Kosiel Horning Klaudio Erich

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ratificó este martes el procesamiento que pesa contra el coronel (R) José Núñez Magallanes, en calidad de autor del delito de torturas registrado al interior del regimiento de Tejas Verdes, en la Quinta Región.

De esta manera, el tribunal de alzada confirmó el dictamen del ministro en visita Alejandro Solís, que en marzo del año pasado encausó a una serie de ex uniformados como autores de apremios ilegítimos y aplicación de tormentos en dicho recinto, entre 1973 y 1974.

En la causa también están procesados el general Manuel Contreras, los coroneles Claudio Kossiel Horning, Vittorio Orvieto, los tenientes coroneles Raúl Quintana Salazar y Daniel Miranda, el mayor Mario Jara Seguel, el suboficial mayor Patricio Carranca Saavedra, y el detective Nelson Valdés Cornejo, todos en calidad de retiro.

La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), querellante en el caso con el abogado Hiram Villagra, destacó que el dictamen del tribunal de alzada permite avanzar en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

“La confirmación de los autos de procesamiento en contra de los violadores a los derechos humanos, constituye un avance en la búsqueda de la verdad y el acceso efectivo de los sobrevivientes de tortura a la justicia, en la convicción que este es el mecanismo más efectivo de reparación y de no repetición”, puntualizó la entidad.

Entre ellos figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Seis oficiales en retiro fueron condenados por el juez Alejandro Solís a penas de presidio, entre ellos nuevamente el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, como coautores del secuestro calificado de Rebeca Espinoza Sepúlveda, desaparecida desde el 3 de enero de 1974 desde el campo de concentración de Tejas Verdes, en la ciudad de San Antonio en la Quinta Región.

Entre los condenados figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Los autores afectados con penas de presidio son Contreras, 15 años y un día; el prefecto de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo, 5 años y un día; el teniente coronel Raúl Quintana Salazar, 5 años y un día; teniente coronel David Miranda Monardes, 5 años y un día; coronel Claudio Kossiel Hornig, 5 años y un día; y el médico con grado de coronel Vittorio Orvietto Teplitzki, 5 años y un día.

A todos, salvo Contreras que ya cumple prisión por otras causas, se les hará efectiva la pena de presidio una vez que la sentencia quede a firme después de que sea revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema, siempre que las cortes mantengan las penas aplicadas y no las rebajen, otorgándose beneficios a los condenados que les permitan cumplir las sentencias en libertad.

Rebeca Espinoza tenía 40 años, cinco hijos, no tenía militancia conocida y era secretaria en el Instituto de Desarrollo Agropecuario cuando fue detenida en los alrededores de la Plaza de la Constitución junto a José Miguel Rivas Rachitoff y José Leonardo Pérez Hermosilla, militantes socialistas, quienes tuvieron un itinerario similar al de Espinoza y actualmente también se encuentran desaparecidos.

Entre los oficiales de Ejército que operaron en Tejas Verdes está el actual alcalde de Providencia, coronel (R) Cristián Labbé, quien ha sido interrogado en las causas por los desaparecidos desde este campo de concentración. Hay varios ex prisioneros que mencionan la presencia de Labbé en ese lugar, incluso lo acusan de presenciar torturas, pero hasta ahora ninguno le imputa cometer personalmente los tormentos. En el caso del médico militar Vittorio Orvietto, tras ser procesado por el juez Solís regresó, en abril de 2005, desde Estados Unidos, para entregarse. Luego de examinarlos, Orvietto era quien daba el visto bueno para que los prisioneros continuaran siendo torturados.

El 11 de septiembre de 1973, cuando a pocos días después empezó a armar la DINA, Manuel Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de San Antonio. Con él trabajó estrechamente el periodista Carlos Roberto Araya Silva, convertido en agente DINA, que después ingresó a Televisión Nacional y en 1975 fue parte, junto a los periodistas Julio López Blanco y Claudio Sánchez, del montaje de Rinconada de Maipú. Por ello fueron sancionados por el Colegio de Periodistas y luego querellados por su complicidad en el operativo de la DINA.

La desaparición de dos opositores al régimen y crueles apremios a otro les adjudica a los uniformados responsables del regimiento de la Quinta Región el ministro Alejandro Solís. Entre los encausados se encuentran Manuel Contreras Sepúlveda, Mario Jara Seguel, Nelson Valdés Cornejo, Patricio Carranca Saavedra, Klaudio Kossiel Horning y Vittorio Orvietto Teplizki.

El ministro Alejandro Solís sometió este viernes a proceso a los ex responsables del regimiento de Tejas Verdes como autores del delito de secuestro calificado y torturas poco después del golpe militar de 1973.

Por la desaparición de dos opositores al régimen fueron encausados Manuel Contreras Sepúlveda, Mario Jara Seguel, Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Patricio Carranca Saavedra, Klaudio Kossiel Horning y Vittorio Orvietto Teplizki.

El dirigente poblacional y militante del Partido Comunista (PC) Miguel Heredia Vásquez (23) fue detenido el 26 de diciembre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) desde su trabajo, la posta del hospital Barros Luco.

Posteriormente, fue conducida a la escuela de especialidades de la institución y desde allí trasladado aproximadamente el 9 de enero de 1974 al campo de prisioneros emplazado en la unidad militar de la Quinta Región.

Similares acontecimientos sufrió Félix Vargas Fernández (31), miembro de la guardia personal del Presidente Salvador Allende. En enero de 1974, fue privado de libertad sin mediar proceso judicial y trasladado desde Santiago a Tejas Verdes, en San Antonio.

Además de todos los oficiales anteriormente mencionados, fue procesado Jorge Núñez Magallanes por el delito de tortura cometido en la persona de Anatolio Zárate Oyarzún.

Empleado de Pesquera Arauco, la víctima fue detenida el 11 de septiembre de 1973 en San Antonio y dejado bajo arresto domiciliario. 10 días más tarde, fue llamado a su lugar de trabajo, detenido y conducido a Tejas Verdes hasta el 30 de octubre.

Allí fue puesto con la frente apoyada en un muro, manos atadas y piernas separadas. Recibió golpes en diferentes partes del cuerpo con elementos contundentes y se le aplicó corriente eléctrica en el ano, boca, nariz y pezones.

Anatolio Zárate también fue obligado a mantener posiciones forzadas para provocarle dolor localizado de alta intensidad y el apremio conocido como "la paloma" le causó una fractura en su columna.

Según consta en el fallo, además fue víctima de seis falsos fusilamientos y obligado a escuchar las torturas de otros detenidos mientras esperaba las suyas.

Debido a lo anterior, presenta un estrés postraumático crónico, secuelas emocionales y psicológicas derivadas de las torturas y el secuestro.

Un grupo de detectives develó algunos de los casos de lesa humanidad más emblemáticos cometidos durante la dictadura. Un trabajo de relojería de la mano de jueces que se decidieron a investigar. A continuación algunas de las claves secretas que permitieron que la justicia llegara hasta oscuros e intrincados rincones de la historia.

Tras conocerse los resultados del Informe Rettig, en 1991, los tribunales se atestaron de casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Cada juez trabajó con miembros de Investigaciones según su criterio y pronto la cantidad de efectivos policiales no dio abasto. En 1992 se creó el primer esbozo de especialización para estos casos. Se llamó Comisión de Análisis y Coordinación Institucional y dependía del Departamento Quinto (DQ), hasta el ’94, cuando se fusionó a esa unidad.

Después bajaron las órdenes de investigar de los jueces y parecía que las causas no tenían futuro. Pero la detención de Pinochet en Londres (1998) y la primera querella en su contra por "Calle Conferencia" dispararon el número de causas relacionadas con derechos humanos.

Para el 2000 el DQ, concebido para "investigaciones internas", había perdido ese carácter, pues 60 de sus 70 integrantes estaban abocados a dilucidar crímenes cometidos en la dictadura. En 2001, junto con la creación de los jueces con dedicación exclusiva, el director de Investigaciones, Nelson Mery, nombró como jefe del DQ a Rafael Castillo, quien creó nuevos equipos de trabajo para estas causas. Pronto el cambio de estructura tuvo su primer éxito al lograr que el 90% de los suboficiales del pelotón de fusilamiento del caso Caravana de la Muerte confesaran su participación en los hechos.

El origen.

Rafael Castillo asumió el DQ debido a la experiencia acumulada. En 1991, desde la Brigada de Homicidios (BH), junto a un equipo de detectives, investigó el asesinato de Orlando Letelier sustanciado en Chile por el juez Adolfo Bañados. Ese año obtuvieron antecedentes certeros sobre el accionar, financiamiento y misiones de la DINA en el exterior. Gracias a ello contactaron a Michael Townley, quien les relató los operativos en que participó. Así se abrieron puertas para aclarar judicialmente en Chile el crimen de Letelier, el asesinato de Carmelo Soria, el atentado de Bernardo Leighton y otros delitos similares.

La misma hebra también les sirvió para resolver el asesinato en Uruguay (1993) de Eugenio Berríos. En la casa donde estuvo el químico de la DINA encontraron cheques de su sueldo y otros datos fueron aportados por personal militar. Con estos antecedentes, en 2002, la jueza del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, procesó a seis militares activos y en retiro por el caso que –a pesar de no haber condenas– policialmente está resuelto, pues los autores materiales, mayores (R) Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, estarían confesos.

En 2004 asumió como director de Investigaciones Arturo Herrera, quien devolvió al DQ su antigua orgánica y creó la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES), al mando del subcomisario Sandro Gaete. A la fecha, la BAES tiene a su cargo el 95% de las causas de lesa humanidad y es dirigida por el comisario Abel Lizama, quien depende de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, a cargo del ahora prefecto inspector Rafael Castillo. En 2005, esta unidad fue la mejor evaluada de la institución. Ese mismo año, el director ejecutivo de la división América de Human Rights, de visita en Chile, destacó el trabajo de la BAES señalándolo como uno de los esfuerzos policiales más destacados del planeta.

Conferencia de asesinos.

En el caso "calle Conferencia" hubo elementos complejos. En mayo de 1976, los dirigentes del Comité Central del PC Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Uldarico Donaire y Jaime Donato, además de Elisa Escobar y Víctor Díaz, fueron secuestrados desde una casa ratonera ubicada en esa calle. Todos los recursos de amparo presentados fueron rechazados y las querellas sobreseídas.

En 1998, Gladys Marín y el abogado Eduardo Contreras interpusieron una nueva querella y la causa llegó a manos del juez Juan Guzmán Tapia, quien trabajó con el DQ para determinar el destino de los dirigentes.

En 2001, al dictarse los primeros procesamientos, el coronel (R) Germán Barriga, a cargo del secuestro, se lanzó de un edificio en construcción. "Llegué al punto de no poder resistir (…) grupos políticos que me han perseguido y presionado (…) desde que soy uniformado en retiro".

El caso "calle Conferencia" sirvió para determinar por primera vez el destino final de detenidos desaparecidos. La policía civil encontró una hebra de la investigación en 2003 cuando un suboficial (R) de la Brigada Purén –creada para aniquilar el PC–, a cargo del entonces capitán Germán Barriga, confesó que llevaban a los detenidos hasta el aeródromo de Tobalaba, donde

–en una operación conjunta con el Comando de Aviación del Ejército– eran introducidos en sacos, amarrados a rieles y arrojados al mar desde helicópteros Puma. Otros dos ex agentes de esa brigada confirmaron los dichos.

Los detectives empadronaron a todos los pilotos y mecánicos de aviones que prestaron servicios durante el período indicado. Los pilotos nunca reconocieron esa labor, pero 12 mecánicos señalaron que hasta la base llegaban agentes de la DINA y que subían bultos a los helicópteros. Estimaciones posteriores establecieron que unos 400 cuerpos fueron hechos desaparecer así entre 1974 y 1978.

Un macabro hallazgo de la investigación fue el caso de la dirigente del PC Marta Ugarte, cuyo cadáver fue encontrado en Los Molles en 1976. Un agente confesó que la ató defectuosamente y por ello su cuerpo no llegó al fondo del mar.

Por el caso "calle Conferencia" hoy están procesados el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, el agente Carlos López Tapia, los pilotos Emilio de la Mahotiere, Antonio Palomo, Óscar Vicuña y Luis Felipe Polanco y el ex jefe del Comando de Aviación del Ejército Carlos Mardones Díaz.

Ver bajo el agua.

Con las confesiones de los agentes, el juez Guzmán recibió gran cantidad de antecedentes sobre el posible paradero de los cuerpos. Uno de ellos indicaba que en Quintero "un buzo llamado Luis" habría encontrado rieles en el lecho marino. En septiembre de 2004, tras siete días de búsqueda, a un kilómetro de la costa y a 30 metros de profundidad aparecieron los rieles.

El juez Guzmán calificó el hallazgo como un éxito, el informe pericial químico reveló que las evidencias correspondían a rieles modelo Vignoles, que se utilizan en las vías férreas para sustentar y guiar locomotoras y vagones.

Tras el retiro del juez Guzmán en 2005, la causa quedó en manos del juez Víctor Montiglio. "No se pidieron más diligencias y no volvimos a ese lugar, llamado ‘Bajo Cochrane’, por su poca profundidad, ahí estuvo el error de la DINA. Pero algunos testimonios preliminares señalaban que en el suelo marino se había visto un cráneo rodando", dice una alta fuente de Investigaciones.

"Operación retiro de televisores".

A fines de 1978 y principios del ’79, una clave perentoria llegó a todas las guarniciones del país. El mensaje emanaba del propio Pinochet. Había que desenterrar los cuerpos de los ejecutados y hacerlos desaparecer. Algunos fueron quemados –como en el caso del Regimiento de Los Ángeles– y otros lanzados al mar.

Los primeros atisbos de esta operación habían aparecido el ’99, cuando el capitán (R) Pedro Rodríguez declaró al juez Guzmán que la orden de exhumar los cuerpos venía firmada por el propio Pinochet. Sin embargo, la versión fue desvirtuada por otros miembros del Ejército, argumentando que era una operación de inteligencia. En 2002, Investigaciones obtuvo una nueva señal cuando indagaban el asesinato de Víctor Jara y los secuestrados de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, y un suboficial confesó la exhumación de sus cuerpos en un predio de Peldehue. El oficial a cargo llevó dos cajas de pisco. "Nos embriagamos para soportar el olor", declaró.

Sin embargo, sólo tiempo después apareció la hebra para dar validez a la tesis sobre la "operación retiro de televisores". La brigada averiguó que un suboficial solicitó una urgente audiencia al entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por medio de una carta donde mencionaba su participación en la operación y el descontento por el trato recibido por sus camaradas. Cheyre derivó la misiva a los tribunales, pero como el suboficial se negó a cooperar, el tema fue archivado.

Pero los detectives del DQ se enteraron de su existencia y consiguieron una orden para entrevistarlo. En junio de 2004, Jaime Alberto Muller Avilés, sargento primero del Ejército y ex integrante del Regimiento de Los Ángeles, declaró: "Excavamos 80 centímetros, encontrando los cuerpos de cinco o seis hombres vestidos y con botas de goma. Sacamos las osamentas y las dejamos en unos sacos plásticos". Después, muchos más hablaron.

Según declaró a la prensa el ex director de la CNI Odlanier Mena la "operación retiro de televisores" fue motivada por la investigación iniciada por la Vicaría de la Solidaridad, tras el hallazgo en 1978 de 15 osamentas en Lonquén. "El país estaba casi en guerra con Argentina. Era fundamental la cohesión del frente interno. La gente debía estar convencida de ir a la guerra y apoyar a sus Fuerzas Armadas. Si aparecían más lonquenes, el frente interno se dañaría".

El huevo de la serpiente.

Después del 73, el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, a cargo del coronel Manuel Contreras Sepúlveda, se transformó en un campo de prisioneros políticos y fue el lugar donde la naciente DINA utilizó por primera vez las técnicas de tortura.

En 2003, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel se declaró incompetente para investigar una querella por torturas en ese recinto, la causa pasó al ministro Alejandro Solís. Ahí comenzaron los avances.

El inspector Alejandro Vignolo, a cargo de la investigación, ubicó a quienes durante 1973 realizaron el servicio militar en ese lugar. Treinta años después entregaron valiosos antecedentes, ya que su labor fue hacer de "choferes" en las detenciones de adherentes al Gobierno de la UP. Por sus testimonios se supo, por ejemplo, el origen de las míticas "palomas", las camionetas blancas Chevrolet C-10 utilizadas por la DINA en cientos de detenciones. Originalmente pertenecían a la Pesquera Arauco y eran utilizadas para transportar pescados y mariscos, pero fueron decomisadas y transformadas en el símbolo de la DINA.

También se logró determinar con exactitud la identidad del grupo de torturadores y encargados de eliminar a los detenidos. Además del testimonio de las víctimas se logró que un agente de la DINA aportara datos aterradores actualmente parte del sumario: "[En el subterráneo] había frigoríficos en desuso, los cuales eran utilizados como calabozos antes y después de las sesiones de torturas. Había cuatro o cinco parrillas, varias máquinas de corriente, vendas, palos, tontos de goma, etc.", declaró un suboficial (R) en mayo de 2005. También dio luces sobre el paradero de la ciudadana uruguaya Nelsa Gadea Galán, desaparecida hasta la fecha: "Se encontraba desnuda, vendada y amordazada a la parrilla, a la que le proporcionaban torturas. Una de ellas consistió en introducirle una zanahoria de regular tamaño en la vagina mientras realizaban distintas preguntas".

En 2004, LND publicó el reportaje "Enterrados en el mar", donde un maquinista del barco remolcador "Kiwi" denunció que los militares de Tejas Verdes lanzaron gente al mar. La hebra esta vez llegó debido a que un detenido en el campo de prisioneros grabó una conversación que tuvo con el maquinista y la entregó a Investigaciones. El hombre reconoció esta labor ante la justicia, pero no conocía a las personas. Sin embargo, la investigación siguió avanzando hasta que en 2005, Gregorio Romero terminó de cerrar el círculo "personal de la DINA procedió a bajar una caja de madera rústica de dimensiones 1,80 de largo y 60 cm. de ancho, amarrada con alambre, la cual en su interior presumiblemente llevaba un prisionero político muerto. Nos embarcamos en el remolcador ‘Kiwi’, en donde tras navegar media hora, los agentes lanzaron la caja al agua".

Actualmente en este caso están procesados por torturas y secuestro calificado Manuel Contreras, Mario Jara, el teniente coronel Claudio Kossiel Horning, el médico del Ejército coronel Vittorio Orvieto Teplisky, junto a los suboficiales David Miranda Monardes y Patricio Carranza Saavedra. De la Policía de Investigaciones, el oficial de San Antonio Nelson Valdés Cornejo. El coronel de Ejército Jorge Núñez Magallanes está procesado sólo por torturas.

Captura de Schäfer.

Un año antes, en 2004, tuvieron una participación decisiva en la detención de Paul Schäfer. Luego que el consulado alemán en Argentina detectara que algunos colonos querían establecerse allá, los policías chilenos recabaron el testimonio de un abogado cercano a Villa Baviera: el jerarca sería operado y requería un tratamiento que se da en pocos centros médicos. Ya se había establecido el lugar geográfico donde los colonos pretendían comprar terrenos, la policía argentina dio con el hospital y un doctor reconoció haber operado a un hombre con los rasgos de Schäfer. Poco después, efectivos transandinos interceptaron conversaciones telefónicas de su hija adoptiva, Rebeca, solicitando al doctor el cambio de un medicamento. Así se determinó su paradero exacto. Dos semanas antes de que Schäfer cayera preso, la policía y el Gobierno chilenos conocían su paradero.

Al ser detenido (30-3-2005) en Tortuguita, a 40 kilómetros de Buenos Aires, señaló que no hablaba castellano. Cuando llegó el personal del DQ, que seguía sus pasos hacía años, Schäfer los miró desde su silla de ruedas, como quien ve a un fantasma que lo atormenta, y en un español fluido les dijo: "Sólo les pido por favor que no toquen a mi hija Rebeca", recuerda un detective presente. Luego, el jerarca entregó importantes datos sobre la Colonia Dignidad, actualmente en análisis y que podrían abrir nuevas aristas.

El 29 de enero de 2005, tras una ardua investigación, llegaron al domicilio del ex director de la DINA general Manuel Contreras, para detenerlo por el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval. La pataleta de Contreras, desenfunde de pistola incluida, fue transmitida en directo por TVN. Un detective recuerda: "En el auto íbamos con los nervios de punta. Había sido una situación límite y no se hablaba una palabra. Pero el caballero cambió de switch, se relajó y comenzó a disfrutar del paisaje por la ventana. Tal vez no se imaginaba lo que le esperaba".

Juez Solís condena a seis oficiales (R) por Tejas Verdes

En la resolución de primera instancia figuran militares (R) poco conocidos en la represión, aparte del “repetido” ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. En la sentencia aparece mencionado como “espectador” de torturas el periodista Roberto Araya.

Uno de los episodios de la represión menos conocido públicamente, aquel del campo de concentración de Tejas Verdes en la Quinta Región, en el cual continúan apareciendo militares que hacen su "estreno en sociedad", comienza a ingresar en su última etapa a cargo del juez Alejandro Solís.

Ayer el magistrado dictó una nueva condena en contra de seis oficiales (R) de Ejército y Policía de Investigaciones, por el secuestro y desaparición en diciembre de 1973 desde ese lugar del militante comunista Miguel Heredia Vásquez.

Los 15 años de presidio para el ex jefe de la DINA Manuel Contreras en calidad de autor del secuestro y desaparición de Heredia, aparecen sin embargo irrelevantes para alguien como Contreras que ya suma dos condenas perpetuas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otra cantidad de años por otras sentencias que sobrepasan los 100 años y que sin duda indica que el "Mamo" no volvería a conocer la libertad y morirá en prisión.

Los otros sentenciados son los tenientes coroneles (R) David Miranda Monardes, ex fiscal militar en Tejas Verdes, Raúl Quintana Salazar, y los coroneles Claudio Kossiel Hornig, más conocido entre sus pares por "el alemán al que se le pegan las erre", y Vittorio Orvieto Tiplitzky, quien era el médico militar de ese campo y a quien correspondía verificar el estado de salud de los prisioneros para dar el visto bueno si se les podía o no seguir aplicando la tortura.

Todos ellos fueron condenados a cinco años y un día de presidio, también en calidad de coautores del secuestro y desaparición de Heredia.

La novedad de esta resolución es que en ella el ex conscripto y ex prisionero Arturo Farías Vargas denuncia que las torturas que le aplicaron en Tejas Verdes fueron en presencia de Contreras, Kossiel y otros, también reconoció como "espectador" al periodista y ex agente de la DINA Roberto Araya, que hace poco fue expulsado del Colegio de Periodistas por su participación junto a sus colegas Claudio Sánchez, Julio López Blanco y otros, en el montaje del caso llamado Rinconada de Maipú, por el cual el abogado Hugo Gutiérrez pidió el procesamiento de todos estos profesionales de la prensa.

Araya fue el brazo derecho de Contreras en San Antonio cuando el "Mamo", todavía con el grado de teniente coronel, asumió la comandancia en jefe de la zona de estado de emergencia en la provincia de San Antonio, apenas producido el golpe militar. Desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes desaparecieron también ciudadanos extranjeros, entre ellos dos uruguayos.

Allí se aplicó además la conocida "ley de fuga", por el cual se justificó el asesinato de prisioneros, por ejemplo, el de un grupo de dirigentes sindicales portuarios.

En la sentencia el ministro Solís establece pormenorizadamente la trayectoria de los ex prisioneros al interior del campo, así como los lugares en los cuales se les torturaba.

El coronel (R) Claudio Kossiel emerge a partir de los sucesos de Tejas Verdes como un "ilustre desconocido", pero que es reconocido por ex detenidos como uno de los oficiales más crueles en ese recinto.

Condena Civil

En su dictamen el ministro Alejandro Solís condenó además a los sentenciados a pagar la suma de 50 millones de pesos a los familiares de Miguel Heredia por concepto de daño moral y sicológico.

De esta manera el juez Solís acogió la demanda civil interpuesta por los parientes de Heredia en el marco de la investigación criminal.

El monto de dinero estipulado por el magistrado deberá ser pagado por los condenados “en forma solidaria”, vale decir, la cantidad debe ser enterada entre todos los sentenciados.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz a cargo del proceso conocido como Tejas Verdes dictó sendas condenas contra la cúpula de la DINA entre ellos el jefe del desaparecido organismo Manuel Contreras.

El magistrado indaga el secuestro calificado de Félix Marmaduke Vargas Fernández, ocurrido a partir de enero de 1974 en el recinto militar de San Antonio,

Por el crimen fijo una pena de quince años en contra de Contreras Sepúlveda,  y de cinco años y un día de presidio  para Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Kluadio Kosiel Horning y el médico Vittorio Orvietto Tiplitzky.

Todos los reos, con excepción de Orvietto, deberán pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos cada uno a Bernardo Vargas Fernández, como indemnización de perjuicios.

En la serie de delitos que se indagan respecto del cuaderno investigativo denominado “Tejas Verdes” esta es la cuarta condena del ministro Solís en contra del mismo grupo de personas, correspondiendo las anteriores a las víctimas Rebeca Espinoza Sepúlveda, Miguel Heredia Velásquez y José Orellana Meza, y José Pérez Hermosilla, respectivamente

El ministro en visita Alejandro Solís dictó sentencia de primera instancia en contra del ex general Manuel Contreras -de cinco años y un día de cárcel, sin beneficios-, además del "pago solidario" de indemnizaciones a 20 víctimas del delito de torturas.

Los afectados sufrieron apremios ilegítimos en el centro de detención de Tejas Verdes, de la comuna de San Antonio, luego del golpe militar de 1973.

En tanto, en el aspecto civil se determinó que los condenados Manuel Contreras, Vittorio Orvieto, Raúl Quintana, Nelson Valdés y Klaudio Kosiel, deberán pagar en forma solidaria la suma de 10 millones de pesos a cada una de las 20 víctimas.

Mientras que los condenados David Miranda y Jorge Núñez deberán pagar, en forma solidaria, la suma de 10 millones de pesos a las seis víctimas por las que fueron condenados.

Los sentenciados y sus condenas son:
Manuel Contreras Sepúlveda, cinco años y un día. Sin beneficios por torturas a 20 víctimas.
Nelson Valdés Cornejo, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Raúl Quintana Salazar, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Klaudio Kosiel Horning, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Vittorio Orvietto Tiplitzky, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
David Miranda Monardes, tres años de presidio, con beneficio de la libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.
Jorge Núñez Magallanes, tres años de presidio, con beneficio de libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.

Las víctimas de apremios en Tejas Verdes fueron: Nelly Andrade Alcaíno, Segundo Cerda Troncoso, Iván Contreras Puente, Juan Chacón González, Margarita Durán Fajardo, Arturo Farúas Vargas, Patricio Mac-Lean Labbe, María Nuñez Malhue, Mario Orellana Silva, Guillermo Ormazábal Silva, Luis Ovando Donoso, Luis Quilodrán Alcayata, Ramón Quilodrán Alcayata, Juan Ramón Ramírez Cortez, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, María Rojas Silva, Ernesto Salamanca Sepúlveda, Luisa Stagno Valenzuela, Luis Valenzuela González y Anatolio Zárate Oyarzún.

Declaración de Anatolio Zárate Oyarzún, quien a fojas 1759 refiere:”… Fui detenido el 11 de septiembre de 1973, desde mi domicilio en San Antonio, …Fui llevado a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes donde permanecí recluido desde el 20 de septiembre de 1973 hasta el 30 de octubre de 1973… Al llegar al Regimiento me tuvieron con la frente apoyada en un muro, las manos a la espalda, atadas, y las piernas separadas, desde las 10:00 de la mañana a las 19:30 horas, aproximadamente. Después de estar de pie en el Regimiento, me llevan al “campamento de prisioneros”, lugar donde permanezco 15 días a la intemperie, durmiendo al aire libre, sin ni siquiera una frazada. El campamento se ubicaba debajo del río Maipo, que comunica Tejas Verdes con Santo Domingo…aunque no los vi, pero sé que eran torturadores porque se iban a pasear al campamento de detenidos Capitán Klaudio Kosiel… ”.

Cambio 21/ Por Alfredo Peña.- El próximo 16 de agosto a las 10 de la mañana, el periodista Javier Ignacio Rebolledo Escobar deberá comparecer ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por la querella presentada en su contra por eventuales delitos de injurias graves con publicidad. Y la querella -en forma inédita- tiene el apoyo de un militar que está condenado a 20 años de prisión y que en la actualidad está preso en Punta Peuco desde 2014.

Esto, luego de que la hija del teniente coronel (r) Raúl Quintana Salazar, Carolina Paz Quintana, presentara la acción en su contra por considerar que el libro en el que aparece, “Camaleón- Doble vida de un Agente Comunista”, atenta contra la honra de quien hoy cumple condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad.

Pero quién es el militar Raul Pablo Quintana Salazar

Está claro es un Teniente coronel retirado del Ejercito y que integró la policía política de Pinochet, la DINA desde su nacimiento.

Quintana está recluido en el penal Punta Peuco cumpliendo diez años y un día de presidio como autor del delito de secuestro calificado de cinco detenidos desaparecidos. A ello suma cinco años de condena por aplicación de tormentos en contra de detenidos en el campo de prisioneros Tejas Verdes, el lugar donde se creó la DINA y un grupo de torturadores, integrado por Quintana Salazar, experimentó con ellos. Igualmente, se encuentra condenado en última instancia a cinco años de presidio como autor del secuestro calificado de dos ciudadanos uruguayos. Y está procesado en otra causa de lesa humanidad por asociación ilícita, secuestro, aplicación de tormentos y secuestro calificado.

La DINA nació en el regimiento Tejas Verdes en San Antonio donde el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda era el jefe de esa unidad y Raúl Quintana -el querellante del periodista Javier Rebolledo- era parte de su selecto team de torturadores.

Foto: Tejas Verdes en los inicios de la dictadura

Según el sitio para preservar y conocer a los delincuentes que participaron en la dictadura y que cometieron centenas de graves delitos Memoria Viva Raúl Quintana participó en varios crímenes y torturas. A hombres y mujeres.

Según Memoria Viva, Quintana participa en las torturas y asesinatos llevados a cabo en el campo de concentración “Tejas Verdes”.

Este centro represivo estaba ubicado en la Provincia de San Antonio, y era parte de la infraestructura de represión del Ejército y fue uno de los más paradigmáticos centros de tortura, relacionado directamente con la formación y centro de operaciones de la DINA desde 1973.

En este recinto de tortura también se entrenaba a agentes de los diferentes servicios de inteligencia en métodos de tortura y represión.

Entre los “profesores” se encontraba el ex Alcalde de Providencia Cristián Labbé.

De acuerdo al Informe Rettigg “Tejas Verdes” correspondía al: Campamento Nº 2 de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares «Tejas Verdes»: Dicho recinto de detención, que llegó a tener más de 100 prisioneros en ciertas épocas, funcionó como tal desde el mismo 11 de septiembre de 1973, existiendo testimonios de su uso sistemático para tales efectos hasta mediados del año 1974.

Los presos políticos que estuvieron detenidos en Tejas Verdes señalan que, inmediatamente después del golpe de Estado, eran trasladados hacia San Antonio y Melipilla  y luego a Tejas Verdes, donde eran cruelmente torturados y posteriormente asesinados en el mismo lugar o en otros lugares de la región.

Entre los criminales de dicho campo de tortura estuvieron: General (r) Manuel Contreras Sepúlveda, General (r) Eugenio Armando Videla Valdebenito, Coronel (r) de Salud Vittorio Orvieto Teplinzki, Coronel (r) Jorge Núñez Magallanes, Coronel (r) Klaudio Erich Kossiel Horning, Teniente coronel (r) Raúl Pablo Quintana Salazar,
Teniente coronel (r) Daniel Adolfo Miranda Monarde, Mayor (r) Mario Alejandro Jara Seguel, Suboficial mayor (r) Patricio Laureano Carranca Saavedra, Prefecto (R) de Investigaciones Nelson Patricio Valdés Cornejo, y el Agente DINA Civil Carlos Roberto Araya Silva. Este último tiene una vida ligada a Manuel Contreras, luego del golpe de Estado.

Victimas ejecutadas o desaparecidas por los criminales de Tejas Verdes:

Ejecutados

Armando Jiménez Machuca
Samuel Núñez González
Guillermo Álvarez Cañas
Héctor Rojo Alfaro
Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla
Fidel Alfonso Bravo Álvarez

Jorge Antonio Cornejo Carvajal
Patricio del Carmen Rojas González

Desaparecidos:

Rebeca Espinoza Sepúlveda
José Pérez Hermosilla
José Orellana Meza

El caso de Rebeca Espinoza y el locutor que llegó a altos cargos en TVN

Uno de los casos en que estuvo involucrado, el militar Quintana, es el de Rebeca Espinoza. Tenía 40 años, cinco hijos, no tenía militancia conocida y era secretaria en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, cuando fue detenida en los alrededores de la Plaza de la Constitución junto a José Miguel Rivas Rachitoff y José Leonardo Pérez Hermosilla, militantes socialistas, quienes tuvieron un itinerario similar al de Espinoza y actualmente también se encuentran desaparecidos…o muertos.
En el caso del médico militar Vittorio Orvietto, tras ser procesado por el juez Solís regresó, en abril de 2005, desde Estados Unidos, para entregarse. Luego de examinarlos, Orvietto era quien daba el visto bueno para que los prisioneros continuaran siendo torturados.

El 11 de septiembre de 1973, cuando a pocos días después empezó a armar la DINA, Manuel Contreras tenía el grado de coronel y era el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de San Antonio.

Con él trabajó estrechamente el locutor de una radio de San Antonio Carlos Roberto Araya Silva, convertido en agente DINA.

Luego, Manuel Contreras fue ascendido a general y se hizo cargo formalmente de la DINA en todo el país. Y se trajo a Santiago a Roberto Araya Silva -como era conocido- que llegó como jefe de seguridad en TVN y luego fue subiendo de grado debido a su amistad con el Mamo Contreras.

Roberto Araya llegó a leer noticias en pantalla desde el año 1975, especialmente las que llegaban del extranjero. Muy luego fue designado Director de Prensa, sin haber estudiado Periodismo en ninguna universidad.

En 1975 fue parte, junto a los periodistas Julio López Blanco y Claudio Sánchez, del denominado montaje de Rinconada de Maipú donde fueron asesinadas cinco personas, todos familiares. Por ello fueron sancionados por el Colegio de Periodistas y luego querellados por su complicidad en el operativo de la DINA.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a tres efectivos en retiro del Ejército y a un médico que prestó servicios en la rama castrense, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Luis Alberto Sepúlveda Carvajal. Ilícito perpetrado a partir del 26 septiembre de 1973 en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, ubicada en la comuna de San Antonio.

En el fallo (causa rol 28-2009 N), la ministra en visita condenó a Raúl Pablo Quintana Salazar, subteniente de reserva a la época de los hechos, Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, teniente, Ramón Luis Carriel Espinoza, sargento primero, y al entonces médico del Ejército Vittorio Orvieto Tiplitzky a 10 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.

En la resolución, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecidos los siguientes hechos:

"1° Que, el día 26 de septiembre de 1973, Luis Alberto Sepúlveda Carvajal, funcionario del Servicio Médico Legal de San Antonio, fue detenido, sin derecho, por oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes lo trasladaron a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, siendo llevado en horas de la noche al campo de prisioneros de dicha unidad militar, a cargo del mayor David Adolfo Miranda Monardes, el subteniente de reserva Raúl Pablo Quintana Salazar y el sargento 1° Ramón Luis Carriel Espinoza, todos del Ejército de Chile, lugar en que permaneció encerrado hasta el día 29 del mismo mes y año.

2° Que el día 29 de septiembre de 1973, a las 23:00 horas, Luis Alberto Sepúlveda Carvajal fue detenido, sin derecho, en su domicilio, por militares, quienes lo condujeron nuevamente al campo de prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, sitio en que permaneció privado de libertad hasta el 13 de octubre del mismo año, fecha en que fue trasladado a la Cárcel de San Antonio.

3° Que, en reiteradas oportunidades, Sepúlveda Carvajal fue trasladado desde el campo de prisioneros antes referido y desde la Cárcel de San Antonio hasta el subterráneo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, lugar en que fue interrogado y sometido a apremios ilegítimos, puntualmente aplicación de electricidad y malos tratos físicos, dejando como secuela un severo daño psicológico secundario a la experiencia traumática vivida durante su encierro.

4° Que la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en ese tiempo se encontraba bajo el mando del teniente coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, el mayor David Adolfo Miranda Monardes, el mayor Jorge Rosendo Núñez Magallanes y el mayor Mario Alejandro Jara Seguel, todos fallecidos.

5° Que, por otra parte, los interrogatorios bajo apremios ilegítimos realizados en el subterráneo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes estaban a cargo del mayor Jorge Núñez Magallanes, el mayor Mario Jara Seguel, el capitán Klaudio Erich Kosiel Hornig, el teniente Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, el sargento 2° Ramón Acuña Acuña, el médico Vittorio Orvieto Tiplitzky y el inspector de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo”.