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Manfred Jurgensen Caesar

Medicina general

Colaborador de la CNI

 

Lugar de Trabajo: Clínica Alemana de Santiago, Av. Vitacura 5951
Consulta particular: Hernando de Aguirre 194, of. 301


 

Manfred Jurgensen Caesar, medico/agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Medico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoño, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.


El Siglo

13 de Febrero 2004

Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte.

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.


Elclarin.cl, 12 Mayo 2013

“¿Qué le inyectaron a Neruda?, ¿Dihidropiridina, Dipirona o Dolopirona?”

México DF.- En entrevista telefónica desde Viña del Mar, un médico que ejercía en 1973, analiza el Caso Neruda, aporta datos desconocidos sobre sus contemporáneos y pone en duda el medicamento que aplicaron al paciente Pablo Neruda en la Clínica Santa María: “Pienso que deberían buscar Nifedipina (Dihidropiridina) en los restos del poeta que se examinan en Chile y Estados Unidos, los laboratorios de la Universidad de Carolina del Norte deberían extender su búsqueda para saber qué le inyectaron a Neruda el 23 de septiembre de 1973: Dihidropiridina, Dipirona, Dolopirona, u otro componente tóxico. El enrojecimiento de ‘la guata’ tras la inyección, de lo que se habló, también la produce el fármaco Dihidropiridina al dilatar los vasos sanguíneos, una sobredosis pudo matar a Neruda”. 

La identidad del doctor fue corroborada en el registro del Colegio Médico, luego de un par de videoconferencia por Skype, nos comunicamos telefónicamente a su consultorio; debido a la información delicada el doctor chileno pidió el anonimato, accedí entrar en contacto con el médico después de mirar sus fotografías de la época y al escuchar los antecedentes que cuadran con el presunto asesinato de Neruda. Confieso que en 400 entrevistas que he publicado en Clarín.cl es la primera vez que guardaré el secreto del entrevistado, me hago totalmente responsable de la información que aquí presentamos, la identidad del doctor está corroborada y los indicios que aporta podrían esclarecer el Caso Neruda. 

MC.- Doctor, ¿no le parece raro que la Clínica Santa María “extravió” el expediente del paciente Pablo Neruda?

DR.- Al ser la Clínica Santa María un establecimiento ocupado militarmente, todo el “personal” estaba “al mando” de la dirección de los ocupantes -no necesariamente médicos-, eso ocurrió en todos los hospitales y clínicas después del golpe de Estado. Por lo tanto, la documentación y las historias clínicas que se hicieron durante esa ocupación -sobre todo las fichas que le  interesaban especialmente a la dictadura- nunca pasarían al archivo de la clínica. Si el expediente médico de Neruda está en alguna parte, será en algún archivo militar, pero no en los archivos de la Clínica Santa María. Lo lamentable de esto, si la hipótesis del presunto asesinato de Neruda es correcta, es pensar que el poeta se metió involuntariamente en la boca del lobo creyendo que ingresaba a una clínica segura. 

MC.- ¿Conoció a las enfermeras del Caso Neruda?

DR.- Recuerdo que una enfermera me dijo que la habían asignado a la Clínica Santa María desde el Hospital Militar, y en 1974 la dictadura recompensó sus servicios “heredándole” el departamento amueblado del doctor Eduardo Paredes –ubicado en la Torre San Borja, diagonal Paraguay-, el doctor Paredes fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, la viuda del doctor Paredes fue desalojada y partió al exilio. Nunca olvidé mi conversación con aquella enfermera del Hospital Militar –todavía conservo las fotografías de la época-, si revisan el registro público de la propiedad o los domicilios de las enfermeras de la Clínica Santa María sabrán de quién estoy hablando, por lo menos una enfermera está ocultando sus vínculos con el Hospital Militar. 

MC.- ¿De quién está hablando?

DR.- Yo te doy los datos y las fotografías; ustedes tendrán que investigar: ¿qué hacía la enfermera inmediatamente después del golpe en la Clínica Santa María?, ¿por qué la trasladaron del Hospital Militar?, ¿quién era su jefe?, ¿quién paga su jubilación?, resulta imprescindible contar con la lista completa de enfermeras, médicos, administrativos y auxiliares de limpieza que trabajaron en la Clínica Santa María en septiembre de 1973. 

MC.- ¿Conoció al doctor Sergio Draper?

DR.- No, él dice que entró a trabajar a la Clínica Santa María el 20 de septiembre de 1973, Neruda ingresó el 19, ¿raro, no te parece?, Draper dice que dejó a su paciente encargado al “doctor Price”, pero no “recuerda” el nombre de pila del “doctor Price”. Insisto: conocí a la enfermera que recibió, como recompensa por sus servicios, el departamento del doctor Paredes asesinado por la dictadura después de su detención el 11 de septiembre en La Moneda.

MC.- El doctor Sergio Draper tiene su consultorio en la Av. Salvador #130 (Piso 3), Providencia (teléfono: 366 2000). ¿Estaría interesado en hacerle alguna pregunta?

DR.- No. Le corresponde a la Policía de Investigaciones aclarar cuál fue el papel de Sergio Draper en el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva y en el presunto asesinato de Neruda. 

MC.- En las tres universidades chilenas, de la época, donde se podía estudiar medicina no existen los registros de ningún “doctor Price”, según la descripción de Sergio Draper, “Price” podría ser Michael Towley (agente de la CIA). ¿Cómo ubicar al “doctor” Price?

DR.- Esa pregunta debe responderla Sergio Draper, el “doctor” Price podría ser un piloto de apellido compuesto: “Rose-Price”, o un coronel de Carabineros: “Eduardo Price Quinteros”, no lo sé. Insisto: la Clínica Santa María, como todos los centros médicos, estaba intervenida por la dictadura, después de leer la descripción de “Price” y estudiar las raras circunstancias en las que murió Pablo Neruda, yo no descartaría investigar al doctor Hartmut Hopp (jerarca de la Colonia Dignidad), sabemos que Hopp había regresado de Estados Unidos, tenía 28 o 29 años y se “movía” sin problemas en el entorno de clínicas, hospitales y laboratorios universitarios, en su calidad de médico en trámites de revalidación del título. También tengo mis sospechas en el doctor Manfred Jurgensen Caesar (colaborador de la Central Nacional de Inteligencia), lo recuerdo y cuadra perfectamente en la descripción del “doctor Price”, me dolió verlo en la lista de los médicos al servicio de la dictadura, era un tipo simpático, pero hemos conocido a peores hipócritas. Ambos doctores –Hopp y Jurgensen- se parecen al “doctor” Price, ambos trabajaron para la dictadura de Pinochet. 

MC.- El doctor Sergio Draper declaró a la Revista Ñ que inyectó “dipirona” a Neruda (06/09/2011); en cambio, Matilde Urrutia dijo al diario La Opinión que la inyección fue de “dolopirona” (05/05/1974). ¿Qué medicamento produce los síntomas que aceleraron la muerte de Neruda?, ¿dipirona o dolopirona?

DR.- Yo sospecho del Nifedipino -que en la época se conocía bajo una sigla del laboratorio Bayer: “Bay a 1040”-. En muchos lugares del mundo, Chile incluido, el Nifedipino se  inyectaba intraabdominalmente a animales de experimentación para obtener la información científica previa a su comercialización (con el nombre de Adalat) para determinar las dosis no  peligrosas utilizables vía oral en pacientes hipertensos. Es un estupendo medicamento, pero desde entonces se sabía que en sobredosis mataba. Los estudios -con la substancia inyectable- se realizaban en laboratorios universitarios, en Chile, si estoy bien informado: en la Universidad Católica. Si tengo razón en mi sospecha, puedo agregar que considero un truco que los testigos hablen de una inyección de “Dipirona”; quizás para argumentar una equivocación, porque el “Bay a 1040” tiene un nombre químico parecido: Dihidropiridina. 

Pienso que deberían buscar Nifedipina (Dihidropiridina) en los restos del poeta que se examinan en Chile y Estados Unidos, los laboratorios de la Universidad de Carolina del Norte deberían extender su búsqueda para saber qué le inyectaron a Neruda el 23 de septiembre de 1973: Dihidropiridina, Dipirona, Dolopirona, u otro componente tóxico. El enrojecimiento de “la guata” tras la inyección, de lo que se habló, también la produce el fármaco Dihidropiridina al dilatar los vasos sanguíneos, una sobredosis pudo matar a Neruda. 

MC.- ¿Qué piensa de los primeros exámenes forenses y el reporte de la metástasis del cáncer de Neruda?

DR.- Neruda padecía cáncer en la próstata, nadie pone en duda el diagnóstico de ingreso a la Clínica firmado por el doctor Vargas Salazar; al poeta lo operaron dos veces en Francia cuando era Embajador y al regresar a Chile recibió 56 sesiones de radioterapia de cobalto en tres meses (a principios de 1973), a pesar de la metástasis Neruda podía viajar a México el 24 de septiembre, no había razón alguna para decir que estaba agónico cuando su esposa lo dejó para ir a buscar varias cosas a Isla Negra el 23 de septiembre; el exilio a México ya estaba decidido y organizado. Lo que interesaba a los presuntos asesinos era impedir que Neruda saliera de Chile, porque tendría consecuencias que los militares querían evitar. Lo importante es saber, después de comprobar que los restos son efectivamente de Neruda, es si aún se pueden detectar substancias que -inyectadas en su abdomen- le provocaron un shock -irreversible, de no ser tratado de inmediato- como informó El Mercurio (24 de septiembre de 1973). Mario, tú dices que El Mercurio retomó la información del boletín de prensa de la Clínica Santa María fechado la noche del 23, eso tiene sentido, lo raro es que el Certificado de defunción fue emitido al día siguiente (24), el Certificado está firmado por el doctor Vargas Salazar, quien no estuvo de turno la noche del 23, la Clínica no emitió el Certificado de defunción la noche del 23, el Certificado de defunción no reporta lo mismo que el boletín de prensa de la Clínica Santa María, retomado por El Mercurio y La Tercera y La Prensa de Santiago. 

MC.- ¿Es necesario comprobar que los restos óseos pertenecen a Neruda?, ¿no es algo obvio?

DR.- La determinación del ADN es de suma importancia, los militares pudieron conseguir un esqueleto con metástasis ósea; no es suficiente identificar los restos exhumados de Neruda por la ropa, o por el color del féretro. 

MC.- Finalmente, ¿estaría interesado en estudiar los resultados de la exhumación de Neruda?

DR.- Sí, los resultados de los exámenes son de interés general, por sus implicaciones judiciales e históricas; para los médicos los resultados serán materia de estudio durante años, habrá que esperar un par de meses para que terminen las pesquisas forenses.


El Mostrador

29 de Mayo 2014

Programa de CHV revela la identidad de los “médicos torturadores”

El programa “En la Mira” de Chilevisión emitió anoche un reportaje donde se dio a conocer la identidad de los llamados “médicos torturadores”, galenos que ejercen en la actualidad a pesar de haber sido acusados de participar en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Uno de ellos es Guido Díaz Pacci, quien trabaja en La Serena. Se le acusa haber asesinado de un tiro de gracia al pediatra Jorge Jordan.

“No tengo nada que ver en ese baile, fui médico del regimiento Arica y nada más”, sostuvo el profesional. Al ser increpada por la hermana de la víctima, el doctor le contestó: “Cállese la boca, no diga estupideces mijita”.

Otro de los “médicos torturadores” es el ex miembro de la CNI Manfred Jurgensen, quien también trabaja en La Serena. “Lo he pasado pésimo. Jamás he participado en algo que sea poco ético, jamás en mi vida de médico”, dijo.

“Se me involucró en una cosa que no corresponde, hice un turno de reemplazo y eso ha significado en toda mi vida un calvario”, agregó.

Por su parte, se mostró el caso de Alejandro Forero, quien habría participado de la Caravana de la Muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa.

“Fui juzgado y encontrado libre de toda culpa por la Corte de Apelaciones, en el Gobierno de Ricardo Lagos”, señaló el doctor.

En el reportaje también apareció Eugenio Fantuzzi, quien estuvo a cargo del departamento de sanidad de la DINA y que fue expulsado del Colegio Médico.

“Era muy joven y nos dedicábamos solamente a atender a la gente que era miembro (…) las cosas se dan también por diferentes causas, hay que acordarse que mi industria fue tomada por la UP”, indicó.


La Nacion

29 de Mayo 2014

"EN LA MIRA" FUNÓ EN CÁMARA A MÉDICOS TORTURADORES QUE AÚN EJERCEN SU PROFESIÓN

Las redes sociales ardieron durante la emisión del reportaje del programa "En la Mira" de Chilevisión y donde se mostraron los rostros de los más emblemáticos facultativos que participaron en acciones de tortura durante el régimen de Pinochet.

El programa mostró un reportaje llamado "Médicos torturadores" y donde se investigaron los casos de personas las que eran torturadas y estos profesionales los encargados de monitorear sus condiciones y determinaban si los detenidos podían o no seguir con la sesión de tortura. En otros casos como el del doctor Guido Díaz Pacci se mostró a la investigación que lo incrimina en la ejecución de Jorge Jordan, médico del Partido Comunista que en 1973 fue torturado y asesinado en la Región de Coquimbo cuando tenía 29 años. Al respecto Díaz Pacci sería presuntamente quien le habría propinado el tiro de gracia al facultativo.

Varios fueron los casos que se mostraron en el reportaje de este miércoles y que mostraban la crueldad que se ejercía en regimientos del país como los de Arica, La Serena y Tejas Verdes, donde se ejerció además tortura sexual y en la cual participaron la mayoría de los agentes de las represión.
También mostraron el caso del doctor Raúl Navarro Quintana quien al igual que todos los supuestos facultativos torturadores aún sigue atendiendo pacientes y se desplaza en absoluta impunidad por las calles. En el caso de Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del comando de la muerte y se le responsabiliza de la muerte de Absalon Wegner y el ex detective Rigoberto Achú.

Aparte de Navarro Quintana el reportaje del periodista Alejandro Vega nombró a otros profesionales quienes también están de alguna manera involucrados en el "trabajo" que les encargaron los aparatos represores de la dictadura de "mantener con vida" a los torturados. Entre los nombrados están Vittorio Orvietto, oftalmólogo de la Clínica Plus Médica; Manfred Jurgensen, ex miembro de la CNI; Alejandro Forero, médico que habría participado de la caravana de la muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa, Eugenio Fantuzzi, a cargo del departamento de sanidad de la DINA y quien fuera expulsado del Colegio Médico.

El crudo reportaje dio cuenta en detalle de muchos casos de tortura narrados por sus víctimas y por testigos que vieron el horrendo accionar de algunos profesionales. En la parte final del espacio, el periodista Alejandro vega y su camarógrafo encararon a algunos de los implicados quienes se vieron sorprendidos con la llegada de la cámara y en el acto siempre negaron su participación con frases acompañadas de un evidente nerviosismo que incluso los hacía atropellarse en las palabras.

Elprograma de Chilevisión reveló también la amistad que existía entre el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y uno de los supuestos torturadores, el doctor Guido Díaz Pacci. Al respecto tanto víctimas como testigos de los macabros hechos señalaron que ambos funcionaban como un dupla que abusaba y denigraba a los detenidos. Finalmente se informó que este jueves el abogado Cristian Cruz presentó una querella por torturas por el caso de los médicos torturadores que emitió el programa "En la Mira".


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