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Carlos Max George Langer Von Furstenberg

Brigadier (R) de Ejercito

Cumplio funciones en la agregaduría militar de Chile en Alemania

C.I.: 3.639.504-4

 

El paso de la caravana de la muerte por Calama y Copiapó dejó un rastro de dolor y sangre por el gran numero de personas ejecutadas en ambas ciudades.

Los oficiales y suboficiales que cometieron estos alevosos crímenes obedecían ordenes directas del General Sergio Arellano Stark, quien a su vez contaba con una autorización expedita de Augusto Pinochet.

En Calama esta comitiva dejo de acuerdo a las investigaciones un total de 26 dirigentes ejecutados, cuyos cuerpos en primera instancia fueron inhumados ilegalmente y luego, en 1976, desenterrados y arrojados al mar.

Fue el capitán en la época, Carlos Minoletti Arriagada,  es quien fue encargado de elegir los fusileros y ejecutar los fusilamientos, también existen testimonios de que este criminal procedió a dar los tiros de gracia a los prisioneros ejecutados. Posteriormente, fue el quien participó en los entierros de los cuerpos en fosas clandestinas y después, a fines del año 76, tuvo la misión de ubicar las fosas para desenterrarlos, subirlos a un avión de la Fach en el aeródromo local para luego arrojarlos al mar.

Entre los criminales culpables de estos crímenes se encuentran además de Carlos Minoletti Arraigada, el coronel en retiro, Eugenio Rivera Desgroux, comandante del regimiento de Calama al tiempo de la caravana; el brigadier en retiro Carlos Lange Fonfurstenberg, el coronel en retiro, Víctor Santander Véliz, y el suboficial en retiro Gerónimo Rojo Rojo.

Durante su paso por Copiapó la “Caravana de la Muerte”, y también bajo las ordenes directas del General Sergio Arellano Stark dejó otro rastro de dolor. Un total de 16 personas fueron ejecutadas en esta ciudad, de las cuales 13 fueron encontrados en una fosa común ilegal en 1990 y 3 aún permanecen desparecidos.

Todas estas personas fueron llevadas hacia el interior de la pampa por un grupo de oficiales comandados por el brigadier en retiro Patricio Díaz Araneda. Este oficial junto a los coroneles Ricardo Yáñez Mora y Marcelo Marambio Molina, mas el teniente coronel Waldo Ojeda Torrent, fueron quienes ejecutaron a 13 prisioneros el día el 17 de octubre de 1973

Los otros 3 prisioneros  fusilados el mismo día fueron ejecutados por el general retirado Erwin Gestaer Gálvez; y los oficiales en retiro Fernando Castillo Cruz, Oscar Pastén Morales y Ramón Zúñiga Ormeño

Fuentes de Información: La Nación; El Mostrador; www.piensachile.com; Archivo Memoriaviva


El 21 de agosto de 2007, en el marco de la investigación de los crímenes de la Caravana de la muerte fueron encausados:

Por el delito de asociación ilícita

Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux.

Autores del delito reiterado de homicidio calificado

Armando Fernández Larios.

Eugenio Rivera Desgroux.

Carlos Max George Langer Von Furstemberg.

Carlos Humberto Minoletti Arriagada.

Jerónimo Tomás Rojo Rojo.

Encubridores de los crímenes

Luís Benito Rojas Delzo.

Luís Mario Aracena Romo

Julio Fernando Salazar Lantery.

Oscar Figueroa Márquez.

Domingo Antonio Flores Figueroa.

Miguel Eduardo Trincado Araneda.

Luís Exequiel Jorquera Molina.


La Segunda, 31 de Agosto 2007

En el caso de la Caravana de la Muerte la Corte de apelaciones somete a proceso a 12 personas

La Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso a 12 personas, entre civiles y militares por los delitos de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Oscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer Von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Además se acusó al doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Oscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito.

En los casos de Fernández Larios, Minoletti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país.

De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.


El Mercurio de Calama, 08 de septiembre de 2007

Caravana de la Muerte en Prisión

Apresan a implicados en Caravana de la Muerte. Están acusados de homicidio calificado de 72 personas.

Calama. Grupo fue notificado ayer en el Segundo Juzgado de Calama por la Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Antofagasta.

Siete implicados en los hechos ocurridos en octubre de 1973 relacionado con las acciones de lo que está en la historia como la Caravana de la Muerte, fueron notificados ayer en Calama del procesamiento que les afecta por el delito de homicidio calificado.

La diligencia tuvo lugar en dependencias del Segundo Juzgado de Calama y fue dirigida por la Ministro en Visita Extraordinaria, María Rosa Pinto Egusqiza, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

De acuerdo a antecedentes proporcionados por la propia ministro en visita, en la diligencia participaron siete de los diez procesados en distintos grados de responsabilidad en la causa 37.340, quienes se presentaron en Antofagasta, Calama y Santiago para ser notificados de la resolución de la Corte de Apelaciones, por la responsabilidad que pueda caberles.

Los siete ingresaron al Regimiento Topáter en calidad de procesados presos, bajo la custodia y vigilancia, además de las medidas de seguridad adoptadas por el Ejército, dado que la mayoría de ellos, salvo uno, son oficiales en retiro.

La causa 37.340 fue iniciada por la exhumación ilegal de restos óseos realizada en Calama en el camino a San Pedro de Atacama, pero los siete individuos fueron notificados por el procesamiento de homicidio calificado en forma reiterada.
La llegada a Calama del grupo de personas se tradujo en intensa actividad en el Segundo Juzgado y la gestión principal terminó pasadas las 18 horas.

Seguridad
El aspecto básico de la gestión fue la notificación del auto de procesamiento a cada uno de los involucrados y sólo uno de los citados prestó declaraciones, conforme lo dio a conocer la ministro en visita. El suceso causó expectación generalizada que se vio aumentada por el gran despliegue de seguridad montada alrededor del Segundo Juzgado de Calama.
Los guardias, entre los que se incluían personal del Ejército, Carabineros y Detectives estaban distribuidos hasta no menos de cincuenta metros del edificio del tribunal.

La ministro en visita declinó entrar en detalles sobre el particular e indicó que tiene entendido que el Departamento de Relaciones Públicas del Poder Judicial ha informado sobre ello.

De este modo se desconoce los pasos siguientes que tendrá el proceso o si esos tendrán lugar en Calama o en otros puntos del país.
Entre quienes fueron notificados figuran Miguel Trincado, Julio Salazar Lanteri, coronel Luis Aracena Romo, coronel Carlos Langer von Forthenberg, coronel Domingo Flores Figueroa y suboficial Sergio López Maldonado.
Faltan tres personas por presentarse, entre ellas el capellán Luis Jorquera, quien se halla interno en el Hospital Militar afectado por un edema cerebral.

Fallecidos
A todas luces el caso tiene relación con las acciones de la Caravana de la Muerte, de acuerdo a las reclamaciones que han venido haciendo las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de 1973, y que todavía no han logrado la identificación de restos óseos hallados en distintos puntos de la provincia del Loa.

Entre los fusilados el 19 de octubre, por la llamada Caravana de la Muerte que encabezó el general Sergio Arellano Stark, conforme lo indican todas las presunciones, figuran los calameños:Mario Argüéllez Toro, Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Gerónimo Carpanchay Choque, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Gahona Ochoa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Hernández Neira, Manuel Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, Luis Moreno Villarroelm Rosario Muñoz Castillo, Víctor Ortega Cuevas, Milton Muñoz Muñoz, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejando Rodríguez, Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González. Jorge Yueng Rojas.

Decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta
Las acciones realizadas ayer en Calama responden a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que fue conocida el 31 de agosto recién pasado y, según la página del poder judicial, fueron sometidas a proceso doce personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Encubridores
Además, fueron acusados el doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito. En los casos de Fernández Larios, Minolleti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país. De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.

Proceso Iniciado por Ministro Juan Guzmán
El ministro Juan Guzmán firmó el 8 de febrero de 2005 la resolución mediante la cual decretó el fin de la etapa de investigación de la comitiva militar que recorrió el país de norte a sur efectuando secuestros y homicidios a opositores a la dictadura entre septiembre y octubre de 1973.
El caso Caravana de la Muerte comenzó a ser investigado en enero de 1998 y quien encabezó la operación, Sergio Arellano Stark, fue procesado por tener responsabilidades en la muerte de todas las víctimas, 57 ejecutados y 19 secuestrados.
Además, el proceso significó el desafuero y posterior arresto de Pinochet en 2001 y el primer caso por violaciones a los derechos humanos por los que el militar fue procesado. Según el expediente del ministro Juan Guzmán, se realizaron 72 ejecuciones: cuatro en Cauquenes, 26 en Calama, 14 en Antofagasta, 13 en Copiapó y 15 en La Serena.
La comitiva, a bordo de un helicóptero Puma, llegó a Cauquenes el 4 de octubre de 1973. Doce días después arribó a La Serena, donde los 15 ejecutados fueron sacados del regimiento de esa ciudad.
Ese mismo 16 de octubre aterrizó también en Copiapó. El 18 llegó a Antofagasta, donde fueron retirados de la cárcel 14 presos políticos, quienes fueron ejecutados en la quebrada Way. Al día siguiente el helicóptero llegó a Calama, donde 26 personas fueron fusiladas. De estas, 13 cuerpos se encuentran todavía desaparecidos.
El magistrado ordenó la detención de cinco ex oficiales del Ejército el 10 de junio de 1999, por esta investigación. Entre ellos el general (r) Sergio Arellano Stark, el brigadier (r) Pedro Espinoza, los coroneles Marcelo Moren y Sergio Arredondo y el mayor Armando Fernández Larios.

En Calama
Posteriormente, en Calama las acciones fueron radicadas en el Segundo Juzgado cuando el magistrado titular de ese tribunal fue designado como juez extraordinario de derechos humanos.
La consecuencia fue el hallazgo de restos óseos en distintos puntos de la provincia, además de otras especies que permitieron las primeras identificaciones de detenidos desaparecidos. Algunas de las piezas identificadas se constituyeron en sorpresa porque pertenecían a personas que supuestamente habían sido arrojadas al mar, como el caso de Domingo Mamani, de quien hallaron un botón de su chaqueta.


Mercurio Calama, 13 de Septiembre 2007

Libertad de implicados en el caso Caravana de la Muerte

Anoche fueron notificados de la recuperación de su libertad, los detenidos por su implicancia en la exhumación ilegal de cadáveres, quienes se hallaban internos en dependencias del Regimiento Topáter en calidad de presos, luego que el 31 de agosto, fueran procesados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La notificación tuvo lugar en el Segundo Juzgado de Calama y fue realizada por el ministro Enrique Alvarez, quien viajó desde Antofagasta exclusivamente a cumplir ese cometido y además de cumplir ese trámite explicó a los familiares de los ejecutados políticos que la decisión se debía a que el caso está en manos del ministro señor Montiglio.

El trámite dio lugar a la presencia en el área de los edificios públicos de familiares de los detenidos desparecidos y ejecutados políticos de la Provincia El Loa, quienes además, en improvisada exposición mostraron las fotografías tanto de los fusilados por la Caravana de la Muerte, como de otros detenidos que fueron muertos y de quienes han hallado pequeños restos que han sido identificados por el Servicio Médico Legal de Santiago.

Corte Suprema
Ayer la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia acogió los recursos de amparo presentados por los militares en retiro Carlos Langer y Miguel Trincado en contra de la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que decidió procesarlos en torno al caso de exhumación ilegal perpetrado en Calama.

Como consecuencia de esa decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la libertad inmediata de los amparados, además de quienes "se encuentren privados de ella, a propósito de los autos de procesamiento que por esta decisión se dejan sin efecto, si no estuvieren privados de la misma por otro motivo o causa", conforme lo establece el fallo dictado ayer.

Tal como fue informado, el 31 de agosto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso a 12 personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.
En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.
Además, se acusó al doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito.
En los casos de Fernández Larios, Minoletti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país.

Fallo sobre amparo
El fallo que dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue pronunciado ayer luego que el abogado Sr. Luis Valentín Ferrada Valenzuela, presentó ante la Corte Suprema un recurso de amparo a favor de Miguel Trincado Araneda, general de Ejército en retiro, y por sí, Carlos George Max Langer Von Furstenberg, en contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el que expone que los integrantes, quienes, conociendo de un recurso de apelación deducido por las defensas de otros tres encausados, en los autos seguidos ante la ministro en Visita del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, Rosa María Pinto Egusquiza, en el Rol N° 28-2007, de oficio, procedieron a someter a proceso a los recurrentes ya indicados, como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado y autor del mismo ilícito, respectivamente.
En otros considerandos se incluye que sucintamente, sostienen que dichas decisiones son arbitrarias, ya que no sólo carecerían de todo razonamiento sino que, fundamentalmente, porque los ministros recurridos no tendrían competencia ni jurisdicción, desde que sometieron a proceso a los amparados, no obstante existir otro tribunal a quien se encomendó el conocimiento de los mismos hechos.
Que con fecha cuatro de febrero de dos mil cinco se resolvió, en ese mismo ingreso Rol N° 2182-98, desglosar todos los antecedentes que digan relación con hallazgos de osamentas de la causa Rol N° 37.340-A-8, que se encuentra agregada al mismo proceso, la que fue remitida al Segundo Juzgado del Crimen de Calama, por corresponderle su conocimiento y resolución. Que según consta de los antecedentes agregados por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Montiglio Rezzio, con fecha diez de mayo de dos mil cinco se le transcribió el acuerdo de Pleno de esta Excelentísima Corte Suprema celebrado el día seis del mismo mes y año, con el objeto de comunicarle que continúe la sustanciación de los procesos, hasta su conclusión definitiva, que se encontraban a cargo, en razón del fuero, del ex Ministro de ese tribunal don Juan Guzmán Tapia, referido entre otros, al capítulo conocido como Caravana de la Muerte, Episodio "A" Calama Rol N° 2182-98. Que tratándose del amparado Langer Von Furstenberg, éste figura procesado en los autos Rol N° 2182-98, en calidad de coautor de diversos homicidios calificados, perpetrados en el sector Topáter de la ciudad de Calama el diecinueve de octubre de 1973, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha seis de julio de 2006, cargo que, ahora, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en relación a idénticos hechos, les hace efectivos en la decisión recurrida de amparo a que ya se hizo referencia. En tanto, el enjuiciado Trincado Araneda lo es sólo en la causa que se sigue en esta última ciudad, como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado.

Otro considerando, el séptimo, agrega que lo anterior implica, en forma manifiesta, que el tribunal de alzada recurrido procedió ilegalmente a pronunciarse respecto a hechos que no guardan relación con la competencia entregada a la ministra en Visita del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, Rosa María Pinto Egusquiza, quien sólo se aboca a la investigación de aspectos relacionados con exhumaciones ilegales ocurridas en esa Región; ya que la investigación de todo lo relativo a los delitos de secuestro y homicidios son sustanciados por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sr. Víctor Montiglio, en la causa Rol N° 2182-98 letra "A" Calama.
Tal proceder implicó para los amparados afectar el principio del non bis in idem, y la competencia de los tribunales establecidos en la ley, desde que los mismos hechos ya eran de conocimiento de otro tribunal, cuya competencia emanó de un acuerdo expreso de esta Corte; y que en el caso de Langer Von Furstenberg llegó al extremo de registrar dos autos de procesamiento respecto del mismo asunto, encontrándose en libertad bajo fianza en la causa que se sigue en esta ciudad, desde el veintitrés de marzo del año pasado, y contradictoriamente en prisión preventiva por la que se sigue en Antofagasta.

Sin efecto
Y de conformidad a lo que establecen los artículos 21 de la Constitución Política de la República y 540 del Código Orgánico de Tribunales, de oficio, se deja sin efecto el auto de procesamiento de treinta de agosto de dos mil siete, dictado también de oficio por la Corte de Apelaciones de Antofagasta
El fallo fue pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch.


La Nación,  8 de marzo de 2006

RIGGS: INTERROGAN A TRES ALTOS OFICIALES (R) DEL EJÉRCITO

Según trascendió, detectives llegaron en horas de la tarde hasta el Hotel Militar, ubicado en Providencia, para tomar declaración al general (R) Carlos George Langer Von Furstenberg, ex agregado militar de Chile en Alemania.

Con el interrogatorio a tres generales (R) del Ejército continuaron ayer las diligencias en el caso Riggs que habían quedado suspendidas luego que las Corte de Apelaciones de Santiago ordenara al ministro Carlos Cerda, inhabilitarse temporalmente para conocer la causa, luego de acoger a tramitación la recusación presentada en su contra por la defensa de Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet.

La ronda de entrevistas se reactivó con una resolución dictada por la actual subrogante del ministro Cerda, la jueza del 30º Juzgado Civil de Santiago, María Eugenia Campo, quien dio luz verde a la Fuerza de Tareas e Investigaciones Reservadas de la policía civil para realizar las pesquisas decretadas por el magistrado antes de abandonar el proceso.

Según trascendió, los detectives llegaron en horas de la tarde hasta el Hotel Militar, ubicado en Providencia para tomar declaración al general (R) Carlos George Langer Von Furstenberg, quien se desempeñó en la agregaduría militar de Chile en Alemania. 

Los efectivos policiales también interrogaron al general (R) Roberto Guillard Marinot, ex intendente de la Región Metropolitana, y al coronel (R) Sucre Elgueta Segura. 

Hasta el momento, la lógica que siguen estos interrogatorios es atar algunos cabos sueltos sobre los dineros que pasaron por las agregadurías europeas. También si Guillard pudo haber tenido conocimiento de otros gastos en los que incurrió el ex dictador.

 Documentos viajeros

En tanto, la ministra Campo informó ayer en una de sus resoluciones que llegó desde Venezuela la respuesta a un exhorto enviado por el anterior ministro Sergio Muñoz y que fue agregado al expediente.

Fuentes cercanas al proceso aseguraron que en esa carta rogatoria se pidieron antecedentes respecto de movimientos financieros efectuados en ese país por Jacqueline Pinochet Hiriart, hija del ex dictador. 

Asimismo, la magistrada dejó constancia de que la Fundación Pinochet se hizo parte en la causa. El acto procesal se produjo a raíz de que el tribunal solicitó, el pasado 15 de febrero al Banco Chile, una lista de movimientos financieros de tres cuentas pertenecientes a esta institución entre 1998 y 2004.

Se sospecha que parte de los activos que Pinochet tuvo en bancos extranjeros pudieron haber pasado por ese organismo con el fin de legalizarlos y así poder utilizarlos en las actividades que desarrollaban. 

Por esta razón es que la magistrada suplente busca determinar si en la cuenta Nº 164-03970-08, abierta en 1998 cuando Pinochet estaba detenido en Londres, hubo donaciones provenientes del mismo ex uniformado o de su entorno familiar.

Fuentes ligadas con el proceso revelaron que el banco pidió a la judicatura -a través de un oficio- precisar en qué calidad se encontraba la Fundación en la causa antes de entregar la información.

CEMA

En otra arista de la causa, el tribunal recibió el informe pericial de la biblioteca que el ex dictador ordenó construir en 1984 en su residencia de El Melocotón.

En el documento se concluye que, tras revisar los antecedentes recopilados en la investigación y las declaraciones prestadas por una arquitecta y uno de los administradores de la fundación CEMA Chile, el organismo intervino en la construcción de la biblioteca. 

Esto, porque la arquitecta Ruth Ballevona, quien trabajó para esa institución dirigida por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, colaboró en el diseño de los planos. CEMA también facilitó obreros -contratados para edificar las viviendas sociales que la Fundación entregaba en esa época a la gente de escasos recursos- con el objetivo de construir la mencionada biblioteca. 

Esta información está confirmada en la declaración del administrador Álvaro Romero, quien sostuvo que la Fundación CEMA Chile "se hizo cargo de la obra por medidas de seguridad, al tratarse de la casa del entonces Presidente de la República".

En el informe también se estableció que en la construcción de la biblioteca se gastaron cerca de 14 millones de pesos de la época, los que fueron cancelados a Romero por Lucía Hiriart, con un cheque del Banco de Chile "cuya cuenta corriente estaba a nombre de don Augusto Pinochet". LN

 


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