Labbé Galilea Cristian

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la condena de tres años de presidio en contra del coronel en retiro y exalcalde de Providencia, Cristián Labbé, como autor del delito de apremios ilegítimos contra Harry Cohen Vera en Panguipulli, en la actual región de Los Ríos, en 1973.

La sentencia de primera instancia fue dictada por el ministro en visita por causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa.

Según el fallo, todo ocurrió el 8 de noviembre de 1973, cuando Cohen fue arrestado en el marco de la denominada Operación Peineta, la que estaba a cargo de la reserva militar de Labbé. Durante el tiempo en que la víctima estuvo detenida, el exalcalde amenazó a la víctima con un corvo en el cuello.

Luego fue amarrado y trasladado a otras dependencias, donde fue colgado y sometido a descargas eléctricas, mientras lo interrogaban. Al cabo de unos días fue dejado en libertad.

El ministro Mesa también condenó al Fisco a indemnizar en 30 millones de pesos a la víctima por el daño moral producto de los apremios en su contra.

Hasta ahora el edil de Providencia sólo ha reconocido su adscripción al organismo que creó Manuel Contreras en su calidad de encargado de la seguridad personal del general (r) Augusto Pinochet, pero este es el primer nexo judicial con "sus otras misiones" en el organismo represivo. Revelador testimonio incluye detalles de actividad represiva en Villa Grimaldi y Londres 38.

"De los profesores recuerdo a Miguel Krassnoff y Cristián Labbé", afirma el ex agente de la DINA Samuel Enrique Fuenzalida Devia al relatar su traslado a Tejas Verdes, donde Manuel Contreras le dijo que "debían estar orgullosos de pertenecer" a ese organismo represivo.

El escrito anexado en el caso Tejas Verdes que tramita el ministro de fuero Hernán Matus, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, detalla la estadía del conscripto y luego agente de los servicios de inteligencia que deambuló por dos años en Villa Grimaldi y Londres 38.

En la declaración judicial -realizada en el marco del caso Chanfreau- Fuenzalida señala que fue llamado al servicio militar en marzo de 1973, "siendo destinado al Regimiento Reforzado Motorizado número 15 de Calama. Allí me encontraba al momento de producirse el Golpe de Estado cuando aproximadamente en diciembre de ese año el comandante de la compañía, mayor Langer, indicó que debido a mis méritos yo había sido premiado con una estadía en la costa de la zona central".

Le entregaron un documento que parecía una circular a nivel nacional que también recibieron otros miembros del Ejército, donde se reiteraba que debido a su calidad eran asignados al Regimiento Número dos de Ingenieros de Tejas Verdes.

"De allí fuimos trasladados a las Rocas de Santo Domingo, a un sitio donde había unas casas de veraneo. En este lugar tuvimos una visita del coronel Manuel Contreras, a quien lo acompañaban dos personas. El nos preguntó si conocíamos a qué veníamos y acerca del documento que habíamos firmado, aclarándonos que la verdad era que a partir de ese momento pasábamos a integrar la naciente DINA y debíamos estar orgullosos de ello, ya que se debía a nuestros méritos personales", señala el agente.

"La instrucción de este lugar duró un lapso relativamente corto, no recuerdo extensión precisa. Se nos enseñó educación física, combate cuerpo a cuerpo, guerrillas, contrainteligencia, inteligencia, por parte de profesores dentro de los cuales recuerdo a la funcionaria de Carabineros Ingrid Olderock, Miguel Krassnoff, Cristián Labbé, Gerardo Ernesto Ulrich, Manuel Andrés Carevic y otros".

El ahora alcalde de Providencia Cristián Labbé ha reconocido públicamente su participación en la DINA entre 1973 y 1975. De hecho, ha declarado a la prensa que "no es ninguna novedad que yo haya sido el principal encargado de la seguridad del general Augusto Pinochet y, justamente, esa función la tenía que desempeñar un miembro de la DINA".
Sin embargo, el coronel en retiro y ex ministro secretario general de gobierno durante 1989 se ha excusado de hablar de "cualquier otra misión" que haya desempeñado durante su permanencia en el servicio de inteligencia. Menos aún se ha referido a su rol de maestro de muchos agentes que luego pasarían a formar la lista de los más célebres violadores a los derechos humanos.

De acuerdo al relato del ex agente Fuenzalida, cerca de 600 efectivos, entre ellos miembros de las tres ramas castrenses además de Carabineros, aprendieron las nuevas tácticas y fueron distribuidos en la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) y la Brigada de Inteligencia Provincial (BIA). Tiempo después, el conscripto supo de la presencia de civiles que se enrolaron voluntariamente en la Dirección.

A fines de enero de 1974, Fuenzalida fue enviado a su nueva destinación en la Rinconada de Maipú, fundo de experimentación de la Universidad de Chile. En esa época ya era integrante de la BIM y disfrutaba de los privilegios de pertenecer a la brigada más temida, pues de ella dependían los subgrupos que emprendían con mayor fuerza la represión.

Bajo el mando del teniente coronel de Ejército Manuel Manríquez y con una plana mayor a cargo de los suboficiales Matamala, Caballero, Barrales y los soldados Avalos de la FACH y Letelier del Ejército, Fuenzalida fue trasladado hasta Londres 38.

"Yo era operativo"
La constante entre los violadores a los derechos humanos que participaron en servicios represivos es su negativa a reconocer que fueron operativos. Esta calidad los inculpa directamente en las detenciones, sesiones de tortura y vigilancia de los prisioneros. De ahí que, por extraño que parezca, la DINA casi no tuvo operativos -al menos según ellos-, y la mayoría de sus integrantes se confiesa como guardias o funcionarios de escritorio que anotaban nombres que olvidaban con una rapidez increíble.

Esta es la diferencia fundamental que marca a Fuenzalida, pues él admite que presenció torturas, convivió con los prisioneros y describe detalles de la vida en un campo de prisioneros, pese a que no reconoce haber participado en ningún delito.

"Siempre en el primer piso en el pasillo, y bajo una de las escalas, había un pequeño cubículo donde se mantenía a los prisioneros. En los salones de la planta baja, a la que se accedía bajando un par de peldaños, se mantenía a la gente detenida, en número siempre alto. La gente se mantenía sentada, mucha de ella apoyada en los muros, con la vista vendada pero los pies libres. En la misma posición debían dormir", indica su testimonio.
Pero el detalle de la estructura del cuartel continúa: "En la planta del segundo piso funcionaban las diferentes brigadas, la Caupolicán a la que yo pertenecía ocupaba la sala del área norte, que daba a un hotel, El Princesa. En las otras salas funcionaban las otras brigadas o grupos: Puma, Tigre, Lautaro, Aguila, Purén y Tucán".
Durante su permanencia en el lugar, la jefatura rotaba de acuerdo a la brigada que estaba de turno. "Dentro de estos jefes recuerdo a Ulrich, Marcelo Moren Brito, el teniente Ricardo Lawrence, Ciro Torres, Manuel Castillo (de la Artillería, pero que estuvo muy poco tiempo en Londres 38), Miguel Krassnoff Marchenko, entre otros".
Caupolicán, Pincetti y las torturas

Fuenzalida admite que vio una serie de torturas en Londres 38, pero entre ellas recuerda con mayor fuerza el caso de una mujer que conoció sólo con el nombre de Valeria, y que se encontraba sobre una mesa quirúrgica acompañada de Ciro Torres y el "doctor Mortis", Osvaldo Pincetti.

"Torres dirigía la acción de unos tres o cuatro agentes que le aplicaban corriente a la mujer en el cuerpo, ella gritaba y le preguntaban por un tal Antonio o Marco Antonio (…) después supe que Pincetti le había aplicado una inyección de pentotal, lo que comentaron otros agentes cuando volví a verla al cabo de unos días en una de las dependencias en el entrepiso donde se torturaba. Ella estaba muy mal físicamente, muy maltratada e inconsciente, no hablaba. Ahí supe que estaba a poco de morir, a mi parecer", comentó.

El relato del ex agente que hoy vive en el extranjero añade antecedentes comunes entre los escasos sobrevivientes de Londres 38. "Los detenidos permanecían con la vista vendada, sin condiciones de aseo, alimentación suficiente, sin camas para dormir y eran sometidos a interrogatorios por los distintos grupos de la DINA, en los cuales le aplicaban corriente, especialmente en los órganos genitales y senos, en el caso de las mujeres; también eran quemados con cigarrillos, golpeados, lo cual me consta por haber presenciado algunas de esas sesiones".

En su testimonio establece que existía permanente contacto entre los distintos centros de reclusión, hecho que queda de manifiesto al recordar que los camiones de la pesquera Arauco eran los que trasladaban a los detenidos a Londres 38 y que los mismos se usaban para llevar prisioneros hasta Tejas Verdes.
"La pesquera Arauco no sé dónde tenía su asiento, pero estos vehículos estaban siempre en San Antonio y tengo entendido que formaban parte de una brigada que funcionaba en la ciudad indicada, a cuyo mando estaba el mayor Jara del Ejército, del arma de ingeniería, quien era una persona muy cercana al jefe máximo de la DINA, Manuel Contreras, según me contó el cabo Manuel Delgado del cuartel Terranova (Villa Grimaldi)".

La tortura como doctrina
Arrepentido, el ex agente confiesa cómo terminaban sus días los detenidos. "Ellos eran entregados a los camiones por el comandante que estaba de guardia en esos momentos en Londres 38. Eran trasladados con la vista vendada y los pies libres. Los destinos de los cuales se hablaba eran los siguientes: Puerto Montt, que después supe significa muerte en tierra, y Moneda, muerte en mar".

"Con relación a ello, recuerdo que en 1975 un paracaidista, cuyo nombre no recuerdo pero que fue conocido incluso por los presos, contó que mataba a los detenidos abriéndoles el tórax y tirándolos al mar; esto me lo contó en el cuartel Terranova y fue después detenido por hablar mucho. El paracaidista era de Peldehue, pero había estado cumpliendo funciones en el Diego Portales", añade el agente.

Fuenzalida niega tener antecedentes sobre cadáveres enterrados en Colina, Peñalolén y Peldehue, pero en cambio supo que se asesinó a detenidos en el Cajón del Maipo, en la casa de piedra, donde años más tarde aparecieron cuerpos flotando en el río.

La declaración es una de las piezas claves en la investigación del ministro Matus, quien en primera instancia se declaró incompetente de conocer la causa, pero más tarde -una vez que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia revisó los antecedentes y se los devolvió- optó por conocerla.

Sin embargo, la indagación que realiza el magistrado será sólo en una fase preliminar a fin de no intervenir en las pesquisas que realiza el ministro Guzmán, quien cuenta con el fuero para conocer las causas que implican a Augusto Pinochet.

Independiente de ello, los querellantes en el caso cifran sus esperanzas en que el juez especial avanzará preliminarmente en definir las jerarquías y nexos de Tejas Verdes y los centros de reclusión de la DINA. Con ello, se avanzará en uno de los procesos que implica más directamente a Manuel Contreras y otros agentes

En calidad de inculpado por los crímenes cometidos después del golpe militar en contra de los prisioneros políticos en el campo de concentración de Tejas Verdes en San Antonio y en la localidad de Liquiñe, en la precordillera de Valdivia, el ministro de fuero Alejandro Solís interrogó ayer al ex agente de la DINA y actual alcalde de la comuna de Providencia Cristián Labbé.

Labbé fue instructor de la DINA cuando esta organización criminal, declarada así ya en varias resoluciones de los tribunales chilenos, se comenzó a formar a partir de noviembre de 1973 en el balneario de Rocas de Santo Domingo, cercano a lo que fue el campo de prisioneros de Tejas Verdes. Desde este lugar desaparecieron decenas de detenidos. En ese entonces el jefe de zona en la provincia de San Antonio era el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, quien luego fue el director de la DINA.

Por otra parte, Labbé fue también por aquel tiempo integrante de los boinas negras de la Escuela de Paracaidistas, destacamento que en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973, al mando del entonces teniente coronel Alejandro Medina Lois (actual general retirado), participó en la represión contra los campesinos del Complejo Maderero Panguipulli en la precordillera de la X Región.

Entre esos operativos, estas fuerzas, en conjunto con destacamentos de regimientos de Valdivia y civiles de la zona, detuvieron el 10 de octubre de 1973 a 15 campesinos de los fundos Trafún, Paimún y Carranco de ese complejo. En horas de la noche los 15 campesinos fueron asesinados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos arrojados a las aguas. Hasta hoy estos campesinos se encuentran desaparecidos.

La pertenencia de Labbé a la DINA quedó al descubierto cuando en su edición del 15 de junio de 1999, La Nación publicó documentos originales de la DINA de carácter “secreto”. Uno de ellos, el oficio Nº4380 del 2 de diciembre de 1974 firmado por Manuel Contreras, pide pasaporte a la cancillería para “personal de DINA”, entre los que incluye a Labbé. Reaccionando entonces a esta publicación, Labbé acusó a La Nación de “revanchista”, pero reconoció haber sido agente DINA. “Efectivamente, pertenecí a la DINA y fui el primer responsable de la seguridad del Presidente Augusto Pinochet”, dijo el actual alcalde.

Ahora el ministro Solís debe decidir si somete o no a proceso a Labbé por su eventual participación los crímenes referidos. Hace algún tiempo Labbé sacó el busto del poeta Juan Guzmán Cruchaga (padre del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia) de una céntrica plaza en Providencia, y a pesar de las protestas del juez Guzmán, lo cambió por otro de la fallecida princesa de Mónaco Grace Kelly.

Aunque el alcalde de Providencia, coronel (r) Cristián Labbé Galilea, amenazó al intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, con una querella por injurias y calumnias porque la autoridad regional lo acusó de haber sido agente de la DINA y de haber sido parte de una dictadura que cometió crímenes de lesa humanidad, en la práctica el escrito aún no arriba a los tribunales.

Lanacion.cl entrega a continuación el documento que da prueba de que el coronel (R) Labbé sí fue un agente de la DINA: un escrito firmado por el propio jefe de ese organismo, el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, donde pide a la Cancillería un pasaporte para Labbé como agente DINA.

Pero la historia de Labbé en la DINA no fue sólo esa misteriosa “comisión de servicio” a la que Contreras lo envió en 1974 junto a otros tres individuos. Más aún, Labbé fue de la elite de la DINA como instructor de los agentes que iban siendo seleccionados ya desde fines de 1973, en Rocas de Santo Domingo en la Quinta Región.

Allí se comenzaron a impartir las primeras instrucciones para violar los derechos humanos y la comisión de los múltiples delitos por parte de jefes y subordinados. El nombre de Labbé como instructor DINA en Rocas de Santo Domingo fue entregado a algunos jueces que instruyen causas de derechos humanos por algunos ex agentes, como fue el caso de Samuel Fuenzalida Devia, declaración de la cual nuestro diario tiene copia.

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, concurrió a mediodía al Palacio de Tribunales para ser careado con cinco ex detenidos de Tejas Verdes, que le señalaron haberlo visto en ese recinto junto al ex director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda.

La diligencia fue ordenada por ministra Carmen Garay. A su llegada Labbé señaló que las imputaciones en su contra son "una pura falsedad". Reiteró que estuvo en Tejas Verdes durante sólo algunos días y que su misión ahí fue impartir clases de educación física a los efectivos militares. "Aunque no se note ahora porque está un poco aportillada la carrocería", bromeó.
Labbé señaló que "no habían detenidos donde yo estaba, se lo puedo asegurar".

También dijo sentirse "orgulloso" de haber sido oficial de Ejército y agregó estar disponible para todas las diligencias que se requieran practicar por la justicia. Sin embargo, lanzó una defensa de los militares investigados por violaciones a los derechos humanos: "Estamos a 30 años y todavía seguimos con la misma historia. Comparto la desesperanza de mis amigos militares que ven que la justicia no existe para ellos", dijo refiriéndose al suicidio del coronel (r) Germán Barriga.

Para el 11 de septiembre de 1973, el oficial de la marina mercante Anatolio Zárate se desempeñaba como presidente y jefe de flota de la estatizada pesquera Arauco en San Antonio. Como tal, representaba al Presidente Salvador Allende en el directorio de la empresa. Además, Zárate era militante del Partido Socialista, hijo de un connotado ginecólogo y amigo personal de Allende. Su hermano era ahijado del Presidente. Motivos suficientes para encabezar la lista de los más buscados en el puerto.

El día del golpe de Estado fue detenido en su casa de calle Luis Alberto Araya de San Antonio por un oficial de reserva del Ejército y un grupo de conscriptos. Los militares allanaron la residencia, lo interrogaron por casi dos horas y le comunicaron que estaba bajo arresto domiciliario. Nueve días después, el 20 de septiembre de 1973, fue enviado al Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, donde permaneció detenido hasta el 30 de octubre, acusado –al igual que muchos- de participar en el falso Plan Z.

En ese recinto comenzó su calvario. En diciembre de 2004, Zárate prestó declaración ante el juez Alejandro Solís en el marco de la investigación por la querella presentada por las víctimas de Tejas Verdes.

“Al llegar al regimiento me tuvieron con la frente apoyada en un muro, las manos atadas a la espalda y las piernas separadas desde las diez de la mañana hasta las siete y media de la tarde, aproximadamente. Después (…) me llevan al campamento de prisioneros, lugar donde permanezco 15 días a la intemperie, durmiendo al aire libre”.

Días después hicieron dormir a los prisioneros en mediaguas construidas por ellos mismos. En ese período, Zárate asegura haber visto al regidor y presidente de la CUT de San Antonio, Luis Norambuena, y Ceferino Santis, dirigente del PS de la ciudad, que actualmente figuran como detenidos desaparecidos.

En la declaración de 2004 que dio Zárate, uno de los últimos en ser llamado a testificar ante Solís, relata los vejámenes que escuchó y los apremios a que fue sometido: “Nos hacían esperar debajo de la sala de torturas, donde escuchábamos los gritos de los torturados, los gritos de las mujeres que pedían que no las violaran. En la sala de tortura me aplicaban electricidad, sufrí colgamientos, golpes de pies y manos y el submarino de excremento”.

También nombró a otros ex detenidos de San Antonio, entre ellos Ana Becerra, Mariela Bacciarini y Luis Sepúlveda. Además, Zárate declaró ante Solís que en su último interrogatorio logró ver a “un teniente que era uno de los principales torturadores; era alto, macizo, rubio, pecoso, pelo liso, muy salvaje y sé que se llamaba teniente Labbé, no sé su nombre de pila”.

Al año siguiente el ex presidente de Pesquera Arauco se querelló contra Cristián Labbé, Manuel Contreras y otros militares. En dicha presentación detalló que cuando hablaba del “teniente Labbé” se refería a Cristián Labbé Galilea.

El sumario de Tejas Verdes aun permanece abierto. Hay varios procesados, entre ellos el mayor (R) de Ejército Mario Jara Seguel, el ex prefecto de Investigaciones Nelson Patricio Valdés y el doctor Vittorio Orvietto Teplizky, identificados por Zárate como las personas que lo torturaron.

Sin embargo, el juez de la causa no ha estimado pieza suficiente de convicción la declaración de Zarate de 2004 para procesar, hasta la fecha, al alcalde de Providencia. Fuentes cercanas a tribunales aseguran que Solís no ha seguido con esa línea investigativa puesto que los abogados querellantes hasta ahora no habían entregado nuevos antecedentes ni solicitado otras diligencias.

El viernes pasado la abogada de Anatolio Zárate, Alejandra Arriaza, entregó al tribunal una declaración jurada de su cliente, agregando antecedentes que sindicarían al coronel (R) Cristián Labbé Galilea como uno de los presentes mientras lo torturaban.

 “Nos parece fundamental que se determine la responsabilidad de Labbé ya que hay más de un testigo que reconoce haberlo visto en Tejas Verdes. La motivación del señor Zárate para entregar este nuevo testimonio judicial es la búsqueda de la verdad y ratificar sus dichos para que se acelere la investigación de su querella”, dice Arriaza.

Anatolio Zárate vive en un departamento ubicado en Providencia, muy cerca del municipio que dirige Labbé. Hoy asegura que en una de las sesiones de tortura a las que fue sometido lo reconoció claramente: “Era el teniente Labbé que hoy es la misma persona que es el alcalde (…) Yo fui torturado por Labbé. Desde el momento que él estaba en la sala de tortura, independiente si ponía o no la corriente, él participó”. Cuenta que en dicha ocasión lo tenían con las manos amarradas tras la espalda, colgando de una cuerda en la posición de tortura conocida como “la palomita”. Se encontraba en el subterráneo de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Señala que le aplicaron golpes de electricidad: “Me ponían corriente alternada en los pezones, en el ano, en los testículos. Uno se movía mucho o sentía que se movía mucho. Cuando a uno le ponen corriente uno siente que es una llamarada que le sale desde dentro de la cabeza”.

A continuación relata que después de desnudarlo le habían colocado una gruesa capucha que no dejaba entrar ni siquiera la luz eléctrica de la habitación ni le permitía respirar. El interrogador se dio cuenta que estaba en malas condiciones. “Llamó al doctor y éste me auscultó. El facultativo le ordenó a una enfermera que me soltara la capucha porque me estaba asfixiando. Ahí sentí que me entró más aire”, dice a LND.

En su nuevo testimonio judicial agrega que escuchaba a sus torturadores murmurar, excepto cuando le hacían preguntas: “Sólo las preguntas claras, como dónde está el arma o qué hiciste, eran fuertes”.

Los golpes de corriente se sucedían vertiginosamente. Su cuerpo se contorneaba hasta que la cuerda que lo sostenía se cortó y Zárate cayó de bruces al piso. “Instintivamente di vuelta la cara y veo al doctor [Vittorio] Orvietto y a una enfermera rubia de la Cruz Roja. Entonces doy vuelta la cara hacia el otro lado y veo al capitán Mario Jara, al teniente Cristián Labbé y a [Nelson Patricio] Valdés [de la Policía de Investigaciones]. Estaban mirando así, como que no les importaba nada que yo me hubiera golpeado brutalmente contra el suelo. Entonces viene un tipo de atrás que no supe quién fue y, ¡tap!, me dio un tacazo en la columna. Ahí me quebraron una vértebra. Después del golpe en la espalda me volvieron a colgar y siguieron las torturas”, se lee en la declaración jurada.

El dolor fue insoportable y la fractura marcó su destino. Debido a la gravedad de las lesiones, el 30 de octubre de 1973 fue enviado al hospital de San Antonio, donde llegó con peligro de muerte. “Pese a que la ficha clínica dice que fui trasladado al Hospital San Juan de Dios, una completa mentira”, añade a LND visiblemente afectado por los recuerdos.

Nunca más volvió a pisar Tejas Verdes. Hasta esta semana, cuando lo acompañamos a ese lugar donde se enfrentó con su pasado.

Lo esperaban algunos de sus ex compañeros en el campo de concentración de Tejas Verdes. No se veían desde esos ingratos días. “Tengo sentimientos encontrados”, dijo Zárate momentos antes de bajar del automóvil y encontrarse con los integrantes del Comité de Derechos Humanos de San Antonio. Luis Sepúlveda, presidente del organismo, lo reconoció de inmediato. Se dieron un fuerte abrazo. Un poco más atrás estaba Ana Becerra, detenida cuando tenía sólo 17 años. A Anatolio le costó reconocerla: ahora ella tiene algunos años más.

“Soy Ana Becerra”, le dice.

“Mi padre me contó que la había traído al mundo a ella y a sus hermanos”, responde Zárate mientras la abraza.

Aparece un tercer ex detenido. Se trata de Luis Barrera. En una ocasión se encontraron en la enfermería de la Cárcel Pública de San Antonio.

Según Zárate, ahí fue derivado tras la fractura de su columna. Los constantes traslados se debieron a que, a los pocos días de ser internado en San Antonio, llegaron médicos de la ONU. “Los doctores se fueron satisfechos, ya que comprobaron mi estado de salud. Pero a mí de inmediato me trasladaron a la Cárcel Pública de Santiago, donde me mantuvieron escondido durante mucho tiempo”.

Mientras los ex detenidos están parados sobre el puente que da al campo de concentración, los recuerdos comienzan a aflorar. “Ahí estaban las mediaguas, y los baños, allá”, comentan en el preciso instante que un grupo de conscriptos realiza ejercicios de guerra en el recinto.

Más tarde, el grupo visitó el Cuartel Rocas de Santo Domingo, ubicado a pocos kilómetros y desde donde desaparecieron decenas de presos políticos. Es el único lugar que Cristián Labbé reconoce haber pisado.

En varias ocasiones, Cristián Labbé ha declarado por el caso Tejas Verdes. En su declaración del 22 de diciembre de 2003 ante Solís negó haber estado allí.

El 2005 fue llamado a declarar nuevamente. Reiteró que nunca visitó el centro de detención.

Este medio accedió al testimonio de Raúl Humberto Quilodrán Alcayaga, prisionero en Tejas Verdes y querellante en la misma causa que sustancia Alejandro Solís, que lo contradice. En su declaración del 14 de enero de 2005 señala: “El 11 de Enero [de 1974] nos sacan de la celda y nos forman en el patio y un señor con voz enérgica nos dice: ‘Por órdenes superiores, a contar de este momento quedarán en libre plática’, y ordena que nos saquen la venda.

Es así como los soldados nos quitan la venda y logro ver que la persona que se dirigió a nosotros era Manuel Contreras Sepúlveda y al lado de él, para ser más exacto, al lado izquierdo de Contreras, se encontraba Cristián Labbé y varios funcionarios más, todos vestían uniformes. De eso estoy seguro porque son rostros inolvidables para mí por la situación que estaba viviendo”.

Aunque han transcurrido más de tres décadas de ese capítulo, Quilodrán recuerda el hecho como si fuera hoy. Consultado por este medio recordó que el encuentro con Labbé relatado en su declaración tuvo sentido años más tarde un día frente a la televisión: “Estaba en una campaña política y al verlo no me cupo duda. Estaba un poco más viejo, pero sus facciones, como el lunar en la cara, son inconfundibles. Estoy seguro que la persona que vi es el actual alcalde de Providencia, el señor Cristián Labbé, que estaba al lado de Contreras. En Tejas Verdes los dos parecían muy cercanos. No portaban las armas. Dos soldados rasos a su lado eran los que se encargaban de eso”.

En su declaración por el caso Tejas Verdes del 22 de diciembre de 2003, Labbé señaló que estuvo en el Cuartel Rocas de Santo Domingo para hacer clases de educación física. “Pero sólo permanecí dos o tres días (…) Luego de este período fui nuevamente enviado a Santiago, para hacerme cargo de la seguridad del Presidente Pinochet”.

Su aseveración es retrucada por Samuel Fuenzalida Devia, ex agente de la DINA y uno de sus “alumnos” en Santo Domingo. Fuenzalida ha sido uno de los principales testigos en causas que comprometen a la organización que dirigía el general (R) Manuel Contreras. En octubre de 1976 huyó a Francia, desde donde comenzó a colaborar con la justicia. Afirma que los dichos de Labbé no son verídicos. “Él estuvo bastante tiempo más [en Rocas de Santo Domingo].

Éramos cerca de 600 alumnos de la DINA. Mi instrucción fue en diciembre de 1973 y duró unas tres semanas”.

Fuenzalida dice que el trabajo de Labbé no se limitaba a las clases de educación física. Algo negado por el alcalde cuando fue careado con él. “El curso que me dictó era de inteligencia: cómo registrar, cómo seguir y reducir a una persona. En este trabajo funcionaba de la mano y coordinado con Miguel Krassnoff e Ingrid Olderock. Todos usaban el mismo manual que presentó Krassnoff en su defensa”, dice Fuenzalida.

Se refiere a la argumentación del abogado de Krassnoff, Luis Valentín Ferrada, cuando presentó en 2004 estos manuales ante la justicia para probar que su cliente recibía órdenes del Ejército y que las torturas no fueron excesos individuales, sino una política de Estado. Ferrada entregó 19 documentos originales y mostró varios dibujos que explicitan el trato a los prisioneros y técnicas de tortura.

Fuenzalida recuerda que algunos de sus compañeros de generación en Rocas de Santo Domingo, durante diciembre de 1973, fueron Basclay Zapata, Luis Torres Méndez, Luis Pampillioni, Luis Escobar, Raúl Toro Montes, Luis Espinace y Luis Gordillo, todos agentes de la DINA, que después fueron destinados a centros de tortura como La Venda Sexy, Londres 38 y Villa Grimaldi. Algunos de ellos se hicieron célebres por el nivel de crueldad que alcanzaron.

“Labbé visitaba constantemente los centros de la DINA durante 1974”, dice Fuenzalida. “Lo vi en Marcoleta 90, el cuartel general, en Villa Grimaldi y en Londres 38”. No lo vio entrar a sesiones de tortura debido a que generalmente él estaba en la puerta. Agrega que Labbé pasaba directamente a las oficinas de las autoridades de cada uno de esos lugares.

Otro ex agente de la DINA, a condición de resguardar su identidad, afirma que recibió instrucción de Labbé y que éste permaneció al menos entre uno y dos meses en Rocas de Santo Domingo. En su caso, las clases fueron sólo de educación física.

Después de tantos años, el lugar donde Krassnoff y Labbé hicieron clases parece abandonado. El grupo de ex detenidos está expectante. Desde afuera se ve el conjunto de cabañas “A” que antes del golpe servía de centro de veraneo para los trabajadores de la CUT. Más tarde se transformó en uno de los más cruentos centros de tortura de Chile. El recinto sigue perteneciendo al Ejército y hasta hace dos años era utilizado como lugar de esparcimiento para el personal castrense. Dos de las integrantes de la agrupación que acompañan a Zárate en su visita al lugar, Ana Becerra y Teresa Soto, fueron torturadas ahí. “Pídeme que te hable de las torturas de Tejas Verdes, pero no en las Rocas de Santo Domingo. Es demasiado duro”, dice Becerra.

Las puertas de las cabañas están abiertas. Ana y Teresa se cuelan hacia el interior. Antes de ingresar, Ana dice: “Recuerdo que aquí estaban los camarotes”. Y ahí están todavía. Se acuesta sobre una cama. Le parece estar sobre el mismo somier. Lo recuerda bien porque durante un mes estuvo casi siempre tendida ahí. Teresa se sienta en una silla. Por la altura y ancho del respaldo, la siente como su silla de tortura. Extrañamente, tiene un hermoso tallado del rostro de Cristo.

"Un ponente muy singular". Así calificó el diario español "El País" el más prestigioso del mundo en lengua española al alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien el 5 de febrero asistió como exponente a unas jornadas sobre innovación y cambio cultural organizadas por el Gobierno conservador de la Comunidad Autónoma (región) de La Rioja.

Claro que lo que llamó la atención en el viejo continente no fueron las ideas de Labbé sobre administración municipal, sino su pasado ligado a las violaciones de los derechos humanos.

"Labbé no sólo ha sido coronel de la DINA, enjuiciado por casos de torturas y reconocido por algunos de los detenidos en Tejas Verdes. El ex prisionero Anatolio Zárate, miembro del Partido Socialista, acusó directamente a Labbé de haberle torturado. Labbé también fue acusado de estar presente en el centro de tortura Rocas de Santo Domingo. 

Prisioneros de aquel centro le reconocieron e incluso un ex agente de la DINA testificó que su presencia era habitual en 1974", señala el reportaje, titulado "De la DINA a La Rioja", y que destaca que el edil fue absuelto, al considerar el juez que la enseñanza de los métodos de tortura no es un delito.

"Nadie, ni Gobierno ni oposición, reparó en los antecedentes del actual alcalde de la Unión Demócrata Independiente. El Gobierno riojano rebajó la intensidad del acontecimiento, pero siguió adelante con las jornadas, olvidando el pasado del principal ponente", se lamenta el periódico, que recuerda también que el ex militar fue jefe de seguridad de Augusto Pinochet y mano derecha del reo Manuel Contreras.

Declaración del coronel (r) ante la jueza Raquel Lermanda fue solicitada por el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, en el marco de las diligencias requeridas en este caso de DDHH.

Por más de una hora la jueza Raquel Lermanda interrogó al alcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, en el marco de la investigación por los crímenes cometidos durante la denominada Operación Colombo.

De acuedo a lo informado por fuentes judiciales, el coronel (r) declaró en calidad de inculpado, vale decir "exhortado a decir la verdad".
La magistrada que reemplaza al ministro Víctor Montiglio, ya había tomado declaración al hermano del edil, Alberto Labbé Galilea, actualmente embajador de Chile en Panamá, por el mismo proceso.

El alcalde de Providencia llegó a tribunales para cumplir la diligencia, acompañado del abogado Christian Espejo. Al salir, el coronel en retiro del Ejército se manifestó molesto porque la citación fue solicitada por el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, en el marco de las diligencias requeridas en esta investigación.

"Los terroristas son santas palomas que se han transformado en intelectuales. Los ayudistas pueden llegar a ser Presidentes de la República y nosotros los militares todavía estamos en el banquillo de los acusados. Los militares no aguantamos más, créanme, si esto no puede ser, no podemos vivir en paz", indicó.

Mediante la Operación Colombo, que fue parte de la Operación Cóndor, la dictadura de Augusto Pinochet asesinó e hizo desaparecer a 119 militantes de izquierda, haciendo creer que los detenidos desaparecidos no existían y sus muertes fueron atribuidas a rencillas políticas internas.

La jueza Raquel Lermanda interrogó en calidad de inculpado a Cristián Labbé, coronel (r) del Ejército y alcalde de Providencia en el marco de la investigación de la Operación Colombo.
El jefe comunal, al momento de retirarse del juzgado, manifestó sus molestia diciendo que los militares “no podemos vivir tranquilos”.
En este sentido el militar en retiro dijo que “los terroristas son santas palomas que se han transformado en intelectuales, los ayudistas pueden llegar a ser Presidentes de la República y nosotros, los militares, todavía estamos en el banquillo de los acusados”.
Labbé fue interrogatorio a petición de los abogados del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior por su paso por el regimiento Tejas Verdes.

Ni el actual alcalde ni ningún otro integrante de ese destacamento pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad, pese a estar consignada su participación en el operativo. Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades. Actuaron con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semicubierto según declaran testigos de las detenciones y para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”.

Cae la noche en un Santiago que aún tiembla bajo las bombas de los Hawker Hunter. Los hombres del teniente coronel Alejandro Medina Lois, descansan en el regimiento de Telecomunicaciones en Peñalolén. Son “la reserva estratégica” del general Augusto Pinochet instalado allí durante los primeros días del Golpe Militar. Comandos de elite de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales que dirige Medina. Son los boinas negras.

Luego de las primeras 48 horas del asalto al gobierno de Salvador Allende, todo está bajo control. Allende muerto. Resistencia popular armada no hay. Los principales colaboradores del Presidente están detenidos. La revolución socialista ya es recuerdo. Humeante. Pesaroso. Trágico.

Pero una estocada inquieta la seguridad de los alzados victoriosos. La madrugada aún oscura del 12 de septiembre de 1973, un grupo de campesinos y jóvenes revolucionarios del sur en la precordillera de Valdivia, se convierte en alarma. Rodean el retén policial de Neltume, y exigen a los carabineros les entreguen armamento y munición si no están dispuestos a combatir a los golpistas. Entre ellos está el militante del MIR José Liendo Vera. El mítico y temido “Comandante Pepe”.

Los policías se niegan y abren fuego. Se inicia un tiroteo. Luego de un par de horas, el grupo que actúa desde el exterior se dispersa. Vuelve el silencio. No hay muertos ni heridos de ningún bando. A partir de entonces, el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli se torna uno de los principales objetivos de los militares. Se presume que en la zona operan guerrilleros de peligro. Pinochet ordena su eliminación. Nace la “Operación Leopardo”.

Para ello Pinochet crea la “Brigada Especial Antiguerrilla” con los boinas negras de la Escuela de Paracaidistas de Peldehue y otros preparados hombres para el combate. Al mando del general Nilo Floody, entre 250 y 300 militares son enviados a reprimir la insurgencia. Uno de aquellos, es el joven oficial Cristián Labbé Galilea.

La mayoría son máquinas de matar. Sus especialidades: instructor militar de montaña, con cursos de paracaidistas, comandos, guerra especial, asalto, guía, y explosivos y municiones.
Días después del Golpe, la brigada inicia el viaje desde Peñalolén a bordo de camiones militares. Llevan suficiente armamento y munición liviana y pesada. Van dispuestos a la guerra y a matar guerrilleros. “La brigada se hizo porque podía existir una guerrilla rural en el Complejo Maderero Panguipulli. Había que barrer con esos focos y si se producían enfrentamientos, la orden era abrir fuego”. Es Labbé quien declara ante los tribunales en diciembre de 2003 por los crímenes de 15 campesinos de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valdivia, cerca de la frontera argentina. Por primera vez, Labbé destapa su bien guardado secreto: reconoce que efectivamente fue parte de ese operativo.

Desde Brasil, donde antes del 11 de septiembre de 1973 cursó diversas técnicas para convertirse en la elite de la elite, Labbé retorna a la Escuela de Paracaidistas a la Dirección de Instrucción. O sea, no sólo es un boina negra común, sino es quién los adiestra. Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.

“Primero llegamos a Valdivia pero no sabíamos muy bien a qué íbamos. Se nos dijo sólo que el objetivo era combatir una guerrilla”, recuerda un suboficial boina negra que conversó con El Mostrador, pero prefirió mantener reserva de su identidad. Un día después, el suboficial sostiene que partieron rumbo a la precordillera, a la zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y llegan a Liquiñe.

“Los boinas negras se instalaron en carpas en el patio del colegio de las monjas”, afirma en la investigación judicial Julián García, industrial dueño de las Termas de Liquiñe y la hostería. Se trata de la Escuela Misional Liquiñe.

Otro contingente militar al mando del teniente coronel Hugo Guerra Jorquera, que arriba antes desde Valdivia, instala su campamento en el amplio sitio de las mismas termas, según Julián García. Este es un reconocido anticomunista, de acuerdo a declaraciones judiciales de campesinos sobrevivientes

Nace el complejo
El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli se extendió entre los Baños de Chihuío por el sur, y Liquiñe por el norte, a unos 150 kilómetros al este de Valdivia. Llegó a contar con 360 mil hectáreas. Lo integran 22 fundos de grandes extensiones. A partir de fines de la década de los años 60, los predios son ocupados por integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), organización controlada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A 1973, trabajan allí más de 3 mil campesinos. No pocos siguen al “Comandante Pepe”, líder del MCR. Junto a Liendo Vera, a fines de los sesenta llega a la zona un puñado de estudiantes miristas para iniciar una “recuperación de tierras” junto a los campesinos.
Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.

Cuando Allende triunfa en 1970, su gobierno expropia los 22 fundos. Nace así, oficialmente, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, como empresa filial de la Corporación de Fomento, Corfo. El sueño de construir el propio destino está cumplido. El complejo y el comandante Pepe se transforman en el terror de la derecha latifundista. Por ello, la venganza post golpe militar es feroz.

Luego del episodio del retén Liquiñe la madrugada del 12 de septiembre de 1973, el comandante Pepe junto a su mujer, Yolanda Ávila, y los militantes del MIR Luis Pezo y Pedro Barría, que usa muleta para caminar, se ocultan unos días y suben a la cordillera. Pero el 19 de septiembre son hallados y trasladados a la cárcel de Valdivia. La noche del 3 de octubre de 1973, Liendo Vera es ejecutado en el campo militar de Llancahue. Al día siguiente, son asesinados otros once miristas acusados de participar en el ataque al retén Neltume. Los crímenes son manejados por la Caravana de la Muerte del general Sergio Arellano, presente en Valdivia en esos días. Para ello, Arellano firma una sentencia de un falso Consejo de Guerra. Quien fuera luego segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, asiste esa noche a presenciar la muerte de Liendo Vera.

Acusan a los boinas negras
La noche del 10 de octubre de 1973 jamás podrá olvidarse por los habitantes de Liquiñe. La hostería de Julián García opera como “cuartel general”. Desde allí sale la lista con los 15 campesinos que deben ser arrestados y muertos de inmediato. Según se establece en el proceso, Julián García y su hijo Luis, que esa noche visten de militar, aportan los nombres de quienes deben morir. Los boinas negras inician la redada junto a carabineros del retén Liquiñe, a cargo del suboficial Luis Anguita Castro. Ellos conocen bien a los elegidos.
De acuerdo al informe policial firmado por el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Valvidia, Benjamín Leal Riquelme y el subcomisario Manuel Castro Contreras, en las detenciones de los campesinos del Complejo, José Miguel y Alejandro Antonio Tracanao Pincheira y su padre Eliseo Maximiliano Tracanao Valenzuela, participan “un cabo de Carabineros de apellido Quintana del retén Liquiñe y varios militares boinas negras”.

El dueño de las termas Liquiñe Julián García, declara judicialmente que “los boinas negras hacían las detenciones”.

El juez de letras de Villarrica a 1973, René García Villegas, sostiene en su libro “Soy Testigo” que uno de los cuerpos de los acribillados en el puente Toltén, permanece horas después en el río “enredado entre unas piedras, sin cabeza”.

Elcira Figueroa Arias, esposa de Salvador Alamos Rubilar, una de las 15 víctimas de Liquiñe, declaró en el proceso que, buscando a su esposo, “en la Fiscalía Militar de Temuco el capitán Ubilla me dijo que a la fecha de la desaparición de mi marido, (10 octubre 1973), se encontraba en la zona un operativo del Comando de Boinas Negras de Colina (Santiago) por lo que las autoridades militares locales ‘se lavaban las manos’ y que si mi marido cayó en manos de ellos, ‘mejor guarde luto y delo por muerto”.

Sobre el puente del Toltén
Amarrados de pies y manos, los 15 campesinos son conducidos esa noche en dos camionetas en dirección a Villarrica. Uno de los vehículos lo aporta Julián García y lo conduce su hijo Luis. El otro lo facilita el comerciante Juan Carmach y lo maneja el chofer de la ambulancia de Liquiñe, Sixto Díaz.

En el puente sobre el río Toltén, los campesinos son bajados y los boinas ordenan a ambos conductores alejarse. En pocos minutos, los detenidos forman una macabra alfombra humana tendida sobre el puente. De color rojo, como la sangre que mana a raudales de sus cuerpos acribillados por fusiles de repetición con munición de guerra. Abajo, las caudalosas aguas del río no alcanzan a aplacar el ruido de la metralla. Díaz y García la escuchan, como lo declaran luego judicialmente.

Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973 (…) Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias.

Uno a uno los cuerpos son lanzados al río. La lista Liquiñe está cumplida. Los ejecutantes piensan que las múltiples perforaciones de los cuerpos permitirán que se hundan y se pierdan para siempre río abajo hasta el mar.

Los boteros y la autoridad
Pero días después, boteros de la zona que ejercen la pesca descubren algunos cuerpos aferrados a ramajes de la ribera o atascados entre rocas. Dan aviso a Carabineros de Villarrica. Hasta el lugar concurre el secretario del Juzgado del Crimen de Villarrica, Osvaldo Wiegand Carrasco, con el subcomisario de la subcomisaría de Villarrica, capitán Ramón Torrealba Guzmán.

En el proceso, el secretario Wiegand dice que logra salvar un par de cuerpos. Pero los boteros lo desmienten. Estos afirman que la orden que ellos reciben tanto del secretario como del subcomisario, es liberar los cuerpos de lo que los sujetan, y echarlos a correr río abajo para que desaparezcan. Los boteros Eliseo Rosas Maldonado y José Carrasco Rodríguez, son careados con Wiegand y Torrealba. Mantienen sus dichos en cuanto a que son obligados por ambas autoridades a soltar los cuerpos y devolvernos al torrente. Lo mismo confirman los boteros Guido Mora, Leopoldo Ghisolfo y Juan Yáñez Cares.

Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973.

Sin embargo, en la zona por donde se desplazan los boinas bajo el mando del general Floody y Medina Lois, además de los 15 de Liquiñe, son asesinados otros 30 campesinos del Complejo Maderero. Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias. En este operativo participan también integrantes del regimiento Cazadores de Valdivia. La razzia es apoyadas por helicópteros Puma de la Fuerza Aérea, que provienen de la Base Aérea de Maquehua de Temuco.

El secreto
Algunos otros oficiales que participan en la “Operación Leopardo” son: Carlos Parera Silva, Emilio Timmermann Undurraga, Arturo Bosch González, Manuel Pérez Santillán (agente DINA) y Sergio Candia Muñoz.

¿Por qué Labbé ni ningún otro integrante de los boinas negras pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad? Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades. De acuerdo a las fuentes, a ello se agrega que, por tratarse de un contingente desconocido de Santiago, que actuó con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semi cubierto según declaran testigos de las detenciones, para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”. El ex agente DINA, coronel retirado Cristián Labbé, sortea una vez más la cárcel, mientras espera ser reelecto como alcalde el próximo 28 de octubre.

El contenido del libro de Krassnoff y la provocadora presentación de éste representan un claro intento de la ultraderecha y del militarismo pinochetista de reaglutinamiento político, de justificación de las más crueles violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, de reivindicación de los agentes de la DINA encargados del trabajo sucio y un claro chantaje a la derecha y al gobierno para reposicionar sus demandas.

El que sea el alcalde Labbé el único de los personeros de la DINA que ha logrado una reinserción electoral durante los años de la democracia, quien invita a la manifestación de apoyo a Krassnoff deja en claro que esto se planificó, se pensó en cómo hacer el mayor daño reproponiendo el espectro del pasado. Con Labbé anfitrión de la iniciativa, se ha querido dar a ella el mayor realce comunicacional posible, se ha buscado abrir la polémica e involucrar al gobierno y a la derecha en ella, ha transformado el acto no sólo en una cruel provocación a las víctimas de Krassnoff y de la DINA, sino en un verdadero desafío a Piñera y a toda la derecha a la cual se le recuerda que si Piñera es Presidente y ellos gozan de los privilegios de los cargos de gobierno es porque el pinochetismo también colocó sus votos para consumar dicho objetivo.

Recuerdan a Piñera, reivindicando a Krassnoff, que dicho apoyo fue pactado, que el candidato de la derecha se reunió con la “familia militar pinochetista” y que hubo compromisos de revisar causas, de aplicar amnistías y de incorporar militares comprometidos con las violaciones a los derechos humanos en el indulto presidencial, cosa que no ha ocurrido y que es casi imposible que Piñera quiera o pueda cumplir dado el repudio que ello conllevaría en una sociedad chilena con más capacidad de crítica y de movilización. Por ello, el rol visible de la convocatoria lo juega el alcalde Labbé, que ya ha desafiado al gobierno con sus medidas represivas en contra del movimiento estudiantil causando bochorno e incomodidad en La Moneda, en un gobierno y en un parlamento donde subsisten los hombres que de una u otra forma estuvieron ligados a la dictadura. Justamente, eligen a Krassnoff, dado que este fue el organizador del emblemático “Acto de Chacarillas”, como un mensaje, para que ninguno de estos personeros olviden fácilmente su antigua identidad pinochetista.

Casi como un gesto mafioso, de advertencia, envían una invitación al Presidente a participar en la presentación del libro sin imaginar que la inoperancia y el descuido de una funcionaria o la connivencia de ella con el ideario de la dictadura, llegaría a involucrar directamente al Mandatario en un saludo, que éste no conoció ni formuló, y donde se llega incluso a rescatar la figura de Krassnoff como representativa de una generación de militares y se desea éxito al encuentro. Este regalo inesperado constituye una victoria gigantesca para los organizadores ya que de alguna manera, en el ámbito comunicacional, el gobierno se ha visto involucrado, hadebido dar explicaciones, se ha repropuesto el viejo escenario confrontacional siempre favorable al pinochetismo y que arrastra la imagen de un sector de la derecha. Con ello se ha realzado la importancia de una iniciativa que, aún estando completamente aislada en la sociedad chilena, recoloca el tema de los “militares de Pinochet” más allá de lo que seguramente esperaban.

Este error del gobierno, la participación de Labbé como organizador del evento, los balbuceos de muchos exponentes de la vieja derecha que no se atreven o no quieren condenar los crímenes y las violaciones a los Derechos humanos, ha permitido que Krassnoff, inesperadamente, se transforme en un ulterior factor de debilidad de Piñera y de su alianza presionada por el pasado, que les asoma como un fantasma que no está dispuesto a desaparecer de escena.

El acto, por cierto, está inscrito en un esfuerzo, al cual el activismo pinochetista no renuncia -por vano que ello parezca dado que la cruda verdad de los crímenes de la dictadura ya está fuertemente instalada en la conciencia de la sociedad chilena– de reinterpretar la historia. Por ello, en estos días, hemos vuelto a escuchar a personeros de la ex dictadura militar, traídos a las pantallas de la TV, a los micrófonos de las radios y a las columnas de los diarios, como verdaderos espectros de ultratumba, a hablar de nuevo de los valientes soldados que enfrentaron al marxismo y a partir de ello justificar los crímenes cometidos, presentando a los militares involucrados como “perseguidos Políticos”,negando incluso la veracidad de las pruebas con las cuales los tribunales de Justicia han condenado a Krassnoff y a la cúpula de la DINA a centenares de años de cárcel.

Se elige como emblema a uno de los más despreciables personeros de la represión, un psicópata directamente involucrado en decenas de crímenes y que siempre ha hecho apología de ellos, justamente para que sea claro que sus reivindicaciones llegan muy arriba, que no se trata sólo de la exigencia de liberar a un soldado que recibió órdenes o a un subalterno que participó, como tantos, en el desaparecimiento de personas o en traslado de restos. No. La ambición es mayor. Se trata de reivindicar directamente a la DINA, de instalar la idea de que gracias a ella y a estos hombres injustamente condenados y encarcelados, se ganó la guerra al comunismo y hoy el país vive en libertad.

Saben que esto lo pueden lograr sólo con un gobierno de derecha y utilizan la presión, el chantaje, la amenaza soslayada para que exigir que el Presidente cumpla con la promesa de liberar a los hombres de armas encarcelados o, en su defecto, pague un precio político altísimo de imagen, al recordarles a muchos la vieja pertenencia a la dictadura, o incluso, se profundice la pérdida de apoyo en este sector que seguramente hoy está entre los que responden contra Piñera en las encuestas.

No recurren, para ello, a una petición de perdón a la sociedad. No se comprometen con entregar antecedentes que permitan esclarecer el paradero de los desaparecidos, no abren la olla de la responsabilidad directa de Pinochet en los crímenes ejecutados por la DINA., no hacen ningún gesto que favorezca la reconciliación, o una reconversión espiritual que pueda llevar al perdón. No. Recurren al alegato de la legitimidad de los crímenes, a la arrogancia, al espacio que ellos creen debe tener la dictadura en la historia de este país.

Justamente por los objetivos que hay detrás de la iniciativa del pinochetismo es mas repudiable el que sea un alcalde, elegido con los votos populares, el que organice este encuentro, ya que en el fondo Labbé utiliza este consenso ciudadano para un propósito innoble como es promover la legitimidad de los crímenes y de los esbirros la dictadura. Por ello es que todos los que se sienten parte de una visión y adscripción a los valores democráticos y al respeto a los derechos humanos, debemos reaccionar juntos en la condena a esta asonada comunicacional preparada desde Punta Peuco y desde los escritorios de los viejos exponentes del régimen militar.

Por ello, también, es que todos los demócratas debiéramos unirnos en una operación de saneamiento democrático para impedir que Labbé, un hombre de la DINA de Manuel Contreras, siga siendo el Alcalde de la comuna de Providencia. Sería una gran respuesta a la arrogancia de la vieja dictadura que asoma a través de Krassnoff y de sus 144 años de condena a los crímenes cometidos en contra de tantos chilenos.

Entre los medios que recibieron fondos de la siniestra organización estuvieron El Mercurio, la revista Qué Pasa y las agencias UPI y France Press. Fueron cheques que iban firmados por el reo rematado ex director de la DINA, Manuel Contreras

Documentos de la Corte Suprema a los que tuvo acceso la agencia española de noticias EFE y que conoció Cambio21 de primera fuente, indican que los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa (actualmente fuera de circulación), El Día de La Serena y La Discusión de Chillán; los semanarios Qué Pasa y Ercilla; el Consorcio Periodístico de Chile y las agencias de noticias Orbe, United Press Internacional (UPI) y France Press recibieron apoyo económico del servicio secreto de la dictadura.

Los antecedentes se conocen en vísperas de otro cuadragésimo aniversario: el del nacimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Creada de facto en noviembre de 1973, hasta hoy impacta su crueldad en el uso de la tortura y ahora sorprende por el millonario acceso al dinero del que disfrutó.

Recientes descubrimientos abren interrogantes acerca del origen de sus platas negras.

Principio rector de la DINA

En noviembre de 1973 no sólo los estadios Nacional y Chile estaban repletos de detenidos. Ya se contaban varias personas asesinadas y que nunca serían entregadas a sus familiares. La DINA era creada de facto y daba inicio así a su oscura cosecha de muerte y dolor.

Son varias las investigaciones que revelan que, conjuntamente a la idea del golpe militar, se trabajaba muy a la par en la elaboración de una dinámica de lucha contra un enemigo interno, basado en un sistema de una guerra al interior del país. Quien mejor expresó esa lógica fue el Comandante en Jefe de la Aviación, general Gustavo Leigh, el propio 11 de septiembre en la noche: "Vamos a extirpar el cáncer marxista", advirtió.

El principio rector de la DINA, entonces, se basa en la existencia de una guerra contra un enemigo escondido en la ciudadanía y que "no daba tregua". En medio de la locura de esos días, cabían en esa nomenclatura políticos de izquierda (socialistas, comunistas, terroristas, organizaciones sindicales), la llamada "sedición marxista" y, en realidad, cualquier opositor público. Para concretar esa lucha le fueron permitidos todos los medios, legales y de los otros.

Escuela de Las Américas

Existe también clara evidencia de que hubo un aprendizaje en la aplicación de esta política en la Escuela de las Américas, desarrollada en Panamá por Estados Unidos al poco tiempo de terminarse la Segunda Guerra Mundial.

"Durante muchos años son adoctrinados allí soldados chilenos y de la región en variadas técnicas de enfrentamiento a ideologías de izquierda. Los efectos de esa política en América Latina demuestran que hubo una aplicación similar de este tipo de prácticas", explica a Cambio 21 el periodista Javier Rebolledo, autor de los libros "La danza de los cuervos" (2012) y "El despertar de los cuervos" (2013), ambos de editorial Ceibo.

El autor, quien investigó las formas de trabajo y los diversos nexos de la DINA en su dinámica de inteligencia, sostiene que en la Escuela de las Américas se diseña la persecución del enemigo interno. Aplicando sus puntos de vista, se considera que esta "guerra" al interior de los países era "poco leal" para las Fuerzas Armadas, porque el enemigo se esconde en áreas que no son los típicos teatros de operación de un conflicto, lo que -según este argumento- obliga a infiltrar el mundo civil.

"Sin embargo lo que terminan desarrollando los organismos de seguridad sobrepasan los límites de lo "desleal" del conflicto en sí mismo, cayendo en procedimientos arbitrarios y encarcelamientos al margen de la ley. La deslealtad con la que terminan actuando las Fuerzas Armadas supera con creces a la crítica que ellos mismos hacen a este tipo de conflicto. Se volvieron dos o tres veces más desleales", subraya Rebolledo.

Contubernios fácticos

En sus cuatro años de funcionamiento, la Dirección de Inteligencia Nacional fue responsable de la muerte de unas 3.000 personas y la desaparición forzada de casi mil. Dadas sus conexiones, queda claro que en su accionar determinó con plena voluntad sobre la vida y la muerte de quien se cruzara en su camino.

Cuando en junio de 1974 su existencia se legaliza a través del decreto ley N°521, no quedaba ninguna duda del poder que detentaba. Contó con facultades para detener, torturar, extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción, los que se extendieron durante casi toda la dictadura. Depende directamente de la Junta de Gobierno.

Recientemente, la agencia española EFE reveló un informe de la Corte Suprema que se anexó al expediente del juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en el que se señala que la DINA financiaba sus acciones a través de una ficticia "Dirección Nacional de Rehabilitación" (DINAR). A través de ella, accedía a un millonario capital económico que servía para realizar diversos pagos a través de cheques suscritos por el propio -entonces- coronel Manuel Contreras.

La información proveniente de la justicia chilena permite conocer varios agentes de la DINA que aparecen recibiendo pagos emitidos por la fantasmagórica "DINAR", entre ellos el coronel retirado y ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, el ex oficial de la Fuerza Aérea Carlos Ottone y el ex jefe de la Brigada Electrónica de la DINA, Vianel Valdivieso, entre otros.

Los medios favorecidos

Los antecedentes indican que la "DINAR" también entregaba cheques a diversos medios de comunicación. El informe de la Corte Suprema, desde donde surge la noticia, da cuenta que -entre otros- aparecen cobrando cheques con la firma de Manuel Contreras los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa -actualmente desaparecido-, El Día de La Serena y La Discusión de Chillán; los semanarios Qué Pasa y Ercilla; el Consorcio Periodístico de Chile y las agencias de noticias Orbe, United Press International y France Press.

Desde su nacimiento de facto en noviembre de 1973, la DINA se relaciona con la CIA. El Informe Hinchey, realizado en el congreso estadounidense, señala que entre 1974 y 1977 el organismo de inteligencia norteamericano mantuvo contacto regular pagado con Contreras. El gobierno de Estados Unidos aprobó esta relación ya que su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile resultaba útil para el cumplimiento de la misión de la CIA.

Así, con dinero y conexiones, la DINA forma parte de las instancias fácticas más poderosas del país. Hay que recordar que el investigador estadounidense Peter Kornbluh, señaló en septiembre recién pasado en la Universidad Alberto Hurtado que la evidencia "es clara" en torno a que "Agustín Edwards fue una de las personas más involucradas como colaborador de la CIA y los militares. Tenemos los documentos desclasificados para probarlo", dijo.

El contubernio queda más claro aún con los cheques descubiertos por la justicia chilena y dados a conocer por la agencia EFE. En su libro "Chile inédito" (Ediciones B, 2002), el periodista norteamericano Ken Dermota demuestra que la CIA "dona" casi US$2 millones de la época a El Mercurio, como una forma de paliar los requerimientos económicos para "enfrentar" al gobierno de Allende.

El brazo largo

Manuel Contreras giró el año 1975 de la cuenta del "DINAR" – número 13280724 del entonces Banco de Crédito e Inversiones- la suma de 1.598.496.520 escudos. Como referencia, el sueldo mínimo de la época era de 27.000 escudos. La diferencia es galáctica. Los giros incluyen una docena de documentos cobrados por "Junta de Gobierno", que llegan a 165.630.800 escudos.

Destacan también pagos de altas sumas a variados regimientos y reparticiones del Ejército, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae) e incluso al Banco Central.

Hasta ahora se sabe cada vez más de la actividad represiva de la DINA, pero este tipo de hallazgos indica que poco se sabe de las implicancias económicas del organismo. Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los hechos le significan dos conclusiones: "Ahora sabemos que el brazo de la DINA fue mucho más largo de lo que creíamos y que la represión fue una acción de carácter institucional del Estado chileno".

Compleja red

La otra pregunta inmediata es de dónde sale el dinero que gastaba la DINA. Con tanto poder y acceso libre, el organismo va ampliando su campo de acción desde la inteligencia. Genera mecanismos de financiamiento paralelos para su oscuro accionar. Si bien su fuente primaria de dinero proviene de los gastos reservados del Estado, su autonomía de acción comienza a requerir acceso más directo a platas frescas.

El periodista Manuel Salazar señala que "gran parte del dinero se empleaba en pagar a informantes y colaboradores, que se contaban por miles y en todas las esferas del acontecer nacional. Otra parte se usaba para financiar las operaciones internacionales". Salazar afirma también que la DINA creó una compleja red de financiamiento, cuya verdadera magnitud hasta ahora no se conoce. "Tuvo numerosas empresas e interceptó importantes cantidades de dinero que venían desde el exterior para financiar a la resistencia chilena", explica.

La "cocina" paralela

La experiencia de otros organismos paramilitares de derecha o de entidades de seguridad de América Latina, permite especular a algunos investigadores que la DINA pudo haberse financiado también a través de vínculos con la comunidad cubana de Estados Unidos y con neo-fascistas italianos involucrados en el tráfico de drogas, fuente común para muchas operaciones encubiertas de las dictaduras del Cono Sur.

Según los periodistas estadounidenses John Dinges y Saul Landau (autores del libro "Asesinato en Washington", Pantheon Books, 1980), la DINA ofreció protección a narcotraficantes, recibiendo por ello pagos que fueron tanto al organismo chileno como al lobby cubano anticastrista.

Incluso una versión muy comentada en Estados Unidos, recogida en el mencionado libro, señala que tras el golpe, Pinochet envía a la DEA (Agencia Antidrogas del país del norte) un avión cargado de narcotraficantes. Luego de ello, Contreras toma los lugares de elaboración y puntos de embarque y se asocia con los cubanos anticastristas. Las enormes ganancias fueron a suplementar el presupuesto clandestino de la DINA.

Aunque el gas sarín se utilizó básicamente para asesinar enemigos políticos (como se investiga en las muertes del ex presidente Eduardo Frei y hasta con Pablo Neruda), el negocio químico de la DINA pareció tener rápidamente otras implicancias con vínculos narcos entre peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y uniformados latinoamericanos.

Eugenio Berríos, considerado uno de los mejores "cocineros" en estas lides, se encargaba de elaborar cocaína negra o rusa. Berríos fue un químico de gran importancia en la DINA, ya que se le considera pionero en el uso de varios de los mecanismos utilizados para eliminar opositores. Uno de ellos, y el más exitoso, es el sarín.

También cocaína

El químico Berríos habría formado parte de una potente red de tráfico de cocaína, que abastecía de drogas a Australia y Europa. Antecedentes periodísticos de Uruguay señalan que más de una vez se reunió en Buenos Aires y en Montevideo con narcos internacionales, bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya. En 1995 apareció muerto en extrañas circunstancias en la playa El Pinar de Uruguay.

Con todas estas aristas ¿es posible pensar en que este tipo de redes se hayan desactivado con la llegada de la democracia a los diversos países de América Latina? Manuel Salazar comenta: "Es muy probable que aún queden algunos vestigios de ellas. Existen antecedentes que indican que durante los años de la CNI se establecieron vínculos con organizaciones criminales de otros países dedicadas al narcotráfico y al comercio de armas, que aún subsisten".

Operación Cóndor

La ampliación más allá de las fronteras debe haber sido un pastel para la DINA, que probablemente sintió que Chile le quedó chico. De allí es que el organismo es uno de los principales promotores de la llamada Operación Cóndor o Plan Cóndor, que fue un trabajo de coordinación de operaciones entre las cúpulas de las dictaduras del Cono Sur (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador) en conjunto con la CIA.

Este particular acuerdo internacional constaba básicamente del seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas subversivas o simples enemigos. En el fondo, según explican diversos abogados a Cambio21, este plan se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, a través del cual se gestaron asesinatos y desapariciones de decenas de miles de opositores.

Operación Colombo

En ese contexto se enmarca la "Operación Colombo", en la que 119 personas fueron detenidas en Chile en 1974 y cuyo paradero aún se desconoce. En su mayoría eran jóvenes (incluso diez son menores de edad). Para ocultar sus desapariciones, se crea un montaje internacional a través de supuestos diarios en Argentina y Brasil en los que se publican listas con los nombres de los detenidos como si se tratara de una vendetta entre ellos en territorio trasandino.

A esas alturas, la DINA ya suma varias acciones en el exterior por iniciativa propia, organizando el crimen del general Carlos Prats en Argentina y el atentado a Bernardo Leighton en Italia. Pero no se detendría ahí. En una dinámica de poder absoluto, de nexos a los más altos niveles, este organismo de seguridad en un país alejado del mundo, llega a sentirse capaz de organizar y concretar un golpe grande en pleno corazón de Estados Unidos, atentando contra el ex canciller del gobierno de Allende, Orlando Letelier, en el centro de la capital estadounidense.

¿Es este crimen la máxima expresión de sensación de poder e impunidad que expresa la DINA en sus años de funcionamiento? El periodista Manuel Salazar reflexiona: "Las Fuerzas Armadas -inicialmente- y luego la DINA asumieron la tarea de exterminar el marxismo no sólo de Chile, sino que hasta donde sus brazos llegaran. El asesinato de Orlando Letelier, así como el del general Prats y el intento de matar a Leighton, entre otros atentados internacionales, expresan el afán de Pinochet y del coronel Contreras por encabezar esa lucha".

Fue citado a declarar como inculpado por un ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia. También será interrogado el jefe regional de RN, Eduardo Hunter, jefe de gabinete del senador Carlos Larraín en la zona. Ambos habrían encabezado sesiones de torturas contra Harry Cohen.

En octubre de 1973, el técnico electricista Harry Cohen Vera, entonces de 24 años, viajó de Santiago a Futrono a ver a sus padres. Estaba inquieto por lo que pudiera suceder en esa localidad valdiviana después del golpe. Cohen usaba el pelo largo y tenía barba, pero no participaba en ninguna actividad política.

En todo el país, los militares habían emitido bandos contra ese “look revolucionario y hippiento”, contrario a los valores de la Junta, pero Cohen no acató la orden. Total, no se metía en política. Pero en el terminal de buses de Valdivia despertó recelos apenas lo vieron llegar y alguien lo denunció sólo por su pinta.

Al día siguiente, tres camiones con militares y un helicóptero se dejaron caer en Futrono, donde nunca habían visto semejante despliegue. Todo el mundo salió a ver cómo allanaban la casa de sus padres en calle Balmaceda, la principal del pueblo, tras lo cual se llevaron detenido a Cohen.

Después de permanecer en la comisaría local, fue trasladado a un recinto militar en Panguipulli, donde lo torturaron. Le aplicaron electricidad, lo golpearon y lo colgaron de pies y manos a la vez. También lo obligaron a comer alimentos contaminados con larvas de moscas.

LOS HABÍA PERDONADO, PERO…

Cohen fue liberado en noviembre de 1973, tras permanecer preso durante 22 días, sin que le levantaran un solo cargo. Su caso fue incluido en el Informe Valech sobre torturados y exonerados políticos, pero después de 40 años había olvidado el asunto e incluso perdonado a sus torturadores.  

Estos habrían sido el ex alcalde de Providencia, coronel (R) Cristián Labbé, y el actual presidente regional de Renovación Nacional en Los Ríos, el periodista Eduardo Hunter. Cohen decidió querellarse contra ambos después de ver el accionar del ex jefe comunal en las protestas estudiantiles.

Roberto Ávila Toledo, abogado querellante (a la derecha), contó a nación.cl que a Cohen le molestó profundamente la represión del alcalde Labbé en contra de los estudiantes y, sobre todo, su figuración pública. Por lo mismo, hace seis meses decidió presentar la acción judicial por torturas, un delito que no prescribe.

“Si Labbé se hubiese quedado callado, en un bajo perfil, no habría pasado nada, no habría querella, porque Cohen lo había perdonado, pero al verlo en los medios dando declaraciones contra el movimiento estudiantil, eso lo irritó y lo llevó a presentar la querella”, recordó Ávila.

El abogado explicó que la querella fue conocida primero por el ministro Mario Carroza, quien se declaró incompetente y la remitió a la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde quedó en manos del ministro Juan Ignacio Correa. El jueves pasado, Correa despachó orden a la PDI para que interrogue a Labbé en calidad de inculpado.

La diligencia será realizada por la Brigada de Derechos Humanos, que tiene un plazo de 30 días para concretarla. Y en el caso de Hunter, la orden fue despachada el viernes último, quien también declarará como inculpado. Tras estos interrogatorios, el abogado Ávila pedirá el procesamiento de ambos y su detención.

HUNTER, “CORRESPONSAL DE GUERRA”

Según contó el abogado Ávila a nación.cl, Hunter estaba vestido con traje militar de combate cuando interrogó a Cohen. Este sujeto, que actualmente se desempeñaría en la zona como jefe de gabinete del senador Carlos Larraín, se pasaba “películas” del tipo bélico y actuó en el caso como “corresponsal de guerra”.

El abogado Ávila afirmó que Hunter es el autor del Plan Z en la región de Valdivia. En 1973 escribió en el diario El Correo que los cubanos entrarían a la ciudad en botes inflables por el río Calle Calle, en un supuesto viaje desde la misma isla caribeña y que los principales representantes de la oposición a Allende en la zona serían asesinados en el teatro Coliseo.

Ávila añadió que Hunter escribió un reportaje en la revista VEA en el que calificó a Cohen como un “peligroso guerrillero”. Además de presidente regional de RN, Hunter se desempeña actualmente como concejal de Panguipulli y también está procesado en otras causas por torturas, como las que afectaron al ex intendente Sandor Arancibia y el ex alcalde Luis Bórquez.

LABBÉ CON CAMUFLAJE EN CASCO DE ACERO

En cuanto al entonces teniente de Ejército Cristián Labbé, el abogada Ávila indicó que cuando llegó al lugar de torturas en contra de Cohen, éste levantó la cara y lo vio uniformado y con un casco de acero camuflado con hojas. De inmediato, Labbé enfureció y comenzó a maltratarlo porque Cohen osó levantar la vista y mirarlo a la cara. Después siguió participando en las sesiones de tortura.

Según el abogado Ávila, Cohen también se ganó el odio de un tal sargento Barra, quien lo recriminó duramente por arruinarle la oportunidad de conocer a un oficial “famoso” dentro del Ejército. El ex alcalde de Providencia es hijo del coronel Alberto Labbé, quien se hizo conocido en 1971 por no rendirle honores a Fidel Castro en su visita a Chile.

El coronel Labbé retiró a todo el destacamento apostado en el Congreso Nacional y se lo llevó marchando por avenida Santa María hacia la Escuela Militar del Ejército, de la cual era el director. Por este acto de grave indisciplina, Labbé fue llamado a retiro de inmediato.

Finalmente, el abogado Ávila indicó que la querella se basa en las declaraciones de los detenidos que estaban junto a Cohen al momento de los hechos y que ya han declarado en el proceso, reconociendo plenamente a Labbé y Hunter.

Un grupo intentó bloquear la 4×4 en que salió el ex alcalde de Providencia desde la Corte de San Miguel en que tuvo un cara a cara con dos ex presos políticos que lo acusan de haber encabezado los tormentos en su contra en 1973.

Familiares de víctimas y de agrupaciones de defensa de los derechos humanos se lanzaron este viernes al paso del vehículo en que salía desde la Corte de San Miguel, el ex alcalde de Providencia y ex coronel del Ejército, Cristián Labbé, en donde acudió a un careo por la denuncia en su contra por supuestas torturas en el Regimiento Tejas Verdes.

El también ex instructor en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)  permaneció cerca de dos horas al interior del tribunal que estaba cercado por carabineros en el cara a cara con Anatolio Zárate y Héctor Salvo, que estuvieron detenidos en el cuartel militar de San Antonio.

Labbé salió como pasajero en la parte posterior de un jeep desde el tribunal, y se encontró con el tumulto que intentó bloquear su tránsito entre forcejeos con los uniformados que finalmente le abrieron el paso y le permitieron enfilar a alta velocidad por una de las pequeñas calles colindantes. En el incidente no hubo lesionados ni detenidos.

Anatolio Zárate, a la salida del trámite, comentó: "La justicia que es muy lenta, lo que yo espero es solamente justicia, la justicia aquí se ha mostrado muy lenta para avanzar. Especialmente después de rememorar todo lo que pasó claro que uno se cansa. Sale cansado como cansancios anteriores".

El ex alcalde de Providencia será confrontado con los ex detenidos Anatolio Zárate Oyarzún y Héctor Salvo Pereira, quienes sostienen judicialmente que el ex agente participó en torturas en el subterráneo del Casino de Oficiales del regimiento de Tejas Verdes, donde ambos fueron sometidos a tormentos.

El ex agente de la DINA, coronel (R) y ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, será careado este viernes con dos ex prisioneros políticos que lo acusan de intervenir en torturas en el regimiento de Tejas Verdes.

Labbé será confrontado con los ex detenidos Anatolio Zárate Oyarzún y Héctor Salvo Pereira, quienes sostienen judicialmente que el ex agente participó en torturas en el subterráneo del Casino de Oficiales del regimiento de Tejas Verdes, donde ambos fueron sometidos a tormentos.

El careo se realiza a partir de las 09.00 de hoy 20 de junio en la Corte de Apelaciones de San Miguel ante la jueza Marianela Cifuentes.

La magistrada investiga una querella por 13 víctimas del campo de prisioneros de Tejas Verdes. Ellas son: Carlos Carrasco Cáceres, Jorge Cornejo Carvajal, Gustavo Farías Vargas, Carlos Galaz Vera, Oscar Gómez Farías, Aquiles Jara Álvarez, Genaro Mendoza Villavicencio, Víctor Mesina Araya, Miguel Moyano Santander, Luis Norambuena  Fernandois, Jorge Ojeda Jara, Ceferino Santis Quijada y Florindo Vidal Hinojosa.

Las historias de Zárate y Salvo, así como de otros ex prisioneros, aparecen relatadas en el libro El despertar de los cuervos, del periodista Javier Rebolledo.

Coronel Cristián Labbé rejuró que nunca aplicó tortura a detenidos en Tejas Verdes

Por más de tres horas fue careado esta mañana el coronel y ex alcalde de Providencia Cristián Labbé en una de las aristas del llamado caso Tejas Verdes. Labbé, había solicitado esta diligencia para realizarla con Anatolio Zárate y Patricio Salvo.

Particularmente, Zárate ha acusado en otros procesos a Labbé de haberlo torturado en Tejas Verdes y además haber pertenecido a la estructura de esa unidad militar durante el primer año de la Dictadura.

Según Zárate, Labbé negó su presencia en el regimiento en cuestión, mientras que él se mantuvo en sus dichos.

Labbé se retiró a las 12.10 en la camioneta que conducía, que fue golpeada por los familiares y víctimas de Tejas Verdes que se encontraban apostados en las afueras del estacionamiento del Tribunal de Alzada san miguelino.

Hay que recordar que en Tejas Verdes, Manuel Contreras el “Mamo”, fue creando desde al menos 1972 lo que después sería conocido como la Dirección de Inteligencia Nacional.

En esa estructura, Labbé fue profesor de interrogatorio, pero hasta ahora no ha sido procesado en ninguna causa por violaciones a Derechos Humanos, respecto de aplicación de torturas a los detenidos.

Además fue desde Tejas Verdes desde donde salió un amplio contingente militar el día del golpe, con destino a Santiago y parte de los efectivos se hicieron cargo del Estadio Chile, donde fue asesinado Víctor Jara. Es por ello que Tejas Verdes volvió a cobrar importancia en la investigación del crimen artista.

Cristián Labbé fue parte de la guardia personal de Pinochet y en ese contexto ha señalado en sus declaraciones, que fue encuadrado en la DINA, no porque perteneciera a los aparatos de tortura y desaparición del organismo represivo. De hecho Labbe publicó un libro donde cuenta todas las vivencias como escolta del ex dictador.

Luego del interrogatorio de hoy la magistrada debe evaluar si los antecedentes que constan en la causa existen presunciones fundadas para someter a proceso a Labbé por el delito de tortura.

La ministra Marianela Cifuentes lleva poco de un año en su cargo y reemplazó al fallecido Alejandro Solís, también de la corte de San Miguel, todos designados como ministros con dedicación preferencial para agotar las investigaciones por casos de derechos humanos.

Durante la jornada de este lunes, la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó la detención del coronel en retiro y ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé.

La otrora autoridad comunal se encuentra procesada por asociación ilícita, por su participación en la desaparición y homicidio calificado de 13 personas contrarias a la dictadura que fueron destinadas al Regimiento de Tejas Verdes, en San Antonio.

Junto a Labbé se encuentran procesados otros nueve oficiales y suboficiales en retiro, quienes fueron notificados. En tanto, el ex alcalde fue trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén para cumplir el arresto preventivo.

Lee también: “El despertar de los cuervos”, el libro sobre el origen de la DINA y sus torturas en Tejas Verdes

En junio, el ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional -DINA- fue careado junto a Anatolio Zárate, quien estuvo detenido en el regimiento Tejas Verdes y acusó haber sido sometido a torturas, en donde habría estado presente el coronel en retiro.

Ello ha sido negado en reiteradas oportunidades por quien lideró el municipio de Providencia desde 1996 hasta 2012.

El abogado de Labbé, Christian Espejo, en entrevista con CNN Chile, se manifestó sorprendido por la detención que, según expresó, se extendería por dos días. Junto a ello agregó que “esto hay que enfrentarlo como corresponde”.

Desde La Moneda, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, afirmó que tanto el Gobierno como la sociedad chilena esperan que los crímenes de derechos humanos sean esclarecidos “como todos los delitos que se cometen en Chile, pero son los tribunales los que tienen que determinar las responsabilidades”.

El militar en retiro, sin embargo, deberá permanecer detenido en el Batallón de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén, al menos hasta mañana, cuando se realice una audiencia en el tribunal de alzada, donde se discutirá la determinación de la magistrado.

El monto de 200 mil pesos aprobados en primera instancia por Cifuentes, también deberá ser ratificado en la audiencia ante la Corte de Apelaciones.

La medida fue tomada respecto de todos los procesados en la arista del caso Tejas Verdes, que involucra a 9 uniformados en retiro y un ex policía civil.

El abogado defensor de Labbé, Cristian Espejo, confirmó a La Tercera, que la medida fue acogida anoche por la jueza.

Espejo aseguró que el coronel en retiro pasó la noche tranquilo, recibiendo el apoyo en todo momento de sus familiares y amigos.

“Él se ha sentido muy apoyado, lo que lo pone muy contento. Mucha gente ha enviado mensajes, llamados, lo quieren”, dijo el defensor.

Espejo manifestó que el ex edil “no deja de estar sorprendido, en virtud que es inocente. Tiene su conciencia muy tranquila, porque no ha cometido ningún delito, y este procesamiento lo toma con mucha hombría”.

Labbé ingresó ayer al regimiento en Peñalolén cerca de las 15 horas, a cumplir con la medida de prisión preventiva, dictada por la ministra Marianela Cifuentes, quien lo sometió a proceso por el delito de asociación ilícita, en el marco de la investigación por el caso Tejas Verdes.

En agosto pasado, cambio21 dio a conocer antecedentes inéditos de la causa por torturas sufridas por Harry Cohen Vera, que se sigue en Valdivia en contra del exalcalde UDI y entonces teniente de Ejército en la unidad que comandaba el general Nilo Floody. Instalada en el sur (1973-1974), tenía por fin reprimir al MIR y cualquier foco de resistencia en contra de la dictadura.

En una nueva resolución fechada el 15 de enero del presente año, dictada en el proceso que instruye el Ministro en Visita Extraordinaria Juan Ignacio Correa Rosado, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en contra de Cristián Labbé, se ordena su comparecencia para ser careado el próximo 20 de febrero con Harry Cohen. La notificación la practicará la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por orden del juez.

Ha recuperado parte de la memoria

Con posterioridad a nuestro reportaje, compareció Cristián Labbé para prestar nuevas declaraciones. Esta vez no tuvo alternativa y recuperó en parte la memoria, reconociendo que sí estaba en la zona de los hechos en aquella época. No pudo contradecir a los múltiples testigos que lo ubicaban allí, lo que en declaraciones anteriores había negado. En su nuevo testimonio, negó, eso sí, haber participado en torturas: "Nunca en mi vida he aplicado apremios a persona alguna", señaló el ex DINA.

Todas las declaraciones de testigos directos en la señalada causa, han sido coincidentes en ubicar a Cristián Labbé entre octubre y noviembre en la zona y en el lugar de los hechos. Testigos que lo vieron e incluso hablaron con él, como otro detenido sin orden judicial, Jaime Rozas, quien asegura en sus declaraciones: "En ese momento conocí a un oficial de Ejército (…) el que me dijo que era de apellido Labbé (…) quien conversó conmigo, me preguntó de dónde venía, le dije que de Futrono y le pregunté si era familiar de una familia Labbé de Futrono y me dijo que no". Rozas hablaría cara a cara varias veces con el teniente, identificándolo también como uno de sus torturadores.

Abuso de poder

A Labbé se le imputa haber presenciado y participado de los apremios sufridos por Cohen y otras personas y haber estado a cargo de la unidad que los mantuvo cautivos sin orden judicial alguna. Harry Cohen fue detenido el 7 de noviembre de 1973 cuando se dirigía desde Santiago a Futrono, donde residía parte de su familia. Lo hacía cada cierto tiempo por razones de negocios y por encargo de su hermano, quien residía con él en Santiago. El pelo largo y la barba destacaban en la desgarbada figura de un muchacho de aquella época, ajeno a la política, más preocupado de su trabajo como técnico eléctrico y de ayudar a los suyos.

Había sido molestado en viajes anteriores por militares por su aspecto. Sabido es que en aquella época pos golpe el pelo largo y la barba en los hombres y los pantalones en las mujeres no eran bien vistos por el régimen. Pero estaba acostumbrado. Lo que vendría después, sí que no estaba en lógica alguna. "Yo no era activista ni militante político -señaló Harry Cohen a Cambio21-, era un observador de lo que pasaba", señala.

Ya en Futrono junto a su familia, al día siguiente de su arribo y siendo de mañana, se encontró de sopetón con un aspecto de fiereza que jamás había imaginado. Militares camuflados y fuertemente armados rodearon su casa e ingresaron violentamente apuntando a todos en la familia. Él y un familiar fueron hechos prisioneros y trasladados a la comisaría del pueblo.

El hombre del corvo

Desde allí fue llevado en helicóptero hasta ser puesto bajo las órdenes del teniente Labbé, quien era reconocido por ostentar un trato de fiereza con quienes caían en sus manos. Pero lo peor estaba por venir. Fue encerrado junto a otro prisionero en una celda. Allí estaba cuando vio de frente a Labbé por primera vez. Jamás olvidaría ese rostro, la voz, esa prepotencia, la violencia con que fue encarado, corvo en mano por el militar, por solo mirarlo a la cara. La voz la seguiría escuchando por algún tiempo, en cada sesión de tortura, donde ya no lo podría mirar a la cara, pues la capucha que le fue colocada lo impedía.

Así relató Harry Cohen a Cambio21 ese primer encuentro: "Ante mi apareció un militar fuertemente equipado, quien mirándome de manera amenazante me gritó: ¡baja la mirada concha de tu madre!… Ante la sorpresa y el temor, no reaccioné en forma instantánea, provocando en él un estado de histeria que derivó que sustrajera el arma cortopunzante conocida como corvo, avanzara hacia mí y profiriendo insultos y amenazándome con cortarme el cuello…". No era otro que el teniente boina negra Cristián Labbé Galilea.

Para Cohen, "las torturas que sufrí fueron sin sentido, las preguntas acerca de lo que hacía yo o mi familia eran acompañadas de descargas de corriente, que aumentaba si no les parecía adecuada mi respuesta (…) en cada oportunidad que fui torturado era izado con mis manos amarradas a la espalda, capucha en mi cabeza y electrodos puestos en brazos, pies y caderas. Era un ritual que comenzaba en silencio y luego se venían las preguntas, insultos y amenazas. Los golpes de corriente eran insoportables", indicó.

Inconfundible

Tres eran las voces que interrogaban una y otra vez. La del exalcalde de Providencia y miembro de la DINA, Cristián Labbé, era inconfundible para Harry Cohen: "Tengo claro quién me torturo y me amenazó matar con un corvo, era Cristián Labbé, cómo no voy a estar seguro si lo miré a la cara y lo vi abalanzarse encima mío mientras me insultaba. Además, lo escuché e identifiqué su voz en mis interrogatorios y además me lo ratificó el sargento Barra. Cuando me interrogaba, era claro distinguir su voz, pues lo vi y escuché claramente cuando me amenazó", afirma sin dudas.

Las sesiones de torturas se prolongaron por días, así consta no solo del testimonio de Harry Cohen sino que además del de los otros prisioneros que sufrieron también el rigor de los flagelos. "Fuimos torturados con electricidad, nos amenazaban con corvos en el cuello, nos intentaron fusilar mientras estábamos vendados", afirma Bernardo Santibáñez, compañero de celda y desdichas de Cohen, en la causa rol 5-2013.

Contradicciones

Labbé niega los hechos señalando en su declaración de fs. 134, "Mi labor se limitó a comandar la reserva estratégica de esta unidad, circunstancias en que nunca se empleó esta unidad, no tuvo acción alguna, no tuvo contacto con fuerzas irregulares y se mantuvo acantonada exclusivamente en el sector de Panguipullyi reportaba al teniente coronel Alejandro Medina Lois". Evita así cualquier relación con los hechos que se le imputan.

Si esa unidad a su cargo no tuvo actividad alguna, por qué en otra parte de su declaración (fojas 135) Labbé señala: "Mi unidad destacó por ser la mejor de la división, aparecí en reiteradas oportunidades en la prensa local"… Es decir, si era una unidad de "reserva estratégica", que estuvo "exclusivamente acantonada" y "sin contacto con fuerzas irregulares", ¿por qué fue elegida "la mejor de la división"? ¿Cómo se ganó las felicitaciones que aparecen en su hoja de vida y apariciones en la prensa? ¿Sin hacer nada?

"Este es un caso que tiene relevancia no solo por el inculpado, por el autor, sino que por la naturaleza de los hechos, que sin revestir una gravedad extraordinaria, como un homicidio, dan cuenta de los abusos con que actuaron los militares en este país", señaló categórico el abogado patrocinante de la causa, Roberto Ávila Toledo, a Cambio21.

También será careado el "oficial de prensa"

Otro de los que deberá comparecer el próximo 20 de febrero ante el magistrado para ser careado con Cohen es el periodista que gustaba andar vestido de militar en aquella época para cubrir las noticias y que, en realidad, como consta en el proceso, no eran sino que "puestas en escena", verdaderas mascaradas que buscaban ocultar crímenes y abusos, tan típico de la prensa servil de aquella etapa negra de nuestra historia.

Se trata de Eduardo Hunter Abarzúa, quien además es presidente regional de Renovación Nacional y ha ocupado diversos cargos al interior de esa colectividad. Hunter se encuentra también en calidad de inculpado, e interrogó personalmente, con traje militar de combate y en condición de corresponsal de guerra, a Harry Cohen. En tal condición,publicó un reportaje en la revista VEA, sindicando a Cohen como un "peligroso guerrillero". Cohen jamás militó en partido alguno y menos tenía relación con la política. Pero según el "periodista", era un peligroso extremista.

"El careo es vital para procesar"

Las diversas declaraciones que constan en la causa, entre ellas las confesiones de los inculpados, los testimonios de las víctimas, así como las evidentes contradicciones de Labbé y Hunter, se coronarán con este careo, tras el cual el tribunal deberá pronunciarse acerca del procesamiento de Labbé, el que a la luz del expediente tenido a la vista en exclusiva por Cambio21, es inminente.

Concuerda con ello el abogado Luis Toro: "Los elementos que basan las presunciones en contra de Labbé son más categóricos aún que los que hubo contra Rosauro Martínez e incluso cuando lo procesaron en Tejas Verdes. Los expedientes conllevan certeza procesal, luego quedan en evidencia sus mentiras en 6 expedientes", asegura.

Como se recordará, el ex edil de Providencia se encuentra además procesado por asociación ilícita en la causa por torturas y crímenes de varios prisioneros en Tejas Verdes, la cuna donde naciera la DINA, comandada por el cruel general Manuel Contreras.

Por fin el cara a cara

Harry Cohen ansiaba la oportunidad de enfrentar a quien reconoce como su torturador. Esta será la oportunidad de enrostrarle su verdad procesal. Sin violencia, pero con convicción, como reconociera a Cambio21.

"Después de los hechos y durante mucho tiempo, no supe nada de Labbé, hasta que lo vi en televisión y me conmocioné. Si lo viera frente a frente… tengo tantas cosas que decirle, que quizás no pueda decirle nada, pero lo primero que se me viene a la mente es decirle ¡hijo de puta, asesino!… porque lo que vivió Labbé, lo disfrutó y hasta la fecha con sus odiosidades y mentiras, lo sigue disfrutando. No es algo personal, pero si veo que puedo ayudar a castigar a alguien que ha hecho mal las cosas, lo haré, denunciando lo que a mí me hizo para ayudar así a otros también a hacer justicia", concluye Cohen Vera.

Los antecedentes que se han considerado en el caso de torturas contra Harry Cohen han demostrado la participación del exalcalde de Providencia en crímenes de lesa humanidad realizados en Valdivia entre octubre y noviembre de 1973.

Careo en Valdivia entre el coronel (r) Cristián Labbé y Harry Cohen Vera por apremios ilegítimos realizados en contra de Cohen. Las mentiras del exalcalde de Providencia continúan desmoronándose debido a los testigos que lo ubican en el lugar al momento de ocurrido los hechos.

Harry Cohen Vera, 22 años por aquel tiempo, fue detenido el 7 de noviembre de 1973 cuando se dirigía desde Santiago a Futrono, donde residía parte de su familia. El pelo largo y la barba destacaban en la desgarbada figura de un muchacho de aquella época, ajeno a la política, más preocupado de su trabajo como técnico eléctrico y de ayudar a los suyos. Fue secuestrado, torturado brutalmente y acusado de ser terrorista sin siquiera ser militante de algún partido político, cuando militares armados rodearon su casa apuntando a su familia y lo tomaron prisionero.

El ministro en visita extraordinaria, Juan Ignacio Correa Rosado, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en contra de Cristián Labbé, ordenó su comparecencia para ser careado con Harry Cohen.

El exalcalde de Providencia se ha destacado por negar cualquier acusación en su contra que se refiera a apremios ilegítimos realizados por él cuando era miembro del Ejercito donde alcanzó el grado de coronel. Fue integrante de la DINA, guardia personal de Pinochet y también en algún momento ministro de la dictadura.

En este caso, Labbé no pudo negar lo hechos y reconoció que sí estaba en la zona en aquella época. Esto debido a la gran cantidad de testigos que lo ubicaron en el lugar y la fecha en que se sucedieron los ilícitos. Sin embargo, en su nuevo testimonio negó haber participado en torturas: "Nunca en mi vida he aplicado apremios a persona alguna", señaló el exDINA.

El problema con este caso es que se han identificado varias contradicciones por parte del coronel (r), entre ellas el negar los hechos que aparecen en su declaración de fojas 134: "Mi labor se limitó a comandar la reserva estratégica de esta unidad, circunstancias en que nunca se empleó esta unidad, no tuvo acción alguna, no tuvo contacto con fuerzas irregulares y se mantuvo acantonada exclusivamente en el sector de Panguipulli reportaba al teniente coronel Alejandro Medina Lois" para evitar su relación con los hechos.

También existe otra declaración a fojas 135 en la que Labbé dijo: "Mi unidad destacó por ser la mejor de la división, aparecí en reiteradas oportunidades en la prensa local". Aquí surgen varias dudas, pues si era una unidad de "reserva estratégica", que estuvo "exclusivamente acantonada" y "sin contacto con fuerzas irregulares", ¿por qué fue elegida "la mejor de la división"? ¿Cómo se ganó las felicitaciones que aparecen en su hoja de vida y apariciones en la prensa? ¿Sin hacer nada?.

Luego de este careo, el tribunal deberá pronunciarse acerca del procesamiento de Labbé, el que a la luz del expediente tenido a la vista en exclusiva porCambio21, es inminente.

Como se recordará, el exedil de Providencia se encuentra además procesado por asociación ilícita en la causa por torturas y crímenes de varios prisioneros en Tejas Verdes, la cuna donde naciera la DINA, comandada por Manuel Contreras.

En este caso también se acusa a Eduardo Hunter Abarzúa, expresidente de Renovación Nacional, actual concejero del partido y exsecretario de Carlos Larraín cuando fue senador, quien interrogaba a las víctimas.

Consultado respecto de la importancia que tiene este proceso, uno de los  abogados querellantes en la causa, Roberto Ávila, en entrevista conCambio21 manifestó "es importante porque pone término a la acumulación de antecedentes que acreditan el delito de tortura que habría sido cometido por Cristián Labbé Galilea y Eduardo Hunter Abarzúa. Es la etapa final del proceso investigativo, ya que la coartada de Labbé se ha ido desmoronando, puesto que hubo varios testigos que lo obligaron a reconocer que estaba en el lugar, sin embargo sostiene queno enfrentó ninguna acción de combate y que no detuvo a nadie".

Sobre cuales son los pasos a seguir en este caso, Ávila dijo "creemos que se han acumulado antecedentes suficientes para pedir su procesamiento (de Labbé). Nosotros ya tenemos una enorme cantidad de medios probatorios para pedir esto en los próximos días ante la Corte de Apelaciones de Valdivia".

En cuanto a lo que arriesga Labbé en este caso, el querellante explicó "Labbé tiene un procesamiento ya por asociación ilícita por matar y torturar. Si a eso se le suma una acción por tortura, la estricta aplicación del derecho, no teniendo irreprochable conducta anterior, constituiría un peligro para la sociedad y debiera recibir prisión preventiva".

También fue consultada por esto la presidenta de la Comisión de Ética contra la Tortura, Juana Aguilera, quien en conversación conCambio21 dijo "es algo por lo cual hemos estado presionando para que finalmente el Estado reconozca que se ha cometido un delito y lo guardó por 40 años".

"Lo que están haciendo los tribunales tienen que ver con lo que están haciendo las propias víctimas que fueron prisioneras y torturadas,pero en realidad desde el 2004 el Estado tomó conocimiento de lo sucedido y se debió entregar a los tribunales para que los hechos fueran investigados, pero no se hizo", finalizó Aguilera.

El ministro en visita, Álvaro Mesa, condenó al coronel en retiro y exalcalde de Providencia, Cristian Labbé Galilea, como autor del delito de tormentos en contra de Harry Cohen Vera, ocurrido en Panguipulli en 1973.

El ministro por causas de derechos humanos de esta zona del país, condenó a Labbé a la pena efectiva de tres años y a la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Según el fallo, los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 1973, cuando la víctima, Harry Cohen Vera, fue arrestado en el marco de la denominada Operación Peineta, estando a cargo de la reserva militar Labbé Galilea, quien según estableció el ministro Mesa, amenazó con un corvo a la víctima que le cortaría el cuello, cuando estaba encarcelado en un recinto que albergaba a prisioneros políticos en Panguipulli.

Posteriormente fue trasladado vendando y amarrado a otras dependencias, donde incluso fue colgado y luego sometido a descargas eléctricas, mientras era interrogado, para al cabo de unos días ser dejado en libertad.

El fallo de primera instancia fue valorado por el abogado querellante, Roberto Ávila.

El abogado del condenado, Cristian Espejo, adelantó que apelarán a un fallo que dejó sin beneficios a su representado.

El profesional dijo confiar en la prueba, versus lo cotejado “a oídas” por el ministro, según indicó.

Para el diputado Humanista, Tomás Hirch, el exalcalde de Providencia debiera responder con cárcel.

Además, el ministro Mesa condenó al Fisco de Chile a indemnizar en 30 millones de pesos a la víctima, por el daño moral producto de los apremios ilegítimos perpetrados.

De ser apelada, la causa será revisada por la Corte de Apelaciones de Temuco, sin descartarse que luego sea elevada a la Corte Suprema.

De momento, Labbé Galilea está en su domicilio, a la espera de la notificación, al igual que su defensa, quien reconoció que del fallo se enteró por la prensa y no por el ministro Mesa.

El ex alcalde de Providencia y coronel (r), Cristián Labbé, fue procesado como autor del delito de aplicación de tormentos, cometido entre los meses de septiembre y octubre de 1973, en contra del entonces oficial de la marina mercante, Anatolio Zárate Oyarzún, en el marco de la causa Tejas Verdes. Mantiene libertad bajo fianza.

Fue la ministra en visita por causas de violaciones a los DD.HH., Marianela Cifuentes, quien acreditó los antecedentes recopilados en la investigación, que dieron cuenta que «entre el 20 de septiembre de 1973 y el 30 de octubre del mismo año, Zárate Oyarzún permaneció detenido en el campo de prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes», centro de detención clandestino de la DINA.

Según consigna el Poder Judicial, la víctima «fue trasladada en reiteradas oportunidades al subterráneo del casino de oficiales» del recinto, lugar en el que fue «interrogado y sometido a malos tratos físicos y psicológicos por parte de funcionarios del Ejército de Chile, entre ellos, el teniente Cristián Labbé Galilea».

El informe detalla entre los vejámenes sufridos por Zárate Oyarzún, «descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, colgamientos, golpes con objetos contundentes, simulacros de fusilamiento y el denominado ‘submarino de excremento’, consistente en la inmersión en un tambor con heces, entre otras inhumanas formas de apremio».

Posteriormente, y dada las lesiones provocadas, Zárate Oyarzún fue derivado la mañana del 30 de octubre de 1973 hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. En dicho centro asistencial estuvo hasta el 7 de diciembre de ese año, cuando fue llevado a la cárcel pública de Santiago y, luego de un breve período, a un centro asistencial penitenciario.

Finalmente, la ministra Cifuentes afirmó que «atendido que el procesado Cristian Labbé Galilea se encuentra en libertad bajo fianza y que de acuerdo con los registros internos del tribunal ha dado cumplimiento oportuno a su obligación de firma mensual, se dispone mantener la libertad bajo fianza» que se le concedió en la causa.

A comienzos del 2004, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, tenía el alma en un hilo. El 22 de diciembre del 2003 debió declarar en la causa que lleva adelante el ministro Alejandro Solís y donde se investiga la muerte de 15 personas ocurrida en octubre de 1973 en Liquiñe, en las cercanías de Valdivia.

Los asesinados eran simples campesinos que trabajaban en el complejo maderero Panguipulli. Sus familiares afirman que la noche del 11 de octubre de 1973 los 15 fueron fusilados y sus cuerpos, arrojados al río Toltén. En los días siguientes, lugareños vieron los restos corriente abajo. Según sus testimonios, los cadáveres estaban amarrados de pies y manos. Algunos iban al interior de sacos. Otros, incluso, presentaban la amputación de sus cabezas.

El alcalde de Providencia Labbé figura en este siniestro expediente por un motivo: fue nombrado por el teniente coronel (r) Arturo Antonio Bosch González como parte de la comitiva militar que operó en la zona cuando ocurrieron los hechos (ver recuadro). Liquiñe, sin embargo, no es la única historia que reclama a Labbé desde el pasado. El ex oficial que se retiró con el rango de coronel de Ejército, también es mencionado en otra causa que sustancia el ministro Alejando Solís. Se trata de la investigación por los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas, ocurridos en Tejas Verdes, en la V región. En esta causa, el ex conscripto Samuel Enrique Fuenzalida Devia identifica al alcalde Labbé como uno de los instructores que tuvo la misión de entrenar al personal que luego formó la DINA. El 31 de marzo pasado Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), solicitó que Labbé fuera careado con Fuenzalida. La respuesta del tribunal fue que la petición se resolverá en su momento. Las elecciones municipales se aproximan y muchos dan por seguro que Labbé será candidato de la UDI para el cargo de alcalde de Providencia. Los testimonios de estos procesos no le hacen nada de bien a sus aspiraciones. Motivos de sobra tiene para tener el alma en un hilo. 

La otra caravana de la muerte Para las organizaciones de Derechos Humanos, las muertes de Liquiñe no son un caso aislado. Por el contrario, formarían parte de un extenso operativo llevado adelante entre septiembre y octubre de 1973 y que afectó a poblados al sur de Temuco. José Araya, secretario ejecutivo del CODEPU de Valdivia, va más lejos y afirma que las muertes de Liquiñe forman parte de “otra caravana de la muerte, similar a la que operó en el norte”. Tras su paso, más de 70 personas fueron ejecutadas y muchas de ellas permanecen desaparecidas. Para Araya, aunque en estas muertes participaron militares y carabineros de la zona, un grupo venido desde Santiago jugó un rol central en los hechos: se trata de comandos paracaidistas de Peldehue, más conocidos como “boinas negras”. Cerca de 200 efectivos de ese selecto grupo de combate aparecen hoy vinculados en los distintos procesos por las ejecuciones ocurridas de Temuco al sur. José Araya afirma que la presencia de este cuerpo de elite se debía a un motivo específico. -Los militares creían que los bosques de la región estaban llenos de guerrilleros cubanos. Durante meses operaron hasta con helicópteros artillados y bombardearon los montes. Todavía se pueden ver los cráteres que dejaron- afirma Araya. Un relato de ese extenso operativo quedó registrado en la edición del 18 de noviembre de 1973 de El Mercurio. Allí, bajo el título de "Operativos de limpieza de grupos extremistas armados", se informa la actuación de una “Brigada Especial Contra Guerrillas” que, bajo las órdenes del general Nilo Floody Buxton y del comandante Carlos Medina Lois, operó en Neltume, Arquilhue, Lago Ranco y, por cierto, en Liquiñe. La nota describe la preparación de esta brigada anti guerrilla. "Está integrada por profesionales graduados en el extranjero, con lugares de honor. Han estado en cursos efectuados en Francia, Panamá, Estados Unidos. Han sobrevivido en plena selva con indígenas, precisamente con el objeto de especializarse en este tipo de combate y para la lucha contra las guerrillas". Los hechos demuestran hoy que la guerrilla cubana con la que decían luchar los hombres de Floody, nunca existió. Esta fuerza de elite simplemente cayó a sesgo sobre campesinos desarmados.

La mala memoria Durante la investigación de las muertes de Liquiñe, un escollo central ha sido identificar a los oficiales que efectivamente estuvieron en la zona. Fuentes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, que han participado directamente en este proceso aseguraron a The Clinic que “los oficiales de mayor graduación, no recuerdan los nombres ni cargos de sus subalternos, o declaran fechas que no concuerdan con los hechos probados”. Sin embargo, lentamente el círculo de protección se ha ido resquebrajando y "los militares de menor graduación al momento de los hechos, están colaborando", afirma la fuente. Debido a esto ya estaría probado que en esta comitiva participó, con su dotación casi completa, la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, unidad en la cual Cristián Labbé se desempeñaba con el grado de oficial. -Ahora, el juez tiene que delimitar las fechas y la participación de cada oficial- concluyó la fuente. El nombre de Labbé apareció en esta lenta entrega de datos recién el 18 de diciembre del año pasado. Ese día, el teniente coronel (r) Arturo Bosch González reveló al juez Solís los nombres de los oficiales que actuaron en la zona de Valdivia. En la lista, Labbé figuraba como un oficial que “ejercía mando”. Bosch afirmó que el contingente, compuesto de entre 200 y 300 personas llegó a la zona a principios de octubre “manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de navidad”. Afirma que la zona quedó dividida en franjas a cargo de diferentes oficiales, aunque hoy no puede ligar nombres con territorios. Cree, sin embargo, que Liquiñe pudo haber quedado bajo el control del general “Nilo Floody o de personal a cargo del oficial Saldes, o personal de la Escuela de Montaña”. El alcalde Labbé compareció ante el ministro dos días después de que lo hizo Bosch. En su declaración, a la que The Clinic tuvo acceso exclusivo, Labbé admitió haber formado parte de la brigada que comandó el general Floody. Admitió, también, que el contingente estaba formado por cerca de 200 personas y que si estaba bajo el mando de un general era “porque se trataba de una unidad operativa importante". Cuando se le preguntó por los objetivos de esta comitiva, declaró: “Se pensaba que en el Complejo Maderero Panguipulli podía existir una guerrilla rural; se tenía la idea que podía haber un foco de este tipo de agrupación. La idea era conformar esta brigada para barrer estos focos. Y en el caso que se produjere un enfren-tamiento, además, de barrer el lugar, abrir fuego”. Más adelante, Labbé también reconoció haber participado en la operación contraguerrillera. Pero –y aquí comienzan las contradicciones- argumenta que sólo estuvo a cargo de la tropa de reserva. "Me desplacé junto a la unidad de reserva a Panguipulli”, declaró. Luego insistió en ese punto cuando se le preguntó por los sucesos de Liquiñe: “No tuve intervención en el operativo porque yo estaba a cargo de la tropa de reserva, la cual se despliega en casos extremos, a los cuales no se llegó en esa oportunidad”, dijo. La afirmación llama la atención. Ninguno de los oficiales que ya han declarado, mencionan la participación de reservistas en estas operaciones. Sólo se habla de personal de planta y conscriptos. Por otra parte, un militar en retiro de la misma graduación de Labbé y que fue exonerado después del golpe militar, dijo a The Clinic que en un comando de boinas negras no existe la reserva. -Los boinas negras son una fuerza de elite, con personal altamente capacitado y de planta. Además, para una misión de esa envergadura no iban a llevar a reservistas- afirmó el ex uniformado a condición de permanecer en el anonimato. Como Bosch, Labbé tampoco no pudo precisar qué oficiales actuaron en cada zona y según sus recuerdos, casi ningún boina negra marchó al sur. En su caso afirma que sólo estuvo en la zona dos semanas, a fines de noviembre, cuando las muertes de Liquiñe ya habían ocurrido. Sin embargo, comete errores. En el tribunal, por ejemplo, le consultaron por una anotación hecha por el general Medina en la hoja de vida del oficial Patricio Landaeta. La anotación está fechada el 30 septiembre de 1973 y da cuenta de que el grupo enfrentó “fuego enemigo”. -Ignoro a qué se refiere con la expresión “fuego enemigo”, porque del 21 al 30 de septiembre de 1974, yo no me encontraba en la Escuela de Paracaidistas”, declara Labbé. Si no notó el error del alcalde, lea la frase de nuevo. A Labbé le preguntan por un hecho de 1973 y él contesta sobre 1974. A la larga, Labbé sólo tiene claro que no es responsable de las muertes investigadas, que durante el periodo en cuestión fue destinado a custodiar la casa de Pinochet y sólo tuvo a su cargo instruir a funcionarios de reserva. Y lo cierto es que no hay ninguna prueba de que Labbé haya participado en los crímenes de Liquiñe o en las matanzas efectuadas en toda la zona. Pero el hecho de que sea mencionado por Bosch, lo hace un testigo relevante para ayudar a aclarar las muertes y sobre todo, responsables. Respecto de esto Alejandra Arriaza, abogada de CODEPU, no tiene dudas. “Todos los antecedentes confirman la participación de Labbé. Sólo falta precisar su responsabilidad específica en los hechos”, dijo a The Clinic.

Instructor de gimnasia No sólo Liquiñe le complica hoy la vida al edil de Providencia. También lo hace su paso por el centro de detención que operó en el exclusivo balneario de las Rocas de Santo Domingo: Tejas Verdes. La investigación sobre este centro la lleva adelante el mismo ministro Solís y persigue los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas. En esta investigación, el nombre de Labbé saltó de la declaración judicial de Samuel Enrique Fuenzalida Devia, un ex conscripto que el 30 de octubre de 2000 identificó a Labbé como uno de los instructores de ese campo de tortura. “Durante mi permanencia en las Rocas de Santo Domingo, lugar que funcionaba como escuela de inteligencia de la DINA, recibimos instrucción en materias de acondicionamiento físico y diversos cursos que tenían relación con inteligencia y seguimiento de personas. En ese lugar tuvimos como instructores a César Manríquez Bravo, profesor del curso de inteligencia; Cristian Labbé, preparador físico y actual alcalde de Providencia; Miguel Krassnoff Marchenko, a cargo de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, guerrilla urbana y suburbana", dijo Fuenzalida. El ex soldado ha declarado en varias causas de derechos humanos entregando información relevante sobre el origen y la operatividad de la DINA, organismo que por años lideró el general (r) Manuel Contreras. Ante el ministro Solís, Fuenzalida relató que entre diciembre del 73 y enero del 74 fue trasladado al balneario de Santo Domingo, junto a militares de otras reparticiones del país. El grupo fue recibido por el propio Contreras quien les informó “que habíamos sido escogidos entre las fuerzas armadas para integrar un grupo selecto de personas para conformar la DINA, entidad que estaba a su mando". La declaración de Fuenzalida tiene una relevancia especial. Fija la hora cero en que Manuel Contreras comenzó a preparar a los agentes que luego participaron en el periodo más sangui-nario de la dictadura de Pinochet. Fuenzalida sostiene que Labbé Galilea fue instructor de aproximadamente 600 militares, que meses más tarde fueron los primeros funcionarios de la DINA. Los datos disponibles hoy indican que en esos años Tejas Verdes fue una suerte de academia de contrainsurgencia donde los futuros agentes no sólo recibieron instrucción teórica sino que también pudieron ejercitar sus conocimientos con las personas detenidas ahí. De acuerdo al Informe Rettig, este recinto comenzó a funcionar como centro de detención desde el mismo 11 de septiembre, existiendo testimonios de su uso sistemático hasta 1975. De acuerdo a quienes sobrevivieron a ese infierno hubo períodos en los que Tejas Verdes llegó a tener más de 100 prisioneros. La mayoría fue brutalmente torturado. Algunos desaparecieron. Ninguno de los sobrevivientes acusa a Labbé de haber participado en torturas. Tampoco lo hace Fuenzalida. Pero todos quienes conocen de esta investigación creen que si el alcalde de Providencia fue instructor, como señala el ex soldado, podría aportar información relevante sobre lo que allí ocurrió. Sobre todo, porque el testimonio de Fuenzalida no es lo único que vincula a Labbé con la DINA. Hay también un oficio reservado en que el propio Contreras menciona a Labbé como un agente de su organismo. Se trata del oficio 4380/19, fechado en diciembre de 1974 donde Contreras pide “la extensión de pasaporte diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. Cristian Labbé Galilea, Sr. Carlos Marín Castro, Sr. José Riquelme Villagra, Sr. Rolf Esser Muller". Contreras afirma que "el mencionado personal cumplirá una determinada comisión de servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. Por tratarse de una urgente comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento". Según la abogada Arriaza, Labbé es un militar de peso en la DINA, no un simple instructor de gimnasia. -Él ayudó a crear ese organismo, luego viaja fuera del país, en un procedimiento irregular. Todo esto es ilegal, él debe aclarar su responsabilidad en los hechos que se investigan- dijo la abogada a The Clinic. 

La lista de Bosch Extracto de la declaración judicial del teniente coronel (r) Arturo Bosch González. (18 de diciembre de 2003) “Debo señalar que la brigada partió desde Santiago en dirección al sur a fines del mes de septiembre de 1973 o a principios del mes de octubre de ese año, manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de la navidad, no recuerdo la fecha exacta de regreso. “En esa brigada, según recuerdo, ejercía mando, además de Patricio Larraín Landaeta, el capitán Sergio Candia Muñoz, quien era oficial de la Escuela de Paracaidistas, Hernán Saldes, Carlos Rafael Parera Silva, Fernando Martínez González, Patricio Acevedo Trujillo, Emilio Timmermann Undurraga, Armando Hormazábal Marré, Hyram Eduardo Díaz, Hugo Jaque Valenzuela, Manuel Pérez Santillana, Alfredo Román Herrera, Juan Delmás Ramírez, Cristian Labbé Galilea. No estoy seguro si concurrió al sur el oficial Alfredo Vicuña Oyazún.

 El desmemoriado Extracto de la declaración de Labbé ante el ministro Alejandro Solís. 22 de diciembre de 2003. “Respecto a los oficiales que se indica: Patricio Larraín Landaeta era oficial de la escuela, pero no recuerdo si fue al sur, lo mismo para Sergio Candia; en el caso de Hernán Saldes, estuvo en el sur; Carlos Parera no me acuerdo si fue o no al sur en esa ocasión; Fernando Martínez González, no lo recuerdo en el operativo, al igual que Patricio Acevedo Trujillo; Emilio Timmermann, lo asocio con la escuela, no sé si fue al sur; Armando Hormazábal, no me parece que hubiere ido; Hyram Díaz, me acuerdo que era oficial de la escuela pero no al operativo, al igual que Hugo Jaque; a Manuel Pérez no lo recuerdo en el operativo; Alfredo Román Herrera, según tengo entendido falleció antes de que tuviera lugar el operativo; no recuerdo a Juan Delmás; Alfredo Vicuña Oyarzún era un subteniente de la escuela; Arturo Bosch, lo recuerdo de la escuela pero antes de que yo me fuera de esta unidad para hacer el curso en Brasil”. 

Palabra de Mamo Extracto del oficio reservado en que se menciona a Labbé como “personal de la DINA”. 2 de diciembre de 1974 1.- Me permito solicitar la extensión de Pasaporte Diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. CRISTIAN LABBE GALILEA Sr.. CARLOS MARIN CASTRO Sr. JOSE RIQUELME VILLAGRAN Sr. ROLF ESSER MULLER 2.- El mencionado personal cumplirá una determinada Comisión de Servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. En el pasaporte que se les otorgue se ruega incluir la excensión (sic) del impuesto correspondiente. Por tratarse de una urgente Comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento.

El 30 de septiembre de 2019, el ministro en visita Álvaro Mesa sentenció a Labbé a tres años de presidio efectivo, además de la "suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena", por el delito de apremios ilegítimos, el que cometió en noviembre de 1973 contra el estudiante Harry Cohen en pleno periodo de dictadura militar.

Luego de que circulara en redes sociales una publicación que aseguraba que la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI) contrató en el municipio al exagente de la DINA Cristián Labbé, dicha información fue corroborada, aunque no es del todo precisa.

De acuerdo a Cooperativa, se pudo verificar en el portal Transparencia Activa que Labbé ha estado contratado a honorarios en el municipio desde marzo de 2016, durante la gestión de Mario Olavarría (UDI), y hasta agosto de 2021, mes en que percibió un salario superior a 1,5 millones de pesos brutos.

Durante todo ese tiempo, Labbé -exalcalde de Providencia- ha desarrollado dos funciones: "apoyo en el control y gestión relacionadas con el Plan Estratégico Municipal", y "asesorías y consultorías en materia de capacitación", puesto para el que calificó como licenciado en Ciencias Militares.

El 30 de septiembre de 2019, el ministro en visita Álvaro Mesa sentenció a Labbé a tres años de presidio efectivo, además de la "suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena", por el delito de apremios ilegítimos, el que cometió en noviembre de 1973 contra el estudiante Harry Cohen en pleno periodo de dictadura militar.

El fallo fue confirmado en abril de 2020 por la Corte de Apelaciones de Temuco, tras lo cual presentó un recurso de protección ante la Corte Suprema.

Consultado por el medio Fast Check, Fernando Uribe, abogado de Labbé, dijo que el exagente de la dictadura se encuentra actualmente en libertad y que se reúnen una vez al mes.

El ministro en visita Álvaro Mesa condenó al coronel en retiro como autor de aplicación de tormentos al prisionero político Harry Edwards Cohen Vera, quien relata en el proceso que el ex “boina negra” lo amenazó de que le cortaría el cuello con un corvo y además lideró las sesiones de tortura en las que fue sometido a descargas de electricidad, entre otros vejámenes. Estos hechos de violaciones a los derechos humanos en los que está implicado Labbé se suman a los episodios de Tejas Verdes, donde el exuniformado también está en la mira de la justicia. Labbé, quien fue alcalde de Providencia entre 1996 y 2012 por la UDI, lleva varios años alejado de la vida política

Su pasado en dictadura sigue persiguiendo al ex “boina negra” del Ejército y exalcalde de Providencia Cristián Labbé Galilea, quien fue condenado por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre, por torturas contra el prisionero político de Panguipulli, Harry Edwards Cohen Vera, en noviembre de 1973.

Los hechos ocurrieron en la localidad de la Región de Los Ríos, cuando Cohen fue detenido por una patrulla, en la denominada "Operación Peineta", realizada por militares en la zona cordillerana comprendida entre Concepción y Valdivia, y cuyo objetivo era la captura de personas opositoras a la dictadura. Según el testimonio de la víctima, Labbé lo amenazó con un corvo de que le cortaría el cuello y lideró las sesiones de tortura donde fue sometido a descargas de electricidad, entre otros vejámenes.

De acuerdo al fallo, el ministro Mesa condenó al exoficial del Ejercito a la pena efectiva de tres años y a las accesorias legales correspondientes a la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Además, el magistrado condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $ 30 millones a Cohen Vera, por concepto de daño moral producto los apremios ilegítimos sufridos en su persona.

Durante la dictadura militar, Labbé fue guardaespaldas de Augusto Pinochet y agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y desde 2003 es investigado por casos de tortura y violaciones a los Derechos Humanos. De hecho, en 2014, ya estuvo en prisión preventiva por otro caso, la desaparición de 13 personas en el regimiento Tejas Verdes de la Región de Valparaíso, donde es indagado por asociación ilícita. Y en 2017 permaneció detenido un mes en el Regimiento de Infantería Tucapel de Temuco  por orden del mismo ministro Mesa, quien indaga las violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

Labbé se encuentra retirado de la vida política, luego de desempeñarse como alcalde de Providencia. entre 1996 al 2012, cuando perdió las elecciones a manos de Josefa Errázuriz. Cuatro años después declinó intentar una nueva postulación, y de paso renunció a su militancia en la UDI.

Los hechos

El afectado Harry Edwards Cohen Vera, de 26 años al momento de los hechos, era estudiante de 2° año de la carrera "Electrónica" del Instituto Profesional Nuevo Mundo de Santiago. Según establece la resolución, el 6 de noviembre de 1973 viajó a la localidad de Futrono y al día siguiente, cuando se encontraba en la casa de sus familiares, irrumpió en el domicilio un grupo de militares "boinas negras" los cuales procedieron a allanar el lugar y a detenerlo junto a Jaime Rozas González.

Ambos fueron inmediatamente trasladados hasta el retén de Carabineros de Futrono, y posteriormente fueron conducidos por personal militar hasta un helicóptero que se encontraba posado en la plaza de la ciudad, momento en que se pudo percatar además de la presencia de otras personas en calidad de detenidas, señala la resolución.

"En el vuelo, se les amenazó con lanzarlos al lago Riñihue pero posteriormente aterrizaron un lugar al que reconocen como una escuela ubicada en la ciudad de Panguipulli", añade la indagatoria. Ahí fue cuando Cohen se encontró por primera vez con Labbé, quien “fuertemente armado y con ropa de camuflaje lo amenazó, con una arma blanca (corvo), que le cortaría el cuello”, señala el proceso.

Labbé aparece mencionado nuevamente por la  víctima al momento de relatar otros tormentos. “Fue retirado de su celda con los ojos vendados y con un saco a modo de capucha sobre la cabeza, amarrado de pies y manos, siendo transportado en un camión hacia un lugar que aparentemente pudiera corresponder a una bodega. Que en estas circunstancias fue colgado con las manos atadas a la espalda, permitiéndole apoyarse sólo con la punta de sus dedos al suelo. Que en ese momento es interrogado por 3 militares, respecto de los cuales pudo identificar la voz de aquel oficial corpulento descrito en el punto precedente, quien en forma burlesca realizaba reiterados alcances a su origen semita. Que en dicho interrogatorio conectaron electrodos en su tobillo y muñecas, los cuales en forma sistemática producían descargas eléctricas cada vez más intensas, al mismo tiempo en que era interrogado”, describe la resolución.

De acuerdo al fallo emitido en 2019, en contra de Cristian Labbé, a pocos meses de iniciado del golpe de Estado el ex coronel detuvo al estudiante de electrónica, Harry Cohen, en la casa de sus padres, ubicada en Futrono. Luego, el detenido fue trasladado hasta Panguipulli, en la Región de Los Ríos, y torturado con electricidad a cargo de Labbé.

Por Leonardo Buitrago

La Corte Suprema de Justica ratificó la sentencia condenatoria para el ex agente de la DINA y ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, por los cargos de “detención ilegal, aplicación de tormento y secuestro con grave daño”, durante la dictadura.

Sin embargo la Corte estableció régimen alternativo de remisión condicional por su avanzada edad.

Recordemos que el ex coronel y jefe de escolta de Augusto Pinochet presentó un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 9 de abril de 2020., donde se alegó vulneración de la defensa anterior. Esto, luego de que el anterior abogado de Labbé no asistiera a las audiencias de la Corte de Apelaciones de Temuco, cuando se veía un recurso de nulidad de causa, la cual fue rechazada.

Ante esto, el posterior abogado del ex alcalde de Providencia, Cristian Espejo, presentó este argumento para acudir a la Corte Suprema.

De acuerdo al fallo emitido en 2019, en contra de Cristian Labbé, a pocos meses de iniciado del golpe de Estado el ex coronel detuvo al estudiante de electrónica, Harry Cohen, en la casa de sus padres, ubicada en Futrono. Luego, el detenido fue trasladado hasta Panguipulli, en la Región de Los Ríos, y torturado con electricidad a cargo de Labbé.

“Se le conectó a electrodos y tras hacerle sucesivas preguntas se le aplicaba consecutivamente descargas eléctricas, causándole mucho dolor en todo el cuerpo. Arguye recordar particularmente a uno de sus interrogadores dado que la voz correspondía al mismo Sr. Cristian Labbé, dice, quien le había visitado violentamente en su primera celda, también se le quedó muy grabado porque hizo alusión en forma burlesca a su apellido que es de origen semita”, se lee en la sentencia del ministro en visita Álvaro Mesa, a cargo del juicio en primera instancia del coronel (r) de Ejército.