar en que fueron interrogados. A la mañana siguiente, Valenzuela Ferrer fue dejado en libertad en tanto que Guillermo del Canto fue trasladado hasta el Regimiento de Artillería de Linares, donde permaneció detenido algunos días, siendo interrogado y torturado para, posteriormente, en una fecha no determinada, ser conducido al campo de prisioneros de Tejas Verdes de San Antonio, donde se perdió su rastro hasta hoy.

Otras tres víctimas

Por otra parte, el ministro Solís procesó al general (r) Carlos Edmundo Morales Retamal, a la sazón director de la Escuela de Artillería de Linares, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en contra de la estudiante universitaria y ex militante del MIR María Isabel Beltrán Sánchez, cometido a contar del 18 de septiembre de 1973.

Al ex comisario de Investigaciones Héctor Armando Torres Guajardo y al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos, como autores del delito de secuestro calificado en contra del ex militante del MIR Héctor Hernán Contreras Cabrera, cometido a contar del 8 de diciembre de 1973.

Por último, el juez encausó al coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de José Alfonso Saavedra Betancourt, ex dirigente sindical de la empresa Celco, perpetrado desde el 12 de septiembre de 1973.

El magistrado otorgó la libertad provisional a todos los procesados y sólo en el caso de Morales Salgado, quien por primera vez es imputado en esta causa, el beneficio fue entregado con consulta a la Corte de Apelaciones.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó este martes la excarcelación del ex militar, con los votos favorables de los ministros Juan Cristóbal Mera y Amanda Valdovinos, además del abogado integrante Benito Mauriz.

Compañeros de Mery

En el procesamiento, que consta de más de 60 páginas, el ministro Solís dejó estampadas las varias alusiones que existen en estos casos por la participación del ex director de Investigaciones en la detención de estos opositores al régimen militar.

De hecho, varios testigos lo sindican como parte del grupo de agentes que detuvo a María Isabel Beltrán. Asimismo, uno de los detectives que prestó servicios en la Escuela de Artillería, Armando Torres Guajardo, sostuvo que en esa unidad "había un Departamento de Seguridad, a cargo del capitán Lecaros y contaba con otros funcionarios, como Nelson Mery, al mando de Jorge Zincke.

Participaba en los interrogatorios y respecto de María Isabel Beltrán, militante del MIR, arrestada en Santiago, presenció unos 3 interrogatorios a cargo del capitán Lecaros, el cual, para amedrentarla, la golpeaba, en la espalda, con un “churro” de goma".

En tanto, uno de los sobrevivientes de la Escuela de Artillería de Linares, Osvaldo Efraín Salazar Saavedra, quien fue detenido el 19 de diciembre de 1973 por un pelotón de militares y detectives que lo llevaron a la Escuela Militar y luego fue trasladado a la Escuela de Artillería de Linares, afirma que en ese grupo participó Nelson Mery.

Por su parte, el ex director de la policía civil, quien abandonó su cargo por su supuesta vinculación a violaciones a los derechos humanos, declaró en el procesó que "el 12 de septiembre de 1973, siendo detective, fue designado como Oficial de enlace en la Escuela de Artillería de Linares y en una ocasión lo llamaron de la “Oficina de Inteligencia” y Aguilar le preguntó si conocía a Patricia Contreras, a quien ubicaba por ser amigo de su hermana, Elena".

"Contestó que sí y le ordenaron ir a Santiago porque aquella estaría involucrada en un ocultamiento de armas en Panimávida. Llegaron a una casa en calle Cienfuegos, en un jeep militar, a cargo del capitán Humberto Julio, iban además el sargento Aguilar y el detective Volta; la detuvieron y la llevaron a la Escuela Militar; al día siguiente, yendo de regreso, bajó del jeep y miró en el camión en que iba aquella y se encontró, además, con María Isabel Beltrán, quien fue detenida por los efectivos militares", añadió.

"Siempre estimó que María Isabel Beltrán era un objetivo de inteligencia militar como lo dijo por escrito el coronel Morales Retamal, quien señala que aquella pertenecía a una célula mirista, mantenía actividades extremistas en Parral y en la infiltración de personas en las Fuerzas Armadas, principal cargo por el cual fue detenida", aseguró Mery al tribunal.


El Mostrador, 4 de Junio 2007

Solís dicta condenas de 10 años y un día por desaparición de mirista

Dictamen del magistrado por secuestro de Guillermo del Canto afectó a dos oficiales y un sargento del Ejército, todos retirados, además de un ex comisario de Investigaciones.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz dictó su 15ª condena por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar desde que heredó parte de las causas que investigó el ex ministro de Juan Guzmán Tapia en contra de Augusto Pinochet.

Solís condenó al general (R) Gabriel del Río, al capitán (R) Claudio Lecaros Carrasco y al ex sargento Antonio Aguilar Barrientos, todos del Ejército, y al otrora comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo a 10 años y un día de presidio por el secuestro del militante del MIR Guillermo del Canto Ramírez, ocurrido en enero de 1974. En calidad de cómplice fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel al ex detective Nelson Volta Rozas.

En mayo de 2006, el ministro en visita Víctor Montiglio Rezzio había favorecido al general (R) Del Río con la aplicación del decreto ley de Amnistía de 1978 por los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte en la ciudad de San Javier, Región del Maule, por lo que ésta es la primera sentencia que afecta al militar que fue intendente en los primeros días del régimen.

En tanto, el resto de los condenados ya enfrentan sentecias a presidio remitido por las torturas que se desarrollaron al interior de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974, en causa que investigó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca Víctor Stenger Larenas.

Guillermo del Canto Ramírez tenía 30 años al momento de su detención y era secretario regional del MIR de Linares-Maule, por lo tanto integrante del Comité Central del partido de izquierda. Desde noviembre de 1973, era intensamente buscado por integrantes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la zona donde además era funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA).

Pese a la intensa búsqueda en la Región del Maule, Del Canto Ramírez había logrado salir hacia Santiago para refugiarse en la casa de unos primos ubicada en calle Santa Clara 560, La Cisterna, donde fue capturado en la madrugada del

2 de enero de 1974.

Los efectivos militares irrumpieron en la vivienda y se llevaron a Del Canto Ramírez y su esposa, Marianela Méndez Soto, para trasladarlo a la Escuela Militar y la Escuela de Artillería de Linares, desde donde se perdió el paradero del técnico agrícola.

El ministro Alejandro Solís es el juez que más condenas ha dictado en casos de violaciones a los derechos humanos desde que el 14 de octubre de 2002 la Corte Suprema decidiera dividir las más de 200 querellas que tramitó ex juez Juan Guzmán Tapia.

En aquella ocasión, se nombraron además de Solís a los ministros Jorge Zepeda Arancibia y Daniel Calvo Flores, quien luego fue reemplazado por Joaquín Billard Acuña, mientras que Guzmán se quedó sólo con los procesos denominados Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Operación Cóndor I y II y Calle Conferencia, los que tramitó hasta su jubilación en marzo de 2005 sin dictar condenas.


El Mercurio, 14 de Noviembre de 2007
Derechos humanos: Suprema aplica prescripción y absuelve de cargos a coronel (r) 

Fallo benefició a Claudio Lecaros Carrasco, quien había sido condenado por el homicidio de tres campesinos de San Javier.


En un fallo que podría sentar jurisprudencia en las próximas decisiones de la Corte Suprema en materia de derechos humanos, la Segunda Sala del máximo tribunal aplicó la prescripción y absolvió de cargos al coronel (r) de Ejército Claudio Lecaros Carrasco, quien había sido condenado por los homicidios calificados de tres campesinos ocurridos en septiembre de 1973.

Tras analizar los hechos, la Sala Penal dio por acreditado que las víctimas -Vidal Riquelme Ibáñez, Cesario Soto González y Rubén Acevedo Gutiérrez- fueron asesinadas por una patrulla militar, pero a diferencia de fallos anteriores en el mismo proceso, consideró que existían diversas presunciones fundadas para establecer el homicidio de Vidal Riquelme, aun cuando su cuerpo nunca fue encontrado luego de ser lanzado al río Loncomilla, en la Región del Maule.

Con la fecha de muerte establecida, se puede comenzar a contabilizar la prescripción, a diferencia de lo que ocurre con los secuestros calificados, en los que la Suprema ha establecido que el delito permanece si no se constata la muerte de la víctima.

Dicho razonamiento dio pie para que en el voto de mayoría los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y el abogado José Fernández desestimaran aplicar los Convenios de Ginebra -que impiden prescribir delitos de lesa humanidad- por considerar que cuando ocurrieron los hechos, en Chile no había un estado de guerra interna.

Junto con ello, rechazaron aplicar la Convención sobre Imprescriptibilidad porque "no ha sido suscrita ni aprobada por Chile hasta la fecha".

En contra de dicha postura estuvieron los ministros Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch.

En primera instancia, el ministro de fuero Jorge Zepeda impuso a Lecaros tres penas de tres años, una por el secuestro de Riquelme y dos por los homicidios de los otros dos campesinos.

Al revisar el caso, la Corte de Santiago condenó a Lecaros a una pena única de 5 años por los tres delitos.

En otra resolución conocida ayer, la misma Sala Penal -pero con el ministro Alberto Chaigneau en lugar del abogado Fernández- desestimó la prescripción y condenó a siete ex agentes del llamado Comando Conjunto por el homicidio calificado del dirigente del Partido Comunista Carlos Contreras Maluje, ocurrido el 2 de noviembre de 1976.

Por 4 votos contra 1, el tribunal impuso 3 años y 1 día a los agentes Freddy Ruiz Bunger, Juan Saavedra Loyola y Daniel Giumpert, quienes, no obstante, fueron beneficiados con la libertad vigilada.

A la justicia internacional

La resolución de la Suprema en el caso Vidal Riquelme causó gran desconcierto entre los abogados querellantes. "Esta resolución es vergonzosa. Hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid, prohibió al Estado chileno seguir actuando de esta manera, y sencillamente se lo echan al bolsillo", dijo el abogado Boris Paredes, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Junto con ello, consideró grave que en el voto de mayoría figurara un abogado integrante nombrado por el Ejecutivo. "Alguien tiene que responder por esto", dijo, junto con anunciar que un grupo de profesionales denunciará el caso a la Comisión Interamericana de DD.HH.


El Mercurio, 17 de Noviembre de 2007

CONTRADICCIONES / Siguen criterios dispares por prescripción en Corte Suprema: 
Fallos en DD.HH. remecen a la Sala Penal 

Con un día de diferencia, el tribunal dictó resoluciones diferentes respecto de la aplicación de los tratados internacionales. La ausencia del ministro Alberto Chaigneau en una de esas causas fue decisiva en el vuelco. La posible llegada del nuevo supremo Carlos Künsemüller tranquiliza parcialmente a los abogados de derechos humanos.

El inminente alejamiento del ministro Alberto Chaigneau de la Corte Suprema, cuando cumpla 75 años el próximo 1º de enero, dejará a la Sala Penal sin su liderazgo para sancionar las causas por violaciones a los derechos humanos, abriendo nuevamente la posibilidad de que se aplique la prescripción y la amnistía a los perpetradores.

Así quedó demostrado con la ausencia del supremo en la vista de las casaciones por tres homicidios en el Puente Loncomilla, en septiembre de 1973.

Uno de los condenados como autor, el entonces capitán de Ejército y gobernador de San Javier, Claudio Lecaros, fue eximido de responsabilidad. Por tres votos a dos se impuso la tesis de la prescripción.

El ministro Chaigneau fue reemplazado en las audiencias por el abogado integrante José Fernández Richard, quien redactó el fallo que absolvió al ex militar.

La sentencia absolutoria causó revuelo entre los abogados de derechos humanos, en especial, porque al día siguiente y con la presencia de Chaigneau en la Sala Penal, la situación cambió y se retomó el criterio de la aplicación de tratados internacionales para sancionar a los autores del homicidio del militante comunista Carlos Contreras Maluje.

La detención y la muerte de Contreras Maluje, en 1976, quien se arrojó bajo un microbús para intentar librarse de sus captores del Comando Conjunto, fue calificado como un delito de lesa humanidad. Pero a los autores (ex oficiales de la FACH) les fueron impuestas penas menores de tres años y un día porque se les aplicó la media prescripción.

Pese a que la Sala Penal volvió al criterio de sancionar las violaciones de derechos humanos, el abogado querellante Nelson Caucoto plantea su inquietud por el errático camino adoptado por la instancia judicial.

Y es que Caucoto creía que en los casos de derechos humanos ya se había construido un camino y que esa ruta estaba consolidada para no aplicar la amnistía ni prescripción a los autores de los crímenes.

A su juicio, así quedaba demostrado con sentencias anteriores de la Sala Penal en que sin lugar a dudas se imponía el Derecho Internacional, dice, haciendo así expedita la vía para hacer justicia sin las trabas de la amnistía y la prescripción, que imperaron en otra época de los tribunales de justicia chilenos.

No obstante, advierte con desazón, el camino que él creyó construido y consolidado se sustenta en una base precaria, sólo con votos de mayoría, pero no con la unanimidad de los integrantes de la Sala Penal, que se apresta a dejar el ministro Chaigneau.

"¿Cómo se construye jurisprudencia con esa precariedad?", se pregunta Caucoto, quien además cuestiona la falta de certeza y de seguridad jurídica con la disparidad de criterios en el máximo tribunal.

En tanto, el abogado penalista Vivian Bullemore precisa que existe una disposición legal que permite recurrir al pleno de la Corte Suprema cuando se producen fallos contradictorios.

No obstante, se estima que eso sería un arma de doble filo para ambos lados, si asienta un criterio para siempre.

Votos cruzados

El fallo por los tres homicidios en el puente Loncomilla, dictado el 12 de este mes y que absuelve a Claudio Lecaros, tuvo como votos de mayoría a los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, y al abogado integrante José Fernández Richard.

El criterio de la mayoría fue acoger la prescripción a favor del ex militar, al desestimarse la aplicación de los Convenios de Ginebra, en lo que respecta al artículo tercero común, previsto para el caso de "conflicto armado sin carácter internacional".

En opinión de los tres altos magistrados, el estado de conmoción interior establecido por el decreto ley número 5 de 1973, no cumple con los criterios delineados por la normativa internacional para dar por existente un conflicto armado interno.

Por sancionar a Lecaros, en tanto, y en la disidencia, estuvieron los ministros Jaime Rodríguez Espoz, quien admite plena vigencia a los Convenios de Ginebra, y Hugo Dolmestch, que estimó que debió acogerse la indemnización para la familia de las víctimas.

Sin embargo, en la sentencia condenatoria del día siguiente, en el caso de Contreras Maluje, el ministro Ballesteros, redactor de la sentencia, se alineó a favor de la aplicación de los Convenios de Ginebra.

"El examen de la normativa dictada luego del 11 de septiembre de 1973, así como el contexto en que se desarrollaron los hechos posteriores a dicha data, permiten concluir a estos sentenciadores, que en la época en que ocurrieron los sucesos que dieron origen a la presente investigación, el territorio nacional se encontraba en realidad y jurídicamente en estado de guerra interna. Razón suficiente para tener por establecido que en Chile existía un "conflicto armado no internacional, en los términos del artículo 3 común para los Convenios de Ginebra..."", sustentó Ballesteros.

Con un día de diferencia, estos convenios rigen y no en Chile.

Igualmente, el ministro Rodríguez Espoz apoyó la tesis de los convenios de Ginebra en ambos fallos, pero en el de Contreras Maluje estuvo con la mayoría para aplicar la media prescripción a favor de los condenados.

"Esto le hace muy mal al prestigio de la Sala Penal de la Corte Suprema", subraya Caucoto, quien sólo vislumbra nuevas condenas para el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ocurrió al amnistiarse la muerte del profesor Luis Almonacid, por el incumplimiento de obligaciones internacionales con las sentencias del máximo tribunal.

Las contradicciones no pasaron inadvertidas entre otros supremos, que incluso traspasaron su inquietud al ex ministro Enrique Cury, destacado penalista que adelantó la posible instalación de una mesa de trabajo para llegar a un criterio común.

Carlos Künsemüller, el relevo

La salida del ministro Alberto Chaigneau, actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, dejará un cupo allí que requiere de un relevo experto en materias penales. Para eso fue pensada la nominación desde el Ejecutivo y la posterior ratificación en el Senado del destacado penalista Carlos Künsemüller Loebenfelder, quien se desempeñaba hasta su nombramiento, en agosto pasado, como abogado integrante de la Corte Suprema. Actualmente, está en la Sala Civil del máximo tribunal.

Así, se considera que Künsemüller es el sucesor natural de Chaigneau en la Sala Penal, pero no sólo por sus conocimientos en materia criminal, sino también por su criterio en derechos humanos.

Si bien no son muchos los fallos que se le conocen en ese tipo de casos, se recuerda una sentencia suscrita el año pasado por el entonces abogado integrante de la Corte Suprema dejando sin efecto la aplicación del decreto ley de amnistía que había anulado el procesamiento de cinco ex agentes de la DINA por el secuestro de la militante del MIR Jacqueline Binfa, en Villa Grimaldi.

Por ello, se le considera completamente contrario a la aplicación de la amnistía en las causas por violaciones de derechos humanos. Sólo admitiría eventualmente la prescripción, se comentó en el Palacio de Tribunales, si se conociera la fecha cierta de la muerte de la víctima.

En esferas judiciales, se admite que hasta el momento, el único que ha mostrado interés por ocupar la vacante que dejará Chaigneau es Künsemüller, y no se prevé que otro supremo pueda llegar a la Sala Penal.

Los posibles candidatos a ese cupo podrían haber sido los ministros Sergio Muñoz y Milton Juica. Sin embargo, ambos estarían afectados por una inhabilidad para conocer de causas en que interviene el Ministerio Público, ya que los dos tienen hijas que se desempeñan en esa repartición.

El nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, en reemplazo de Chaigneau, sería el ministro Nibaldo Segura, quien está por aplicar la prescripción en los casos de homicidios cometidos tras el 11 de septiembre de 1973.


El Mostrador, 15 de octubre de 2008   

Suprema dicta primera condena definitiva en el caso Caravana de la Muerte

Seis años de presidio dispuso el máximo tribunal para el general retirado Sergio Arellano Stark por el homicidio calificado de cuatro jóvenes militantes del Partido Socialista, en el denominado "episodio San Javier", una de las escalas que hizo la comitiva militar a fines de 1973 para acelerar procesos y ejecuciones de detractores del régimen militar.

La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a seis años de presidio, sin la posibilidad de obtener beneficios, al general (r) del Ejército Sergio Arellano Stark, por los homicidios calificados de de Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez en la investigación del episodio San Javier del caso denominado Caravana de la Muerte.

La decisión la adoptaron en un fallo dividido los los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo, luego de acoger un recurso de casación presentado contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La misma condena recibió el oficial retirado Carlos Romero Muñoz, quien en la fecha de los acontecimientos tenía el grado de mayor y se desempeñaba como fiscal militar de Linares.

También fueron condenados, a cuatro años de cárcel con el beneficio de la libertad vigilada, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace.

En tanto, el máximo tribunal absolvió a Claudio Lecaros Carrasco y a Gabriel del Río Espinoza.

Reparación del fisco

Asimismo, el fallo determina que el fisco debe pagar 80 millones de pesos a cada una de las dos querellantes que actuaron en el proceso a título de indemnización por daño moral.

En el aspecto penal la sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Rubén Ballesteros, quien estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal; mientas que el aspecto civil la sentencia fue determinada con la decisión en contra de los ministros Ballesteros y Jaime Rodríguez, quienes estuvieron por acoger la excepción de incompetencia.

Esta es la  trigésima séptima condena de la Corte Suprema en causas de derechos humanos desde 2005 y la décima en lo que va de 2008.

Amnistía

El ministro en visita del caso Caravana, Víctor Montiglio, había absuelto a los imputados en mayo de 2006, tras aplicar el Decreto Ley de Amnistía vigente desde 1978. Sin embargo,

Sin embargo, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de la capital revocó el dictamen el año pasado y decidió condenarlos por el delito de homicidio calificado.

El episodio San Javier

En el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, registrado el 2 de octubre de 1973, encontraron la muerte en esa ciudad cuatro jóvenes militantes del Partido Socialista, quienes habían sido detenidos por efectivos de Investigaciones de San Javier y destinados a la cárcel pública de la ciudad.

Teófilo Arce Tolosa (26) y Mauricio González Norambuena (20) se desempeñaban en la Corporación de Reforma Agraria (CORA), José Sepúlveda Baeza (22) era estudiante universitario y Segundo Sandoval Gómez (19) cursaba la enseñanza media.

Todos ellos habían protagonizado un incidente el día 11 de septiembre de 1973 en el que fueron perseguidos por funcionarios de Carabineros y civiles de la zona, logrando escapar de los disparos de sus perseguidores.

De acuerdo a la versión oficial entregada a la prensa que recoge el Informe Rettig, los detenidos eran conducidos a una "reconstitución de escena" e intentaron arrebatar las armas a sus centinelas y escapar.

De acuerdo a la instancia, los jóvenes fueron ejecutados por agentes del Estado, al margen de todo procedimiento legal y la versión del intento de fuga no es posible de aceptar.

Argumenta, por ejemplo, que resulta inconsistente afirmar que el día de los hechos los cuatro fueron sacados desde la cárcel y llevados a una reconstitución de escena, a un lugar situado entre el Regimiento de Artillería y el Polígono, en circunstancias que este lugar no está en el camino a San Javier, lugar donde efectivamente ocurrieron los hechos.

Además, que la fuerte custodia bajo la cual eran trasladados los detenidos en el período, hace improbable que, estando reducidos y desarmados, intentaran arrebatar las armas a efectivos militares, cuya superioridad física, numérica y logística resulta evidente.

Finalmente, señala que es inexplicable que para evitar un intento de fuga, de haber existido, se haya causado la muerte, en las condiciones descritas, a la totalidad de los prisioneros.


La Nación, 21 de abril de 2009

Corte de Apelaciones de Talca dicta condena en DD.HH.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca dictó este martes sentencia de segunda instancia por la detención ilegal y arbitraria del agricultor de Linares Miguel Antonio Figueroa Mercado, hecho ocurrido en septiembre de 1973, en cercanías del fundo Peñuelas de la comuna de Villa Alegre, Región del Maule.

En fallo unánime, los ministros Hernán González García y Víctor Stenger Larenas determinaron aplicar la pena de 541 días de presidio para Claudio Abdón Lecaros Pozo.

El tribunal de alzada del Maule concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, razón por la que Lecaros Pozo deberá someterse a la supervigilancia de Gendarmería por el tiempo que dure la condena.

En julio de 2008 la ministra en visita Juana Venegas determinó en julio de 2008 la absolución del condenado, aplicando la figura de la prescripción de la acción penal.


El Mostrador, 11 de Julio de 2009

Corte de Apelaciones de Talca condena a ex coronel del Ejército por crimen en 1973

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca condenó a cinco años de prisión al ex coronel del Ejército Claudio Lecaros por el homicidio calificado del campesino y militante del Partido Socialista Gerardo Antonio Encina, ocurrido el 2 de octubre de 1973, informa la prensa local.

El dictamen sostiene que el asesinato ocurrió mientras el país se encontraba "en estado de guerra" tras el alzamiento militar del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), por lo que se pueden aplicar las Convenciones de Ginebra que tipifican el delito como de lesa humanidad.

La Corte confirmó, además, la absolución del oficial de Carabineros (policía militarizada) Rolando Rivera en el caso, al considerar que no participó en el crimen del militante socialista. 

En agosto de 2008, la magistrada en visita Juana Venegas determinó en primera instancia la absolución de los dos funcionarios procesados.

Sin embargo, la causa llegó a la Corte de Apelaciones de Talca, a 258 kilómetros al sur de Santiago, donde ocurrieron los hechos, después de que el Ministerio del Interior apelara el fallo de la jueza.


El Mercurio, 11 de Julio de 2009
Corte de Talca: Condenan a ex coronel de Ejército a 5 años de cárcel

El oficial fue declarado culpable del crimen de un dirigente PS en 1973.  
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca (VII Región) condenó en fallo dividido con 5 años de presidio sin beneficios al ex coronel de Ejército de la provincia de Linares Claudio Lecaros Pozo, por el homicidio calificado del campesino y militante PS Gerardo Antonio Encina Pérez, ocurrido en Talca el 2 de octubre de 1973.El dictamen sostiene que el asesinato de Encina Pérez ocurrió mientras "el país se encontraba en estado de guerra, siendo aplicables las normas contenidas en los Convenios de Ginebra, constituyendo un delito de lesa humanidad".La Corte maulina confirmó, además, la absolución del oficial (r) de Carabineros Rolando Rivera Tucas en el caso, por considerar que no participó en el crimen del militante socialista.En agosto de 2008, la ministra en visita Juana Venegas había determinado en primera instancia la absolución de ambos funcionarios procesados.Sin embargo, la causa llegó a la corte talquina, luego que el Ministerio del Interior presentará una apelación. 


ddhh.gov.cl, Mayo de 2010

SENTENCIA POR CASO DE MIGUEL ANTONIO FIGUEROA MERCADO

El 18 de mayo de 2010, la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol Nº 3.022-2009 (Rol Nº 47.205, del Juzgado del Crimen de San Javier), acogió el recurso de casación en el fondo deducido por el Programa de Derechos Humanos, invalidándose la sentencia de 17 de abril de 2009, la cual calificaba jurídicamente el hecho delictivo como constitutivo de un delito de detención ilegal, en lugar de calificarlo como un delito de secuestro calificado. En sentencia de reemplazo, la Corte Suprema revoca la sentencia apelada, de 18 de julio de 2008, en cuanto por ella se acogió la excepción de prescripción de la acción penal, absolviéndose al acusado y en su lugar se decide que ella queda rechazada y, por lo tanto, se condena a CLAUDIO ABDÓN LECAROS CARRASCO por su responsabilidad como autor del delito de secuestro calificado de MIGUEL ANTONIO FIGUEROA MERCADO, cometido en septiembre de 1973, a 3 años de presidio menor en su grado medio y accesorias legales, con el beneficio de la remisión condicional de la pena. La Segunda sala Penal del máximo tribunal estuvo presidida por el Ministro D. Nibaldo Segura P., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Kunsemuller L.  y el abogado integrante D. Domingo Hernández E.


El Mostrador, 28 de Abril 2011

Cinco militares involucrados en violación a los DD.HH. cumplirán en libertad sus penas
La Corte Suprema absolvió a un militar retirado y permitió a otros cinco cumplir en libertad vigilada penas de entre tres y cinco años de prisión como autores de la desaparición de nueve opositores durante la dictadura militar, informaron este jueves fuentes judiciales.
Con este fallo definitivo, el alto tribunal ha dictado desde 2005 un total de cien sentencias condenatorias y otras doce absolutorias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet.
En este caso, la Corte Suprema rebajó las penas decretadas por el juez Alejandro Solís en una sentencia de 2008, en las que fijó quince años y un día de prisión para cinco de los imputados, y diez años y un día de prisión para el sexto ex militar encausado.
Con este fallo definitivo, el general en retiro Juan Morales Salgado y el ex coronel Claudio Lecaros Carrasco fueron condenados a cinco años de prisión con el beneficio de la libertad vigilada por la desaparición de cinco de los jóvenes opositores.
A la misma pena fueron sentenciados el suboficial en retiro Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel en retiro Félix Cabezas Salazar, por tres desapariciones.
En tanto, por un secuestro calificado, el subsecretario de Relaciones Exteriores durante el régimen militar, el general en retiro Humberto Julio Reyes, recibió 3 años de presidio con el beneficio de la remisión condicional, similar a la libertad vigilada.
En cambio, el general en retiro Gabriel del Río Espinoza fue absuelto de su responsabilidad como autor de cinco desapariciones.
Las víctimas del llamado proceso “Linares” son Arturo Riveros Blanco, Jaime Torres Salazar, Jorge Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cansino Aravena, Héctor Contreras Cabrera y Alejandro Mella Flores.
La mayoría de las víctimas, de entre 19 y 26 años, vivía en las localidades de Linares y Constitución, y eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Los jóvenes fueron detenidos por la policía días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y posteriormente fueron trasladados hasta la Escuela de Artillería de Linares y el Polígono de Tiro General Bari, desde donde se perdió su ubicación.
Respecto a la rebaja de penas y la aplicación de beneficios, la presidenta de la Asociación de Familiares Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró hoy que estas medidas reflejan un Poder Judicial que “beneficia a los criminales y deja a las víctimas en el más absoluto desamparo”.
Pizarro explicó que un grupo mayoritario de jueces “creen en esta visión reconciliadora que finalmente es impunidad, con la que tratan de dejar contentos a las víctimas y a los victimarios”, mientras que otros prefieren incluso aplicar la prescripción en estos crímenes.
En cambio, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, defendió que “en Chile la Justicia es lenta, pero llega”.
“Los jueces en Chile tienen un mandato claro de cuándo pueden absolver y cuándo pueden condenar”, y también de cuándo pueden otorgar ciertos beneficios, indicó.
Según la responsable del Instituto, “las absoluciones tienen que ver muchas veces con la falta de información, que no permite acreditar la responsabilidad penal de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que participaron”.


Poder judicial.cl, 28 DE ABRIL DE 2011

Claudio Abdón Lecaros Carrasco: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Robinson Mella. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.


La nación, 28 de abril de 2011

DDHH: CONDENA DEFINITIVA PARA IMPUTADOS EN EPISODIO "LINARES"

Con penas que van desde los 3 a 5 años de presidio y una absolución, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados ocurridos entre septiembre y diciembre de 1973, en la ciudad de Linares, Región del Maule.

El fallo contra seis agentes de la dictadura corresponde al denominado "episodio Linares" cuyas víctimas fueron Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Alejandro Robinson Mella Flores, María Isabel Beltrán Sánchez y Héctor Hernán Contreras Cabrera.

El dictamen tuvo votación dividida entre los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, quienes determinaron las siguientes penas:

-Juan Hernán Morales Salgado: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt y José Gabriel Campos Morales. Se le concedió el beneficio de la  libertad vigilada.

-Claudio Abdón Lecaros Carrasco: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Robinson Mella. Se le concedió el beneficio de la  libertad vigilada.

-Antonio Aguilar  Barrientos: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores. Se le concedió el beneficio de la  libertad vigilada.

-Félix Renato Cabezas Salazar: 5 años de presidio por su responsabilidad en los secuestros calificados de Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores. Se le concedió el beneficio de la  libertad vigilada.

-Humberto Lautaro Julio Reyes: 3 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional.

-Gabriel Del Río Espinoza: absuelto de su responsabilidad como autor de los secuestros de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, por falta de participación.

En el aspecto civil, se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios presentada contra el Fisco de Chile por incompetencia absoluta del tribunal.

En el aspecto penal, la sentencia se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de prescripción de la acción penal.

En tanto, en lo civil, la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemülller, quienes estuvieron por acoger las demandas.

Con esta condena se completan 100 sentencias condenatorias en casos de violación a los derechos humanos, dictadas por la Corte Suprema desde el 2005. En el mismo periodo, se han dictado 112 sentencias, correspondiendo las restantes a absoluciones.


La Tercera, 2 de mayo de 2011

Familiares de DDDD no descartan recurrir a Tribunal Internacional de Derechos Humanos por fallo en "Episodio Linares"

?Si bien el Poder Judicial es independiente del Gobierno, con pitutos muchas veces se consiguen cosas, incluso hasta la impunidad?, dijo la vocera Juana Soto.

Los dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, no descartaron recurrir al tribunal Internacional de dicha instancia, con el objetivo de denunciar el dictamen definitivo de la Corte Suprema por la desaparición de militantes y simpatizantes de izquierda durante el gobierno de Augusto Pinochet.

La vocera de dicha entidad, Juana Soto, indicó que “estamos muy decepcionados al conocer la resolución de la justicia y si bien destacamos el acucioso trabajo del ministro Solís, quien creemos que llegó al fondo de la investigación, no pensamos lo mismo de los jueces”.

Soto criticó duramente la posición del gobierno del Presidente Piñera, en el sentido de que “estamos en un gobierno de derecha y por lo mismo qué más podríamos esperar de un tema tan delicado como el de lo Derechos Humanos; por otro lado, hoy en día, si bien el Poder Judicial es independiente del Gobierno, con pitutos muchas veces se consiguen cosas, incluso hasta la impunidad”.

Por otra parte, la hija de María Isabel Beltrán, cuyo caso es uno de los más emblemáticos en el Maule sur; Tamara Callejas, “existe un sesgo de impunidad en estas decisiones, mi esperanza sigue viva de saber qué ocurrió realmente con mi madre, pero creo que así como hay gente que estoy segura ha colaborado en estas casas que investigó el ministro Solís, no puedo descartar que hay quienes no contaron todo lo que saben”.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal determinaron absolver a Gabriel Del Río Espinoza por su falta de responsabilidad; mientras que revolvieron 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestros y se les concedió el beneficio de la libertad vigilada para Juan Hernán Morales Salgado; Claudio Abdón Lecaros Carrasco; Antonio Aguilar  Barrientos; Félix Renato Cabezas Salazar; y tres años de presidio con el beneficio de la remisión condicional a Humberto Lautaro Julio Reyes.

Hay que recordar que la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Alejandro Robinson Mella Flores, María Isabel Beltrán Sánchez y Héctor Hernán Contreras Cabrera, ocurridos a partir de septiembre y diciembre de 1973, en la ciudad de Linares.

 


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