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Gonzalo Eugenio Pedro Jara Padilla

General de Ejercito

Agente DINE

Comandante del Comando de Telecomunicaciones

C.I.: 5.245.307-0

El oficial de Ejercito Gonzalo Jara Padilla fue el encargado de llevar a cabo la misión terrorista en el atentado que resultó destruida la Parroquia de Fátima, en Puntas Arenas el dia 6 de octubre de 1984.
La dirección del Destacamento Especial de Inteligencia N° 5 del Ejército (DEI-5), determino poner la bomba con el sentido de amedrentar a la población de Punta Arenas que se aprontaba a realizar protestas debido a una visita de Augusto Pinochet.
Fue así como se encargo la tarea al Teniente de ese organismo Patricio Enrique Contreras Martínez y al suboficial Milton Muñoz.
Demostrando su incapacidad militar, la bomba explotó antes de tiempo y murió el teniente Contreras.
El ejercito de Chile, guardó este secreto por largos años, pero debido a las indagaciones que buscaban a los coautores del crimen de Tucapel Jiménez, líneas investigadoras llevaron a aclarar el atentado.


El Mercurio, lunes 20 de marzo de 2006

Punta Arenas: Procesan a tres militares (r) por bombazo en templo
 

El ministro instructor los acusa de conductas terroristas. Entre los procesados está un general en retiro.

PUNTA ARENAS.- El ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Renato Campos, resolvió el jueves último procesar a tres militares (r) por el atentado al templo parroquial de Fátima, ocurrido en 1984. El 6 de octubre de ese año, la comunidad se vio impactada luego que una bomba destruyera casi completamente este recinto religioso, ubicado en el Barrio 18 de Septiembre.
Los tres procesados por el denominado "Bombazo a Fátima" son Gonzalo Jara Padilla, retirado de la institución en 2002 con el grado de general; el suboficial (r) Humberto Olmedo Álvarez, y el suboficial (r) Milton Muñoz Campos
Como consecuencia de este hecho, en el lugar murió el agente de los organismos de seguridad del gobierno militar y autor material del hecho, capitán Patricio Contreras, tras activarse el artefacto explosivo que portaba y manipulaba en estado de ebriedad.
Tras años de investigación y del sobreseimiento de la causa, se lograron recabar antecedentes por medio del ministro Sergio Muñoz, que investigaba el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.
Muñoz obtuvo información relevante sobre el caso a través de interrogatorios a ex agentes de inteligencia, entre ellos al suboficial (r) Humberto Olmedo.
El ministro hizo llegar en el año 2000 una declaración al ministro Campos, que daba cuenta de lo acontecido la madrugada del 6 de octubre de 1984 y que contenía el nombre de una segunda persona participante del atentado, junto al fallecido oficial. Sin embargo, cuando éste fue interrogado por el ministro Campos, negó toda vinculación al caso, al igual que lo hiciera otro ex militar, quien se retractó de lo declarado a Sergio Muñoz.
El abogado querellante del Obispado de Punta Arenas, Luis Díaz, pidió la revocación del sobreseimiento de la causa en junio de 2004; decretar diligencias y someter a proceso a un ex sargento del Ejército por el delito de obstrucción a la justicia.
Paralelamente la Corte Suprema ordenó reabrir el caso. Con ello, el ministro instructor pidió varias diligencias, entre ellas, llamar a declarar nuevamente a Humberto Olmedo, quien se encuentra procesado por obstrucción a la justicia.
Concluida la investigación del ministro Renato Campos, determinó procesar también a Gonzalo Jara y Milton Muñoz. Los tres deberán ser detenidos por resolución del ministro Campos como coautores del delito de "conductas terroristas".
El abogado querellante, Luis Díaz, precisó que existían suficientes pruebas que confirmaban que el capitán Patricio Contreras no había participado solo en este atentado, sobre todo por las declaraciones de las otras personas que fueron parte de este caso.


La Nación, 9 de Octubre 2007

Corte Suprema falló en contra del Obispado de Punta Arenas por atentado CNI a una parroquia

Aplicando un criterio de procedimiento jurídico, la Sala Penal de la Corte Suprema falló en contra del Obispado de Punta Arenas al rechazar un recurso de casación en el fondo que pretendía anular el beneficio de la prescripción por el transcurso del tiempo, concedido por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para tres ex agentes de la CNI -general (R) Gonzalo Jara y los suboficiales (R) Humberto Olmedo y Milton Muñoz- procesados como autores del atentado explosivo a la parroquia de Fátima ocurrido el 6 de octubre de 1984.

El abogado querellante, Luis Díaz Coñuecar, fundó su casación apelando a la preeminencia del derecho internacional por sobre el derecho local, por tratarse de un delito contra la humanidad pues fue una represalia a las protestas contra Augusto Pinochet. Pero la Sala Penal no entró al análisis de fondo sino que desechó el recurso por incumplimiento del procedimiento procesal penal. Así el atentado que destruyó la parroquia quedó sin sanción, pues en contra de la resolución de la Sala Penal ya no procede recurso alguno. 

El ataque ocurrió poco después del llamado “Puntarenazo”, con el que la población de Punta Arenas protestó en contra de la visita del dictador. La manifestación estuvo vinculada al período de las grandes protestas callejeras contra la dictadura, lo que en varias ciudades y especialmente en Santiago dejaron decenas de muertos


La Prensa Austral de Punta Arenas, 09 de octubre de 2007

Corte Suprema Puso Punto Final a Caso Fátima

[Santiago/Punta Arenas, Chile]. Después de 23 años. Corte Suprema puso punto final al caso Fátima. Máximo tribunal del país rechazó por improcedente recurso de casación planteado por el abogado del Obispado, querellante en el caso. Aplican la prescripción respecto de la causa seguida en contra de tres militares que estaban procesados por conductas terroristas. Tras el sobreseimiento de los ex efectivos del Ejército, atentado dinamitero fue cerrado definitivamente sin culpables.
La Corte Suprema de Justicia puso punto final al proceso penal abierto en octubre de 1984, respecto del trágico atentado dinamitero que destruyó el templo Fátima en Punta Arenas y que costó la vida del teniente de Ejército, Patricio Contreras Martínez. Con fecha de ayer, la Sala Penal confirmó la prescripción en la investigación en contra del general (r) Gonzalo Jara Padilla, y los suboficiales (r) Humberto Olmedo Álvarez y Milton Muñoz Campos, quienes se encontraban procesados por infracción a la Ley 18.314, sobre conductas terroristas, al colocar una bomba en la mencionada parroquia católica.
En fallo unánime, los ministros Alberto Chaigneau (presidente y redactor), Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch, rechazaron el recurso de casación presentado por el abogado querellante del Obispado, Luis Díaz Coñuecar.
De este modo, se confirmó plenamente el fallo de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, la que el 23 de enero pasado aplicó la prescripción de la acción penal.
Esto significa que se extingue total y absolutamente la responsabilidad en los hechos investigados, respecto de los tres ex militares procesados en la causa, resolución que le significó -a comienzos del año pasado- permanecer detenidos en recintos del Ejército en Punta Arenas.

"Día Histórico"
En opinión de uno de los abogados defensores, Daniel Mackinnon, ayer, 8 de octubre, fue un día histórico, por cuanto hace 23 años, un día como ayer, se inició formalmente en Punta Arenas el proceso criminal por el atentado dinamitero contra el templo Fátima.
Desde el punto de vista profesional, Mackinnon manifestó su plena satisfacción por el trabajo desplegado durante este año y medio que le correspondió defender a los tres ex uniformados. "Fue un arduo y acucioso trabajo en equipo (aludiendo a la labor desarrollada conjuntamente con su colega Dagoberto Arias), pudiendo demostrar al final que la participación de nuestros procesados quedaba delimitada a cero".
El abogado destacó que se trata de un fallo consistente, de 15 considerandos, dejando claramente establecido que el recurso de casación promovido por la parte querellante fue mal planteado, al no contener ninguna de las siete causales de nulidad que exige el Código de Procedimiento Penal.
La vista de la causa -ante la Corte Suprema- se produjo el pasado miércoles 26 de septiembre, participando en los alegatos los abogados Luis Díaz Coñuecar, por la parte querellante, y los profesionales Daniel Mackinnon y Dagoberto Arias, por los procesados.
El abogado querellante intentó revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, invocando para tal efecto convenios y tratados internacionales, que sostienen que los hechos de lesa humanidad son imprescriptibles, no susceptibles de amnistía. La contraparte, en tanto, planteaba que la prescripción era plenamente aplicable en este caso.
La prescripción de esta causa tras poco más de dos décadas de investigación, fue acordada a nivel local -en enero de este año- con los votos de los ministros Hugo Faúndez y Virginia Bravo. Un tercer ministro, María Isabel San Martín, no compartió tal parecer, inclinándose a favor de lo resuelto por el ministro de fuero Renato Campos, quien denegó dar lugar a la pretensión manifestada por las defensas de los procesados.

Parte Resolutiva
Al cabo de 9 meses del fallo anterior, con fecha de ayer, los magistrados de la Corte Suprema consideraron que el recurso de casación interpuesto por el Obispado no es la vía para recurrir en contra de la sentencia de Punta Arenas, ya que se trata de un recurso de derecho estricto. "Como puede observarse, aparece de manifiesto que el recurrente no señala ni presupone ninguna de las siete causales taxativas que establece el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, único camino que permite fundar un recurso de casación en el fondo en materia penal", dice el fallo.
Y agrega: "Que, dado el incumplimiento de una obligación que correspondía observar exclusivamente al recurrente, en cuanto a precisar concretamente la o las causales que invoca para el acogimiento del recurso, para luego desarrollarla y vincularla con las normas legales que estima infringidas, lo que no se cumple; dada la insuficiencia de su explicación y cita genérica civil, impiden a esta Corte entrar a analizar su procedencia, pues importaría a estos sentenciadores entrar a suponer la causal y los fundamentos del recurso, lo que no permite determinar, con toda precisión, en qué consistió el error de derecho, lo que llevará a su rechazo".
Tras esta sentencia, que exculpa a los tres ex militares procesados en la causa, el atentado queda sin culpables. 


 

 

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