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Víctor Federico Lizárraga Arias

General (r) de Ejercito

Agente DINA – DINE

Director de Inteligencia Subrogante de la DINE, Agregado Militar en Israel

Curso en la Escuela de las Américas en enero de 1971

C.I.: 4.382.830-4

Domicilio: A. Vespucio Norte 0435 Torre B Dpto. 1, Las Condes, Santiago

                 El Roble 321, Peñalolén, Santiago

 

Víctor Lizárraga Arias aparece en el listado de personal de la DINA publicado por Cambio 21 en abril de 2012, participo en las torturas y asesinatos llevados a cabo en el campo de concentración “Tejas Verdes”. Este centro represivo estaba ubicado en Provincia de San Antonio, y era parte de la infraestructura de represión del Ejército y fue uno de los más paradigmáticos centros de tortura, relacionado directamente con la formación y centro de operaciones de la DINA desde 1973. En este recinto de tortura también se entrenaba a agentes de los diferentes servicios de inteligencia en métodos de tortura y represión. Entre los “profesores” se encontraba el ex Alcalde de Providencia (Santiago) Cristian Labbé.

 Lizárraga Arias fue condenado el 29 de noviembre de 2010 a 5 años y un día por el homicidio del coronel de Ejército Gerardo Huber y 5 años por asociación ilícita en el crimen ocurrido en enero de 1992

Fuentes: Cambio 21; Punto Final, Wikipedia, Archivo Memoriaviva


 

Corte Suprema confirma las condenas

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó el 29 de noviembre de 2010 las condenas por el homicidio del coronel de Ejército Gerardo Huber, ocurrido en 1992. Su cuerpo apareció en el Cajón del Maipo, tres meses después de que se detectara la exportación ilegal de armas de Famae a Croacia.

Los condenados son el general (R) Víctor Lizárraga Arias, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio calificado y otros cinco por asociación ilícita, y, el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco, sentenciado a cuatro años por el homicidio y cuatro por integrar la asociación ilícita.

Fueron absueltos el ex jefe de la DINE, general (R) Eugenio Covarrubias y el ex director de Logística del Ejército y jefe de Huber, general (R) Carlos Krumm. Por su parte, el coronel Julio Muñoz Bustamante fue condenado a 300 días de prisión como encubridor y fue absuelto de la asociación ilícita.


Clain.com, 6 de noviembre de 1998

Purga de pinochetistas en el ejército chileno

Pasarán a retiro este año 11 o 12 generales

Son considerados militares duros y oficiales de confianza del ex dictador

Entre los que dejan las filas figura el segundo hombre de la fuerza

Por MONICA GONZALEZ. Especial para Clarín EN CHIL
A sólo seis meses de producirse el retiro del general Augusto Pinochet, el ejército chileno está llevando a cabo un proceso de retiros y ascensos que significa la salida de sus filas de los más prominentes oficiales políticos del pinochetismo. Fue el primero de octubre, mes marcado en la agenda de este país por la crisis desatada con el arresto del ex dictador en Londres, que el nuevo comandante en jefe del ejército, Ricardo Izurieta, informó la nómina de los diez nuevos brigadieres que ascendían al generalato. Izurieta, un militar con fama de profesional y una foja de servicio limpia en cuanto a violaciones a los derechos humanos, era el hombre que el presidente Eduardo Frei quería al frente del ejército, un general alejado del pinochetismo. Inclusive, el ex presidente de facto se resistió a aceptarlo como su sucesor. Fuentes militares señalaron a Clarín que la primera señal de los nuevos vientos que soplan en las filas castrenses fue que entre los elegidos no figuraban algunos de los oficiales más prominentes que ocuparon cargos durante la dictadura. El general Luis Cortés Villa, un leal al ex comandante del ejército y pasado a retiro en marzo pasado junto a Pinochet, pareció vislumbrar los tiempos de cambio: Cuando la Cámara de los Lores emita su fallo sobre mi general Pinochet, Chile ya no volverá a ser el mismo, dijo hace pocos días con marcada preocupación. Es así como fue obligado al retiro el brigadier José García Ferlice, quien fue jefe de Comunicaciones del ejército y comandante del influyente Regimiento de Infantería Buin, dos altos cargos reservados sólo para los escogidos por el propio Pinochet. Tampoco ascendió el brigadier Germán García Arriagada, que al igual que el ex director de la Academia de Guerra, brigadier Jaime García Covarrubias, fueron subsecretarios del régimen de Pinochet. Si los ascensos y exclusiones no provocaron polémica -ni siquiera que fuera ascendido el brigadier Orlando Carter, yerno del ex jefe de la policía secreta del régimen militar (DINA), Manuel Contreras- los retiros de este año, que ya están en la mesa de los anuncios, sí lo serán. Esta vez pasarán a retiro entre 11 a 12 generales entre los que figuran hombres que ocuparon los cargos más cercanos al ex comandante en jefe. El más relevante es sin duda el mayor general Sergio Moreno Saravia, actualmente el segundo hombre del ejército. Su relación con Pinochet se profundizó cuando el ex dictador lo escogió como su edecán, a principios de los 80.Cuando Pinochet deja el gobierno, es Moreno quien asume el rol más delicado de su entorno: jefe de la Casa Militar. En 1994 asumió el mando más importante de tropas: jefe de Institutos Militares. Otro de los que se marchará de la fuerza es Jaime Izarnotegui, tercero en antigüedad del ejército, ex director de la Academia de Guerra, quien se destacó por sus declaraciones políticas entre 1987 1988, en la campaña del plebiscito de octubre del 88, que sepultó las esperanzas de Pinochet de perpetuarse en el poder. También pasará a retiro el general Víctor Lizárraga Arias, quien fuera director de Inteligencia y jefe del Comité de Asesoría Presidencial en tiempos de Pinochet. Fue gobernador en San Antonio, director de la Compañía de Teléfonos (cuando era estatal) y agregado militar en Israel. Supo mover los hilos en las sombras y sabía mucho de la trama del poder de Pinochet. En cuanto al general Emilio Timmermann, ex director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, su retiro es emblemático. Es considerado uno de los más duros jefes militares. Para capear el temporal que provocará en los más fieles seguidores de Pinochet estos retiros, ya se tiene una carta. Es el ascenso a mayor general del general Sergio Espinoza, actual jefe de la Misión de Paz en Pakistán de la ONU, y cuyo retiro ha sido exigido por su participación en los Consejos de Guerra en el campo de detenidos de Pisagua en 1973, que significó la muerte de altos dirigentes socialistas, cuyos cuerpos no fueron entregados. Ese ascenso sería ratificado por el presidente Frei, en una señal de apoyo a Izurieta y de independencia de los sectores socialistas de su gobierno. 


La Nación,  4 de octubre de 2009

CASO HUBER: JUEZ DARÁ A CONOCER MAÑANA LAS SENTENCIAS

  El ministro en visita Claudio Pavez mantiene procesados y acusado a los generales Eugenio Covarrubias, Víctor Lizárraga Arias, Carlos Krumm y el brigadier Manuel Provis Carrasco, por asociación ilícita y el asesinato del coronel Carlos Huber, muerto hace 17 años.

Fuentes judiciales confirmaron que el ministro en visita Claudio Pavez citó para mañana a la Corte de Apelaciones de San Miguel, al mediodía, a los abogados de los ex altos uniformados que se encuentran procesados por asesinato calificado y asociación ilícita por el asesinato del coronel Gerardo Huber, hecho ocurrido hace 17 años.

Dicha muerte pretendía encubrir el contrabando de armas del ejército hacia Croacia, que en ese momento se encontraba en plena guerra civil y que poseía un embargo de armas decretado por la ONU.

Huber, jefe del Departamento de Logística del Ejército, fue encontrado muerto el 20 de febrero de 1992 cerca del río Maipo, en el sector de La Obra, pero el juez determinó que el 29 de enero, mientras se encontraba escondido en San Alfonso, fue llevado bajo engaño al puente El Toyo y fue asesinado por un tiro de larga distancia, presuntamente por un francotirador, según detalla el expediente.

El juez mantiene procesados y acusado a los generales Eugenio Covarrubias, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército; Víctor Lizárraga Arias, ex director de la DINE; Carlos Krumm, ex jefe de la Dirección de Logística, y el brigadier Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia.

También como miembro de esta asociación ilícita y como encubridor del asesinato está Julio Muñoz, amigo del coronel Huber.

El abogado Ciro Colombara, abogado de la viuda e hijos de la víctima, espera conseguir que los inculpados posean altas penas. "Nos parece que una investigación tan acuciosa, como la que ha llevado el ministro Claudio Pavez adelante, que ha permitido aclarar un caso que ha estado durante tantos años en las penumbras, necesariamente va a terminar en una sentencia condenatoria respecto de los responsables", declaró a radio Bío Bío.

"Confiamos en que esa sentencia va a establecer la culpabilidad de las personas, altos oficiales del Ejército, que han sido procesados", añadió.

Los inculpados mantienen su libertad provisional y tendrán 15 días para apelar y recurrir al tribunal de alzada de San Miguel.


La Tercera, 5 de octubre de 2009

Los protagonistas del Caso Huber

El coronel Gerardo Huber Olivares fue asesinado mientras se desempeñaba como jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército. Huber estuvo desaparecido 22 días en el verano de 1992. El oficial fue requerido por el ministro Hernán Correa de la Cerda, por la investigación judicial que intentaba aclarar el tráfico de armas, por parte de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae). Tras declarar, Huber decidió descansar en casa de un amigo, Elwin Tapia, en el Cajón del Maipo.

El 20 de febrero de ese año el cuerpo de Huber fue hallado, flotando en la ribera del río, con el cráneo destrozado al parecer por un proyectil de alto impacto.

El proceso se caratuló durante 13 años como suicidio, hasta que el juez Claudio Pavez lo cambió a homicidio calificado, a pocas semanas de asumir la causa, en septiembre de 2005.

BREVE CRONOLOGÍA

1 Diciembre 1991. Se descubre en Budapest un cargamento de 11,5 toneladas de material bélico chileno destinado a Croacia, en medio de la Guerra de los Balcanes. Declara el coronel Gerardo Huber, jefe de Adquisiciones de Logística. 20 de Febrero de 1992. Tras 22 días de desaparición, el cuerpo de Huber es encontrado en el río Maipo. Caso se investigó sin resultados hasta ser reabierto en 2005. 
1 de Septiembre de 2005. Se designa a Claudio Pavez como ministro en visita, por petición del CDE. 
6 de Marzo de 2006. El ministro procesa a cinco militares por asociación ilícita.

GERARDO HUBER O.

Ex coronel del Ejército. Se desempeñaba como jefe de Adquisiciones de la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae). Su cuerpo fue encontrado el 21 de febrero de 1992 en el Cajón del Maipo, 22 días después de su desaparición. También perteneció a la DINA. 

VÍCTOR LIZARRAGA A.

Ex secretario coordinador de la Dine. Se le involucra en el caso, dado que el día de la desaparición de Huber, no estaba trabajando. Lizárraga declaró que fue al fundo de Linares para llevar al hijo de Huber al funeral de su padre, pese a que su cuerpo aún no aparecía, lo que sólo ocurrió el 20 de febrero. En su segunda declaración, sostuvo que en realidad había ido a buscar a un sobrino de Huber que, según entendía, podía manejar antecedentes, pero que al llegar al sitio se había dado cuenta que sólo era un niño. 

JULIO MUÑOZ

Ex coronel del Ejército. Afirman que mientras el mayor sostiene que viajó a Linares junto a Provis buscando al hijo menor de Huber por orden de su madre, Adriana Polloni, la cuñada del coronel afirma que éste usó la excusa del hijo como una amenaza velada a la familia. Lo acusa de haberla presionado para que dijera que Huber se había suicidado aun antes de que apareciera el cuerpo del oficial. 

CARLOS KRUMM

General (R) del Ejército. Fue el superior del coronel Gerardo Huber en la división de Logística del Ejército, en la que este último ocupaba la jefatura del departamento de adquisiciones en el exterior. Krumm fue quien le pidió a Huber que pusiera a disposición de la Fábrica de Maestranza del Ejército (Famae) un despachador de aduanas para que materializara la transacción de pertrechos a Sri Lanka y que resultó ser Croacia.

EUGENIO COVARRUBIAS

General (R) del Ejército. Ex director de Inteligencia del Ejército (Dine). En sus declaraciones desligó cualquier responsabilidad que pudiera existir de la entidad que él dirigía por la muerte del coronel Gerardo Huber, en su inferior jerárquico, el general Víctor Lizárraga Arias. Está procesado además en la causa que lleva el ministro Alejandro Madrid, quien investiga lamuerte del químico Eugenio Berríos, como autor del delito de obstrucción a la justicia, encubridor del secuestro con resultado de homicidio y autor de asociación ilícita


Cambio21, 30 de noviembre de 2010

El crimen de un coronel en plena democracia: la viuda de Gerardo Huber, Adriana Polloni, asegura a Cambio21: "Siempre supimos que fue un asesinato". Tres militares en retiro condenados por el crimen

En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, el entonces jefe del Departamento de Exportaciones del Ejército, coronel Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del río Maipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se detectó el armamento exportado ilegalmente a Croacia.

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el homicidio del coronel de Ejército Gerardo Huber Olivares.

El abogado Ciro Colombara, se mostró medianamente satisfecho con la sentencia mientras la viuda del malogrado coronel Huber, Adriana Polloni, dijo estar satisfecha con las condenas, pero a su juicio, aún queda por encontrar al autor material del homicidio. "Estamos tranquilos porque son 18 años de espera, pero se ha hecho justicia".

En conversación con Cambio21 reconoció que aún falta lo que dictamine la Corte Suprema, "por eso estamos más tranquilos porque queremos llegar al final de todo esto".

Agregó estar contenta con el trabajo de la justicia, "porque nosotros desde un principio siempre supimos que fue un asesinato y no un suicidio como decían".

En esa línea indicó que "hemos esperado tanto tiempo por la verdad que poco a poco está saliendo a la luz, sé que aún falta quién tramó todo esto, pero nunca vamos a perder las esperanzas".

"Esperamos que alguien noble se dé cuenta del daño que hicieron y que pueda relatar lo que sucedió ese día y por qué le hicieron eso a mi esposo", sentenció la viuda.

Los condenados

Los condenados son el general (R) Víctor Lizárraga Arias, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio calificado y otros cinco por asociación ilícita, y  el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco, sentenciado a cuatro años por el homicidio y cuatro por integrar la asociación ilícita.

Fueron absueltos el ex jefe de la DINE, general (R) Eugenio Covarrubias y el ex director de Logística del Ejército y jefe de Huber, general (R) Carlos Krumm. Por su parte, el coronel Julio Muñoz Bustamante fue condenado a 300 días de prisión como encubridor y fue absuelto de la asociación ilícita.

En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, el entonces jefe del Departamento de Exportaciones del Ejército, coronel Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del río Maipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se había detectado el armamento exportado ilegalmente por Famae a Croacia.

Cómo fue el crimen de Huber y por qué

El coronel (R) y ex agente no operativo de la DINA Gerardo Huber Olivares fue asesinado a distancia con un tiro en la cabeza por un "sniper" o francotirador altamente capacitado,  utilizando un rifle de alto poder y precisión. Para ello fue convencido mediante "engaño" -el 29 de enero de 1992- que concurriera al puente El Toyo en el sector de San Alfonso del Cajón del Maipo.

Su asesinato correspondió a una "conspiración" en la que participaron altos oficiales en servicio activo del Ejército en ese entonces, con el fin de "neutralizar a Huber como si fuese un enemigo" para proteger a "generales de su institución" involucrados en el tráfico de armas a Croacia descubierto en diciembre de 1991.

Desde su cargo, el oficial tuvo conocimiento de la operación encubierta para sacar armamento institucional por orden del dictador Augusto Pinochet y enviarlo a Croacia a través de traficantes internacionales y la colaboración de la Fábrica de Armamento y Maestranza del Ejército (Famae).

Al comprobar Huber que era acosado con intenciones de hacerlo desaparecer por su disposición para colaborar en el proceso por este tráfico de armas, se ocultó en una casa del sector de San Alfonso. En la investigación se estableció que la operación para eliminar a Huber correspondió a aquellas ocurridas durante la década de los noventa dirigidas desde la inteligencia del Ejército.

El autor material del crimen nunca ha logrado ser identificado.

Los antecedentes fueron establecidos por el juez Claudio Pavez en el auto de procesamiento por el homicidio de Huber dictado en contra de tres generales, un brigadier y un coronel, todos en retiro.


Punto final, Mayo 2006

Asesinato de un coronel pone al descubierto la mafia que operaba en un Batallón

Roto el pacto de silencio en la inteligencia militar

La investigación judicial sobre el asesinato del coronel Gerardo Huber Olivares, ocurrido en misteriosas circunstancias a comienzos de 1992, está dejando entrever la existencia de una organización criminal encargada de proteger el secreto de diversas operaciones comerciales ilícitas y otros delitos cometidos por miembros de la inteligencia militar, subordinados al general Augusto Pinochet.

El coronel Gerardo Huber egresó de la Escuela Militar en 1964, con la especialidad de ingeniero. Diez años más tarde se incorporó a la DINA y fue enviado a Argentina para infiltrar a grupos que apoyaban al MIR chileno en su lucha contra la dictadura de Pinochet. Luego, de retorno en Chile, trabajó con el estadounidense Michael Townley en la creación de armas químicas para la “guerra antisubversiva”.

Al promediar los años 80, Huber fue destinado al complejo químico que el ejército tiene en Talagante, provincia de la cual llegó a ser gobernador entre 1987 y 1989. En marzo de 1991, Huber se trasladó a la Dirección de Logística donde se hizo cargo de la compra y venta de armamentos en el exterior. Dos meses después, al promediar mayo -según ha afirmado su viuda, Adriana Polloni, hija de un ex jefe de inteligencia del ejército- el coronel Huber se entrevistó con el general Pinochet para darle a conocer diversas irregularidades en Logística. La viuda sostiene que Pinochet lo mandó al Hospital Militar para que lo viera un siquiatra.

ARMAS PARA CROACIA

A mediados de octubre de 1991 llegó a Chile Ives Marziale, representante de Ivi Finance & Managment Incorporated, empresa dirigida por el alemán Gunther Leinthauser. Su objetivo era adquirir armas de segunda mano para el ejército croata, que preparaba la defensa de Bosnia ante la ofensiva serbia para conquistar Sarajevo.

Marziale contaba con la asesoría de Sidney Edwards, ex oficial de la Real Fuerza Aérea británica, quien en el mes de abril había establecido contactos con dos ejecutivos de la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae), el coronel David Fuenzalida y José Sobarzo Poblete, para sondear las posibilidades del complicado negocio dada la prohibición de Naciones Unidas de vender armas a los bandos en conflicto en la ex Yugoslavia. Sidney Edwards era un viejo conocido de la Fuerza Aérea de Chile pues actuó como contacto de los ingleses con las fuerzas armadas chilenas durante la guerra de las Malvinas.

El 19 de noviembre, Marziale y Edwards, acompañados por el capitán (r) de la Fach Patricio Pérez, llegaron a Famae a cerrar el trato por 370 toneladas de armas en una transacción que superaba los seis millones de dólares. El destino encubierto sería Sri Lanka. El cargamento incluía fusiles SG-542, lanzadores y misiles Blow Pipe y Mamba, cohetes Low, morteros y granadas, además de una gran cantidad de munición 7.62.

Los detalles de la operación se realizaron sin sobresaltos, salvo por un detalle: el transporte aéreo de la carga. Tras fracasar un primer contacto con la empresa Southern, pidieron ayuda al general (r) de la Fach Vicente Rodríguez, ex jefe de Inteligencia de esa institución y representante de Enaer para América Latina. Rodríguez contactó a la empresa Main Cargo, de Antonio Sahd y del agente de aduanas Sergio Pollmann, quienes iniciaron apresurada búsqueda de un avión que llevara las armas a Europa.

Solicitaron ayuda a un connotado especialista en carga aérea, de militancia democratacristiana, quien a su vez recurrió a diversas agencias. Finalmente consiguieron un avión de la empresa Florida West, utilizada con frecuencia por la CIA. Paralelamente, decidieron pedir la colaboración de un experto en problemas de embarque, el empleado civil Ramón Pérez Orellana, funcionario de Exportaciones e Importaciones de la Dirección de Logística.

El general Carlos Krumm, director de Logística, llamó al coronel Huber, jefe de Pérez Orellana, y lo instruyó para que pusiera a ese funcionario a disposición del general Guillermo Letelier, director de Famae. Ese es el aparente único nexo del coronel Huber con la operación clandestina destinada a llevar armas a Croacia.

El 29 de noviembre salió del aeropuerto de Pudahuel el cargamento de muestra, de once toneladas por un valor superior a 200 mil dólares. El 1° de diciembre el avión aterrizó en Budapest, Hungría, donde fue allanado por la policía y confiscado el cargamento, cuyas cajas estaban rotuladas como ayuda humanitaria del Hospital Militar chileno. El día 7 un periódico húngaro publicó la información y en La Moneda el escándalo estalló en las horas siguientes como una granada de fragmentación.

El 2 de enero de 1992 fue destituido el director de Famae, brigadier general Héctor Guillermo Letelier. Dos días más tarde, a petición del ministro de Defensa, Patricio Rojas, la Corte Suprema designó al juez Hernán Correa de la Cerda como ministro en visita para investigar el caso.

El magistrado citó a declarar al coronel Gerardo Huber, quien aseguró haber recibido una orden verbal del entonces director de Logística del Ejército, general Carlos Krumm, para que diera curso a la exportación de las armas. El ministro Correa decretó orden de arraigo para Huber.

UNA NOCHE OSCURA

El miércoles 29 de enero de 1992, el coronel Huber decidió pasar unos días de descanso junto a su familia en la casa de su compadre Erwin Tapia, en San Alfonso, Cajón del Maipo. Había presentado un certificado médico aduciendo mareos debido a un fuerte estrés y depresión. Cerca del mediodía, el oficial salió junto a su hijo menor -José Ignacio, de seis años- a caminar por las riberas del río Maipo. En la noche, sus amigos y su familia decidieron dar un paseo por el sector. Huber, en cambio, prefirió quedarse solo viendo televisión. En la casa no había teléfonos y en el lugar los celulares no funcionan. Sólo un equipo de radio permitía comunicarse.

Al terminar el paseo, cerca de las diez de la noche, la familia del militar y sus amigos regresaron a la casa y advirtieron que el coronel había desaparecido. Pasada la medianoche, la esposa del oficial y su hijo mayor, cada vez más inquietos, decidieron salir a buscarlo. La noche estaba oscura, no había luna ni tampoco disponían de linternas. Sólo podían utilizar los focos de un automóvil. Una y otra vez, haciendo sonar la bocina del vehículo, recorrieron el sector de San Alfonso. Finalmente, cerca de las tres de la madrugada, ubicaron el automóvil marca Nissan de color gris del coronel Huber. Estaba a un costado del puente El Toyo, seis kilómetros al poniente de San Alfonso. La puerta del conductor estaba abierta y en el asiento las llaves. Pero no había rastros del coronel. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había motivado al militar a salir de la casa? ¿Se había reunido con alguien? ¿Había sido secuestrado? Las dudas se agolparon en la mente de Adriana Polloni.

Esa misma noche miembros del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), iniciaron la búsqueda del coronel Huber. Al día siguiente la prensa dio cuenta de la desaparición del militar.

Diecinueve días después, el cuerpo de Huber, con el cráneo destrozado, fue hallado en un islote del río Maipo, 27 kilómetros más abajo del puente El Toyo.

Se dijo que una profunda depresión lo había llevado a tomar la decisión de quitarse la vida. Adriana Polloni llevaba más de veinte años junto a su esposo y sabía que no era de los hombres que se suicidan.

Más de tres años después, en septiembre de 1995, el caso tuvo un espectacular vuelco. El cuerpo fue exhumado y peritos de Investigaciones afirmaron que existían indicios para suponer que el coronel Huber había sido asesinado.

CRECEN LAS DUDAS

La investigación de la muerte de Huber recayó en la jueza María Soledad Espina (hermana del senador Alberto Espina), titular del Segundo Juzgado de Letras de Puente Alto.

La autopsia efectuada en febrero de 1992 en el Instituto Médico Legal por la doctora Myriam Gallo estableció que la causa de muerte era un traumatismo encéfalo craneano e inmersión en el agua, “que tiene características pre mortem y que basándose en la presencia de cieno y arenilla en el aparato respiratorio, estómago y primera porción del duodeno bien pudo ocurrir en estado agónico”.

Hasta 1996 la incógnita era si el coronel Huber pudo haberse disparado. La jueza Espina intentó resolverla con una serie de peritajes balísticos encargados al Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Se utilizaron más de veinte cráneos humanos reconstituidos, recubiertos con plastilina para simular cuero cabelludo y piel. También se emplearon cabezas de cordero, ya que son las más parecidas a las humanas. Además se buscó una pistola 7.65 de las mismas características que la que tenía Huber, ya que la que siempre llevaba consigo no había aparecido.

Los peritajes del Labocar descartaron por completo que el coronel Huber se hubiese autoinferido una lesión, al menos con su pistola. Meses más tarde la jueza Espina ordenó nuevos experimentos con fusiles disparados a diferentes distancias. Se utilizó armamento calibre 5.56 y 7.62 para comparar luego las lesiones en los cráneos. Por otra parte, las pruebas de nitrato y carbono en las manos del cadáver del coronel arrojaron resultados negativos, no tenían residuos de pólvora. Todo indicaba entonces que el coronel había sido asesinado.

La jueza se constituyó en el puente El Toyo y aseguró que era casi imposible que alguien cayera accidentalmente. Descartó también que el militar se pegara un tiro arriba del puente o que le hubiesen disparado en ese lugar: era absolutamente imposible que se precipitara al río sin que quedaran restos de sangre en la baranda y pavimento del puente.

“Suponer que él se hubiera suicidado con su pistola, que hasta el momento no es la que le habría causado la lesión, resulta también imposible, porque significaría que para no dejar rastros de sangre el coronel tendría que haberse colgado de la baranda con una mano y con la otra haberse pegado el disparo”, señaló la jueza María Soledad Espina en 1996.

LA HORA DELA VERDAD

Sin embargo, la causa durmió durante trece años caratulada en los tribunales como suicidio, hasta que el juez Claudio Pavez asumió el caso en septiembre de 2005 y decidió caracterizarla como homicidio calificado. Investigador acucioso, Pavez inició nuevos interrogatorios y recabó antecedentes de otros procesos donde se describen las formas de operar de los servicios de inteligencia a fines de los 80 y comienzos de los 90. Muy pronto pudo elaborar una larga lista de presunciones que le permitieron aproximarse a lo que verdaderamente ocurrió a comienzos de 1992.

Así, el 7 de marzo pasado el juez Claudio Pavez sometió a proceso a cinco altos oficiales en retiro como autores de asociación ilícita para ocultar el asesinato del coronel Gerardo Huber. Ellos son el general (r) Eugenio Covarrubias, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) en 1992; el general (r) Víctor Lizárraga Arias, subdirector de la Dine en la misma época; el general (r) Carlos Krumm, ex director de Logística; el brigadier (r) Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE); y el capitán Julio Muñoz, amigo de Huber y ex miembro del BIE.

María Inés Horvitz, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), declaró poco después que “todo apunta a la intervención bastante directa de Víctor Lizárraga y Manuel Provis”, como autores materiales de la muerte del coronel Huber.

Según antecedentes que han trascendido, que se acumulan en los siete libros de la causa, medio centenar de oficiales y suboficiales de la Dine y el BIE juraron incondicional lealtad a Pinochet en 1996. Algunos de ellos se confabularon para evitar que el coronel Huber revelara a los tribunales o a la prensa lo que sabía acerca del comercio ilícito de armas y sustancias químicas, emprendido desde diversas instancias castrenses en búsqueda de lucro para un pequeño número de altos mandos.

El juez Pavez tuvo a la vista, por ejemplo, una declaración del 30 de noviembre de 2003 tomada en Holanda por dos detectives al ex suboficial Rodrigo Peña González, integrante en 1989 del Batallón de Mantenimiento de Material Blindado y Artillería, quien afirmó que el coronel Huber le entregó documentos sobre tráfico de armas y una nueva droga mortal elaborada por el ex químico de la Dina Eugenio Berríos. Peña González declaró en el marco de las investigaciones realizadas por el ministro Hugo Dolmestch para esclarecer la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez luego del secuestro del comandante Carlos Carreño, en septiembre de 1988.

Según Peña, el coronel Huber pensaba entregar esos documentos al periodista británico Jonathan Moyle, iniciativa que se vio frustrada cuando el reportero apareció muerto en su habitación del Hotel Carrera, comprobándose más tarde que había sido asesinado. Ese homicidio hasta hoy permanece en penumbras. Peña, quien pidió asilo político en Holanda en 2001, relató que Huber le entregó otros documentos con antecedentes sobre compra de armas a Israel y ventas a países árabes.

Según las presunciones del juez Pavez, el coronel Huber habría sido secuestrado por agentes del BIE y conducido a un recinto secreto de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE) en Nos, donde también funcionaba el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, que en 1992 dependía del director de la Dine, el general Eugenio Covarrubias. Este oficial junto a Manuel Provis mantuvieron secuestrado al químico Eugenio Berríos en septiembre de 1991, antes de que fuera sacado -en octubre- hacia Argentina y luego a Uruguay, donde finalmente fue asesinado por los servicios de inteligencia chileno y uruguayo.

CAREOS Y CONTRADICCIONES

El 15 de febrero de 1992 el general Lizárraga y el brigadier Provis viajaron a Linares a buscar al hijo menor de Huber, que estaba con su tía Clina Polloni. Provis ha sostenido ante el juez Pavez que fueron a buscar a una vidente para intentar dar con el paradero del oficial desaparecido. Lizárraga, por su parte, ha dicho que eso es mentira. Una de las presunciones del magistrado es que viajaron para traer al niño de seis años y usarlo para presionar a Huber, propósito que falló al negarse la tía a entregar al muchacho.

Otro dilema que busca esclarecer el juez Pavez es saber cómo los secuestradores se enteraron de que Huber estaría solo aquella noche de enero de 1992 en San Alfonso. Una presunción es que les avisó un nieto de Pinochet, Hernán García Pinochet, que estaba presente como yerno a la sazón del dueño de casa.

El magistrado también logró ubicar e incautar la pistola Walter PPK calibre 7.65 mm. que portaba Huber y que ahora tiene el número de serie adulterado. Se mantiene en reserva la identidad de quien guardaba el arma.

Lizárraga y Covarrubias afirmaron ante el juez que Pinochet dirigía personalmente el Batallón de Inteligencia del Ejército. El anciano ex dictador, que también declaró en el proceso, sostuvo, como es habitual, que no recuerda nada.

En tanto, la investigación del magistrado avanza rápidamente. El Mercurio sostuvo el sábado 18 de marzo que el presunto autor material del asesinato del coronel Huber sería un militar activo, destinado en un regimiento del sur del país y con nexos con un ex agente de la CNI.

Manuel Provis, sindicado como uno de los principales sospechosos, trabajó codo a codo con el mayor (r) Alvaro Corbalán en el cuartel Borgoño de la CNI, y surge hoy como uno de los principales operadores de la inteligencia militar tras el retorno de la democracia en 1990. El estaba al mando del Batallón de Inteligencia del Ejército -cuya base estaba en un cuartel ubicado en la calle García Reyes de Santiago-, sindicado como brazo operativo de la Dine, en estrecho contacto con la Central de Información y Coordinación, unidad que tenía a cargo las escucha y recolección de datos provenientes de las comunicaciones policiales internas.

Del director del BIE, hoy inexistente en la estructura del ejército, dependían siete departamentos: Dirección Metropolitana de Inteligencia Política, Brigadas Regionales de Inteligencia, Departamento de Inteligencia de Telecomunicaciones, Departamento Sicopolítico, Departamento de Inteligencia Externa, Departamento de Seguridad y Departamento de Apoyo Logístico y Administrativo.

El Departamento de Inteligencia de Telecomunicaciones era el encargado de las escuchas telefónicas.

En aquellos primeros meses del retorno a la democracia, desde el Ministerio del Interior se solicitó la colaboración de expertos en contrainteligencia de España, Israel y Estados Unidos para rastrear la presencia de micrófonos ocultos en La Moneda. Se encontró un dispositivo de escucha oculto en el escritorio del titular de Interior, Enrique Krauss, sumiendo en la inquietud a los funcionarios del palacio.

ESCUCHA AL CONGRESO

El cuartel de escucha que el BIE mantenía en Viña del Mar se ubicaba en calle Alvarez. Allí, en un bungalow de dos pisos, protegido por un portón de fierro y frondosos árboles, funcionó durante más de un año un equipo de agentes dedicados a captar comunicaciones telefónicas. Metros más allá, otro grupo de agentes, encubiertos en un local que aparentaba ser una compraventa de automóviles, desarrollaban tareas de apoyo.

La vigilancia electrónica sobre el Congreso era apoyada por camionetas que se estacionaban en sectores cercanos al edificio. Esos vehículos se estacionaban ocasionalmente también en el cuartel central del BIE, en calle García Reyes de Santiago.

Una camioneta Volkswagen cerrada, de color crema, perteneciente también al Departamento de Inteligencia de Comunicaciones, frecuentemente se estacionaba en la Plaza O’Higgins, vecina al Congreso Nacional. En ella, un complejo equipo de escucha no dejaba de funcionar. Este trabajo era apoyado por agentes encubiertos que frecuentaban la sede del Legislativo. Uno de ellos, un hombre alto y de bigotes, asistía a la sesiones y recogía fotocopias de documentos considerados importantes que le entregaba un anónimo contacto en el corazón del Parlamento.

Toda esa información era procesada y clasificada por un equipo de a lo menos ocho hombres, varios de ellos civiles, que actuaban como analistas de inteligencia. Uno de ellos era sobrino del general (r) Hugo Salas Wenzel, ex director de la CNI.

OPERACIONES ESPECIALES

En un ámbito del BIE muy difuso aún, conocido por algunos como G-4 y dirigido por un capitán, existía una unidad confidencial que realizaba operaciones especiales. Probablemente una de ellas haya sido el denominado “Sistema de Control de Bajas”, que algunos oficiales han revelado al juez Claudio Pavez, y que consistía en una estructura destinada a sacar del país a los agentes en peligro de quedar expuestos ante la justicia o que mostraban debilitamiento en su lealtad a Pinochet y sus adláteres.

Esa unidad se vinculaba con el Departamento de Servicio Secreto de la Dine y con algunas instancias de la justicia militar para dar protección a los agentes que estaban apareciendo involucrados en numerosos procesos por derechos humanos que se activaron con fuerza tras el retorno de la democracia. Gracias a esta estructura pudieron eludir la justicia durante largo tiempo agentes como el “Guatón” Osvaldo Romo, el “Fanta” Miguel Estay Reyno, el “Mauro” Carlos Herrera Jimenez, el “Huiro” Arturo Sanhueza Ross y el químico Eugenio Berríos, entre otros.

Cada uno de ellos tiene una vasta carrera delictiva bajo la cubierta de agentes de los servicios de inteligencia y seguridad. Sanhueza Ross, por ejemplo, se inició persiguiendo a los guerrilleros del MIR en Neltume. Entonces era teniente. Hizo méritos para ser incorporado a la Dine y fue destinado al equipo de ejecutores, que llevó a cabo asesinatos como los del 7 de septiembre de 1983 en las calles Fuenteovejuna 1330, de Las Condes, y Janequeo 5707, de Quinta Normal, que costaron la vida a cinco dirigentes y militantes del MIR. El 4 de septiembre de 1989, el ahora capitán Sanhueza Ross participó en el asesinato del dirigente mirista Jecar Nehgme Cristi. Hoy se conoce que ese equipo de ejecución de la Dine tenía un objetivo alternativo a Nehgme: el periodista Manuel Cabieses Donoso, director de Punto Final. Tanto Jecar Nehgme como el director de PF (la revista había reaparecido en agosto de ese año), fueron sometidos a seguimientos y controles encubiertos a fin de conocer exactamente sus movimientos y elegir el momento y lugar del atentado.

La investigación del juez Pavez ha comenzado a abrir una nueva Caja de Pandora que podría conducir a la aclaración de muchos procesos judiciales pendientes, algunos de los cuales languidecen en los tribunales. Entre ellos, por ejemplo, el del espionaje telefónico que sepultó en 1992 las aspiraciones presidenciales de Sebastián Piñera; el del asesinato en Montevideo del químico Eugenio Berríos y su presunta participación en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva y en la creación de un revolucionario sistema para refinar cocaína; el por el asesinato del periodista británico Jonathan Moyle; y por las redes ocultas del tráfico de armas, que aparentemente benefició al general Augusto Pinochet.

No parece casualidad que en el tráfico de armas a Croacia, que costó la vida al coronel Gerardo Huber, uno de los implicados, José Sobarzo Poblete, jefe de Presupuesto de Famae en el momento de negociarse la transacción, fuera también gerente de Belview, una firma a través de la cual Pinochet lavó dinero en Estados Unidos, Europa y Chile.


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