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Cristián Gabriel Le Dantec Gallardo

General de Ejercito

 

C.I.: 4.803.922-7

 

Cristian Le Dantec Gallardo, esta implicado en la desaparición de 22 campesinos de Paine en 1973. Este crimen fue ejecutado por personal de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la cual elpertenecia, al igual que otros 36 entonces subtenientes.

Cristian Le Dantec Gallardo nació en la ciudad de Valparaíso. Realizó sus estudios básicos y medios en diversos colegios de Viña del Mar, ingresando a la Escuela Militar el año 1969, graduándose como Subteniente de Infantería en 1973. Curso en la Escuela de las Américas en febrero de 1974

Entre los años 1974 y 1980 desarrolló los cursos de Capacitación Pedagógica en la Escuela Militar, de Instructor Militar de Montaña y de Aplicación de Comandantes de Unidades Fundamentales en la Escuela de Infantería. En el año 1981, es destinado a Brasil para desempeñarse como alumno del Curso de Perfeccionamiento para Oficiales de Infantería en el Ejército de ese país.

Entre sus destinaciones destacan: en 1974 al Regimiento de Infantería Nº 3 Yungay desde donde es destinado a la Escuela de Suboficiales. En 1981 cumple comisión de Servicio en Brasil.

El año 1996 fue nombrado Comandante del Regimiento de Infantería Nº 5 Carampangue en la Guarnición de Ejército de Baquedano.

Al finalizar su mando, es destinado al Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), desde donde es designado en 1998 como primer Agregado Militar en representación de la Defensa Nacional, en la Misión de Chile ante Naciones Unidas con sede en Nueva York.

A su regreso al país en el año 2000, es destinado a la Comandancia en Jefe del Ejército, asumiendo en paralelo la responsabilidad de dirigir y ejecutar el proyecto del Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz.

Durante los años 2002 y 2003 se desempeña como Director de la Academia de Guerra. En el 2003 es ascendido al grado de General de Brigada recibiéndose del mando de la III y IV Divisiones de Ejército, debiendo refundirlas para en el año 2004 desempeñarse como Comandante en Jefe de la III División de Ejército y de la Guarnición General de Ejército de las Regiones VIII, IX y X.

El año 2005 es designado Comandante del Comando de Infraestructura, para el 2006 ser nombrado Director de Finanzas del Ejército.

En el año 2007 es ascendido al grado de General de División.

El 2008 es designado Comandante de Apoyo a la Fuerza y Comandante de Industria Militar e Ingeniería.

Cristian Le Dantec Gallardo fue designado jefe del Estado Mayor Conjunto en 2010, aun cuando está implicado en la muerte de 22 campesinos de Paine el año 1973.  La AFDD señala que Le Dantec  “ es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973”.

 

Fuentes de Informacion: La Nacion; Emol; El Mostrador; CronicaDigital; Archivo Memoriaviva


La Nación

24 de Enero 2008  

Cuatro generales activos entre buscados en proceso por víctimas de Paine

Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División. En agosto de 1973 fueron 36 los subtenientes que egresaron de la Escuela Militar destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Cuatro son los generales en servicio activo que figuran entre la lista de los 36 subtenientes que en agosto de 1973 egresaron de la Escuela Militar y fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la que pertenecen quienes en 1973 asesinaron a los campesinos de Paine. Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División.

Se trata del general de División Guillermo Castro Muñoz, comandante de la II División del Ejército de la Región Metropolitana, quien ya fue interrogado por el juez Héctor Solís en la búsqueda de los otros dos subtenientes que en octubre de 1973 participaron junto al entonces subteniente Andrés Magaña, en la masacre de 22 campesinos en Paine.

También está el general de División Cristián Le Dantec Gallardo, actual director de Finanzas del Ejército. El otro general de División es Julio Baeza von Bohlen, actual director de Logística de la institución.

El cuarto es el general de Brigada Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, actual comandante de la División Escuelas del Ejército. Aldunate fue mencionado por un ex agente como integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, mientras era el segundo comandante de la fuerzas de Naciones Unidas en Haití.

El ministro del proceso Paine, Héctor Solís, indaga para conocer la identidad de los otros dos subtenientes que acompañaron a Magaña. 

Hasta ahora esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados de la matanza del 16 de octubre de 1973 en Paine.

Coincidentemente con la aparición de la información de prensa del interrogatorio del general Castro, el Ejército sacó hace unos días de su página electrónica institucional la lista con el alto mando.

Las fotos de los cuatro generales que se publican en este artículo aparecen en la revista de la Escuela Militar "Cien Aguilas" del año 1973.


La Nación, 3 de febrero de 2008

La generación de tenientes del Ejército y las violaciones de los DDHH

El peso de una estrella

Cinco de los nueve generales de División que actualmente conforman la cabeza del alto mando del Ejército están cuestionados. El fantasma por su posible participación en causas de lesa humanidad los vuelve a perseguir ahora que están en el momento más álgido de sus carreras. Cerca del 30% de los oficiales de las FFAA y de Orden por sobre el rango de mayor hoy en servicio activo formaron parte de las huestes de la CNI, lo que podría generar nuevas interrogantes y conflictos a 18 años del fin de la dictadura.

De Castro, Aldunate, Baeza y Le Dantec, son parte de los 39 subtenientes que en agosto de 1973 fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, unidad responsable de la matanza ocurrida en Paine, en octubre de ese año.

Se sentaron frente al juez y se mostraron los dientes. Habían asesinado juntos, pero esta vez el conductor del camión que transportó a los 22 campesinos prisioneros de Paine a la muerte le faltó el respeto.

Juan Quintanilla Jerez, uno de los civiles que participó en el operativo, tenía al frente a quien fue su jefe en la masacre, el ahora coronel retirado Andrés Magaña Bau.

Esa noche de octubre de 1973, Quintanilla condujo por caminos ocultos hasta hallar la quebrada que serviría de paredón. Ahora, más de tres décadas después, confrontados ambos ante el juez Héctor Solís, surgió un antecedente relevante: habían matado de día “con el sol en la cara de los detenidos”, declaró el civil.

Y aunque siempre los soldados contaron a la justicia que actuaron de noche, alumbrados tan sólo por los focos del camión y algunas linternas, fue esa la presunta penumbra donde se escudaron para asegurar que nunca pudieron distinguir los rostros de sus superiores.

Quintanilla no tenía dudas de que junto a él, en la cabina amplia del camión iban, además de Magaña, otros dos oficiales jóvenes con el grado de subteniente.

Son los militares que ahora busca el juez. O, mejor dicho, los dos “fantasmas”, porque, extrañamente, nadie recuerda sus nombres. Según los querellantes están atados por un “pacto de silencio” que por más de 34 años han conservado como el mayor secreto de familia.

Dos fantasmas a los que no sólo vio Quintanilla, sino también varios de los conscriptos que fueron obligados a disparar, entre ellos Carlos Lazo Santibáñez y Víctor Sandoval Muñoz, tal como lo confesaron al magistrado.

El pelotón de la Escuela de Infantería de San Bernardo que actuó aquel amanecer contaba con unos 30 efectivos. Todos comienzan ahora a recordar que el sol ya brillaba por el este cuando apretaron el gatillo y escondieron los cuerpos.

Pero el coronel Magaña se mantuvo estoico en su negativa frente a Quintanilla y el juez. “¡Jamás hubo otros dos subtenientes!”. Quintanilla insistió y lo agredió verbalmente: “Usted me obligó a disparar, diciéndome que si no lo hacía, también iba a parar al fondo de la quebrada junto al resto”.

Los dos subtenientes que viajaban en la cabina junto a Magaña, según quienes los vieron, no se quedaron dentro del camión. Descendieron y ninguno llevaba el rostro cubierto cuando el sol brillaba.

Quintanilla entregó otro dato preciado. Interrumpiendo a Magaña, que seguía negando, dijo: “Eran dos subtenientes recién egresados de la Escuela Militar”.

¿Cómo conocía aquel detalle certero?

Unos pocos meses después, hacia fines de 2007, el impenetrable Magaña, vuelto a ser interrogado por el magistrado acerca de los dos jóvenes fantasmas, cometió un desliz, tal vez involuntario: “Si hubiesen viajado otros oficiales, debieron ser subtenientes recién egresados de la Escuela Militar, en agosto de 1973”. Pero súbitamente volvió a recuperar su línea y siguió negando.

Había deslizado exactamente el mismo antecedente que entregó Quintanilla: subtenientes recién egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar, destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

EL NUDO FANTASMAL

Guillermo Castro Muñoz, Eduardo Aldunate Hermann, Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo, son los nombres de los cuatro generales en servicio activo que irrumpieron en la prensa este verano ardiente, haciendo sonar las alarmas en el edificio de calle Zenteno, sede de las FFAA.

Forman parte de los 39 subtenientes egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar que fueron destinados a la Escuela de Infantería y que hoy son sospechosos de haber acompañado a Magaña ese triste amanecer de octubre.

Ahí está el nudo del conflicto para ellos, porque, aunque quizás sean inocentes, entraron en el universo acotado donde el juez busca identificar a los dos subtenientes que nadie quiere revelar.

Una lista de 1984 enviada por el entonces ministro de Defensa, Patricio Carvajal, a la justicia militar (ver entrevista a Pamela Pereira) con todos los oficiales y suboficiales que servían en la Escuela de Infantería en esa fecha, incluye a Castro, Baeza y Le Dantec.

La nómina identifica a 39 subtenientes. Aldunate no figura, pero altas fuentes militares dicen que fue destinado también a ese cuartel en agosto de ese año.

Su foto resalta en la revista de la Escuela Militar “Cien Águilas” de 1973, dentro de los destinados a Infantería junto a los otros tres generales en servicio activo. Ahora, el juez Solís trabaja con esa publicación, para descubrir la identidad de los otros dos subtenientes de Paine.

En entrevista concedida en 2005 a La Nación, Aldunate reconoció que estuvo destinado en la CNI algunos meses y que sólo realizó labores de seguridad para visitas extranjeras. Sin embargo, LND tuvo acceso a información que lo vincula al organismo por lo menos hasta 1982, siendo visto en al menos dos cuarteles.

Nadie menciona hasta ahora en el proceso a Aldunate, Baeza y Le Dantec como los posibles subtenientes que junto a Magaña al mando del grupo por antigüedad tomaron parte en los crímenes.

Pero el recientemente retirado prefecto de Investigaciones, Rafael Castillo, sí nombra a Castro. “El señor Magaña deja entrever que uno de los subtenientes involucrados en estos hechos es el señor Castro, que actualmente sería un general en servicio activo. No tengo problemas en carearme con Magaña”, afirmó Castillo al juez relatando parte de su investigación.

Por cierto, Magaña negó en el careo entre ambos, realizado el pasado 15 de enero, haberle entregado algún nombre.

CASTRO EN CERRO CHENA

En su declaración judicial del pasado 14 de enero en calidad de “inculpado” ante el juez Solís, el general Castro negó haber actuado junto a Magaña. Pero admitió algo que, a juicio de los querellantes, es grave: sirvió en una compañía de fusileros adscrita al “Cuartel Dos”, nombre con que se conocía el otro estamento de la Escuela de Infantería ubicado en cerro Chena.

“Pero allí nunca vi detenidos, sólo supe después por la prensa que los hubo”, se adelantó a decir al juez. Sin embargo, el mismo coronel Magaña declaró: “Yo quería fusilar a los detenidos en el campo de prisioneros que tenía la escuela en cerro Chena”, pero sostiene que sus superiores no le aceptaron la propuesta esa noche.

El general Castro agrega en su declaración judicial a otro subteniente a la ya larga lista que indaga el juez. “Cuando fui asignado en octubre de 1973 a la Compañía de Fusileros que estuvo en el Cuartel [Dos], ésta era comandada por el capitán Rojas, y también la integraba el subteniente Benjamín Ovalle”, declaró.

En la ya citada revista “Cien Águilas” aparece junto a los cuatro futuros generales un subteniente destinado a Infantería: “Benjamín Ovalle Maturana”. Tampoco éste figura en la lista de Carvajal de 1984.

CAMINO DIFÍCIL

La tensión producida por la aparición de los nombres de generales activos mencionados en casos de violaciones de los derechos humanos nuevamente volvió a generar las reuniones extraordinarias entre representantes políticos y castrenses.

El propio Comité Político de la Presidenta Bachelet trató el tema y se vio enfrascado en una breve pero fuerte diferencia de opiniones entre los ministros secretario general de Gobierno y de Presidencia, Francisco Vidal y José Antonio Viera-Gallo (ver página 10).

La semana pasada, el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, debió postergar sus vacaciones para reunirse con los abogados Pamela Pereira y Luciano Fouilloux.

Ambos tienen una trayectoria íntimamente ligada a casos de violaciones de derechos humanos, no tan sólo por ser querellantes de las víctimas del caso Paine, sino porque ambos integraron la Mesa de Diálogo, intento fallido para dar con el paradero de miles de detenidos desaparecidos.

Trascendió que en dicha reunión el jefe castrense, que estaba acompañado por el auditor general, Juan Arab, comprometió toda su voluntad para colaborar con la justicia y aclarar presuntas responsabilidades.

Sin duda que el más afectado por esta disposición es el general Gonzalo Santelices, actual jefe de la Guarnición de Santiago, involucrado en un caso que nada tiene que ver con Paine.

En una nota entregada durante la semana al Ejército, el Gobierno sugirió la necesidad de que Santelices sea separado de sus funciones lo antes posible. Y casi al mismo tiempo, Izurieta habría manifestado a su Estado Mayor que resolvería este tema en marzo, aunque no se descarta que sea reasignado a otras funciones mientras la justicia determina si se lo somete a proceso o si queda libre por falta de méritos.

Hace más de cinco años que el militar reconoció judicialmente que participó en la comitiva que trasladó a 14 prisioneros políticos de Calama, que posteriormente fueron fusilados por la Caravana de la Muerte. Bastó que se recordara este hecho en La Nación y que el abogado Hugo Gutiérrez solicitara que declarara en el proceso que instruye el ministro Víctor Montiglio como “inculpado”, para que su suerte quedara aparentemente sellada. Su alejamiento o traslado de la guarnición sería inminente.

La generación de generales mencionados eran subtenientes en 1973. Tanto Pereira como Fouilloux critican que no se informara oportunamente acerca de sus pasadas destinaciones, especialmente aquellas que podían haberlos expuesto a delitos de lesa humanidad.

Pero no es la única información que no se ha entregado. ¿Hay más miembros de las FFAA, Carabineros o Investigaciones en servicio activo que hayan tenido un mínimo de participación, desconocida hasta hoy, en los organismos represivos de la dictadura? ¿Qué debiera suceder con ellos? (ver recuadro de Investigaciones)

En el Gobierno reconocen que en todas las ramas de las FFAA aún se encuentran en servicio activo ex agentes que pasaron por el temido organismo represor. Sólo el Ejército conformaba el 70% de la dotación de la CNI y destinaba cada año cerca de 250 efectivos.

Al interior del actual alto mando, se dice que la principal defensa en el Ejército para enfrentar esta situación es que la diferencia radical con generaciones anteriores es que se trata de oficiales y suboficiales que no cumplieron labores operativas antisubversivas, violentas, ni funciones que actualmente sean objeto de investigaciones judiciales.

“La CNI era un organismo muy grande. Tenía una de las dotaciones más numerosas y las funciones que se cumplían ahí eran múltiples”, comenta un alto oficial militar que pide mantener su anonimato.

Estimaciones realizadas por el propio Ejército calculan que entre un 30 ó 40% de los oficiales pasó por los cuarteles de la CNI. Se trata de oficiales que actualmente ostentan los grados de mayor, coronel y general.

Sólo a finales del 2005, cuando Izurieta asumió la Comandancia en Jefe, 13 de los 30 generales que se encontraban en servicio activo habían pasado por la CNI.

Durante la administración del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta, se sentó un precedente claro para los casos de militares involucrados en causas de derechos humanos: si algún juez los procesaba, inmediatamente se les cursaba el retiro. Uno de los casos que inició dicha doctrina fue el procesamiento del general Hernán Ramírez Hald, por el caso Tucapel Jiménez.

Sin embargo, la situación que actualmente enfrenta el general Santelices podría cambiar radicalmente este panorama, ya que el solo reconocimiento por su parte de la participación en un hecho delictivo, probablemente se traducirá en su alejamiento de la institución, tal como lo recomendó el Gobierno, no obstante que Izurieta pidió esperar a su regreso de vacaciones para resolver.

En momentos en que los tribunales se encuentran en plena fase de condenas en los casos de DDHH, los funcionarios que por cualquier motivo pasaron o vivieron una situación cercana a hechos relativos a delitos de lesa humanidad se escudan en la jerarquía institucional para invocar en su defensa la obediencia debida.

Pero más allá de eso, la abogada Pamela Pereira cuestiona que no se transparente la información de modo que el Gobierno tome una mejor decisión en torno a quiénes componen el alto mando.

“No puede ser que se sostenga que aquí hay antecedentes que se omiten para que no nos enteremos y no se produzca el impacto que produce el saber este tipo de información. Ésta debe ser real y no se pueden omitir datos para que entonces no se haga la vinculación entre determinados hechos con determinadas personas”, sostiene.

Por su parte, Luciano Fouilloux dice que el general Izurieta ha manifestado su intención de colaborar en torno al esclarecimiento de las violaciones de los DDHH. “Hay un compromiso público, dicho en una reunión con él, de que no van a repetirse actitudes de secretismo legal ante los tribunales de justicia y que se va a entregar toda la información que se posea”, dice.

Más allá de quienes son investigados por la justicia y aquellos que por azar les tocó pasar por organismos represivos o estar cerca de lugares donde ocurrieron hechos de sangre, la actual situación pone el principal acento en el proceso que debe concluir con el nombramiento del sucesor del general Izurieta en la Comandancia en Jefe del Ejército, que debe salir de los actuales generales en activo, para que el nominado tenga una hoja de vida impecable.

Por otro lado, los organismos defensores de los DDHH aspiran a que el bicentenario traiga consigo, por primera vez desde el retorno a la democracia, un alto mando libre de toda sospecha


El Mostrador

7 de febrero de 2010

AFDD cuestiona nombramiento de jefe de Estado Mayor Conjunto

El organismo señala que Le Dantec figura en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine en 1973, por lo que está moralmente inhabilitado para ejercer dicho cargo.

La reciente designación del general Cristian Le Dantec Gallardo como jefe del Estado Mayor Conjunto, ha motivado el malestar de organizaciones de derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, argumentando que el militar está implicado en la muerte de campesinos.

La AFDD señala que el caso de Le Dantec no cumple con la premisa de que este nuevo cargo sea asumida con autoridad moral, ya que “él es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973”.

La agrupación precisa que el general tuvo que prestar declaración ante el ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el crimen de los 22 campesinos, lo cual lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor.

El juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado.

“Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, sostiene.

La AFDD menciona que tan grave como la designación es el hecho de que existiendo los antecedentes judiciales, se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor.

Los cuatro ofíciales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.

Por tal motivo, la AFDD exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y “Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas”.


Crónica Digital

8 de Febrero 2010

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y LA CUT PIDEN REMOCIÓN DE JEFE DE ESTADO MAYOR CONJUNTO DE CHILE

La Agrupación de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Ex Presos Políticos y la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, pidieron al Gobierno de Michelle Bachelet la remoción del recientemente designado como jefe del Estado Mayor Conjunto el general Cristian Le Dantec Gallardo, por ser imputado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

El viernes pasado fue designado Le Dantec como Jefe del Estado Mayor Conjunto entre 18 generales del Ejército de Aviación y vicealmirantes

Para las organizaciones humanitarias de inmediato “surgen las interrogantes que deberán dilucidarse prontamente para que esta nueva responsabilidad sea sumida con la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere”.

Según la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, “Le Dantec no se cumple con esta premisa, ya que el es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973”.

La AFDD, sostiene que: “Este solo antecedente sumado a la declaración que tuvo que prestar Le Dantec ante el Ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el asesinato de los 22 campesinos, lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor”.

Cabe recordar que el juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta “Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, subraya la AFDD.

“Tan grave como la designación es el hecho de que existiendo los antecedentes judiciales se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor”, apunta la organización humanitaria.
Los cuatro ofíciales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas”.
En tanto, el presidente de la Agrupación de Ex presos Políticos de Chile, ANEXPP, Héctor Cataldo calificó la designación del alto oficial de Ejército como “una afrenta a la memoria de los familiares de las víctimas y en espacial a los sobrevientas de la prisión política”.
“No debemos olvidar que en los cuarteles del Ejército, la Marina, la Aviación y Carabineros, se detuvo, torturó y asesino a miles de opositores al régimen de Pinochet. En esos lugares hubo oficiales de menor rango implicados y que hoy son altos oficiales de las cuatro ramas”, recordó Cataldo.
Agregó que en Chile, “la justicia ha podido avanzar muy poco en estos 20 años en poder esclarecer estos hechos”, y que los responsables han “sido los gobiernos de la Concertación con su nefasta política de los acuerdos que han permitido que la justicia no lleve a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos a la justicia”

LA CUT
María Eugenia Puelma, encargada de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, dijo que la designación del general Cristian Le Dantec Gallardo como Jefe del Estado Mayor Conjunto deja “a la democracia chilena en muy mal pie ante la comunidad internacional. Chile, ha dicho en todas las latitudes que la justicia funciona y que cualquier militar en servicio activo Proyecto Internacional de que esté implicado a las violaciones de los derechos humanos no será promovido”.
“La exigencia de verdad, justicia y reparación es un anhelo de todos y todas las chilenas. La designación de Le Dantac va en contra del deseo mayoritario de los trabajadores y la nación”, finalizó Puelma.

¿Quién es Le Dantec?

La labor del jefe del Estado Mayor Conjunto será liderar el trabajo que apunte a preservar la paz y conduzca -en caso de que quebrantamiento de la paz- las operaciones militares en medio de un conflicto.

El General de División, Cristian Le Dantec Gallardo, nació en la ciudad de Valparaíso. Realizó sus estudios básicos y medios en diversos colegios de Viña del Mar, ingresando a la Escuela Militar el año 1969, graduándose como Subteniente de Infantería en 1973. Entre los años 1974 y 1980 desarrolló los cursos de Capacitación Pedagógica en la Escuela Militar, de Instructor Militar de Montaña y de Aplicación de Comandantes de Unidades Fundamentales en la Escuela de Infantería. En el año 1981, es destinado a Brasil para desempeñarse como alumno del Curso de Perfeccionamiento para Oficiales de Infantería en el Ejército de ese país.

Entre sus destinaciones destacan: en 1974 al Regimiento de Infantería Nº 3 Yungay desde donde es destinado a la Escuela de Suboficiales. En 1981 cumple comisión de Servicio en Brasil.

A su regreso presta servicios en la Escuela de Infantería, desde la cual postula a la Academia de Guerra. En el año 1986, egresado de la Academia de Guerra como Oficial de Estado Mayor es destinado al Comando de Institutos Militares, en 1988 a la Dirección de Operaciones, en 1989 a la Vice Comandancia en Jefe del Ejército, para ser destinado en 1993 como Profesor a la Academia de Guerra.

El año 1996 fue nombrado Comandante del Regimiento de Infantería Nº 5 Carampangue en la Guarnición de Ejército de Baquedano.
Al finalizar su mando, es destinado al Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), desde donde es designado en 1998 como primer Agregado Militar en representación de la Defensa Nacional, en la Misión de Chile ante Naciones Unidas con sede en Nueva York.
A su regreso al país en el año 2000, es destinado a la Comandancia en Jefe del Ejército, asumiendo en paralelo la responsabilidad de dirigir y ejecutar el proyecto del Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz.

Durante los años 2002 y 2003 se desempeña como Director de la Academia de Guerra. En el 2003 es ascendido al grado de General de Brigada recibiéndose del mando de la III y IV Divisiones de Ejército, debiendo refundirlas para en el año 2004 desempeñarse como Comandante en Jefe de la III División de Ejército y de la Guarnición General de Ejército de las Regiones VIII, IX y X.

El año 2005 es designado Comandante del Comando de Infraestructura, para el 2006 ser nombrado Director de Finanzas del Ejército.
En el año 2007 es ascendido al grado de General de División.

El 2008 es designado Comandante de Apoyo a la Fuerza y Comandante de Industria Militar e Ingeniería.
Actualmente es Jefe del Estado Mayor General del Ejército.


El Mostrador

8 de Febrero 2010

Presión de la AFDD obliga a magistrado a aclarar vínculo del general Le Dantec con caso de DD.HH.

La Agrupación de Detenidos Desaparecidos advirtió que la justicia aún no se ha pronunciado sobre la posible responsabilidad del jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. en el crimen perpetrado en 1973, por lo que considera que el militar está inhabilitado “éticamente” para ejercer el cargo. Frente a ello, el ministro Héctor Solís señaló en un comunicado que "hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso".

El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, descartó este lunes que el nombre del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Christian Le Dantec Gallardo, no forma parte del proceso en el caso del asesinato de 22 campesinos en Paine tras el golpe militar de 1973.

El magistrado se refirió así a los cuestionamientos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) contra el oficial, a quien acusa de estar inhabilitado ” moralmente” para desempeñar el nuevo cargo, en el cual fue designado por la Presidenta Michelle Bachelet, ya que aseguran en la entidad, la justicia aún no ha descartado de plano que sea uno de los imputados en este caso emblemático de violaciones a los Derechos Humanos.
Solís detalló que el 13 de diciembre de 2008 Le Dantec declaró en relación a los hechos investigados y que el 5 de febrero del mismo año, el tribunal a petición del general, se constituyó en dependencias de la Auditoría General del Ejército, ocasión en que nuevamente entregó su testimonio.
Junto con esto, el ministro afirmó que “hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso y que la investigación actualmente se encuentra en etapa de sumario, con diversas diligencias pendientes”, expresó en un comunicado enviado por el Poder Judicial.
Le Dantec fue nombrado el pasado viernes por la jefa de Estado como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo creado por una ley recientemente promulgada, dirigida a modernizar el Ministerio de Defensa.


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